Ir a la encuesta de percepción

300Corte SupremaCorte Suprema300300021441068Ricardo Medina Moyano198315/09/19831068_Ricardo Medina Moyano_1983_15/09/198330002144CODIGO DE JUSTICIA PENAL MILITAR. COSA JUZGADA. INEPTITUD DE LA DEMANDA. NORMAS DEROGADAS. La Corte se declara inhibida para conocer de las demandas contra el artículo 378 del Decreto número 250 de 1958, y el artículo 1° del Decreto número 2696 de 1968. Remite a sentencia de 16 de junio de 1983. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 87. Referencia: Proceso número 1068 1983
Rodrigo Uprimny Yepes | Orlando Vega NavasDemanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto número 521 del 71, artículo 36 Decreto número 2696 de 1968, artículo 1° y Decreto número 250 de 1958.Identificadores30030002145true74050Versión original30002145Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto número 521 del 71, artículo 36 Decreto número 2696 de 1968, artículo 1° y Decreto número 250 de 1958.


CODIGO DE JUSTICIA PENAL MILITAR. COSA JUZGADA. INEPTITUD DE LA DEMANDA. NORMAS DEROGADAS.

La Corte se declara inhibida para conocer de las demandas contra el artículo 378 del Decreto número 250 de 1958, y el artículo 1° del Decreto número 2696 de 1968.

Remite a sentencia de 16 de junio de 1983.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 87.

Referencia: Proceso número 1068

Normas acusadas: Decreto número 521 del 71, artículo 36; Decreto

número 2696 de 1968, artículo 1° y Decreto número 250 de 1958,

artículo .378.

Actores: Rodrigo Uprimny Yepes y Orlando Vega Navas.

Magistrado Ponente: doctor Ricardo Medina Moyano.

Aprobada según Acta número 50 de 15 de septiembre de 1983.

Bogotá, D.E., septiembre quince (15) de mil novecientos ochenta y tres (1983).

i. demanda

Rodrigo Uprimny Yepes y Orlando Vega Navas, en su condición de ciudadanos y en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución, demandan de la Corte la inexequibilidad parcial del literal a) del artículo 36 del Decreto-ley número 521 de 1971 y del artículo 1° del Decreto número 2696 de 1968, como también del artículo 378 del Decreto-ley número 250 de 1958 (Código de Justicia Penal Militar).

Descorrido por la Procuraduría General de la Nación el traslado ordenado por la Constitución y la ley, corresponde a la Sala Plena de la Corte tomar la decisión respectiva.

ii. las normas demandadas

Incluidos los epígrafes correspondientes y subrayada la parte demandada, el texto de las normas acusadas, en orden cronológico es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 250 DE 1958

(julio 11)

Por el cual se expide el Código de Justicia Penal Militar.

La Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia, en uso de las atribuciones de que trata el artículo 121 de la Constitución Nacional,

DECRETA:

Artículo 378. El Procurador General de las Fuerzas Armadas será un Oficial en servicio activo con grado de general, nombrado y removido libremente por el Gobierno".

"DECRETO NUMERO 2696 DE 1968

(octubre 28)

Por el cual se modifican y adicionan la Ley 48 de 1967 y el Decreto-ley número 2565 de 1968.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 65 de 1967 y en desarrollo del Decreto-ley número 1050 de 1968,

DECRETA:

Artículo 1° El Ministerio Público en la Justicia Penal Militar será ejercido por el Procurador General de la Nación, por medio de un Procurador Delegado para las Fuerzas Militares nombrado por el Gobierno, de conformidad con el artículo 142 de la Constitución Nacional".

"DECRETO NUMERO 521 DE 1971

(marzo 27)

Por el cual se reorganiza la Procuraduría General de la Nación.

