300Corte SupremaCorte Suprema30030000750Luis Carlos Sachica197805/04/1978Luis Carlos Sachica_1978_05/04/197830000750INTERVENCION ECONOMICA La ley que desarrolla el artículo 32 ha de circunscribir exactamente los límites de la facultad que ordena ejercer. Se trata de una competencia del legislador, como parte del Estado, que le permite señalar una política económica que debe aplicar y cumplir el Ejecutivo. Exequibilidad del artículo 17 de la Ley 155 de 1959, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, D. E., abril 5 de 1978. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica. Aprobada por Acta número 11, abril 5 de 1978. 1978
Jorge Humberto Botero ALA EXEQUIBILIDAD DEL ARTICULO 17 DE LA LEY 155 DE 1959Identificadores30030000751true72579Versión original30000751Identificadores

Norma demandada:  LA EXEQUIBILIDAD DEL ARTICULO 17 DE LA LEY 155 DE 1959


INTERVENCION ECONOMICA

La ley que desarrolla el artículo 32 ha de circunscribir exactamente los límites de la facultad que ordena ejercer. Se trata de una competencia del legislador, como parte del Estado, que le permite señalar una política económica que debe aplicar y cumplir el Ejecutivo. Exequibilidad del artículo 17 de la Ley 155 de 1959, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. -Bogotá, D. E., abril 5 de 1978.

Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.

Aprobada por Acta número 11, abril 5 de 1978.

En ejercicio de la acción establecida en el artículo 214 de la Constitución, el ciudadano Jorge Humberto Botero A., solicitó en escrito presentado el 7 de noviembre de 1977, que la Corte declare inexequible el artículo 17 de la Ley 155 de 1959.

El siguiente es el texto de la disposición acusada:

"LEY 155 DE 1959

"(diciembre 24)

"por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas.

"El Congreso de Colombia

"Decreta:

"Artículo 17. En cumplimiento del artículo 32 de la Constitución Nacional, el Ejecutivo podrá intervenir en la fijación de los precios con el fin de garantizar tanto los intereses de los consumidores como el de los productores y comerciantes. La fijación de precios podrá realizarla el Gobierno, como una de las medidas que se tomen con base en la investigación que se haya verificado de acuerdo con esta Ley, y para los productos o servicios de la empresa objeto de la investigación.

"Igualmente el Estado podrá adoptar las siguientes medidas:

"a) Fijar un plazo perentorio para que cesen las prácticas, sistemas o procedimientos prohibidos;

"b) Someter a la empresa o empresas cuyas prácticas se investigan, a la vigilancia de la respectiva entidad encargada del control, por un tiempo determinado, en cuanto a su política de producción, costos, distribución y precios, y con el solo fin de comprobar que la empresa o empresas acusadas no continúan ejerciendo las prácticas comerciales restrictivas que dieron lugar a la investigación".

(Diario Oficial número 30138 del 22 de enero de 1960).

El actor considera que la disposición transcrita infringe el artículo 32 de la Constitución, por cuanto no contiene completo el mandato del legislador que este artículo señala como presupuesto de las medidas de intervención económica. Igualmente, estima que hay violación indirecta del artículo 55 del mismo estatuto que establece la separación funcional entre las Ramas del Poder Público, pues la ley de que hace parte la norma acusada "acarrea una abdicación del legislador a la función legislativa indispensable para que el artículo 32 de la Constitución pueda ser desarrollado", función que resulta ilegítimamente transferida al Gobierno. Además, afirma que vulnera el artículo 76 del mismo estatuto en mención, cuyo encabezamiento sienta que "corresponde al Congreso hacer las leyes", en tanto esta tarea fue pretermitida por la norma impugnada al dar al Gobierno "una autorización genérica, abstracta e ilimitada para intervenir la economía en su aspecto más crucial: la determinación de precios de bienes y servicios".

La Corte es competente para conocer de esta demanda, al tenor del numeral 2° del artículo 214 de la Constitución. Tal demanda fue admitida en providencia del 16 de noviembre de 1977, y se le dio el trámite previsto en el Decreto 432 de 1969.

Concepto del Procurador.

