Sentencia de 1974

300Corte SupremaCorte Suprema30030000131Eustorgio Sarria197423/10/1974Eustorgio Sarria_1974_23/10/197430000131IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS La modificaci�n de su r�gimen concuerda con las causas que dieron origen a la declaraci�n del estado de emergencia. - 1� Son inexequibles las siguientes disposiciones del Decreto 1988 de 20 de septiembre de 1974: El ordinal 27 del art�culo 7� del rengl�n de actos gravados con el 35%, en cuanto grava los clubes de trabajadores. El art�culo 19. El art�culo 32 en cuanto deroga el art�culo 13, ordinal j) del Decreto n�mero 435 de 1971 y los art�culos 3� y 49 del Decreto 803 de 1966. El par�grafo del art�culo 12 y el inciso 3� del art�culo 25. - 2� Son exequibles las dem�s disposiciones del Decreto que se revisa. Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogot�, D. E., octubre 23 de 1974. (Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria). I. El control constitucional. 1. La Presidencia de la Rep�blica, con oficio de 20 de septiembre del a�o en curso, remiti� a la Corte copia del Decreto legislativo n�mero 1988 de 20 de septiembre de 1974, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo 122 de la Constituci�n. 2. Por auto de 23 de los mismos mes y a�o, se orden� la fijaci�n en lista, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 14 del Decreto n�mero 432 de 1969. 1974

La modificaci�n de su r�gimen concuerda con las causas que dieron origen a la declaraci�n del estado de emergencia. - 1� Son inexequibles las siguientes disposiciones del Decreto 1988 de 20 de septiembre de 1974: El ordinal 27 del art�culo 7� del rengl�n de actos gravados con el 35%, en cuanto grava los clubes de trabajadores. El art�culo 19. El art�culo 32 en cuanto deroga el art�culo 13, ordinal j) del Decreto n�mero 435 de 1971 y los art�culos 3� y 49 del Decreto 803 de 1966. El par�grafo del art�culo 12 y el inciso 3� del art�culo 25. - 2� Son exequibles las dem�s disposiciones del Decreto que se revisa.

1. La Presidencia de la Rep�blica, con oficio de 20 de septiembre del a�o en curso, remiti� a la Corte copia del Decreto legislativo n�mero 1988 de 20 de septiembre de 1974, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo 122 de la Constituci�n.

2. Por auto de 23 de los mismos mes y a�o, se orden� la fijaci�n en lista, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 14 del Decreto n�mero 432 de 1969.

3. Dentro del t�rmino de la fijaci�n, el ciudadano Javier Baena Pardo impugna el referido Decreto por ser violatorio de la Constituci�n y en especial de su art�culo 43.

(Por separado se transcribe el Decreto n�mero 1988 de 20 de septiembre de 1974, "por el cual se introducen modificaciones al r�gimen del impuesto sobre las ventas", cuyo texto hace parte de la sentencia).

1. Como antecedente inmediato del Decreto legislativo n�mero 1988, se invoca el Decreto n�-mero 1970 de 1974, por el cual se declara el estado de emergencia econ�mica.

2. El Decreto n�mero 1970 fue declarado constitucional por sentencia de la Corte de fecha 15 de octubre de 1974.

1. La normaci�n jur�dica del estado de emergencia econ�mica o social, est� contenida en el art�culo 122 de la Constituci�n Pol�tica, art�culo 43 del Acto legislativo n�mero 1 de 1968.

b) Adopci�n del los decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensi�n de sus efectos;

c) Control constitucional por la Corte Suprema de Justicia, de los mencionados decretos.

La declaraci�n del estado de emergencia econ�micanone o social le permite al Presidente de la Rep�blica expedir todos los decretos, con fuerza de ley i que por su contenido intr�nseco busquen eliminar las causas de la crisis o conjurar sus efectos. El texto constitucional define, con precisi�n y sin equ�vocos, el campo dentro del cual puede moverse en el ejercicio excepcional de la funci�n legislativa.

1. El art�culo 1� del Decreto n�mero 1988 dispone que el impuesto sobre las ventas regulado por los Decretos 3288 y 3289 de 1965, 1595 de 1966 y 435 de 1971 se regir� por sus disposiciones.

2. Dicho Decreto, en su conjunto al modificar el r�gimen impositivo de las ventas, aumentando las tarifas, encaja dentro de los motivos o causas que dieron origen a la declaraci�n de emergencia econ�mica, conforme al Decreto legislativo n�mero 1970 de 17 de septiembre de 1974. Un mayor producto de las rentas nacionales, en t�rminos generales, coopera de modo eficaz en la, extinci�n del d�ficit presupuesta!,, y por consiguiente en la de los dem�s factores de perturbaci�n, o inminente perturbaci�n, del orden econ�mico o social.

1. Mas, dentro de este campo delimitado de acci�n gubernamental, el inciso 6� del art�culo 122 ordena: "Durante el estado de emergencia econ�mica, el Gobierno no podr� desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, consagrados en leyes anteriores".

La expresi�n "derechos sociales de los trabajadores" comprende todo aquello que, en forma directa o indirecta, de origen legal o con respaldo en la, ley, contribuya al bienestar personal del trabajador y al de su familia, procur�ndole los elementos econ�micos y culturales que necesita.

2. El ordinal 27 del art�culo 7�, primera parte, grava con un 35% de su valor, las "cuotas y servicios de los clubes sociales y deportivos". La imposici�n es general e indiscriminada y, por tanto, dentro de ella, quedan comprendidos los clubes que son> centros de recreo de trabajadores oficiales y particulares.

3. Concretamente respecto de los primeros, el Decreto, con fuerza de ley, n�mero 3129 de 1968, "por el cual se establece el r�gimen de bienestar social para el personal civil al servicio del Estado", contiene disposiciones referentes a centros sociales, como los clubes recreativos. As�, el art�culo 7� dispone:

"Art�culo 7� Las entidades gubernamentales crear�n de conformidad con los programas que apruebe el Gobierno a propuesta de la Divisi�n de Bienestar Social del Departamento Administrativo del Servicio Civil, centros de vacaciones, clubes sociales, deportivos y recreativos y trazar�n planes de vacaciones que faciliten al servidor p�blico y a su familia un descanso adecuado y, permitan aprovechar de la mejor manera para tal objeto los recursos que posee el Estado en materia de transporte y alojamiento

4. En la actualidad existe en el pa�s un n�mero apreciable de clubes sociales de trabajadores oficiales y particulares, los cuales funcionan conforme a normas legales o estatutarias. Al respecto cabe citar, adem�s del Decreto n�mero 3129 de 1968, estas otras normas legales: la Ley 124 de 1948 y los Decretos 1826 de 1962, 1132 de 1963, 2336 de 1971 y 612 de 1974.

