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LEY441886188611 script var date = new Date(03/11/1886); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO. XXII. N. 6855. 9, NOVIEMBRE, 1886. PAG. 1.CONSEJO NACIONAL DE LEGISLATIVOSobre suministros, empréstitos y expropiacionesVigencia en EstudiofalsefalsePlaneaciónfalseContratación estatal|Crédito público y endeudamiento|PenalfalseLEY ORDINARIAfalse09/11/188609/11/1886685511891

DIARIO OFICIAL. AÑO. XXII. N. 6855. 9, NOVIEMBRE, 1886. PAG. 1.

RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar]

LEY 44 DE 1886

(noviembre 03)

Sobre suministros, empréstitos y expropiaciones

ESTADO DE VIGENCIA: Vigente. [Mostrar]

Subtipo: LEY ORDINARIA

El Consejo Nacional Legislativo 

  

DECRETA: 

  


Art. 1.° La Republica reconoce a cargo del Tesoro nacional todos los créditos procedentes de suministros, empréstitos, expropiaciones y contribuciones de guerra que exigieron durante la pasada rebelión, el Gobierno nacional, los Agentes civiles y militares de este y los Gobiernos seccionales; y las obligaciones contraídas por los Gobiernos de los extinguidos Estados para la defensa del Gobierno legítimo. 

  

Asimismo reconoce los créditos provenientes de exacciones causadas por los rebeldes a los partidarios y sostenedores del Gobierno. 

  

Para los efectos de esta ley, se entenderá principiada la rebelión el 12 de Diciembre de 1884. 

  


Art. 2.° Los créditos de que trata el artículo anterior se dividirán en las siguientes clases: 

  

1.° Los procedentes de contratos por compra de ganados, caballerías, vestuarios, correajes, monturas y otros de igual naturaleza, celebrados o aprobados por el Poder Ejecutivo, por los Intendentes o por otros funcionarios o empleados autorizados para ello. 

  

2.° Los recibos expedidos directamente por la Tesorería general en virtud de consignaciones hechas allí, o por los Secretarios de Estado, por Comisionados especiales, por los Intendentes de Hacienda o Guerra, por los Comandantes generales o Jefes de Estado Mayor en los Cuerpos del Ejercito el que no hubiere habido tales Intendencias o Comisionados especiales, por los Presidentes, Gobernadores o Jefes civiles y militares de los Estados, por los Administradores principales de Hacienda, y las certificaciones o recibos expedidos por los Gobiernos de los antiguos Estados, de conformidad con el Decreto número 10, de 17 de Febrero de 1886. Estos documentos debidamente autenticados, serán suficiente comprobante para el reconocimiento del crédito y expedición de las órdenes de pago. 

  

3.° Los créditos que no constando en recibos o atestaciones, sean comprobados por declaraciones de nudo hecho, rendidas ante el respectivo Juez del Circuito o Provincia con la intervención del Agente del Ministerio Público, debidamente autenticadas. Para establecer cada hecho de los que den derecho a la reclamación contra el Tesoro en los términos de este inciso, se requiere la declaración de tres testigos idóneos y constantes, por lo menos, que den razón de su dicho. 

  

Con tales comprobantes se hará el reconocimiento y expedición de la orden de pago. 

  


Art. 3.° Toda reclamación por suministros, empréstitos y expropiaciones deberá instaurarse dentro del término de nueve meses, contados desde la publicación de la presente ley, pasado el cual, se declarara todo derecho que no se hubiere reclamado en tiempo oportuno. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Art. 4.° El reconocimiento de los créditos de que se habla en los puntos 1°, 2°.y 3°. del artículo 2°. de esta ley, se hará por una comisión compuesta de tres miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, oyendo al Consejo de Estado. Dicha comisión tendrá un Secretario y tres Oficiales escribientes. 

  

Se exceptúan de esta disposición los créditos de extranjeros, los cuales deben reconocerse de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10 del presente año. 

  


Art. 5.° Esta Comisión pertenece al orden administrativo, y las resoluciones definitivas que dicte serán sometidas en todo caso a la aprobación del Ministerio a que sea adscrita por el Gobierno. 

