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LEY371932193211 script var date = new Date(26/11/1932); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO LXVIII. N. 22148. 28, NOVIEMBRE, 1932. PÁG. 2.CONGRESO DE LA REPÚBLICAPor la cual se dictan algunas disposiciones sobre asuntos bancarios y financierosVigencia en EstudiofalsefalsefalseCivil|Financiero|Tributario nacionalfalseLEY ORDINARIAfalse28/11/193226/11/1932221484342

DIARIO OFICIAL. AÑO LXVIII. N. 22148. 28, NOVIEMBRE, 1932. PÁG. 2.

RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar]

LEY 37 DE 1932

(noviembre 26)

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre asuntos bancarios y financieros

ESTADO DE VIGENCIA: Vigente. [Mostrar]

Subtipo: LEY ORDINARIA

El Congreso de Colombia 

  

DECRETA: 

  


Artículo 1°. El impuesto establecido en el ordinal b) del artículo 1° del Decreto número 280 de 16 de febrero de 1932, adicionado por el artículo 1° del Decreto número 420 de este mismo año, se hará efectivo sobre los intereses pendientes y no pagados hasta la sanción de esta Ley, así como sobre los que se causen en adelante por razón de obligaciones de dinero entre particulares, contraídas del primero (1º ) de enero de mil novecientos veinticinco (1925) al treinta de junio de mil novecientos treinta y uno (1931), inclusive. 

  

Respecto de las obligaciones de que tratan el inciso anterior y la primera parte del artículo 10 de esta Ley, el referido impuesto se eleva a la cantidad en que tales intereses excedan del seis por ciento (6 por 100) anual para las obligaciones aseguradas con garantía real, y para las obligaciones con garantía personal o sin garantía accesoria, el impuesto será equivalente al exceso del ocho por ciento (8 por 100) anual de dichos intereses. 

  

Esta misma disposición se aplicará a aquellas obligaciones de dinero que aunque sean de fecha primero (1°) de julio de mil novecientos treinta y uno (1931), o posteriores, se acredite en cualquier forma que son una renovación, o saldos, o una sustitución o ampliación de obligaciones, en cuanto esas obligaciones se hallen comprendidas en los términos y condiciones aquí establecidas. 

  


Artículo 2°. Respecto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, la suspensión del remate de que trata el artículo 7° del precitado Decreto 280, adicionado por el artículo 2° del Decreto 420 también citado, será de tres años más, a partir del primero (1°) de enero de mil novecientos treinta y tres (1933), si así lo pidiere el deudor. La petición de suspensión en estos casos como en el previsto en el artículo 7° del Decreto 280 podrá hacerse por el deudor en cualquier estado del juicio, antes de la ejecutoria del auto que señala día para el remate. En los juicios en que esté señalado día para el remate, al momento de entrar en vigencia esta Ley, la solicitud podrá hacerse hasta la víspera del día en que deba efectuarse el remate. La suspensión de que se trata no obstará para la continuación de los juicios y de los incidentes distintos del remate y será sin perjuicio del derecho del acreedor para hacer embargar y depositar más bienes durante la suspensión, la cual expirará en todo caso el treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos treinta y cinco (1935). 

  

Cuando lo embargado consista en dinero, la suspensión del remate se sustituirá por la suspensión de la entrega del dinero. 

  

Cuando el avalúo dado a los bienes embargados resulte que cubre más del ciento cincuenta por ciento (150 por 100) del total del valor nominal de la deuda líquida, con intereses devengados y costas ya causadas, el deudor tendrá derecho de pedir el desembargo de bienes por el exceso de dicho porcentaje, bienes que serán escogidos por el acreedor o por el Juez en subsidio, en cuanto lo permita la divisibilidad de tales bienes y siempre que éstos no estén perseguidos con acción real. 

