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DECRETO16981964196407 script var date = new Date(16/07/1964); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO CI. N. 31430. 5, AGOSTO, 1964. PÁG. 1.MINISTERIO DE JUSTICIAPor el cual se organiza la Carrera Judicial y se dictan normas sobre Vigilancia Judicial y Ministerio PúblicoVigentefalsefalseJusticia y del DerechofalsefalseDECRETO ORDINARIO05/08/196405/08/1964314304651

DIARIO OFICIAL. AÑO CI. N. 31430. 5, AGOSTO, 1964. PÁG. 1.

ÍNDICE [Mostrar]

RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar]

RESUMEN DE JURISPRUDENCIA [Mostrar]

DECRETO 1698 DE 1964

(julio 16)

Por el cual se organiza la Carrera Judicial y se dictan normas sobre Vigilancia Judicial y Ministerio Público

ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar]

Subtipo: DECRETO ORDINARIO

ESTIMADO USUARIO 

  

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El Presidente de la Republica de Colombia, 

  

En ejercicio de la facultades extraordinarias que le confiere la ley 27 de 1963, previo estudio de la comisión asesora creada por Artículo 2º de la misma ley y con aprobación del Consejo de Ministros. 

  

DECRETA 

  

TITULO 1

De la Carrera Judicial

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1º la carrera judicial tiene por objeto la selección de los funcionarios encargados de administrar justicia y de sus auxiliares exclusivamente en consideración a su idoneidad a sus meritos como también la garantía del derecho a ascender en el escalafón por rigorosa calificación en los concursos y a no ser sancionados, traslados ni removidos sino por justa causa, comprobada en un proceso adecuada. 

  


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Artículo 2º la provisión en propiedad de los cargos de magistrados de la corte suprema de justicia causa, consejeros de estado, magistrado de los tribunales superiores de distrito judicial, magistrado de los tribunales de contenido administrativo, magistrado del tribunal de aduanas, y jueces, se hará siempre por concurso riguroso entre los candidatos que reúnan las calidades y requisitos exigidos por la constitución y la ley. 

  


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Artículo 3º el ministerio de justicia organizara, según las normas de este decreto, los concursos previstos en el Artículo anterior y lleva el registro de las inscripciones, traslados ascensos, suspensiones y cancelaciones en escalafón de la carrera judicial, así como las hojas de vida de los funcionarios inscritos en este con los documentos y anotaciones pertinentes. 

  


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Artículo 4º como organismo consultivo del gobierno para los fines señalados en el presente decreto, crease el consejo superior de la administración de justicia integrado por siete miembros a saber: 

  

El Presidente de la corte suprema de justicia, 

  

El Presidente del Consejo de Estado, 

  

El Procurador General de la Nación, 

  

El Decano de la facultad de derecho de la universidad nacional, 

  

El Decano de Derecho de una Universidad privada, escogido para un periodo de cuatro años por la Asociación Colombiana de Universidades, y 

  

Dos abogados en ejercicio, de distintas filiaciones políticas, designados por el Presidente de la Republica por un periodo de cuatro años 

  

Parágrafo. El Consejo podrá deliberar con la presencia de cuatro de sus miembros, y adoptar sus dediciones con el mismo números de votos afirmativos, en caso de empate, la decisión sometida a votacion se considera aplazada. 

  


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Artículo 5º el Consejo Superior de la Administración de Justicia, se reunirá cuando sea convocado por el Ministro de Justicia y sus miembros que no sean funcionarios oficiales, devengarán por cada sesión la suma que el Gobierno señale. 

  


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CAPITULO SEGUNDO

Requisitos de ingreso

Artículo 6° además de los requisitos y calidades especiales establecidas por la constitución o la ley en cada caso, para pertenecer a la carrera judicial se exigen las siguientes condiciones generales: 

a) ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio
b) ser menor de setenta años
c) ser abogado titulado y estar matriculado como tal:
d) no saber sido condenados por delitos
e) no haber sido suspendido en el ejercicio de la profesión de abogado por faltas graves de moral profesional.
f) no haber sido destituido de cualquier cargo en la administración pública, ni suspendido en el ejercicio del mismo, durante dos meses o mas, por falta grave debidamente comprobada
g) ser persona de conducta moral irreprochable
h) no padecer enfermedad física o mental que afecte la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo
i) haber sido nombrado por concurso


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Artículo 7º para los efectos señalados en el Artículo 155 de la constitución el desempeño del cargo de juez municipal de plena competencia se equipara al del juez de circuito 

  


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JURISPRUDENCIA [Mostrar]


CAPITULO TERCERO

Concursos

Artículo 8º Las bases de los concursos de que tratan el Artículo 2 y 3 de este decreto, no podrán ser adoptadas ni publicadas sin concepto favorable del consejo superior de la administración de justicia, y deberán indicar 

a) los cargos que el concurso deba contraerse, y el tiempo de vigencia de los resultados del mismo:
b) los factores que hayan de ser calificados, el puntaje asignado a cada una de ellos y la prueba de los mismo
c) el puntaje de los mínimos para ser aceptado con candidato
d) la oportunidad para la inscripción de los candidatos y para la presentación de las pruebas respetivas, así como la fecha en que se publicara el resultado del concurso, y
e) las demás normas reglamentarias que se estimen pertinentes.

