DECRETO23001936193609 script var date = new Date(14/09/1936); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO LXXII. N. 23320. 29, OCTUBRE, 1936. PÁG. 1.MINISTERIO DE GOBIERNOPor el cual se adopta el texto definitivo del nuevo código PenalVigentefalsefalseInteriorfalseDECRETO ORDINARIO29/10/193629/10/1936233202571

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXII. N. 23320. 29, OCTUBRE, 1936. PÁG. 1.

ÍNDICE [Mostrar]

RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar]

RESUMEN DE JURISPRUDENCIA [Mostrar]

DECRETO 2300 DE 1936

(septiembre 14)

Por el cual se adopta el texto definitivo del nuevo código Penal

ESTADO DE VIGENCIA: [Mostrar]

Subtipo: DECRETO ORDINARIO

El Presidente de la República de Colombia, 

  

CONSIDERANDO: 

  

a) Que el artículo 435 de la Ley 95 del 24 de abril de 1936 (Código Penal), autorizó al Gobierno, una vez aprobado el Código, "para ordenar su nomenclatura y para subsanar cualquier deficiencia de redacción o falta de armonía, que pudieran encontrarse en cualquiera de sus disposiciones"; 

  

b) Que por Decreto Ejecutivo número 1607 del 8 de julio del presente año, se ordenó "pasar el nuevo Código Penal a la Academia Colombiana de la Lengua, para que propusiera las modificaciones de redacción que fueran necesarias, y a la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios para que en vista de aquellas modificaciones, presentara al Gobierno el texto definitivo corregido y coordinado," y 

  

c) Que la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios ha presentado al Gobierno el texto definitivo del nuevo Código Penal, corregido y coordinado por las dos entidades mencionadas, 

  

DECRETA: 

  


Artículo único. El texto definitivo de la Ley 95 del 24 de abril del presente año (Código Penal), que entrará a regir desde el 1° de enero de 1937, será el siguiente: 

  

LEY 95 DE 1936 

  

(abril 24) 

  

sobre Código Penal 

  

El Congreso de Colombia 

  

DECRETA: 

  

PARTE GENERAL

Disposiciones preliminares


Artículo 1°. Nadie podrá ser condenado por un hecho que no esté expresamente previsto como infracción por ley vigente al tiempo en que se cometió, ni sometido a sanciones que no se hallen establecidas en ella. 

  


Artículo 2°. Las infracciones de la ley penal se dividen en delitos y contravenciones. 

  

Salvo disposiciones en contrario la represión de las contravenciones corresponderá a la Policía. 

  


Artículo 3°. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

  


Artículo 4°. La ley penal colombiana se aplica a todos los habitantes del territorio nacional que la infrinjan, salvo las excepciones reconocidas por el Derecho Internacional. 

  

Se considera cometido en Colombia el delito que se principie a ejecutar en el exterior y que se consume o frustre en el territorio nacional. 

  


Artículo 5°. La ley penal colombiana se aplicará tanto a los nacionales como a los extranjeros que, fuera del territorio de la República, cometan un delito contra la seguridad interior o Exterior de ésta, y a los que falsifiquen moneda que tenga curso legal en Colombia, o documentos de crédito público colombiano, papel sellado o estampillas de timbre nacional. 

  

Cuando se falsifiquen monedas extranjeras que tengan curso legal en Colombia, se aplicará la ley colombiana si se las destinaba a ser introducidas al territorio nacional. 

  


Artículo 6°. Se aplicará la ley colombiana, conforme a lo dispuesto en el articulo anterior, al nacional o extranjero que habiendo sido juzgado en el Exterior, haya sido absuelto o condenado a sanción menor de la que impone la ley colombiana. 

  

Si la sanción cumplida en el Exterior fuere menor que la impuesta en Colombia, se computará la primera como parte descontada de la última. 

  


Artículo 7°. Se aplicará la ley penal colombiana: 

  

1° A los nacionales que, fuera de los casos previstos en el artículo 5°, se encuentren en Colombia después de haber cometido un delito en territorio extranjero, siempre que de acuerdo con la ley colombiana ese delito esté reprimido con una sanción restrictiva de la libertad personal no menor de dos años. 

  

Si se trata de un delito que tenga establecida sanción de menor gravedad, no se procederá sino mediante querella de parte o petición del Procurador General de la Nación. 

  

Las restricciones de que tratan los incisos anteriores no se aplicarán a los agentes diplomáticos y consulares de Colombia en ningún caso, ni a los demás funcionarios públicos que delincan en el ejercicio de sus funciones. 

  

2° A los extranjeros que, fuera de los casos previstos en el artículo 5°, se encuentren en Colombia después de haber perpetrado un delito en el Exterior, siempre que ese delito se haya cometido en perjuicio del Estado o de un nacional colombianos y que la ley colombiana lo reprima con una sanción restrictiva de la libertad personal no menor de dos años. 

  

3° A los extranjeros que hayan cometido en el Exterior un delito en perjuicio de extranjeros, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

  

a) Que el delincuente se halle en territorio de Colombia; 

  

b) Que el delito tenga señalada una sanción restrictiva de la libertad personal no menor de cuatro años; 

  

c) Que no se trate de delitos político-sociales, y 

  

d) Que no se haya solicitado extradición o que ofrecida ésta, no hubiere sido aceptada por el Gobierno del país competente para juzgar al delincuente. 

  

En los casos de que tratan los dos numerales anteriores, no se procederá sino mediante querella de parte o petición del Procurador General de la Nación. 

  


Artículo 7 bis. Se aplicará igualmente la ley colombiana:  

  

a) A los nacionales o extranjeros que cometieren el delito de que trata el artículo 275 bis a bordo de una aeronave matriculada en Colombia, o matriculada en el extranjero si es operada en virtud de un contrato de arrendamiento sin tripulación por una persona que en Colombia tenga su oficina principal o su residencia permanente, si la aeronave en cuestión se encuentra en vuelo, en la superficie de alta mar o en la de cualquier otra zona situada fuera del territorio de un Estado.  

  

b) A los extranjeros que hayan cometido dicho delito a bordo de una aeronave que luego aterrice en Colombia con el delincuente aún abordo, aún cuando no se dé el requisito de que habla el ordinal d) del artículo 7, o no se le conceda la extradición.  

 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 8°. En los casos previstos en el artículo anterior no se procederá contra el que haya sido juzgado en el Exterior. 

  


Artículo 9°. La extradición se concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos. 

  

A falta de tratados públicos, el Gobierno ofrecerá o concederá la extradición conforme a los trámites establecidos en el Código de Procedimiento Penal, y previo dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia en el segundo caso. 

  

No se concederá la extradición de colombianos ni la de delincuentes político-sociales. 

  


Artículo 10. Las disposiciones preliminares y las contenidas en el Libro primero de este Código se aplicarán también a las materias de que tratan otras leyes penales, siempre que en éstas no se disponga otra cosa. 

  

LIBRO PRIMERO

De los delitos y de las sanciones en general

TITULO PRIMERO

CAPITULO I

Del delito


Artículo 11. Todo el que cometa una infracción prevista en la ley penal será responsable, salvo los casos expresamente exceptuados en este Código. 

  

Se infringe la ley penal por acción u omisión. 

  


Artículo 12. Las infracciones cometidas por personas que no estén comprendidas en la disposición del artículo 29, son intencionales o culposas. 

  

Hay culpa cuando el agente no previó los efectos nocivos de su acto habiendo podido preverlos, o cuando a pesar de haberlos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. 

  


Artículo 13. En las contravenciones la simple acción u omisión hace responsable al agente. 

  


Artículo 14. Cuando por error o accidente se cometa un delito en persona distinta de aquella contra la cual se dirigía la acción, no se apreciarán las circunstancias que se deriven de la calidad del ofendido o perjudicado, pero si las que se habrían tenido en cuenta si el delito se hubiese cometido en la persona contra quien se dirigía la acción. 

  


Artículo 15. Al que voluntariamente desista de la consumación de un delito iniciado, se le aplica solamente la sanción establecida para los actos ejecutados, si estos constituyen por sí mismos delito o contravención. 

  


Artículo 16. El que con el fin de cometer un delito, diere principio a su ejecución pero no lo consumare por circunstancias ajenas de su voluntad, incurrirá en una sanción no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del máximo de la señalada para el delito consumado. 

  


Artículo 17. Cuando habiéndose ejecutado todos los actos necesarios para la consumación del delito, éste no se realizare por circunstancias independientes de la voluntad del agente, podrá disminuirse hasta en una tercera parte la sanción señalada para el delito consumado. 

  


Artículo 18. Si el delito fuere imposible, podrá disminuirse discrecionalmente la sanción establecida para el delito consumado, y hasta prescindirse de ella, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 36. 

  


Artículo 19. El que tome parte en la ejecución del hecho, o preste al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, quedará sometido a la sanción establecida para el delito. 

  

En la misma sanción incurrirá el que determine a otro a cometerlo. 

  


Artículo 20. El que de cualquier otro modo coopere a la ejecución del hecho o preste una ayuda posterior, cumpliendo promesas anteriores al mismo, incurrirá en la sanción correspondiente al delito, disminuida de una sexta parte a la mitad. 

  


Artículo 21. Las circunstancias personales que disminuyan o excluyan la responsabilidad, no se tendrán en cuenta sino respecto del autor o del cómplice en quien concurran. 

  

Tampoco se tendrán en cuenta aquellas cuyo efecto sea agravar la sanción, a menos que hubieren sido conocidas por el partícipe; pero en este último caso podrá disminuirse tal agravación hasta en una sexta parte. 

  


Artículo 22. Las circunstancias materiales, que agraven o atenúen el hecho, aunque modifiquen la denominación del delito, sólo se tendrán en cuenta para quien, conociéndolas, prestó su concurso. 

  

CAPITULO II

De la responsabilidad


Artículo 23. No hay lugar a responsabilidad cuando el hecho se comete: 

  

1° Por insuperable coacción ajena o en estado de sugestión hipnótica o patológica, siempre que el sugestionado no haya consentido previamente en cometerlo. 

  

2° Con plena buena fe determinada por ignorancia invencible, o por error esencial de hecho o de derecho, no provenientes de negligencia. 

  

3° Por ignorancia de que el hecho esté prohibido en la ley penal, siempre que aquélla dependa de fuerza mayor. Tal ignorancia no puede alegarse sino tratándose de contravenciones. 

  


Artículo 24. Tampoco hay lugar a responsabilidad penal en los casos de justificación del hecho. 

  


Artículo 25. El hecho se justifica cuando se comete: 

  

1° Por disposición de la ley u orden obligatoria de autoridad competente. 

  

2° Por la necesidad de defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta contra la persona, su honor o sus bienes y siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. 

  

Se presume que se encuentra en el caso previsto en este numeral el que durante la noche rechaza al que escala o fractura las cercas, paredes, puertas o ventanas de su casa de habitación o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor, o el que encuentra un extraño dentro de su hogar, siempre que en este último caso no se justifique su presencia allí y que el extraño oponga resistencia. 

  

3° Por la necesidad de salvarse a sí mismo o de salvar a otro de un peligro grave e inminente contra la persona, no evitable de otra manera, que no se haya causado por obra propia y que no deba afrontarse por obligación profesional. 

  


Artículo 26. En los casos del numeral 1° del artículo 23 y del numeral 19 del artículo 25, será responsable el que determinó a otro a obrar. 

  


Artículo 27. El que al ejecutar un hecho, en las circunstancias previstas en el artículo 25, exceda los límites impuestos por la ley, la autoridad o la necesidad, incurrirá en una sanción no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la infracción. 

  

En casos especialmente favorables para el sindicado, podrá aplicarse la condena condicional. 

  


Artículo 28. Cuando se cometa el hecho en estado de ira o de intenso dolor, causado por grave e injusta provocación, se impondrá una pena no mayor de la mitad del máximo ni menor de la tercera parte del mínima, señalados para la infracción. 

  


Artículo 29. Cuando al tiempo de cometer el hecho, se hallare el agente en estado de enajenación mental o de intoxicación crónica producida por el alcohol o por cualquiera otra sustancia, o padeciere de grave anomalía psíquica, se aplicarán las sanciones fijadas en el capítulo II del título II de este libro. 

  


Artículo 30. A los menores, de dieciocho años que incurran en alguna de las infracciones previstas en la ley penal, se aplicarán las medidas de seguridad de que trata el capitulo II del titulo II de este libro. 

  

CAPITULO III

Concurso de delitos y reincidencia.


Artículo 31. El que con un mismo hecho violare varias disposiciones de la ley, penal quedará sometido a la que establezca la sanción más grave, aumentada hasta en una tercera parte. 

  


Artículo 32. Se considera como un solo hecho la infracción repetida de una disposición de la ley penal, cuando revele ser ejecución del mismo designio; pero la sanción deberá aumentarse de una sexta parte a la mitad. 

  


Artículo 33. Al responsable de varios delitos cometidos separada o conjuntamente y que se juzguen en un mismo proceso, se le aplicará la sanción establecida para el más grave, aumentada hasta en otro tanto. 

  

Además de esta sanción, se aplicará como accesorias la relegación a una colonia agrícola penal por dos o diez años, si los delitos cometidos fueren cuatro o más y si la naturaleza y modalidades de los hechos ejecutados, los motivos determinantes, las condiciones personales y el género de vida llevado por el agente demuestran en éste una tendencia persistente al delito. 

  

Las multas establecidas para cada uno de los delitos se aplicarán en todo caso junto con la pena señalada para el más grave, siempre que el total no exceda de cinco mil pesos. 

  


Artículo 34. El que después de una sentencia condenatoria cometiere un nuevo delito, incurrirá en la sanción que a éste corresponda, aumentada en una tercera parte para la primera reincidencia y en la mitad para las demás, siempre que el nuevo delito se haya cometido antes de transcurridos diez años de ejecutoriada la condena. La multa deberá aplicarse en medida no inferior al doble. 

  

Además de las penas establecidas en el inciso anterior, de la segunda reincidencia en adelante se aplicará como accesoria la relegación a una colonia agrícola penal, por cinco a quince años, cuando la naturalezaa y modalidades de los hechos cometidos, los motivos determinantes, las condiciones personales y el género de vida llevado por el agente, demostraren en él una tendencia persistente al delito. 

  


Artículo 35. Al aplicar las disposiciones de los incisos 1° y 2° del artículo anterior, no se tendrán en cuenta las contravenciones, los delitos culposos, los delitos contra la disciplina militar, los delitos políticos cometidos sin homicidio, incendio, saqueo o robo, el homicidio y las heridas cuando haya mediado provocación o haya habido exceso en la defensa o en el estado de necesidad, y los delitos cometidos por menores de diez y ocho años. 

  

CAPITULO IV

Circunstancias de mayor o menor peligrosidad.


Artículo 36. Dentro de los límites señalados por la ley, se le aplicará la sanción al delincuente, según la gravedad y modalidades del hecho delictuoso, los motivos determinantes, las circunstancias de mayor o menor peligrosidad que lo acompañen y la personalidad del agente. 

  


Artículo 37. Son circunstancias de mayor peligrosidad que agravan la responsabilidad del agente -en cuanto no se hayan previsto como modificadoras o como elementos constitutivos del delito- las siguientes: 

  

1° Sus antecedentes de depravación y libertinaje. 

  

2° El haber incurrido, anteriormente, en condenaciones judiciales o de policía. 

  

3° El haber obrado por motivos innobles o fútiles. 

  

4° Los deberes especiales que las relaciones sociales o las de parentesco impongan al delincuente respecto del ofendido o perjudicado. 

  

5° La preparación ponderada del delito. 

  

6° El tiempo, el lugar, los instrumentos o el modo de ejecución del delito, cuando hayan dificultado la defensa del ofendido o perjudicado, o demuestren una mayor insensibilidad moral en el delincuente. 

  

7° El abusar de las condiciones de inferioridad personal del ofendido, o de circunstancias desfavorables al mismo. 

  

8° El ejecutar el delito con insidias o artificios, o valiéndose de la actividad de menores, alcoholizados, deficientes o enfermos de la mente. 

  

9° El obrar con la complicidad de otro, previamente concertada. 

  

10. El ejecutar el delito aprovechando una calamidad pública o privada, o un peligro común. 

  

11. El abusar de la credulidad pública o privada. 

  

12. El hacer más nocivas las consecuencias del delito. 

  

13. El perjudicar u ofender con una misma acción, y no por mero accidente, a más de una persona. 

  

14. En las culpas, el haberse ocasionado el daño en circunstancias que lo hacían muy probable o fácilmente previsible. 

  

15. La posición distinguida que el delincuente ocupe en la sociedad por su ilustración, riqueza, dignidad u oficio. 

  

16. La ejecución, del delito sobre objetos expuestos a la buena fe del público, o custodiados en oficinas públicas, o destinados a la utilidad, defensa o reverencia públicas. 

  


Artículo 38. Demuestran menor peligrosidad y atenúan, por tanto, la responsabilidad -en cuanto no hayan sido previstas de otra manera- las siguientes circunstancias: 

  

1a. La buena conducta anterior. 

  

2a. El obrar por motivos nobles o altruistas. 

  

3a. El obrar en estado de pasión excusable, de emoción determinada por intenso dolor o temor, o en ímpetu de ira provocada injustamente. 

  

4a. La influencia de apremiantes y excepcionales circunstancias personales o familiares en la ejecución del hecho. 

  

5a. La embriaguez voluntaria, cuando el agente no haya podido prever sus consecuencias delictuosas. 

  

6a. El haber obrado por sugestión de una muchedumbre en tumulto. 

  

7a. El procurar espontáneamente, después de cometido el hecho, anular o disminuir sus consecuencias. 

  

8a. El resacir el daño, aunque sea parcialmente. 

  

9a. El presentarse voluntariamente a las autoridades después de cometido el delito y confesarlo. 

  

10. En las culpas, causar el daño en circunstancias que lo hacían muy improbable o difícil de prever. 

  

11. La indigencia y la falta de ilustración, en cuanto hayan influido en la ejecución del hecho. 

  

12. Las condiciones de inferioridad psíquica, determinadas por la edad, por el sexo, o por circunstancias orgánicas transitorias. 

  


Artículo 39. Sólo podrá aplicarse el máximo de la sanción cuando concurran únicamente circunstancias de mayor peligrosidad y el mínimo cuando concurran únicamente de menor peligrosidad. 

  


Artículo 40. Fuera de las circunstancias específicadas en el artículo 38, debe tenerse en cuenta cualquiera otra análoga a ellas. 

