Sentencia de 1974

300Corte SupremaCorte Suprema30030000183Eustorgio Sarria197419/11/1974Eustorgio Sarria_1974_19/11/197430000183IMPUESTO SUCESORAL Se sustituyen los anteriores grav�menes sobre la masa global hereditaria, las asignaciones y las donaciones. - Constitucionalidad del Decreto legislativo n�mero 2143 de 1974. Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.- Bogot�, D. E., noviembre 19 de 1974. (Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria). I. El control constitucional. 1974

Se sustituyen los anteriores grav�menes sobre la masa global hereditaria, las asignaciones y las donaciones. - Constitucionalidad del Decreto legislativo n�mero 2143 de 1974.

1. La Secretar�a General de la Corte recibi� de la Presidencia de la Rep�blica, el d�a 5 de octubre del a�o en curso, copia aut�ntica del Decreto legislativo n�mero 2143 de 4 de octubre de 1974, d�ndose as� cumplimiento a lo dispuesto en el par�grafo del art�culo 122 de la Constituci�n.

2. Por auto de 7 de los corrientes, se orden� la fijaci�n en lista, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 14 del Decreto n�mero 432 de 1969.

3. Verificada la fijaci�n, no se present� escrito alguno de coadyuvancia o impugnaci�n del mencionado Decreto.

por el cual se sustituyen los impuestos sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donaciones.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el art�culo 122 de la Constituci�n Nacional y en desarrollo del Decreto 1970 de 1974,

Art�culo 1� En reemplazo de los anteriores grav�menes sobre la masa global hereditaria, las asignaciones y las donaciones, establ�cese un impuesto sobre las asignaciones por causa de muerte y sobre las donaciones entre vivos, el cual se denomina impuesto sucesoral y se rige por las siguientes disposiciones:

Art�culo 2� Las bases para liquidar el impuesto sucesoral son las siguientes:

1. En el caso de las asignaciones por causa de muerte, el valor que tengan los bienes adjudicados en la partici�n, dentro de los cuales deben incluirse las sumas provenientes de seguros de cualquier g�nero.

2. En el caso de donaciones o de remisiones entre vivos, el valor que tengan los bienes donados o remitidos. Dicho valor no puede ser inferior al fiscal que aparezca en la declaraci�n de renta y patrimonio del donante, por el a�o o per�odo gravable inmediatamente anterior. Si se hubieren adquirido durante el mismo a�o o per�odo gravable en que se efect�e la donaci�n o remisi�n, su valor no puede ser inferior al fiscal de adquisici�n, ni al que aparezca en la declaraci�n de renta y patrimonio de la persona de quien hubiere adquirido el donante, por el a�o o per�odo gravable inmediatamente anterior.

Art�culo 3� 1, La tasa aplicable a las bases de liquidaci�n, determinadas conforme al art�culo anterior, es del veinte por ciento (20%).

2. Cuando la asignaci�n por causa de muerte o la donaci�n entre vivos se hicieren a hermanas, la tarifa ser� del diez por ciento (10%).

Art�culo 4� 1. No causan impuesto sucesoral las asignaciones por causa de muerte ni las donaciones o remisiones entre vivos, cuando unas u otras se hicieren al c�nyuge, a los legitimarios del causante o a las personas que dependieren econ�micamente del trabajador, en el caso y condiciones del �ltimo inciso del ordinal e) del art�culo 204 del C�digo Sustantivo del Trabajo.

2. Tampoco se causa este impuesto en los casos de asignaciones por causa de muerte y donaciones hechas a:

a) La Naci�n, los Departamentos, las Intendencias y Comisar�as, los Municipios, el Distrito Especial de Bogot� y los Establecimientos P�blicos, y

b) Las entidades sin �nimo de lucro, tales como corporaciones, asociaciones, instituciones de utilidad com�n o fundaciones, siempre y cuando fueren de inter�s p�blico o social.

1. En el caso de asignaciones por causa de muerte, la sucesi�n y el asignatario, en lo concerniente a su asignaci�n individual.

2. En el caso de donaciones entre vivos, el donante y el donatario en lo concerniente a su donaci�n individual.

Art�culo 6� Para los efectos de este Decreto, se presumen donaciones entre vivos:

1. La enajenaci�n de bienes, directa o por interpuesta persona mediante uno o varios actos,, hecha a parientes, hasta del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y �nico civil.

2. Las enajenaciones hechas a favor de personas judicialmente declaradas en quiebra, dentro del a�o siguiente a la declaratoria.

4. Las daciones en pago que no consten en documento de fecha cierta y las cuales no se hubieren contra�do al menos con tres meses de anticipaci�n a esa fecha.

5. La adquisici�n de bienes de la cual se afirme se hizo a nombre de otro pero no se dej� testimonio de este hecho en el documento de adquisici�n.

6. Las transferencias de bienes que, en virtud de contratos de fiducia mercantil, deban pasar a personas distintas del constituyente. Trat�ndose de bienes o activos patrimoniales, la donaci�n se entiende causada al momento de celebrarse el contrato; y trat�ndose de rentas o utilidades, se entiende causada en 31 de diciembre del a�o respectivo.

Cuando haya lugar a retenci�n, el fiduciario la efectuar� sobre cada uno de los pagos y la relacionar� anualmente, con destino a la Administraci�n de Impuestos Nacionales.

7. En general, cuando no pueda, por los medios aceptados por la ley, comprobarse la causa del traspaso de bienes de un patrimonio a otro.

Art�culo 7� Las presunciones determinadas en el art�culo anterior admiten prueba en contrario, salvo en los contratos de fiducia, en los cuales entre constituyente y beneficiario exista parentesco en el primer grado de consanguinidad o �nico civil.