Parágrafo. El consejo superior de la administración de justicia se pronunciara sobre las bases de los concursos dentro de los treinta días siguiente a su recibos, y si lo hace, se entenderá aprobados las que las ministerio de justicia le hubiere sometido 

  


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Artículo 9º entre los factores que se deben apreciarse estarán, en cuanto fueran pertinentes, al nivel de los cargos concursados: los meritos universitarios (calificaciones obtenidas en la carrera universitarias En los exámenes de curso y en los preparatorios de grado, distinciones y premios universitarios, etc.); La especialización (concurso de profundización y de especialización en jurisprudencia, y títulos y distinciones obtenidas en ellos); el desempeño de la cátedra en jurisprudencia y su duración, los méritos profesionales (antigüedad, y de crédito en el ejercicio de la abogacía); la experiencia judicial (antigüedad, continuidad, consagración, eficiencia y desempeño anterior de cargos vinculados a la administración de justicia), y la obra científica. 

  

Parágrafo cuando el concurso se contraiga a nivel inferior del escalafón, para decidir las cosas de empate en el puntaje final, se podrá ordenar exámenes orales y escritos con el temario y ante los jurados que en las bases respetivas se contemplen. 

  


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Artículo 10. En las bases de los concursos deberá asignarse un coeficiente o puntaje especial a la circunstancia de hallarse los candidatos en el desempeño de un cargo judicial ganado por concurso. Cuando se trate de ascensos, se asignara el coeficientes o puntaje especial a la circunstancia que el candidato ocupe, por concurso de empleo correspondiente al nivel inmediatamente inferior al cargo por proveer. Este coeficiente o este puntaje no podrán ser tan altos que impidan el acceso de quienes sin estar en aquellas circunstancias, tengas las calidades constitucionales respetivas. 

  


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Artículo 11. dentro del término señalado en las bases del concurso, los candidatos o quienes los hubiera postulado presentaran a la autoridad que deba ser el nombramiento las pruebas que acrediten los requisitos y calidades exigidos por la constitución o la ley, así como los hechos y circunstancias que los hagan alrededores a determinado puntaje, de conformidad con las mismas bases. 

  


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Artículo 12. vencido el término para la presentación de las pruebas quien deba hacer el nombramiento elabora y aprobara dentro de los quince (15) días siguientes y con citación del respetivo agente del ministerio público y de dos delegados de distintas filiaciones políticas nombrados por el consejo superior de la administración de justicia, un cuadro en el cual se relacionara el nombre de los candidatos aceptados y de los rechazados, las calidades y los requisitos para el desempeño del cargo, que se hayan acreditado, las pruebas que le hubieran faltado y el orden de prelación a que les de derecho el coeficiente o puntaje obtenido en razón de los varios factores señalados para los efectos del concurso. 

  

Dicho cuadro se fijara en la secretaria por diez días, término durante el cual el agente del Ministerio Público o los candidatos podrán formular, por escrito, las objeciones y reclamaciones que estimen pertinentes. 

  


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Artículo 13. Dentro de los quince días siguientes quien haya de hacer el nombramiento resolverá sobre las objeciones y reclamos formulados, y ordenara las modificaciones del cuadro a que hubiere lugar las cuales se publicaran en la forma y por el término señalados en el Artículo anterior. 

  


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CAPITULO CUARTO

Nombramientos

Artículo 14. Con una anticipación no menos de tres meses, la corte suprema de justicia el consejo de estado, los tribunales superiores de distrito judicial y el tribunal de aduanas señalaran la fecha en que habrán de tener lugar las elecciones de magistrados y jueces para el siguiente periodo, y así lo avisaran al ministro de justicia para los efectos del concurso. 

  


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Artículo 15. En la fecha y horas señaladas para la eleccion, la corporación o el funcionario correspondiente procederán a proveer los cargos materia del concurso siguiendo rigurosamente el orden determinado por el cuadro de calificaciones de los candidatos, salvo el caso de que sea absolutamente necesario alterar dicho orden para conservar la paridad política. 