  

TITULO II

SANCIONES

CAPITULO I

Penas


Artículo 41. Las penas para los mayores de diez y ocho años son las siguientes: 

  

Presidio. Prisión. Arresto. Confinamiento. Multa. 

  


Artículo 42. Son penas accesorias, cuando no se esta 

  

blezcan como principales, las siguientes: 

  

La prohibición de residir en determinado lugar. 

  

La publicación especial de la sentencia. 

  

La interdicción de derechos o funciones públicas. 

  

La prohibición o suspensión del ejercicio de un arte o 

  

profesión. 

  

La pérdida de toda pensión, jubilación o sueldo de retiro de carácter oficial. 

  

La caución de buena conducta. 

  

La relegación a las colonias agrícolas penales. 

  

La pérdida o suspensión de la patria potestad. 

  

La expulsión del territorio nacional, para los extranjeros. 

  


Artículo 43. Las penas de presidio, prisión y arresto se cumplirán en todo caso bajo un régimen de aislamiento durante la noche y de trabajo industrial o agrícola durante el día. 

  


Artículo 44. El cumplimiento de la pena de presidio se iniciará en todo caso con un aislamiento permanente del penado durante un término de un mes a dos años, según la gravedad de la pena y la personalidad del delincuente. 

  


Artículo 45. La duración de las penas es la siguiente: 

  

La de presidio, de uno a veinticuatro años. 

  

La de prisión, de seis meses a ocho años. 

  

La de arresto, de un día a cinco años. 

  

La de confinamiento, de tres meses a tres años. 

  

La de prohibición de residir en determinado lugar, de tres meses a cinco años. 

  

La de interdicción de derechos o funciones públicas, de uno a diez años, cuando no se establezca como perpetua. 

  

La de prohibición o suspensión del ejercicio de un arte o profesión, de diez días a cuatro años, cuando no se establezca como perpetua. 

  

La de caución de buena conducta, de uno a cinco años. 

  

La de relegación a las colonias agrícolas penales, de uno a veinte años. 

  

La de suspensión de la patria potestad, de uno a cinco años. 

  


Artículo 46. La pena de presidio se cumplirá en una penitenciaría; los presidiarios deberán dedicarse durante el día a trabajos industriales o agrícolas dentro del mismo establecimiento, o a trabajos obligatorios en obras públicas. 

  


Artículo 47. La pena de prisión deberá cumplirse en un establecimiento destinado al efecto, o en uns colonia agrícola especial; los condenados a ella no estarán obligados a trabajar fuera del respectivo establecimiento. 

  


Artículo 48. La pena de arresto deberá cumplirse en un establecimiento destinado al efecto. 

  

Los condenados a la pena de arresto podrán elegir una de las formas de trabajo que se hallaren organizadas en el respectivo establecimiento. 

  


Artículo 49. El confinamiento consiste en la obligación impuesta al condenado de permanecer en determinado Municipio, distante por lo menos cien kilómetros de aquel en que fue cometido el delito o de aquel en que resida el ofendido o el condenado. 

  


Artículo 50. La multa consiste en la obligación de pagar al Tesoro Nacional, una suma no menor de dos pesos ni mayor de cinco mil, proporcionada a las condiciones económicas del condenado y a la gravedad de la infracción. 

  


Artículo 51. Cuando no se haya pagado la multa dentro del plazo señalado en la sentencia, y esta pena se haya impuesto como principal y única, se convertirá en arresto, a razón de un día por cada dos pesos o fracción. 

  

El condenado a quien se le haya hecho la conversión de que trata el inciso anterior, podrá hacer cesar el arresto en cualquier momento en que satisfaga la parte proporcional de multa que no haya cumplido en arresto. 

  


Artículo 52. La publicación especial de la sentencia consiste en insertarla en uno de los periódicos no oficiales del Municipio en que se cometió la infracción o en que resida el condenado. 

  

Esta publicación deberá hacerse en un solo número del periódico, a expensas del condenado o del ofendido, y dentro de los treinta días siguientes a la ejecución de la sentencia. 

  

Cuando no haya periódicos en el Municipio respectivo, o cuando el condenado o el ofendido no paguen los gastos de la publicación, ésta se hará por bando. 

  

Sólo se publicará la parte resolutiva cuando, en concepto del Juez, la motiva pueda herir el pudor público. 

  


Artículo 53. La publicación especial de la sentencia podrá también ordenarse como reparación, a solicitud del acusado absuelto o de la parte lesionada por el delito. En el primer caso la publicación deberá hacerse a expensas del Estado. 

  


Artículo 54. La publicación especial de la sentencia condenatoria se ordenará como pena accesoria de las de presidio y prisión, siempre que no se otorgue la condena condicional y que no se trate de menores de diez y ocho años, ni de delitos contra las buenas costumbres o el orden de las familias. 

  

En este último caso sólo podrá hacerse a petición de la parte lesionada por el delito, observando lo prescrito en el artículo 52. 

  


Artículo 55. La caución de buena conducta consiste en la garantía personal, prendaria o hipotecaria que debe dar el condenado, a satisfacción del Juez, dentro del término señalado en la sentencia, para no incurrir en nuevas infracciones, y para cumplir las prescripciones que la sentencia le imponga, durante el período de prueba que la misma determine. 

  

Tales prescripciones podrán consistir en la obligación de no residir en determinado lugar ni frecuentarlo, en la de abstenerse de concurrir a expendios de bebidas alcohólicas y a casas de juego, o en la de ejercer un oficio lucrativo. 

  

El período de prueba no podrá ser menor de un año ni mayor de cinco; la caución deberá ser proporcionada a las condiciones económicas del condenado. 

  

Si durante el período de prueba el condenado violare su promesa, la caución se hará efectiva a favor del Tesoro Nacional. 

  


Artículo 56. La interdicción de derechos y funciones públicas priva de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho público, función pública u oficial, de los grados militares y dignidades que confieren las entidades oficiales, e incapacita para ejercer tutelas y curadurías y para pertenecer a los cuerpos armados de la República. 

  

Esta pena incapacita asimismo para adquirir cualquiera de los derechos, empleos, oficios, calidades o grados de que trata el inciso anterior. 

  


Artículo 57. La relegación a las colonias penales consiste en la permanencia del condenado en los lugares de colonización que señale la Dirección General de Prisiones, en donde deberá dedicarse a trabajos agrícolas o en obras públicas, sin estar sometido a otro régimen que el determinado especialmente para la colonia por la ley correspondiente. 

  

El penado podrá residir en la colonia con su familia. 

  


Artículo 58. Por regla general, y salvo las excepciones consignadas en la parte especial de este Código, las penas de presidio y prisión llevan consigo la interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena principal y la pérdida de toda pensión, jubilación o sueldo de retiro de carácter oficial, y para los extranjeros, la expulsión del territorio nacional; la de presidio trae, además, la pérdida de la patria potestad, y la de prisión, la suspensión de la patria potestad durante el tiempo de la condena. 

  


Artículo 59. Las armas, instrumentos y efectos con que se haya cometido un delito, o que provengan de su ejecución, se confiscarán y entregarán al Estado, a menos que la ley disponga que se destruyan, o que se devuelvan a quien se hubieren sustraído o a un tercero sin cuya culpa se hubiere usado de ellos. 

  


Artículo 60. Cuando al aplicar las sanciones que establece la ley penal sea necesario sustituir una privativa de la libertad por otra de la misma especie, hacer cómputos o determinar proporciones, tres días de arresto equivalen a dos de prisión, y tres de ésta a dos de presidio. 

  

CAPITULO II

Medidas de seguridad.


Artículo 61. Son medidas de seguridad: 

  

a) Para los delincuentes a que se refiere el artículo 29: 

  

La reclusión en un manicomio criminal o en una colonia agrícola especial. 

  

La libertad vigilada. 

  

El trabajo obligatorio en obras o empresas públicas. 

  

La prohibición de concurrir a determinados lugares públicos. 

  

b) Para los delincuentes a que se refiere el articulo 30: 

  

La libertad vigilada. 

  

La reclusión en una escuela de trabajo o en un reformatorio. 

  


Artículo 62. El manicomio criminal y la colonia agrícola especial son establecimientos organizados de acuerdo con las prescripciones de la ciencia médica, separados de las instituciones similares para enfermos de la mente comunes, dirigidos por psiquiatras, y en donde, en cuanto sea posible, deberá establecerse el trabajo industrial o agrícola. 

  


Artículo 63. El manicomio criminal se destina para recluir a los alienados que cometan delitos para los cuales se señalan penas de presidio, o cuyo estado los haga especialmente peligrosos. 

  


Artículo 64. La reclusión en los establecimientos de que tratan los dos artículos anteriores subsistirá hasta que el enfermo o intoxicado deje de ser un peligro para la sociedad; pero en ningún caso podrá ser menor de dos años en el manicomio criminal, ni de un año en la colonia agrícola especial. 

  

Dicha reclusión no podrá cesar sino condicionalmente en virtud de decisión judicial, con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos, que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo vuelve a causar daño. 

  


Artículo 65. El trabajo en obras o empresas públicas consiste en someter al intoxicado por el alcohol o por una droga venenosa cualquiera, a la obligación de prestar su trabajo en determinadas obras o empresas señaladas al efecto por el Gobierno. 

  

Esta medida podrá imponerse como accesoria para los intoxicados que salgan del manicomio o de la colonia agrícola especial, o aplicarse exclusivamente en los casos de infracciones leves o de contravenciones. 

  


Artículo 66. La prohibición de concurrir a determinados lugares públicos consiste en privar a los intoxicados por el alcohol o por alguna sustancia venenosa, del derecho de concurrir a los establecimientos abiertos al público, donde se expendan bebidas alcohólicas, y a los lugares donde se considere que se comercia clandestinamente con sustancias narcóticas, o donde las coaliciones del ambiente, la índole de las personas que suelen congregarse, etc., puedan impulsarlos a cometer infracciones. 

  

Esta medida podrá aplicarse en las mismas condiciones previstas por el artículo anterior. 

  


Artículo 67. La libertad vigilada consiste: 

  

a) Para los enfermos de la mente o intoxicados, en confiarlos al cuidado de su familia o de internarlos en una casa de salud, hospital o manicomio común, bajo la inspección del Consejo de Patronato y por un tiempo no menor de dos años. 

  

b) Para los menores de diez y ocho años, en confiarlos a su propia familia o a otra honorable, o a un instituto de educación, taller, fábrica o establecimiento privado, con la prohibición de que concurran a lugares públicos donde moralmente puedan correr peligro. Esto se hará en las condiciones que el Juez señale adecuadas al caso, y bajo la inspección del mismo Juez o de sus agentes. 

  


Artículo 68. A los delincuentes de que trata el artículo 29 se aplicará la libertad vigilada, como sanción principal, en caso de contravenciones. 

  


Artículo 69. El menor de catorce años que, sin estar moralmente abandonado, cometa uno de los hechos previstos en la ley penal, se confiará en condiciones de libertad vigilada y bajo caución suficiente, a su propia familia, por un tiempo que no podrá pasar del que le falte para cumplir diez y ocho años. 

  

Si el menor estuviere moralmente abandonado, deberá prescindirse de su familia y colocársele bajo libertad vigilada por un tiempo no menor de dos años, ni mayor del que le falte para cumplir diez y ocho. 

  

Si dadas las circunstancias del menor no se estimare conveniente o no fuere posible colocarlo en condiciones de libertad vigilada, deberá internársele por el mismo tiempo en una escuela de trabajo. 

  


Artículo 70. El menor de diez y ocho años que cometa un delito, podrá ser condenado condicionalmente, siempre que el hecho no estuviere sometido a la pena de presidio, que se reúnan las demás condiciones legales para adoptar esa medida. Si no se reúnen tales condiciones, deberá recluírsele en una escuela de trabajo por un tiempo no menor de dos años y hasta que se obtenga su corrección y mejora, siempre que la reclusión no se extienda más allá de la época en que el menor cumpla veinticinco años. 

  


Artículo 71. Cuando pueda concederse la condena condicional, pero hubiere fundado temor de que, en poder de las personas bajo cuyo cuidado esté el menor, no tenga éste el ambiente ni los elementos necesarios para su corrección o mejora, deberá el Juez, aplicarle la libertad vigilada con prescindencia de aquellas personas, y por un tiempo no menor de un año, ni que exceda del que le falte al menor para cumplir veinticinco. 

  


Artículo 72. Cuando un menor de diez y ocho años y mayor de catorce cometa una contravención, el Juez, teniendo en cuenta las circunstancias del hecho y las condiciones del menor y su familia, deberá aplicarle la libertad vigilada por un período de uno a dos años. 

  


Artículo 73. Al menor de diez y ocho años y mayor de catorce que cometa un delito sometido a la pena de presidio, se le recluirá en un reformatorio por un término de tres a quince años. 

  

Si al llegar a la edad de veinticinco años se hubiere obtenido la corrección y mejora del recluso, se le pondrá en libertad condicional; pero si no se hubiere obtenido dicha corrección y mejora, pasará a la penitenciaria correspondiente a pagar, en presidio, el tiempo que le falte para cumplir la sentencia. 

  


Artículo 74. Las providencias que dictare el Juez al aplicar las disposiciones de los artículos anteriores, podrán revocarse o reformarse en cualquier tiempo. 

  

CAPITULO III

Disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores.


Artículo 75. Siempre que se cometa un delito abusando del ejercicio de una industria, oficio o profesión, o contraviniendo a las obligaciones que de ese ejercicio se deriven, y haya fundados motivos para temer que en lo sucesivo se continuare abusando en igual forma o contraviniendo a dichas obligaciones, el Juez al imponer la sanción, podrá privar al responsable del derecho de ejercer la mencionada industria, oficio o profesión, por un plazo de seis meses a dos años, contado a partir del día en que quedare cumplida la condena. 

  


Artículo 76. Siempre que una de las causas o motivos del delito haya sido el uso inmoderado de bebidas alcohólicas, el Juez deberá imponer al responsable, como pena accesoria, la prohibición de entrar, por un término de seis meses a tres años, una vez cumplida la condena, a cualquier lugar o establecimiento donde se expida dicha clase de bebidas. 

  


Artículo 77. En todos los establecimientos destinados al cumplimiento de penas o medidas de seguridad, se clasificarán y mantendrán en departamentos separados, los grupos de recluidos que se encuentren en condiciones psíquicas y físicas afines, para lo cual se tendrá principalmente en cuenta el hecho cometido, la vida anterior del condenado y sus capacidades para el trabajo. 

  


Artículo 78. En los establecimientos de que trata el artículo anterior, se organizará el trabajo industrial y agrícola con fines no solamente educativos y correccionales, sino también de rendimiento económico. 

  


Artículo 79. El pago de la indemnización de los perjuicios a que se hubiere condenado por el delito, tendrá prelación sobre las demás obligaciones que contraiga el condenado después de cometido el hecho delictuoso y aun respecto de la multa. 

  

TITULO III

Condena y libertad condicionales y perdón judicial.


Artículo 80. Cuando se imponga la pena de arresto no mayor de tres años o la de prisión que no exceda de dos, podrá el Juez suspender la ejecución de la sentencia por un período de prueba de dos a cinco años, si concurrieren las siguientes circunstancias: 

  

a) Que sobre el procesado no haya recaído ninguna condenación por delitos; 

  

b) Que su conducta anterior haya sido siempre buena; 

  

c) Que su personalidad, la naturaleza y modalidades del hecho delictuoso y los motivos determinantes, den al Juez la convicción de que el individuo que va a gozar de este beneficio no es peligroso para la sociedad y de que no volverá a delinquir. 

  


Artículo 81. Al otorgar la condena condicional deberá el Juez imponer las obligaciones inherentes a la caución de buena conducta, de que trata el artículo 55, y la de reparar, dentro de un término prudencial, los daños ocasionados por el delito, salvo el caso de que, sea imposible cumplir esta obligación dentro de ese término. 

  


Artículo 82. Si durante el período de prueba el condenado cometiere un nuevo delito o violare los deberes especiales que se le hayan impuesto, se ejecutará inmediatamente la sentencia por orden del Juez o Tribunal respectivos. 

  


Artículo 83. La condena se extingue definitivamente si al cumplirse el período de prueba el condenado no ha incurrido en los hechos de que trata el artículo anterior. 

  


Artículo 84. La suspensión de la condena no exime en ningún caso de la obligación de reparar los daños causados por el delito. 

  


Artículo 85. Podrá concederse la libertad condicional al condenado a las penas de prisión o arresto no menores de dos años, que haya cumplido las dos terceras partes de la condena, o a la pena de presidio, que haya cumplido las tres cuartas partes, siempre que su personalidad, su buena conducta en el respectivo establecimiento carcelario, sus antecedentes de todo orden, permitan al Juez presumir fundadamente que ha dejado de ser peligroso para la sociedad, y que no volverá a delinquir. 

  

La providencia judicial que conceda la libertad condicional deberá dictarse previa audiencia del Ministerio Público y concepto favorable y motivado del Consejo de Disciplina del establecimiento donde haya descontado su pena el condenado. 

  


Artículo 86. Al condenado a quien se otorgue la libertad condicional podrán imponérsele los deberes inherentes a la caución de buena conducta y otros especiales, como el de someterse a la vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante ellas o ante el Consejo de Patronato. 

  


Artículo 87. Si durante el período de prueba, que comprenderá el tiempo que le falte para cumplir la condena, y hasta una tercera parte más, cometiere el condenado un nuevo delito o violare los deberes que se le hayan impuesto, se le revocará la libertad condicional y se le hará efectivo el resto de la pena que haya dejado de cumplir. 

  

Si el Juez decide extender el período de prueba más allá del tiempo de la condena, podrá prescindir de imponer al condenado los deberes especiales de que habla el artículo anterior, durante ese período de exceso. 

  


Artículo 88. Transcurrido el término de prueba sin que el condenado incurra en los hechos de que trata el anterior artículo, la liberación se tendrá como definitiva. 

  


Artículo 89. Al delincuente que haya sido condenado por más de dos delitos o al reincidente por primera vez, no podrá concedérsele el beneficio de libertad condicional, sino cuando haya cumplido las cuatro quintas partes de la pena y reúna los requisitos señalados en el artículo 85. 

  

Después de la segunda reincidencia, el delincuente quedará privado del derecho de solicitar la libertad condicional. 

  


Artículo 90. La concesión de la libertad condicional deberá subordinarse al cumplimiento de la obligación de reparar los daños ocasionados con el delito, impuesta en la sentencia, salvo que el condenado demuestre que se encuentra en imposibilidad de hacerlo. 