5. Como la disposici�n mencionada, ordinal 27, primera parte, art�culo 7� del Decreto 1988 del presente. a�o, no hace reserva de estas entidades o sus semejantes y las grava con, el impuesto de cuotas y servicios, se est� desmejorando uno de los derechos sociales de los trabajadores, y por tanto, el precepto es inexeqidble, en esta parte, ya que se opone a lo ordenado en el inciso 6� del art�culo 122. As� debe declararlo la Corte.

6. El art�culo 1� concede facultad al Director General de Impuestos Nacionales para, fijar una base de liquidaci�n m�s acorde con el precio comercial de un determinado art�culo "cuando no aparezcan claras las razones comerciales por las cuales el precio convenido es notoriamente inferior al comercial en la fecha de la transacci�n". En el fondo se trata de una delegaci�n de funciones en el empleado referido, que es incompatible con lo dispuesto en el art�culo 135 de la Carta, pues de acuerdo con �l, tal delegaci�n s�lo puede hacerse por virtud de ley en Los-Ministros y Jefes de Departamento Administrativo, as� como en los gobernadores, pero respecto de funciones que correspondan al Presidente de la Rep�blica. Adem�s las bases de toda tributaci�n deben ser fijadas por la ley y no arbitrariamente por los funcionarios. El art�culo es, pues, inexequible y as� habr� de declararse.

7. El par�grafo del art�culo 12 concede al Ministerio de Hacienda una facultad para, determinar, por medio de resoluci�n de car�cter general, los plazos y t�rminos en que los responsables deben cumplir con las obligaciones que el art�culo 12 se�ala, como medio id�neo para la percepci�n del impuesto. Se trata de traspasar a un organismo de la administraci�n, que no es el Gobierno (art. 57), la competencia para proferir normas reglamentarias, lo cual contrar�a lo dispuesto en el art�culo 120-3 de la Constituci�n, siendo, por lo tanto, igualmente inexequible.

9. En cuanto al art�culo 32 se observa que �l deroga, entre otras disposiciones, los art�culos 13, ordinal j) del Decreto extraordinario 435 de 1971 y 3� y 4� del Decreto n�mero 803 de 1966, que hab�an destinado a los departamentos parte del producido del impuesto de la venta de licores para el pago de sueldos de maestros y prestaciones sociales, especialmente pensiones de jubilaci�n. Tal derogatoria implica el retiro de esa destinaci�n, por lo cual el pago de las citadas prestaciones sufre desmedros, y el de los sueldos de los maestros quedar�a afectado. En el primer punto se desmejora un derecho social, contra lo dispuesto en el inciso 6� del art�culo 122 de la Carta; y en el segundo se contrar�a una de las causas invocadas para declarar la emergencia econ�mica. Por ambos aspectos el texto es inconstitucional.

La participaci�n a que se refieren las consideraciones del punto anterior, no afectan la cesi�n prevista para los departamentos en el art�culo 29 del Decreto, que hace relaci�n al valor del impuesto sobre ventas, y en este caso al aumento del mismo, a cargo de las licoreras departamentales.

1. La impugnaci�n se funda en el pretenso desacato que el Decreto 1988 hace de la norma del art�culo 43 de la Constituci�n que dice: "En tiempo de paz solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, podr�n imponer contribuciones".

2. Se observa: el art�culo 43 sufre excepci�n en virtud del art�culo 122, dentro de los precisos l�mites que �l se�ala para la situaci�n de emergencia econ�mica, y en los t�rminos y condiciones que fij� la Corte en su sentencia de 15 de octubre del a�o que cursa.

El decreto en cuesti�n es exequible, con las excepciones anotadas. Se ci�e al art�culo 122 y dem�s preceptos de la Constituci�n. .

Con fundamento en las anteriores consideraciones, y de acuerdo con ellas, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorgan los art�culos 122 y 214 de la Constituci�n,

1� Son inexequibles las siguientes disposiciones del Decreto n�mero 1988 de 20 de septiembre de 1974 "por el cual se introducen modificaciones al r�gimen del impuesto sobre las ventas".

a) El ordinal 27 del art�culo 7� del rengl�n de actos gravados con el 35%, que dice: "cuotas y servicios de los clubes sociales y deportivos", en cuanto grava los clubes de trabajadores;

b) El art�culo 19 que dice: "Cuando no aparezcan claras las razones comerciales por las cuales el precio convenido es notoriamente inferior al comercial en la fecha de transacci�n, el Director General de Impuestos Nacionales puede fijar una base de liquidaci�n m�s acorde con el precio comercial de dicho art�culo";

c) El art�culo 32 en cuanto deroga los art�culos 13, ordinal j) del Decreto n�mero 435 de 1971 y los art�culos 3� y 4� del Decreto 803 de 1966, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia;

d) El par�grafo del art�culo 12 y el inciso 3� del art�culo 25, que en su orden, dicen:

"1� El Ministerio de Hacienda determinar� por medio de resoluci�n los plazos y t�rminos en que los responsables deben cumplir con estas obligaciones. La resoluci�n puede autorizar la utilizaci�n de los calendarios contables propios de las empresas".

"2� El Ministerio de Hacienda determinar� por medio de resoluci�n los t�rminos en que los no responsables del gravamen deben hacer la solicitud de devoluci�n".

Jos� Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario D' Filippo, Humberto Barrera Dom�nguez, Juan Benavides Patr�n, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro C�rdoba Medina; Jos� Gabriel de la Vega, Ernesto Escall�n Vargas, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Miguel Angel Garc�a B., Jorge Gaviria Solazar, Germ�n Giraldo Zuluaga, Jos� Eduardo Gnecco C., Guillermo Gonz�lez Charry, Alvaro Luna G�mez, Luis Eduardo Mesa Vel�squez, Humberto Murcia Bailen, Alfonso Pel�ez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sarria, Jos� Mar�a Velasco Guerrero y Luis Carlos Zambrano.

por el cual se introducen modificaciones al r�gimen del impuesto sobre las ventas.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el art�culo 122 de la Constituci�n Nacional y en desarrollo del Decreto 1970 de 1974,

Art�culo 1� El impuesto sobre las ventas regulado en los Decretos 3288 y 3289 de 1965, 1595 de 1966 y 435 de 1971, se regir� por las disposiciones del presente Decreto.

Art�culo 2� El impuesto grava la venta de bienes corporales muebles procesados, la importaci�n de �stos y la prestaci�n de los servicios expresados en el presente Decreto.

No se consideran bienes procesados los primarios en estado natural, aunque hayan sufrido un proceso elemental para su simple conservaci�n o aprovechamiento.

Tanto la venta de bienes inmuebles como la de bienes intangibles o incorporales no causa dicho impuesto, salvo en los casos determinados en el presente Decreto.