  


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Artículo 16. En el evento de que al proveer algún cargo hubiera empate entre dos o más candidatos se prefiera al de carrera judicial. 

  


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Artículo 17. Si durante la vigencia de los cuadros de calificación se presentaren vacantes en los cargos respectivos, serán llenas con los candidatos de la misma filiación política a quienes correspondiera el turno. 

  


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Artículo 18. Contra las actuaciones violatorias de los Artículos anteriores procederá al recurso de queja ante el respetivo superior, para que este imponga, si a ello hubiere lugar, las sanciones disciplinarias establecidas en el Artículo 44, sin perjurio de la investigación y sanción de los delitos que se hubieran podido cometer. 

  


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Artículo 19. Los nombramientos que se hicieran en contravención a las normas establecidas en este decreto, son absolutamente nulos. 

  


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Artículo 20. Los cargos oficiales no podrán ocuparse en interinidad por lapso superior a tres meses, excepto en, los casos de enfermedad o de titular o que el respetivo concurso se haya declarado desierto o su resultado, no permite la provisión en propiedad. Las licencias por causas diferentes a enfermedad no serán superiores a tres meses improrrogables. Si vencido este termino el titular no reasume sus funciones. Se procederá a la elección en propiedad de quien haya reemplazarlo, de conformidad con las reglas del presente decreto. 

  


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Artículo 21. Son causales de retiro forzoso de la carrera judicial y del cargo obtenido por concurso: llegar a la edad de setenta años o padecer incapacidad física o mental que impida el debido desempeño de las las funciones, correspondientes por mas de dos años o sufrir notaria y permanente disminución en el trabajo por razones de salud. El retiro forzoso deberá ser decretado, de oficio o a solicitud del ministerio público, por la corporación o funcionario a quien corresponda el nombramiento. 

  


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Artículo 22. Cuando el retiro forzoso por razón de edad o de incapacidad permanente sobrevenga después de (10) años de servicio en la carrera judicial se reconocerá a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y Consejeros de Estado una pensión vitalicia correspondiente a las dos terceras partes del último sueldo, salvo disposición más favorable. 

  

Esta pensión será pagada por la entidad de previsión a la cual haya estado afiliado el beneficiario. 

  


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CAPITULO QUINTO

Personal subalterno

Artículo 23. Para ser empleado subalterno de la rama jurisdiccional del poder público o de la jurisdicción contencioso administrativo se requiere las mismas condiciones generales señaladas en el Artículo 6º excepto la relación en los apartes c) e i). Pero, en las elecciones en los nombramientos de dicho personal subalterno se preferirá a los abogados titulados y a quienes hayan terminado estudios de derecho. 

  

A medidas que las circunstancias lo aconsejen el gobierno podrá organizar concursos para el nombramiento de los empleados subalternos de la rama jurisdiccional y de la jurisdicción contencioso administrativa con el objeto de incorporarlos a la carrera judicial. 

  


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JURISPRUDENCIA [Mostrar]


Artículo 24. Los secretarios y relatores de la corte suprema de justicia y del consejo de estado deberá reunirlas condiciones y calidades que se requieren para ser magistrado de los tribunales superiores de distrito judicial. 

  


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TITULO II

De la vigilancia judicial

CAPITULO I

Disposiciones generales.

Artículo 25. La vigilancia judicial corresponde al ministerio publico y tiene por objetivo velar porque la administración de justicia sea oportuna eficaz conforme a las leyes, y porque todos los empleados y funcionarios y empleados encargados de ella observen la conducta y los deberes propios de sus cargos. 

  


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Artículo 26. La vigilancia judicial se ejercerá ante los tribunales, juzgados y demás autoridades que desempeño funciones judiciales por el respectivo agente del ministerio publico, sin perjuicio de las funciones que corresponden al procurador general de la nación y a los procuradores de distrito. El procurador general de la nación por si mismo o por el intermedio de los procuradores delegados ejercerá la vigilancia en la corte suprema de justicia y el consejo de estado. 

  


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Artículo 27. Quien tenga conocimiento de irregularidades en la administración de justicia podrá formular la correspondiente queja ante cualquier funcionario del ministerio público. Si el que recibiera la queja no fuera el encargado de ejercer la vigilancia judicial del despacho afectado, la pasara de inmediato al agente que corresponda y este deberá tramitar de inmediatamente. 

  


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Artículo 28. La vigilancia judicial se ejercerá principalmente por de visitas ordinarias o extraordinarias, las primeras se practicaran a cada despacho judicial por lo menos dos meses al año, y la segunda cuando así lo disponga el procurador general de la nación, los procuradores de distrito o el respetivo agente del ministerio publico. 