El señor Procurador General de la Nación rindió el concepto número 314 del 23 de enero de 1978, en el cual se concluye que la acusación de inconstitucionalidad no es fundada, porque el mandato legal para intervenir la economía debe ser flexible, y el otorgado por la disposición acusada no adolece de vaguedad, como lo confirma el Decreto reglamentario de la Ley 155 de 1959, que se distingue con el número 3236 de 1962.

Consideraciones de la Corte.

El sistema económico colombiano, como se configura en las disposiciones constitucionales, es mixto. De una parte, garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada y, de otra, las restringe y condiciona a las limitaciones impuestas por el bien común y la dirección general de la economía que compete al Estado. Se trata, pues, en el orden doctrinario, de un sistema inspirado en el individualismo liberal, atenuado por principios políticos de contenido social y por razones técnicas de racionalización de estas actividades.

En la propia Constitución se encuentran aplicaciones de este criterio moderador de los principios individualistas mediante los cuales se procura hacer compatibles las dos orientaciones, tales como la regulación del ejercicio de las profesiones, la posibilidad de establecer monopolios estatales, la concesión de privilegios respecto de inventos útiles y vías de comunicación, las restricciones del derecho de propiedad privada, las limitaciones a la producción y consumo de licores y bebidas fermentadas, y la revisión y fiscalización de tarifas y reglamentos en las empresas de servicios públicos.

Los instrumentos complementarios de ese dualismo en la prescriptiva constitucional son la intervención estatal en la economía, y dentro de ella las regulaciones monetarias, tributarias, crediticias, del ahorro, del cambio y el comercio internacional, el gasto y la deuda públicos, así como la planificación del desarrollo económico.

La facultad de intervención consagrada en el artículo 32 de la Constitución es de gran amplitud. Comprende tanto los bienes como los servicios públicos y privados y alcanza por igual su producción, distribución, utilización y consumo, amplitud acorde con el principio de que la dirección general de la economía corresponde al Estado.

Así mismo, no se trata de una intervención ocasional ni facultativa. Es un imperativo constitucional, de obligado ejercicio y, por lo mismo, de acción continuada.

La facultad interventora es consecuencia de una evolución doctrinaria. El liberalismo individualista enmienda así las fallas de la aplicación pura de las presuntas leyes naturales que regirían, según sus doctrinantes, las relaciones económicas, por modo automático, espontáneo, que generaría un orden armonioso y de progreso indefinido.

La intervención es, precisamente, uno de los instrumentos que racionaliza la actividad económica, pautándola, programándola, corrigiendo los inconvenientes de la iniciativa privada y la libre empresa aplicadas en toda su pureza.

Pero el intervencionismo estatal supone la existencia de una economía de mercado, con iniciativa de los particulares, libre empresa concurrente y propiedad privada. Son esos sus límites lógicos y jurídicos. Desconocerlos equivaldría a estatizar la economía, transformación no autorizada constitucionalmente.

De donde, la ley que concreta y desarrolla el artículo 32 al impartir el mandato para que el Estado intervenga, ha de circunscribir exactamente los límites de la facultad que ordena ejercer, determinando cuándo se interviene, a quiénes, respecto de qué actividades, en qué sentido, de qué manera y, obviamente, respetando las finalidades previstas constitucionalmente para la intervención.

La intervención es competencia constitucional que el legislador no puede dejar inerte, que debe poner en acto, actualizar. Pero el legislador no está limitado a la autorización de una intervención indefinida, inconcreta, atribuyendo su propia y total capacidad interventora, en una especie de traslado global de su competencia al Gobierno, quien quedaría investido de una iniciativa incondicional.

Los términos del artículo 32, "por mandato de la ley", no son simplemente un condicionamiento formal del ejercicio de una competencia ejecutiva. Por el contrario, indican que se trata de r.na competencia del legislador, como parte del Astado, que le permite señalar una política económica que debe aplicar y cumplir el Ejecutivo, interpretación que es la acorde con la distribución de funciones entre las Ramas del Poder.

La iniciativa de la intervención es potestad legislativa del Congreso. Implica no sólo la capacidad para decidir qué y cuándo se interviene, sino cómo y para qué se interviene. El órgano para realizar el mandato intervencionista es el Ejecutivo. Su función específica es la de cumplir y hacer cumplir las leyes. Según esto, los decretos que desarrollan las leyes sobre intervención económica, son de la naturaleza y valor que tienen los previstos en el ordinal 11 del artículo 76 de la Constitución, cuando el Congreso auto riza al Gobierno, mediante ley, para "ejercer otras funciones dentro de su órbita constitucional", que para este caso es la general de ejecutar la ley.