Art�culo 3� Para los efectos del presente Decreto, se considera que hay venta:

b) En los contratos de confecci�n de obra material, cuando el art�fice suministre la materia principal;

d) En el retiro de bienes corporales muebles procesados, hecho de la empresa de su propiedad por el responsable del impuesto;

f) En todo acto a t�tulo gratuito que tenga por objeto la transferencia de dominio.

Art�culo 4� Para efectos del presente Decreto se tienen como sin�nimos los t�rminos: bien corporal, mueble procesado, mercanc�a, art�culo y producto.

a) En las ventas, incluidas las de mercanc�as importadas, en la fecha de emisi�n de la factura u otro documento1 equivalente y, a falta de �stos, en el momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva de dominio o condici�n resolutoria; en la del retiro de los bienes propios, mencionado en el ordinal d) del art�culo 3�; y a tiempo de la nacionalizaci�n, en el caso de las importaciones;'

b) En la prestaci�n de servicios en el momento de la emisi�n de la factura u otro documento equivalente y, a falta de �stos, en el de terminaci�n de los servicios.

Par�grafo. En el caso de vinculaci�n econ�mica, tal como adelante se define, el impuesto se causa tanto al momento de la primera entrega como en toda otra entrega posterior.

En el caso de fabricaci�n por encargo, el impuesto se causa tanto al momento de la entrega por parte del fabricante al comitente como al de la entrega que �ste hiciere luego a otro.

Art�culo 6� En la permuta, el impuesto se causa a tiempo de la entrega de los bienes permutados y en relaci�n con cada uno de �stos.

Art�culo 7� 'El impuesto sobre las ventas se pagar� seg�n las siguientes tarifas:

1. Aerodinos (aviones, hidroaviones, 'planeadores, avionetas), excepto los helic�pteros.

2. Veh�culos autom�viles y camionetas (Station Wag�n) con motor de cualquier clase, excepto los camperos. Chasises, chasises con motor y carrocer�as para los veh�culos anteriores.

4. Art�culos de orfebrer�a y art�culos de adorno confeccionados con metales preciosos o enchapados de metales preciosos.

5. Perlas finas, piedras preciosas y semipreciosas solas o engarzadas, sint�ticas o reconstruidas y fantas�a en general.

10. Prendas de vestir de cuero o gamuza natural, excepto las usadas para la protecci�n de los trabajadores.

11. Vajillas de porcelana, cristal, oro, plata o similares, y las piezas de las mismas; adornos de cristal, porcelana, m�rmol y similares.

12. Art�culos para juegos de sociedad, tales como: naipes, dados, fichas, mesas para billares, tacos y bolas, accesorios para canchas de bolos, tenis de mesa, ruletas, ajedrez, damas, etc.

17. C�maras fotogr�ficas para pel�culas de rollo; filmadoras para pel�culas de menos de 16 mm.; proyectores para diapositivas y sus pantallas; pel�culas de rollo, excepto las de cinematograf�a de 16 mm o m�s.

18. Grabadoras, cintas magnetof�nicas, discos grabados para tocadiscos y radiolas, amplificadores de sonido, radiolas, tocadiscos y tocacintas.

19. Aparatos para tocador y los usados para secar, ondular cabellos, para masaje, m�quinas el�ctricas de afeitar y art�culos similares.

20. Licuadoras, batidoras, tostadoras, brillado-ras, aspiradoras, lavadoras, cuchillos el�ctricos y art�culos similares de uso dom�stico.

21. Piezas ornamentales para automotores distintas de las comprendidas en la posici�n 83.02 del arancel de aduanas.

23. Mancornas, botones de fantas�a, pisacorbatas, corbatas, corbatines y pa�uelos de bolsillo.

25. Paraguas, sombrillas y quitasoles, bastones, abanicos, monederos, billeteras, llaveros y dem�s art�culos similares.

26. Art�culos de viaje (ba�les, maletas, sombrereras, sacos de viaje, bolsos para provisiones, bolsos "de mano, carteras, carpetas, neceseres, estuches, fundas, cajas (para armas, instrumentos de m�sica, gemelos, joyas, etc.) y dem�s art�culos similares.

3. Hornos y estufas de gas o el�ctricos de uso dom�stico; neveras, refrigeradoras y congeladores de uso dom�stico; aparatos para calefacci�n y aparatos de aire acondicionado.

3. Partes, piezas sueltas y accesorios de los veh�culos automotores; partes, piezas sueltas y accesorios de aviones, avionetas, planeadores y helic�pteros; partes, piezas sueltas y accesorios de embarcaciones mar�timas y fluviales, bater�as.

6. Calderas, m�quinas, aparatos y artefactos mec�nicos clasificados en el Cap�tulo 84 del Arancel de Aduanas.

7. M�quinas y aparatos el�ctricos y objetos destinados a usos electrot�cnicos clasificados en el Cap�tulo 85 del Arancel de Aduanas, excepto los incluidos en las tarifas del treinta y cinco por ciento (35%) y del quince por ciento (15%), y los siguientes:

M�quinas de afeitar, de cortar el pelo y de esquilar, el�ctricas1 con motor incorporado.

Calentadores de agua, calientaba�os y calentadores el�ctricos por inmersi�n; aparatos el�ctricos para calefacci�n de locales y otros usos an�logos; aparatos electrot�rmicos para arreglo de cabellos (para secar el pelo, para rizar, calientatenacillas, etc.); planchas el�ctricas para uso dom�stico y aparatos electrot�rmicos para uso dom�stico.

8. Aparatos y material de los tipos utilizados en los laboratorios fotogr�ficos o cinematogr�ficos.

11. Microscopios �pticos, incluidos los aparatos para microfotograf�a, microcinematograf�a y microproyecci�n.

12. Instrumentos y aparatos de geodesia, tipograf�a, topograf�a, agrimensura, nivelaci�n, fotogrametr�a, etc.

13. Instrumentos y aparatos de medicina, cirug�a, odontolog�a y veterinaria, incluidos los aparatos electrom�dicos y los de oftalmolog�a.

14. Aparatos de mecanoterapia y masaje; aparatos de psicotecnia, ozonoterapia, oxigenoterapia, reanimaci�n, aerosolterapia y dem�s aparatos respiratorios de toda clase.

15. Aparatos de ortopedia (incluidas las fajas medicoquir�rgicas); art�culos y aparatos para fracturas (tablillas, cabestrillos y similares) ; art�culos y aparatos de pr�tesis dental, ocular u otros; aparatos para facilitar la audici�n a los sordos y otros aparatos que se llevan en la mano.

16. Aparatos de rayos X, incluso de radiograf�a y aparatos que utilicen las radiaciones de sustancias radioactivas.

17. M�quinas y aparatos para ensayos mec�nicos, ensayos de resistencia, dureza, tracci�n, compresi�n, elasticidad de materiales (metales, maderas, textiles, etc.).

18. Aparatos e instrumentos para la medida, control o regulaci�n de fluidos gaseosos o l�quidos o para el control autom�tico de temperaturas.