  


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Artículo 29. De cada visita se levantara un acta de conclusiones, si de ella no apareciera observaciones así se comunicara por escrito al despacho visitado y a la procuraduría general de la nación. Si en apareciera observaciones sobre marcha del despacho o sobre las conductas de los funcionarios o empleados se correrá traslado a quien resulten afectados por dichas observaciones para que presenten sus descargos dentro de un termino improrrogable de ocho (8) días. Vencido este, se dictara una resolución en la cual en la misma resolución se relacionara las observaciones que no hayan sido desvirtuadas y, si se tratare de de demoras o otras irregularidades análogas, se fijara un termino prudencial para subsanarlas, en la misma resolución se ordenara enviar lo actuado a la autoridad competente para imponer la sanción disciplinaria, sin perjuicio del aviso que deba darse en caso de delito perseguible de oficio. 

  


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Artículo 30. Todo despacho judicial deberá enviar mensualmente a la procuraduría general de la nación y al ministro de justicia un cuadro estadístico sobre el movimiento del mismo durante el mes inmediatamente anterior. 

  


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CAPITULO SEGUNDO

Tribunales disciplinarios

Artículo 31. Crease el tribunal superior disciplinario, integrado por cuatro magistrados, que seran elegidos por el consejo superior de la administración de justicia para periodos de cinco años, teniendo en cuenta la paridad política. 

  

En los casos de falta absoluta o temporal de dichos magistrados, el consejo nombrara en propiedad o en interinidad, respectivamente a quienes haya de reemplazarlos, conservado siempre la mencionada paridad política. El tribunal superior disciplinario dictara su propio reglamento y nombrara sus empleados subalternos. 

  


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Artículo 32. Los magistrados del tribunal superior disciplinario tomaran posesión ante el presidente de la republica y devengaran el mismo sueldo asignado a los magistrados de la corte suprema de justicia. 

  


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Artículo 33. El tribunal superior disciplinario, tendrá el siguiente personal subalterno. 

  

Un (1) secretario que devengara dos mil quinientos pesos mensuales ($ 2.500), 

  

Un (1) oficial mayor que devengara mil ochocientos pesos mensuales ($ 1.800). 

  

Cuatro (4) Mecanotaquígrafas que devengaran mil pesos ($1.000) mensuales cada una. 

  


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Artículo 34. Cada dos años, el consejo superior de la administración elegirá, también en forma paritaria doce (12) consejos del tribunal superior disciplinario, quienes remplazaran a los magistrados del mismo en los casos de impedimento o de recusación, y dirimirán los empates que se presenten en las votaciones sobre providencias que deban ser adoptadas en sala plural. En cada negocio, los jueces seran escogidos por sorteo que hará por la sala de gobierno del tribunal. Dicho sorteo se circunscribirá a los conjueces que tengan la misma filiación política del magistrado o magistrados impedidos o recusados. 

  


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Artículo 35. Los magistrados y los conjueces del tribunal superior disciplinario deberán reunir los mismos requisitos y calidades exigidos para los magistrados de la corte suprema de justicia, y estarán sujetos a las incompatibilidades y causales de impedimento o reacusación establecidas respecto de esto. 

  


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Artículo 36. Anualmente el tribunal superior disciplinario elegirá un presidente y un vicepresidente de distinta filiación política quienes formaran la sala de gobierno de la corporación con las mismas funciones y atribuciones que le correspondan a la sala de gobierno de la corte suprema de justicia en lo pertinente. 

  


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Artículo 37. El tribunal superior disciplinario en sala penal conocerá. 

  

1º en única instancia por los procesos por faltas disciplinarias que se adelanten contra los magistrados de la corte suprema de justicia y los consejos de estado. 

  

2º en segunda instancia, por los procesos por faltas disciplinarias fallados en primera instancia por la corte suprema de justicia, por el consejo de estado, por los tribunales superiores de distrito judicial y por los tribunales de aduana. 

  


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Artículo 38. En los asuntos de que se conocen el tribunal superior disciplinario actuara como sustanciador y ponente el magistrado a quien le correspondiera el turno en el reparto, y el ministerio publico esta representado por el procurador general de la nación. 

  


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JURISPRUDENCIA [Mostrar]


Artículo 39. La corte suprema de justicia conoce en primera instancia de los procesos de la faltas disciplinarios seguidos por los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial y del tribunal de aduanas. 

  

El consejo de estado conoce en primera instancia de los procesos de las faltas disciplinarias seguidas contra los magistrados de los tribunales administrativos. 

  


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JURISPRUDENCIA [Mostrar]


Artículo 40. Los tribunales superiores de distrito judicial y el tribunal superior de aduanas conocen en primera instancia de los procesos de faltas disciplinarias seguidos contra los jueces cuyo nombramiento les corresponde. 