El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias de que lo invistió la Ley 16 de 1968, y oído el concepto de la Comisión Asesora Creada por el artículo 21 de la misma ley,

DECRETA:

Artículo 36. Además de las condiciones de ser colombiano y abogado titulado, los funcionarios que se indican a continuación deberán tener las siguientes calidades:

a) Secretario General y Procuradores Delegados:... respecto del Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, será un Oficial General o de Insignia, en servicio activo".

iii. normas de la constitución que se consideran violadas

Afirma al respecto (folio 2) los demandantes:

"Los textos infringidos por las normas acusadas son en nuestra opinión los artículos 2°, 20, 55, 61, 143, 145, 168, y 76 en cuanto al numeral 12, por las razones que a continuación referiremos".

iv. fundamentos de la demanda

Como punto de apoyo teórico de sus propósitos tendientes a demostrar la inexequibilidad de las normas acusadas, comienzan los libelistas por realizar con un amplio aparato jurisprudencial y doctrinario un "extenso estudio sobre el concepto de Ministerio Público en el constitucionalismo moderno", aspecto dentro del cual se detienen especialmente en "La noción de separación de las ramas del poder público dentro del constitucionalismo moderno". Aluden con ocasión de tal tema a la problemática de la interpretación constitucional citando a Segundo Linares Quintana (La Constitución Interpretada) y a Leopoldo Uprimny (Constitucionalismo y acción popular de inconstitucionalidad en las Fuerzas Políticas y las luchas por el poder). También se refieren los demandantes en dicho contexto al "Ministerio Público y la Función Fiscalizadora del Estado", y al "Ministerio Público en Colombia", para concluir dicho aspecto teórico con un análisis sobre "La autonomía del Ministerio Público en el constitucionalismo colombiano y su razón de ser".

A continuación y aplicando tales principios generales a la inconstitucionalidad de las normas acusadas, afirman que éstas:

"... atentan contra la autonomía orgánica del Ministerio Público, puesto que exigen que un personal subalterno al procurador, pertenezca obligatoriamente a la entidad a la cual debe controlar. Se desvirtúa así el poder fiscalizador del Estado, que supone la existencia de unos órganos autónomos que controlen la juridicidad de la actividad de las restantes ramas del poder Público. De esta manera en la práctica termina por confundirse la función de supervigilancia de la conducta oficial de los empleados públicos, que por expresa disposición radica en el Procurador General de la Nación y en sus agentes, según los artículos 143 y 145 de la Carta, con la simple vigilancia administrativa directa, que emana del poder jerárquico propio de la estructura de los órganos estatales.

"... las normas acusadas restringen de una manera no prevista, ni permitida por la Carta, la capacidad de libre nombramiento y remoción que ésta asigna al Procurador General de la Nación, con respecto a los empleados de su inmediata dependencia, puesto que sin lugar a dudas el Procurador delegado para las Fuerzas Militares es un empleado de la inmediata dependencia del Procurador General de la Nación. Podría argumentarse que, como indica el artículo 159 de la Constitución, "Las calidades exigidas a los funcionarios... del Ministerio Público... se acreditarán en la forma que la ley determine", es decir que es la ley a quien compete la reglamentación minuciosa de los requisitos y calidades, responsabilidad, etc., del estatuto personal de los miembros del Ministerio Público descontado el Procurador General cuyo estatuto lo fija la misma Carta, y que por ende las normas acusadas siendo un desarrollo de este precepto constitucional no estarían violando su integridad".

También estudian los actores la "incompatibilidad de la función fiscalizadora con la función militar", en cuyo marco estiman que las normas acusadas en contra de lo dispuesto por la Constitución, les dan carácter deliberativo a las Fuerzas Militares y hacen nugatoria por otra parte la función fiscalizadora del Estado. Finalmente advierten que si bien consideran derogado el artículo 378 del Código Penal Militar:

"... Sin embargo hemos optado por demandar su inconstitucionalidad, por cuanto una parte de la doctrina acepta como vigente la mencionada norma, considerándola compatible con la Procuraduría Delegada creada posteriormente. Además de esta consideración, es nuestro deseo ejercer la acción pública de inconstitucionalidad de la manera más idónea, evitando en lo posible una proposición jurídica incompleta, en concordancia con las tesis más recientes de la Corte Suprema de Justicia. No demandamos la Ley 16 de 1968 por cuanto nos parece en todo exequible".

v. concepto de la procuraduría general de la nación

a) Estudia el Ministerio Público en primer término el alcance del artículo 61 de la Constitución Nacional, armonizándolo con la figura de la Comisión respecto de los miembros de las Fuerzas Armadas, para precisar al respecto que:

"a) Los miembros de las Fuerzas Armadas sí pueden ser designados para ocupar cargos que envuelvan el ejercicio de la autoridad civil pero, al entrar a desempeñarlos no pueden invocar, para ningún efecto, los deberes ni los derechos propios de la disciplina o de la autoridad militar para acatar o imponer órdenes como subalternos o superiores de aquella jerarquía, y

b) Por las mismas razones: la calidad de militar no puede exigirse, en ningún caso, como requisito indispensable para el desempeño de cargos en el servicio civil.

