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DECRETO16961932193210 script var date = new Date(11/10/1932); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO LXXVIII. N. 24673. 31, MAYO, 1941. PÁG. 4.MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOpor el cual se reglamenta el Decreto legislativo número 92 del año en curso, en lo relacionado con el impuesto de timbre nacional.Vigencia en EstudiofalsefalseHacienda y Crédito PúblicofalseTributario nacionalfalseDECRETO LEGISLATIVONorma no vigente por no ser adoptada como legislación permanente.false31/05/194131/05/1941246737484

DIARIO OFICIAL. AÑO LXXVIII. N. 24673. 31, MAYO, 1941. PÁG. 4.

RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar]

DECRETO 1696 DE 1932

(octubre 11)

por el cual se reglamenta el Decreto legislativo número 92 del año en curso, en lo relacionado con el impuesto de timbre nacional.

ESTADO DE VIGENCIA: Vigente. [Mostrar]

Subtipo: DECRETO LEGISLATIVO

El Presidente de la República de Colombia, 

  

en uso de sus facultades legales, 

  

DECRETA: 

  

ARTICULO 1° 

  

Ordinal 1° 

  


Artículo 1°. Respecto de los giros librados en el Exterior, deberá pagarse el impuesto adhiriendo las correspondientes estampillas a los giros y letras y éstos se acompañarán a las respectivas solicitudes de compra de cambio exterior. Las Oficinas de Control no otorgarán el permiso sin que se acredite el pago del impuesto en la forma expresada, y anotarán esta circunstancia en la solicitud aprobada. Lo dispuesto en el inciso transitorio de los artículos 1°, 2° y 3º del Decreto, se continuará aplicando en todos los casos en que las solicitudes de compra de cambio no tengan por objeto el reembolso de documentos remitidos al cobro. 

  

El impuesto debe deducirse sobre el valor que tenga el instrumento el día de su registro en los libros del Banco comisionado, reducida la moneda extranjera a moneda colombiana, y no hay lugar a nuevo impuesto si dicho valor aumenta por razón del cambio, el día en que fuere descargado el giro. 

  


Artículo 2°. El impuesto que causan los giros y órdenes en general procedentes del Exterior para que los Bancos paguen o abonen en cuenta, debe pagarse sobre los comprobantes de caja o de abono en cuenta, y los Bancos deben acompañar éstos a la solicitud de compra de cambio para comprobar que se ha cubierto el impuesto. 

  

Los créditos que entidades bancarias establecidas en el Exterior abran en Colombia, para que de ellos se haga uso contra entrega de documentos o en otra forma, deben pagar el impuesto, pero no están sometidas al impuesto las prórrogas de los mismos créditos. Las letras que sean giradas en virtud de tales créditos, a la vista o a plazo, deben conformarse a lo dispuesto en el Decreto número 2279 de 1931, originario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

  

Las cartas de crédito o cartas-órdenes de crédito procedentes del Exterior, están gravadas con el impuesto, el que debe pagarse sobre las sumas que su tenedor reciba a cuenta de ellas, a medida que las reciba y adhiriendo las estampillas a las cartas originales. 

  

Los giros que se expidan sobre el Exterior por autorización de la Oficina de Control, no causan más impuesto de timbre que el del uno por ciento (1 por 100) que debió pagarse sobre el giro venido al cobro, si se trata de este caso, o sobre la solicitud de compra de cambio, en caso de que no se trate de giros remitidos para su cobro, de acuerdo con la Resolución número 19, de 27 de enero del año en curso. (Diario Oficial número 21905). 

  

Las órdenes de pago que emitan los clientes del interior contra su cuenta corriente abierta en los Bancos, causan impuesto porque son giros en un sentido general. 

  


Artículo 3°. Los instrumentos en que tengan interés la Nación, los Departamentos o los Municipios y en que el impuesto deba correr por cuenta de éstos, no causan impuesto de timbre, según el artículo 4° de la Ley 77 de 1923, vigente según el parágrafo 3°, artículo 1°, del Decreto. Las letras giradas a cargo de estas entidades no causan impuesto, pues sea que de manera inmediata lo pague la casa giradora, o el Banco comisionado, en el fondo se le hace efectivo al girado. 

  

Los asientos de contabilidad que hacen los Bancos en las cuentas de sus corresponsales del Exterior y del interior con motivos de gastos de cables, intereses, etc., no sufragan impuesto. 

  

No causa impuesto la remisión de cantidades de dinero, verificada entre las sucursales o entidades bancarias, en abono de sus respectivas cuentas, y tampoco los abonos que hacen los Bancos en las cuentas que tienen con los corresponsales en el Exterior por cargos que les hacen en concepto de pagos efectuados por ellos en relación con créditos que fueron estampillados debidamente. 