Además, la facultad interventora otorgada por el legislador es de ejercicio indefinido en el tiempo, a menos que la ley lo limite expresamente.

Para el caso que se está examinando, si se analiza rigurosamente la disposición acusada poniéndola en relación y concordancia con las demás de la misma Ley 155 y dentro de la técnica y orientaciones de toda su prescriptiva, se encuentra lo siguiente:

a) La Ley 155 tiene como enunciado de su contenido éste: "Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas", título que acota exacta y específicamente su materia y finalidad, sin que dé lugar a prescripciones extensivas a otros conexos o afines, y

b) Todas las disposiciones de la Ley 155 se refieren a prohibiciones, medidas, controles y sanciones, referidas a combatir las formas de limitación indebida de la libre competencia, en interés tanto de los productores como de los consumidores de bienes y servicios.

De esto resulta que la Ley 155 es una ley especial, reguladora de una materia y solo de esa materia. De consiguiente, la aplicación de todas sus disposiciones es forzoso referirla al campo específico que regula. Por esto, no es posible, como lo plantea el actor, entender que el artículo acusado tiene dos preceptos con ámbitos de aplicación diferente.

Pe acuerdo con este entendimiento, el del demandante, la primera parte del artículo 17 citado, sería una norma de carácter general que autoriza al Ejecutivo para intervenir en la fijación de precios, con fundamento en el artículo 32 de la Constitución. Se trataría de una facultad inconstitucional que permitiría establecer un control de precios total. Y la segunda parte del artículo, una aplicación restringida del control de precios a los productos y servicios de las empresas investigadas por violación de la Ley 155.

La Corte, cree, por el contrario, que la disposición acusada debe entenderse como una unidad normativa cuyos preceptos tienen igual alcance e implicaciones y que, además, deben referirse e integrarse con las otras prescripciones de la Ley 155. Es decir que el artículo 17 en mención no origina un control general de precios, pues esa no es materia ni finalidad de la Ley 155. Simplemente, se dirige a autorizar el ejercicio de la potestad estatal de intervención en la economía, en relación concreta con los casos de prácticas restrictivas del comercio contrario a los principios constitucionales del artículo 32 y concordantes, intervención que se realiza entre otros mecanismos con la fijación de precios hecha por el Ejecutivo.

De todo lo cual se deduce que la invocación del artículo 32 de la Constitución en la parte inicial del artículo 17 de la Ley 155, era necesaria en cuanto en el momento de la expedición de ésta, la disposición primeramente citada condicionaba toda intervención a previo mandato del legislador. Mandato que se enlaza con la segunda parte del artículo al decir: "…La fijación de precios (la acabada de facultar, se anota), podrá realizarla el Gobierno como una de las medidas…". Esta parte del artículo 17 concreta el campo de aplicación de la primera y así lo indica el artículo definido "la" con que se inicia aquella.

Se dice con esto, que no hay infracción del artículo 32 mencionado, ya que el mandato para intervenir fue precisado rigurosamente, al limitarlo a los casos de violación de la Ley 155.

De esa conclusión, se deduce así mismo, que no hay tampoco violación del principio de separación de funciones entre las Ramas del Poder Público, consignado en el artículo 55 del estatuto constitucional, porque no hubo traslado global de la competencia interventora del Congreso al Gobierno, pues éste solo quedó investido de autorización para fijar precios en casos particulares de investigación de prácticas comerciales restrictivas, contrarias al libre funcionamiento del mercado.

Igualmente, la disposición acusada no desconoce el precepto del artículo 76 de la Constitución que confiere al Congreso la facultad de "hacer las leyes", porque la Ley 155 es ejercicio pleno de esa competencia en el campo que regula, sin que se la pueda tachar de incompleta al referir injustificadamente su normación a campos distintos a los fijados en ella misma.

Además, el literal b) del mismo artículo acusado repite la autorización para intervenir los precios de las empresas investigadas con base en la Ley 155, restringiéndola a tales empresas y solo para "comprobar que la empresa o empresas acusadas no continúan ejerciendo las prácticas comerciales restrictivas que dieron lugar a la investigación", con lo cual se reitera que el artículo 17 es una unidad normativa irrompible y gana precisión el mandato legislativo para intervenir, de acuerdo con el artículo 32 de la Carta.