19. Instrumentos y aparatos para an�lisis f�sicos o qu�micos (como polar�metros, refract�-metros, espectr�metros, etc.).

20. Contadores de gases, de l�quidos y de electricidad, incluidos los contadores de producci�n, control y comprobaci�n.

21. Mobiliario m�dico-quir�rgico, tales como mesas de operaciones, mesas de reconocimiento y an�logas, camas de mecanismos para usos cl�nicos.

23. Aparatos fotogr�ficos para usos industriales o de construcci�n especial, y los aparatos de proyecci�n fija.

24. Cemento y mezcla de concreto; tejas; tuber�a; tanques de asbesto, cemento y materiales sint�ticos; ladrillos de barro cocido, ladrillos y baldosines de cemento; estructuras de cemento y de acero, varillas de hierro para la construcci�n, tubo de hierro galvanizado; accesorios para tuber�a; azulejos y accesorios sanitarios de cer�mica; madera clasificada en las posiciones 44.02 a 44.13 del Arancel de Aduanas.

27. Los tiquetes de transporte internacional de pasajeros v�a mar�tima o a�rea, expedidos en Colombia; la expedici�n de �rdenes de cambio de las compa��as transportadoras cuando tengan por objeto espec�fico el de ser canjeadas por tiquetes de transporte internacional de pasajeros. El impuesto se liquidar� sobre el valor total del tiquete u orden de cambio cuando �stos se expidan de una v�a solamente, y sobre el cincuenta por ciento (50%) de su valor cuando se expidan de ida y regreso.

Par�grafo 1� Para efectos de esta norma y en caso de duda sobre la posici�n de un art�culo, se aplicar� el Arancel de Aduana, y la clasificaci�n espec�fica primar� sobre la gen�rica.

Par�grafo 2� La gasolina contin�a gravada con la tarifa del diez por ciento (10%) y el A. C. P. M. con la del cuatro por ciento (4%).

3. Drogas para uso humano y animal; sueros, productos para transfusiones, guatas, gasas, vendas y art�culos an�logos (ap�sitos, esparadrapos, sinapismos, etc.), impregnados o recubiertos de sustancias farmac�uticas o acondicionadas a la venta al por menor con fines m�dico-quir�rgicos.

5. Fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes, abonos, semillas y alimentos para animales.

6. Tractores, m�quinas, aparatos y artefactos agr�colas y hort�colas para la preparaci�n y trabajo del suelo y para el cultivo, 'excluidos los rodillos para c�spedes y terrenos de deportes; maquinaria cosechadora y trilladora; prensas para paja y forraje; aventadoras, m�quina� similares para la limpieza de granos, selecciona-doras de huevos, frutas y otros productos agr�colas; m�quinas para orde�ar y otras m�quinas y aparatos de lecher�a; prensas, estrujadoras y dem�s aparatos empleados en vinicultura, criader�a y similares; otras m�quinas: y aparatos para la agricultura, horticultura, avicultura y apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mec�nicos o t�rmicos y las incubadoras y criadoras para avicultura; maquinaria para moliner�a y para tratamiento de cereales y legumbres secas.

9. Camiones y buses, chasises para los mismos, chasises cabinados y carrocer�as para los mismos.

11. Veh�culos y material para v�as f�rreas comprendidos en las posiciones 86.01 a 86.09 del Arancel de Aduanas.

12. Embarcaciones para navegaci�n mar�tima y fluvial, excepto las espec�ficamente gravadas.

13. Aerodinos destinados al servicio p�blico y fumigaci�n, siempre y cuando se mantengan en estos servicios.

Par�grafo. Por producto alimenticio se entiende todo producto natural o artificial que ingerido aporta al organismo humano nutrici�n y energ�as necesarias para el desarrollo de los procesos biol�gicos. Es' droga cualquier sustancia mineral, vegetal o animal de origen natural u obtenida por mezcla o s�ntesis, que absorbida o asimilada por el organismo se utilice en la medicina, en la industria o en el comercio, para uso humano o animal y destinada al diagn�stico, prevenci�n o tratamiento de las enfermedades o inmunizaci�n contra ellas.

Art�culo 9� Las personas declaradas por ley exentas de pagar impuestos nacionales, departamentales o municipales, no est�n exentas del impuesto sobre las ventas.

Art�culo 10. Son responsables del impuesto sobre las ventas el productor, el importador, el que presta un servicio gravado, el que efect�a un contrato gravable de obra y quienes est�n econ�micamente vinculados a dichas personas.

Tambi�n son responsables de este impuesto los comerciantes que tengan, a la vez, el car�cter de productores, importadores o vinculados econ�micos, por raz�n de ventas de mercanc�as no producidas ni importadas por ellos ni recibidas de un vinculado econ�mico.

Art�culo 11. Para efectos del impuesto sobre las ventas se entiende por productor quien agrega uno o varios procesos a las materias primas o mercanc�as.

Tambi�n se considera productor a quien sin fabricar directamente, encarga la producci�n de un art�culo para luego venderlo.

Para efectos de dicho impuesto se entiende que existe vinculaci�n econ�mica, en los casos contemplados en el Cap�tulo XI del T�tulo Primero del Libro Segundo del C�digo de Comercio.

1. Entre las empresas cuyo capital pertenezca directa o indirectamente en un cincuenta por ciento (50%) o m�s a. la misma persona.

2. Entre las empresas cuyo capital pertenezca en un cincuenta por ciento (50%) o m�s a personas ligadas entre s� por matrimonio, o por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil.

3. Entre la empresa y el socio, accionista o comunero que posea el cincuenta por ciento (50%) o m�s del capital social y entre aqu�lla y los socios que tengan derecho de administrarla.

3. Llevar en su contabilidad cuentas y subcuentas especiales para cada uno de los grupos gravados de acuerdo con las diferentes tarifas en que se agrupen los art�culos gravados.

4. Presentar ante las correspondientes oficinas de Impuestos Nacionales una declaraci�n peri�dica en donde relacionen las ventas efectuadas y dem�s datos exigidos por los reglamentos y en donde se efect�e la liquidaci�n privada del impuesto.

Par�grafo. El Ministerio de Hacienda determinar� por medio de resoluci�n los plazos y t�rminos en que los responsables deben cumplir con estas obligaciones. La resoluci�n puede autorizar la utilizaci�n de los calendarios contables propios de las empresas.

Art�culo 13. Norma general. La base para liquidar el impuesto ser� el total del precio convenido, sea que la venta se realice de contado o a cr�dito, incluyendo gastos directos de financiaci�n, accesorios, acarreos y dem�s erogaciones complementarias.

Par�grafo 1� Cuando en virtud de convenios o de costumbres comerciales los empaques y envases sean materia de devoluci�n, su valor no formar� parte de la base gravable.