  


Artículo 91. En los casos que se señalan en la Parte Especial, siempre que se reúnan los requisitos de que trata el artículo 80, y previos los trámites de procedimiento para proferir sentencia definitiva, podrá el Juez, mediante providencia motivada, otorgar al responsable de un delito, el perdón judicial, que consiste en prescindir de aplicarle la sanción correspondiente. 

  

TITULO IV

De la ejecución de las sanciones y sus consecuencias.


Artículo 92. En toda sentencia condenatoria por infracciones de que resulten daños o perjuicios contra alguna persona, natural o jurídica, se condenará solidariamente a los responsables a la indemnización de todos los perjuicios que se hayan causado. 

  


Artículo 93. El respectivo Agente del Ministerio Público deberá cooperar con los interesados en todas las diligencias tendientes a fijar y obtener la indemnización a que diere lugar la infracción, o intervenir por si solo en el caso de que éstos se abstengan de hacerlo. 

  


Artículo 94. Si el delito no hubiere causado daño que pueda avaluarse pecuniariamente, podrá el Juez no obstante imponer la obligación de pagar una suma hasta de mil pesos a favor del Tesoro Nacional. 

  


Artículo 95. Cuando no fuere fácil o posible avaluar pecuniariamente el daño moral ocasionado por el delito, podrá fijar el Juez prudencialmente la indemnización que corresponda al ofendido, hasta la suma de dos mil pesos. 

  


Artículo 96. El tiempo de la detención preventiva se tendrá como parte cumplida de la pena privativa de la libertad. 

  

Cada día de detención preventiva equivale a tres días de confinamiento. 

  


Artículo 97. Las penas de interdicción de derechos y funciones públicas y la de prohibición o suspensión del ejercicio de un arte o profesión, empezarán a correr desde el día en que la sentencia quede ejecutoriada, si se impusieren como penas principales; pero cuando fueren accesorias, se aplicarán de hecho, mientras durare la pena principal; cumplida ésta, empezará a correr el término que se señale para ellas en la sentencia. 

  


Artículo 98. Cuando después de pronunciada la sentencia, fuere atacado el delincuente de enajenación mental, se suspenderá la ejecución de la pena privativa de la libertad, y se le pasará al manicomio o colonia agrícola especial. 

  


Artículo 99. En cualquier tiempo en que el delincuente recobrare la salud, volverá a cumplir la pena en el lugar respectivo, debiéndose descontar el tiempo que hubiere permanecido en el manicomio o colonia agrícola especial, como parte cumplida de esa pena. 

  

TITULO V

De la extinción de la acción y de la condena penales.


Artículo 100. La muerte del procesado extinguirá la acción penal. 

  

La muerte del condenado extinguirá los efectos de la sentencia, y todas las consecuencias penales de la condenación; pero no impedirá que se lleve a cabo el comiso, ni que se haga efectiva la indemnización de perjuicios sobre los bienes del causante. 

  


Artículo 101. La extinción de la responsabilidad civil proveniente de una infracción, se regirá por el Código Civil. 

  


Artículo 102. El desistimiento de la parte agraviada extinguirá la acción y la condena penales en las infracciones que no pudieren investigarse sino en virtud de querella o petición de parte. 

  

El desistimiento de que trata el inciso anterior no producirá efectos respecto del acusado que no lo acepte. 

  


Artículo 103. El desistimiento del agraviado no dará derecho a la restitución de los objetos decomisados, ni de las sumas pagadas al Tesoro como penas pecuniarias. 

  


Artículo 104. La acción y la condena penales se extinguirán por prescripción. 

  


Artículo 105. La acción penal prescribirá: 

  

En treinta años, para las infracciones que tengan señalada una pena privativa de la libertad de veinte años o más. 

  

En un tiempo igual al máximo de la sanción fijada en la respectiva disposición penal, para las infracciones que tengan señalada una pena privativa de la libertad mayor de cinco años y menor de veinte. 

  

En cinco años para los demás delitos. 

  


Artículo 106. La prescripción de la acción empezará a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas y delitos frustrados, desde el día en que se perpetró el último acto de ejecución, y para las infracciones continuas, desde el día en que se verificó el último acto. 

  


Artículo 107. La prescripción de la acción penal se interrumpirá por el auto de proceder. 

  

Interrumpida la prescripción, principiará a correr de nuevo desde el día de la interrupción; pero en este caso el término de la prescripción no podrá extenderse más allá del señalado en el artículo 105. 

  


Artículo 108. La pena prescribirá: 

  

a) En treinta años, si fuere privativa de la libertad y mayor de veinte; 

  

b) En veinte años, si fuere privativa de la libertad y mayor de diez; 

  

c) En un tiempo igual al doble de la sanción, si fuere privativa de la libertad y no mayor de diez años; 

  

d) En cinco, tratándose de penas no privativas de la libertad: 

  

En ningún caso prescribirá la sanción en un término menor de tres años. 

  


Artículo 109. La prescripción de sanciones de diferentes clases o de distintas duraciones, impuestas en una misma sentencia, se cumplirá en el término señalado para cada una de ellas. 

  


Artículo 110. La prescripción de la sanción se interrumpirá cuando el condenado fuere aprehendido en virtud de la sentencia. También se interrumpirá si reincidiere el condenado mientras está corriendo la prescripción. 

  


Artículo 111. La prescripción de las sanciones que se impongan como accesorias principiará a correr desde el día en que deban empezar a cumplirse. 

  


Artículo 112. La prescripción de la acción y la de la sanción se declararán de oficio; pero el sindicado o el condenado podrán renunciar a ellas. 

  


Artículo 113. La interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas, proveniente de una condena, cesará por la rehabilitación. 

  

Si tales penas fueren accesorias, no podrá pedirse la rehabilitación sino cuando el condenado hubiere observado una conducta que haga presumir su reforma, y después de transcurridos cuatro años a partir del día en que se haya cumplido la pena principal. 

  

Si la mencionada interdicción no fuere accesoria de otra sanción, la rehabilitación no podrá pedirse sino cuatro años después de ejecutoriada la sentencia en que ella se impuso. 

  

Los plazos señalados para solicitar la rehabilitación se duplicarán cuando se trate de reincidentes. 

  


Artículo 114. El procesado por una contravención que tenga solamente sanción de multa podrá poner fin al procedimiento que se siga contra él, pagando la suma que le señale el Juez dentro de los límites fijados por la ley. 

  


Artículo 115. Tratándose de contravenciones, la acción penal prescribirá en un año, y la sanción, en dos. 

  

PARTE ESPECIAL

LIBRO SEGUNDO

TITULO I

Delitos contra la existencia y la seguridad del Estado.

CAPITULO I

Delitos de traición a la Patria.


Artículo 116. El que con el propósito de menoscabar la integridad territorial de la República, de someterla en todo o en parte al dominio extranjero, de afectar su naturaleza de Estado Soberano o de fraccionar la unidad nacional, lleve a cabo actos que tiendan directamente a esos fines, incurrirá en presidio de veinte a veinticuatro años. 

  


Artículo 117. El colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional, o el extranjero que deba obediencia a la Nación, a causa de su empleo o función pública, que tome parte en actos de hostilidad militar contra la Patria, o se ponga al servicio del enemigo exterior en el caso de un conflicto armado, incurrirá en presidio por diez a veinte años. 

  


Artículo 118. La pena será de veinte a veinticuatro años de presidio si a consecuencia de los servicios prestados al enemigo, cayere en poder de este alguna parte del territorio nacional, cuerpo de tropas, depósito de material de guerra, vituallas y víveres, o cualquier otra especie de elementos indispensables para la defensa del Estado, o sufrieren derrota las armas de la República. 

  


Artículo 119. El colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional, o el extranjero que deba obediencia a la Nación a causa de su empleo o función pública, que con el propósito de provocar contra Colombia la guerra o las hostilidades de otra u otras naciones, lleve a cabo actos que tiendan directamente a ese fin, incurrirá en presidio de diez a veinte años. La pena será de veinte a veinticuatro años de presidio, si efectivamente se produjeren la guerra o las hostilidades por parte del extranjero. 

  


Artículo 120. El que, encargado por el Gobierno colombiano de tratar asuntos de Estado con un Gobierno extranjero o con personas o grupos de otro país, actúe de manera desleal en el ejercicio de su mandato, incurrirá en presidio de cinco a quince años. 

  


Artículo 121. El colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional, o el extranjero que deba obediencia a Colombia a causa de su empleo o función pública, que revele los secretos políticos, diplomáticos o militares referentes a la seguridad del Estado, ya comunicando o publicando documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material, fortificaciones u operaciones militares o a cualquiera otro asunto esencial para la defensa de los intereses del país, ya facilitando de otra manera su divulgación, incurrirá en presidio, de dos a cuatro años, y en multa de trescientos a mil pesos. 

  

La pena será de dos a seis años de presidio y de trescientos a mil pesos de multa, si los secretos se revelaren al Gobierno de otra Nación o a sus agentes o súbditos. 

  

La pena será de seis a quince años de presidio, y de mil a cinco mil pesos de multa, si los secretos se revelaren a un Estado que se halle en guerra contra Colombia, o a sus agentes o súbditos, y de diez a diez y séis años de presidio y mil a dos mil pesos de multa, si la revelación diere lugar a que se interrumpan o turben las relaciones amistosas de Colombia con otra nación. 

  

Se aumentarán las penas señaladas hasta en una tercera parte, si el responsable hubiere conocido los secretos en virtud de su carácter de funcionario, o si se hubiere servido de la violencia o el fraude para obtener tal conocimiento. 

  

El que maliciosamente obtenga la revelación de los secretos a que se refiere el presente artículo, incurrirá en las penas que le correspondan como coparticipe del delito, según los artículos 19 y 20. 

  


Artículo 122. Si los secretos, planos, dibujos o documentos de que trata el artículo 121, fueren revelados por culpa de quienes los conocían por razón de sus funciones oficiales, los responsables incurrirán en prisión de seis meses a dos años, y en multa de trescientos a dos mil pesos. 

  


Artículo 123. El que sin facultad legal levante planos de fortificaciones, buques, arsenales, vías u obras militares de cualquier clase, o el que con tal fin entre clandestinamente o por fraude a los lugares donde esté prohibido el ingreso por las autoridades militares, incurrirá en prisión de seis meses a dos años, y en multa de ciento a mil pesos. 

  

Por el sólo hecho de entrar clandestinamente a esos lugares, se incurrirá en la pena de arresto por uno a seis meses. 

  


Artículo 124. El que se concertare con otra u otras personas para cometer cualquiera de los delitos previstos en los artículos anteriores, si fuere descubierto antes de comenzar su ejecución, incurrirá en prisión de uno a cinco años y en multa de diez a mil pesos. 

  


Artículo 125. El colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional, o el extranjero que deba obediencia a la Nación a causa de su empleo o función pública, que se ponga en tiempo de paz al servicio de una nación extranjera o de sus agentes, con el fin de suministrarles informes sobre los secretos políticos, diplomáticos o militares del Estado, incurrirá en prisión de dos a ocho años y en multa de ciento a mil pesos. Si el colombiano fuere funcionario, empleado o agente de Colombia, la pena se aumentará hasta en una tercera parte. 

  

Si se tratare de un extranjero que no deba especial obediencia al país a causa de su empleo o función pública, la sanción se reducirá hasta la mitad. 

  


Artículo 126. El que por menosprecio o vilipendio despedace, destruya o ultraje la bandera o el escudo de Colombia o cualquier otro emblema de la Patria; o el que destruya o quite las señales que marcan las fronteras nacionales, incurrirá en prisión de seis meses a dos años y en multa de ciento a dos mil pesos. 

  

Si a consecuencia de la destrucción de los hitos fronterizos se viere la Nación envuelta en algún conflicto, o si tal destrucción se verificare durante una guerra con el Estado limítrofe, la pena será de dos a ocho años de prisión. 

  


Artículo 127. El que durante un conflicto armado con el Extranjero, invitare formalmente a las tropas u oficiales del Ejército Nacional a desertar o a servir al enemigo, o pusiere en práctica cualquier otro medio para realizar ese fin, incurrirá en prisión de dos a ocho años, y en multa de ciento a dos mil pesos. Si a consecuencia de las excitaciones o maniobras llevadas a cabo sobreviniere efectivamente la deserción o el paso al enemigo, la pena será de diez a quince años de presidio. 

  

CAPITULO II

De los delitos que comprometan la paz, la seguridad exterior o la dignidad de la Nación.


Artículo 128. El colombiano o el extranjero que cometa cualquiera de los delitos previstos en el capítulo anterior, contra un Estado aliado de Colombia en guerra o conflicto armado contra un enemigo común, incurrirá en las dos terceras partes de las penas respectivas. 

  


Artículo 129. El que por actos hostiles, no consentidos por el Gobierno Nacional, provoque la ruptura de las relaciones pacíficas de Colombia con otro Estado, dando lugar a la inminencia de un conflicto armado, o a que sufran vejaciones o represalias los habitantes de la Nación en sus personas o en sus bienes, incurrirá en prisión de seis meses a dos años y en una multa de ciento a mil pesos. Si de los procedimientos empleados resultare la guerra, la pena será de cinco a diez años de presidio. 

  


Artículo 130. El extranjero no comprendido en las disposiciones del capítulo anterior, que cometa cualquiera de los delitos previstos en los artículos 121 a 127, quedará sujeto a las penas señaladas respectivamente para cada caso, reducidas hasta en una tercera parte. 

  


Artículo 131. El que violare las treguas y armisticios acordados entre la República y un Estado enemigo o entre las fuerzas beligerantes de mar o tierra, o los salvoconductos debidamente expedidos, y el que impidiere o perturbare el cumplimiento de un tratado concluido con otro Estado, quedará sujeto a prisión de seis meses a dos años. 

  


Artículo 132. El que por menosprecio o vilipendio destruya, despedace o ultraje en público la bandera, el escudo o cualquier otro emblema nacional de un estado extranjero, quedará sujeto a la pena de seis meses a dos años de prisión. Para proceder en este caso se necesita la queja del Gobierno respectivo. 

  


Artículo 133. El que viole las inmunidades del Jefe de un Estado extranjero o de su representante ante el Gobierno colombiano, quedará sujeto a la pena de prisión por seis meses a un año. 

  


Artículo 134. El que cometa contra el Jefe de un Estado extranjero o contra su representante, por razón del ejercicio de sus funciones, uno de los actos previstos en los artículos 184 a 186 quedará sujeto a las penas señaladas para los mismos delitos, cuando se cometan contra funcionarios públicos colombianos, aumentadas en una cuarta parte. 

  


Artículo 135. El colombiano que acepte honores, pensiones u otro beneficio cualquiera de un Estado en guerra contra Colombia, incurrirá en multa de ciento a dos mil pesos y en interdicción de derechos y funciones públicas de uno a cuatro años. 

  

CAPITULO III

De la piratería.


Artículo 136. Cometen el delito de piratería y quedarán sujetos a la pena de cinco a quince años de presidio: 

  

1°. Los que en el mar o en los ríos de la República apresen a mano armada alguna embarcación, o cometan depredaciones en ella o hagan violencia a las personas que se hallen a bordo. 

  

2°. Los que yendo a bordo de una embarcación se apoderen de ella, ya sea para saquearla, para destinarla a la piratería o para entregarla a un pirata. 

  

3°. Los corsarios que, en caso de guerra entre dos o más naciones, salgan a corsear sin carta de contramarca o patente de curso de alguna de ellas, o con patente de dos o más naciones beligerantes, o con patente de una de ellas, pero practicando actos de depredación contra buques de la República o de otra nación para hostilizar a la cual no estuvieren autorizados. Las disposiciones de este inciso se aplicarán igualmente a las aeronaves. 

  

4°. El que por cuenta propia o ajena equipe un buque destinado a la piratería. 

  

5°. El que comercie o trafique con piratas o les suministre auxilio. 

  


Artículo 137. Si en el curso del asalto a mano armada o del abordaje a una embarcación, la resistencia de los asaltados diere lugar a un combate o refriega de la cual resultaren heridos o muertos, la pena será de diez a veinticuatro años de presidio. 

  


Artículo 138. El homicidio y las lesiones causados fuera del caso previsto en el artículo anterior, la violencia carnal, el incendio y en general los actos de ferocidad o barbarie, cometidos por los piratas en el curso de sus actividades, traerán consigo la respectiva responsabilidad, y las sanciones correspondientes se aplicarán acumulativamente con las de piratería. 

  

TITULO II

Delitos contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado.

CAPITULO I

De la rebelión.


Artículo 139. Los que promuevan, encabecen o dirijan un alzamiento en armas para derrocar al Gobierno Nacional, legalmente constituido, o para cambiar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente, en lo que se refiera a la formación, funcionamiento o renovación de los Poderes Públicos u órganos de la soberanía, quedarán sujetos a prisión de seis meses a cuatro años, a la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo y a la multa de quinientos a cinco mil pesos. 

  

Los que simplemente tomen parte en la rebelión, como empleados de ella con mando o jurisdicción militar, política o judicial, quedarán sujetos a las dos terceras partes de las sanciones indicadas en el inciso anterior. 

  

Los demás individuos comprometidos en la rebelión incurrirán en las mismas sanciones, disminuidas en dos terceras partes. 

  


Artículo 140. No quedarán sujetos a sanción alguna los que habiendo sido reclutados por los rebeldes se limiten a servir como soldados sin cometer ningún delito. 

  


Artículo 141. Los rebeldes no quedarán sujetos a responsabilidad por las muertes o lesiones causadas en el acto de un combate; pero el homicidio cometido fuera de la refriega, el incendio, el saqueo, el envenenamiento de fuentes o depósitos de agua, y en general los actos de ferocidad o barbarie, darán lugar a las sanciones respectivas, aplicadas acumulativamente con las de rebelión. 

  

CAPITULO II

De la sedición.


Artículo 142. Los que sin pretender el cambio violento del régimen constitucional existente y sin desconocer la autoridad de los Poderes del Estado, se alzaren en armas para impedir el cumplimiento de alguna sentencia, ley, decreto o providencia obligatoria, o para deponer a alguno de los funcionarios o empleados públicos, o para arrancarles alguna medida o concesión, o en general, para impedir en cualquier forma el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes, incurrirán en arresto de seis meses a tres años, y en multa de ciento a dos mil pesos si hubieren actuado como cabecillas o dirigentes del movimiento. 

  

Los que simplemente tomaren parte en él, estarán sujetos a la mitad de las sanciones indicadas. 

  


Artículo 143. En cuanto sean aplicables a la sedición, se observarán las disposiciones de los artículos 140 y 141. 

  

CAPITULO III

De la asonada.