  

Para los efectos del inciso anterior y respecto de los avalúos hechos antes del primero (1°) de julio de mil novecientos treinta y uno (1931) cualquiera de las partes podrá pedir que se rehagan a su costa. Si ninguna de las partes pide nuevo avalúo o si no suministra los gastos necesarios para ello, dentro del término que fije el Juez, el desembargo del exceso se llevará a efecto sobre la base de los avalúos ya practicados. 

  

En los juicios ya intentados o que se intenten para la efectividad de las obligaciones a que refieren el artículo 1° y la primera parte del artículo 10 de esta Ley, y el artículo 7° del Decreto número 280 ya citado, el nombramiento de secuestre, salvo estipulación en contrario, será hecho de común acuerdo entre el acreedor o acreedores y el deudor, dentro de un término de tres (3) días, a partir de la notificación del auto en que el Juez prevenga a las partes que hagan tal nombramiento. 

  

Si al vencerse los tres días no se ha manifestado el acuerdo, el Juez nombrará el secuestre, pero éste podrá ser reemplazado por el que las partes designen en cualquier tiempo. 

  

En todo caso, en estos juicios el deudor gozará del derecho que le reconoce el artículo 2° del Decreto 420 de mil novecientos treinta y dos (1932), cuando la cosa embargada sea una fábrica, o un establecimiento industrial o agrícola, o una hacienda, derecho que se le reconocerá por el Juez con la sola petición del deudor, quedando éste sujeto a la sanción señalada en la segunda parte del artículo 2° del Decreto precitado. 

  


Artículo 3°. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el acreedor podrá pedir el remate o continuar las diligencias conducentes a que éste se verifique, cuando convenga en reducir el monto de su acreencia al setenta por ciento (70 por 100) del capital más los intereses de dicho setenta por ciento (70 por 100) tasados de acuerdo con el artículo 1° de esta Ley. El mismo derecho tendrá el acreedor cuando manifieste ante el Juez de la causa, o convenga en cualquier forma auténtica, según se expresa adelante, que está dispuesto a recibir en pago de su crédito el valor reducido en la forma expresada, en cédulas de las emitidas por el Banco Central Hipotecario o en bonos nacionales de deuda interna, computados tanto las cédulas como los bonos al precio a que se coticen en el mercado el día en que se verifique el pago efectivo, según certificado que para este efecto expedirá el Superintendente Bancario, a petición de cualquier interesado. 

  

La elección entre el pago en dinero o en cédulas o bonos corresponde al deudor, quien podrá hacer el pago total, parte en dinero, parte en cédulas y parte en bonos. 

  

El acreedor que se allane en cualquier tiempo después de la sanción de esta Ley a la reducción y a las formas de pago señaladas en este artículo, podrá continuar el juicio y obtener el remate de los bienes, después de un término común de diez meses, contados desde la fecha en que haya sido notificada su decisión al deudor. 

  

El acreedor que acredite en cualquier forma legal que ha hecho rebajas parciales en el monto de la obligación o en los saldos, tendrá derecho a computar tales rebajas en cuanto alcancen a la reducción de la obligación original y total al setenta por ciento (70 por ciento) de que trata el inciso primero de este artículo. 

  


Artículo 4°. Cuando el deudor solicite la suspensión del remate por el término de tres años de que trata el artículo 2° o se acoja a la prórroga de un año, de que trata el artículo 15 de esta Ley, el Juez dispondrá que del dinero entregado o del producto líquido de los frutos civiles o naturales de los bienes embargados, entregue el secuestre al acreedor la parte necesaria para pagarle los intereses de la obligación, computados conforme, al artículo 1° de esta misma Ley. 

  


Artículo 5°. Para los efectos del artículo 3°, todo acreedor que tenga derecho a exigir el cumplimiento de una obligación en dinero, de las comprendidas en esta Ley, podrá presentarse personalmente o por medio de apoderado ante un Juez, manifestando que está dispuesto a hacer a su deudor la reducción establecida en el artículo 3° de esta Ley y a aceptar en pago las cédulas y bonos de que allí se trata. Si la manifestación se hiciere verbalmente, se dejará constancia de ella en una diligencia que firmarán el Juez, el acreedor o su apoderado, debidamente autorizado, y el Secretario. 