Confrontada la disposición acusada con las demás de la Constitución, la Corte no encuentra violación de ninguna de ellas.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, oído el Procurador General de la Nación y, con base en el estudio hecho por la Sala Constitucional, declara exequible el artículo 17 de la Ley 155 de 1959.

Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Judicial y archívese.

Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez Castello, Jesús Bernal Pinzón y Fabio Calderón Botero, Hernando Bojas Otálora, Germán Giraldo Zuluaga, Guillermo González Charry, José Eduardo Gnecco C., Ernesto Gamboa Alvarez, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Manuel Gutiérrez L., Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Dante Fiorillo Porras, Luis Enrique Romero Soto, Fernando Uribe Restrepo, Luis Carlos Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando Tapias Rocha, Ricardo Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.

Luis H. Mera

Secretario.

DEMANDA

del ciudadano Jorge Humberto Botero, contra el artículo 17 de la Ley 155 de 1959.

Aclaración de voto de Fernando Uribe Restrepo.

Considero que es mi obligación aclarar el voto favorable al fallo de la referencia con todo el respeto debido, pues si bien comparto sin reservas su declaración final, las tengo de fondo en relación con las consideraciones generales sobre el artículo 32 de la Constitución Nacional.

Mi discrepancia es puramente teórica pero creo que está lejos de ser bizantina: el enfoque doctrinal de la citada norma constitucional, sin duda la más importante en nuestra Carta en materia de filosofía social y política, no es asunto de poca monta ni meramente académico. Sigue siendo cierto como ley histórica que las ideas terminan por imponerse, y otros han dicho que nada hay más práctico que una buena idea. Subestimar una situación con visos académicos del artículo 32 sería incurrir en un pragmatismo peligroso. Tampoco creo que el tema deba ser tratado únicamente como un problema jurídico, económico o político ya que en último término se trata de un trascendental problema filosófico, terreno al que se llega necesariamente si se quiere profundizar en esta materia.

Para explicar el alcance del artículo 32 de la Carta, las consideraciones del fallo con las cuales discrepo se orientan básicamente a registrar su origen histórico, próximo y remoto, y pretende encontrarlo en el movimiento pendular de doctrinas puras y extremas, en relación dialéctica. Los orígenes de la norma, según el fallo, se hallan en el enfrentamiento histórico del individualismo liberal o liberalismo individualista con el socialismo estatizante o colectivista.

Estas tesis extremas están ya superadas y en su estado puro son hoy verdaderas entelequias. Pueden hoy tal vez sustentarlas idealistas románticos o reaccionarios a ultranza, pero en la realidad socio-política sólo parece quedar de tal enfrentamiento una guerra fría de prepotencia política internacional. En el terreno socio-jurídico se habla hoy, con propiedad y realismo, de un "capitalismo social" que acepta el intervencionismo y la racionalización de la economía, y de un "socialismo capitalista" consciente y respetuoso del aporte de los individuos y de los grupos particulares al desarrollo socio-económico.

El enfoque histórico que me permito criticar sirve sin duda para explicar el artículo 32 de la Constitución, como producto contingente que fue de compromisos y transacciones entre matices distintos, no muy claros ni explícitos. Dicho enfoque, por lo mismo -a mi modo de ver- en lugar de iluminar e ilustrar tan importante norma constitucional, contribuye a hacerla confusa. El artículo 32 es ciertamente un híbrido en su origen, pero no necesariamente dicotómico para el intérprete. La confusión de ideas y de sistemas, implícito en su origen histórico, de consagrarse como criterio de interpretación, conduciría tan solo al caos institucional institucionalizado, al escindir la norma de dos teorías contradictorias y extremas, en equilibrio inestable. Este caos fue el proceso pero no es necesariamente el resultado. Puede ser el hecho histórico, pero no debe ser la doctrina ni el derecho.