Par�grafo 2� La base para liquidar el impuesto sobre la venta de gasolina ser� el precio del gal�n para el consumidor en Barrancabermeja, fijado por la Superintendencia Nacional de Producci�n y Precios.

Art�culo 14. Mercanc�as importadas. En el caso de mercanc�a importada, la base para liquidar el impuesto es la misma de los derechos de aduana adicionada con tales derechos.

Art�culo 15. En la transferencia a t�tulo gratuito y en el retiro de mercanc�as para uso personal, la base para liquidar el impuesto es el valor comercial de los bienes.

Art�culo 16. Cuando el pago se pacte en especie, como en la permuta, el precio de los art�culos negociados no podr� ser inferior al comercial en la fecha de la transacci�n.

Art�culo 17. El mayor valor que se cause con posterioridad a 1a. fecha de la venta, da lugar a la liquidaci�n del impuesto correspondiente.

Art�culo 18. Solamente se restar�n del valor bruto de la venta los descuentos efectivos que aparezcan en la factura y que no est�n sujetos a ninguna condici�n. Descuentos tales como por pronto pago, cantidad o bonificaciones posteriores, no afectan en ning�n caso la base de liquidaci�n del impuesto.

Art�culo 19. Cuando no aparezcan claras las razones comerciales por las cuales el precio convenido es notoriamente inferior al comercial en la fecha de transacci�n, el Director General de Impuestos Nacionales puede fijar una base de liquidaci�n m�s acorde con el precio comercial de dicho art�culo.

Art�culo 20. El impuesto se determina aplicando la tarifa correspondiente al valor de la operaci�n que constituye su base de c�lculo.

Art�culo 21. El valor de los impuestos liquidados por las compras de materias primas y dem�s elementos que normalmente se incorporan a los costos y gastos de producci�n y venta se descontar� del liquidado con base en las ventas.

Par�grafo. El impuesto sobre las ventas que se pague por la adquisici�n de activos fijos debe contabilizarse como un mayor valor de �stos y, en consecuencia, no se puede descontar del v liquidado con base en las ventas.

Art�culo 22. Cuando el responsable del impuesto sobre las ventas lleve su contabilidad a base de causaci�n, podr� restar el valor de los impuestos liquidados por las compras, aunque �stas no se hayan cancelado.

Art�culo 23. En los casos de devoluci�n de mercanc�as que hubieren sido base de imposici�n y por las cuales se hubiere pagado el correspondiente impuesto, dicho gravamen se descuenta de acuerdo con la reglamentaci�n que expida el Gobierno Nacional.

Si el comprador, hubiere descontado el impuesto, deber� reintegrarlo al fisco seg�n los reglamentos.

En los casos de revocaci�n del contrato d� seguros se proceder� en forma similar.

Art�culo 24. Las personas no responsables del impuesto que vendan art�culos sobre los cuales se haya pagado el .impuesto sobre las ventas, indicar�n en sus facturas el valor de dicho impuesto, si as� lo exige el comprador que va a procesarlos posteriormente. Cuando no se discrimine en las facturas el valor del impuesto, el comprador tendr� derecho a deducir como impuesto pagado para efecto de los art�culos 21 y 26 del presente Decreto, el monto que resulte de aplicar la tarifa correspondiente al 75% del precio total de las respectivas facturas.

Art�culo 25. Cuando hubiere ventas exentas, los correspondientes productores que figuren con saldo a su favor en la cuenta corriente del impuesto sobre las ventas, pueden solicitar su devoluci�n, de conformidad con los reglamentos.

En el caso de los art�culos que se exporten, solamente puede solicitar la devoluci�n del impuesto quien figure como exportador, aunque no fuere el responsable.

El Ministerio de Hacienda determinar� por medio de resoluci�n los t�rminos en que los no responsables del gravamen deben hacer la solicitud de devoluci�n.

Las devoluciones deber�n hacerse dentro de los treinta (30) d�as siguientes a la respectiva solicitud, y a partir de esta fecha hay lugar al reconocimiento de intereses comerciales a favor del contribuyente.

Par�grafo. Por intereses comerciales se entienden los bancarios vigentes para los dep�sitos a t�rmino.

Art�culo 26. Los responsables del impuesto sobre las ventas deben llevar una cuenta corriente, en la cual:

a) El valor del impuesto por las ventas se acredite al "impuesto sobre las ventas por pagar";

b) El valor de los impuestos pagados o causados por las compras, importaciones o devoluciones de mercanc�as, se debite.

Par�grafo. El valor del saldo cr�dito se consignar� en las oficinas de Impuestos Nacionales respectivas, en los plazos se�alados por resoluci�n del Ministerio de Hacienda.

Art�culo 27. Para que proceda el descuento a que se refiere el ordinal b) del art�culo 26, del presente Decreto, es necesario que se acompa�e a la declaraci�n de ventas correspondiente una simple relaci�n de los n�meros y fechas de las facturas o de los comprobantes que respalden el descuento solicitado.

El descuento �nicamente puede hacerse a m�s tardar en la declaraci�n que corresponda a los dos per�odos gravables siguientes a la fecha de la compra o importaci�n.

El no hacer .la solicitud en la oportunidad indicada acarrea p�rdida del derecho.

Art�culo 28. La venta de cerveza contin�a gravada de acuerdo con las tarifas y normas vigentes.

Art�culo 29. El Gobierno Nacional ceder� a los departamentos el valor del impuesto a cargo de las licoreras departamentales.

Art�culo 30. Los nuevos responsables del impuesto sobre las ventas deber�n inscribirse a m�s tardar el �ltimo d�a h�bil del mes de diciembre de 1974.

Art�culo 31. Los responsables del impuesto sobre las ventas que, a la fecha de expedici�n de este Decreto, no se hubieren inscrito o no hubieren declarado por primera vez, estando obligados, podr�n inscribirse hasta el 31 de octubre de 1974 sin que se les practique liquidaci�n de aforo ni se les aplique sanci�n alguna por los impuestos causados hasta la fecha de vigencia de este Decreto.

Art�culo 32. Der�ganse las disposiciones contrarias al presente Decreto y, en especial: art�culos 1�, 2� (incisos 1� y 2�) y 3� a 12, inclusive, del Decreto 3288 de 1963; art�culos 1� a 7�, inclusive, 9� y 11 a 14, inclusive, del Decreto 1595 de 1966; art�culo 13, ordinales f), g), i), j) del Decreto 435 de 1971; art�culos 2� y 3� del Decreto 3289 de 1963; art�culo 5�, ordinales 66 y 70, del Decreto 284 de 1973; art�culo 10 del Decreto 712 de 1973 y art�culos 1� a 6�, inclusive, del Decreto 803 de 1966.