Art�culo 8� El Director General de Impuestos Nacionales; los Administradores de Impuestos Nacionales, los delegados de unos u otros y los Recaudadores de Impuestos Nacionales podr�n investigar si determinados actos o contratos envuelven donaci�n o remisi�n.

Art�culo 9� Si de la investigaci�n resultan comprobadas la donaci�n o la remisi�n, el funcionario investigador producir� un concepto fundamentado y enviar� el expediente a la Oficina Liquidadora de Impuestos Sucesorales, para que proceda a practicar la liquidaci�n correspondiente.

Art�culo 10. Para efectos de la liquidaci�n del impuesto sucesoral, debe presentarse ante la Administraci�n de Impuestos Nacionales, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de fallecimiento del causante, una declaraci�n de los bienes relictos, la cual comprender� los correspondientes valores y reemplazar� la diligencia de inventarios y aval�os anteriormente contemplada por la ley.

El valor que tengan los bienes relictos en la declaraci�n establecida en este art�culo, ser� el que se tome en cuenta para su partici�n y para liquidar el impuesto sucesoral, sin perjuicio de las modificaciones que pudieren resultar de las liquidaciones oficiales correspondientes al �ltimo patrimonio declarado por el causante, o determinado por aforo.

Si dicha declaraci�n, confrontada con el patrimonio del causante en la �ltima declaraci�n de renta y patrimonio presentada antes de su muerte, mostrare disminuciones en el valor global de los bienes, o en el de parte de �stos, los interesados deber�n explicarlas y suministrar las pruebas pertinentes,

Art�culo 11. A la demanda de apertura del proceso de sucesi�n, deber� agregarse copia sellada por la Administraci�n de Impuestos Nacionales, de la �ltima declaraci�n de renta del causante, y copia sellada por esta misma dependencia de la declaraci�n de los bienes relictos. Si no piudieren acompa�arse, ser�n pedidas por el juez a esa administraci�n, de oficio o a petici�n de parte. Mientras estos documentos no obraren en el expediente, no se podr� demandar la partici�n v�lidamente, ni �sta ser� decretada por el juez.

Art�culo 12. Tampoco podr� el juez aprobar la partici�n mientras no se hubieren pagado el impuesto sucesoral y el anticipo correspondiente a ganancias ocasionales o a renta, seg�n corresponda.

Art�culo 13. En el caso de donaciones mediante insinuaci�n judicial, el juez no podr� dictar sentencia aprobatoria, hasta tanto no se acredite el pago del impuesto sucesoral y del anticipo sobre ganancias ocasionales o renta, seg�n corresponda.

Art�culo 14. El S�ndico o Jefe de la Secci�n de Liquidaci�n de Impuestos Sucesorales, y el Recaudador de Impuestos Nacionales o quien haga sus veces, aun cuando no sean abogados, actuar�n en representaci�n del fisco nacional, en los procesos de sucesi�n o insinuaci�n de donaci�n, desde cuando se inicien y hasta el pago de los referidos tributos.

Art�culo 15. Si dentro de los seis (6) meses siguientes al fallecimiento de una persona, los interesados no han pedido la apertura del proceso de sucesi�n, el S�ndico o Jefe de Liquidaci�n de Impuestos Sucesorales podr� hacerlo, con base en las informaciones contenidas en las declaraciones indicadas en el art�culo 10 del presente Decreto o en las que obtuviere de otras fuentes.

Art�culo 16. El S�ndico, o quien haga sus veces, practicar� la liquidaci�n del impuesto sucesoral dentro del t�rmino de treinta (30) d�as, contados a partir de la fecha en que reciba el expediente, so pena de incurrir en las sanciones disciplinarias previstas por la ley.

Art�culo 17. Los notarios no podr�n protocolizar expedientes concernientes a procesos de sucesi�n, si no est�n acompa�ados de un certificado de paz y salvo especial con la leyenda: v�lido para protocolizaci�n.

Este certificado no se expedir� sin que previamente se paguen las deudas por el impuesto de renta y complementarios del causante y de la sucesi�n il�quida, aun aquellas de plazo 110 vencido o que hubieren sido recurridas. Las liquidaciones y los recursos pendientes deben practicarse o fallarse de preferencia, seg�n sea el caso, con el fin de que se paguen los impuestos respectivos y se pueda autorizar este paz y salvo.

Tampoco podr� protocolizarse el referido expediente si no se presenta el certificado de paz y salvo por el impuesto sucesoral.

Art�culo 18. Los notarios no podr�n autorizar escrituras de donaci�n o de actos en los cuales �sta se presume, sin que se les presente el certificado de paz y salvo correspondiente al impuesto sucesoral por donaci�n y al de renta y complementarios del donante.

Art�culo 19. En el caso de sucesiones abiertas con anterioridad a la fecha, de este Decreto, en las cuales no se hubiere notificado la liquidaci�n de impuestos sucesorales, los interesados podr�n acogerse al r�gimen anterior o al que ahora se establece, seg�n lo prefieran.

Art�culo 20. El presente Decreto rige desde su expedici�n, pero salvo lo dispuesto en el art�culo anterior, se aplicar� a las sucesiones que se abran y donaciones que se efect�en a partir del primero (1�) de enero de 1975.

1. Como antecedente inmediato del Decreto legislativo n�mero 2143 se invoca el Decreto n�mero 1970 de 1974, por el cual se declara el estado de emergencia econ�mica.

2. El Decreto n�mero 1970 fue declarado constitucional por sentencia de la Corte de fecha 15 de octubre de 1974.

1. El art�culo 122 de la Constituci�n Pol�tica prev� el r�gimen jur�dico del estado de emergencia econ�mica. (Acto legislativo n�mero 1 de 1968, art�culo 43).