  


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Artículo 41. Conocerá en única instancia de los procesos de faltas disciplinarias. 

  

1º La corte suprema de justicia y el consejo de estado cuando se sigan contra su persona l subalterno, y 

  

2º los tribunales superiores de distrito judicial, tribunales administrativos y el tribunal de aduanas, cuando se siga contra su personal subalterno o contra el personal subalterno de los jueces cuya nombramiento les corresponda. 

  


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Artículo 42. Las providencias que decidan en primera instancia los procesos disciplinarios, serán consultadas con el tribunal superior disciplinarios, si no fueran apelados dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Las apelaciones concederán en el afecto suspensivo. 

  


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JURISPRUDENCIA [Mostrar]


CAPITULO TERCERO

Régimen disciplinario

Artículo 43. Los funcionarios judiciales estarán obligados a mantener en todo tiempo irreprochable conducta publica y privada por el cual les esta especialmente prohibido. 

  

1º ejecutar cualquier hecho incompatible con la administración de justicia o constitutivo de mala conducta. 

  

La mala conducta social puede provenir de la embriaguez habitual, el uso indebido de estupefacientes, la practica frecuente de juegos prohibidos, la moral habitual o injustificada en al pago de deudas, el publico concubinato y el abandono de los deberes primordiales del hogar; 

  

2º obtener provechos por la ley, tales como dadivas, agasajos, préstamo de toda clase de lucros providentes directa o indirectamente de cualquier interesado en un negocio que se halle a conocimiento del funcionario o de cual pueda o deba intervenir. 

  

3º hacer una actuación judicial calificaciones ofensivas o ultrajantes respeto de cualquier de las personas que intervienen en el proceso. 

  

4º negarse a suministrar oportunamente información que estén obligados a dar, o suministrar con exactitud o en forma incompetla 

  

5º ejercer funciones que no les estén atribuidas por la ley o por los reglamentos pertinentes 

  

6º dejar de asistir con frecuencia injustificada a la respetiva oficina o cerrarla con motivo legal o limitar indebidamente las horas de despacho para el público. 

  

7º omitir retardar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo el trabajo que le señale los reglamentos de la oficina, o dejar vencer los términos judiciales sin la actuación correspondiente. 

  

8º violar las normas sobre nombramientos o Elección de los funcionarios o empleados de la administración de justicia o influir, directa o indirecta en el nombramiento o eleccion de aquellos cuya designación no le corresponda legalmente. 

  

9º dejar de asistir a los actos en que su presencia lo requiera o a las deliberaciones de sala cuando los proyectos de decisión deban ser aprobados por ella, o firmar las providencias sin haber discutido en su discusión o pronunciamiento. 

  

10. Abstenerse de adelantar la investigación de delitos o faltas cometidas por los funcionarios judiciales y demás personas que intervengan en los negocios que cursan en sus despachos y abstenerse de dar aviso a quien corresponda si la investigación no es de su correspondencia, si la investigación no es de su competencia. 

  

11. Ejercer directa o indirectamente actividades incompatibles con el ejercicio de la judicatura o que en alguna forma atenten contra la actividad de la misma. 

  


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Artículo 44. Independientemente de la acción penal a que hubiere lugar y sin perjuicio los de ella los funcionarios judiciales incurrirán por violación de las prohibiciones de que trata el Artículo anterior en las siguientes acciones disciplinarias- 

  

1ª Apercibimiento 

  

2ª Multa 

  

3ª suspensión del cargo 

  

4ª destitución de cargo 

  


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Artículo 45. El apercibimiento consiste en la reprensión escrita que se hace al infractor por una falta de carácter leve, previniendo que la residencia o loa comisión de otra falta análoga le acareara una sanción más grave el apercibimiento sera anotado en la hoja de vida. 

  


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Artículo 46. La multa no podrá ser inferior al valor de cinco (5) de sueldo que devenguen el empleado, ni excederá al de un mes. Se dará efectiva descontándole de la nómina en cuotas iguales a la quinta parte del sueldo mensual, y su imposición se anotara en la hoja de vida del multado. 

  


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Artículo 47. La suspensión del cargo no podrá imponerse por término inferior a un mes ni excederse de tres meses. 

  


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Artículo 48. La destitución produce, fuera de la perdida del empleo nota de mala conducta que impide el desempeño posterior de cualquier carguen la administración de justicia. 

  


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Artículo 49. Las sanciones disciplinarias se aplicaran teniendo encuenta la gravedad de la falta, omisión o irregularidad, el grado de participación en ella y la comisión de faltas anteriores. 