  

El deudor, a su vez podrá requerir al acreedor en cualquier tiempo, y dentro del término previsto para la suspensión de la actuación, o sea hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y cinco (1935), a fin de que manifieste si está dispuesto a allanarse a la reducción y a las formas de pago contempladas en el artículo 3° 

  


Artículo 6°. La manifestación del acreedor o el requerimiento del deudor se notificará personalmente a éste o a aquél, según el caso, para que dentro del término de seis días manifieste lo que estime conveniente. El silencio del acreedor se tendrá como negativa a todas las medidas expresadas, salvo declaración posterior en contrario. El silencio o la oposición del deudor no obstarán para la continuación del juicio y del remate, según lo previsto en el inciso 3° del artículo 3° de esta Ley, salvo lo dispuesto en el Código Judicial para el trámite de las excepciones legales oportunamente propuestas, o para cualquier otro evento de suspensión del juicio o del remate. 

  


Artículo 7°. Bien sea que haya juicio pendiente, o nó tanto el acreedor como el deudor podrán también hacer las manifestaciones y requerimientos de que trata el artículo anterior, por medio de instrumento ante el Notario o de acta extendida ante el Juez del Circuito o Municipal de la residencia del deudor o del acreedor, según el caso. El Notario deberá, a petición del interesado, como en los casos de protesto de letras, trasladarse a la residencia del deudor o del acreedor y notificarle la manifestación o el requerimiento respectivo, extendiendo en el acto las constancias conducentes, que se firmarán ante testigos, y expedirá copias a los interesados, las cuales valdrán en juicio sin necesidad de registro. 

  

Las diligencias judiciales o notariales conducentes a formular las manifestaciones del acreedor o del deudor, podrán extenderse en el papel común, y los Notarios no tendrán como emolumento sino un peso para las que se surtan en la oficina de la Notaría, y dos pesos para las que se surtan fuera de la oficina. 

  


Artículo 8°. En todo caso, en juicio o fuera de él, cuando el acreedor se allane a la reducción y a las formas de pago de la obligación, según se indica en la primera parte del artículo 3° de esta Ley, el deudor deberá verificar el pago dentro del plazo señalado en el inciso 3° del mismo artículo, y si no lo hiciere dentro de tal plazo, el acreedor podrá iniciar o proseguir el juicio para que con el producto de los bienes embargados se cubra el crédito reducido en la forma ya indicada, sin la restricción del embargo al ciento cincuenta por ciento (150 por 100) de que trata el artículo 2° de esta Ley. 

  


Artículo 9°. Habrá lugar al pago por consignación según las disposiciones de la ley civil, cuando el acreedor, después de haber convenido en hacer las concesiones de que trata esta Ley, se negare a aceptar el pago. 

  


Artículo 10. La disposiciones de la presente Ley se aplicarán a todas las obligaciones contractuales en dinero contraídas a favor de personas naturales o jurídicas; pero no son aplicables a las entidades oficiales, a las cajas de ahorros, a las compañías de seguros, con excepción respecto de estas compañías de lo dispuesto en el artículo 1° sobre impuesto a los intereses; ni a las obligaciones que provengan de indemnizaciones decretadas y avaluadas judicialmente, ni a las prestaciones de alimentos legales, a las pensiones contractuales, a las costas ya causadas en los juicios; a los establecimientos bancarios que hayan aceptado las disposiciones de los Decretos 280, 711 y 945 de este año, ni a los depósitos judiciales y bancarios de cualquier clase. 

  

Parágrafo. Los casos en que el capital dado en préstamo pertenezca a viudas, huérfanos, personas inválidas o mujeres solteras, que carezcan de otros medios de subsistencia y cuya cuantía no exceda en total de cuatro mil pesos ($4,000) no quedarán incluidos en las disposiciones de la presente Ley, excepto lo referente a intereses, y siempre que los créditos respectivos no provengan de cesiones o traspasos. 

