El Congreso de la República 

DECRETA: 

Visto el texto del "Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la Pena de Muerte", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989.  

SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DESTINADO A ABOLIR LA PENA DE MUERTE 

Los Estados Partes en el presente Protocolo,  

Considerando que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos,  

Recordando el artículo 3º de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 y el artículo 6o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966,  

Observando que el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a la abolición de la pena de muerte en términos que indican claramente que dicha abolición es deseable,  

Convencidos de que todas las medidas de abolición de la pena de muerte deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida,  

Deseosos de contraer por el presente Protocolo un compromiso internacional para abolir la pena de muerte,  

Han convenido en lo siguiente,  

Artículo 1º. 

1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo.  

2. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción.  

Artículo 2º. 

1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo, con excepción de una reserva formulada en el momento de la ratificación o la adhesión en la que se prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de guerra.  

2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de la ratificación o la adhesión, las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra.  

3. El Estado Parte que haya formulado esa reserva notificará al Secretario General de las Naciones Unidas de todo comienzo o fin de un estado de guerra aplicable a su territorio.  

Artículo 3º.  

Los Estados Partes en el presente Protocolo deberán incluir en los informes que presenten al Comité de Derechos Humanos, en virtud del artículo 40 del Pacto, información sobre las medidas que han adoptado para poner en vigor el presente Protocolo.  

Artículo 4º.  

Respecto de los Estados Partes en el Pacto que hayan hecho una declaración en virtud del artículo 41, la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple con sus obligaciones se hará extensiva a las disposiciones del presente Protocolo, a menos que el Estado Parte interesado baya hecho una declaración en sentido contrario en el momento de la ratificación o la adhesión.  

Artículo 5º.  

Respecto de los Estados Partes en el primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966, la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de personas que estén sujetas a su jurisdicción se hará extensiva a las disposiciones del presente Protocolo, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una declaración en sentido contrario en el momento de la ratificación o la adhesión.  

Artículo 6º.  

1. Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables en carácter de disposiciones adicionales del Pacto.  

2. Sin perjuicio de la posibilidad de formular una reserva con arreglo al artículo 2º del presente Protocolo, el derecho garantizado en el párrafo 1º del artículo 1º del presente Protocolo no estará sometido a ninguna suspensión en virtud del artículo 4º del Pacto.  

Artículo 7º.  

1. El presente Protocolo está abierto a la firma de cualquier Estado que haya firmado el Pacto.  

2. El presente Protocolo está sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado el Pacto o se haya adherido a él. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  

3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado el Pacto o se haya adherido a él.  

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o adhesión.  

Artículo 8º.  

1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres (3) meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  

2. Respecto de cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres (3) meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio instrumento de ratificación o adhesión.  

Artículo 9º.  

Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas las Partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.  

Artículo 10.  

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1º del artículo 48 del Pacto:  

a) Las reservas, comunicaciones y notificaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 2º del presente Protocolo;  

b) Las declaraciones hechas conforme a lo dispuesto en los artículos 4º ó 5º del presente Protocolo;  

c) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del presente Protocolo;  

d) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a lo dispuesto en el artículo 8º del mismo.  

Artículo 11.  

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.  

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el artículo 48 del Pacto.»  

El suscrito Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,  

HACE CONSTAR:  

Que la presente reproducción es fiel fotocopia tornada del texto certificado del "Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la Pena de Muerte", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989, que reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.  

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los tres (3) días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995).  

El Jefe Oficina Jurídica,  

Héctor Adolfo Sintura Varela,  

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Santa Fe de Bogotá, D. C.  

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.  

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO 

El Ministro de Relaciones Exteriores,  

(Fdo.) Rodrigo Pardo García-Peña». 

El Presidente del honorable Senado de la República, 

JULIO CESAR GUERRA TULENA 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

PEDRO PUMAREJO VEGA 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

RODRIGO RIVERA SALAZAR 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

DIEGO VIVAS TAFUR 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Comuníquese y publíquese. 

Ejecútese previa la revisión de la Corte Constitucional conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 17 de julio de 1996. 

ERNESTO SAMPER PIZANO 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 

Rodrigo Pardo García-Peña. 

El Ministro de Justicia y del Derecho, 

Carlos Eduardo Medellín Becerra.