Sentencia 5R de 1986

300Corte SupremaCorte Suprema300300025695RJairo E. Duque P�rez198612/12/19865R_Jairo E. Duque P�rez_1986_12/12/198630002569TRATADO DE EXTRADICION CELEBRADO POR COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, LEY APROBATORIA. COMPLEJIDAD DEL PROCESO DE FORMACION DEL TRATADO; LA CORPORACION CONCLUYE QUE EL CONVENIO INTERNACIONAL SOLO NACE A LA VIDA JURIDICA CUANDO ADEMAS DE LA LEY APROBATORIA, SE HAYA PRODUCIDO EL CANJE DE RATIFICACIONES O EL DEPOSITO DE LOS INSTRUMENTOS DE RATIFICACION, ANTES ESTOS ACUERDOS SON IMPERFECTOS Y NO PRODUCEN EFECTOS INTERNACIONALES. Inexequible la Ley 27 de 1980. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia n�mero 111. Referencia: Expediente n�mero 5-R. 1986

TRATADO DE EXTRADICION CELEBRADO POR COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, LEY APROBATORIA. COMPLEJIDAD DEL PROCESO DE FORMACION DEL TRATADO; LA CORPORACION CONCLUYE QUE EL CONVENIO INTERNACIONAL SOLO NACE A LA VIDA JURIDICA CUANDO ADEMAS DE LA LEY APROBATORIA, SE HAYA PRODUCIDO EL CANJE DE RATIFICACIONES O EL DEPOSITO DE LOS INSTRUMENTOS DE RATIFICACION, ANTES ESTOS ACUERDOS SON IMPERFECTOS Y NO PRODUCEN EFECTOS INTERNACIONALES.

Javier Hernando Hern�ndez, ciudadano colombiano, en ejercicio del derecho que consagra el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional, demand� ante esta Corporaci�n el d�a 23 del mes de julio del a�o pasado "por vicio inconstitucional de procedimiento en su sanci�n o firma", la Ley 27 del 3 de noviembre de 1980, por la cual se aprob� el Tratado de Extradici�n entre la Rep�blica de Colombia y los Estados Unidos de Am�rica, firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979.

El proceso a que dio lugar la precitada demanda, admitida por el extinto Magistrado doctor Ricardo Medina Moyano en auto de 30 de julio de 1985, se destruy� en el incendio del Palacio de Justicia durante los sucesos de los d�as 6 y 7 de noviembre del citado a�o.

En escrito presentado a la Secretar�a de la Sala Constitucional de la Corte el cuatro (4) de febrero del a�o en curso, el mismo demandante previas algunas consideraciones relacionadas con el proceso anterior, solicita que la "demanda contin�e con su tramitaci�n normal y que la Sala Constitucional al pronunciarse de m�rito sobre la misma, presente ponencia de inexequibilidad a la consideraci�n de la Sala Plena".

Al anterior pedimento le dio la Sala el tr�mite previsto en el Decreto n�mero 3829 de 1985 y una vez superados algunos escollos sobre aportaci�n de la documentaci�n relacionada con el tr�mite de la ley en las C�maras Legislativas, se orden� la reconstrucci�n del expediente a partir del concepto del se�or Procurador General de la Naci�n y dispuso que volviera a reparto, habi�ndole correspondido nuevamente, al suscrito Magistrado.

Es la Ley 27 de 1980, cuyo texto aut�ntico aparece en el n�mero 35643 del Diario Oficial de 14 de Noviembre de 1980, acompa�ado por el actor; su tenor es el siguiente:

"Por medio de la cual se aprueba el 'Tratado de Extradici�n entre la Rep�blica de Colombia y los Estados Unidos de Am�rica firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979.

"Art�culo 1" Apru�base el Tratado de Extradici�n entre la Rep�blica de Colombia y los Estados Unidos de Am�rica' firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979, cuyo texto es;

"Tratado de Extradici�n entre la Rep�blica de Colombia y los Estados Unidos de Am�rica.

"El Gobierno de la Rep�blica de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de Am�rica;

"Animados por el deseo de hacer m�s eficaz la cooperaci�n entre los dos Estados para la represi�n de delitos; y

"Animados por el deseo de concertar un nuevo tratado para la rec�proca extradici�n de delincuentes;

"1. Las partes contratantes acuerdan la entrega rec�proca, conforme a las disposiciones estipuladas en el presente Tratado, de las personas que se hallen en el territorio de una de las partes contratantes que hayan sido procesadas por un delito, declaradas responsables de cometer un delito, o que sean reclamadas por la otra parte contratante para cumplir una sentencia que lleve consigo la privaci�n de la libertad, dictada por las autoridades judiciales por un delito cometido dentro del territorio del Estado requirente.

"2. Cuando el delito se haya cometido fuera del Estado requirente, el Estado requerido conceder� la extradici�n, conforme a las disposiciones del presente Tratado, si:

"a) Sus leyes disponen la sanci�n de tal delito en circunstancias similares, o

"b) La persona reclamada es nacional del Estado requirente y dicho Estado tiene jurisdicci�n para juzgarla.

"1. Los delitos que dar�n lugar a la Extradici�n con arreglo al presente Tratado son:

"a) Los delitos descritos en el Ap�ndice de este Tratado que sean punibles seg�n las leyes de ambas partes contratantes, o

"b) Los delitos que sean punibles conforme a las leyes de la Rep�blica de Colombia y las leyes federales de los Estados Unidos, figuren o no en el Ap�ndice de este Tratado.

"2. Para lo previsto en este art�culo, ser� indiferente el que las leyes de las partes contratantes clasifiquen o no al delito en la misma categor�a de delitos o usen la misma o distinta terminolog�a para designarlo.

"3. Se conceder� la extradici�n por un delito sujeto a la misma s�lo si el delito es punible seg�n las leyes de ambas partes contratantes con privaci�n de la libertad por un per�odo superior a un a�o. Sin embargo, cuando la solicitud de extradici�n se refiera a una persona que haya sido condenada y sentenciada, se conceder� dicha extradici�n �nicamente si la duraci�n de la pena que a�n queda por cumplir es de un m�nimo de seis (6) meses.

"4. Sujeto a las condiciones estipuladas en los p�rrafos 1, 2 y 3 la extradici�n tambi�n se conceder�:

"a) Por intentar cometer un delito o participar en la comisi�n de un delito. Tambi�n se conceder� por la asociaci�n para delinquir contemplada en la legislaci�n colombiana y por la conspiraci�n prevista en la legislaci�n de los Estados Unidos de Am�rica;

"b) Por cualquier delito que d� lugar a extradici�n, cuando para el reconocimiento de la jurisdicci�n de cualquiera de las Partes Contratantes, el transporte de personas o bienes, el uso del correo u otros medios de realizar operaciones de comercio interestatal o con el extranjero, constituye tambi�n un elemento del delito.

"5. Cuando se haya concedido la extradici�n por un delito extraditable, se conceder� igualmente por cualquier otro delito especificado en la petici�n de extradici�n que re�na todos los requisitos para ser extraditable, salvo el previsto en el p�rrafo 3 de este Art�culo.

"Para fines del presente Tratado, el territorio de una parte contratante comprender� todo el territorio sometido a la jurisdicci�n de dicha parte contratante, incluyendo su espacio a�reo y sus aguas territoriales.

"1. No se conceder� la extradici�n cuando el delito por el que se solicita sea de car�cter pol�tico o tenga conexi�n con un delito de car�cter pol�tico, o cuando la persona reclamada pruebe que la extradici�n se solicita con el exclusivo prop�sito de que se la juzgue o condene por un delito de ese car�cter.

"2. No se conceder� la extradici�n cuando el delito por el que se solicita sea de naturaleza estrictamente militar.

"3. Corresponde al poder ejecutivo del Estado requerido decidir sobre la aplicaci�n de este art�culo, salvo que su legislaci�n disponga otra cosa.

"1. No se conceder� la extradici�n cuando la persona reclamada haya sido juzgada y condenada o absuelta por el Estado requerido por el mismo delito que motive la solicitud de extradici�n.

"2. El que las autoridades competentes del Estado requerido hayan decidido no procesar a la persona reclamada por el hecho que motiva la solicitud de extradici�n, o suspender cualquier acci�n penal que se hubiese incoado, no impedir� la extradici�n.