  


Artículo 11. Las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán a todas las obligaciones contraídas a favor de los Bancos nacionales o extranjeros que no se hayan incorporado en el sistema del Decreto número 711 de veintidós (22) de abril de mil novecientos treinta y dos (1932), reformado por el Decreto número 945 de este año, o que no hayan tomado parte en los contratos celebrados en desarrollo de dichos Decretos. 

  

Sin embargo, no les serán aplicables a dichos Bancos las disposiciones de la presente Ley, si en el término de treinta días a contar de la vigencia de este artículo, convienen en hacer con sus respectivos deudores, en forma general para todos éstos los arreglos sobre pago de sus acreencias, de que tratan los mencionados Decretos 711 y 945, aunque no hayan celebrado con la Superintendencia Bancaria el contrato a que se refiere el primero de tales Decretos. 

  

En el caso del inciso anterior, el Banco Central Hipotecario podrá hacer préstamos para el arreglo de deudas contraídas a favor de los Bancos comerciales que no sean accionistas de aquella institución, y el Banco de la República podrá efectuar con los bonos que aquéllos reciban en pago las operaciones contempladas en el Decreto 711 ya citado. La Superintendencia Bancaria podrá autorizar a dichos Bancos para reducir su capital y fondo de reserva conforme a la letra j) del artículo 4° del presente Decreto. 

  

Autorízase al Gobierno para entrar en arreglos con las entidades a que se refiere este artículo a efecto de que sus disposiciones se pongan en práctica en todo o en parte. 

  


Artículo 12. Las obligaciones contractuales en dinero cuya fecha esté comprendida entre el primero (1°) de enero de mil novecientos veinticinco (1925) y el primero (1°) de julio de mil novecientos treinta y uno (1931), respecto de las cuales se acredite en cualquier forma legal, que son renovaciones, saldos, sustituciones o ampliaciones de plazos de obligaciones anteriores al primero (1º ) de enero de mil novecientos veinticinco (1925) no estarán sujetas a las reducciones al setenta por ciento (70 por 100) ni a las formas de pago, ni a la suspensión del remate por tres años; pero los intereses, estarán sometidos a lo dispuesto en el artículo 1° 

  


Artículo 13. La suspensión de los juicios a que se refiere esta Ley interrumpe la caducidad de la instancia. 

  


Artículo 14. Durante la vigencia de la presente Ley, queda prohibida la capitalización de intereses en toda clase de obligaciones sin perjuicio de las capitalizaciones de cuotas atrasas a favor de los Bancos Hipotecarios, de conformidad con el artículo 9° del Decreto número 280 del presente año. 

  


Artículo 15. Prorrogase hasta el treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos treinta y tres (1933), para todas las obligaciones no comprendidas en el artículo 2° de esta Ley, salvo para las contraídas del primero (1°) de julio de mil novecientos treinta y uno (1931) en adelante, el término de suspensión de los remates señalados en el artículo 7° del Decreto número 280 de mil novecientos treinta y dos (1932), suspensión que se aplicará tanto a los juicios ya iniciados como a los que se inicien durante la prórroga. 

  

La suspensión se aplicará también a los casos de venta de la prenda comercial, agraria o industrial fuera de juicio. 

  


Artículo 16. En el caso de que se lleve a cabo una conversión de las cédulas externas emitidas por los Bancos Hipotecarios, la diferencia proveniente de esta operación se dividirá entre los deudores y los referidos Bancos en la proporción del ochenta por ciento (80 por 100) para los primeros y del veinte por ciento (20 por 100) para los últimos, de acuerdo con la reglamentación que dicte la Superintendencia Bancaria. En compensación, el Gobierno podrá autorizar a la Junta de Control de Cambios, cuando lo permita la situación de las reservas para conceder permisos de compra de giros con destino al servicio de las nuevas cédulas, siempre que los tenedores de aquellos documentos hagan concesiones que el Gobierno estime satisfactorias en cuanto al capital y a los intereses y teniendo en cuenta el precio oficial que tales papeles hayan tenido en el mercado durante los tres meses anteriores a la expedición de la presente Ley. 