Artículo 144. Los que reunidos en forma tumultuaria y con el propósito de intimidar o amenazar a alguna persona, corporación o autoridad, exigieren de ellas la ejecución u omisión de algún acto reservado a su voluntaria determinación, las injuriaren o ultrajaren, o en general, pretendieren coartar el ejercicio de un derecho legítimo, o perturbaren el pacífico desarrollo de las actividades sociales, alarmando o atemorizando a los ciudadanos, quedarán sujetos a confinamiento por seis meses a dos años y a multa de veinte a trescientos pesos. 

  

A los organizadores o dirigentes de la asonada se les aumentarán las sanciones hasta en una cuarta parte. 

  

Si la mayoría de los que tomaren parte en la asonada concurrieren a ella con armas, las sanciones se aumentarán para todos hasta en la mitad. 

  

Las sanciones correspondientes a los delitos comunes que llegaren a cometerse con pretexto o motivo de la asonada, se aplicarán acumulativamente. 

  

CAPITULO IV

Disposiciones comunes a los Capítulos precedentes.


Artículo 145. Los que se concertaren para cometer los delitos de rebelión o sedición, quedarán sujetos a confinamiento por seis meses a tres años y a multa de ciento a dos mil pesos, si los proyectos criminosos fueren descubiertos antes de iniciarse los actos ejecutivos. 

  


Artículo 146. El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte o de un puesto de guardia, o el que retuviere ilegalmente un mando político o militar con el propósito de cometer el delito de rebelión o sedición, quedará sujeto a la mitad de las sanciones fijadas para esos delitos. 

  


Artículo 147. En caso de disolverse la reunión tumultuaria que tenga por objeto cometer el delito de rebelión o el de sedición, sin haber causado otro mal que la perturbación transitoria del orden, los rebeldes quedarán sujetos a las sanciones previstas para el delito de asonada. 

  


Artículo 148. A los funcionarios o empleados públicos investidos de autoridad o jurisdicción que tomen parte en cualquiera de los delitos previstos en los capítulos anteriores como directores o ejecutores, se les aumentarán las penas respectivas hasta en una cuarta parte. 

  


Artículo 149. El que en la tribuna pública o por medio de cualquier escrito dado a la publicidad, invitare formal y directamente a una rebelión o sedición, o comunicare instrucciones o indicare los medios para consumarlas, estará sujeto, aunque la rebelión o sedición no se verifique, a confinamiento o arresto por dos meses a un año y a multa de ciento a mil pesos. 

  

TITULO III

Delitos contra la administración pública.

CAPITULO I

Del peculado.


Artículo 150. El funcionario público que diere a los caudales o efectos que administra una aplicación oficial diferente de aquellas a que están destinados, incurrirá en interdicción para ejercer empleo o cargo público, de uno a seis meses. 

  

Si de ello resultare algún daño o perjuicio, se impondrá además una multa de diez a quinientos pesos. 

  


Artículo 151. El funcionario público que en cualquier forma haga uso indebido de los caudales u otros objetos que por razón de sus funciones esté encargado de recaudar o administrar, incurrirá en arresto de un mes a cuatro años y en interdicción de derechos y funciones públicas de un mes a dos años, siempre que tales sumas o efectos se reintegren antes de que se inicie la investigación criminal correspondiente. 

  


Artículo 152. Si después de iniciada la investigación criminal y antes de que se dicte la sentencia de primera instancia, o el veredicto del Jurado, si fuere el caso, reintegrare el responsable en todo o en parte lo sustraído o apropiado, o su valor, se impondrá la sanción de que trata el artículo siguiente, reducida hasta en la mitad, debiendo tenerse en cuenta, si hubiere lugar a ello, lo dispuesto en el artículo 60. 

  


Artículo 153. Si no se llevare a cabo el reintegro, se impondrá prisión de uno a seis años cuando el valor de lo sustraído o apropiado no pase de tres mil pesos, y presidio de cuatro a quince años cuando fuere mayor. 

  


Artículo 154. El funcionario o empleado público que por culpa diere lugar a que se extravíen o pierdan los caudales o efectos que tuviere bajo su custodia, incurrirá en privación del empleo y en la obligación de pagar tales caudales o efectos. 

  


Artículo 155. Las disposiciones de este capítulo se harán extensivas a los que por cualquier concepto se hallen encargados de fondos, rentas o efectos pertenecientes a un establecimiento de instrucción o de beneficencia. 

  

CAPITULO II

De la concusión.


Artículo 156. El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público, que abusando de su cargo o de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo funcionario o a un tercero, dinero, o cualquier otra utilidad, incurrirá en prisión de uno a seis años. 

  


Artículo 157. El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público, que abusando de su cargo o de sus funciones, y con el fin de obtener para sí o para otro un provecho ilícito, constriña o induzca a alguien a pagar impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento que legalmente no se deba, incurrirá en prisión de seis meses a cuatro años y en interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo período. 

  

Si empleare intimidación o invocare orden superior o mandamiento judicial, se aumentará la pena hasta en la mitad. 

  


Artículo 158. Si al cometer el hecho de que trata el artículo anterior, no obrare el agente con el fin de obtener para sí o para otro un provecho ilícito, se le impondrá multa de ciento a mil pesos e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por dos años. 

  


Artículo 159. El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, aprovechándose de un error ajeno, reciba o retenga indebidamente para sí o para otro, dinero, efectos u obtenga alguna utilidad, incurrirá en prisión de seis meses a dos años y en multa de diez a mil pesos. 

  

CAPITULO III

Del cohecho.


Artículo 160. El funcionario o empleado público o la persona que transitoriamente desempeñe funciones públicas, que reciba indebidamente para sí o para un tercero dinero o dádivas, o acepte promesas remuneratorias, directas o indirectas, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de seis meses a cuatro años. 

  


Artículo 161. Si la admisión del dinero o de la dádiva, o la aceptación de las promesas, se verificare para omitir o retardar un acto propio del cargo o para ejecutar uno contrario a los deberes oficiales, la prisión será de uno a ocho años. 

  

Si el responsable fuere un Juez o Magistrado del orden judicial o administrativo, la prisión será de dos a diez años. 

  


Artículo 162. El funcionario o empleado público, que al intervenir por razón de su cargo en la celebración de algún contrato o licitación pública, en la liquidación de efectos o haberes públicos, o en el suministro de los mismos se concertarse con los interesados o especuladores para obtener determinado resultado, o usare de cualquier maniobra o artificio conducente a ese fin, incurrirá en prisión de uno a ocho años. 

  

Algún contrato o licitación pública en la liquidación de efectos o haberes públicos, o en el suministro de los mismos, se concertase con los interesados o especuladores para obtener determinado resultado, o usarse de cualquier maniobra o artificio conducente a ese fin, incurrirá en prisión de uno a ocho años. 

  


Artículo 163. En todos los casos previstos en los artículos anteriores, se impondrá, además, la interdicción de derechos y funciones públicas, por tres a diez años. 

  


Artículo 164. El que diere u ofreciere dinero o dádivas a los funcionarios de que tratan los artículos anteriores, para los fines allí previstos, incurrirá en prisión de uno a cinco años. 

  

Esta sanción se reducirá hasta en la mitad, si el dinero, dádiva u oferta no fueren aceptados. 

  


Artículo 165. Los funcionarios de que tratan los artículos anteriores, que recibieren dinero o dádivas, ofrecidas en consideración a su cargo, por personas que tengan algún asunto pendiente en su respectivo Despacho, incurrirán en la interdicción de derechos y funciones públicas de uno a seis años. 

  


Artículo 166. En los casos previstos en los artículos precedentes, se decomisarán los dineros u objetos recibidos. 

  

CAPITULO IV

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.


Artículo 167. El funcionario o empleado público o el que transitoriamente desempeñe funciones públicas, que directa o indirectamente se interese en provecho propio en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo, incurrirá en interdicción perpetua de derechos y funciones públicas y en multa de ciento a tres mil pesos. 

  

Esta disposición se aplicará a los peritos, árbitros o administradores particulares, respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, partición o adjudicación intervengan o hubieren intervenido, y a los tutores, curadores o albaceas respecto de los pertenecientes a los respectivos pupilos o sucesiones. 

  

CAPITULO V 

  

Del prevaricato. 

  


Artículo 168. El funcionario o empleado público o el que transitoriamente desempeñe funciones públicas, que a sabiendas dictare sentencia, resolución o dictamen contrario a la ley, expresa o manifiestamente injustos, o rehusare, negare o retardare un acto propio de sus funciones, por simpatía hacia unos interesados o animadversión hacia otros, incurrirá en prisión de seis meses a cinco años. 

  

Si se tratare de sentencia en juicio criminal, la pena será de dos a ocho años de presidio. 

  


Artículo 169. Los funcionarios de que trata el artículo anterior que, por iguales móviles y en perjuicio de terceros, asesoren o patrocinen a las personas que ante ellos litiguen o gestionen, incurrirán en prisión de seis meses a tres años. 

  


Artículo 170. En los casos prescritos en los artículos anteriores, se impondrá además interdicción de derechos y funciones públicas de uno a cinco años. 

  

CAPITULO VI

De los abusos de autoridad y otras infracciones.


Artículo 171. El funcionario o empleado público que, fuera de los casos especialmente previstos como delitos, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa o haga cometer acto arbitrario o injusto contra una persona o contra una propiedad,. incurrirá en la privación del empleo, y en multa de diez a quinientos pesos. 

  


Artículo 172. El funcionario o. empleado público que omita, rehusé o retarde la ejecución de algún acto a qué legalmente esté obligado, incurrirá en multa de diez a trescientos pesos, siempre que el hecho no tenga señalada otra sanción más grave. 

  


Artículo 173. El funcionario o empleado público que haga conocer pública o privadamente documentos o noticias que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en la privación del empleo y en multa de diez a quinientos pesos si no mediare perjuicio. Si de tal hecho resultare perjuicio; en vez de multa incurrirá en arresto de diez días a dos años. 

  

Si la violación del secreto o reserva tuviere lugar por culpa del funcionario o empleado, la multa se reducirá desde una tercera parte hasta la mitad. 

  


Artículo 174. El funcionario o empleado público que teniendo conocimiento de la comisión de un delito, cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa de cinco a doscientos pesos. 

  

Si tiene conocimiento del hecho en el ejercicio de sus funciones, la multa será de diez a quinientos pesos. 

  


Artículo 175. El funcionario o empleado público que teniendo conocimiento de la comisión da un delito cuya investigación le corresponda de oficio, no, cumpla con este deber, incurrirá en la pérdida del empleo y en multa de diez a mil pesos. 

  


Artículo 176. El funcionario o empleado público, el encargado de un servicio público, que utilice en provecho propio o ajeno, inventos, descubrimientos científicos o nuevas aplicaciones industriales, llegados a su conocimiento por razón de su cargo o servicio, y que deban permanecer en secreto, incurrirá en multa de cincuenta a mil pesos y en arresto de dos meses a tres años. 

  


Artículo 177. El militar o agente de la fuerza pública, que rehúse o retarde indebidamente el apoyo pedido por autoridad competente, en la forma establecida por la ley, incurrirá en prisión de uno a cuatro años. 

  


Artículo 178. El funcionario o empleado público que, sin causa justificada, abandone su cargo antes de que se posesione el individuo que ha de reemplazarlo, incurrirá en multa de cinco a trescientos pesos. 

  


Artículo 179. Los empleados del orden judicial o los Agentes del Ministerio Público, que fueren mandatarios en asuntos judiciales o administrativos, o abogaren en ellos, aunque estén en uso de licencia, o que aconsejaren a cualquiera de las partes litigantes, incurrirán en arresto de un mes a dos años y en interdicción para el ejercicio de funciones públicas hasta por el mismo término. 

  

Los demás funcionarios o empleados públicos, que no pudiendo ser mandatarios ni abogar en asuntos judiciales o administrativos, violaren esa prohibición, incurrirán en la pérdida del empleo y en multa de diez a quinientos pesos. 

  


Artículo 180. En la misma sanción establecida en el primer inciso del artículo anterior, incurrirá el funcionario o empleado público que forme parte de directorios políticos o intervenga en debates de este carácter. 

  


Artículo 181. El funcionario o empleado público que obtenga el concurso de la fuerza pública o emplee la que tenga a su disposición, para consumar un acto arbitrario o ilegal, o para impedir o estorbar el cumplimiento de órdenes legítimas de otra autoridad, incurrirá en prisión, de seis meses a tres años y en interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. 

  

CAPITULO VII

De la usurpación de funciones públicas.


Artículo 182. El que sin autorización legal ejerza funciones públicas de cualquier clase, incurrirá en arresto de quince días a un año y en multa de diez a quinientos pesos. 

  


Artículo 183. El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público, que continúe desempeñando el cargo después de habérsele notificado la sesgarlo a ejecutar u omitir algún acto de sus funciones incurrirán en las mismas sanciones de que trata el artículo anterior. 

  

CAPITULO VIII

Delitos contra los funcionarios públicos.


Artículo 184. El que en cualquier forma cometa violencia contra un empleado, funcionario público o encargado de un servicio público, o lo amenace, para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto de sus funciones, incurrirá en prisión de seis meses a cuatro años. 

  


Artículo 185. En la misma sanción incurrirá el que por medio de violencias o amenazas, trate de impedir o turbar la reunión o el ejercicio de las funciones de las corporaciones legislativas, judiciales o administrativas, o de cualquier otra autoridad pública, o pretenda influir en sus deliberaciones. 

  

La pena será de prisión de uno a cinco años si el responsable es tan funcionario o empleado público. 

  


Artículo 186. En todos los casos no previstos especialmente, al que cometa un delito contra un funcionario público, por razón o a causa del ejercicio de sus funciones, se le aumentará la pena que le corresponde por el delito cometido, de una sexta parte a la mitad. 

  

TITULO IV

Delitos contra la administración de justicia.

CAPITULO I

Falsas imputaciones hechas ante las autoridades.


Artículo 187. El que denunciare ante la autoridad una infracción penal, a sabiendas de que no se ha cometido, incurrirá en multa de cincuenta a mil pesos. 

  

Si para formular la denuncia de que trata el inciso anterior, se simularen pruebas, la sanción será de cinco días a un año de arresto, a menos que la simulación constituya por sí misma un delito especial que tenga señalada otra sanción. 

  

Se impondrá la misma sanción de que trata el inciso anterior, al que con el fin de entorpecer el curso de una investigación, se declare responsable ante la autoridad de una infracción que no ha cometido. 

  


Artículo 188. El que denunciare ante la autoridad a persona determinada como responsable de una infracción penal, a sabiendas de que es inocente, como también el que simulare pruebas contra ella, incurrirá en prisión de uno a cinco años, siempre que en este último caso el hecho no constituya otro delito más grave. 

  


Artículo 189. Las sanciones de que tratan los artículos anteriores se rebajarán a la mitad, si la aseveración o simulación falsas se refirieren sólo a contravenciones. 

  


Artículo 190. Las sanciones de que tratan los artículos anteriores se disminuirán hasta en las dos terceras partes, y aun podrá otorgarse el perdón judicial, si el responsable se retracta de la declaración falsa o confiesa la simulación, antes de que se califique el sumario respectivo, cuando se trate de asunto criminal, o antes de que se pronuncie sentencia de primera instancia en los demás casos. 

  

CAPITULO II

Del falso testimonio.


Artículo 191. El que, en declaración, dictamen o versión rendidos bajo juramento ante autoridad competente, afirme una falsedad, niegue o calle, en todo o en parte, lo que es verdad, incurrirá en presidió de uno a cinco años e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo término. 

  


Artículo 192. No incurrirá en la sanción de que trata el artículo anterior el que, por disposición legal, no- estuviere obligado a declarar. 

  


Artículo 193. El que, como parte en asunto civil declare bajo Juramento un hecho falso, incurrirá en arresto de un mes a dos años e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el doble de ese término. 

  


Artículo 194. El que ofrezca o prometa dinero u otra utilidad a un testigo, perito o intérprete, con el fin de inducirlo a dar una declaración, dictamen o versión falsos, incurrirá en prisión de uno a cinco años e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, aun cuando la oferta o promesa no sea aceptada. 

  


Artículo 195. Podrá otorgarse el perdón judicial por los hechos de que tratan los artículos anteriores, al responsable que se retracte en el mismo proceso en que se rindió la declaración, dictamen o versión falsos con la oportunidad necesaria para que tal retractación pueda ser apreciada en la sentencia. 

  

CAPITULO III

De la colusión y otras infracciones cometidas por los apoderados y consejeros.


Artículo 196. El apoderado o consultor que mediante acuerdo con la parte contraria, o de cualquiera otra manera sea infiel a sus deberes profesionales, comprometiendo la causa que se le hubiere confiado, o que en un mismo asunto defienda a las partes que tienen intereses contrarios o incompatibles, incurrirá en prisión de seis meses a cuatro años, interdicción de derechos y funciones públicas, y suspensión en el ejercicio de su profesión por el mismo término. 

  


Artículo 197. El defensor o apoderado en asunto criminal, que fuera de los casos de que trata el artículo anterior, y a sabiendas, perjudique los intereses de su defendido o representado, incurrirá en arresto de un ames a un año, interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas y suspensión en el ejercicio de la profesión por el mismo tiempo. 

  

Si el perjuicio de que trata el inciso anterior se ocasionare por acto u omisión culpases, sólo se aplicará la última de las sanciones enumeradas. 

  


Artículo 198. El que reciba o haga dar o prometer para si o para un tercero, dinero u otro provecho indebido, con el fin de obtener favor de la autoridad que esté conociendo de algún asunto, o de un testigo, perito o intérprete, invocando las influencias reales o simuladas que ante ellos pueda desarrollar, incurrirá en arresto de quince días a un año y multa de cincuenta a tres mil pesos, 

  

CAPITULO IV

Del encubrimiento.


Artículo 199. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito y sin concierto previo, ayudare al delincuente a eludir la acción de la autoridad, o a entorpecer o desviar la investigación correspondiente, incurrirá en arresto de dos meses a dos años. 

  

Si se tratare de una contravención se impondrá multa de cinco a doscientos pesos. 

  


Artículo 200. El que fuera de los casos de concurso en el delito, ocultare o ayudare a ocultar o asegurar el producto o fruto del mismo, o lo comprare o expendiere a sabiendas de su procedencia, incurrirá en prisión de seis meses a cinco años y multa de veinte a dos mil pesos. 

  

Si la ocultación se refiriere a los objetos o elementos con que se haya ejecutado el delito, la sanción será arresto de un mes a un año y multa de diez a mil pesos. 