"No se conceder� la extradici�n cuando la acci�n penal o la aplicaci�n de la pena por el delito que motiva la solicitud de extradici�n hayan prescrito seg�n las leyes del Estado requirente.

"Cuando el delito por el que se solicita la extradici�n sea punible con la pena de muerte con arreglo a las leyes del Estado requirente, y las leyes del Estado requerido no permitan la imposici�n de dicha sanci�n por tal delito, se podr� rehusar la extradici�n a menos que, antes de concederse la extradici�n, el Estado requirente de las garant�as que el Estado requerido considere suficientes de que no impondr� la pena de muerte o de que, en caso de imponerse, no ser� ejecutada.

"1. Ninguna de las partes contratantes estar� obligada a entregar a sus propios nacionales, pero el Poder Ejecutivo del Estado requerido podr� entregarlos si lo considera conveniente. Sin embargo, se conceder� la extradici�n de nacionales, de conformidad con las disposiciones del presente tratado, en los siguientes casos:

"a) Cuando el delito comprenda actos que se hayan realizado en el territorio de ambos Estados con la intenci�n de que sea consumado en el Estado requirente, o

"b) Cuando la persona cuya extradici�n se solicita haya sido condenada en el Estado requirente por el delito por el cual se solicita la extradici�n;

"2. Si la extradici�n no se concede de conformidad con el p�rrafo 1" de este art�culo, el Estado requerido someter� el caso a sus autoridades judiciales competentes con el objeto de iniciar la investigaci�n o para adelantar el respectivo proceso, siempre que el Estado requerido tenga jurisdicci�n sobre el delito.

"a) Documentos, declaraciones u otras pruebas que identifiquen a la persona reclamada y el lugar donde probablemente se encuentra:

"c) Los textos de las disposiciones legales que establezcan los elementos esenciales y la denominaci�n del delito por el cual se solicita la extradici�n;

"d) Los textos de las disposiciones legales que establezcan la pena correspondiente al delito, y

"e) Los textos de las disposiciones legales relativas a la prescripci�n de la acci�n penal o de la pena correspondiente al delito.

"3. Cuando la solicitud de extradici�n se refiera a una persona que a�n no haya sido condenada, deber� ir acompa�ada de:

"a) Una copia del auto de proceder o su equivalente emitido por un juez u otra autoridad judicial del Estado requirente;

"b) Pruebas fehacientes de que la persona reclamada es la misma a la que se refiere el auto de proceder o su equivalente, y

"c) Las pruebas que, seg�n las leyes del Estado requerido, constituyan motivo fundado para afirmar que la persona reclamada ha cometido el delito por el que se solicita la extradici�n.

''4. Cuando la solicitud de extradici�n se refiere a una persona condenada deber� ir acompa�ada de:

"a) Una copia de la sentencia condenatoria dictada por un Tribunal del Estado requirente, y

"b) Pruebas que demuestren que la persona reclamada es la misma a la que se refiere la sentencia condenatoria.

"Si la persona hubiere sido declarada responsable, pero no sentenciada, la solicitud de extradici�n deber�, adem�s, ir acompa�ada de una prueba de ello y de una copia de la orden de detenci�n.

"Si la persona hubiere sido sentenciada, la solicitud de extradici�n deber�, adem�s, ir acompa�ada de una copia de la sentencia y una declaraci�n en la que se haga constar la parte de la pena que no se hubiere cumplido.

"5. Todos los documentos que deber� presentar el Estado requirente de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 9� y 10 de este Tratado, ser�n traducidos al idioma del Estado requerido.

"6. Los documentos que acompa�an la solicitud de extradici�n ser�n admitidos como medio de prueba cuando:

"a) En el caso de una solicitud proveniente de los Estados Unidos, est�n firmados por un juez, un magistrado u otro funcionario judicial, legalizados por el sello oficial del Departamento de Estado y certificados por un agente diplom�tico o consular de la Rep�blica de Colombia en los Estados Unidos, y

"b) En el caso de una solicitud proveniente de la Rep�blica de Colombia, est�n firmados por un juez u otra autoridad judicial y hayan sido certificados por el principal agente diplom�tico o consular de los Estados Unidos en la Rep�blica de Colombia.

"7. El Estado requerido estudiar� la documentaci�n presentada en apoyo de la solicitud de extradici�n para determinar si re�ne los requisitos legales, antes de someterla a las autoridades judiciales, y proveer� la representaci�n legal para proteger los intereses del Estado requirente ante las autoridades competentes del Estado requerido.

"1. Si el Poder Ejecutivo del Estado requerido considera que las pruebas presentadas en apoyo de la solicitud de extradici�n de una persona reclamada no son suficientes para satisfacer los requerimientos del presente tratado, dicho Estado solicitar� la presentaci�n de las pruebas adicionales que estime necesarias. El Estado requerido podr� establecer una fecha l�mite para la presentaci�n de las mismas, y podr� conceder una pr�rroga razonable del plazo a petici�n del Estado requirente, el cual expresar� las razones que lo mueven a ello.

"2. Si la persona reclamada se encuentra privada de la libertad y las pruebas adicionales o la informaci�n presentada no son suficientes, o si dichas pruebas o informaci�n no se reciben dentro del plazo estipulado por el Estado requerido, ser� puesta en libertad. No obstante, dicha libertad no impedir� la presentaci�n de una solicitud de extradici�n posterior por el mismo delito, y la persona reclamada podr� ser detenida nuevamente. A este respecto, bastar� con que en la solicitud subsiguiente se haga menci�n de los documentos previamente presentados, siempre que est�n disponibles al momento de incoarse el nuevo procedimiento de extradici�n.

"1. En caso de urgencia, cualquiera de las partes contratantes podr� solicitar, por v�a diplom�tica, la detenci�n provisional de una persona procesada o condenada.

La petici�n deber� contener la identificaci�n de la persona reclamada, una declaraci�n de intenci�n de presentar la solicitud de extradici�n de la persona reclamada y una declaraci�n de la existencia de una orden de detenci�n o un veredicto o sentencia condenatorios contra dicha persona.

"2. Al recibir dicha solicitud, el Estado requerido tomar� las medidas necesarias para asegurar la detenci�n de la persona reclamada.

3.La detenci�n provisional se dar� por terminada si, dentro de un plazo de sesenta d�as a partir de la fecha de la aprehensi�n de la persona reclamada el Poder Ejecutivo del Estado requerido no ha recibido la solicitud oficial de extradici�n y los documentos mencionados en el art�culo 9�.

"4. La terminaci�n de la detenci�n provisional con arreglo al p�rrafo 3� no impedir� la extradici�n de la persona reclamada si la solicitud de extradici�n y los documentos de pruebas mencionados en el art�culo 9� se entregan en una fecha posterior.

"1. El Estado requerido comunicar� al requirente, lo antes posible, su resoluci�n sobre la solicitud de extradici�n.

"2. El Estado requerido consignar� las razones de la denegaci�n total o parcial de la solicitud de extradici�n.

"3. Si la extradici�n ha sido concedida, la entrega de la persona reclamada se efectuar� dentro del plazo establecido por las leyes del Estado requerido. Las autoridades competentes de las partes contratantes acordar�n la fecha y lugar de la entrega de la persona reclamada.

"4. Si las autoridades competentes han emitido un mandamiento o una orden de extradici�n contra una persona reclamada y �sta no ha sido retirada del territorio del Estado requerido dentro del plazo establecido por las leyes de dicho Estado, o dentro de 60 d�as de comunicada la orden de extradici�n al Estado requirente si las leyes del Estado requerido no establecen dicho plazo, ser� puesta en libertad y, posteriormente, se podr� rehusar su extradici�n por el mismo delito.

"Una vez concedida la extradici�n de una persona, el Estado requerido podr� aplazar su entrega, cuando la persona est� sometida a un proceso o se halle cumpliendo condena en el territorio del Estado requerido por un delito diferente del que ha dado lugar a la extradici�n, hasta que concluya el proceso o cumpla la totalidad de la pena que le pueda ser o le haya sido impuesta.

