C-994 de 1999

200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020046097CC-SENTENCIAC994199909/12/1999CC-SENTENCIA_C_994__1999_09/12/1999200460971999Sentencia C-994/99 COSA JUZGADA Referencia: Expediente D- 2617

Karen Ivette Lora KessieCONSTITUCIONALIDADCarlos Gaviria D�azDemanda de inconstitucionalidad contra los art�culos 26 y 44 del decreto 1122 de 1999D 2617Identificadores20020046098true67985Versi�n original20046098Identificadores

Norma demandada: �Demanda de inconstitucionalidad contra los art�culos 26 y 44 del decreto 1122 de 1999

Demanda de inconstitucionalidad contra los art�culos 26 y 44 del decreto 1122 de 1999

Santaf� de Bogot�, D.C., nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y tr�mite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

En ejercicio de la acci�n p�blica de inconstitucionalidad, la ciudadana KAREN IVETTE LORA KESSIE, demand� los art�culos 26 y 44 del decreto 1122 de 1999 "Por el cual se dictan normas para suprimir tr�mites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la administraci�n p�blica y fortalecer el principio de la buena fe".

Cumplidos los tr�mites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.

Dada la decisi�n que habr� de adoptar la Corte en este proceso, simplemente se transcribir� el t�tulo del decreto parcialmente acusado:

"Por el cual se dictan normas para suprimir tr�mites, facilitar la actividad e los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y la eficacia de la administraci�n p�blica y fortalecer el principio de la buena fe"

Considera la accionante que los art�culos 26 y 44 del decreto 1122 de 1999 al consagrar que las entidades p�blicas deben abrir cuentas �nicas con cobertura en los lugares de prestaci�n de sus servicios y que los particulares podr�n consignar el importe de sus obligaciones en cualquier oficina ubicada en el �rea de prestaci�n de servicio, viola los art�culos 2, 13, 44, 335 y 365 de la Constituci�n, al restringir notablemente el servicio p�blico bancario, "poniendo cargas y obst�culos a las relaciones del Estado con los particulares, olvidando que la Administraci�n p�blica tiene la obligaci�n constitucional de servir a la comunidad, satisfacer sus necesidades y garantizar la protecci�n de sus derechos y uno de los medios a trav�s de los cuales se logran estos fines es la prestaci�n de lose servicios p�blicos, los cuales deben ser suministrados seg�n las cambiantes necesidades y la complejidad del mundo moderno, para que realmente el servicio pueda ser catalogadoacorde con los principios de igualdad, eficiencia, eficacia y celeridad."

El se�or Procurador General de la Naci�n en concepto No. 1988 recibido el 1 de diciembre de 1999, solicita a la Corte declarar la inconstitucionalidad de la integridad del decreto, materia de acusaci�n, como consecuencia del retiro del ordenamiento jur�dico de las facultades extraordinarias que sirvieron de fundamento para su expedici�n, como consta en la sentencia C-702 de 1999, proferida por esta corporaci�n.

De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 241-5 corresponde a esta corporaci�n decidir la presente demanda.

Como bien lo afirma el Procurador General de la Naci�n, esta corporaci�n en la sentencia C-923/99 declar� inexequible el decreto 1122 de 1999. En consecuencia, ha operado el fen�meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.) y ante esta circunstancia s�lo resta ordenar que se est� a lo resuelto.

En m�rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

Estarse a lo resuelto en la sentencia C-923/99, en la que se declar� inexequible el decreto 1122 de 1999.

Estarse a lo resuelto ...��DECRETO_1122_1999_29/06/1999

Notif�quese, comun�quese, publ�quese, ins�rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch�vese el expediente.

Acci�n de inconstitucionalidad contra algunas disposiciones del Decreto-ley 1122 de 1999

Teniendo en cuenta que los suscritos magistrados salvamos nuestro voto respecto de la decisi�n adoptada mediante la Sentencia C-702 de 1999, que decidi� declarar inexequible el art�culo 120 de la ley 489 de 1999, por las razones expuestas en dicho salvamento y a las cuales nos remitimos, en el presente caso nos permitimos aclarar el voto en el sentido de que s�lo en acatamiento al principio de cosa juzgada, hemos compartido la decisi�n aqu� adoptada.