300Corte SupremaCorte Suprema30030001025Luis Carlos Sáchica197928/06/1979Luis Carlos Sáchica_1979_28/06/197930001025LIBERTAD DE TRABAJOS. MONOPOLIOS. LIBERTAD DE EMPRESA. Exequible el artículo 390 de la Ley 9 de 1979. Corte Suprema de Justicia . - Sala Plena . Bogotá, D. E., 28 de junio de 1979. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica . Aprobada por Acta número 19. Antecedentes 1979
Celso Jaime Erasso OrtegaDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 390 de la Ley 9 de 1979Identificadores30030001026true72865Versión original30001026Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 390 de la Ley 9 de 1979


LIBERTAD DE TRABAJOS. MONOPOLIOS. LIBERTAD DE EMPRESA.

Exequible el artículo 390 de la Ley 9 de 1979.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.

Bogotá, D. E., 28 de junio de 1979.

Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.

Aprobada por Acta número 19.

Antecedentes

En escrito presentado el 16 de marzo del año en curso, al cual se le dio la tramitación que ordena el Decreto 432 de 1969, el ciudadano Celso Jaime Erasso Ortega solicitó la declaración de inexequibilidad del artículo 390 de la Ley 09 de 1979, que dice:

"Toda leche tratada en plantas de enfriamiento deberá destinarse a la pasterización. Se prohíbe expenderla al público directamente"

El actor estima que la transcrita disposición es contraria a los artículos 17, 31 y 32 de la Constitución. Al primero, porque la norma acusada "en vez de prestarle al trabajador, lo desproteje y excluye la protección, limitando únicamente al favorecimiento de un exiguo grupo de empresarios capitalistas de la pasterización, ya que toda ley según mis modestos conocimientos jurídicos debe buscar el bien común, que para el caso sería los millones de trabajadores que en forma lícita y desde miles de años comercian con leche cruda". Es incompatible con el artículo 31 "por cuanto, si no se permite en el país vender la leche cruda enfriada, se está encausando a la empresa de la pasterización, coadyuvando así al monopolio privado en beneficio exclusivista de unas pocas personas que en la actualidad son las que detentan el poder de la pasterización, por circunstancias de capital y de acaparamiento del mercado". Y viola el artículo 32, "en razón a que permite únicamente la existencia de la empresa pasterizadora y desaparece con esta ley la empresa de enfriamiento de leche, pierde su objetivo que es el de vender leche enfriada directamente al público, y como se dijo anteriormente toda empresa de pasterización debe tener planta de enfriamiento''.

Por su parte, el señor Procurador General de la Nación en el concepto número 366 del 3 de mayo del presente año sostiene la constitucionalidad de la disposición demandada, apoyándose en que se trata de una norma de orden público que se ajusta a la competencia constitucional del legislador, y que ''la misma Carta Política obliga también al Estado a proteger a todos los habitantes del territorio nacional, en su vida y de consiguiente en su salud y su bienestar psicofísico, bienes esenciales a la propia existencia del conglomerado social".

"De manera que aún suponiendo que el precepto impugnado afecte o disminuya las posibilidades de trabajo de algunas personas, como lo alega el demandante, no por ello resulta inconstitucional por violación del canon precitado"

Agrega que: ''Cuando el actor afirma que la norma acusada implica un monopolio privado y por ello viola el artículo 31 de la Constitución, se está refiriendo a la institución del privilegio, a la que alude el inciso tercero de ese canon para disponer que sólo podrán concederse los relativos a inventos útiles y a vías de comunicación", pero tal concepto envuelve el derecho a una exclusividad, ventaja que no se presenta en este caso.

Consideraciones de la Corte

La norma acusada contiene dos disposiciones complementarias:

a) Obliga a que toda leche tratada en planta de enfriamiento forzosamente debe pasterizarse, y

b) Como consecuencia de lo anterior, la leche enfriada, no pasterizada, no puede venderse al público directamente.