"El Poder Ejecutivo del Estado requerido, al recibir solicitudes de la otra parte contratante y de un tercer Estado o de otros Estados para la extradici�n de la misma persona, bien sea por el mismo delito o por distintos delitos, decidir� a cu�l de los Estados requirentes entregar� dicha persona.

"1. La persona extraditada en virtud del presente Tratado no ser� detenida, juzgada o sancionada en el territorio del Estado requirente por un delito distinto de aquel por el cual se ha concedido la extradici�n, ni ser� objeto de extradici�n por dicho Estado a un tercer Estado, a menos que:

"a) Haya abandonado el territorio del Estado requirente despu�s de su extradici�n y haya regresado a �l voluntariamente;

"b) No haya abandonado el territorio del Estado requirente dentro de los 60 d�as despu�s de tener libertad para hacerlo, o

"c) El Poder Ejecutivo del Estado requerido haya consentido su detenci�n, juicio o sanci�n por otro delito; o su extradici�n a un tercer Estado siempre que se observen los principios del art�culo 4" de este Tratado.

"Estas disposiciones no ser�n aplicables a los delitos cometidos despu�s de la extradici�n.

"2. Si en el curso del procedimiento se alterare la denominaci�n del delito que motiv� la extradici�n de una persona, �sta podr� ser procesada o sentenciada siempre que:

"a) El delito, seg�n su nueva denominaci�n legal, est� basado en los mismos hechos que figuran en la solicitud de extradici�n y en sus documentos de apoyo, y

"b) El acusado puede ser condenado a una pena privativa de la libertad que no exceda la prevista para el delito que motive la extradici�n.

"Si las leyes del Estado requerido no proh�ben espec�ficamente la extradici�n de la persona reclamada, y siempre y cuando dicha persona acceda por escrito y de manera irrevocable a su extradici�n despu�s de haber sido informada personalmente por un juez o magistrado competente acerca de sus derechos a un procedimiento formal y de la protecci�n que �ste le brinda, el Estado requerido podr� conceder su extradici�n sin que se lleve a cabo el procedimiento formal.

"1. En la medida en que lo permitan las leyes del Estado requerido y sin perjuicio de los derechos de terceros, que ser�n debidamente respetados, todos los elementos, instrumentos, objetos de valor o documentos concernientes al delito, se hayan usado o no en la comisi�n del mismo, o que de cualquier otro modo revistan el car�cter de piezas de convicci�n, podr�n ser entregados una vez concedida la extradici�n, aunque �sta no puede: hacerse efectiva debido a la muerte, desaparici�n o evasi�n del acusado.

"2. El Estado requerido podr� exigir del Estado requirente como condici�n para la entrega, garant�as satisfactorias de que los elementos, instrumentos, objetos de valor o documentos ser�n devueltos al Estado requerido tan pronto como sea posible o cuando concluya el proceso penal.

"1. El derecho a transportar por el territorio de una de las partes contratantes a una persona entregada por un tercer Estado a la otra parte contratante, ser� concedido cuando se solicite por v�a diplom�tica, siempre que no haya razones de orden p�blico que se opongan a ello.

"2. La parte a la que ha sido entregada la persona, reembolsar� a la parte a trav�s de cuyo territorio se transporta a tal persona, cualquier gasto que esta �ltima haya hecho con motivo de dicho transporte.

"Los gastos concernientes a la traducci�n de documentos y al transporte de la persona reclamada correr�n a cargo del Estado requirente. Todos los dem�s gastos concernientes a la solicitud y al procedimiento de extradici�n recaer�n sobre el

Estado requerido. La parte requerida no presentar� a la parte requirente ninguna reclamaci�n pecuniaria derivada del arresto, custodia, interrogaci�n y entrega de las personas reclamadas de acuerdo con las disposiciones de ese tratado.

"Este tratado se aplicar� a los delitos previstos en el art�culo 2", cometidos antes y despu�s de la fecha de entrada en vigor del presente tratado. Sin embargo, no se conceder� la extradici�n por hechos realizados antes de dicha fecha, que seg�n las leyes de ambas partes contratantes no constitu�an delito al momento de su comisi�n.

"1. El presente Tratado estar� sujeto a su ratificaci�n; los instrumentos de ratificaci�n ser�n canjeados en Washington tan pronto como sea posible.

"2. El presente Tratado entrar� en vigor en la fecha de canje de los instrumentos de ratificaci�n.

"3. Al entrar en vigor este Tratado quedar�n derogadas la Convenci�n de Extradici�n Rec�proca de Delincuentes, firmada el 7 de mayo de 1888 y la Convenci�n Adicional de Extradici�n, firmada el 9 de septiembre de 1940, entre la Rep�blica de Colombia y los Estados Unidos de Am�rica; pero si un procedimiento de extradici�n est� pendiente en el Estado requerido en la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, continuar� sujeto a los 'Tratados anteriores.

"4. Cada una de las partes contratantes podr� dar por terminado este tratado en cualquier momento, previa comunicaci�n a la otra parte contratante y la terminaci�n tendr� efecto seis meses despu�s de la fecha de recepci�n de dicha comunicaci�n.

"En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Tratado.

"Hecho en Washington, en duplicado, en los idiomas espa�ol e ingl�s siendo ambos textos igualmente aut�nticos, el catorce de septiembre de 1979.

"5. Actos sexuales il�citos cometidos con menores de edad especificada en las legislaciones penales de cada una de las partes contratantes.

"6. Abandono deliberado de un menor u otro familiar a cargo, cuando la vida de dicho menor o familiar a cargo corra o pueda correr peligro.

"10. Estafa, que incluye la obtenci�n de bienes, dinero o valores por medio de imposturas, defraudando al p�blico o a cualquier persona con enga�os o falsedades u otros medios fraudulentos, aun cuando dichos enga�os, falsedades o medios fraudulentos constituyan o no impostura.

"13. Receptaci�n o transporte de dinero, valores u otros bienes, a sabiendas de que han sido obtenidos il�citamente.

"16. Delitos que pongan en peligro la seguridad p�blica por medio de explosi�n, inundaci�n u otros medios destructivos.

"17. Pirater�a, seg�n la definen las leyes o el derecho de gentes; mot�n o rebeli�n a bordo de un avi�n o nave, contra la autoridad del capit�n o comandante de dicho avi�n o nave.

"19. Todo acto intencional que atente contra la seguridad de las personas que viajen en tren, avi�n, barco, �mnibus u otro medio de transporte.

"20 Delitos relativos a la legislaci�n sobre armas de fuego, municiones, explosivos, dispositivos incendiarios o material nuclear.

"21. Delitos contra las leyes relativas al tr�fico, la posesi�n, la producci�n o la elaboraci�n de estupefacientes, cannabis, drogas alucin�genas, coca�na y sus derivados u otras sustancias que producen dependencia f�sica o ps�quica.

"22. Delitos contra la salud p�blica como la elaboraci�n o el tr�fico il�citos de productos qu�micos o sustancias nocivas para la salud.

"23. Cualquier delito relativo a las leyes o r�gimen de importaci�n, exportaci�n o tr�nsito de bienes, personas, art�culos o mercanc�as, incluyendo las infracciones relativas a la legislaci�n de aduanas.

"24. Delitos relativos a la deliberada evasi�n del pago de impuestos y derechos.

"Es fiel copia tomada del original del 'Tratado de Extradici�n entre la Rep�blica de Colombia y los Estados Unidos de Am�rica', firmado en Washington el 14 de noviembre de 1979, que reposa en los archivos de la Divisi�n de Asuntos Jur�dicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Art�culo 2� Esta Ley entrar� en vigencia una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley 7� del 30 de noviembre de 1944, en relaci�n con el Tratado que por esta misma Ley se aprueba".

Considera el actor que la Ley impugnada viola los art�culos 2�, 55, 57, 118-7, 120-20 y 135, y el inciso 4� del art�culo 128 de la Constituci�n Nacional, afirmaci�n que sustenta los siguientes argumentos:

1. Que conforme a la publicaci�n oficial de la Ley 27 de 1980, quien la sancion� fue el doctor Germ�n Zea Hern�ndez, en su condici�n de Ministro Delegatario de funciones presidenciales circunstancia de la que deduce el vicio de su inconstitucionalidad pues de acuerdo a la Constituci�n "el �nico funcionario que tiene competencia no delegable para 'dirigir las relaciones diplom�ticas y comerciales con los dem�s Estados y entidades de derecho internacional', seg�n lo establece expresamente el ordinal 20 del art�culo 120 de la Constituci�n, es el Presidente Titular de la Rep�blica, pero no un simple Ministro Delegatario o Delegado".