Personalmente considero que no es conveniente para el país que la honorable Corte consagre esa peligrosa dicotomía, como resulta a mi modo de ver de la parte motiva del fallo en referencia, cuando afirma y repite "dualidad", "dualismo", "sistema mixto", etc., insinuando que allí está el espíritu de la norma. Es bien posible y aún necesario que el Derecho en este caso cumpla una función de síntesis, más constructiva y orientadora, lo cual se logra con perfecta lógica y con solidez conceptual si el artículo 32 es interpretado teleológicamente, utilizando el concepto básico de bien común, que en el fallo tan solo tangencialmente se cita. En este concepto orgánico y objetivo se superan cabalmente los extremos de individualismo y colectivismo y en él se encuentran su causa y justificación tanto el concepto finalista de intervención como el valor social intrínseco de la libre empresa y de la iniciativa privada.

El individualismo (liberalismo económico) coincide con el socialismo clásico (incluye el comunismo), en considerar únicamente los aspectos materiales del desarrollo económico. Se ha dicho que el liberalismo aún subsiste en un mundo en crisis precisamente porque ha tenido la inteligente estrategia de concederle una gran importancia al bien común externo para efectos de la política social y económica (Arthur Fridolin Utz, Etica Social, ed. Herder, 1961, pág. 181). Sin embargo, esta noción ya ha sido superada a base de conceptos tales como el desarrollo integral" o sea el desarrollo económico íntimamente ligado a la justicia social, ideas que el mismo artículo 32 tuvo el gran acierto de consagrar expresamente.

Otras expresiones contiene el precitado artículo 32 que podrían ser objeto de un entendimiento armónico, fecundo en la doctrina, profundo en el significado, aunque tampoco hayan tenido semejante alcance en el pensamiento del Constituyente de 1968.

La intervención "para dar pleno empleo a los recursos humanos y naturales" por ejemplo, podría tener un principio desafortunado saber materialista al equiparar la utilización de los recursos naturales con el trabajo humano. Este implica deberes y derechos que le dan una dimensión extra-económica en armonía con el "bien común" y la justicia social" de que habla la misma norma.

La "justicia social", por otra parte, no es un concepto que puede limitarse a lo económico o a lo socio-laboral. Es noción mucho más amplia que se aplica a individuos, instituciones y comunidades menores, en sentido de aportación o contribución y de participación o beneficio frente al bien común, en el fuero privado y en el público, en el campo biológico, psicológico, cultural, espiritual, etc. La justicia social es algo que compete a todos, en muchos campos y que desborda por lo tanto la misma esfera de la autoridad política.

El primer proyecto del artículo 32 que presentó el Gobierno al Congreso constituyente en 1968 hablaba de la intervención del Estado, por mandato de la ley "…para racionalizar y planificar la economía, a fin de lograr el desarrollo económico" (subrayo). En esa época, en artículo publicado en varias revistas, me permití criticar la propuesta indicando que era jurídicamente peligroso atribuirle al Estado como fin propio "el de lograr el desarrollo económico", pues se desconocía así el principio de subsidiaridad. Como el verdadero desarrollo económico implica problemas sociales y humanos, no se le puede atribuir únicamente a un Estado fuerte sin poner en peligro los valores propios de la persona humana que son la finalidad última del derecho, del Estado y de toda política económica .y social de orientación cristiana.

Indiqué en ese entonces que dentro de la teoría del desarrollo económico y sociológico se admite que las personas y los grupos han sido y tienen que ser agentes del desarrollo, tanto o más que el Estado mismo. Así ha sido, aún en procesos de crecimiento económico totalmente planificado como es el caso de la URSS, en donde los sindicatos y el partido comunista fueron canales eficaces para lograr la colaboración individual. El texto definitivo del artículo 32 suprime la expresión analizada y se limita a indicar que intervendrá el Estado, "dentro de una política de ingresos y salarios, conforme a la cual el desarrollo económico tenga como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad, y de las clases proletarias en particular".

Pese a la redundancia, pues no hay verdadero desarrollo sin justicia social, y pese a la licencia sociologista y clasista, el texto final y vigente permite que la doctrina desarrolle el concepto de justicia social, en armonía con las nociones de bien común y desarrollo integral, dentro de las modernas interpretaciones del Derecho Natural de inspiración cristiana.

Este enfoque jusnaturalista podría darle nueva vida y mayor solidez al Título III de la Carta sobre derechos civiles y garantías sociales, y especial sentido al artículo 16 sobre "los deberes sociales del Estado y de los particulares", al 17 sobre el trabajo como "obligación social" y al 30 sobre primacía del interés público o social y sobre la propiedad como función social.