Entendida así, la aplicación correcta de dicha norma tiene como efecto inmediato el de que quienes someten a enfriamiento la leche, no pueden venderla al público, y deben destinarla forzosamente a la pasterización.

Esta disposición aspira, pues, a mejorar la calidad de la leche que se consuma, por razones de salubridad, objetivo lógico ya que la Ley 09 de 1979 a la que pertenece la disposición demandada es el estatuto sanitario nacional.

Se trata, pues, en primer término, de determinar si aquella restricción es contraria a las disposiciones constitucionales que establecen la protección al trabajo, la garantía de la iniciativa privada y de la libre empresa, así como a la libertad de industria y comercio y a la prohibición de los monopolios.

En este orden de ideas, como primera cuestión, ha de aclararse que la disposición acusada no pretende establecer directa ni indirectamente un monopolio, en sentido estricto, pues contiene simplemente una medida policiva de salubridad o higiene pública que, en ningún caso, puede tener aquella consecuencia secundaria en el plano económico. Asimismo, no concede tampoco un privilegio de aquellos que autorizan otorgar la Constitución y la Ley, como lo hace notar el Procurador en su concepto.

Es cierto, en cambio, que la disposición impugnada afecta la comercialización o mercadeo libre de la leche, y por ello mismo, a quienes están dedicados a esta actividad en los pasos anteriores al proceso de pasterización y a los propios productores.

Pero toda libertad es restringida. La condicionan siempre la libertad de los otros y el interés social, el bien común. De que se prohíba, por razones de higiene, vender para el consumo humano leche enfriada sin pasterizar y que, por ello, puedan quedar privados de su actividad quienes la expendían; de lo cual no resulta violación constitucional alguna, ya que la ley sanitaria es apenas cumplimiento del deber estatal de dar protección a la vida y prevenir los efectos nocivos que para ella tenga algún producto, y también ejercicio de su poder interventor en la producción, distribución y consumo de bienes, mediante el señalamiento de calidades de cualquiera mercancía que, como la exigida en este caso, la califica como apta para el consumo humano.

Además, el pasterizador de leche, no es único, ni tiene privilegio legal; debe competir con los demás pasterizadores existentes y con quienes instalen nuevas plantas para este procesamiento. Luego el artículo acusado no afecta la iniciativa privada que sigue siendo plena en este campo, ni la pluralidad y concurrencia de industriales y comerciantes de la leche, obligados a competir en el mercado abierto.

Es por esto, se repite, que no puede hablarse de monopolio, ni de privilegio, en tanto los efectos de la norma acusada no son los de conceder la exclusividad de la pasterización de la leche o su comercialización solo a unos pocos, puesto que deja abierta la posibilidad de que cualquiera pueda ejercer esas actividades.

De otra parte, la protección al trabajo proclamada por el artículo 17 de la Constitución se traduce en la legislación laboral creadora de los derechos y garantías de los trabajadores, en forma general, y no puede entenderse referida a un grupo de trabajadores, en una actividad específica, que a su vez tampoco se puede convertir en intangible y privilegiada, debiendo prevalecer el interés público representado por la salubridad, sobre el interés privado de un sector del comercio de la leche, según la pauta prescrita por el artículo 30 de la Constitución.

La Corte no encuentra, pues, que el artículo 390 de la Ley 09 de 1979 viole ningún precepto constitucional y, por eso, con base en el estudio de su Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación, lo declara exequible.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José María Esguerra Samper

Presidente.

Jerónimo Argáez Castello, Jaime Bernal Cuéllar, Dante Fiorillo Porras, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Gómez Uíribe, Alvaro Luna Gómez, Alberto Ospina Botero, Hernando Rojas Otálora, Luis Sarmiento Buitrago, Ricardo Uribe Holguín, Gonzalo Vargas Rubiano, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón Botero, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz, Humberto Murcia Ballén, Luis Enrique Romero Soto, Luis Carlos Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Fernando Uribe Restrepo, José María Velasco Guerrero.

Carlos Guillermo Rojas Vargas

Secretario General.