2. Que seg�n el art�culo 135 de la Carta, de las funciones que al Presidente le asigna el art�culo 120 ibidem s�lo es posible delegar aqu�llas que le corresponde como suprema autoridad administrativa, y en ning�n caso las de car�cter pol�tico a la que pertenece en el numeral 20, art�culo 120 de "dirigir las relaciones internacionales" que es indelegable.

3. Que en el Decreto n�mero 2904 dictado por el Presidente en ejercicio de las atribuciones que le da el art�culo 128 de la Constituci�n Nacional y por el cual deleg� algunas de sus funciones constitucionales en el Ministro de Gobierno doctor Germ�n Zea Hern�ndez durante su ausencia del pa�s, no qued� comprendida la del art�culo 120-20 sobre direcci�n de relaciones internacionales y sanci�n de leyes sobre tratados; por esta raz�n el Ministro Delegatario carec�a de competencia para sancionar la Ley 27 de 1980 "la cual ten�a que ver nada menos que con relaciones diplom�ticas con los Estados Unidos de Am�rica y no pod�a ser firmada sino cuando regresara al pa�s el Presidente titular".

4. Por el mismo motivo, concluye diciendo el actor, se han violado: los art�culos 118-7 y 128 inciso 4�; el primero "porque el deber de sancionar las leyes que tiene el Gobierno debe cumplirse 'con arreglo a la Constituci�n y no contra ella"; y el segundo "porque en el decreto no hab�a sido delegada la funci�n del ordinal 20 del art�culo 120 que el Ministro delegatario ejerci� indebidamente"; adem�s los art�culos 2 y 57 ibidem sobre "soberan�a nacional en representaci�n del Presidente Titular y no de un Ministro" y "gobierno con funciones pol�ticas en cabeza del Presidente titular y no de un Ministro".

Mediante la vista n�mero 941 de 12 de septiembre de 1985 que el Procurador rindi� en el proceso originario y que en esta actuaci�n ha remitido en fotocopia autenticada, hace conocer a la Corte el concepto que le merece la demanda incoada por el actor Javier Hernando Hern�ndez. Una s�ntesis de �l es la siguiente:

1. Inicia el an�lisis de la demanda con una rotunda afirmaci�n de la competencia de la Corte para conocer de la acci�n de inexequibilidad de la Ley 27 de 1980 "ya que la competencia de ella en materia de control constitucional es integral o total, es decir que se refiere sin excepci�n de ninguna naturaleza a todas las leyes, seg�n lo prev� el art�culo 214 de la Constituci�n". Plantea de este modo el Jefe del Ministerio P�blico el ya debatido asunto de la competencia de la Corporaci�n para conocer sobre el fondo de las demandas de inconstitucionalidad contra Leyes aprobatorias de tratados internacionales y no s�lo por el aspecto formal en que el demandante ubica el debate.

Aludiendo a la tesis de la inhibici�n por incompetencia de la Corte para conocer de las demandas contra leyes aprobatorias de tratados, sostiene que ella "conduce necesariamente a la posibilidad de reformar la Constituci�n por medio de tratados p�blicos, en contravenci�n abierta con el art�culo 2�, en donde se consagra que la soberan�a reside en la Naci�n y debe ejercerse en los t�rminos de la Carta, y va tambi�n contra lo previsto en el art�culo 218 seg�n la cual la Constituci�n no puede ser reformada o revisada por medio de leyes que aprueben tratados p�blicos, sino �nicamente mediante un Acto Legislativo cuyo procedimiento est� se�alado rigurosamente en el citado canon constitucional, y cuyo tr�mite est� sometido al control constitucional por la Corte Suprema de Justicia".

Apoyado en la precedente consideraci�n reitera el concepto sostenido en los anteriores procesos constitucionales contra la Ley 27, de la competencia absoluta e intemporal de la Corte para conocer de esta clase de demandas, tanto material como formal porque seg�n los art�culos 2� 76 numeral 18 y 81 de la Constituci�n Pol�tica, todos los poderes p�blicos deben cumplir sin excepci�n alguna sus funciones en los t�rminos que la Constituci�n establece..." y "la Corte no puede sustraerse a su funci�n de guarda integral de la Constituci�n negando su competencia permanente y plena, que es la tesis que ven�a predominando desde 1914 hasta el �ltimo fallo de junio 6 de 1985 en el que se pas� a la doctrina de la competencia temporal...".

Antes de analizar en concreto los vicios de forma que el actor deduce contra la ley, la agencia fiscal insiste en que para la decisi�n sub judice ya se ha logrado un avance notable con la reciente tesis de la competencia temporal de la Corte consignada en la sentencia de 6 de junio de 1985, lo que indudablemente le permitir� a la Corporaci�n asumir su plena competencia y por ende, entrar en el estudio de la impugnaci�n formal de la Ley 27 acusada. Son estas sus palabras:

"Por otro lado al haber triunfado en el �ltimo fallo inhibitorio sobre la Ley 27 de 1980, de junio 6 de 1985 (demandante Epifanio Rojas Arias) la doctrina o tesis de la competencia temporal o intermedia, sobre la tradicional de la incompetencia o inhibici�n absoluta, donde por lo menos ya la Corte reconoce para s� y no para el Congreso la competencia de control de constitucionalidad de esas leyes, la cual pasa entonces de mano de la jurisdicci�n pol�tica a manos de la jurisdicci�n constitucional, resulta m�s claro y despejado ahora el camino hacia el pronunciamiento de fondo, por parte de la Corte Suprema de Justicia con relaci�n a dicha Ley 27 de 1980 debido a que lo que en esta oportunidad se demanda ya no es la inconstitucionalidad material derivada de la aprobaci�n del tratado por parte de esa ley, sino la inconstitucionalidad formal previa a la debida incorporaci�n del Tratado a ella y por lo mismo, cronol�gicamente anterior a su perfeccionamiento".

Sobre la raz�n de la demanda que en esta ocasi�n se apoya en vicios de procedimiento de la Ley 27 de 1980 y que en su opini�n generan la inconstitucionalidad, advierte el Procurador que "no hay raz�n o circunstancia alguna en la Corte que le permita seguir declar�ndose inhibida para conocer de la demanda presentada, ante ninguna de las tres tesis o posiciones que hoy campean en la Corte sobre esta materia", porque seg�n sus propias palabras "en este caso el pronunciamiento de fondo es ineludible". Llega a esta conclusi�n previo estudio de los argumentos que esgrimi� la Corte para sustentar cada una de dichas tesis as�:

a) Frente a la tesis de la competencia temporal seg�n la cual por ser el tratado un acto jur�dico complejo en cuya virtud no nace a la vida del derecho internacional sino cuando se agoten todos los ciclos que lo integran incluido el legislativo, en el caso sub-examine el tratado no se ha completado o integrado a�n, y por ende la ley que se impugna, conserva su identidad o autonom�a. De esto infiere el Procurador, que lo que se est� juzgando en esta ocasi�n es la ley sola "antes de su formaci�n o perfeccionamiento y consiguientemente antes del perfeccionamiento del pretendido y frustrado acto jur�dico complejo llamado tratado ley, o ley-tratado, el cual por sustracci�n de materia no existe y por no existir, no implica ruptura unilateral, ni indebida de las relaciones internacionales, porque �stas en realidad no nacieron nunca, no se produjeron nunca, y no se produjeron porque la ley siempre anduvo desprendida del tratado, porque la ley era la madre, no dio el trato y �ste sin aqu�lla no vale, no existe, y �sta sin aqu�l no es un acto jur�dico complejo sino �nico y �sta no existe porque no naci�, y si naci�, naci� viciada, malformada, no apta, lo que es lo mismo, y debe entonces ser declarada inexequible";

b) Frente a la tesis de la incompetencia absoluta, que es la que tradicionalmente viene acogiendo la Corte desde el fallo de 1914, tambi�n es competente la Corporaci�n para pronunciarse sobre el m�rito de la presente acci�n ya que como lo sostienen los que salvaron el voto en el fallo de la tesis de la competencia temporal hoy vigente, la falta de competencia s�lo surge "cuando la acusaci�n se fundamenta en la inexequibilidad desde el punto de vista material de las cl�usulas del Tratado", de lo cual deduce el se�or Procurador que "cuando la acusaci�n se fundamenta ya no en inexequibilidad desde el punto de vista material de las cl�usulas del tratado, sino desde el punto de vista formal de la indebida conformaci�n de la ley que pretendi� darle validez al tratado mismo, el fallo de la Corte no estar�a desconociendo la tesis tradicional, ya revaluada".