  


Artículo 201. El que teniendo conocimiento de la misión de un delito que deba investigarse de oficio no diere cuenta a la autoridad; incurrirá en multa de cinco a quinientos pesos. 

  


Artículo 202. En los casos previstos en los artículos anteriores, no habrá responsabilidad si el que incurriere en ellos lo hace para salvar la libertad o el honor de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

  

CAPITULO V

De la fuga de presos.


Artículo 203. El que se fugue, estando legalmente detenido por imputársete la comisión de un delito, incurrirá en arresto de cuatro meses a dos años. 

  

Si se tratare de un condenado, la sanción será de tino a cinco años de prisión. 

  

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si la-fuga se verificare empleando violencias contra las personas o las cosas. 

  


Artículo 204. Al que procure, facilite o ayude a la fuga, incurrirá en la mitad de la sanción de que trata el artículo anterior. 

  


Artículo 205. El funcionario o empleado público que, estando encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o preso, procure o facilite su fuga, incurrirá en prisión de uno a tres años e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término. 

  

Si la fuga se verificare por acto u omisión culposos del funcionario o empleado, se le impondrá arresto de tres meses a un año. 

  


Artículo 206. El funcionario o empleado público que, estando encargado de la dirección de un establecimiento carcelario o penitenciario, o de la custodia de un preso, ilegalmente le concediere permiso para separarse del lugar en que deba permanecer detenido, incurrirá en arresto de quince días a seis meses. 

  

Si con ocasión de tal permiso sobreviniere la fuga, el arresto será de tres meses a un año y la interdicción de derechos y funciones públicas, por el mismo término. 

  


Artículo 207. Si dentro de los tres meses siguientes a la fuga, se presentare voluntariamente el fugado a la autoridad, se le descontará la pena en que haya incurrido por la fuga hasta en dos terceras partes, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar. 

  

TITULO V

De la asociación e instigación para delinquir y de la apología del delito.


Artículo 208. El que haga parte de tina asociación o banda de tres o más personas, organizada con el propósito permanente de cometer delitos, mediante el común acuerdo y recíproca ayuda de los asociados, incurrirá en prisión de uno a tres años sin perjuicio de la sanción que le corresponda por los delitos que cometa, 

  

Tal pena se aumentará hasta en una tercera parte para los que actúen como jefes o directores de la asociación. 

  


Artículo 209. El que de manera pública y directa incite a otro u otros a cometer un delito determinado, incurrirá en arresto de dos meses a un año, y en multa de cincuenta a mil pesos, siempre que tal acción no esté prevista como delito de mayor gravedad en otra disposición. 

  


Artículo 210. El que de manera pública y directa haga la apología de un delito o género de delitos, incurrirá en arresto de uno a seis meses y en multa de veinte a quinientos pesos. 

  


Artículo 211. El que proponga a otro la comisión de un delito, incurrirá en arresto de un mes a tres años. 

  

En la misma sanción incurrirá el que aceptare la propuesta. 

  

Si a la propuesta se-acompañare la entrega desvalores, la sanción se aumentará hasta en una mitad. 

  

Los valores, de que trata el inciso anterior serán decomisados. 

  


Artículo 212. El que obtenga o reciba de, otro cualquier valor, con el fingido propósito de cometer un delito, incurrirá en prisión de uno a seis años. 

  

Los valores de que trata este artículo serán decomisados. 

  


Artículo 213. Para graduar la pena en los casos previstos por los artículos anteriores, se tendrá precisamente en cuenta la gravedad del delito que se proponga o aplauda.. 

  

TITULO VI

Delitos contra la fe pública.

CAPITULO I

De la falsificación de monedas, papeles de crédito público y otros valores.


Artículo 214. Incurrirá en pena de presidio de tres a quince años: 

  

1° El que fabrique moneda nacional o extranjera que tenga curso legal en la República. 

  

2°. El que altere monedas legítimas que tengan curso legal en Colombia, dándoles apariencia de un mayor valor. 

  

3°. El que, a sabiendas, introduzca al país monedas falsificadas o alteradas que imiten las que tengan curso legal en la República. 

  

4°. El que, a sabiendas, ponga de cualquier modo en circulación monedas falsificadas o alteradas. 

  

5°. El que, a sabiendas, las adquiera o reciba de cualquier modo. 

  


Artículo 215. El que fabricare o alterare moneda extranjera que no tenga curso legal en Colombia, o la introduzcan al país, a sabiendas de su falsedad o alteración, incurrirá en presidio de uno a seis años. 

  


Artículo 216. El que cercene moneda legitima, o, a sabiendas, introduzca al país moneda cercenada o la ponga en circulación, incurrirá en presidio de uno a seis años. 

  


Artículo 217. El que reciba de buena fe moneda falsificada o alterada y, después de haberse enterado de su falsedad o alteración, la ponga en circulación, incurrirá en arresto de un mes a tres años. 

  


Artículo 218. El que fabrique o introduzca al país, o, a sabiendas, conserve en su poder instrumentos destinados exclusivamente a la falsificación o alteración de moneda, incurrirá en prisión de tino a cinco años. 

  

En la misma sanción incurrirá el que, con el propósito de falsificar o alterar moneda, construya, conserve, venda, facilite o introduzca al país cuños, troqueles u otros instrumentos que sin ser exclusivamente adecuados para obtener ese fin, sean aptos para realizarlo. 

  


Artículo 219. Si alguno de los que tienen a su cargo los elementos con que se fabrica la moneda legítima, usare de ellos para fabricarla indebidamente o los facilitare a otro con ese fin, incurrirá en la sanción establecida en el artículo 214, aumentada hasta en una tercera parte y en la interdicción perpetua de derechos y funciones públicas. 

  


Artículo 220. El funcionario o empleado público encargado de la vigilancia y cuidado de los elementos con que se fabrica la moneda nacional, que ocasione por culpa el uso fraudulento de ellos, incurrirá en prisión de uno a cuatro años. 

  


Artículo 221. Para los efectos de los artículos anteriores, -se equiparan a moneda o a billetes de banco legalmente autorizados, los títulos de deuda nacional, departamental o municipal, y los títulos, cédulas y acciones al portador emitidos por los bancos o compañías legalmente autorizados para ello. 

  


Artículo 222. El funcionario, empleado público o persona facultada por la ley para emitir moneda o documentos dé crédito público, que ordene o autorice una emisión mayor de la permitida legalmente, incurrirá en prisión de uno a seis años, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de ciento a cinco mil pesos. 

  


Artículo 223. El funcionario, empleado público o persona facultada para ello, que en el ejercicio de sus funciones y a sabiendas, ponga en circulación moneda o papeles de crédito público emitidos ilegalmente en exceso, incurrirá en prisión de seis meses a cuatro años, en interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término y en multa de quinientos a mil pesos. 

  


Artículo 224. El que emita cédulas o billetes de banco particular, en mayor Cantidad de la que está legalmente permitida, queda sometido a prisión de dos a cinco años y multa de quinientos a tres mil pesos. 

  

En la misma sanción incurrirán el gerente, los directores o administradores del banco que a sabiendas pongan dichos billetes o cédulas en circulación. 

  

CAPITULO II

De la falsificación de sellos, papel sellado, estampillas y otros efectos oficiales.


Artículo 225. El que falsifique los sellos de las oficinas públicas, haga uso a sabiendas de sellos falsificados o use de los legítimos con intención fraudulenta, incurrirá en prisión de seis meses a tres años. 

  


Artículo 226. El que falsifique papel sellado o estampillas oficiales de cualquier clase, incurrirá en prisión de dos a seis años y en multa de ciento a dos mil pesos. 

  

En la misma sanción incurrirá el que fabrique o a sabiendas conserve, venda o introduzca los elementos que por su naturaleza están destinados exclusivamente a la falsificación de las especies a que se refiere el artículo anterior. 

  


Artículo 227. El que a sabiendas use o ponga en circulación las especies a que se refiere el artículo anterior, incurrirá en prisión de uno a tres años. 

  

Si el que usa o pone en circulación las especies fuere el mismo que las ha falsificado, la sanción será la establecido en el artículo anterior, aumentada de una tercera harte a la mitad. 

  


Artículo 228. El que con el propósito de fabricar las especies a que se refieren los artículos anteriores, construya, conserve, venda o introduzca al país elementos que, sin ser exclusivamente adecuados para obtener ese fin, puedan utilizarse para realizarlo, incurrirá en prisión de uno a tres años. 

  


Artículo 229. El que sin facultad legal fabrique papel sellado o estampillas oficiales de cualquier clase, valiéndose de los elementos con que se fabrican los legítimos, incurrirá en prisión de uno a cinco años y en multa de cincuenta a dos mil pesos. 

  


Artículo 230. El que sin facultad legal fabrique o altere billetes de ferrocarril o de cualquier empresa oficial de transportes; o billetes de lotería debidamente autorizada, haga uso de ellos o los ponga en circulación, los adquiera o conserve con ese fin, incurrirá en prisión de seis meses a dos años y en multa de diez a quinientos pesos. 

  

CAPITULO III

De la falsedad en documentos.


Artículo 231. Incurrirá en presidio de tres a diez años el funcionario o empleado público que abusando de sus funciones y en relación con escrituras o documentos públicos: 

  

1°. Contrahaga o finja letra, firma o rúbrica. 

  

2°. Haga aparecer que intervino en un acto una persona que no ha concurrido a él. 

  

3°. Atribuya a las personas, que han intervenido en un acto, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 

  

4°. Falte a la verdad en la narración de los hechos. 

  

5°. Altere las fechas verdaderas. 

  

6°. Haga en un documento verdadero cualquier intercalación o alteración que varíe su sentido. 

  

7°. Dé copia o certificado, en forma fehaciente, de un documento que no existe, o manifieste en ellos cosa diversa de la que contenga el verdadero original. 

  

8°. Intercale cualquier escritura en un protocolo, registro o libro oficial. 

  

9°. Destruya, suprima u oculté un documento público. 

  


Artículo 232. A la misma pena quedará sometido el ministro eclesiástico que cometa alguno de los delitos comprendidos en el artículo anterior, respecto de actos o documentos que puedan producir efectos en el estado civil de las personas. 

  

Si hubiere perjuicio, se impondrá además, multa de ciento a dos mil pesos. 

  


Artículo 233. El particular, o el funcionario o empleado público que no se encuentre en el caso previsto en el inciso 19 del artículo 231, que cometa en escrituras, documentos públicos u oficiales o en instrumentos negociables, alguna de las falsedades enumeradas en dicho artículo, incurrirá en presidio de dos a ocho años. 

  


Artículo 234. El que a sabiendas haga uso con propósito de lucrarse o perjudicar a terceros, de un documento falso, de los enumerados anteriormente, incurrirá en la sanción establecida en los artículos precedentes, según el caso, disminuida hasta en una tercera parte. 

  


Artículo 235. El que afirme falsamente ante un funcionario o empleado público, en una declaración o acto oficial, hechos respecto de los cuales tal acto o declaración pueda servir de prueba, incurrirán prisión de seis meses a dos años. 

  


Artículo 236. El que requerido por un funcionario o empleado público en ejercicio de sus funciones, declare falsamente acerca de la identidad, estado u otras generalidades de la ley acerca de su propia persona o de la de un tercero, incurrirá en multa de diez a quinientos pesos. 

  


Artículo 237. El que en el ejercicio de una profesión médica, forense, o de cualquier otro servicio de utilidad social, certifique falsamente acerca de hechos que deban probas se mediante dicha certificación, incurrirá en arresto de un mes a un año y en multa de cincuenta a quinientos pesos. 

  


Artículo 238. El que estando obligado por la ley a suministrar datos para registros sometidos a la inspección de la autoridad o acerca de las propias operaciones industriales, comerciales o profesionales, escriba o suministre indicaciones falsas, incurrirá en arresto hasta por seis meses y en multa de diez a dos mil pesos. 

  


Artículo 239. Los funcionarios o empleados públicos encargados de los servicios telegráficos o telefónicos, que supusieren o falsificaren despachos o comunicaciones, incurrirán en la pérdida del empleo y en arresto de uno a seis meses. 

  

En esta última sanción incurrirá el que haga uso del despacho falso con ánimo de lucrarse o propósito de perjudicar a otro. 

  


Artículo 240. El que con perjuicio de tercero o don intención de causarlo, cometa en documento privado alguna de las falsedades enumeradas en el artículo 231, incurrirá en prisión de dos a ocho años y en multa de ciento a dos mil pesos. 

  


Artículo 241. El que; a sabiendas de su falsedad, haga uso, con perjuicio de terceros o con propósito de hacerse, de uno de los documentos a que se refiere el artículo anterior, incurrirá en prisión de uno a cinco años y en multa de cincuenta a mil pesos. 

  


Artículo 242. Si el que asare de los documentos a que se refiere el artículo anterior, fuere el mismo que los ha falsificado, la sanción será la establecida en el artículo 233, aumentada de una tercera parte a la mitad. 

  


Artículo 243. El que cometiere uno de los hechos previstos en los artículos precedentes, para proporcionarse a si mismo o a otro, un medio de prueba de hechos verdaderos, incurrirá en arresto de un mes a dos años, si se tratare de escritura o documento públicos, o de quince días a seis meses, si se tratare de documentos privados. 

  


Artículo 244. El que contrahiciere pases, licencias, pasaportes, cédulas de ciudadanía o de identidad, o cualquiera otro documento análogo, que legalmente deba ser expedido por las autoridades nacionales o extranjeras, o los alterare de cualquier manera en su fecha o sentido, con el fin de que sirvan a personas o en tiempo o circunstancias diferentes de aquellos a que verdaderamente se refieren; o a sabiendas hiciere uso de dichos documentos falsificados o alterados, o los entregare a otro para que haga uso de ellos, incurrirá en prisión de seis meses a dos años. 

  


Artículo 245. El que para obtener los documentos a que se refiere el artículo anterior, se atribuya nombre, apellido o calidad falsos, o con su testimonio concurra a que se obtengan o entreguen dichos documentos en desacuerdo con la realidad, incurrirá en arresto de un mes a un año y multa de diez a quinientos pesos. 

  


Artículo 246. El empleado o funcionario público que en el ejercicio de sus funciones cometa uno de los delitos previstos en los dos artículos precedentes, o de cualquier manera coopere a su ejecución, incurrirá en prisión de seis meses a tres años y en interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo período. 

  

TITULO VII

Delitos contra la moral pública.


Artículo 247. F4 que fuera de los casos previstos en el Titulo XII, ofenda el pudor con actos ejecutados en lugar público, o abierto al público, incurrirá en arresto de dos meses a un año y en multa de veinte a quinientos pesos. 

  


Artículo 248. El que elabore o fabrique, importe para la venta o reproduzca escritos, dibujos, imágenes u objetos obscenos, haciéndolos circular o distribuir, o presentándolos en exposiciones o espectáculos, incurrirá en arresto de dos meses a un año y en multa de cincuenta a mil pesos. 

  

El Juez ordenará la destrucción de estos elementos. 

  


Artículo 249. La disposición anterior no comprende las publicaciones, imágenes, dibujos u objetos destinados a fines exclusivamente científicos, educativos o artísticos, y desprovistos de toda intención lúbrica. 

  

Sin embargo, el que se sirviere de ellos públicamente, con el fin de excitar la concupiscencia, incurrirá en la sanción señalada en dicha disposición. 

  


Artículo 250. El que en sitio público, ejecute o haga ejecutar exhibiciones obscenas, incurrirá en arresto de uno a seis meses y en multa de veinte a quinientos pesos. 

  

TITULO VIII

Delitos contra la salud y la integridad colectivas.

CAPITULO I

Del incendio, de la inundación y de otros delitos que envuelven un peligro común.


Artículo 251. Al que prenda fuego en cosa mueble ajena, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión. 

  

Si el incendio lo produjere en archivos, bibliotecas, museos, laboratorios u otros elementos destinados a la ciencia o a la cultura social, la sanción se aumentará hasta el doble. 

  


Artículo 252. Al que prenda fuego en cosa inmueble ajena, se le impondrá de uno a siete años de presidio. 

  

La sanción anterior se aumentará hasta en la mitad y se impondrá además multa de cuarenta a cinco mil pesos, si el hecho se comete en edificios destinados a habitación, o en edificios públicos o destinados a uso público; en establecimientos industriales o agrícolas, en estaciones ferroviarias, marítimas o aéreas, en almacenes u otros depósitos de mercancías o de objetos alimenticios, o en almacenes o depósitos de materias explosivas, inflamables o combustibles. 

  


Artículo 253. Al que ocasione el incendio, la sumersión o el naufragio de una nave o de otra construcción flotante, o bien la caída o deterioro de una aeronave de propiedad ajena, se le impondrá prisión de uno a siete años, y multa de cincuenta a cinco mil pesos. 

  


Artículo 254. Al que dañe o inutilice, en todo o en parte, barreras, diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las aguas o a su normal conducción, se le impondrá prisión, de seis meses a cinco años. 

  

Si se produce la inundación o desastre, la sanción será de dos a diez años de prisión. 

  


Artículo 255. Al que ocasione un siniestro ferroviario o automoviliario, se le impondrá de dos a diez años de presidio. 

  


Artículo 256. Al que dañe o deteriore una vía férrea o automoviliaria, o dañe o destruya máquinas, vehículos, instrumentos, aparatos u otros objetos necesarios para el servicio de ellas, siempre que de tal hecho se derive la posibilidad de un siniestro, se le impondrá prisión, de seis meses a tres años. 

  


Artículo 257. Al que arroje cualquier objeto capaz de producir daño, o dispare armas de fuego contra vehículos en movimiento destinados a transporte público, o cambie o altere las señales que regulen el tránsito, se le impondrá prisión, de seis meses a tres años. 

  


Artículo 258. Al que rompa, deteriore, destruya las obras, instalaciones u otros elementos destinados a comunicaciones telegráficas o telefónicas, o cause cualquier otro daño en ellas, en la producción, transmisión o distribución de energía eléctrica o de fuerza motriz, siempre que de tales hechos se derive un peligro común, se le impondrá prisión, de seis meses a tres años. 

  

Si de tales hechos resultare un siniestro, se impondrá prisión de dos a diez años. 

  


Artículo 259. Al que ejecute un hecho encaminado a derrumbar en todo o en parte un edificio, o causar un daño semejante, si de tal acto se derivare un peligro común, se le impondrá prisión, de seis meses a cinco años. 

  


Artículo 260. Al que, fuera de los casos permitidos por la ley, fabrique, adquiera o conserve dinamita u otra materia u objetos explosivos o inflamables, o gases o bombas mortíferas, o sustancias que sirvan para la composición o fabricación de ellos, se le impondrá prisión, de uno a cinco años. 