2. Declarado el estado de emergencia econ�mica, el Presidente de la Rep�blica, con la firma de todos sus Ministros, puede expedir decretos con fuerza de ley, destinados de modo exclusivo a conjurar la crisis que tal estado significa y a impedir la extensi�n de sus efectos, como tambi�n a, eliminar o suprimir los hechos "que amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden econ�mico o social del pa�s o que constituyan grave calamidad p�blica".

3. Por tanto, asume de modo excepcional la funci�n legislativa, y en consecuencia, puede derogar, adicionar, modificar o aclarar las leyes vigentes, relacionadas o que inciden en el estado de emergencia econ�mica o social.

1. El Decreto n�mero 2143, como indica su pre�mbulo, sustituye los impuestos sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donaciones. Comprende las siguientes materias:

Respecto de su vigencia, los art�culos 19 y 20, en su orden, disponen: "En el caso de sucesiones abiertas con anterioridad a la fecha de este Decreto, en las cuales no se hubiere notificado la liquidaci�n de impuestos sucesorales, los interesados podr�n acogerse al r�gimen anterior o al que ahora se establece, seg�n lo prefieran". "El presente Decreto rige desde su expedici�n pero, salvo lo dispuesto en el art�culo anterior, se aplicar� a las sucesiones que se abran y donaciones que se efect�en a partir del primero (1�) de enero de 1975".

1. La Ley 63 de 1936 cre� los impuestos sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donaciones, en estos t�rminos:

"Art�culo 1� Establ�cese un impuesto progresivo sobre las sucesiones, impuesto que se har� efectivo sobre el monto l�quido de la masa global hereditaria que, para los efectos de esta Ley, consiste en la totalidad del activo dejado por el difunto o causante, previas las acumulaciones y deducciones de que m�s adelante se hablar�. No est� sujeto al impuesto lo que recoja por gananciales el c�nyuge sobreviviente".

2. El art�culo 102 del nueva estatuto sobre el tarifa sobre la masa global hereditaria, entre los l�mites del 1% y el 7%. Mas el par�grafo autoriza una rebaja en las sucesiones en que sean llamados a suceder hijos leg�timos en n�mero superior a cinco.

El art�culo 11 se refiere al impuesto sobre asignaciones y donaciones, en estos t�rminos: "Establ�cese un impuesto progresivo sobre la cuant�a l�quida de toda asignaci�n por causa de muerte, a t�tulo universal o singular, y de toda donaci�n revocable o irrevocable, que ser� tasado, exigido, recaudado y pagado de acuerdo con las disposiciones de esta Ley".

Y el art�culo 13 regula la tarifa para el cobro y liquidaci�n de este impuesto, teniendo en cuenta los distintos grados de consanguinidad, los colaterales, yernos y nueras, y los llamados "encargos secretos" en una escala comprendida entre el 1% y el 36%, cuenta habida, del valor de la asignaci�n del caso.

Estas tarifas fueron modificadas por el art�culo 7� de la Ley 21 de 1963, que dice: "Aum�ntanse en un 30% las tarifas de los impuestos sobre masa global hereditaria, asignaciones y donaciones que se causen a partir de la vigencia de esta Ley. Para las donaciones este aumento s�lo empezar� a regir a partir del 1� de enero de 1965".

3. Posteriormente, el Gobierno, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiri� la misma Ley 21 de 1963, dict� el Decreto n�mero 3192 de 19 de febrero de 1963 "por el cual se dictan algunas disposiciones sobre impuestos sucesorales". En s�ntesis, este nuevo estatuto se refiere a las siguientes materias:

1. Como est� dicho, el Decreto n�mero 2143 sustituye los impuestos sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donaciones, en los t�rminos, principalmente del art�culo 1� transcrito. M�s, el art�culo 4� consagra las siguientes exenciones:

1. No causan impuesto sucesoral las asignaciones por causa de muerte ni las donaciones o remisiones entre vivos, cuando unos u otros se hicieren al c�nyuge, a los legitimarios del causante o a las personas que dependieren econ�micamente del trabajador, en el caso y condiciones del �ltimo inciso� del ordinal e) del art�culo 204 del C�digo Sustantivo del Trabajo.

2. Tampoco se causa este impuesto en los casos de asignaciones por causa de muerte y donaciones hechas a:

a) La Naci�n, los Departamentos, las Intendencias y Comisar�as, los Municipios, el Distrito Especial de Bogot� y los Establecimientos P�blicos, y

b) Las entidades sin �nimo de lucro, tales como corporaciones, asociaciones, instituciones de utilidad com�n o fundaciones, siempre y cuando fueren de inter�s p�blico o social.

3. La tasa aplicable a la base de liquidaci�n, que se determina de acuerdo con lo previsto en el art�culo 29 del Decreto, es del 20%; mas, citando la asignaci�n por causa de muerte o donaci�n entre vivos se hiciere a hermanas, la tarifa se reduce al 10%.

a) Para efectos de la liquidaci�n del impuesto,' se debe presentar ante la Administraci�n de Impuestos Nacionales, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de fallecimiento del causante, una declaraci�n de los bienes relictos, la cual comprender� los correspondientes valores y reemplazar� la diligencia de inventarios y aval�os anteriormente contemplada por la, ley (art. 10);

b) A la demanda de apertura del proceso de sucesi�n, deber� agregarse copia sellada por la Administraci�n de Impuestos Nacionales, de la �ltima declaraci�n de renta del causante, y copia sellada por esta misma dependencia, de la declaraci�n de los bienes relictos. Si no pudieren acompa�arse, ser�n pedidas por el juez a esa administraci�n, de oficio o a petici�n de parte. Mientras estos documentos no obraren en el expediente, no se podr� demandar la partici�n v�lidamente, ni �sta ser� decretada por el juez (art. 11).

c) Tampoco podr� el juez aprobar la partici�n mientras no se hubieren pagado el impuesto sucesoral y el anticipo correspondiente a ganancias ocasionales o a rentas, seg�n corresponda (art. 12).'

d) En el caso de donaciones mediante insinuaci�n judicial, el juez no podr� dictar sentencia aprobatoria hasta tanto no se acredite el pago del impuesto sucesoral y del anticipo sobre ganancias ocasionales o rentas, seg�n corresponda, (art. 13).