  


Art. 6° La Comisión de que trata el artículo anterior procederá, verdad sabida y buena fe guardada, procurando en todo caso que no sean sacrificados los derechos del Fisco ni los de los particulares. Ella podrá dictar resoluciones encaminadas a ampliar las pruebas en que se apoyan las reclamaciones y pedir los datos e informes que crea convenientes para esclarecer los hechos en que estas se fundan. Tendrá también la facultad de fijar la cuantía de los créditos que reconozca, cuando a su juicio, y habida consideración de la manera de hacer los pagos, sean exagerados los avalúos de objetos o efectos suministrados o expropiados. 

  

Asimismo tendrá los Gobernadores de Departamento la facultad de dictar resoluciones encaminadas a ampliar las pruebas y esclarecer los hechos en que las reclamaciones se fundan, habiendo de dar cuenta a la Comisión de las diligencias que practiquen. 

  


Art. 7.° De las resoluciones dictadas por dicha Comisión podrán los interesados pedir la reconsideración, y la Comisión acordada, cuando tal petición se haga dentro de los diez días siguientes a la respectiva notificación y se apoye en nuevos documentos en el hecho de error manifiesto en la apreciación de las pruebas. 

  


Art. 8.° Si los acreedores no se conformaren con las resoluciones definitivas dictadas por la Comisión y aprobadas por el Ministerio respectivo, se les devolverán los dos presentados para que ocurran ante el Poder Judicial, en vía ordinaria, demandando sus créditos; y el juicio se surtirá en primera instancia ante el Juez competente del Departamento en que tuvo lugar el suministro, empréstito, expropiación o contribución de guerra, y en segunda instancia ante la Corte Suprema de la Nación. 

  


Art. 9.° Los jueces de primera instancia y la Suprema Corte nacional, con la cual se consultarán en todo caso las sentencias dictadas por ellos cuando sean perjudiciales a la Nación, estimarán la prueba testimonial y la pericial, según su juicio, verdad sabida y buena fe guardada, sin sujeción a la tarifa ordinaria de pruebas, tanto al resolver sobre la comprobación de los hechos, como al fijar la cuantía de la reclamación. 

  


Art. 10. El Procurador general de la Nación, a quien se harán saber todas las resoluciones que dicte la Comisión y apruebe el Gobierno, si las estimaré contrarias a los intereses nacionales, aunque al acreedor se conforme con ellas, podrá ocurrir a la Corte Suprema nacional, a quien se pasara lo actuado para que se resuelva definitivamente sobre la reclamación y su cuantía, en una sola instancia, por los trámites establecidos en el artículo 9°. 

  


Art. 11. La Corte Suprema, en todo caso, podrá dictar autos de mejor proveer para que se practiquen las pruebas y se presenten los documentos que a bien tenga, a fin de poner en claro los hechos en que se funda la reclamación y su verdadera cuantía 

  


Art. 12. Los acreedores podrán ocurrir al Poder Judicial en el caso de no conformarse con lo resuelto por la Comisión y aprobado por el Poder Ejecutivo, dentro de cuarenta días contados desde la fecha en que se les notifique dicha resolución. 

  

Después de ese término no serán oídos, y solo tendrán derecho a la cantidad fijada por la Comisión. 

  


Art. 13. La Comisión creada por esta ley conocerá también de las reclamaciones pendientes por empréstitos y expropiaciones que tuvieron lugar durante la guerra de 1876 y 1877. 

  

En consecuencia, pasaran a la Comisión los expedientes respectivos existentes en cualesquiera Juzgados o en la Suprema Corte. 

  

1.° La Comisión resolverá sobre el reconocimiento de los créditos de que habla este artículo por las pruebas que se hayan producido en los respectivos juicios pendientes, estimándolos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.° y por las demás que presenten los interesados en los términos de esta ley. 

  

2.° Los créditos provenientes de empréstitos hechos a la Nación durante la guerra de 1876 y 1877, de cuya recaudación e inversión se haya presentado cuenta comprobada a la Oficina general de Cuentas, se reconocerán siempre que del cotejo de los recibos correspondientes con los documentos de aquella cuenta, resulte que tales recibos son auténticos. 

  

3.° Los créditos procedentes del empréstito especial impuesto por el decreto 113 de fecha 23 de febrero de 1877, que aun estén pendientes, serán también reconocidos y mandados pagar en los términos de esta ley, si se comprueban con los recibos expedidos por el Tesorero general de la Republica o por los que hayan dado otros empleados competentes. 