  


Artículo 261. Incurrirá en presidio de dos a diez años, el que emplee contra las personas o edificios, o lance en lugares públicos, los objetos o sustancias a que se refiere el artículo anterior, aunque no se produzca daño alguno. 

  

Si se produjere, se aplicarán las reglas generales sobre concurso de delitos. 

  


Artículo 262. Al que, con ocasión de un incendio, inundación, sumersión, naufragio u otro desastre público, sustraiga, oculte o inutilice materiales, aparatos n otros medios destinados a la extinción de incendios, o a la obra de defensa, de salvamento o de socorro, o de cualquier otro modo impida o ponga obstáculos para que se empleen los medios de defensa o de asistencia, se le impondrá presidio, de dos a seis años. 

  


Artículo 263. Al que omita colocar los aparatos, señales o avisos destinados a prevenir accidentes en el trabajo o en las vías de comunicación, o los altere o dañe, se le impondrá arresto de diez días a un año. Si de tal hecho se produjere un siniestro, se impondrá prisión, de seis meses a cuatro años. 

  

CAPITULO II

Delitos contra la salubridad pública.


Artículo 264. Al que ocasionare una epidemia mediante la difusión de gérmenes patógenos, se le impondrá presidio de cuatro a doce años. 

  


Artículo 265. Al que envenene o contamine aguas o sustancias destinadas a la alimentación, se le impondrá presidio de dos a diez años. 

  


Artículo 266. Al que adultere cosas destinadas al comercio, distintas de las contempladas en el artículo anterior, se le impondrá multa de cinco a quinientos pesos. 

  


Artículo 267. Las mismas sanciones, respectivamente, de que tratan los dos artículos anteriores, se impondrán al que, a sabiendas, dé al comercio o distribuya para el consuno, sustancias o cosas alteradas. 

  


Artículo 268. Al que mantenga en depósito, dé al comercio o suministre medicinas dañadas o alteradas, se le impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de diez a mil pesos. 

  


Artículo 269. Al que ejerciendo de cualquier modo el comercio de sustancias medicinales, las suministre en especie, calidad o cantidad que no corresponda con la prescripción médica, o diversa de la declarada o patentada, de modo que ponga en peligro la salud de los demás, se le impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de diez a ni pesos. 

  


Artículo 270. Al que de modo clandestino o fraudulento, elabore, distribuya, venda, o suministre, aun cuando sea gratuitamente, sustancias narcóticas, o las mantenga en su poder con los mismos fines, se le impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de cincuenta a mil pesos. 

  

La sanción se aumentará hasta en una tercera parte, si tales sustancias se suministran -o venden a menores de edad e a personas que habitualmente usaren de ellas. 

  


Artículo 271. Al que destine casa, local o establecimiento, para que allí se haga uso de drogas heroicas o estupefacientes, o permita en ellos tal uso, se le impondrá arresto de tres meses a cinco años y multa de cincuenta a mil pesos.. 

  


Artículo 272. Si alguno de los hechos de que tratan los artículos anteriores fuere ejecutado por comerciantes, farmaceutas o boticarios, directamente o por interpuesta persona, en establecimientos de su propiedad, se les impondrá además la clausura del respectivo establecimiento hasta por dos años. 

  


Artículo 273. Al médico, farmaceuta o persona que ejerza una profesión médica, que Cometa alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores, se le suspenderá además en el ejercicio de su profesión hasta por dos años. 

  


Artículo 274. Las sustancias, aparatos y demás objetos destinados a la comisión de los hechos de que tratan los artículos anteriores, serán decomisados. 

  


Artículo 275. Al que ocasione por culpa alguna de los hechos de que trata este título se le impondrá la sanción correspondiente, disminuida de una sexta parte a la mitad. 

  

Capítulo III al Título VIII "Delitos contra la seguridad aérea".

( INCORPORADO POR ART 3 LEY 14 DE 1972)


ARTICULO 275 bis. El que, a bordo de una aeronave en vuelo ilícitamente, mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación, se apodere de tal aeronave o ejerza el control de la misma, estará sujeto a presidio de 10 a 15 años.  

  

PARAGRAFO. Para los efectos del presente artículo, se considerará que una aeronave se encuentra en vuelo desde el momento en que cierran todas las puertas externas después del embarque, hasta el momento en que se abra cualquiera de dichas puertas para el desembarque. En caso de aterrizaje forzoso, se considerará que el vuelo continúa hasta que las autoridades competentes se hagan cargo de la aeronave, de las personas y de los bienes a bordo. 


ARTICULO 275 ter. La pena prevista en el artículo anterior se aumentará hasta en la mitad, si el hecho se cometiere:  

  

a) En aeronaves de Estado;  

  

b) Por un funcionario o empleado público con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, o por empleados de empresas de transporte aéreo;  

  

c) Por tres o más personas;  

  

d) En aeronaves destinadas al transporte público. 


ARTICULO 275 cuater.El homicidio, las lesiones personales y el daño de la aeronave, cometidos por el agente, traerán consigo la respectiva responsabilidad y las sanciones correspondientes se aplicarán acumulativamente. 

TITULO IX

Delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio.


Artículo 276. El que destruya materias primas o productos agrícolas o industriales o instrumentos de producción, causando un grave perjuicio a la riqueza del país o a los consumidores, incurrirá en prisión de seis meses a dos años y en multa de ciento a tres mil pesos. 

  


Artículo 277. El que ponga en venta o haga circular en los mercados nacionales o extranjeros, productos agrícolas o industriales, con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados, incurrirá en prisión de seis meses a dos años y en multa de quinientos a tres mil pesos. 

  


Artículo 278. El que difunda una enfermedad en animales o plantas, que interesen a la conservación o desarrollo de la riqueza agrícola o pecuaria del país, incurrirá en prisión de seis meses a dos años y en multa de cincuenta a mil pesos. 

  

Si se trata de plantaciones de café o de cualquiera otro fruto de exportación, la pena se aumentará hasta en la mitad. 

  

Si la difusión de la enfermedad se produjere por culpa, la pena será de ciento a dos mil pesos de multa. 

  


Artículo 279. El que dentro del país o en el Exterior publique o de cualquiera manera divulgue noticias falsas, exageradas o tendenciosas, que pongan en peligro la economía nacional o el crédito público, incurrirá en prisión de uno a seis años y en multa de ciento a dos mil pesos. 

  

La pena se aumentará en una tercera parte si se ha obrado para favorecer intereses extranjeros. 

  


Artículo 280. El que revele noticias relativas a descubrimientos, invenciones científicas o aplicaciones industriales, que deban permanecer en secreto y que haya conocido por razón de su estado u oficio, arte o profesión, incurrirá, mediante petición de parte, en arresto, o de un mes a un año y en multa de cincuenta a mil pesos. 

  


Artículo 281. El que difundiendo noticias falsas o usando de otro medio fraudulento, determina en el mercado público o en las bolsas de comercio, un aumento o disminución en el precio de los salarios, víveres, géneros, mercancías, acciones, títulos o monedas, incurrirá en prisión de seis meses a tres años y en multa de ciento a dos mil pesos. 

  

Si el delito se cometiere por funcionarios públicos, agentes de cambio o de bolsa o por corredores de comercio, se impondrá además la pérdida del empleo o la suspensión del ejercicio de la profesión por un tiempo igual al doble de la condena. 

  


Artículo 282. El que con violencias amenazas, donativos, promesas u otros medios fraudulentos, alejare los postores, impida o perturbe las pujas y repujas en las licitaciones públicas o en las licitaciones privadas que se hacen por cuenta de la Administración Pública, incurrirá en prisión de seis meses a dos años, y en multa de ciento a dos mil pesos.. 

  


Artículo 283. El que en el ejercicio del comercio engañe al comprador entregándole una cosa por otra, o una cosa de origen, calidad o cantidad diversa de la declarada o convenida, incurrirá en-arresto de diez días a un año, y en multa de diez a quinientos pesos. 

  

Si el engaño versare sobre obras de arte, objetos preciosos o de especial valor histórico, se impondrá la prisión hasta por dos años y multa hasta por dos mil pesos. 

  


Artículo 284. El que en perjuicio de terceros haga uso de pesas, o medidas alteradas o que tengan las contramarcas legales falsificadas o alteradas, incurrirá en arresto de un mes a un año y en multa de cinco a quinientos pesos. 

  

En la misma pena incurrirá el que en ejercicio de tina actividad comercial o en local: abierto al público, tenga en su poder pesas o medidas alteradas o con las contramarcas legales falsificadas o alteradas. 

  


Artículo 285. El que falsifique o altere los nombres o marcas legalmente, registradas, de las obras del ingenio, o de los productos de la industria, incurrirá en prisión de seis meses a dos años y en multa de cincuenta a mil pesos. 

  

TITULO X

Delitos contra el sufragio.


Artículo 286. El que mediante el empleo de violencia física o moral, o de maniobras engañosas de cualquier género, impida a un elector ejercer su derecho de sufragio, o lo obligue a ejercerlo en favor de determinado candidato, partido o corriente política, incurrirá en arresto de dos meses a un año y en multa de cincuenta a mil pesos. 

  


Artículo 287. El que mediante el pago de dinero, o de dádivas u ofertas de beneficio particular, comprometa a un elector a consignar su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, o a abstenerse de hacerlo, incurrirá en arresto de dos meses a un año y en multa de cincuenta a mil pesos. 

  

El elector que acepte el dinero, las dádivas o las ofertas, con los fines señalados en el inciso precedente, incurrirá en la mitad de las sanciones en él establecidas. 

  


Artículo 288. El que sin derecho consigne su voto en una elección o suplante a otro elector, o vote más de una vez, incurrirá en arresto de uno a seis meses y en multa de veinte a quinientos pesos. 

  


Artículo 289. El que falsifique o altere un registro electoral, lo haga desaparecer o lo destruya, incurrirá en prisión de seis meses a cuatro años y en multa de ciento a dos mil pesos. 

  

La pena se aumentará hasta en una cuarta parte, si el responsable fuere funcionario público, o miembro de tina corporación electoral, y se aplicará además la interdicción de derechos y funciones públicas hasta por diez años. 

  


Artículo 290. El que altere o modifique por cualquier medio el resultado de una votación o elección, incurrirá en prisión de seis meses a dos años, y en multa de cincuenta a mil pesos. 

  

Lo dispuesto en el inciso 2° del artículo anterior, también se aplica al caso contemplado en este artículo. 

  


Artículo 291. El que haga desaparecer o retenga indebidamente cédula de ciudadanía ajena, o el que tenga más de tina cédula, incurrirá en arresto de dos meses a un -año y en multa de cincuenta a mil pesos. 

  


Artículo 292. En los casos de los artículos 286 y 287, las penas se aumentarán hasta en una cuarta parte si el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre el elector, o lo impulse a depositar en él su confianza, y en el caso de que obre para satisfacer su interés personal. 

  

TITULO XI

Delitos contra la libertad individual y otras garantías.

CAPITULO I

Del Secuestro.


Artículo 293. Al que secuestre a una persona con el propósito de conseguir para sí o para otro un provecho o, utilidad ilícitos, se le impondrá presidio de uno a siete años. 

  


Artículo 294. Al que injustamente prive a otro de su libertad, fuera del caso previsto en el artículo anterior, se le impondrá prisión de seis meses a tres años. 

  

CAPITULO II

Detención arbitraria.


Artículo 295. Al funcionario o empleado público que abusando de sus funciones prive a alguno de su libertad, se le impondrá prisión de seis meses a dos años. 

  


Artículo 296. Al funcionario o empleado público que prolongue indebidamente la detención de una persona, se le impondrá arresto de un ares a un año. 

  


Artículo 297. Al encargado de la dirección de una Penitenciaría, Cárcel o establecimiento similar que reciba a alguno como prestado detenido sin orden de autoridad competente, o que no cumpla o retarde la orden de liberación, se le impondrá arresto de un mes a un año. 

  

CAPITULO III

Delitos contra la autonomía personal.


Artículo 298. Al que con violencias o amenazas constriña a otro injustamente a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, se le impondrá arresto de un mes a un año. 

  


Artículo 299. Al que use de violencias o amenazas para constreñir o determinar a otro a cometer un delito, aunque éste no se cometa, se le impondrá prisión de uno a tres años. 

  


Artículo 300. Al que valiéndose del hipnotismo o de sustancias alcohólicas, narcóticas o cualquier otro medio semejante, perturbe indebidamente a una persona, en el uso de sus facultades psíquicas, se le impondrá arresto de uno a seis meses. 

  


Artículo 301. Al que por medio de artificios o engaños obtenga que se recluya en un asilo a una persona, haciéndola pasar por alienada, a sabiendas de su sanidad mental, se le impondrá arresto de un mes a un año y multa de cincuenta a mil pesos. 

  

CAPITULO IV

Delitos contra la Inviolabilidad del Domicilio.


Artículo 302. Al que se introduzca arbitrariamente o de una manera engañosa o clandestina en habitación ajena, contra la voluntad de quien vive en ella, se le impondrá prisión de seis meses a un año. 

  


Artículo 303. Al funcionario o empleado público que abusando de sus funciones penetre en una habitación o la registre, se le impondrá prisión de seis meses a dos años. 

  

Si el abuso consistiere en introducirse en tal lugar sin la observancia de las formalidades señaladas por la ley, la sanción de que trata el inciso anterior se reducirá a la mitad. 

  

CAPITULO V

De la violación de secretos y de correspondencia.


Artículo 304. El que sustraiga, extravíe, destruya o intercepte unir correspondencia postal, telegráfica o telefónica cite vaya dirigida a otra persona, o se imponga indebidamente de su contenido, incurrirá en arresto de quince días a un año, siempre que el hecho no constituya otro delito de mayor gravedad. 

  

Si el responsable revelare el contenido de la correspondencia, y de tal hecho se derivare perjuicio, la sanción será de un mes a dos años de arresto y multa de cinco a quinientos pesos. 

  


Artículo 305. Si los hechos de que trata el artículo anterior-se cometieren -por el empleado que tuviere a su cargo tales servicios, las sanciones establecidas se aumentarán hasta en la mitad, y se impondrá además la interdicción de derechos y funcionen públicos por el mismo término. 

  


Artículo 306. El que habiendo tenido indebidamente conocimiento del contenido de un documento que deba permanecer en reserva, y fuera de los casos previstos en el artículo 304, lo divulgue sin justa causa, con perjuicio de alguien, o en provecho del responsable o de un tercero, incurrirá en arresto de tres meses a un año y en multa de veinte a mil pesos. 

  


Artículo 307. El que teniendo conocimiento, por razón de su profesión, arte u oficio, de un secreto; lo revele sin justa causa, incurrirá en arresto de tres meses a un año y suspensión para ejercer tal profesión, arte u oficio por el mismo tiempo. 

  

CAPITULO VI

Delitos contra el trabajo y la libertad de asociación.


Artículo 308. El que fuera de los casos autorizados por la ley, impida a otro el ejercicio de su industria, comercio u oficio, o le fuerce a ejercerlos, o le impida abrir o cerrar establecimiento u oficina de trabajo o negocio, o trabajar o dejar de trabajar en determinados días, incurrirá en arresto de tres meses a un año y multa de diez a quinientos pesos. 

  

En la misma sanción incurrirá el que por medio de amenazas o violencias o por medio de maniobras fraudulentas, logre el retiro de los operarios o trabajadores de los establecimientos en que estuvieren colocados, y por tal motivo sobreviniere la suspensión o cesación del trabajo en ellos. 

  


Artículo 309. El que impida materialmente o turbe una reunión o asociación lícita, o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes sobre sindicatos o huelgas, o use de represalias con motivo de huelgas legítimas, incurrirá en arresto de dos meses a un año y en multa de cincuenta a dos mil pesos. 

  

Si el hecho de que trata el inciso anterior fuere cometido por funcionario o empleado público, se le impondrá además la privación del cargo que ejerza. 

  

CAPITULO VII

Delitos contra el ejercicio de los derechos políticos y de la libertad de la prensa.


Artículo 310. El que fuera de los casos especialmente previstos, impida o menoscabe por medio de violencias, amenazas o engaños, el libre ejercicio de los derechos políticos, incurrirá en arresto de un mes a un año. 

  

Si el responsable fuere funcionario público, perderá además el respectivo cargo. 

  


Artículo 311. El que por medio de violencias, amenazas o engaños impida u hostilice la publicación y libre circulación de la prensa periódica, incurrirá en arresto de uno a seis meses y multa de veinte a quinientos pesos. 

  

CAPITULO VIII

Delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos.


Artículo 312. El que por medio de la violencia física o moral, obligue a otro a cumplir determinados actos religiosos o a asistir a las ceremonias de determinado culto, estará sujeto a la pena de arresto de uno a tres meses y a la multa de diez a doscientos pesos. 

  

En la misma pena incurrirá el que por los mismos medios indicados en el inciso anterior, impida a otro cumplir determinados actos religiosos o asistir a las ceremonias dé determinado culto. 

  

Si el responsable fuere un funcionario público, las penas señaladas se aumentarán hasta en la mitad. 

  


Artículo 313. El que impida o perturbe por media de amenazas, ultrajes o demostraciones de menosprecio o vilipendio, la celebración de ceremonias o funciones religiosa; de cualquier culto permitido en la Nación, estará sujeto a la pena de arresto de uno a seis meses y a la de multa de veinte a doscientos pesos. 

  


Artículo 314. El que por menosprecio o vilipendio, destruya, derribe, o de cualquier manera ultraje públicamente los objetos destinados a un culto o los símbolos de cualquier religión permitida en la Nación, y el que con el mismo propósito injurie o agravie al Ministro de dichos cultos, por su carácter de tal, estará sujeto a la pena de dos meses a un año de arresto y a la de multa de veinte a quinientos pesos. 

  


Artículo 315. El que cometiere acto de profanación en el cadáver de una persona o de sus restos, o el que con fin injurioso o ilícito los sustraiga, o viole de cualquier manera una sepultura, incurrirá en prisión de seis meses a dos años. 

  

TITULO XII

De los delitos contra la libertad y el honor sexuales.

CAPITULO I

De la violencia carnal.


Artículo 316. El que someta a otra persona al acceso carnal, sin consentimiento de ésta y mediante violencia física o moral, estará sujeto a la pena de dos a ocho años de prisión. 

  

A la misma sanción estará sujeto el que tenga acceso carnal con un menor de catorce años de edad, o con persona a la cual haya puesto por cualquier medio en estado de inconsciencia. 

  


Artículo 317. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una cuarta parte en los casos siguientes: 

  

1°. Si el delito se comete en la persona de una mujer virgen o de irreprochable honestidad. 