La exégesis simple del texto, causa de mi disentimiento con el fallo de la referencia, analiza el contenido material del artículo 32 en sus aspectos formal, modal e instrumental, pero poco o nada dice de sus fecundas dimensiones en el campo doctrinal y teleológico.

Dentro de las inevitables limitaciones de la presente aclaración -objetivas y subjetivas-, faltaría en materia grave si por lo menos no intentase explicar qué entiendo por bien común y por Derecho Natural, conceptos imprecisos y equívocos fuera de su contexto filosófico propio, susceptibles por lo tanto de tergiversación y abuso mientras no se les defina con claridad.

El concepto del bien común es el más importante y transcendente para la noción de sociedad; es la razón de ser de la unión social, la justificación de la autoridad, y el elemento que permite colocar a la sociedad en el orden teleológico más bien que en el ontológico, por lo cual el derecho natural no es naturalismo.

El bien común, en general, es el bien comunicable, difusivo, del cual todos pueden participar. Se opone al bien particular que no puede comunicarse porque un solo individuo lo posee en forma exclusiva, intrasferible. El bien común, llamado también "bien de naturaleza" es superior al bien particular, por la misma razón de que aquél es comunicable, es bien o fin para muchos, y éste no.

El bien común, utilidad común o bien social, es una noción objetiva y real, sin ser una noción material. No consiste en una colección o almacenamiento de aportes, sino básicamente en un perfeccionamiento social, más cualitativo que cuantitativo. El bien común, por otra parte, llega a los individuos como un suplemento o complemento de sus esfuerzos y realizaciones personales, y no en la forma material de distribución de bienes ni en la forma mítica de divina providencia.

El bien común como fin de la sociedad implica dos funciones sociales elementales que la autoridad social debe realizar; una negativa que consiste en superar los obstáculos que se oponen a su realización mediante el establecimiento de un orden social externo, y otra función positiva para procurar y asegurar el mejorestar de los asociados.

El bien común es "actual" porque sólo puede decirse que existe cuando se actualiza en los individuos, cuando revierte en ellos. En consecuencia no puede confundirse con los bienes, las riquezas, las instituciones y demás recursos sociales, que nada valen por sí mismos mientras no los aprovechen la totalidad de los individuos. Sistemas económicos, legales, educacionales, higiénicos, policivos, etc., tienen tan solo un valor instrumental que solo se realiza con la eficacia masiva. De allí que el bien común sea esencialmente una noción vital y dinámica.

El bien común es además un "orden". Precisamente puede definirse como "el orden de la sociedad en el cual cada miembro tiene la posibilidad de desarrollar su verdadero ser mediante su participación en los frutos de la cooperación de todos" El contenido de la definición depende, claro está, de cuál sea el verdadero ser del hombre, problema científico de antropología filosófica y no religiosa o confesional conforme los prejuicios positivistas, aún tan extendidos, conducirían a creer.

El orden del bien común implica una participación desigual -absolutamente hablando- de cada uno^ de los miembros en los frutos de la cooperación social. O, lo que es lo mismo, implica una igualdad relativa. Igualdad, porque todos los hombres tienen una misma naturaleza y unos fines comunes; y además, porque el bien común exige la participación de todos y cada uno, y debe actualizarse también en todos. Pero esta participación es igual sólo relativamente ya que las circunstancias personales de cada uno son distintas y de ellas depende la contribución y el aprovechamiento del bien común. Una igualdad completa o absoluta con respecto al bien común no es deseable ni posible.

En resumen, el bien común es un orden que supone la igualdad relativa o proporcional tanto en la contribución como en la participación de todos los miembros de la comunidad. Igualdad proporcionada a las necesidades y a las capacidades de cada uno.

El bien común se construye gracias a los esfuerzos, a las realizaciones personales, que es necesario armonizar. Esta armonización corresponde a la autoridad social, que por lo mismo es causa formal del bien común. La autoridad vigila, dirige, estimula y facilita la actividad libre de los asociados, motor del bien común. Las instituciones sociales, la cultura y los recursos de la comunidad en general, son instrumentos. El bien común en sí mismo tiene razón de fin, pero solo cuando se actualiza en el individuo. En otras palabras, el fin del bien común es actualizarse en las personas.