Es bajo este aspecto, que considero que la disposición acusada resulta directamente violatoria del artículo 61 de la Carta".

A continuación se refiere la Procuraduría al carácter de los Procuradores Delegados como dependientes inmediatos y subalternos del Procurador General de la Nación, para lo cual se basa en sentencias de la Corte del 15 de enero de 1953 y del 4 de octubre de 1971, y a las atribuciones disciplinarias del Ministerio Público frente a las Fuerzas Militares, respecto de lo cual y luego de citar a Hugo Kenkov (El Ombudsman, Rowat, Donal y otros, Fondo de Cultura Económica, 1973) afirma que:

"Si bien en la Constitución Política se concibe un fuero para el juzgamiento de los militares en servicio activo, dicho fuero sólo cobija los delitos cometidos por éstos en relación con dicho servicio y no se extiende, ni a los delitos ajenos al servicio, ni menos aún, los exime de la vigilancia que, sobre ellos debe ejercer el Procurador General para asegurar que desempeñen cumplidamente sus deberes'. Significa esto sin lugar a equívoco, que la ley no puede establecer, así sea por la discreta vía de fijar calidades para el desempeño del cargo de Procurador Delegado para las Fuerzas Militares un fuero especial en virtud del cual las faltas administrativas del personal militar queden sometidas únicamente al control de la autoridad militar".

Y, estudiando el caso a la luz del artículo 159 de la Constitución Nacional, afirma también que:

"Si, como en la disposición acusada, desatendiendo el inequívoco propósito del Constituyente, expresado en el inciso 2°, del artículo 159, la ley señala para un cargo de inferior categoría en el Ministerio Público (Procurador Delegado), calidades más exigentes que aquellas que las disposiciones constitucionales señalan para un cargo de superior categoría (Procurador General), debe declararse la inconstitucionalidad".

b) Finalmente analiza la Procuraduría la situación de los artículos 378 del Decreto número 250 de 1958 y 1° del Decreto número 2696 de 1968 los cuales considera derogados, para lo cual cita también el informe del 7 de abril del presente año por la Secretaría de la Sala Constitucional.

Aborda el tema destacando las tres posiciones jurisprudenciales existentes frente a normas derogadas: pronunciamiento de fondo como consecuencia del Magisterio moral; inhibición por sustracción de materia; y antes de decidir valorar "si tiene objeto un pronunciamiento de fondo", resolviéndose a favor de la tercera tesis. Concluye en consecuencia que la Corte debe declarar la inexequibilidad de tales normas, y haciendo una reseña histórica de las mismas en la cual destaca la sentencia de la Corte del 2 de agosto de 1971, termina afirmando que:

"El simple descuido, la indolencia constitucional o el fraude al Constituyente llegaron en esta materia a extremos tales que el 9 de octubre de 1968, al expedirse el Decreto número 2565 de ese año, se concibió en el artículo 50 la extraña figura del Fiscal General para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que por supuesto tuvo efímera vigencia: 19 días más tarde (octubre 28) el Decreto número 2696 de 1968 dispuso en su artículo 1°: 'El artículo 50 del Decreto-ley número 2565 de 1968 quedará así: El Ministerio Público en la Justicia Penal Militar será ejercido por el Procurador General de la Nación por medio de un Procurador Delegado para las Fuerzas Militares'

vi. consideraciones de la corte

a) Competencia.

Dos de las normas demandadas forman parte de sendos Decretos-leyes; la otra corresponde a su tumo, a una ley como se precisará más adelante. Consiguientemente, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución en su artículo 214 y por el artículo 3° del Decreto número 432 de 1969, la Corte es competente para conocer de su constitucionalidad en Sala Plena y previo estudio de su Sala Constitucional.

b) Cosa Juzgada.