"Cualesquiera que sean o hayan sido hasta ahora -desde 1914- las razones o circunstancias en que se hayan apoyado las tres tesis que actualmente se ventilan en la Corte, tomadas de sus propios textos m�s recientes (fallo de junio 6 de 1985), sobre competencia de ella en materia de demandas contra leyes que aprueban tratados p�blicos, cualquiera que sea, de todos modos, las tres doctrinas convergen ahora al mismo punto de identidad: el de que cuando la demanda se presenta por inexequibilidad derivada de vicios de forma por razones formales de vicios de inconstitucionalidad, y no por razones materiales, se juzga la sola ley, desprendida del tratado y por lo tanto, la Corte es competente para decidir de fondo, de m�rito" (subraya el Procurador).

Los alegados vicios de forma de la ley o "inconstitucionalidad previa al perfeccionamiento del tratado" seg�n la nominaci�n que les da el Agente del Ministerio P�blico, los hace consistir el Procurador, coincidiendo con la impugnaci�n, en la indebida sanci�n de la ley pues este requisito no se cumpli� como era indispensable por el Presidente titular de la Rep�blica, doctor Julio C�sar Turbay Ayala, sino por el Ministro de Gobierno, doctor Germ�n Zea Hern�ndez en quien el Presidente titular deleg� las funciones presidenciales de que tratan los ordinales 5�, 6� y 7� del art�culo 118; y 4� del art�culo 119 y 2�, 3�, 5�, 6� y 7� del art�culo 120 de la Constituci�n Nacional, pero no la necesaria e indispensable a que se refiere el n�mero 20 del art�culo 120 para que el Ministro Delegatario pudiera v�lidamente sancionar la Ley 27 de 1980, aprobatoria del Tratado de Extradici�n acordado entre la Rep�blica de Colombia y los Estados Unidos.

Considerando el asunto desde el precedente enfoque el Procurador anota que "quien ha debido sancionar la Ley 27 de 1980, era �nicamente el Presidente Titular de la Rep�blica", quien a la fecha de la sanci�n y por su especial calidad era el �nico que dirig�a las relaciones diplom�ticas con los dem�s Estados"; por tanto, al haber firmado o sancionado la Ley el Ministro Delegatario, sin expresa facultad "decidi� por cuenta suya y no con arreglo a la Constituci�n, sino en afrenta contra la Constituci�n, pues asumi� sin estar investido para ello, la funci�n de supremo director de las relaciones internacionales y de la soberan�a e inviolabilidad del territorio nacional".

Por todo lo anterior, la sanci�n de Ley por el Ministro de Gobierno fue "un acto de malformaci�n irreparable que impidi� del todo y para siempre que pudiera alg�n d�a completarse el proceso de perfeccionamiento del tratado-ley o de la ley-tratado y que impidi� por lo tanto y para siempre seguir sosteniendo la insostenible o insubsanable y que, con el debido respeto y la debida confianza que le merece al pa�s la honorable Corte Suprema de Justicia, dar� lugar a que la Ley 27 de 1980, ella sola, desprendida del tratado, sea declarada inexequible sin que se rompan las conciencias jur�dicas internacionales".

En la precedente argumentaci�n toma fundamento tambi�n la violaci�n del ordinal 4� del art�culo 81 de la Constituci�n ya que el proyecto de Ley 27 de 1980 "no obtuvo la sanci�n del Gobierno" en raz�n de que el tr�mite exigido por la norma fundamental para la culminaci�n completa de la ley s� rompi�, establecido que quien la sancion� a nombre del Gobierno, en forma indebida y violando los art�culos 118 ordinal 7�, 120,ordinales 9 y 20, 128 y 135, fue el Ministro de Gobierno delegatario, pero no el Presidente titular de la Rep�blica".

"Dentro del �mbito de mi tarea, solicito entonces a la honorable Corte Suprema de Justicia, que declare inexequible la Ley 27 de noviembre 3 de 1980, 'por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradici�n entre la Rep�blica de Colombia y los Estados Unidos de Am�rica', firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979, por haber sido expedida en contravenci�n con el tr�mite procedimental que para su debida formaci�n y culminaci�n exige la Constituci�n, ya que por nacer malformada no se complet� su paso hacia el perfeccionamiento internacional de la Ley-tratado, malformaci�n o vicio que dio lugar a que se violaran los art�culos 2�, 81, 118 ordinal 7�, 120 ordinales 9� y 20, 128 y 135 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica de Colombia".

1.�. A pesar de que el Procurador insiste en la competencia de la Corporaci�n para decidir sobre el fondo de demandas de inexequibilidad de leyes aprobatorias de tratados internacionales, en el caso presente contra la Ley 27 de 1980 que aprob� el Tratado de Extradici�n celebrado por Colombia y los Estados Unidos de Am�rica, la Corte definir� su competencia para conocer de la acusaci�n contra esta Ley por su aspecto formal pues la pretensi�n deducida por el actor as� lo plantea y el propio agente del Ministerio P�blico en el pedimento con que termina su concepto, concreta a ese mismo aspecto la competencia de la Corte.

2.� En el fallo de 6 de junio de 1985 proferido por la Corte para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de los art�culos 1� y 2� de la Ley 27 de 1980 acusados ante ella por el ciudadano Epifanio Rojas Arias, previo an�lisis de la complejidad del proceso de formaci�n del tratado y de los actos que lo integran de los cuales la ley que lo aprueba es apenas uno de ellos, llega la Corporaci�n a la conclusi�n de que el convenio internacional solo nace a la vida jur�dica cuando "adem�s de la ley aprobatoria, se haya producido el canje de ratificaciones o el dep�sito de los instrumentos de ratificaci�n", y que antes de este requisito esos acuerdos son imperfectos, no producen efectos internacionales por ser pactos que se hallan en proceso de formaci�n, "lo cual significa que las leyes aprobatorias de ellos si bien no alcanzan a�n, en ese per�odo, a producir efectos entre los Estados celebrantes, s� ostentan el car�cter com�n de normas de derecho p�blico interno, hasta ese momento iguales a las dem�s que expide el Congreso, y sujetas, por tanto como �stas, al juicio de constitucionalidad que compete a la Corte, sin que ello implique agravio alguno al compromiso internacional, sencillamente porque �l a�n no existe en raz�n de que el acto que lo contiene y lo produce todav�a no est� perfeccionado".

Se desprende de lo anterior que la ley es separable del tratado y -pierde esta calidad cuando- aprueba la convenci�n internacional: la naturaleza de mandato sigue subsistiendo pues es una manifestaci�n de la voluntad popular vertida por el �rgano representativo de �sta y por los procedimientos y tr�mites que se�ala la Constituci�n; el Congreso al emitir la obra en ejercicio de una funci�n que le es propia seg�n el art�culo 76-18 de la Carta, tendiente a formalizar el "consentimiento'' necesario para la perfecci�n del acuerdo o pacto internacional.

La tesis que se esboza y con apoyo en la cual existen "actos separables del tratado", permite juzgar la constitucionalidad de la ley que lo aprueba por los tribunales del respectivo pa�s, seg�n su propia legislaci�n como m�s adelante se precisar�, y claro est�, hasta que se verifique el canje de ratificaciones del tratado.