  

Los fallos se dictaran apreciando las pruebas sin sujeción a la tarifa legal. 

  


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Artículo 50. Dentro de los treinta Díaz siguientes al recibo de la actuación de qué trata el Artículo 29 de este decreto la corporación proferirá su fallo. 

  


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Artículo 51. En los procesos disciplinarios de que daban a conocer la corte suprema de justicia el consejo de estado, los tribunales superiores de distrito judicial, los tribunal de aduanas, actuara como sustanciador y ponente el magistrado y consejero quien le correspondiera el turno en el reparto y el fallo sera dictado por una sala compuesta por el ponente y dos miembros de la corporación respetiva que siga en orden alfabético. 

  


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Artículo 52. En cualquier instancia antes de fallar y dentro del término establecido en el Artículo 50 podrá ordenarse oficiosamente la aclaración de los puntos oscuros o dudosos por los medios que se estimen convenientes. 

  


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Artículo 53. El fallo se notificara personalmente y si ello no fuere posible dentro de los cinco (5) días de su pronunciamientos, se hará por edicto de conformidad con el Artículo 309 del código judicial. 

  

Ejecutado el fallo se comunicará al Ministerio de Justicia y a la entidad o autoridad encargada de darle cumplimiento. 

  


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TITULO III

Del Ministerio

CAPITULO PRIMERO

De los Procuradores del Distrito y de los Fiscales Instructores

Artículo 54. En cada distrito judicial habrá un procurador de Distrito designado por el procurador general de la nación, que tendrá las siguientes atribuciones: 

  

1º. Cuidar de que cada uno de los funcionarios de la rama Jurisdiccional y del Ministerio Público cumpla con las obligaciones de su cargo. Para tales efectos practicarán por lo menos una vez cada dos meses, visitas al respectivo tribunal, a los Juzgados Superiores, de Menores y Municipales, así como a las Fiscalías y Personerías correspondientes y a las carceles distritales y municipales. Cuando advirtiere irregularidades, demoras, negligencia o descuido en la tramitación o estudio de los procesos, o cualquier otro hecho constitutivo de mala conducta, lo pondrá en conocimiento del respectivo superior jerárquico para los efectos de la imposición de la sanción que fuere procedente. De todo ello informará al Procurador General de la Nación, quien a su turno, velará por que se decida prontamente la queja. 

  

2º. Intervenir en los procesos que adelanten los Jueces Municipales, cuando lo estime necesario o conveniente para la recta administración de justicia. Mientras dure la intervención desplazará al Personero Municipal. 

  

3º. Adelantar toda clase de diligencias, pesquisas, averiguaciones, etc., que estime necesarias para comprobar que se ha violado la ley penal. Para estos efectos tendrá acceso a todas las oficinas públicas y a sus archivos, los establecimientos, empresas o instituciones en que tengan parte el Estado, los Departamentos o los Municipios, y a las oficinas y domicilios de las entidades bancarias y de las demás personas naturales y jurídicas, con el solo objeto de buscar pruebas. Podrá igualmente solicitar que se le expidan copias auténticas de los documentos que allí reposan. Si tales diligencias, pesquisas, averiguaciones, etc., dieren fundamento para considerar que se ha incurrido por alguien en la comisión de un delito perseguible de oficio, el Procurador de Distrito dará el correspondiente aviso al Juez respectivo acompañándole las pruebas que estime conducentes para la comprobación del delito y de la responsabilidad de su autor o participe. 

  

En el curso de esta averiguación previa, el procurador de Distrito tomará las medidas necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho; para asegurar los instrumentos, cosas, objetos o efectos del mismo; para indagar que personas fueron testigos, y en general, para allegar los datos y elementos que sirvan a la averiguación, y para aprehender al autor o participe, en caso de flagrante delito. 

  

El funcionario que reciba el aviso o denuncio dictará, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, el auto cabeza de proceso, y en el se dispondrá ante todo practicar las pruebas que hayan sido pedidas por el Procurador de Distrito. Recibidas que sean, oirá en indagatoria al acusado si lo estima legalmente procedente. En casos urgentes, el Procurador de Distrito podrá recibir declaraciones con las formalidades legales y aún ordenar la captura de los presuntos autores o participes del ilícito, cuando este apareje detención preventiva de acuerdo con la ley. Pero en este evento estará obligado a presentar al capturado ante el funcionario que corresponda, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la aprehensión, conjuntamente con las pruebas que hubieren servido de base para la captura. 

  

4º. Representar a la Nación ante los Jueces Municipales en los juicios que se promuevan contra ella. Podrá, igualmente, servir de apoderado de la Nación para iniciar acciones de competencia de los Jueces Municipales y representarla durante la primera instancia sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 173 del Código Judicial. En casos especiales podrá delegar la representación de la Nación en el respectivo Personero Municipal. 