2. El art�culo 102 del nuevo estatuto sobre el impuesto de la renta y patrimonio n�mero 2053, ordinal 4�, considera como ganancias ocasionales, no comprendidas en el r�gimen impositivo -del T�tulo III del mismo Decreto, a las provenientes de herencias, legados y donaciones, someti�ndolas a la tarifa especial que para estas ganancias establece el T�tulo IV del Decreto 2053.

1. El art�culo 586 que hace parte del Cap�tulo IV -Tr�mite de la sucesi�n- del C�digo de Procedimiento Civil, en, su inciso 3�, dispone: "La liquidaci�n y pago de los impuestos que graven las herencias y asignaciones, se regir�n por la ley fiscal".

2. En consecuencia, a partir de la expedici�n del Decreto n�mero 2143, las normas fiscales sobre la materia ser�n las contenidas en �l, las cuales sustituyen o reemplazan a las antes mencionadas, o sea la Ley 63 de 1936, el art�culo. de la Ley 21 de 1963 y el Decreto n�mero 3192 del mismo a�o, en las materias a, que se refiere el Decreto 2143.

Las medidas que contiene el Decreto 2143, en conjunto, guardan relaci�n directa y espec�fica, con los motivos que determinaron la declaraci�n del estado de emergencia econ�mica, y tienen por objeto contribuir a conjurar las causas de la crisis invocada en aqu�lla, pues su aplicaci�n se presume, traer�, entre otras consecuencias, un incremento en las rentas nacionales, una mayor rapidez en su percepci�n y una adecuada protecci�n y distribuci�n del ingreso.

1. En relaci�n con el poder o facultad legal que el Presidente de la Rep�blica y sus Ministros tengan para expedir las medidas que contiene el decreto que se analiza, le basta a la Corte ratificar la jurisprudencia acogida en el reciente fallo de constitucionalidad del Decreto n�mero 1979 ele 18 de los corrientes.

2.Conforme a dicha sentencia "es incuestionable, que si las causas determinantes del estado de emergencia son econ�micas y. sociales, y que si los actos enderezados a eliminarlas o a conjurar su amenaza, deben ser del mismo car�cter, el Gobierno puede establecer medidas, as� sean tributarias, para, lograr aquellos fines, si por otra parte el acto que las contiene guarda directa y estrecha relaci�n con las causas invocadas para declarar que aquel estado de anormalidad se ha presentado y siempre que est�n destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensi�n de sus efectos. No puede ni debe la Corte juzgar la conveniencia de estas medidas sino s�lo su constitucionalidad por el aspecto de la conexi�n que muestren con las causas de la grave e inminente perturbaci�n econ�mica invocadas por el Gobierno; corresponde al Congreso, dentro de sus poderes permanentes, mantenerlas o derogarlas".

3. El Decreto n�mero 2143 lleva las firmas del Presidente de la Rep�blica y los Ministros del Despacho, y est� proferido dentro del t�rmino se�alado en el Decreto n�mero 1970, que declar� el estado de emergencia econ�mica.

Esta no es otra que la de constitucionalidad del Decreto n�mero 2143 de 4 de .octubre de 1974, el cual se ci�e a lo previsto en el articulo 122 y dem�s preceptos de la Carta. Por s� solo, y en conjunto con las dem�s medidas similares tomadas por el Gobierno, en su desarrollo y cumplimiento est� destinado de modo exclusivo a conjurar la crisis y a impedir la extensi�n de sus efectos, y se refiere a materias que tienen relaci�n directa y espec�fica, con la situaci�n que determina el estado de emergencia.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, y de acuerdo con ellas, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorgan los art�culos 122 y 214 de la Constituci�n,

Es constitucional el Decreto legislativo n�mero 2143 de 4 de octubre de 1974 "por el cual se sustituyen los impuestos sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donaciones".

Jos� Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario D' Filippo, Humberto Barrera Dom�nguez, Juan Benavides Patr�n, Aurelio Ca,macho Rueda, Alejandro C�rdoba Medina, Jos� Gabriel de la Vega, Ernesto Escall�n Vargas, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Miguel Angel Garc�a B., Jorge Gaviria Solazar, Germ�n Giraldo Zuluaga, Jos� Eduardo Gnecco C., Guillermo Gonz�lez Charry, Alvaro Luna, G�mez, Jes�s Bernal Pinz�n, Humberto Murcia 'Ball�n, Alfonso Pel�ez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sarria, Jos� Mar�a Velasco Guerrero y Luis Carlos Zambrano.

Con mucho respeto y timidez, me veo en la imperiosa necesidad de apartarme parcialmente de la conclusi�n de esta sentencia de Sala Plena, pero las siguientes razones me impelen a ello:

1. El Decreto legislativo 2143 de 1974, dictado por el Gobierno en ejercicio de las facultades a �l conferidas por el art�culo. 122 de la Constituci�n Nacional, contiene dos clases de medidas, a, saber:

a) Unas, las comprendidas en los art�culos 1� a 9�, ambos, inclusive, relacionadas con el establecimiento del "impuesto sucesoral", que grava las asignaciones y donaciones que tuvieren como beneficiarios a personas no legitimarias del causante o donante con tasa general del 20%, rebajada a la mitad en trat�ndose de hermanas, y

b) Otras, las comprendidas en los art�culos 10 y 18, tambi�n, inclusive ambos, que reglamentan la liquidaci�n del impuesto y, con este pretexto, introducen modificaciones profundas a disposiciones de los C�digos Civil y de Procedimiento Civil.