El Ministro de Gobierno, Cornelio Reyes; el Ministro de Relaciones Exteriores, Indalecio Li�vanoAguirre; el Ministro de Justicia, Alberto Santofimio Botero; el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, Rodrigo Botero Montoya; el Ministro de Defensa Nacional, General Abraham Var�n Valencia; el Ministro de Agricultura, Rafael Pardo Buelvas; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mar�a Elena de Crovo; el Ministro de Salud P�blica, Haroldo Calvo N��ez; el Ministro de Desarrollo Econ�mico, Jorge Ram�rez Ocampo; el Ministro de Minas y Energ�a, Eduardo del Hierro Santacruz; el Ministro de Educaci�n Nacional, Hernando Dur�n Duss�n; el Ministro de Comunicaciones, Jaime Garc�a Parra; el Ministro de Obras P�blicas, Humberto Salcedo Collante.

Salvamento de voto a la sentencia sobre exequibilidad del Decreto 1988 de 1974.

A las razones que hemos expuesto en nuestros salvamentos anteriores de voto, producidos con ocasi�n de las decisiones de la Corte sobre los decretos de emergencia econ�mica, agregamos lo siguiente respecto del fallo que decide acerca del acto de la referencia:

Trat�ndose de lo relacionado con impuestos, las limitaciones constitucionales del Gobierno para dictar decretos con fuerza de ley durante el estado de emergencia son a�n m�s exigentes, pues la facultad impositiva reside de modo esencial en el Congreso, de acuerdo con la filosof�a pol�tica que inspira los estatutos fundamentales de los pa�ses democr�ticos y que nuestra Constituci�n desarrolla al determinar que "en tiempo de paz solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales podr�n imponer contribuciones" (art�culo 43), al atribuirle a aqu�l la potestad� de "establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administraci�n" y la de "decretar impuestos extraordinarios cuando la necesidad lo exija" (76, 13 y 14); al estatuir en el art�culo 205 que las variaciones que el Gobierno pueda efectuar en la tarifa de aduanas han de someterse a las leyes-cuadro previstas en el ordinal 22 del art�culo 76, cuyas reglas generales lo limitan tambi�n respecto de la organizaci�n del cr�dito p�blico, el reconocimiento de la deuda� nacional y el arreglo de su servicio y la regulaci�n del cambio internacional y el comercio exterior; al ordenar que "no podr� hacerse ning�n gasto p�blico que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales o las Municipalidades, ni transferirse ning�n cr�dito a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto (207) y al*prever que "el Congreso establecer� las rentas nacionales y fijar� los gastos de la administraci�n".

Y respecto de otras materias, no ya directamente impositivas, pero que ata�en a la aplicaci�n o distribuci�n de los impuestos, es al Congreso al que la Carta da facultad "para fijar los planes y programas de desarrollo econ�mico y social a que debe someterse la econom�a nacional, y los de las obras p�blicas que haya de emprenderse o continuarse, con la determinaci�n de los recursos e inversiones que se autoricen para su ejecuci�n." (art�culo 76-4), planes y programas que deber�n "reflejar" el presupuesto que el Gobierno ha de presentar a la aprobaci�n del Congreso (art�culo 208) y tambi�n �ste el que debe "determinar la estructura de la Administraci�n Nacional mediante la creaci�n de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos P�blicos y fijar las escalas de remuneraci�n correspondientes a las distintas categor�as de empleos, as� como el r�gimen de sus prestaciones sociales" (art. 76-9) y el que "concede autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empr�stitos, enajenar bienes nacionales..(art. 76-11).

Vese, pues, que la facultad impositiva reside en el Congreso de modo esencial, facultad que puede delegar, seg�n lo ha admitido la jurisprudencia constante de la Corte, cuando "reviste, pro t�mpore, al Presidente de la Rep�blica de precisas facultades extraordinarias", conforme al art�culo 76, numeral 12 de la Carta.

Como excepci�n a aquel principio fundamental, es admisible que, declarado el estado de emergencia, pueda el Gobierno tomar medidas relacionadas con impuestos, como medio indispensable para hacer frente a los hechos sobrevinientes, graves, de manifiesta urgencia que dieron lugar a la declaraci�n de tal estado, siempre que esas medidas est�n destinadas exclusivamente a conjurar la crisis y que tengan relaci�n directa y espec�fica con la situaci�n de emergencia. Creemos que el Gobierno puede obrar as�, porque obligado a conjurar hechos de esa 'naturaleza o a solucionar una grave calamidad p�blica, no-podr�a, priv�rselo de un instrumento necesario para afrontar con eficacia la situaci�n de emergencia, cu�l ser�a el de arbitrar fondos con tal fin, lo que suele conseguirse por �l aumento de los grav�menes o de las tasas, la limitaci�n o abolici�n de exenciones y otras medidas semejantes. Son �stas, remedios extraordinarios, que si bien modifican la legislaci�n vigente al respecto, no pueden substituir todo el estatuto fiscal respectivo, ni reestructurarlo para hacer uno nuevo; han de limitarse a reformas o modificaciones parciales respecto de aquellos pantos necesarios para solucionar los graves hechos perturbadores del orden econ�mico o social. Existiendo un reglamento completo de un tributo, no se ve en qu� forma el cambiarlo por otro, est� encaminado "exclusivamente" a conjurar la crisis y guarde relaci�n "directa y espec�fica" con la necesidad de aumentar ingresos para subvenir a imprevistas erogaciones, surgidas de tales hechos sobrevinientes.

Estimamos que el estado de emergencia no faculta para dictar estatutos generales, ni para reformar estructuras, ni para disponer a la manera del Congreso, sustituy�ndolo, sino para dictar medidas destinadas directa y exclusivamente a conjurar la crisis que lo determin� o a impedir la extensi�n de sus efectos o a atender una grave calamidad p�blica.

Si dificultades de orden econ�mico y fiscal por las que la Naci�n atraviese hacen aconsejable y a�n imprescindible un cambio fundamental de las estructuras de esos �rdenes o una modificaci�n sustancial de los sistemas tributarios o una sistematizaci�n o tecnificaci�n de los mismos, la v�a constitucional es la de leyes expedidas por el Congreso, y si. la necesidad lo exige o las conveniencias p�blicas lo aconsejan, la de las facultades extraordinarias de que puede investir al Presidente de la Rep�blica. Lo que no se amolda ni a la letra, ni al esp�ritu de la Constituci�n es que la declaraci�n del estado de emergencia haya sido instituida para conseguir aquellos fines, como aparece expuesto con claridad en el informe para primer debate en el Senado, de la segunda vuelta del proyecto unificado de la reforma constitucional de 1968, que explica que con el art�culo 122 "no se quiere desplazar hacia el Ejecutivo una competencia abierta para legislar " y que �l1 ' representa un equilibrio bien logrado entre la necesidad de adoptar medidas urgentes y el principio de que la responsabilidad legislativa corresponde al Congreso".