Una atenta consideraci�n de la sentencia citada en lo que ata�e a la naturaleza compleja del tratado p�blico que expresamente le reconoce a �ste, permite sostener que la incompetencia de la Corte para conocer de su impugnaci�n constitucional, s�lo se configura o surge cuando el tratado ha adquirido entidad de tal, esto es, cuando "ha trascendido al derecho p�blico interno" por haberse cumplido o agotado la totalidad de los requisitos necesarios para su existencia incluido en �stos, el legislativo que se concreta en la ley que lo aprueba. Por tanto, si este requisito integrador de aquel acto no se ha realizado, o su existencia es meramente aparente por no haberse acatado en su integridad las formalidades esenciales que el derecho nacional exige para su nacimiento, el acto final no nace ni logra sustraer del orden interno la ley aprobatoria del convenio y fundida a �ste hacerla desaparecer como acto separado para incorporarse junto con los dem�s elementos constitucionales del tratado, en el acto complejo llamado a producir sus efectos en la �rbita del derecho internacional.

El acto de que se trata requiere que cada uno de sus segmentos integradores se ci�an a los requisitos que le son propios; ya la Corporaci�n en fallo del 23 de octubre de 1975 hab�a dicho:

"Recu�rdese que la convenci�n internacional es compleja, formada por operaciones distintas y sucesivas que se juntan para formar un solo acto. Cada pieza integrante del convenio internacional es indispensable, de modo que cuando una de ellas falta, la operaci�n jur�dica final deja de nacer".

Si la ley es pues apenas uno de los requisitos para que el tratado adquiera eficacia y unida a los otros actos que lo conforman entra a formar parte inescindible del acuerdo internacional, los vicios sustanciales que afecten su proceso gen�tico (y sea de tal entidad porque no permitan considerarla como existente por su vulnerabilidad constitucional), necesariamente se proyectan o inciden en el acto complejo y no permiten que �ste adquiera existencia en el orden normativo interno o dom�stico. En este supuesto la ley lejos de ser manifestaci�n de la voluntad soberana del legislador, es un mero "conato" de tal expresi�n y por tanto, mantiene. su autonom�a o separaci�n del pacto internacional al que apuntaba, y puede ser juzgada (de inconstitucionalidad) frente al derecho interno sin que ello implique intervenci�n de la Corte en un terreno que pertenece a la �rbita del derecho internacional; sin que se pronuncie sobre el tratado que por ese motivo no ha nacido a la vida del derecho interno.

La doctrina nacional acepta la revisi�n constitucional de la ley que aprueba el tratado cuando se expide con vicios sustanciales en su tr�mite; as� lo sostiene el doctor Eduardo Fern�ndez Botero, ex-magistrado de esta Corporaci�n.

"La ley que aprueba un tratado, aunque es elemento de un acto jur�dico complejo, puede ser declarada inconstitucional por la Corte, pero sin relaci�n alguna con el texto del tratado. Vale decir que en nuestro sentir s�lo ser�a declarada inconstitucional la ley aprobatoria cuando ella se expide con vicios sustanciales de tr�mite como cuando no recibe los debates o votaciones exigidas por la Constituci�n. Tambi�n podr�a ser inexequible el Decreto-ley en que el Ejecutivo aprobase un tratado si para ello se creyese revestido de autorizaciones extraordinarias, y no las tuviera, o fueren insuficientes, o estuviesen vencidas.

"Y en ambos casos quedar�a el tratado en camino de ser aprobado reconstruyendo el procedimiento. Y no se afectar�an las facultades negociadoras del Ejecutivo ni se afectar�a la pr�ctica Diplom�tica ni la seguridad de las negociaciones entre las potencias" (Estudios sobre la Constituci�n Pol�tica de Colombia, editorial Lito-Textos, 1974, p�g. 667-668).

El divorcio o separaci�n que se predica de la ley con respecto al tratado para efectos de su impugnaci�n por vicios formales, a diferencia del ataque que se haga sustancialmente, no tiene l�mite en el tiempo, ni subsiste hasta que el tratado sea canjeado; por el contrario, el vicio constitucional que afecta a la ley es verificable por la Corte en cualquier momento, y de �l no se purga o redime por el hecho de entrar en vigencia, pues esta vigencia es precaria por la irregularidad de que adolece.

Es principio general admitido en el derecho internacional, que para la validez de un acto unilateral o bilateral de un Estado es menester que tal acto sea proferido conforme a las normas sobre competencia contenidas en el derecho interno del pa�s o pa�ses de que se trate (Opphinm y Lanter Pach, Derecho Internacional P�blico, Tomo I, volumen 2. No. 342-497. P�gina 509-A), de lo cual es obligado concluir que s�lo los tribunales nacionales pueden verificar o decidir sobre su ajuste al derecho interno; la sumisi�n a la ley dom�stica tiene �rbitas territorial y personal que no pueden traspasarse sin desconocer la soberan�a del Estado. As� se logra el m�nimo control de ese acto que recaer�a s�lo sobre el poder legal de quien lo expidi� quedando por fuera la oportunidad, m�rito o conveniencia, aspectos que no son cuestionables jurisdiccionalmente y en cuyo an�lisis invadir�a la Corte �rbitas que le est�n vedadas.

3' Para que la ley, pueda ser tenida como parte integradora del tratado e inseparable de �ste, es menester que se ajuste o adec�e a los requisitos constitucionales necesarios para su existencia pues un acto que solo aparentemente ostente la calidad de ley por haberse expedido sin el cumplimiento �ntegro de esos requisitos o formalidades, no es apto para cooperar en la formaci�n del Acto Complejo y por ende, su impugnaci�n o juzgamiento constitucional no afecta ni se proyecta en el Ente Contractual Internacional que por el mismo motivo, no nace a�n a la vida del derecho ni trasciende al ordenamiento interno.

Analizado el asunto desde este �ngulo visual, es indudable que la competencia que asume la Corte para conocer de la demanda de inexequibilidad contra la ley aprobatoria del Tratado, por vicios formales en los que el actor ubica el petitum, no se opone ni rectifica la tesis de la competencia temporal sostenida en su fallo de 6 de junio del a�o retro-pr�ximo, ni tampoco contrar�a a la tradicional de la incompetencia intemporal a�n sostenida por algunos honorables magistrados, ya que, la Corporaci�n ha sido enf�tica en considerar que para que el Acto Complejo denominado "Tratado P�blico" se sustraiga a la jurisdicci�n de ella, y del derecho fundamental interno, es menester que se integre por actos o segmentos regulares; solo as� el juzgamiento de la ley implica el del Tratado mismo por estar incluida en su propio cuerpo.

Cosa diferente sucede cuando la ley, no se ci�e a los requisitos sustanciales para su existencia, pues entonces si su texto no se integra al Acuerdo y �ste por consiguiente carece de vigencia. Es obligada inferencia de lo planteado, que ese conato de ley, estar�a subordinado a la jurisdicci�n constitucional de la Corte y que su impugnaci�n y eventual inexequibilidad dejar�an inc�lume la atribuci�n presidencial del art�culo 120-20, por no haberse agotado el proceso de perfeccionamiento del Tratado, por no ser a�n perfecto el concierto de voluntades entre las dos partes que los estipularon. Ello no implica un rompimiento unilateral de un Acto, cuyo consentimiento en lo que concierne a una de las partes, no se ha completado a�n con el acto legal que exige su ratificaci�n.

4� Avocar el examen de la demanda incoada en este proceso por tachas formales de la ley acusada, no es asunto novedoso para la Corte pues esta Corporaci�n en sentencias de su Sala Plena de mayo 5 de 1978, 3 de noviembre de 1981 y 13 de mayo de 1982, declar� la inexequibilidad de los Actos Legislativos n�meros 2 de 1977, 1 de 1979 y art�culo 3� del Acto Legislativo 1 de 1981, por vicios formales ya que consider� y sigue considerando, que las normas que establecen formalidades o procedimientos especiales para su expedici�n son de obligatorio cumplimiento y dan origen al control constitucional de esos actos, ya que, "no dejan duda sobre la imperatividad de los procedimientos que prescriben".

El criterio que tuvo la Corte en los referidos fallos, es el de que la violaci�n de los procedimientos constitucionales es grave para el orden jur�dico, y las normas de la Constituci�n que los consagran buscan proteger la identidad misma del Estado, ordenar su funcionamiento b�sico, lo cual como es l�gico, incide en la protecci�n de los derechos de los asociados.

