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DIARIO OFICIAL. AÑO XCV. N. 29854. 19, ENERO, 1959. PÁG. 2.

DECRETO 2727 DE 1958

(diciembre 31)

por el cual se reorganiza el Servicio de Inteligencia Colombiano.

ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar]

Subtipo: DECRETO ORDINARIO

El Presidente de la República de Colombia, 

  

en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 19 de 1958 (noviembre 25), y previa la aprobación del Consejo de Ministros conforme lo establece el artículo 26 de la citada Ley, 

  

DECRETA: 

  


Artículo 1° El Servicio de Inteligencia Colombiano (S. I. C.) creado por Decreto 2872 de 1953 (octubre 21), seguirá siendo un Departamento Administrativo de investigación e información, con jurisdicción en todo el territorio nacional. 

  


Artículo 2° El Jefe del Servició de Inteligencia Colombiano ejercerá todas sus funciones en coordinación con los Ministros de Gobierno, de Justicia y de Guerra, quienes constituyen Con actividades que al servicio de Inteligencia se encomiendan. 

  

Parágrafo. El Jefe del Servicio mantendrá informado al Consejo Directivo de todas las actividades del servicio a su cargo: 

  


Artículo 3° Las determinaciones relativas a la selección, nombramiento y remoción del personal en el Servicio de Inteligencia Colombiano, deberán ser acordadas previamente por el Consejo Directivo. 

  


Artículo 4° El Servicio de Inteligencia Colombiano tendrá las siguientes funciones: 

  

a) Velar por la tranquilidad pública previniendo o evitando la perpetración de hechos delictuosos y actos atentatorios contra la existencia y seguridad interior o exterior del Estado y contra el régimen constitucional del mismo. 

  

b) Prestar su colaboración a los Jueces y Tribunales del país, preferencialmente a los de la rama penal, para que éstos puedan ejercer mejor su función y para el buen éxito de la administración de justicia. 

  

c) Colaborar con las autoridades militares y de policía en la conservación del orden y en la prevención del delito. 

  

d) Las demás que le señale el Gobierno, dentro de las atribuciones constitucionales y legales. 

  


Artículo 5° Los Agentes del S. I. C., en su labor de colaboración con la justicia penal están en la obligación de iniciar, de oficio, las diligencias preliminares de averiguación de los delitos cuya perpetración llegue a su conocimiento. 

  

Tales diligencias serán, principalmente, las siguientes: 

  

1ª Asegurar la conservación de las pruebas, huellas y elementos materiales del delito. 

  

2ª Poner el hecho en conocimiento del Jefe del Servicio de Inteligencia Colombiano, y de los Jueces de Instrucción cuando fuere el caso. 

  

3ª Reunir cuantos elementos materiales puedan servir de base al descubrimiento de los hechos. 

  

4° En caso de inflagranti delito, ejecutar pesquisas personales y domiciliares, aun durante la noche, y en cualquier lugar dónde exista motivo de que se halla el sindicado o evadido, o de que se encuentran cosas que deban decomisarse o secuestrarse, o huellas que puedan ser destruidas o alteradas, llenando las formalidades exigidas por la Constitución Nacional y el Código de Procedimiento Penal, para las correspondientes diligencias, pero sin exigir juramento alguno a los testigos, y 

  

5ª Suministrar sin demora a la autoridad judicial en general y al Jefe del Servicio de Inteligencia y al funcionario de instrucción en particular, todos los datos que le sea posible obtener y que puedan conducir a la comprobación de las infracciones y al descubrimiento e identificación de los responsables. 

  


Artículo 6° Los Agentes del S. I. C. rendirán sus informes bajo la gravedad del juramento, sin que sea necesaria su ratificación posterior, y no serán sometidos a careos con las personas a quienes formulen cargos. La fuerza probatoria de la prueba documental que constituyen tales informes, será de libre apreciación por parte de los Jueces, respecto de los hechos o circunstancias que los informantes hayan conocido por declaración de terceros o que sean deducidos por, apreciación personal. 

  


Artículo 7° Las autoridades de la República, funcionarios públicos, laboratorios y entidades técnicas oficiales están en la obligación de prestar al Servicio de Inteligencia Colombiano o a sus Agentes, preferencial o inmediatamente, la colaboración que les soliciten. 

  


Artículo 8° El Gobierno determinará las dependencias administrativas y técnicas que considere convenientes para el buen funcionamiento del Servicio de Inteligencia Colombiano, fijará la planta del personal, sus categorías y remuneraciones, y dotará de los elementos necesarios a tales dependencias. 

  

Asimismo el Gobierno podrá fijar las partidas de gastos especiales que demande la solución de los problemas informativos. 

  


Artículo 9° Los gastos correspondientes a viáticos, transportes y demás que exija el funcionamiento del Servicio de Inteligencia Colombiano, serán acordados por el Consejo Directivo, y se sujetarán a los reglamentos y fiscalización especiales que determinará la Contraloría General de la República, habida consideración de la naturaleza de los servicios que presta la institución. 

  


Artículo 10. El Jefe del Servicio de Inteligencia Colombiano podrá hacer gastos con el carácter de reservados, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen. 

  

La justificación y legalización de los pagos que efectúe el Jefe del Servicio de Inteligencia Colombiano por concepto de "gastos reservados; se hará mediante acta que levantarán: el Jefe del Servicio de Inteligencia Colombiano, el Subjefe del mismo y el Cajero General, la cual será presentada al Consejo Directivo para su aprobación; obtenida ésta y con el visto bueno del Consejo Directivo, será presentada al Contralor General de la República para que éste, personalmente, fenezca la cuenta respectiva. Los gastos por tal concepto no podrán exceder, en ningún caso, a la partida apropiada para el efecto en el Presupuesto Nacional. 

  


Artículo 11. El Gobierno, por conducto del Servicio de Inteligencia Colombiano, podrá celebrar contratos con los Gobernadores, Intendentes y Comisarios y Alcaldes en cuyas jurisdicciones sea necesaria la instalación de servicios por parte de esta institución. El valor de tales contratos, así como el proveniente de multas en general y depósitos inmigratorios que conforme a las disposiciones vigentes no sean devueltos, se incorporará cada año al Presupuesto Nacional con destino a la atención de los gastos del mismo Servicio. (S. I. C.) , 

  

Parágrafo: En igual forma se incorporará el valor de los producidos líquidos de la venta de papel sellado, fotografías, cédulas de identidad personal, remates, carnets y cédulas de extranjeros. 

  


Artículo 12. Los Jueces del S. I. C. dependerán en lo sucesivo del Ministerio de Justicia, al cual pasarán con el carácter de Jueces de Instrucción. 

  

Parágrafo. Las partidas que figuran en el presupuesto del S. I C. para este servicio, serán incorporadas en el presupuesto del Ministerio de Justicia. 

  


Artículo 13. Deróganse todas las disposiciones legales que sean contrarias al presente Decreto, y en especial el Decreto número 2872 de 1953. 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 14. Este Decreto rige desde la fecha de su expedición. 

  

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

  

Dado en Bogotá, D. E., a 31 de diciembre de 1958. 

  

ALBERTO LLERAS 

  

El Ministro de Gobierno, 

  

Guillermo Amaya Ramírez 

  

El Ministro de Justicia, 

  

Germán Zea H. 

  

El Ministro de Fomento, encargado del Despacho de Hacienda y Crédito Público, 

  

Rafael Delgado Barreneche 

  

El Ministro de Guerra, 

  

Brigadier General Alfonso Saiz Montoya