Ahora bien. El Decreto 1988 de 20 de septiembre de 1974, "por el cual se introducen modificaciones al r�gimen del impuesto sobre las ventas", no obstante su t�tulo, establece una nueva organizaci�n completa de ese tributo, al determinar en su art�culo 1� que "el impuesto sobre las ventas regulado por los Decretos 3288 y 3289 de 1965, 1595 de 1966 y 435 de 1971, se regir� (subrayamos) por las disposiciones del presente Decreto " y al derogar de modo expreso en su art�culo 32 todas las disposiciones substanciales anteriores rectoras de dicho impuesto, de tal manera que el Decreto en estudio reglamenta �ntegramente la materia y son sus normas las que en adelante regir�n lo que se relaciona con el citado gravamen.

Esta reestructuraci�n total del impuesto a las ventas no aparece destinada "exclusivamente" a conjurar la crisis, ni tiene relaci�n "directa y espec�fica" con la situaci�n de emergencia. Si de lo que se trata es de arbitrar fondos para un fin directo y espec�fico, el�vense las tarifas, susp�ndanse las exenciones, exti�ndase a otros aspectos el gravamen; pero no se establezca legislaci�n general nueva, substitutiva de la anterior, porque ello 110 encaja dentro de las facultades excepcionales del Ejecutivo en el estado de emergencia, por falta de conexidad directa y espec�fica entre los hechos que la produjeron y la medida tomada.

Para nosotros, es, por lo consiguiente, inexequible el Decreto a que nos referimos y, por esta raz�n, no entramos a considerar la inconstitucionalidad de algunas de sus disposiciones, seg�n lo declar� la sentencia de que disentimos. As� como tampoco comentamos varias de las consideraciones c�e la mayor�a, en la parte motiva de la providencia, que estimamos equivocadas.

Jos� Enrique Arboleda Valencia., Mario Alario D' Filippo, Juan Benavides Patr�n, Alejandro C�rdoba Medina, Ernesto Escall�n V., Alvaro Luna G�mez, Humberto Murcia Bail�n y Luis Sarmiento Buitrago.

Adem�s de las razones expuestas en el salvamento de voto a la sentencia sobre el Decreto 1988 de 1974, agregamos las siguientes:

Los decretos que el Gobierno dicta en uso de las facultades consagradas en el art�culo 122 de la Constituci�n, no pueden tener vigencia indefinida, porque ellos est�n "destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensi�n de sus efectos", y las causas que la misma norma se�ala como determinantes del estado de emergencia, as� lo indican, pues son hechos sobrevinientes ' ' que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden econ�mico o social del pa�s o que constituyan grave calamidad p�blica". No puede pensarse que la emergencia econ�mica de que trata el precepto de la Carta, sea un estado o un hecho permanente, sino una situaci�n eminentemente temporal, para cuyo remedio solamente se pueden concebir medidas transitorias.

Cuando el art�culo 122 habla de decretos "con fuerza de ley", se entiende que ellos no pueden modificar la Constituci�n, sino que derogan o modifican las leyes. Pero pensar que tales decretos por tener esa fuerza, pueden ser de aplicaci�n permanente, es contrariar las mismas ordenaciones del art�culo 122, porque los decretos que tengan vigencia indeterminada, no est�n "destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensi�n de sus efectos", ni se refieren solamente a "materias que tengan relaci�n directa y espec�fica con la situaci�n que determine el estado de emergencia".

Para que se cumplan las limitaciones del art�culo 122 de la Constituci�n, es necesario que los decretos dictados por el Gobierno se�alen la vigencia transitoria que exigen las materias y las finalidades indicadas en la misma norma, pues de otra numera no se est� ci�endo el Gobierno a la normaci�n del precepto citado, y el decreto resulta inconstitucional. Si una situaci�n de emergencia econ�mica se transforma en estado cr�nico o situaci�n permanente, el camino constitucional es distinto, porque ya la emergencia econ�mica cambia y ha de remediarse por medio de las leyes que dicte el Congreso o decretos proferidos con base en las facultades que confiera el mismo Congreso.

Como el decreto sobre impuesto a las ventas no es transitorio, no se destina exclusivamente a conjurar la crisis y a evitar la extensi�n de sus efectos, sino que constituye una transformaci�n permanente de ese impuesto, el acto no re�ne los requisitos constitucionales de tales decretos, por lo que resulta, contrario al art�culo 122 de la Constituci�n.

Salvamento de voto a la sentencia que decidi� sobre la constitucionalidad del decreto de emergencia, n�mero 1988 de 1974.

He cre�do que durante el estado de emergencia puede el Presidente con la firma de todos sus Ministros, aumentar, rebajar o suprimir impuestos. Y la duda que tuve inicialmente acerca de si pod�a crear nuevos tributos y, consecuencialmente, dictar el respectivo estatuto impositivo, fue bien pronto disipada al profundizar en el alcance de los t�rminos empleados por el constituyente en el canon que disciplina el estado de emergencia.

Tal conclusi�n se impon�a, pues contemplando el art�culo 122 de la Carta un claro y grave estado de anormalidad econ�mica o social que, en nuestros d�as, puede tener gravedad y a�n revestir mayores proporciones que la originada en guerra exterior o conmoci�n interna, situaci�n que, a todas luces, conlleva alteraci�n del orden y de la armon�a, es decir de la paz, menester era concluir que durante tal estado de cosas no se est� en tiempo apacible, entendi�ndose la paz, 110 exclusivamente como ant�tesis de la guerra armada, sino como un discurrir dentro del orden armonioso, orden que debe reinar no solo desde el punto de vista b�lico, sino del econ�mico o social.

Si durante el estado de emergencia, pues, no se vive clima de paz, evidente resulta que no se quebranta el art�culo 43 de la Carta, cuando durante �l se crean tributos, o se aumentan, disminuyen o suprimen los existentes, por 'medio de decretos extraordinarios ajustados a las condiciones del precitado art�culo 122. Si la competencia exclusiva para decretar impuestos atribuida a Congreso, Asambleas y Concejos, rige s�lo en tiempos de paz, s�guese inexcusablemente que durante los estados de sitio o de emergencia, ambos situados por fuera del marco contemplado en la, norma excepcional del art�culo 43, ning�n obst�culo constitucional existe para que el Gobierno, ajust�ndose a las condiciones regladas en los c�nones 121 y 122 del C�digo institucional, bien pueda ejercer la facultad impositiva que, se repite, s�lo en tiempo de paz es atributo exclusivo del Congreso y de los otros organismos mencionados.