  

Cuando los Bancos reciban cuentas al cobro y abonan su valor a los comitentes, en la cuenta que con éstos tienen, no hay lugar al impuesto de timbre distinto del que debió pagarse sobre el instrumento remitido al cobro. 

  

La orden de transferir una suma de pesos, dada por un cliente al Banco en que tiene su cuenta, no motiva el impuesto. 

  


Artículo 4°. Si los giros fueren librados en el Exterior para ser pagados también en el Exterior, no causan el impuesto. 

  

Los giros que libren sobre el Exterior los agentes diplomáticos o consulares acreditados ante el Gobierno de Colombia, no causan impuesto. 

  

Los abonos que hagan los Bancos de esta ciudad por concepto de intereses cargados por los Bancos extranjeros, sobre préstamos hechos por éstos, no causan el impuesto. 

  

Los giros librados por los Bancos a favor del Banco de la República y los expedidos por éste a favor de los primeros, con el objeto de reembolsos o reintegros, no pagan el impuesto. 

  

Los giros librados a cargo de la Nación, los Departamentos y los Municipios, no pagan el impuesto. 

  


Artículo 5°. Las letras giradas en el Exterior y remitidas al cobro con anterioridad al 1° de enero del presente año, no tendrán que pagar otro impuesto que el que debieron satisfacer al ser recibidas por el Banco siempre que hubieren sido registradas en los libros de éste con anterioridad a dicha fecha. Pero si uno de esos instrumentos hubiere salido después de Colombia y vuelto a entrar al país ya en vigencia el Decreto número 92, debe complementarse el impuestos a la tasa fijada en éste, y si el documento estuviere descargado en parte, el complemento debe (sic) pagarse sobre el saldo únicamente. 

  

Ordinal 2° 

  


Artículo 6°. Los giros postales deben pagar el impuesto de que trata este ordinal, adhiriendo estampillas al talón o cupón que queda en poder de la oficina giradora, como lo dispone el Decreto número 886 de 1927. 

  

Si se extiende en el país una letra para sustituir o renovar otra, debe pagarse el impuesto establecido en el ordinal 2°, sea que el primitivo instrumento haya sido girado en Colombia o en el Exterior. 

  

Ordinal 4º 

  


Artículo 7°. Las libranzas que los Cajeros internos de los Lazaretos giren a cargo de los Cajeros externos de los mismos y a favor de particulares, no causan impuesto, pero sí las que extiendan estos últimos a cargo de la Tesorería General de la República y a favor de los particulares. 

  


Artículo 8°. Las cuentas de raciones de presos y listas de jornales no causan el impuesto porque el parágrafo 3°, artículo 1°, del Decreto número 92 de 1932 dejó vigentes las excepciones existentes, entre las cuales figura la establecida en el artículo 14, ordinal 2°, de la Ley 20 de 1923. 

  

Parágrafo. Sobre las nóminas debe pagarse el impuesto en relación con el valor de cada sueldo mensual que en ellas figure. 

  

Ordinal 5° 

  


Artículo 9°. Los documentos, títulos, recibos, comprobantes de depósitos a término fijo o disponible, pagan el impuesto de que trata el ordinal 5°, porque en el primer caso se trata de un préstamo, y en el segundo, de un verdadero depósito, y en ambos, de instrumentos de deber, puesto que de ellos nace la obligación de restituir (sic) la suma depositada. 

  

La renovación de todo instrumento causa el impuesto porque se trata de un nuevo instrumento. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 10. Sobre los documentos otorgados con anterioridad al 1° de enero de 1932 y que hayan sido estampillados antes de esa fecha conforme a las disposiciones que regían al tiempo de su otorgamiento, no tendrá que pagarse nuevo impuesto. 

  

Ordinal 6° 

  


Artículo 11. Los contratos de arrendamiento en los cuales se estipula término fijo de duración, pagan el impuesto de que trata el ordinal 6°, aun cuando los contratantes hayan convenido en que el arrendatario pague el valor del arriendo no sólo por el término de duración si no también por el tiempo que fuera de éste permanezca la cosa en su poder, y aunque el contrato contenga estipulación sobre prórroga por la voluntad expresa de una o de ambas partes, o de manera tácita. Es entendido que en caso de que el contrato sea prorrogado expresa o tácitamente conforme a las voces del mismo o según la ley civil, deberá pagarse el impuesto sobre la prórroga establecido en el ordinal 7°, dentro del plazo y en los términos señalados en el ordinal 2°, artículo 2°, del Decreto. Si no fuere estampillada la prórroga, el contrato se considerará sin valor de acuerdo con el artículo 6° del mismo Decreto. 

  


Artículo 12. Si en un mismo documento hay cláusulas de valor determinado y cláusulas de valor indeterminado, debe pagarse sólo sobre las primeras el impuesto establecido en los ordinales 5° y 6°, según el caso. 