  


Artículo 17. Autorízase al Gobierno para celebrar con el Banco Central Hipotecario y con los demás Bancos Hipotecarios que funcionan en el país, un arreglo en virtud del cual estos últimos se obliguen a recibir en pago de sus acreencias cédulas emitidas por el primero, en la proporción de sesenta pesos ($60) en cédulas por cada cien pesos ($100) de deuda. 

  

Los Bancos Hipotecarios sortearán cédulas internas, de las emitidas por ellos, en una cantidad igual al monto de las deudas cubiertas con las cédulas del Banco Central Hipotecario, y darán éstas en pago de las que resulten sorteadas, en la misma proporción en que las hayan recibido. Las cédulas sorteadas que no se conviertan en esta forma dejarán de ganar intereses. 

  


Artículo 18. Las cédulas que emita el Banco Central Hipotecario para la conversión de que trata el artículo anterior no tendrán un interés menor del siete por ciento (7 por 100) anual y su servicio será garantizado por la Nación. 

  


Artículo 19. Será condición para prestar la garantía del Estado a las cédulas del Banco Central Hipotecario que han de servir para la conversión de cédulas de que trata esta Ley, la de que el interés que dicho Banco cobre a sus deudores hipotecarios, por préstamos en cédulas para la referida conversión, no sea superior en más de un uno por ciento (1 por 100) anual al que se fije como intereses de las cédulas, sin que el interés de los préstamos pueda exceder del nueve por ciento (9 por 100) anual. 

  


Artículo 20. El Gobierno hará lo posible para celebrar un arreglo con el Banco de la República en virtud del cual, mientras subsista el control de los cambios y el Banco tenga derecho de emitir billetes sobre un encaje inferior al señalado en el artículo 8° de la Ley 82 de mil novecientos treinta y uno (1931), las tasas de redescuento que éste fije para sus operaciones en los Bancos afiliados no excedan del cinco por ciento (5 por 100) y para que en todo tiempo cualquier variación de dichas tasas necesite para ponerse en práctica del voto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la mayoría de los directores de la clase A) en dicho Banco. 

  


Artículo 21. Autorízase al Gobierno y al Banco de la República para que, conjunta o separadamente, compren las acciones que poseen los Bancos extranjeros en aquel establecimiento. El Gobierno y el Banco podrán llevar a cabo las operaciones financieras que sean necesarias para realizar dicha compra, sin otra formalidad que la aprobación del Presidente de la República, previo dictamen favorable del Consejo de Ministros. 

  


Artículo 22. el Banco de la República podrá descontar directamente al Gobierno Nacional, sin que se afecte el cupo legal del Gobierno en esta institución, libranzas hasta por un millón doscientos mil pesos ($1.200,000), con el objeto de cancelar las letras giradas por la Compañía de Seguros a cargo de la Compañía Colombiana de Tabaco, con destino al cumplimiento del contrato de financiación, celebrado entre la Nación y el Departamento de Antioquia el cuatro (4) de septiembre de mil novecientos treinta y uno (1931), en desarrollo del artículo 17 de la Ley 29 de mil novecientos treinta y uno (1931), letras que fueron descontadas por el mismo Banco. 

  


Artículo 23. En los remates que puedan verificarse durante los tres (3) años de que tratan los artículos 2° y 3° De esta Ley, cuando sean para el pago de obligaciones que en conformidad con ésta deben reducirse al setenta por ciento (70 por 100), la base para la postura en el primer remate no será inferior al ochenta por ciento (80 por 100) del avalúo dado a los bienes objeto del remate. 