  

Artículo 55. Las quejas que se formulen como resultado de la investigación a que se refiere el Artículo anterior, contra los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público serán conocidas, de preferencia sobre cualquier otro asunto, por la autoridad competente. La demora en el fallo constituirá causal de mala conducta. Corresponde al Procurador General de la Nación y a sus agentes velar por que tales quejas sean tramitadas y falladas dentro de los términos legales. 

  

Artículo 56. Dependientes de la Procuraduría General de la Nación, créanse los cargos de Fiscales Instructores, competentes para practicar diligencias investigativas cuando fueren comisionados por el Procurador General de la Nación o por los Procuradores de Distrito, para casos especiales que así lo requieran por su gravedad o por tener que investigarse en lugares sometidos a diversas competencias territoriales. 

  

Los Fiscales Instructores cumplirán, además, las funciones de vigilancia que les asigne el procurador General de la nación y los procuradores de Distrito. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


Artículo 57. Los Fiscales Instructores tendrán todas las facultades que corresponden a los Jueces respecto de la formación del sumario, que deberán entregar al Juez competente una vez perfeccionado. 

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]


Artículo 58. Para ser Procurador de Distrito, Fiscal Instructor o Asesor Jurídico III (Visitador) de la procuraduría General de la Nación, se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado titulado y, además, tener las mismas calidades que la Constitución exige para ser Juez Superior, o haber desempeñado durante dos años el cargo de Procurador Delegado, a durante tres años, por lo menos, uno de los cargos de Visitador de Vigilancia Judicial o de Instrucción Criminal del Ministerio de Justicia, Visitador de la Procuraduría General de la Nación o Juez de Instrucción Criminal, o haber ejercido durante cinco años, con buen crédito la profesión de abogado, o haber enseñado jurisprudencia durante el mismo lapso en un Universidad reconocida por el estado. 

  

Artículo 59. Tanto los Procuradores de Distrito como los Fiscales Instructores y sus respectivos Secretarios tendrán derecho a viáticos cuando se ausenten del lugar de su sede, de acuerdo con la reglamentación que expedirá el Gobierno Nacional. 

  

CAPÍTULO II

Personal y Asignaciones

Artículo 60. Cada uno de los Distritos Judiciales en que se divide el territorio nacional, tendrá una Procuraduría de Distrito con sede en la ciudad cabecera del mismo y con el siguiente personal: 

  

Un (1) Procurador de Distrito 

  

Un (1) Secretario Judicial III 

  

Un (1) Asistente Judicial I 

  

Artículo 61. El Secretario Judicial III y el Asistente Judicial I en cada una de las Procuradurías de Distrito, serán de libre nombramiento y remoción del respectivo Procurador de Distrito. 

  

Artículo 62. Los Procuradores de Distrito Judicial devengarán el sueldo que la ley le asigna a los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 

  

Artículo 63. Las funciones que la Constitución y las leyes les adscriben a la Procuraduría General de la Nación serán ejercidas por el personal de planta que tiene en la actualidad y, además, por los siguientes funcionarios cuyos cargos se crean en este Decreto: 

  

Despacho del procurador General 

  

Treinta (30) Fiscales Instructores 

  

Treinta (30) Secretarios Judiciales II 

  

Veinte (20) Asesores Jurídicos III 

  

Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial: 

  

Un (1) Procurador Delegado 

  

Un (1) Subjefe de Sección V 

  

Tres (3) Sustanciadores VIII 

  

Un (1) Secretario Auxiliar III 

  

Sección de Archivo y Correspondencia: 

  

Un (1) oficinista V 

  

Artículo 64. Los Fiscales Instructores devengarán el sueldo que la ley señala a los Fiscales de Juzgado Superior. 

  

Artículo 65. El Procurador Delegado para la Vigilancia devengará el mismo sueldo asignado a los demás Procuradores Delegados. 

  

Artículo 66. El sueldo del personal subalterno de la Procuraduría anterior mencionada, corresponde según le corresponde en la nomenclatura utilizada a los niveles de remuneración establecidos por las disposiciones vigentes. 

  

Artículo 67. Los cargos creados en la Procuraduría General de la Nación serán provistos por el Procurador general de la Nación y los de Procuradores Delegados, Procuradores de Distrito, Fiscales Instructores y Asesores Jurídicos (Visitadores), no estarán sujetos a las normas sobre servicio civil. 

  

Artículo 68. Suprímese la Procuraduría Segunda Delegada en lo Civil de la Procuraduría General de la Nación. 