Apoyada en las anteriores consideraciones la Corte afirma su competencia para conocer sobre el fondo de la demanda incoada por el se�or Javier Hernando Hern�ndez contra la Ley 27 de 1980 por "vicio inconstitucional de procedimiento en su sanci�n o firma".

Se pasa pues a examinar la impugnaci�n que hace el actor a la Ley pluricitada.

Quinta. En orden a definir la consistencia del �nico cargo de inconstitucionalidad que ahora se plantea tanto por el se�or Hernando Hern�ndez como por el se�or Procurador General de la Naci�n, contra el proceso de formaci�n de la Ley 27 de 1980, es pertinente hacer algunas precisiones en torno a las instituciones de la delegaci�n de que tratan los art�culos 128 y 135 de la Constituci�n, as� como tambi�n, con respecto a las funciones que conciernen al Designado a la Presidencia cuando es llamado a reemplazar al Presidente de la Rep�blica por sus faltas absolutas o temporales.

La consagraci�n constitucional de la instituci�n del Ministro Delegatario se impuso como soluci�n a la an�mala situaci�n que se presentaba cuando el Presidente de la Rep�blica se desplaza al exterior en ejercicio de sus funciones, conservando las prerrogativas y atribuciones propias de su investidura como Jefe del Estado y era reemplazado por el Designado a la Presidencia, quien en esta calidad cumpl�a iguales atribuciones a las del Presidente titular, origin�ndose as� la coexistencia o contemporaneidad de dos titulares del mismo �rgano con funciones iguales, lo cual romp�a la unidad en la direcci�n del Estado.

"A una larga cadena de dificultades constitucionales te�ricas y pr�cticas que surg�an cada vez que el Presidente de la Rep�blica viajaba a tierra extranjera en "ejercicio de funciones presidenciales". No se sab�a a que norma acudir: si al art�culo 135, este resultaba demasiado estrecho porque s�lo autoriza delegaci�n de funciones administrativas y exige una ley; si al 124, resultaba inadecuado, ora porque la salida del Presidente no es falta, ora porque el Designado quedaba con todas las facultades del Presidente, y ora porque entonces, contrariando el sistema uni-personal de la Presidencia que ten�a la Constituci�n, aparec�an dos Presidentes simult�neos: uno dentro y otro afuera".

Los inconvenientes se�alados quedaron superados con el art�culo 5� del Acto Legislativo n�mero 1 de 1977 que subrog� el art�culo 128 de la Constituci�n al permitir para los casos de ausencia temporal del Presidente en los que no se produce la vacancia del cargo, la delegaci�n de funciones en uno de sus Ministros. Dice as� el correspondiente inciso:

"Cuando el Presidente de la Rep�blica se traslade a territorio extranjero en ejercicio del cargo, el Ministro a quien corresponda seg�n el orden de precedencia legal, ejercer� bajo su propia responsabilidad, las funciones constitucionales que el Presidente le delegue. El Ministro Delegatario pertenecer� al mismo partido pol�tico del Presidente".

Obs�rvese que el propio Constituyente califica a ese Ministro de "Ministro Delegatario", lo cual significa indudablemente, que no adquiere la calidad de Presidente; o, para decirlo con las palabras de quien precisamente desempe�� esas funciones en el gobierno del doctor Turbay Ayala y en tal calidad sancion� la ley que es materia de confrontaci�n constitucional: "el status de Ministro de Gobierno no se altera por el hecho de ejercer determinadas funciones presidenciales, porque �l sigue siendo Ministro y as� queda claramente establecido en la Constituci�n de la Rep�blica" (Declaraci�n del doctor Germ�n Zea Hern�ndez en los procesos acumulados Nos. 1134-1142 que se tramitaron en el Consejo de Estado).

El Ministro Delegatario cumple funciones subalternas del Presidente de quien sigue subordinado pol�ticamente, sin que jam�s adquiera la preeminencia presidencial que s� puede llegar a adquirir el Designado en el evento en que asuma el encargo de sustituir al Presidente por falta temporal o definitiva de �ste. En s�ntesis, el Ministro-Delegatario de funciones presidenciales, a diferencia del Designado, es apenas un sustituto del Presidente en las funciones constitucionales que a �ste incumben y que, siendo delegables realmente le han sido transferidas por el Presidente titular mediante el correspondiente acto de delegaci�n.

El apoyo de esa instituci�n en norma constitucional distinta del art�culo 135 y bajo presupuestos y modalidades diferentes a las de este texto, impide identificar las dos clases de delegaci�n. En efecto, la delegaci�n prevista en el art�culo 128 de la Constituci�n que supone la ausencia del Presidente del territorio del Estado por un viaje al exterior, en ejercicio del cargo, tiene entre otras las caracter�sticas siguientes: s�lo puede recaer en un Ministro que pertenezca al mismo partido pol�tico del Presidente seg�n el orden de precedencia que da la ley; tiene un l�mite definido en el tiempo y en el espacio por la ausencia del Presidente titular del pa�s, toda vez que las atribuciones delegadas s�lo pueden ser ejercidas mientras el Presidente est� ausente; la determinaci�n, de estas funciones, distintas a las que alude el art�culo 135 de la C. N. incumbe al Presidente y comprende �nicamente aqu�llas que no sean inherentes a su investidura propia de Jefe de Estado, las cuales por ser inseparables de esta calidad, s�lo pueden ser ejercidas por el Presidente de la Rep�blica, a�n estando ausente del territorio nacional.

Siguiendo esta directriz, es dable sostener que el Presidente no puede desprenderse en favor de su Ministro Delegatario, de todas las funciones constitucionales que la Carta le se�ala, pues ello equivaldr�a a aceptar contra el esp�ritu de la reforma constitucional del 77 y contra el mismo inciso 3" del art�culo 128 de la Carta, que queda a su arbitrio la creaci�n de un nuevo Jefe de Estado y por tanto pueda as� restaurar el "dualismo Presidencial" convirtiendo en permanente una instituci�n de funcionamiento excepcional, cuando "el Presidente es el todo de las funciones y el Ministro apenas la parte", como con gran precisi�n lo anot� el Consejo de Estado en sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 16 de octubre de 1985, en los procesos acumulados arriba citados.

A pesar de la aparente amplitud y discrecionalidad absoluta que le reconoce el inciso 3� del art�culo 128 de la Constituci�n al Presidente, para se�alar o transferir al Ministro Delegatario las funciones constitucionales de que es titular y que en su sentir deban ser ejercidas por �ste en el desempe�o de tan transitorio encargo, es innegable que no se puede despojar de las que tiene como Jefe del Estado; como es igualmente claro, que a�n estando ausente del pa�s, puede reasumirlas que inicialmente deleg� y cuyo ejercicio directamente por �l desde el exterior no est� condicionado por su regreso al territorio nacional, sin que en este supuesto, sea necesario una acto especial de revocaci�n pues se repite, la titularidad del mando se encarna s�lo en su persona y no en la del Ministro Delegatario a quien �nicamente se le confirieron determinadas funciones pero carece en absoluto propiamente de la titularidad de ellas.

La delegaci�n de funciones prevista en el art�culo 135 tiene un fundamento diferente, basado en el criterio l�gico de que el Presidente por s� solo no puede cumplir la totalidad de los cometidos que le asigna la Constituci�n como suprema autoridad administrativa y requiere por lo tanto, la colaboraci�n permanente de sus agentes en el �mbito nacional y local, con quienes comparte la realizaci�n de dichas tareas.

Un modo de distribuci�n del trabajo entre el Presidente y los Ministros, Jefes de Departamento Administrativo y Gobernadores es precisamente la delegaci�n de funciones prevista en el art�culo 1 35 de la Constituci�n, la cual versa solamente sobre las funciones administrativas que le otorga la Constituci�n en el art�culo 120; esta opera dentro de una l�nea jer�rquica de superior a inferior sin desprendimiento de la competencia misma, ya que siempre existe la posibilidad para el Presidente delegante de revisar, modificar o revocar los actos del agente en quien recae la delegaci�n "reasumiendo la responsabilidad consiguiente".

A esta clase de delegaci�n corresponde tambi�n la prevista en el art�culo 181 constitucional para los gobernadores, en relaci�n con la direcci�n y coordinaci�n de los servicios nacionales, all� no se requiere de mandato legal que la autorice.

