Artículo 1º. Autorízase a las Asambleas Departamentales para que, a iniciativa del Gobernador puedan disponer la ejecución y conservación de obras públicas en el ramo de vías de comunicación en sus correspondientes departamentos, mediante el sistema de concesión de obras públicas. 

Artículo 2º. A fin de que la remuneración del concesionario sea efectiva, quedan autorizadas las Asambleas Departamentales para establecer las tarifas que hayan de pagar los usuarios del servicio a que la obra concedida se destina, en la cuantía que las mismas Asambleas determinen teniendo en cuenta el costo de la obra y el plazo de explotación exclusiva del concesionario, y para confiar a éste su recaudo. Las tarifas que se autoricen por las Asambleas quedan sujetas a la aprobación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

Artículo 3º. La adjudicación de los contratos a que se refiere esta Ley se hará mediante licitación pública y en ellas se deberá pactar la cláusula de caducidad. Las Contralorías Departamentales vigilarán el recaudo de las tarifas. 

Artículo 4º. A falta de normas departamentales sobre estos contratos, se aplicarán en forma supletoria las del Decreto-ley 150 de 1976 y las que en la materia se expidan para la Nación. 

Artículo 5º. Esta Ley rige desde su promulgación