  

Artículo 69. Suprímense los diez (10) Asesores Jurídicos III, adscritos hoy a las Procuradurías Delegadas de la Procuraduría General de la Nación. 

  

CAPITULO III

Disposiciones Generales

Artículo 70. El Procurador general de la Nación, por sí mismo o por medio de un delegado que designe al efecto, podrá intervenir en cualquier proceso criminal, asumiendo al Ministerio Público y desplazando al Personero Municipal, cuando la gravedad del delito o la importancia del proceso justifiquen la medida. Esta será tomada a solicitud del Gobierno nacional o de oficio por el Procurador, si lo estima conveniente. 

  

Artículo 71. El Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial tendrá a su cargo la vigilancia de los Procuradores de Distrito y el control de los Fiscales Instructores creados en el presente Decreto. 

  

Artículo 72. Cuando los Juzgados Superiores de Distrito Judicial comisionen a otras autoridades para la práctica de pruebas o de diligencias que tiendan a perfeccionar los procesos, los respectivos Fiscales podrán intervenir ante dichas autoridades si residieren en el mismo lugar, vigilando que la comisión se cumpla debidamente o asumiendo el Ministerio Público si lo estiman conveniente. En este último caso desplazarán al personero Municipal. Si la comisión se cumpliere fuera de la sede, el Fiscal del Juzgado Superior dará aviso al procurador de Distrito, quien tendrá las mismas facultades de vigilancia e intervención, por sí mismo o por intermedio del funcionario que designe. 

  

Artículo 73. Los Fiscales de los Juzgados Superiores deberán enviar mensualmente al Fiscal del respectivo Tribunal Superior de Distrito, los cuadros estadísticos de la labor cumplida en el mes inmediatamente anterior, y una relación de los procesos que queden al Despacho, con indicación del nombre del sindicado, del delito de que se acusa, de la fecha de llegada del negocio y de la actuación que deben cumplir con él. Copia de estos documentos deberá enviarla a la Procuraduría General de la Nación. 

  

Si el Fiscal del Tribunal advirtiere demoras, y principalmente que en un mismo proceso figura en más de una relación mensual, sin haber sido despachado, realizará las gestiones conducentes a corregir la irregularidad, y dará cuenta al Procurador General de la Nación para los efectos disciplinarios correspondientes. 

  

Los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial enviarán mensualmente a la procuraduría general de la Nación, el cuadro estadístico de labores y una relación de negocios análoga a la de que trata el inciso primero de este Artículo. 

  

Artículo 74. Los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito, los Procuradores de Distrito y los Asesores Jurídicos (Visitadores) de la Procuraduría General de la Nación, podrán ejercer vigilancia sobre todas las dependencias oficiales de carácter administrativo y sobre los institutos descentralizados nacionales, departamentales o municipales, así como sobre la conducta oficial de sus funcionarios o empleados. 

  

Si tuvieren noticia de cualquier irregularidad practicarán visita a la respectiva dependencia o instituto, adelantarán la averiguación administrativa y la enviarán con todos sus antecedentes al procurador General de la Nación para los efectos pertinentes. 

  

Artículo 75. En casos de impedimentos o recusación de un agente del Ministerio Público, lo reemplazará un agente de la misma categoría si lo hubiere en el lugar, designado por el Juez. Si no lo hubiere, este dará cuenta del hecho inmediatamente al Procurador de Distrito quien designará el agente que debe intervenir en el proceso. 

  

Artículo 76. Las normas contenidas en este Decreto sobre vigilancia judicial y sanciones disciplinarias, se aplicarán, en lo pertinente, a los agentes del Ministerio Público. 

  

La averiguación correspondiente, en caso de queja o denuncia contra cualquier agente del Ministerio Público, será adelantada por el funcionario a quien el Procurador General designe al efecto. 

  

El fallo será dictado en primera instancia por el Procurador General de la Nación, y en segunda por el Tribunal Superior Disciplinario. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 77. Los respectivos agentes del Ministerio Público vigilarán el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones impuestas a los beneficiados con la condena condicional o la libertad condicional y pedirán la revocatoria o cancelación de estos subrogados en caso de incumplimiento. 

  

Artículo 78. Deróganse los Decretos 1857 de 1951 y 2798 de 1955, así como todas las disposiciones contrarias al presente Decreto. 

  

Artículo 79. El Gobierno nacional, en Decreto separado, determinará la fecha desde la cual entrará a regir este Decreto. 

  


Afecta la vigencia de: [Mostrar]


Publíquese y ejecútese 

  

Dado en Bogotá, a 16 de julio de 1964 

  

GUILLERMO LEON VALENCIA 

  

El Ministro de Justicia, Alfredo Araujo Grau