2. Estuve de acuerdo -y contin�o est�ndolo, ciertamente- con la mayor�a de la Sala en el concepto de que la Corte es competente para juzgar el decreto que declara un estado de emergencia, adem�s de por las razones expuestas en el respectivo fallo, por la adicional de que el par�grafo del art�culo 122 de la Constituci�n Nacional no distingue entre este decreto y los que de �l se deriven, a todos los cuales apellida legislativos. Pero, obviamente, sin que su competencia al respecto abarque el .juzgamiento y' calificaci�n de los hechos causantes de la emergencia, ya que ellos son de apreciaci�n gubernamental y con responsabilidad pol�tica ante el Congreso, seg�n se desprende de la simple lectura del inciso 3� de la norma en cita; y teniendo en cuenta, adem�s, que es al Consejo de Estado (art. 141, num. 3�, inciso 2�, ib�dem) a quien corresponde tal discernimiento, as� su concepto no sea obligatorio, consideraci�n �sta que refuerza la anterior sobre la apreciaci�n por parte del Gobierno acerca de los motivos de la emergencia: porque si no es obligatoria la decisi�n del Consejo de Estado, es porque el Gobierno tiene entera la facultad de apreciaci�n de ellos.

2. Tambi�n compart� -y sigo compartiendo- �ntegramente, por estar ce�ido a la Carta, el criterio por la Corte expuesto en el fallo relacionado con la exequibilidad del Decreto legislativo 1979 de 1974, por medio del cual se definieron como sujetos gravables con el impuesto sobre la renta y complementarios ciertas entidades descentralizadas y empresas de econom�a mixta, que es del siguiente tenor:

"Resulta, por tanto, incuestionable, que si las causas determinantes del estado de emergencia son econ�micas y sociales, y que si los actos enderezados a eliminarlas o a conjurar su amenaza, deben ser del mismo car�cter, el Gobierno puede establecer medidas, as� sean tributarias, para lograr aquellos fines, si por otra parte el acto que las contiene guarda directa y estrecha relaci�n con las causales invocadas para declarar que aquel estado de anormalidad se ha presentado y siempre que est�n destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensi�n de sus efectos. No puede ni debe la Corte juzgar la conveniencia de estas medidas sino s�lo su constitucionalidad por el aspecto de la conexi�n (que debe ser directa y pertinente, agrego) que muestran con las causas de la grave e inminente perturbaci�n econ�mica invocadas por el Gobierno: corresponde al Congreso, dentro de sus poderes permanentes, mantenerlas o derogarlas".

3. Af�rmase por algunos que el Gobierno carece de facultad, en estado de emergencia, para expedir medidas tributarias, pese a lo que la Corte ya expuso sobre el particular, como se acaba de ver; y que, cuando m�s, si se dictan han de regir temporalmente. No lo creo as�:

a) Por la historia legislativa misma del art�culo analizado. Efectivamente, en un principio su inspirador actuando por medio de un afiliado a su grupo pol�tico de entonces (1966), propuso la declaratoria de emergencia cuando "los �ndices del costo de la vida y el desempleo, as� como el d�ficit fiscal y el desequilibrio de la balanza de pagos se�alan una excepcional perturbaci�n econ�mica de car�cter general", casos en los cuales los decretos legislativos correspondientes no podr�an versar "sobre materias distintas a las directa y espec�ficamente econ�micas y fiscales", pudi�ndose cobrar los impuestos que llegaren a decretarse solamente durante un a�o fiscal. N�tese que, con correcta ortodoxia, se consider� en el proyecto como causa de una "perturbaci�n econ�mica", entre otras de igual o parecida envergadura, la presencia de un "d�ficit fiscal".

b) Durante la discusi�n del Acto legislativo n�mero 1 de 1968, se propuso ante la Comisi�n I del Senado por otro correligionario pol�tico del "padre" de la emergencia el establecimiento de �sta, en los t�rminos del actual art�culo 122 de la Codificaci�n, en donde ya no se enumeran estrictamente los hechos causantes de la dicha emergencia, que entonces debe ser consecuencia de los atr�s vistos y de otros del mismo car�cter, agregando los motivantes de una "calamidad p�blica" y los que pueden engendrar un desorden social, diferentes de guerra exterior o conmoci�n interior, cuyo tratamiento extraordinario lo establece el art�culo 121 ib�dem.

c) El Gobierno, soberanamente, como pod�a hacerlo seg�n lo visto atr�s, decret� la emergencia econ�mica con base, entre otros, en el d�ficit fiscal; es decir, en el faltante de recursos, de rentas, de ingresos, necesarios para poder cumplir con apremiantes obligaciones, considerando adem�s desacertado el camino de los empr�stitos inflacionarios, causantes de gran importancia del alza en el costo de la vida y de la consiguiente disminuci�n de los salarios reales de los trabajadores, quienes por tanto ven�an sufragando el impuesto indirecto en que se traduce, necesariamente, la depreciaci�n monetaria, que pesa con mayor fuerza sobre los ingresos inferiores, discriminando en su contra, como es bien sabido. Luego si para conjurar la crisis se requer�an ingresos fiscales; y si los extraordinarios consistentes en empr�stitos habr�an de producir mayores males o agravar�an la situaci�n que se quer�a corregir, el camino �nico a seguir qued� reducido al impuesto. De ah� que no dude de que esa facultad est� comprendida dentro de las medidas propias para conjurar la emergencia econ�mica, declarada por el Decreto 1970 de 1974. O si no �c�mo luchar contra ella, cegados los dos �nicos caminos posibles