  

2°. Si se comete con el concurso de otra u otras personas. 

  

3°. Si el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que fe dé particular autoridad sobre la, víctima, o la impulse a depositar en él su confianza. 

  


Artículo 318. Si los actos ejecutados sobre la víctima le ocasionaren la muerte o grave daño en su salud, la pena será de tres a doce años de presidió. 

  

CAPITULO II

Del estupro.


Artículo 319. El que obtenga el acceso carnal con una mujer mayor de catorce años, empleando al efecto maniobras engañosas o supercherías de cualquier género, o seduciéndola mediante promesa formal de matrimonio, estar sujeto a la pena de uno a seis años de prisión. 

  

A la misma pena estará sujeto el que tenga acceso carnal con una persona que padezca de alienación mental o que se halle en estado de inconsciencia. 

  


Artículo 320. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará en una cuarta parte en los casos previstos en el artículo 317 y en el de contaminación venérea. 

  

CAPITULO III

Disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores.


Artículo 321. Las penas señaladas en los capítulos anteriores serán disminuidas hasta en la mitad si la victima de los delitos allí previstos, fuere una meretriz o mujer pública. En este caso no se podrá proceder sino a virtud de petición o querella de parte. 

  


Artículo 322. El responsable de los delitos de que tratan los dos capítulos anteriores quedará exento de pena si contrajere matrimonio con la mujer ofendida. 

  

CAPITULO IV

De los abusos deshonestos.


Artículo 323. El que ejecute sobre el cuerpo de una persona mayor, de diez y seis años, un acto, erótico sexual, diverso del acceso carnal, empleando cualquiera de los medios previstos en los artículos 317 y 320, estará sujeto a la pena de seis meses a dos años de prisión. 

  

En la misma sanción incurrirán los que consumen el acceso carnal homosexual, cualquiera que sea su edad. 

  


Artículo 324. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará en una cuarta parte en los casos previstos en el artículo 317. y en el de contaminación venérea. 

  

CAPITULO V

De la corrupción de menores.


Artículo 325. El que corrompa a un menor de dieciséis años, ejecutando actos erótico-sexuales, diversos del acceso carnal, en su presencia o con su concurso, o iniciándolo por cualquier medio en prácticas sexuales anormales, estará sujeto a la pena de seis meses a cuatro años de prisión. 

  

A la misma sanción estará sujeto el que inicie a un menor de catorce años en cualquier acto erótico-sexual o se le enseñe. 

  

La pena señalada en este artículo se aumentará hasta en una cuarta parte en el caso previsto en el ordinal 39 del artículo 317 y en el de contaminación venérea. 

  


Artículo 326. El que tenga acceso carnal con una mujer mayor de catorce años y menor de dieciséis, aun con su consentimiento, estará sujeto a la pena de uno a seis años de prisión. 

  

Esta pena se aumentará hasta en una cuarta parte en cualquiera de los casos previstos en los numerales del artículo 317. 

  

CAPITULO VI

Del proxenetismo.


Artículo 327. El que con ánimo de lucrarse y para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a una persona honesta, estará sujeto a las siguientes penas: 

  

De seis meses a dos años de prisión si la persona cuya prostitución se patrocina es mayor de dieciocho años. 

  

De ocho meses a tres años de prisión, si se trata de persona mayor de catorce años y menor de dieciocho. 

  

De diez meses a cuatro años de prisión, si se trata de persona menor de catorce años. 

  

En todos los casos de este artículo, se impondrá además multa de cincuenta a mil pesos. 

  


Artículo 328. Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán hasta en la mitad en los casos siguientes: 

  

1°. Si los actos allí previstos se ejecutaren de manera habitual. 

  

2°. Si el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la haya impulsado a depositar en él su confianza. 

  

3°. Si el responsable empleare para obtener su propósito la violencia física o moral, maniobras engañosas o supercherías de cualquier género. 

  


Artículo 329. El que destine casa o establecimiento para cometer allí actos Homosexuales, o autorice a otros para hacerlo, estará sujeto a la pena de uno a tres años de prisión. 

  

Esta sanción se aumentará hasta en una cuarta parte si el responsable se propusiere un fin lucrativo. 

  


Artículo 330. El que con ánimo de lucrarse y mediante violencia física o moral, de maniobras engañosas o supercherías de cualquier género, logre que una mujer Pública entre a una casa de lenocinio para la explotación de su cuerpo, o la obligue a permanecer en ella, o a ejercitar prácticas sexuales anormales, estará sujeto a la pena de un mes a un año de arresto. 

  

La pena señalada en el inciso anterior se aumentará hasta en la mitad, en los casos siguientes: 

  

1°. Si la mujer fuere llevada al extranjero para la explotación de su cuerpo. 

  

2°. Si el responsable fuere ascendiente, descendiente, afín en línea recta o hermano de la víctima. 

  

En los, casos previstos en este artículo se impondrán además, multa de cincuenta a mil pesos. 

  


Artículo 331. El padre, el marido, el hermano o el hijo mayores de edad que con fines lucrativos patrocinen o toleren la prostitución de la hija, esposa, hermana o madre, estarán sujetos a la pena de uno a cuatro años de prisión. 

  


Artículo 332. Si el responsable de los hechos previstos en este capítulo fuere un extranjero, se le impondrá además la expulsión del territorio nacional. 

  

TITULO XIII

Delitos contra la integridad moral.

CAPITULO I

De la calumnia.


Artículo 333. El que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento haga a otro la imputación falsa de un hecho personal, concreto, que la ley haya erigido, en delito, o que por su carácter deshonroso o inmoral, sea susceptible de exponerlo a la animadversión -o al desprecio públicos, estará sujeto a prisión de seis meses a tres años y a la de multa de ciento a dos mil pesos. 

  


Artículo 334. Si la falsa imputación se hiciere por medio de la prensa o de publicaciones o manuscritos exhibidos o repartidos profusamente, o ante tina reunión o asamblea públicas, o por medio del cinematógrafo o de una radiodifusora, se aumentará la pena hasta en la mitad. 

  


Artículo 335. Quedará exento de las sanciones, establecidas en los artículos anteriores, el que probare la exactitud de las imputaciones que haya hecho. 

  

Sin embargo en ningún caso se admitirá la prueba: 

  

1°. Sobre la imputación de cualquier hecho punible que hubiere sido materia de absolución o sobreseimiento definitivos en Colombia o en el extranjero. 

  

2°. Sobre la imputación de hechos que se refieran a la vida, conyugal o de familia, o a un delito contra las buenas costumbres cuya investigación dependa de la iniciativa privada. 

  


Artículo 336. Si la falsa imputación se hiciere en escrito dirigido exclusivamente al ofendido, o en su sola presencia, la pena se reducirá hasta en la mitad. 

  

CAPITULO II

De la injuria.


Artículo 337. El que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, ataque el honor, la reputación a la dignidad de una persona, o dé a conocer sus faltas o vicios puramente privados o domésticos, estará sujeto al arresto de tres a dieciocho meses y a la multa de cincuenta a mil pesos. 

  

Al que con el propósito de injuriar a una persona, rememore o divulgue hechos delictuosos ejecutados por su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado civil- de, consanguinidad o segundo de afinidad, se le impondrá fa misma sanción de que trata el inciso anterior. 

  


Artículo 338. Cuando la injuria se profiera públicamente en presencia del ofendido o se consume por los medios indicados en el artículo 334, las penas se aumentarán hasta en una cuarta parte. 

  


Artículo 339. Quedará exento de las sanciones establecidas en los artículos anteriores el acusado de injuria que demuestre haber procedido exclusivamente con el fin de defender un interés público, o en cumplimiento de un deber concreto y determinado. 

  


Artículo 340. Las injurias expresadas por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes producidos ante los Tribunales y no dados por sus autores a la publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. 

  


Artículo 341. Los autores de escritos históricos no pueden ser acusados de injurias inferidas a personas muertas, salvo lo dispuesto en el inciso 29 del artículo 337. 

  


Artículo 342. Cuando las injurias fueren recíprocas, Podrá el Juez, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas. 

  

Igualmente podrá declarar exento de pena al acusado de injuria que haya procedido en el acto de ser provocado por violencias personales. 

  


Artículo 343. Se aplicará a la injuria lo dispuesto en el artículo 335. 

  

CAPITULO III

Disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores.


Artículo 344. Hay también calumnia o injuria citando los actos que las constituyen se cometen contra personas jurídicas o corporaciones reconocidas por la ley. 

  


Artículo 345. El que publicare, reprodujere o repitiere por cualquier predio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate. 

  


Artículo 346. El responsable de calumnia o injuria quedará exento de pena, si se retractare antes de notificársele el auto de proceder o al practicar su notificación. 

  

En este caso el agraviado tiene derecho a solicitar que la retractación se publique en un periódico de la localidad a costa del imputador. 

  


Artículo 347. En los casos de los delitos de calumnia e injuria no se procederá sino mediante petición o querella del ofendido. Si éste falleciere, antes de haber formulado la acción, o durante el juicio, o si los delitos afectaren la memoria de una persona difunta, la acción podrá ser intentada o continuada en su ejercicio, por el cónyuge, los ascendientes, los descendientes o los hermanos. 

  


Artículo 348. En virtud de desistimiento del ofendido terminará el proceso o la aplicación de la pena en los casos de calumnia e injuria, siempre que el imputador lo consienta. 

  

TITULO XIV

De los delitos contra la familia.

CAPITULO I

Del rapto.


Artículo 349. El que mediante violencia física o moral o de maniobras engañosas de cualquier género, arrebate, sustraiga o retenga una mujer, con el propósito de satisfacer según deseo erótico sexual o de casarse con ella, estará sujeto a las siguientes penas: 

  

De seis meses a dos años de prisión, si la mujer fuere mayor de edad. 

  

De seis meses a tres años de prisión, si fuere mayor de dieciocho y menor de veintiún años. 

  

De uno a cuatro años de prisión, si fuere mayor de catorce y menor de dieciocho, o si estuviere ligada por matrimonio válido. 

  


Artículo 350. Si la mujer fuere mayor de dieciséis años y hubiere prestado su consentimiento para la sustracción o retención, las penas se reducirán hasta en la mitad, de acuerdo con las proporciones señaladas en el artículo anterior. 

  


Artículo 351. El que con el propósito de satisfacer algún deseo erótico-sexual, arrebate, sustraiga o retenga a una menor de catorce años, aun con su consentimiento, estará sujeto a la pena de uno a cuatro años de prisión. 

  


Artículo 352. Las penas señaladas en los artículos anteriores se aumentarán hasta en una cuarta parte, si el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé la particular autoridad sobre la víctima, o la impulse a depositar en él su confianza. 

  


Artículo 353. En el caso de que la mujer raptada sea meretriz o mujer pública, las penas señaladas en el artículo 349 se reducirán hasta en la mitad, y no se impondrá sanción alguna al responsable cuando se trate del delito previsto en el artículo 350. 

  


Artículo 354. Tampoco se impondrá sanción alguna al responsable de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, si contrajere matrimonio con la mujer ofendida. 

  


Artículo 355. En el caso de que el responsable de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, restituyere voluntariamente a la persona raptada a su hogar o la depositare en lugar honesto, sin haber ejecutado acto alguno erótico-sexual, las penas se reducirán hasta la mitad, según los diversos casos. 

  


Artículo 356. Contra el responsable de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, no se procederá sino a solicitud de la persona ofendida, de quien la represente legalmente o de quien compruebe un interés legítimo en su protección y defensa. La solicitud debe presentarse ante las autoridades dentro de los seis meses siguientes a la comisión del delito. 

  

CAPITULO II

Del incesto.


Artículo 357. El que tenga acceso carnal o ejecute actos erótico-sexuales con un descendiente o ascendiente, aun ilegítimo, o con un afín en línea directa, o con un hermano o hermana, estará sujeto a la pena de prisión por seis meses a cuatro años. 

  

CAPITULO III

De la bigamia y de los matrimonios ilegales.


Artículo 358. El que estando ligado por un matrimonio válido contraiga otro, y el que siendo libre contraiga matrimonio con una persona válidamente casada a sabiendas de la existencia de tal vínculo, estará sujeto a la pena de seis meses a dos años de prisión. 

  


Artículo 359. Al prisma prestará sujeto el que teniendo un impedimento dirimente para contraer matrimonio, lo contrae a sabiendas, y el que, a sabiendas, se casa con la persona impedida. 

  

CAPITULO IV

De la supresión, alteración o suposición del estado civil


Artículo 360. El que ocultando o cambiando un niño suprima o altere su estado civil o haga inscribir en los libros parroquiales o notariales un niño que no existe, estará sujeto a la pena de uno a cinco años de prisión. 

  


Artículo 361. La pena anterior se reducirá hasta en la mitad en los casos siguientes: 

  

1°. Si la alteración del estado civil tuviere por objeto favorecer a una persona, sin pretender que ocupe el lagar de otra cuyos derechos se usurpen. 

  

2°. Si el responsable de cualquiera de los delitos previstos en el Artículo anterior lo cometiere, con el propósito exclusivo de salvar su honor o el de su mujer, su madre, su descendiente, su hija adoptiva o su hermana, o para salvar al niño de un grave e inminente peligro. 

  

TITULO XV

Delitos contra la vida y la integridad personal

CAPITULO I

Del homicidio


Artículo 362. El que con el propósito de matar ocasione la muerte a otro, estará sujeto a la pena de ocho a catorce años de presidio. 

  


Artículo 363. El homicidio toma la denominación de asesinato y la pena será de quince a veinticuatro años de presidio, si el hecho previsto en el artículo anterior se cometiere: 

  

1°. Contra la persona del ascendiente o descendente legítimo o natural, del cónyuge, del hermano o la hermana, padre, madre o hijo adoptivo, o afín en línea recta en primer grado. 

  

2°. Con premeditación acompañada de motivos innobles o bajos. 

  

3°. Para preparar, facilitar o consumar otro delito. 

  

4°. Después de haber cometido otro delito, para ocultarlo, asegurar su producto, suprimir las pruebas o procurar la impunidad de los responsables. 

  

5° . Con cualquier circunstancia a que ponga a la vía tima en condiciones de indefensión o inferioridad, como la insidia, la asechanza, la alevosía, el envenenamiento. 

  

6°. Valiéndose de la actividad de menores, deficientes o enfermos de la mente, o abusando de ver las condiciones de inferioridad personal del ofendido; 

  

7°. Con sevicia. 

  

8°. Por medio de incendio, inundación, siniestro ferroviario u otro de los delitos previstos en el Título VIII de este Libro. 

  

9°. Por precio o promesa remuneratoria. 

  


Artículo 364. Si se ha causado el homicidio por piedad, con el fin de acelerar una muerte inminente o de poner fin a graves padecimientos o lesiones corporales, reputarlos incurables, podrá, atenuarse excepcionalmente la pena, cambiarse el presidio por prisión o arresto y aun aplicarse el perdón judicial. 

  


Artículo 365. El que con el propósito de perpetrar una lesión a personal ocasione la muerte de otro, incurre en la sanción establecida en el artículo 362, disminuida de una tercera parte a la mitad. 

  


Artículo 366. Si existiendo de parte del agente el propósito de matar, la muerte no se produjere sino por el concurso de un hecho subsiguiente dependiente de la actividad de la víctima o de un tercero, la sanción podrá ser disminuida basta en la tercera parte: 

  


Artículo 367. El que eficazmente induzca a otro al suicidio, estará sujeto a la pena de tres meses a dos años de arresto. Cuando el agente haya procedido por motivos innobles o antisociales, se duplicará la pena, 

  


Artículo 368. El que ocasione la muerte a otro con su consentimiento, estará sujeto a la pena de tres a diez años de presidio. 

  


Artículo 369. La madre que, para ocultar su deshonra, en el momento del harto o dentro de los ocho días subsiguientes, causare la muerte de su hijo, no inscrito todavía en los registros del estado civil, incurrirá en prisión de dos a seis años. 

  

En igual sanción incurrirá el que cometa el hecho previsto en el inciso anterior, para ocultar la deshonra de su madre descendiente, hija adoptiva o hermana. 

  


Artículo 370. El que por culpa cause la muerte de otro, incurrirá en prisión de uno a seis años, multa de quinientos a cinco mil pesos y privación del ejercicio del arte, profesión u oficio en que se ocasionó la muerte, hasta por cinco años. 

  

CAPITULO II

De las lesiones personales


Artículo 371. El que sin intención de matar cause a otro un daño en el cuerpo o en la salud o una perturbación psíquica, incurrirá en las sanciones de que tratan los artículos siguientes. 

  


Artículo 372. Si la lesión produjere una enfermedad o incapacidad para trabajar que no pase de quince días, la pena será de dos a dieciocho meses de arresto y multa de diez a quinientos pesos. 

  

Si la enfermedad o la incapacidad pasaren de quince días sin exceder de treinta, la pena será de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a mil pesos. 

  

Si la enfermedad o la incapacidad pasaren de treinta días, la pena será de seis meses a cuatro años de prisión y multa de ciento a dos mil pesos. 

  


Artículo 373. Si la lesión produjere desfiguración facial, deformidad física reparables, o perturbación psíquica transitoria, la pena será de seis meses a cinco años de prisión y multa de ciento a dos mil pesos. 

  

Si la desfiguración o la deformidad fueren permanentes, la pena será de uno a seis años de prisión y multa de ciento a cuatro mil pesos. 

  


Artículo 374. Si la lesión produjere la perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de dos a cinco años de presidio y multa de doscientos a cuatro mil pesos. 

  

Si la perturbación funcional o psíquica fuere permanente, la pena será de dos a seis años de presidio y la multa de doscientos a cinco mil pesos. 

  


Artículo 375. Si la lesión produjere la pérdida de un órgano o miembro, la pena será de tres a nueve años de presidio y multa de quinientos a cinco mil pesos. 

  


Artículo 376. Si a causa de las lesiones inferidas a una mujer encinta sobreviniere un parto prematuro, que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o del feto, la pena será de dos a cuatro años de presidio. 

  

Si se produjere el aborto, la pena será de dos a siete años de presidio. 

  

En los casos previstos en los dos incisos anteriores se impondrá también multa de ciento a dos mil pesos. 

  


Artículo 377. Cuando además de la enfermedad o incapacidad las lesiones produzcan alguno o algunos de los resultados a que se refieren los artículos anteriores, solamente se impondrá la pena más grave. 

  


Artículo 378. Cuando la enfermedad o incapacidad de que trata el artículo 372 no pase de quince días, se suspenderá el procedimiento y no se impondrá pena alguna si así, lo pidiere el ofendido. 