De la doctrina hasta acá sintetizada se deducen, entre otras muchas conclusiones de importancia, las siguientes: El bien común verdadero no se puede conseguir a costa del sacrificio de la mayoría de los asociados, ni existe realmente mientras esa mayoría no participe en él, en contra de la opinión sostenida por teorías transpersonalistas o totalitarias. En segundo lugar se concluye que cuando una comunidad resulta absolutamente incapaz de lograr el bien común que les es propio, debe desaparecer como comunidad. Finalmente debe anotarse como conclusión de especial importancia que como el bien común es subordinado o auxiliar, como no es fin en sí mismo y debe actualizarse en los individuos, toda autoridad absoluta o despótica lo contradice, lo imposibilita.

El interés público se puede oponer al privado y el interés general al particular, y en igualdad de condiciones, como es obvio, se impone al interés comunitario. El bien común en cambio no se opone a nada porque lo abarca todo. Exige grandes sacrificios, es cierto, pero a causa de la jerarquía objetiva de los bienes y no como resultado de la lucha de intereses.

Retornando al artículo 32 de la Carta debe anotarse como gran acierto la afirmación de que el bien común es límite de derechos que allí mismo se consagran (libertad de empresa e iniciativa privada). Es admitido que una de las características esenciales del bien común es ser jurídicamente normativo. Sin embargo, el verdadero valor del bien común como norma jurídica es el de limitar Id autoridad del Estado. El texto del artículo 32 no excluye esta interpretación.

No es lógico contraponer el bien común a los bienes y derechos particulares e individuales, si es cierto, como antes se afirmó, que éstos son factor del bien común tanto o más que el Estado, y porque además el mismo bien común carece de toda realidad y justificación si prescinde del individuo. La finalidad o razón de ser del bien común, que es obra de la actuación de muchos, no es otra que actualizarse en las personas. Aún el bien común externo económico no existe realmente sino en cuanto beneficia a las personas. La persona es el principio y el término del bien común, en todos sus aspectos.

La "libertad de empresa" y la "iniciativa privada", son factores del bien común y son además derechos de la persona humana a la cual está ordenada la sociedad. Son derechos inalienables pero en ningún caso absolutos, limitados como están por el bien común o por su función social, dentro del estado de derecho. Contraponer el poder estatal de intervención a "los inconvenientes de la iniciativa privada y la libertad de empresa" es un enfoque simplista, a mi modo de ver.

El texto del artículo 32 no es afortunado cuando al garantizar derechos dentro de los límites del bien común, agrega: "…pero la dirección general de la economía estará a cargo del Estado" (subrayo). Parecería entonces que únicamente se está refiriendo al bien común externo económico, lo cual reduciría al mínimo el posible alcance doctrinal de esta referencia. La mención expresa de conceptos de tanto alcance como el de justicia social y el de desarrollo integral, sin embargo, llevan a una interpretación mucho más amplia de la noción del bien común, en buena hora incluida en nuestra Constitución.

Al anunciar la presente aclaración de voto a mis distinguidos compañeros de la Corte, indiqué que sería "de tinte jusnaturalista". Ahora, ante la irremediable seriedad de la palabra escrita, me siento en la obligación de explicar esquemáticamente cuál es la noción de derecho natural a la cual me refería, de las muchas posibles. Sin esta aclaración quedaría también incompleto el bosquejo que he intentado de la noción del bien común, como posible base para una interpretación sistemática del artículo 32.

Han sido muchos los avatares de esta noción poliforme y equivocada, con más de 25 siglos de tradición, especialmente desde cuando Grotius, jurista, laico y protestante, se apartó de la síntesis filosófica teológica de la Edad Media, sin otro propósito al parecer que el afán de encontrar un piso firme para el jus-gentium. Es entonces -anota Jacques Leclereq- cuando comienzan también las explicaciones confusas sobre la diferencia entre el derecho natural y la moral, particularmente entre la noción de equidad, que es considerada como jurídica, y la noción moral de justicia. (Del Derecho Natural a la Sociología, ed. Guadarrama, 1961, pág. 37).

Fue otro jurista, J. Gabin, quien puso el dedo en la llaga: si el derecho natural es lo que pretenden las escuelas que toman su defensa (después de Grotius, Pufendorf y Thomasius), hay que dejar de hablar de él. Si el derecho natural es moral, no es derecho. De este equívoco viene el carácter engañoso, lo engañoso irreductible de toda literatura consagrada al derecho natural (ibídem, pág. 128).