  


Art. 14. La misma Comisión conocerá de las reclamaciones pendientes hechas por las personas a quienes se les confiscaron y expropiaron sus bienes por los decretos del Presidente provisorio de los Estados Unidos de Colombia de 14 de Diciembre de 1862 y 30 de Enero de 1863, respecto a los frutos de las fincas raíces que se expropiaron y devolvieron, durante el tiempo que permanecieron en poder de los Agentes del Gobierno, y a los semovientes que les fueron expropiados y entraron a poder del mismo. A estos dos puntos de las mencionadas reclamaciones se contraerán los reconocimientos que haga la Comisión. 

  


Art. 15. La Comisión conocerá de los negocios a que se refieren los dos anteriores artículos, observando los procedimientos y haciendo uso de las facultades determinadas por la presente ley. 

  


Art. 16. Antes de someter a la Comisión los documentos creados para reclamar contra el Tesoro en los términos del inciso 3°. del artículo 2°, deberá haberse presentado a la autoridad política superior de cada Departamento la relación jurada de que trata la resolución de la Secretaria de Guerra y Marina de 17 de Mayo del presente año. (Diario Oficial número 6.634). 

  

Prorrogase por noventa días, contados en cada lugar desde la promulgación de esta ley, el término hábil para presentar dicha relación jurada. El Gobernador del respectivo Departamento deberá certificar y registrar tales relaciones y dar cuenta de ellas semanalmente al Ministerio del Tesoro. 

  

Asimismo prorrogase por noventa días el tiempo hábil para registrar en los términos de los decretos números 660 de 1.° de Octubre de 1885, 102 de 17 de Febrero del presente año, los documentos de que tratan los incisos 1.° y 2.° del artículo 2o. de esta ley. 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Art. 17. La referida Comisión dictara los reglamentos que crea convenientes para la organización de sus trabajos; reglamentos que serán sometidos a la aprobación del Gobierno. 

  


Art. 18. Las resoluciones dictadas por la Comisión, en que se reconozcan créditos a cargo del Tesoro, serán remitidas al Ministerio respectivo como comprobante para la expedición de las órdenes de pago. 

  


Art. 19. En toda resolución que reconozca cerditos a cargo del Tesoro deberán expresarse las siguientes circunstancias: 

  

1.° El carácter de defensor del Gobierno o de ciudadano pacífico y sometido a las leyes, o el de comprometido en la rebelión, en la época en que se hizo la expropiación o empréstito respectivo; y 

  

2.° La naturaleza del crédito según la clasificación que establece el artículo 2.° de esta ley. 

  

Cuando en una reclamación se reconozcan cantidades de clase distinta, con cada cantidad se expresara la clase a que corresponda. 

  

El Ministerio respectivo, al expedir las órdenes de pago, hará las anotaciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo. 

  


Art. 20. El carácter de persona pacífica y sometida a las leyes, para los efectos de esta ley, se comprobará con una certificación de la primera autoridad política del Departamento, y, a falta de esto, con declaraciones de tres testigos idóneos, rendidas con asistencia del Ministerio público; y el de sostenedor y defensor del Gobierno deberá comprobarse con los despachos o documentos públicos en que tal hecho conste, debidamente autenticados. 

  


Art. 21. La Comisión empezará a funcionar el día 1°. de Enero de 1887. 

  


Art. 22. La ley de crédito público fijará las cantidades que hayan de aplicarse al pago de los créditos de que trata esta ley. 

  


Art. 23. Quedan derogadas todas las disposiciones de carácter legislativo sobre la materia de esta ley, excepto la ley 10 del presente año. 

  

Dada en Bogotá, a treinta de octubre de mil ochocientos ochenta y seis. 

  

El Presidente, juan De D. Ulloa. El Vicepresidente, José Maria Rubio Frade. El Secretario, Julio A. Corredor. El Secretario, Roberto de Narváez. 

  

Gobierno Ejecutivo.-Bogotá, noviembre 3 de 1886. 

  

Publíquese y ejecútese 

  

(L.S.) J. M. CAMPO SERRANO

  

EL MINISTRO DE GUERRA, 

  

F. ANGULO