d) Que, en caso tal, se afirma tambi�n por ciertos doctrinantes, los impuestos que se decreten, sean nuevos, o consistentes en elevaci�n de tarifas de los antiguos, o reemplazos de �stos, deben ser temporales, como fue la propuesta inicial, abandonada ante la Comisi�n I del Senado, que por otra parte rechaz� el planteamiento de dos Senadores en el sentido de incluir en la norma en discusi�n una prohibici�n' para dictar medidas de car�cter tributario; mas la conclusi�n aquella no se acomoda al precepto comentado, ya que las medidas que �l autoriza no son tan solo las inmediatamente destinadas a "conjurar la crisis" actual, sino las encargadas de "impedir la extensi�n de sus efectos" que obviamente, han de contemplar el futuro. Conclusi�n que se refuerza al tener en cuenta la facultad del Congreso para derogarlas, modificarlas o adicionarlas "en todo tiempo", es decir, en el futuro pr�ximo o remoto, lo que no regir�a si fuesen de precaria vigencia, ciertamente. Adem�s, el precepto no distingue acerca del tiempo de vigencia; y cuando la ley no procede as�, mal lo puede hacer el int�rprete, seg�n vieja y trajinada regla de hermen�utica jur�dica.

Razonamientos adicionales bien podr�an exponerse; mas ni es la ocasi�n y con lo dicho es suficiente, en mi concepto.

4. De acuerdo con lo anterior, ded�cese que no tengo reparo alguno en cuanto al llamado impuesto sucesoral, ya que �l est� llamado a reducir el d�ficit fiscal, que es una de las causas o motivos para la declaratoria del estado de emergencia econ�mica. En cambio, en cuanto a las normas mencionadas en la letra b) del numeral 1 anterior, no puedo compartir la conclusi�n de la sentencia, bas�ndome en estas consideraciones:

a) En ella se hace depender la relaci�n "directa y espec�fica" de las medidas que contemplan los art�culos 10 a 18, ambos inclusive, del Decreto en estudio, con la situaci�n que determin� el estado de emergencia, as� como su exclusividad para la conjuraci�n de la crisis, de la suposici�n -porque sobre el particular no aparece nada en los antecedentes- de que con ellas se lograr� "una mayor rapidez en su percepci�n" (de los impuestos). Pero, aun en el caso de que as� fuese la normatividad, la improcedencia, la lentitud, los vicios, etc., de que pudieran adolecer los preceptos pertinentes de los C�digos Civil y de Procedimiento Civil que el Decreto deroga t�citamente, no pueden estar comprendidos dentro de los hechos motivantes de la emergencia. Porque ni tienen relaci�n con la "inflaci�n y el alza constante en el costo de la vida" (considerando 1�); ni han sido causa de "las emisiones destinadas a saldar un d�ficit fiscal de caracter�sticas excepcionales" (considerando 2�) ; ni, consecuencialmente, su vigencia ha obligado al Estado a "aplazar el pago de sueldos y salarios a sus servidores (considerando 3�); ni est�n relacionados con "el mantenimiento indefinido de precios artificiales y subsidios para algunos art�culos de primera necesidad", con la "ca�da de los precios de algunos de nuestros productos principales de exportaci�n en las lonjas internacionales" ni con el "derrumbe de Quebradablanca" (considerandos 4�, 5� y 6�).

Pero, se dice en la sentencia, si hay aceleraci�n del recaudo las medidas comentadas est�n destinadas exclusivamente a conjurar la crisis teniendo por tanto relaci�n directa y espec�fica con la situaci�n anormal que se trata de corregir. No existe exclusividad, porque las dichas medidas no descartan otras que pudiera/n tomarse para lograr igual finalidad; como tampoco tienen esa relaci�n directa, y espec�fica tantas veces citada, porque ni van en l�nea recta, derechamente, sin detenerse en los puntos intermedios, ni se distingue una medida de otra en relaci�n con la situaci�n determinante del estado de emergencia, recurriendo al concepto etimol�gico de las palabras. Puede ser -ni afirmo ni niego- que la aceleraci�n- alegada, que no demostrada, conlleve un recaudo m�s o menos r�pido de los impuestos; pero, en caso tal,.la relaci�n directa, o espec�fica, as� como la, exclusividad, tendr�a que ver con �stos, los impuestos, tom�ndose entonces en indirecta en cuanto a la soluci�n de la emergencia. Si �sta no fuese la conclusi�n, habr�a que admitir, como trata de insinuarlo la sentencia, el absurdo de que todo aquello que tangencialmente sirva de medio para que los "impuestos emergentes", si se me permite decirlo as�, cumplan m�s prontamente su cometido, cabe dentro de la �rbita precisa a que debe someterse el Gobierno cuando ejercita las atribuciones del art�culo 122, de la cual no puede salirse, a, riesgo de comprometer su responsabilidad, como lo ordena el art�culo 20 de la Carta.