J. Gabin, con su idea del "derecho natural de aplicación variable mejora el concepto de Stammler (contenido variable) y el de Renard (contenido progresivo), y junto con Ripert inicia un retorno a la teoría clásica de Francisco Suárez sobre la ley y el derecho natural. Dentro de esta misma línea de renovación, y muy recientemente, se trabaja en la fenomenología del derecho natural, demostrando que el método fenomenológico y la correspondiente filosofía de la existencia no implican necesariamente un nuevo retroceso hacia el positivismo jurídico (Fenomenología del Derecho Natural. W. Luypen, ed. Lohlé, 1968).

Como es sabido nuestro derecho positivo establece que los principios de derechos natural han de servir para ilustrar la Constitución en casos dudosos, y que la equidad natural servirá "para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o incongruentes" (Ley 153 de 1887, Arts. 49 y 5 ). Es muy probable que el legislador de 1887, que fue el mismo constituyente, estuviera más cerca de Grotius que de Leclereq en su concepto sobre el derecho natural. De todos modos el principio continúa vigente y puede ser renovado y enriquecido.

Basten estas notas y referencias para ubicar el problema del Derecho Natural en la filosofía del derecho contemporáneo. Basten también para expresar mi desacuerdo con el fallo de que trata cuando cita como antecedente inmediato de una supuesta rectificación doctrinaria de nuestra Constitución, en 1968, las leyes naturales invariables que sirvieron a Adam Smith para sustentar su laissez faire y explicar ((la mano invisible", que haría feliz a los ciudadanos dentro de la democracia individualista y burguesa. Esta referencia histórica en mi concepto, muy poco tiene que ver con lo que debería ser la interpretación doctrinaria y finalista del artículo 32 de la Carta.

El Magistrado ponente del fallo de la Corte, de cuya motivación vengo discrepando, ilustre profesor y tratadista, se queja con toda razón de que el derecho constitucional colombiano "carece de un cuerpo doctrinario y teórico propio". "Los comentaristas se han limitado a la exégesis simple del texto de la Constitución, sin que hayan intentado una construcción teórica… (Luis Carlos Sáchica, Constitucionalismo Colombiano, 4ª edición. Temis, 1974, pág. 25).

El presente documento es apenas un tímido ensayo para subsanar en mínima parte esa deficiencia.

Fernando Uribe Restrepo.

Aclaración de voto.

Acogí la ponencia, que es brillante en todo, pero aclaro mi voto en el sentido de precisar que el artículo 32 del Código supremo, según la enmienda introducida por la reforma de 1968, no obliga al Congreso, en punto de intervención, cada vez que el Estado quiera ejercerla, a trasladar al Gobierno toda su capacidad interventora. Como el Constituyente de 1968 no quitó al Legislativo su competencia para intervenir directamente, a nombre del Estado, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral, estimo, como en otras ocasiones lo he dicho, que esa intervención la puede hacer el Estado por mandato de la ley a través del Ejecutivo o del propio Legislativo, por lo cual éste o aquél pueden ser órganos de la intervención. Y si bien es el Ejecutivo el que de ordinario cuenta con mejores instrumentos para llevar a cabo esa labor interventora precisada siempre en el mandato legal, nada se opone a que el mismo Legislativo intervenga directamente por medio de leyes, sin que se requiera que el Ejecutivo tenga que ser el ejecutor del mandato intervencionista. Por tal razón creo también que la facultad interventora otorgada al Ejecutivo por el legislador, no siempre es indefinida, pues si el propio Congreso entra posteriormente a regular la materia ya intervenida por aquél, cesa desde él mismo instante la facultad interventora del Gobierno en el campo regulador; de otro modo se presentaría él ejercicio simultáneo de una misma competencia por dos órganos diferentes y pares, lo que daría nacimiento a un inmediato conflicto de leyes insolubles.

No se puede, pues, arrebatar al Legislativo la facultad de intervención directa. No se le puede exigir que en todo mandato intervencionista tenga que delegarse al Ejecutivo necesariamente su desarrollo, todo sin perjuicio de la potestad reglamentaria que éste tiene.

Germán Giraldo Zuluaga.

Bogotá, abril 14 de 1978.