  

Cuando no ocurra quien haga postura sobre la base indicada en el inciso anterior, el Juez señalará otra fecha para el remate, de lo que dará aviso al público en la forma y términos indicados para la primera licitación, debiendo el Juez reducir la base indicada para el primer remate al sesenta por ciento (60 por 100) del avalúo. 

  

Si en esta segunda licitación no hubiere postor, se señalará fecha para una tercera, en la cual podrá fijarse como postura admisible la que cubra el cincuenta por ciento (50 por 100) del avalúo; y si no se presentare postor, se sacarán sucesivamente los bienes a nuevo remate, pero siempre con la misma base del cincuenta por ciento (50 por 100) del referido avalúo. 

  

Parágrafo. Respecto de las obligaciones que no deban sujetarse a la reducción al setenta por ciento (70 por 100) o que hubieren sido contraídas con posterioridad al treinta de junio de mil novecientos treinta y uno (1931), la base para la postura en el primer remate será la que cubra el setenta por ciento del avalúo de los bienes materia del remate, debiendo seguirse en lo demás las disposiciones del presente artículo. 

  

Queda así reformado el artículo 1045 y sustituido el 1049 del Código Judicial. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 24. Los contratos y escrituras a que den lugar las operaciones de la conversión y los arreglos de que tratan los artículos 11 y 17 de esta Ley, quedan exentos del impuesto de anotación y registro. 

  

Parágrafo. El impuesto de registro y los emolumentos de los Notarios y Registradores serán los señalados en la Ley 52 de 1920 (mil novecientos veinte), salvo en los contratos cuya cuantía sea de quinientos pesos ($500) o menos, en los cuales el impuesto y los emolumentos expresados se reducirán a la mitad de los fijados en la mencionada Ley 52 de mil novecientos veinte (1920). 

  

Quedan así derogados los artículos 13 de la Ley 108 de mil novecientos veintiocho (1928) y 6° de la Ley 78 de mil novecientos treinta (1930), y reformada la Ley 52 de mil novecientos veinte (1920). 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 25. El Gobierno procederá a entenderse con los Bancos comerciales que tomaron parte en los contratos contemplados en el Decreto número 711 de este año, a fin de procurar que convengan en aumentar al sesenta por ciento (60 por 100) la cantidad que deben recibir en bonos de deuda nacional. 

  


Artículo 26. Las personas que hayan consignado sumas de dinero en los Bancos del país para la compra de cédulas hipotecarias bancarias, con el objeto de cancelar sus créditos, de acuerdo con los decretos legislativos vigentes, podrán retirar de los respectivos Bancos aquellos depósitos, siempre que el Banco no haya hecho la compra de las cédulas correspondientes. 

  


Artículo 27. En las obligaciones entre particulares, estipuladas en moneda extranjera, la reducción que sufra el acreedor con motivo de la depreciación de dicha moneda, en relación con la moneda colombiana, se imputará a la rebaja de que trata el artículo 3° De esta Ley. 

  

Esta disposición se aplicará a las obligaciones contraídas dentro del lapso fijado en esta Ley para gozar de las concesiones en ella establecidas. 

  


Artículo 28. Esta Ley regirá desde su sanción y en virtud de ella quedan suspendidas las disposiciones que le sean contrarias. 

  

Dada en Bogotá a diez y seis (16) de noviembre de mil novecientos treinta y dos (1932). 

  

El Presidente del Senado, 

  

MARCO A. AULI 

  

El Presidente de la Cámara de Representantes, 

  

MISAEL PASTRANA 

  

El Secretario del Senado, 

  

Odilio Vargas 

  

El Secretario de la Cámara de Representantes, 

  

Horacio Valencia Arango 

  

Poder Ejecutivo-Bogotá, noviembre 26 de 1932. 

  

Publíquese y ejecútese. 

  

ENRIQUE OLAYA HERRERA 

  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

  

Esteban JARAMILLO