Por �ltimo, perm�taseme preguntar: �debe admitirse, sin discusi�n, y aceptarse plenamente, el criterio de que la avaluaci�n hecha por el causante o donante en su declaraci�n de renta, es mejor, m�s exacta, o m�s t�cnica que la, de quien "poseyendo especiales conocimientos te�ricos y pr�cticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber y experiencia ". �Es base menos firme para la adjudicaci�n de las especies a los cosignatarios "el valor de tasaci�n por peritos", como lo mandan los art�culos 1392 del C. C. y 610 del C. de P. C., que la declaraci�n de patrimonio de un contribuyente a tal impuesto Si se contestase afirmativamente, habr�a que concluir en que: en primer lugar, s�lo en Colombia no es procedente la prueba pericial, de recibo indiscutible en todas las legislaciones para determinar y precisar hechos que requieren conocimientos especiales; y, en segundo, que la deficiencia fiscal, motivante de la crisis y de la emergencia, en cuanto de sucesiones se trata, se viene presentando, inadvertidamente hasta ahora, desde el 26 de mayo de 1873, fecha de la sanci�n del C�digo Civil adoptado por medio del art�culo 1� de la Ley 57 de 1887, que exige esa prueba pava que a su resultado acomode el partidor la adjudicaci�n de los bienes, a la cu�l ven�a adhiri�ndose la ley fiscal con cortapisas evidentes para evitar la evasi�n fiscal, como son, por ejemplo, las atinentes al aval�o catastral como m�nimo del valor pericial de los bienes ra�ces, y el valor de bolsa para, los papeles transados en ella.

b) Un segundo argumento, quiz� el aquiles, trae la sentencia para fundamentar sus conclusiones, es a saber: como el art�culo 586 del C. de P. C. dispone que "la liquidaci�n y pago de los impuestos que gravan las herencias y asignaciones se regir�n por la ley fiscal", a, partir de la expedici�n del Decreto comentado las normas fiscales de que habla el precepto ser�n las contenidas en �l. Argumento �ste que no comparto tampoco, muy respetuosamente, por:

(i) Ciertamente, el inciso 39 de aquella norma dice lo que se transcribi� anteriormente; pero de que la liquidaci�n y pago de los impuestos sucesorales se rija por la ley fiscal, no puede deducirse que ella gobierna tambi�n la liquidaci�n de las sucesiones y de las sociedades conyugales, como lo establecen los dos primeros incisos, olvidados en la sentencia, del precepto premencionado, y

(ii)La ley fiscal es especial y para normar cuestiones distintas de las gobernadas por los C�digos Civil y de Procedimiento Civil, aplicables �stos preferencialmente, como lo estatuye el art�culo 5� de la Ley 57 de 1887. La sentencia de la que me separo parcialmente, sigue criterio opuesto: hace actuar de preferencia la ley fiscal sobre la civil, tanto sustantiva como adjetiva.

5. Pero es que -he o�do decir con alarma de mi parte- la, exclusividad de las medidas y su relaci�n directa y espec�fica con la situaci�n de crisis, para conjurarla, son materia de juzgamiento reservado al propio Gobierno, de la misma manera que juzga libremente, a riesgo de comprometer su responsabilidad, las causas motivantes de la emergencia, para declararla, como se vio atr�s. No. Si as� fuese--y valgan estos interrogantes, entre muchos otros que podr�an hacerse- pi�nsese: �Qu� papel, entonces, le corresponder�a, a la Corte � Cu�l su colaboraci�n, que debe prestar seg�n el art�culo 55 de la Carta,, si debe doblegarse, sin discusi�n, mansamente, al pensamiento del Gobierno �Qu� verificaci�n har�a, la Corte, siendo su papel al respecto el de controlar la constitucionalidad de los decretos, funci�n esencial en una democracia, definida como un sistema de rec�procos controles de las distintas Ramas del Poder P�blico �No conduce tal tesis, rectamente, al establecimiento, con la, bendici�n del m�ximo tribunal de justicia y guardi�n de la Carta, de una dictadura �Qu� diferencia habr�a -y las hay muchas- entre la situaci�n que en el pasado provoc� el uso y el abuso del art�culo 121 y la que se presentar�a con el soberano arbitrio gubernamental acerca de las medidas a que lo autoriza el 122 Si la Corte estudia, en los casos de facultades extraordinarias (art. 76-12) la acomodaci�n de los decretos que el Gobierno dicte con los "precisos" t�rminos de la delegaci�n, �por qu� no ha, de conceptuar sobre la precisi�n erigida por la propia Constituci�n en el art�culo 122 que, como se ha dicho con validez, guarda con aqu�l estrechas relaciones en este sentido de la precisi�n En fin, que es tan axiom�tica la afirmaci�n de que la Corte debe examinar las medidas de emergencia para definir, primeramente, si se encuentran o no comprendidas dentro de la estricta �rbita se�alada, al Gobierno por la. Constituci�n, juzgando consecuencialmente su exclusividad y la, relaci�n directa y espec�fica con los motivos de la emergencia -calificados, estos s�, por el Gobierno- que sobran mayores razonamientos puesto que, como es bien sabido, los axiomas no se demuestran.

Decreto n�mero 2143 de 4 de octubre de 1974 "por el cual se sustituyen los impuestos sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donaciones".

I. Repetidamente hemos precisado, en las deliberaciones de la Corte sobre los decretos de emergencia y en los escritos que han recogido nuestros disentimientos de las sentencias que han declarado, por mayor�a de votos, la constitucionalidad de sus distintas medidas, que �stas deben estar destinadas exclusivamente, seg�n el Estatuto Fundamental, a conjurar la crisis que haya determinado el estado de emergencia y a impedir la extensi�n de sus efectos, de modo directo y 'espec�fico, como corresponde a la naturaleza y a la finalidad de la dicha instituci�n excepcional. Y hemos sostenido asimismo que �sta no puede desvirtuarse asumiendo el Gobierno el poder legislativo general que compete al Congreso; ni comporta facultades extraordinarias para disponer sobre toda materia, ni para que se modifiquen las estructuras superiores de la sociedad, ni las de desarrollo legal de las existentes, ni para dictar c�digos y reformar estatutos a discreci�n, sino muy concretamente para los fines del art�culo 122 de la Constituci�n. Informan tambi�n nuestro criterio, razones de doctrina, de historia y de derecho seg�n las cuales el estado de emergencia, reglado y exceptivo', de fines espec�ficos y para medidas directas, de efectos inmediatos, no se concibi� ni se instituy� para "desplazar hacia el Ejecutivo una competencia abierta para legislar", ni "para sustituir la Responsabilidad legislativa que corresponde al Congreso", sino para conjurar hechos sobrevivientes, esto es, que vienen de improviso y que, por lo tanto, son distintos de los ordinarios, normales o cr�nicos, de la gravedad y consecuencias, adem�s, recalcadas por el texto constitucional.