Para que pueda realizarse v�lidamente la transferencia de funciones de que trata el art�culo 135 de la Carta, es preciso que la L.cy se�ale las funciones de car�cter administrativo que pueden ser delegadas y que un acto del Presidente concrete en uno de los delegatarios autorizados, la delegaci�n, la cual puede conferirse por tiempo indefinido sin perjuicio de ser reasumidas por aqu�l.

Es evidente, tanto por razones de orden circunstancial como material, que el Presidente de la Rep�blica en el caso sub-an�lisis hizo uso de la atribuci�n que le confiere el art�culo 128 del Estatuto Superior, toda vez que el Decreto n�mero 2904 de 1980 fue dictado invocando dicha atribuci�n y adem�s aparece claramente motivado en la invitaci�n que le hab�a sido formulada en su condici�n ele Jefe de Estado por el Presidente de la Rep�blica Dominicana.

La delegaci�n contemplada en el art�culo 128 de la Carta Fundamental, que fue la utilizada por el Presidente Turbay Ayala en el Decreto n�mero 2904 del 80, es diferente de la prevista en el art�culo 135 ibidem; de ambas se puede decir que no comprenden las atribuciones o funciones pol�ticas que el art�culo 120 y otros textos de la Constituci�n le confieren al Presidente de la Rep�blica, como Jefe del Estado; y de la del art�culo 135 que debe versar �nicamente sobre las materias administrativas que ese texto consagra; as� lo establece el mismo art�culo al disponer que esas funciones son las que corresponden al Presidente "como suprema autoridad administrativa".

Las funciones delegadas por el Presidente titular al Ministro Delegatario cuando se den los supuestos del inciso 4�del art�culo 128 de la Constituci�n Nacional, son las "constitucionales" que a �l corresponde esto es decir, que pueden ser tanto las administrativas como las pol�ticas o unas y otras indistintamente seg�n lo exijan las circunstancias; pero deben quedar en cabeza del Presidente las que ha menester para conservar su status de Jefe del Estado en la misi�n a cumplir, mientras dure su ausencia del territorio nacional, y adem�s todas aquellas inherentes a la naturaleza de Jefe del Gobierno.

Sexta. Una fugaz consideraci�n de las distintas funciones que la Carta Fundamental le asigna al Presidente de la Rep�blica, permite concluir que las contempladas por ejemplo en los art�culos 121 y 122 para declarar el Estado de Sitio y el de Emergencia Econ�mica y dictar los decretos legislativos que tan excepcionales circunstancias exigen, son intransferibles al Ministro Delegatario ya que ellas est�n radicadas en cabeza �nicamente del Presidente de la Rep�blica como Jefe del Estado; la exigencia constitucional de que esos decretos sean dictados por el Presidente y lleven la firma de todos los Ministros, es suficiente para concluir que no pueden ser dictados por el Ministro Delegatario pues por no haber perdido este su car�cter de Ministro, seg�n qued� precedentemente demostrado, resultar�an expedidos por quien no es Presidente de la Rep�blica.

Igualmente, las facultades para nombrar y separar libremente, Ministros y Gobernadores son indelegables, ya que su ejercicio por el Ministro Delegatario lo convertir�a en superior de sus pares; y tambi�n por su excepcional trascendencia tanto en el orden interno como externo, las atribuciones que el Presidente tiene de declarar la guerra y dirigir sus operaciones, y dirigir adem�s las relaciones diplom�ticas con los dem�s Estados y entidades de derecho internacional, al igual que conceder indultos por delitos pol�ticos.

Es claro que las funciones precedentes, que la Corte considera indelegables, no son exclusivas ya que pueden aparecer otras en la Carta Fundamental las cuales, como las arribamente indicadas, no pueden ser transferidas por el Presidente titular al Ministro Delegatario, en ejercicio de la especial facultad que a aqu�l le concede el numeral 3�� del art�culo 128.

En orden a determinar o precisar, cu�les funciones fueron delegadas por el Presidente titular Turbay Ayala al Ministro de Gobierno doctor Germ�n Zea Hern�ndez, y a establecer si de ellas pod�a desprenderse el Presidente, se impone la transcripci�n del Decreto n�mero 2904 de 1980. Su texto es el siguiente:

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso final del art�culo 128 de la Constituci�n Pol�tica, y,

"Que el Presidente de la Rep�blica Dominicana invit� al Presidente de la Rep�blica de Colombia para que entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 1980 visite esa Rep�blica;

"Que el Jefe de Estado ha dado aviso constitucional al honorable Senado de la Rep�blica,

"Art�culo 1" Mientras dure la ausencia del Presidente de la Rep�blica de Colombia, por raz�n de su visita a la Rep�blica Dominicana, del�gase en el Ministro de Gobierno, doctor Germ�n Zea, las funciones presidenciales correspondientes a los asuntos que tratan los ordinales 5�, 6� y 7� del art�culo 118; 4� del art�culo 119 y 2�, 3�, 5�, 6�, 7� y 16 del art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica.

"EL Secretario General, Jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica,

Al disponer pues, el transcrito acto, que el Ministro Delegatario tendr�a entre otras la funci�n que al Presidente le asigna el numeral 7" del art�culo 1l8 de la Constituci�n Nacional, no qued� investido de la funci�n -deber de sancionar cualquier clase de Leyes, sino �nicamente de las que el Congreso hubiere expedido o expidiese durante el t�rmino de su gesti�n, sobre todas las materias del art�culo 76 con excepci�n de la contemplada en el numeral 18, pues la sanci�n a que se refiere este numeral, es uno de los varios "ciclos" de una serie o sucesi�n de actos que el Presidente realiza como Jefe o Director de las relaciones diplom�ticas o comerciales con los dem�s Estados, y dada la unidad de asuntos a que se refiere ese texto, no es susceptible de que se transfiera ninguna parte de esas atribuciones.

Advi�rtase adem�s, que el Presidente titular al viajar a la Rep�blica Dominicana en su calidad de tal, no pod�a despojarse de una atribuci�n que, como la contemplada en el numeral 20 del art�culo 120 de la C. N., le era necesaria para cumplir la misi�n de representar como Jefe del Estado colombiano al Pa�s, en esa visita oficial.

De todo lo dicho es forzoso concluir que la sanci�n que el Ministro Delegatario doctor Germ�n Zea Hern�ndez le imparti� a la Ley 27 de 1980, objeto de la presente impugnaci�n, no se cumpli� "con arreglo a la Constituci�n" como lo exige el art�culo 118 numeral 7� de la Carta Fundamental y por consiguiente, es necesario que el proyecto pase al Presidente para que se cumplan los tr�mites que a�n faltan para que sea la Ley de la Rep�blica.

Se impone pues, la declaraci�n de inexequibilidad deprecada por el accionante.

En m�rito de las precedentes consideraciones la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional, o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n y acorde con �l,

Declarar inexequible la Ley 27 de noviembre 3 de 1980, por la cual se aprob� el Tratado de Extradici�n entre la Rep�blica de Colombia y los Estados Unidos de Am�rica, firmada en Washington el 14 de septiembre de 1979, en cuanto no fue constitucionalmente sancionada por el Presidente de la Rep�blica.

C�piese, comun�quese, publ�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Fernando Uribe Restrepo, Presidente; Rafael Baquero Harem, Jos� Alejandro Bonivento, Fern�ndez, Nemesio Camacho Rodr�guez, Jorge Carre�o Luengas, Guillermo D�vila Mu�oz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque P�rez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo Garc�a Sarmiento,Jaime Giraldo Angel, Oscar Pe�a Alzate, Conjuez; H�ctor G�mez Uribe, Gustavo G�mez Vel�squez, Juan Fern�ndez S�enz, Rodolfo Mantilla J�come, H�ctor Mar�n Naranjo, Lisandro Mart�nez

Z��iga, Fabio Mar�n D�az, Alberto Ospina Botero, Jacobo P�rez Escobar, Hernando Morales Molina, Conjuez; Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas.

Que los doctores Oscar Pe�a Alzate y Edgar Saavedra Rojas, participaron en las deliberaciones de esta sentencia y votaron afirmativamente. Al momento de recoger las firmas, se retiraron del recinto de la Sala Plena.