La Corte en sentencia número 68 del 16 de junio del presente año dispuso: "Es inexequible el literal a) del artículo 36 del Decreto número 521 de 1971, en la parte que dice 'Respecto del Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, será un Oficial General o de Insignia en Servicio Activo' Consiguientemente en relación con dicha norma se ordenará en el presente proceso estar a lo dispuesto en tal providencia, en la cual entre otras consideraciones para llegar a tal conclusión, se hicieron las siguientes:

"6. Pero hay más: la obligación legal impuesta al Procurador General de la Nación de tener que nombrar un militar en servicio activo como dependiente suyo y la limitación de que dicho dependiente en servicio activo lo siga siendo coetáneamente de otros, es contraria a lo ordenado en el artículo 145-4 de la Carta, según el cual, es del Procurador General la potestad de 'nombrar y remover libremente a los empleados de su inmediata dependencia': y libremente significa sin cortapisas, limitaciones o imposiciones.

De ahí por qué, precisamente, se estime que el precepto legal acusado es además incompatible con lo señalado para los funcionarios nominadores de la Rama Administrativa en el numeral 1° del artículo 120 de la Carta, quienes, aunque tienen la obligación de respetar el reparto adecuado y equitativo de los partidos de gobierno y de oposición en la Administración, y además la opción de llamar a participar simultáneamente a los 'miembros de las Fuerzas Armadas', esta función potestativa jamás puede ser tomada para ellos como un deber u obligación y tanto menos para el Procurador General de la Nación respecto del cual dicho enunciado constitucional ni siquiera se parifica como opcional en el artículo 145 ni en ninguno otro de la Carta, por lo cual no lo limita en lo más mínimo, ni menos es para él una obligación o deber, sino lo contrario, se erige como libre posibilidad suya de nombrar y remover a quienes quiera".

c) Las normas derogadas.

1° En cuanto a la derogatoria del artículo 378 del Decreto Legislativo número 250 de 1958, y del artículo 1° del Decreto número 2696 de 1968, importa señalar por una parte que ella es una consecuencia natural de lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto número 521 de 1971, cuyo artículo 36 se ha demandado también en este proceso. En efecto, en el citado artículo 47 se dispone por el legislador que:

"El presente Decreto rige desde su promulgación y subroga el Decreto número 1161 de 1969 y el artículo 3°del Decreto número 2047 del mismo año, y las demás disposiciones que le sean contrarias" (Subraya la Corte).

Por otra, debe tenerse en cuenta que el Decreto número0 523 de 1971 establece la planta de la Procuraduría General de la Nación, incluida por supuesto la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y que su artículo 2° dispone:

"Los funcionarios y empleados a que se refiere el presente Decreto serán designados y removidos o reemplazados por el Procurador General de la Nación, quien respecto al Procurador para las Fuerzas Militares oirá antes el parecer del Presidente de la República".

No debe olvidarse que la última parte de este artículo ya fue declarada inexequible por la Corte.

Así pues, si bien como lo reconoce igualmente la Procuraduría General el artículo 378 del Decreto Legislativo número 250 de 1958, se encuentra derogado, resulta pertinente hacer al respecto las siguientes observaciones:

Dicho Decreto se expidió por el Gobierno dentro de una situación nacional de Estado de Sitio y como se vio al comienzo de esta providencia; en uso de las facultades atribuidas a aquél por el artículo 12; de la Constitución Nacional.

Ahora bien, levantado el Estado de Sitio la norma en cuestión dejó de regir como disposición integrante de un Decreto Legislativo, para adquirir en cambió la categoría de ley, al adoptarse con carácter permanente la legislación dictada durante tal Estado de Sitio por la Ley 141 de 1961. Obsérvese por lo tanto que en virtud de una clara manifestación de la voluntad legislativa del Congreso, la norma en cuestión tiene naturaleza de ley, y toda vez que la citada Ley 141 de 1961 no ha sido acusada por los actores ante la Corte, de conformidad con reiterada jurisprudencia de la misma, el artículo 378 del Decreto número 250 de 1958 no puede ser materia de una decisión de exequibilidad o inexequibilidad ni de ninguna otra, por ineptitud de la demanda. En consecuencia la Corte se inhibirá de conocer en el fondo sobre el citado artículo 378.

2° Finalmente en cuanto al otro artículo derogado, vale decir, el artículo 1° del Decreto número 2696 de 1968, respecto del cual La Procuraduría solicita una declaración de inexequibilidad, encuentra la Corte que la providencia debe ser también de carácter inhibitorio.