II. El Decreto 2143, que ahora consideramos, expresamente sustituye, desde su enunciado, el r�gimen impositivo anterior sobre la masa global hereditaria, las asignaciones y las donaciones, y su articulado, sobre sujetos, causaci�n, bases gravables y liquidaciones, constituye un nuevo estatuto sobre la materia.

Y conforme a las razones expuestas, esta expedici�n de estatutos por la v�a del art�culo 122 de la Carta, no est� autorizada por la concepci�n. ni por el registro de la instituci�n constitucional de la emergencia y claramente configura una sustituci�n del poder legislativo.

De otra parte, el nuevo r�gimen no aparece destinado exclusivamente a conjurar la crisis que se afirm� para la declaraci�n del estado de emergencia, as� se suponga, como lo hace el juzgamiento mayoritario, que su aplicaci�n traer� como consecuencia un incremento de las rentas nacionales y una mayor rapidez en su percepci�n, supuestos que ni de resultar ciertos contraer�an sus efectos, de modo directo y espec�fico, a tales objetivos; ni �stos se producir�n con el car�cter inmediato que requiere la instituci�n de urgencia; ni nada indica que el r�gimen legal anterior tuviese que ver con los motivos de la emergencia, -ni menos, que los males que pudiesen atribu�rsele -sean hechos que hayan sobrevenido para producir la situaci�n cr�tica o amenacen extender' sus efectos, de modo inatendible por el Congreso de la Rep�blica.

Todo lo cual exhibe el acto cuestionado, de legislaci�n general reemplazante del r�gimen anterior y del Congreso mismo, fuera de las atribuciones propias del Gobierno durante el estado de emergencia y violador de los marcos de las competencias constitucionales.

En consecuencia disentimos, con todo respeto, de la decisi�n mayoritaria que lo ha declarado exequible.

Jos� Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario D' Filippo, Juan Benavides Patr�n, Alejandro C�rdoba Medina, Ernesto Escall�n Vargas, Alvaro Luna G�mez, Humberto Murcia Ball�n, Luis Sarmiento Buitrago.

Como tuve oportunidad de exponerlo en Sala Plena, estimo que, cuando el art�culo 122 de la Carta habla de que, en el estado de emergencia, "podr� el Presidente con la firma de todos los Ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensi�n de sus efectos" y, cuando agrega que "tales decretos solamente podr�n referirse a materias que tengan relaci�n directa y espec�fica con la situaci�n que determine el estado de emergencia", la voluntad del constituyente es la de que cada uno de los decretos citados debe satisfacer todas las exigencias antes precisadas. Es por tanto indispensable para que el ordenamiento respectivo se ajuste al rigor constitucional, que cada uno de los decretos, no ya conjuntamente, sino en forma separada, tienda exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensi�n de sus efectos y, adem�s, que cada uno se refiera solamente a materias que tengan relaci�n directa y espec�fica con la situaci�n que determine el estado de emergencia.

Lo anterior justifica el por qu� me he separado del criterio de la mayor�a, relativamente a que los decretos del estado de emergencia no deben ser revisados por la Corte separadamente, individualmente, sino que han de ser estudiados en conjunto, relacion�ndolos todos de tal manera que si en uno de ellos falta alguno de los requisitos se�alados por el art�culo 122, el estatuto no ser�a inconstitucional si en otro de los decretos que con �l tengan relaci�n se satisface ese presupuesto.

Uno de los hechos fundamentales de la crisis econ�mica que motiv� el empleo del art�culo 122 de la Carta, lo constituy�" el d�ficit fiscal. Es claro, entonces, que ese aspecto de la emergencia s�lo podr�a superarse con medidas como las tendientes a restringir gastos y a aumentar los recaudos, mas nunca rebajando las cargas.

El Decreto 2143 que reemplaza los grav�menes sobre la masa global hereditaria, las asignaciones y las donaciones, por un solo impuesto sobre las asignaciones por causa de muerte y sobre las donaciones entre vivos, denominado impuesto sucesoral, en lugar de propiciar un aumento del recaudo por los conceptos dichos, indiscutiblemente produce una sensible, una extraordinaria baja de los ingresos oficiales por esos aspectos. En efecto: los legitimarios y el c�nyuge sobreviviente que son la majar�a de los asignatarios por causa de muerte, y los descendientes, hijos adoptivos y ascendientes que tambi�n son las personas llamadas con m�s frecuencia a recibir liberalidades, quedaron exentos tanto del impuesto por asignaciones mortis causa como por donaciones entre vivos. Adem�s fueron eximidas de pagar las dem�s personas indicadas en el art�culo 4� del Decreto.

De ahora en adelante, pues, el Estado no recibir� un solo centavo por impuesto sucesoral cuando el respectivo asignatario o donatario sea una de esas personas.

Concl�yese de lo anterior que el Decreto 2143 no permite enjugar el d�ficit, sino aumentarlo, por lo cual no se ajusta a las condiciones del art�culo 122, aunque, en decreto separado, se haya gravado como ganancia ocasional lo que el asignatario o donatario reciba. El Decreto que se revisa, en lugar de permitirle al Estado un incremento en sus rentas, las rebaja sensiblemente, por lo cual no tiende exclusivamente a conjurar la crisis o a impedir la propagaci�n de sus efectos.