  


Artículo 379. Cuando en los hechos previstos en los artículos anteriores concurra alguna de las circunstancias del artículo 363, la pena se aumentará hasta en la tercera parte. 

  


Artículo 380. El que por culpa cause a alguno una de las lesiones previstas en este capítulo, quedará sometido a las sanciones respectivas, disminuidas de las tres cuartas partes a la mitad. 

  


Artículo 381. La persona que hallándose atacada de una enfermedad venérea tuviere acceso carnal con otra incurrirá en arresto de un mes a un año. 

  

En este caso sólo podrá procederse a petición de la parte ofendida. 

  

CAPITULO III

Disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores


Artículo 382. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan por cónyuge, padre o madre, hermano o hermana contra el cónyuge, la hija o la hermana, de vida honesta, a quienes sorprenda en, ilegítimo acceso carnal, o contra el copartícipe de tal acto, se impondrán las respectivas sanciones de que tratan los dos capítulos anteriores, disminuidas de la mitad a las tres cuartas partes. 

  

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará al que en estado de ira o de intenso dolor, determinados por tal ofensa, corneta el homicidio o cause las lesiones en las personas mencionadas, aun cuando no sea en el momento de sorprenderlas en el acto carnal. 

  

Cuando las circunstancias especiales del hecho demuestren una menor peligrosidad en el responsable, podrá otorgarse a éste el perdón judicial y aun eximírsele de responsabilidad. 

  


Artículo 383. Las atenuantes previstas en el Artículo anterior no se aplicarán cuando se trate de cónyuges separados o divorciados o cuando, el padre, el marido o el hermano, hubieren; abandonado el hogar. 

  


Artículo 384. Cuando el homicidio o las lesiones se cometieren en riña que se suscite de un modo imprevisto, las respectivas sanciones de que tratan los dos capitules anteriores, se disminuirán de una cuarta parte a la mitad. 

  


Artículo 385. En los casos en, que varias, personas tomen parte en la comisión de u homicidio o lesión, y no sea posible determinar su autor, quedarán todas sometidas a la sanción establecida en el artículo correspondiente, disminuida de una sexta parte a la mitad. 

  

CAPITULO IV

Del aborto


Artículo 386. La mujer que en cualquier forma causare su aborto o permitiere que otra persona se lo cause, incurrirá en prisión de uno a cuatro años. 

  

En la misma sanción incurrirá el que procure el aborto con el consentimiento de la mujer embarazada. 

  


Artículo 387. El que causare el aborto de una mujer sin su consentimiento, incurrirá en prisión de uno a seis años. 

  

Si el aborto, por los medios empleados para causarlo, ocasionare la muerte de la mujer, se aplicará lo dispuesto en el artículo 367. 

  


Artículo 388. Cuando el responsable de alguno de los delitos previstos en los dos artículos anteriores sea un médico, cirujano, farmaceuta o, partera, la pena se aumentará hasta en la tercera parte, y se impondrá además la suspensión del ejercicio de la respectiva profesión por dos meses a seis años. 

  


Artículo 389. Cuando el aborto se haya causado para salvar el honor, propio o el de la madre, la mujer descendiente, hija adoptiva o hermana, la sanción puede disminuirse de la mitad a las dos terceras tetes, o con cederse el perdón judicial. 

  

CAPITULO V

Del duelo


Artículo 390. A los que se batieren en duelo con intervención de padrinos que arreglen las condiciones del desafío, se les impondrá: 

  

1°. Arresto de uno a seis meses si no resultare lesión alguna. 

  

2°. Arresto de dos meses a dos años cuando se infieran lesiones personales; y 

  

3°. Prisión de uno a cinco años en caso de muerte. 

  


Artículo 391. A los que se batieren sin intervención de padrinos se les aumentarán hasta el doble las sanciones de que trata el artículo anterior, en los casos respectivos, 

  


Artículo 392. Al combatiente que faltare, en daño de su adversario, a las condiciones ajustadas por los padrinos, se le impondrán las sanciones ordinarias, previstas en los capítulos I y II de este Título. 

  


Artículo 393. Los padrinos de un duelo que emplearen en contra de los combatientes cualquier medio desleal, como la alevosía, la insidia u otros, serán sometidos a prisión por uno a cinco años. 

  


Artículo 394. Cuando los padrinos concertaren un duelo a muerte o en condiciones tales que de ellas deba resultar la muerte, serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años. 

  

CAPITULO VI

Del abandono y exposición de niños


Artículo 395. El que abandonare o expusiere un niño recién nacido; no inscrito todavía en los registros del estado civil, estará sujeto a prisión de una a tres años. 

  

Si tal cosa se hiciere para salvar el honor propio o el de su madre, mujer, descendiente, hija adoptiva o hermana, la sanción se reducirá a la mitad. 

  


Artículo 396. Si del abandono o exposición resultare la muerte del niño, la sanción será de uno a seis años de prisión. 

  

TITULO XVI

Delitos contra la propiedad

CAPITULO I

Del hurto


Artículo 397. El que sustraiga una cosa mueble ajena sin el consentimiento del dueño y con el propósito de aprovecharse de ella, incurrirá en prisión de seis meses a cuatro años. 

  


Artículo 398. La pena establecida en el artículo anterior se aumentará hasta en la mitad si el hecho se cometiere: 

  

1°. Aprovechando la confianza depositada por el dueño o tenedor de la cosa en el agente. 

  

2°. Sobre el objeto cuyo valor fuere superior. A dos mil pesos. 

  

3°. Aprovechando una calamidad pública o privada, o un peligro común. 

  

4°. De noche, o introduciéndose en edificios o lugares destinados a habitaciones. 

  

5°. Por tres o más personas reunidas o por una sola disfrazada o que se finja agente de la autoridad. 

  

6°. Sobre equipajes de viajeros en, cualquier clase de vehículos, estaciones, muelles, hoteles u otros establecimientos donde se expendan alimentos, o bebidas. 

  

7°. Sobre cabezas de ganado mayor, o de ganado menor que formen parte de un rebaño o, que, formen parte de un rebaño o estén sueltas en dehesas o caballerizas. 

  

8°. Sobre objetos que por necesidad, por costumbre a destinación, se confían a la fe pública. 

  


Artículo 399. La pena establecida en el artículo 397 se aumentará hasta el doble si la cuantía de lo hurtado fuere superior a diez mil pesos, o si siendo inferior, ha ocasionado a la víctima graves dificultades para atender a su subsistencia. 

  


Artículo 400. Cuando el valor de lo hurtado sea inferior a doscientos pesos, y las circunstancias personales del responsable no revelen mayor peligrosidad, puede el Juez reducir la pena hasta la sexta parte del mínimo correspondiente y sustituir el arresto a la prisión. 

  


Artículo 401. Para la fijación de las penas que se establecen en los artículos anteriores, y las que se impongan por cualquier otro delito contra la propiedad, deberá tenerse en cuenta la magnitud del perjuicio sufrido por la víctima, de acuerdo con sus condiciones pecuniarias. 

  

CAPITULO II

Del robo


Artículo 402. El que por medio de violencia a las personas o a las cosas o por medio de amenazas, se apodere de tina cosa mueble ajena, o se la haga entregar, con el propósito de aprovecharse de ella, incurrirá en prisión de ocho meses a seis años. 

  

La misma sanción se aplicará cuando las violencias o amenazas tengan lugar inmediatamente después de la sustracción de la cosa y con el fin de asegurar su producto u obtener la impunidad. 

  


Artículo 403. Los casos de agravación y atenuación de la pena fijados para el delito de hurto en los artículos 398, 399 y 400, serán también agravantes y atenuantes del robo, y la pena señalada para este delito se aumentará o disminuirá en las mismas proporciones indicadas allí. 

  


Artículo 404. La Pena de robo será de tres a catorce años de presidio, en los siguientes casos: 

  

1°. Si se cometiere en despoblado o con armas. 

  

2°. Si los autores, siendo más de tres, estuvieren organizados en cuadrilla permanente. 

  

3°. Si se cometiere con perforación o fractura de pared, techo, pavimento, puerta o ventana de un lugar habitado o de sus dependencias inmediatas; con escalamiento de muros; o con llaves sustraídas o falsas, ganzúas o cualquiera otro instrumento, similar. 

  

4°. Cuando la violencia ejercitada sobre las personas consista en maniatarlas o amordazarlas, o las ponga en imposibilidad de obrar. 

  


Artículo 405. El que con el propósito de cometer cualquier delito contra la propiedad, ejecute violencias sobre las personas o las amenace con un peligro inminente, incurrirá en prisión de ocho meses a cinco años. 

  

CAPITULO III

De la extorsión y del chantaje


Artículo 406. El que por medio de amenazas o violencias o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, y con el fin de obtener para sí o para un tercero un provecho ilícito, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición, cosas, dinero o documentos capaces de producir efectos jurídicos, incurrirá en prisión de ocho meses a cinco años. 

  

En igual sanción incurrirá el que por los mismos medios, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. 

  


Artículo 407. El que por medio de amenazas de imputaciones contra el honor o revelación de secretos cometiere alguno de los hechos de que trata el artículo anterior, incurrirá en prisión de uno a cuatro años. 

  

CAPITULO IV

De la estafa


Artículo 408. El que induciendo a una persona en error por medio de artificios o engaños, obtenga un provecho ilícito con perjuicio de otro, incurrirá en prisión de uno a siete años y multa de diez a dos mil pesos. 

  


Artículo 409. El que enajene como propia una cosa, a sabiendas de que es ajena, o como libre sabiendo que tiene algún gravamen, o que está embargada o secuestrada, incurrirá en arresto de un mes a dos años y en multa de cinco a mil pesos. 

  


Artículo 410. La pena establecida en el artículo 408 se aumentará hasta en otro tanto si la cuantía de lo estafado fuere superior a diez mil pesos, o si siendo inferior, ha ocasionado a la víctima graves dificultades para atender a su subsistencia. 

  


Artículo 411. El que con el fin de obtener para sí o para otro un provecho ilícito, y abusando de las necesidades, de ras pasiones, del estado de enfermedad o deficiencia psíquica de una persona, o de su inexperiencia, la induzca a realizar un acto capaz de producir efectos jurídicos que la perjudiquen, incurrirá en prisión de seis meses a cuatro años y en multa de dos a mil pesos. 

  

Si se realizare el perjuicio, la pena será de uno a siete años de prisión. 

  

CAPITULO V

Del abuso de confianza y otras defraudaciones


Artículo 412. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, una cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por un título no traslaticio de dominio, incurrirá en prisión de seis meses a tres años y en multa de diez a mil pesos. 

  

Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa con perjuicio de tercero, la pena se reducirá hasta en la mitad. 

  


Artículo 413. La sanción establecida en el artículo anterior se aumentará hasta en la mitad, cuando el delito se comete abusando de las funciones de tutor, curador, albacea, mandatario, depositario, o cualesquiera otras semejantes confiadas por autoridad pública. 

  


Artículo 414. La pena establecida en el artículo 413 se aumentará hasta en otro tanto si la cuantía fuere superior a diez mil pesos, o si siendo inferior, ha ocasionado a la víctima graves dificultades para atender a su subsistencia. 

  


Artículo 415. El que en una hoja firmada en blanco que se le haya confiado para determinado fin; escriba cosas contrarias a lo convenido, capaces de producir efectos jurídicos en perjuicio de quien la firmó o de un tercero, estará sujeto a prisión de seis meses a tres años y multa de diez a mil pesos. 

  


Artículo 416. El que por más de tres veces obtenga intereses o ventajas usuarios a cambio de préstamos de dinero, estará sujeto a la pena de un mes a un año de arresto y multa de cinco a quinientos pesos. 

  

En la misma sanción incurrirá el que disimule bajo otra forma contractual cualquiera, un préstamo usurario. 

  


Artículo 417. El que con el fin de obtener para sí o para un tercero el precio de un seguro u otro provecho ilícito, destruya, oculte o deteriore objetos asegurados de su propiedad, incurrirá en prisión de seis meses a. tres años y en multa de veinte a dos mil pesos. 

  

El que con el fin expresado, se cause a sí mismo una lesión personal o agrave voluntariamente las consecuencias de las que sin su intención o culpa le hubieren sobrevenido, incurrirá en la mitad de tales sanciones. 

  


Artículo 418. Incurrirán en arresto de uno a ocho meses: 

  

a) El que se apropie cosas ajenas extraviadas, sin cumplir los requisitos que prescribe la ley; 

  

b) El que se apropie en todo o en parte un tesoro descubierto, sin entregar la porción que corresponda a un tercero conforme a la ley; 

  

c) El que se apropie cosas que pertenecen a otro y en cuya posesión hubiere entrado por error ajeno o caso fortuito. 

  

En los casos de que trata el presente artículo, no se podrá proceder sino a petición de parte. 

  


Artículo 419. Incurrirá en prisión de uno a seis años, y en la prohibición para ejercer el comercio por un término de tres a diez años, el comerciante declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores, hubiere ejecutado o ejecute alguno de los hechos siguientes: 

  

1°. Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas. 

  

2°. Sustraer u ocultar alguna cosa que corresponda a la masa de sus bienes. 

  

3°. Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor. 

  

4°. Aprovechar el estado de quiebra para especular con las propias obligaciones, adquiriéndolas a menos precio. 

  


Artículo 420. Incurrirá en arresto de un mes a un año, y en la prohibición para ejercer el comercio, por dos a cinco años, el comerciante declarado en quiebra que hubiere perjudicado a sus acreedores por sus gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su familia, por sus especulaciones temerarias o ruinosas, juego, abandono de sus negocios o por cualquier acto de notoria negligencia o imprudencia, en la administración de los mismos. 

  


Artículo 421. El que no siendo comerciante, se alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude, con el propósito de perjudicar a sus acreedores, incurrirá en arresto de un mes a tres años. 

  


Artículo 422. Los gerentes o directores de una sociedad anónima, que cometan alguno de los hechos duque tratan los artículos anteriores, incurrirán en las sanciones allí establecidas y en multa de cincuenta a dos mil pesos. 

  


Artículo 423. El que con el propósito de apropiarse en todo o en parte tina cosa inmueble, o para derivar algún provecho de ella, quite o altere los mojones o señales que fijan sus linderos, incurrirá en arresto o de dos a veinte meses y en multa de diez a mil pesos. 

  

Las mismas sanciones se aplicarán al que con el fin de conseguir para sí o para otro un provecho ilícito y en perjuicio de tercero, desvíe el curso de las agitas públicas o privadas. 

  


Artículo 424. El que invada arbitrariamente terrenos o edificios ajenos, públicos o privados, con el fin de obtener cualquier provecho ilícito, incurrirá en las mismas sanciones de que trata el artículo anterior. 

  


Artículo 425. El que fuera de los casos previstos en el artículo anterior y por medio de violencias o amenazas a las personas, perturbe la pacifica posesión que otro tenga de cosas inmuebles, incurrirá en prisión de seis meses a tres años y en multa de cincuenta a dos mil pesos. 

  


Artículo 426. El que destruya, inutilice, haga desaparece o de cualquier otro modo dañe una cosa mueble o inmueble, o un animal ajenos, siempre que el hecho no constituya otro delito de mayor gravedad, incurrirá en arresto de un mes a un año y en multa de diez a quinientos pesos. 

  

Si el perjuicio causado fuere de mucha consideración, el Juez podrá aumentar la pena hasta en la mitad del máximo. Si fuere de poco valor o importancia, podrá reducir la pena hasta la mitad del mínimo. 

  


Artículo 427. La pena será de dos meses a tres años de arresto, si el delito se cometiere en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

  

Produciendo infección o contagio en ganados u otros animales. 

  

Empleando sustancias venenosas o corrosivas. 

  

En despoblado o por personas constituidas en cuadrilla. 

  

En archivos, bibliotecas, museos, puentes, caminos u otros bienes de uso público, o tumbas, monumentos u objetos de arte colocados en sitios públicos. 

  


Artículo 428. El que intencionalmente y por cualquier medio destruyere, inutilizare o dañare una cosa de utilidad social que sea de su propiedad o de cualquier otro modo estorbare el cumplimiento de los deberes legales impuestos en servicio de la economía nacional, incurrirá en arresto de quince a seis meses y en multa de cinco a quinientos pesos. 

  

CAPITULO VI

Disposiciones comunes a los capítulos anteriores


Artículo 429. Si antes de que se pronuncie sentencia de primera instancia, o antes del veredicto del Jurado, si fuere el caso, el responsable restituye el objeto que fue materia de la infracción o indemniza a la persona ofendida de los perjuicios que se le hayan causado, la sanción se disminuirá de tina sexta parte a la mitad. 

  


Artículo 430. Queda eximido de responsabilidad el que ejecute cualquier delito contra la propiedad, llevado por apremiante necesidad de proveer a su subsistencia o vestido, o a las de su familia, cuando no hubiere tenido otro medio lícito de satisfacer esas necesidades, siempre que se limite a tomar lo indispensable para remediarlas, que su personalidad no sea socialmente peligrosa y que no ejerza violencia contra las personas. 

  


Artículo 431. Tampoco será responsable, sin perjuicio de las acciones civiles respectivas, el que cometa alguno de los hechos de que trata este título en perjuicio del cónyuge no separado legalmente, de un ascendiente o descendente o de un afín en línea directa, o de un hermano o hermana, siempre que se haya limitado a tomar lo indispensable para sus necesidades y las de su familia. 

  

Disposiciones transitorias. 

  


Artículo 432. Derógase el Código Penal y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente Ley. 

  


Artículo 433. Los que en virtud del artículo 39 de este Código y de los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 153 de 1887, deban cumplir pena de reclusión, bien sea porque hayan sido condenados antes del 19 de enero de 1937 o porque deba aplicárseles dicha pena después de esta fecha, cumplirán la reclusión en la misma forma en que actualmente se cumple, salvo el caso en que por petición del condenado se convierta en presidio. 

  


Artículo 434. Queda autorizado el Gobierno, una vez aprobado este Código, para ordenar su nomenclatura y para subsanar cualquier deficiencia de redacción o falta de armonía, que puedan encontrarse en algunas de sus disposiciones. 

  


Artículo 435. El presente Código entrará a regir desde el primero de enero de mil novecientos treinta y siete; pero el Gobierno podrá decretar su vigencia antes de esta fecha. 

  

Comuníquese y publíquese. 

  

Dado en Bogotá, a 14 de septiembre de 1936. 

  

ALFONSO LOPEZ 

  

El Ministro de Gobierno, 

  

Alberto LLERAS CAMARGO.