La circunstancia de que hubiera sido negada la proposici�n de algunos constituyentes, encaminada a precisar que por la v�a de la emergencia no se pod�a hacer una reforma tributaria, o la de que no hab�a sido acogida la-de que s� se pudiera, no tienen la trascendencia que ha querido d�rseles. En mi sentir modesto, tales episodios en nada, comprometen la voluntad del Congreso o del constituyente, pues estos �rganos superiores del Estado s�lo manifiestan su voluntad por medio de mandatos, de normas concretas, en una palabra de preceptos legales que manden, permitan, proh�ban o castiguen. La voluntad soberana del constituyente, ni la del legislador pueden inferirse de la negativa dada a determinados proyectos. Una cosa es que cierta iniciativa sea derrotada y otra muy distinta que el �rgano soberano torne en ley, es decir, en mandato obligatorio, un precepto que contenga la voluntad opuesta. Si un proyecto de acto legislativo o de ley expresamente propone que durante el estado de emergencia no se pueda legislar sobre impuestos y el proyecto es negado, tal suceso no equivale a que se hubiera aprobado el precepto que permite la imposici�n.

La declaraci�n de la voluntad soberana s�lo puede manifestarse en la forma prevenida en la Constituci�n Nacional, seg�n lo impera di�fanamente el art�culo 4� del C�digo Civil, donde se agrega que el car�cter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. Por tanto, negar un proyecto de ley, no equivale a darle fuerza obligatoria a una t�cita norma opuesta al mismo.

Cuando el legislador quiere algo, su voluntad soberana debe expresarse en una norma legal que mande, prohiba, permita o castigue.

Y a pesar de que es ampl�sima la �rbita en que puede moverse el legislador extraordinario del estado de emergencia, sin embargo como ella tiene l�mites precisos, su competencia no puede exceder o rebasar la l�nea de demarcaci�n que le traza el mismo art�culo 122. Todo desbordamiento se traducir�a en violaci�n de la Carta. El Presidente, con la firma de sus Ministros, pu,e-de, en general, dictar normas obligatorias que tengan como destino exclusivo el conjurar la crisis o el impedir la extensi�n de sus efectos. No obstante, no par ello puede legislar sobre todo tema, sino �nicamente sobre "materias que tengan relaci�n directa y espec�fica con la situaci�n que determine el estado de emergencia", que es la �nica y sujeta materia de sus ordenamientos.

Decretos que, aunque busquen certeramente. conjurar la crisis o hacer cesar sus efectos, contienen normas que carecen de relaci�n directa y espec�fica con la situaci�n que determin� el estado de emergencia, son inconstitucionales en ese punto, porque desbordan el campo de la competencia. Requi�rese, pues, que los decretos no s�lo tiendan a conjurar la crisis o a lograr que sus efectos no se extiendan, sino que adem�s regulen exclusivamente materias que tengan aquella relaci�n directa y espec�fica.

Brota de lo anterior por qu� son inconstitucionales normas que, aunque encaminadas a hacer cesar la crisis o a impedir la propagaci�n de sus efectos y aunque tengan relaci�n indirecta o general con la situaci�n que determine el estado de emergencia, carecen de relaci�n directa y espec�fica con esa situaci�n. Esta �ntima y precisa relaci�n es una exigencia constitucional expresa que no puede olvidarse, pues en tal evento, se producir�a una verdadera usurpaci�n de las funciones propias del �rgano legislativo. Mientras el Gobierno no desborde el campo de su competencia de legislador extraordinario, ning�n conflicto se produce con el ejercicio que el Congreso haga de su plena competencia legislativa que, en parte es paralela a la que, en el estado de emergencia la Carta otorga al Gobierno, y que de todos modos es superior, pues el Congreso no pierde la facultad de modificar y aun derogar esos decretos extraordinarios.

Despr�ndese tambi�n de lo expuesto, que el Presidente no puede recrear normas jur�dicas que ya existen, comoquiera que su facultad, legislativa solo puede limitarse a producir instrumentos legales que no existen; respecto a las leyes que ya tienen vida, su funci�n se circunscribe a utilizarlas y aun a modificarlas, o derogarlas en cuanto sean incompatibles con las dictadas en el estado de emergencia, mas no puede recrearlas. Guando el art�culo 122 citado lo autoriza para dictar decretos con fuerza de ley, debe entenderse que contengan normas nuevas. Ser�a un verdadero desperdicio legislativo, una franca dilapidaci�n de funciones y un invadir la �rbita legislativa normal del Congreso, el volver a dictar normas 'que desde antes tienen vida jur�dica y son obligatorias. Tal el estribo legal para propugnar por qu� el Gobierno, durante el estado de emergencia, no pueda reglamentar �ntegramente una materia ya reglada por el legislador, pues tal reglamentaci�n �ntegra, por virtud de lo dispuesto en el art�culo 39 de la Ley 153 de 1887, tiene el inmenso poder no s�lo de derogar t�citamente todas las normas que resulten contrarias al estatuto as� redactado, sino que tambi�n deja sin vigor, insubsistente, toda otra regla de derecho que haya quedado comprendida en la materia reglamentada. As� brilla al ojo que por esta v�a, por la, de la reglamentaci�n �ntegra de un tema, el Gobierno podr�a) derogar mm normas que no pugnan con el estado de emergencia, lo cual es, evidentemente, un desafuero jur�dico, pues sus facultades legislativas no pueden llegar a esos extremos que entra�an injusta suplantaci�n de las potestades exclusivas del Congreso. No quiere decir lo anterior, empero, que el Gobierno respecto a materia impositiva ya reglamentada por el legislador, no puede aumentar, rebajar o suprimir los tributos establecidos o cambiar las bases de la tributaci�n. Como se dijo al principio de este salvamento de voto, estas son funciones propias del Gobierno en el estado de emergencia, y tambi�n la de crear cargas que no exist�an, impuestos que no hab�an sido creados o no reg�an antes, .hip�tesis en la cual s� tiene el poder de reglamentar �ntegramente la materia, pues no habiendo reglamentaci�n antecedente, tal proceder no causar�a el efecto previsto en la primera parte del art�culo 3� de la Ley 153 pre-mencionada.

Todo lo expuesto esclarece por qu� me opuse a que se votara en bloque la parte resolutiva de la sentencia, y propugn� una votaci�n art�culo por art�culo, que l�gicamente hubiera mostrado una votaci�n mayor relativamente a la constitucionalidad de los art�culos 7� y 8� y de los que con ellos tienen v�nculo �ntimo, normas que desarrollan la filosof�a fundamental de que el Gobierno, en el estado de emergencia, puede ejercer la facultad impositiva.

Finalmente, expreso que cuando el art�culo 122 dice que sumados los per�odos en que rija el estado de emergencia no pueden exceder de 90 d�as al a�o, aquel lapso no puede entenderse como el a�o calendario, sino el a�o presidencial, es decir del 7 de agosto al 6 inclusive, del mismo mes del a�o siguiente.

Cinco de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro. En la fecha fue recibido el fallo que antecede.

Publicaci�n. Seis de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro. En la fecha se public� la sentencia qu� antecede, conforme lo dispuesto en el art�culo 1� del Decreto 41 de 1971.