Ciertamente no obstante el inequívoco interés teórico del tema, vale decir del pronunciamiento de la Corte sobre la exequibilidad o inexequibilidad de normas derogadas es lo cierto que tal interés es solamente aparente, toda vez que no puede hablarse de una defensa de la Constitución frente a un ataque inexistente; en otras palabras no resulta aceptable que una norma inexistente pueda estar vulnerando tal estatuto constitucional.

El pronunciamiento de la Corte en materia de -control constitucional sobre normas derogadas, conduciría a darle a dicho control una extensión ilimitada, la cual en razón de su propia naturaleza vendría a poner en peligro la existencia y efectividad de dicho control, como que a la postre toda función ejercida sin limitación alguna lleva en sí misma el germen de su propia destrucción.

Por otra parte, no debe olvidarse que la declaración de inexequibilidad de la Corte, no consiste en otra cosa que en retirar del ordenamiento jurídico una norma determinada, y no es lógico que pueda precederse a ello respecto de una disposición que precisamente ha dejado ya de formar parte de tal ordenamiento. Por lo demás, si bien no existe una posición inequívoca sobre el alcance semántico de la expresión inexequibilidad, sin embargo la tesis dominante jurisprudencial y doctrinariamente, es la de que ella implica una orden de inaplicabilidad por razones de inconstitucionalidad; y por supuesto tampoco resulta aceptable que pueda ordenarse que no se aplique una norma, que precisamente no se está aplicando. Finalmente no puede olvidarse que si el propósito del Constituyente hubiera sido el de extender el control de constitucionalidad sobre normas derogadas, así lo hubiera expresado en el artículo 214 de la Carta, como que no puede dársele carácter normativo ni otro cualquiera a algo que no existe.

Esta ha sido la jurisprudencia tradicional de la Corte. Así en providencia del 3 de noviembre de 1950 se dijo que:

"Ha sido unánime la jurisprudencia de la Corte, desde hace treinta años, en el sentido de declarar que no deben pronunciarse decisiones de fondo sobre la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes o decretos ya derogados, que no estén vigentes o que hayan dejado de tener eficacia por haberse llenado el fin para que fueron dictados. El fin de toda acción de inexequibilidad es el restablecimiento del imperio constitucional, que se considera perturbado por el acto acusado, es decir, evitar que este se ejecute o se continúe ejecutando, y tal restablecimiento es práctica y objetivamente innecesario, aún suponiéndolo contrario a la Constitución, cuando siendo de carácter transitorio dicho acto, alcanzó a consumar o consumó ya completamente el objeto que perseguía, pues si al tiempo de fallar no están en vigor la ley o el decreto acusados, el orden constitucional, si bien temporalmente quebrantado, se ha restablecido automáticamente, ya que el acto violatorio no tendrá fuerza ni eficacia en el porvenir, y en tal evento, no persistiendo él menoscabo a la Norma Suprema, el fallo de la Corte no vendría a restablecer el imperio de la Carta y no se cumpliría así la misión que ésta señala. Podría decirse que cualquier decisión en tales condiciones no se dirigía a demostrar que el acto acusado es o no inconstitucional, sino que fue o no fue inconstitucional, lo cual tal vez no cabría dentro de las atribuciones de la Corte, ni se ajustaría al objeto que en sí tiene la acción de inexequibilidad" (Gaceta Judicial número 2338, página 33).

vii. decisión

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional, escuchada la Procuraduría General de la Nación, y en ejercicio de las atribuciones consagradas en el artículo 214 de la Constitución,

resuelve:

Primero. declárase inhibida para conocer de la demanda contra el artículo 378 del Decreto Legislativo número 250 de 1958, por ineptitud formal de la misma.

Segundo. declárase inhibida por carencia actual de objeto, para conocer del artículo 1° del Decreto-ley número 2696 de 1968.

Tercero. estése a lo resuelto en el fallo del 16 de junio de 1983 en el cual se dispuso: "Es inexequible el literal a) del artículo 36 del Decreto número 521 de 1971, en la parte que dice 'Respecto del Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, será un Oficial General o de Insignia en Servicio Activo''

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Eduardo Gnecco Correa Presidente (con salvamento de voto); Luis Enrique Aldana Rozo, Fabio Calderón Botero, Ismael Coral Guerrero, José María Esguerra Samper (salvo voto); Manuel Enrique Daza Alvarez, Dante L. Fiorillo Porras, Germán Giraldo Zuluaga, Fanny González Franco (con salvedad parcial de voto); Manuel Gaona Cruz, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez (salvamento de voto); Juan Hernández Sáenz (con salvamento de voto); Alvaro Luna Gómez (salvo el voto); Carlos Medellín, Ricardo Medina Moyano, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echandía (En uso de licencia); Gabriel Meló Guevara, Conjuez (no asistió); José Salcedo Segura (salvo voto) Pedro Elías Serrano Abadía, Femando Uribe Restrepo (salvo el voto); Darío Velásquez Gaviria (con salvedad parcial de voto).

Rafael Reyes Negrelli

Secretario

salvamento de voto

Hemos dicho en numerosas ocasiones que la simple derogatoria del precepto acusado por inconstitucionalidad no excusa a la Corte de hacer un pronunciamiento de fondo, bajo el pretexto de inexistencia de objeto sobre el cual resolver o de la llamada "sustracción de materia".

Lo creemos por las siguientes razones:

1° Porque así como el Constituyente no le confiere a la Corte la defensa de algunos textos de la Carta Política, dejando en el desamparo a los demás, sino que le atribuye la tutela integral de todos sus preceptos, tampoco exige el Constituyente que para que la Corte pueda pronunciarse sobre la validez de una norma tachada de inconstitucionalidad esa norma se halle vigente al tiempo de tal pronunciamiento, pues al contrario, prevé implícitamente que la guarda completa de la Carta debe ejercerse en todo momento y en todo lugar, cuando se presente o se haya presentado un desconocimiento de sus dictados por actos de rango inferior al constitucional;

2° Porque la simple derogatoria de una norma no hace desaparecer como por arte de encantamiento los efectos que ya haya producido. Y si ella es contraria a la Constitución Política, fatalmente perdurarán tales efectos si la Corte se abstiene de resolver sobre su ortodoxia por estar derogada. Entonces, si es axioma jurídico que no puede haber derechos adquiridos cuando se contradigan dictados de la Carta, ¿cómo puede admitirse la permanencia de supuestos derechos que surjan de una ley inconstitucional, por haberse abolido ella.

3° Porque la misma Corte Suprema, con fundamento en reflexiones semejantes a las anteriores, ha admitido que debe pronunciarse sobre la exequibilidad de preceptos sin vigencia cuando ellos hacen parte de decretos expedidos en ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 121 y 122 de la Constitución. Pueden leerse sobre el tema los fallos pronunciados por la Sala Plena el 20 de octubre de 1977 y el 28 de febrero de 1983 (caso del Decreto Legislativo número 3747 de 1982), entre otros.

4° Porque si tal dijo la Corte en cuanto al juzgamiento de reglas dictadas dentro de períodos de anormalidad institucional previstos por los mencionados artículos 121 y 122 de la Constitución, no puede existir argumento serio y valedero para que esa misma tesis no sea predicable en cuanto a preceptos expedidos dentro del régimen normal u ordinario de nuestras instituciones, consagrado por la Carta Política.

5° Porque solamente cuando la norma derogada no alcanzó a tener vigencia ni, por ende, a producir efectos, puede admitirse que la Corte carece de materia o de objeto sobre el cual pronunciarse, y así lo aceptamos nosotros.

6° Porque de acuerdo con las argumentaciones anteriores, no puede sensatamente creerse que en estos casos la Corte ejerce un simple "magisterio moral", romántico, teórico e idealista sin consecuencias prácticas en la vida júridica, ya que, al contrario, cuando la Corporación decide sobre la exequibilidad de un texto derogado pero que rigió, cumple apenas de manera cabal el deber de preservar en todo tiempo y lugar la intangibilidad plena de la Carta Política, como confió el Constituyente que lo hiciera cuando le encomendó, sin cortapisa alguna, tan sagrada y trascendental obligación.

Como en esta oportunidad la mayoría de la Sala decidió proferir sentencia inhibitoria y no de fondo, disentimos de ella por las razones que hemos expuesto.

Fecha, ut supra

Juan Hernández Sáenz, José Eduardo Gnecco C., Jorge Salcedo Segura, Fanny González Franco, Fernanado Uribe Restrepo, Alvaro Luna Gómez, Gustavo Gómez Velásquez, Darío Velásquez Gaviria, José María Esguerra Samper.