  

Son de valor indeterminado los contratos de prestación de servicios, considérense como arrendamiento de servicios o bien como preposición, si no se ha fijado término de duración. 

  


Artículo 13. Respecto de promesas de contrato, el impuesto debe deducirse sobre el monto de la cláusula penal, si la hubiere, o considerarlas de valor indeterminado, si no figura cláusula penal. 

  

El monto de las cláusulas penales no debe tenerse en cuenta en el cómputo del valor de los documentos, para el efecto del impuesto de timbre, salvo el caso a que se refiere el punto anterior. 

  


Artículo 14. Las estipulaciones de fianza que se agregan al pie de los documentos, no causan impuesto; si la fianza se hace constar por separado, pagan el impuesto. 

  

Ordinal 7° 

  


Artículo 15. La prórroga de los instrumentos negociables no causa impuesto de timbre. 

  

Ordinal 9° 

  


Artículo 16. Los endosos de instrumentos de prenda agraria causan dicho impuesto. No solo causa el de instrumentos negociables. 

  

Ordinal 10. 

  


Artículo 17. Los recibos que firman los particulares para retiro de los depósitos hechos en los Bancos a título de ahorros, son documentos distintos de los mencionados en el artículo 53 de la Ley 57 de 1931, y por lo tanto, no llevan las estampillas mencionadas en el ordinal 10 del Decreto. 

  

Ordinal 11. 

  


Artículo 18. Los conocimientos de embarque que amparan carga que las empresas transportan gratuitamente, pagan el impuesto de $0.20 de que habla el ordinal 11, letra d). 

  

Ordinales 14, 15, 16 y 17. 

  


Artículo 19. Cada hoja de los sobordos, facturas, conocimiento de embarque, manifiestos, lista de tripulación, listas de rancho, listas de pasajeros que desembarquen en el puerto respectivo y solicitudes de permiso para descargar, causa un impuesto de un peso ($1). Los demás documentos que deben presentarse al tiempo de la visita, según el artículo 91 de la Ley 79 de 1931, no causan impuesto. 

  

Cada hoja principal de los manifiestos que se presenten a las Oficinas de Encomiendas Postales, causa un impuesto de un peso ($1). Si por el mismo correo llega un solo paquete recomendado u ordinario, cuyo valor no excede de dos pesos ($2), costo principal, no hay impuesto. 

  

La factura comercial cuyo valor pasa de cincuenta pesos ($50), tres pesos ($3); la que no pasa, un peso ($1) por cada hoja. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 20. La declaración de aduana o manifiesto, en caso de que no se presente factura o no la haya recibido la Oficina de Encomiendas: si se trata de un solo paquete cuyo valor no pasa de cincuenta pesos ($50), no paga impuesto; si pasa de allí, tres pesos ($3). 

  

Si se trata de varios paquetes o grupos de paquetes, todos expedidos por el mismo remitente y enviados al mismo destinatario, no excediendo el valor total de ellos de la expresada suma, no hay lugar al impuesto; si ninguno de esos paquetes o grupos de paquetes sobrepasa separadamente la cantidad de cincuenta pesos ($50), pero sí en conjunto, se pagan tres pesos ($3), distribuidos proporcionalmente a los respectivos valores; si el valor de uno o más paquetes o grupos excede de dicha suma, se pagarán tres pesos ($3) por cada paquete o grupo cuyo valor pase de la misma. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 21. Cuando a falta de factura y declaración de aduana haya que avaluar las mercaderías, se pagan tres pesos ($3) por cada diligencia de avalúo que sobrepase la cantidad de tres pesos ($3). 

  

Los anteriores apartes se refieren exclusivamente al impuesto de timbre, no a los derechos consultares que deben pagarse sobre algunos de los documentos mencionados, según los artículos 1° de la Ley 36 de 1929, 2° del Decreto número 92 y 28 del Decreto número 1050 del presente año. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 22. Los valores declarados deben pagar el impuesto de que trata el ordinal 17, más el establecido en el Decreto número 85 de 1927, que consiste en dos centavos ($0.02) por cada cien pesos ($100). 

  


Artículo 23. Los paquetes postales que gozan de franquicia postal deben pagar el impuesto establecido en el mismo ordinal 17, por tratarse de un gravamen extraordinario. 

  

Las encomiendas destinadas a los leprosorios y que cursan hoy libres de impuesto de timbre, no se encuentran comprendidas en este ordinal. 

  


Artículo 24. Cuando a las Oficinas Postales lleguen clisés dirigidos a particulares, que luego han de pasar al Ministerio de Industrias para efectos de su publicación en el Diario Oficial, según las disposiciones sobre propiedad industrial, podrán ser endosados dichos tiquetes al expresado Ministerio, siempre que haya constancia de las gestiones adelantadas sobre registro de las respectivas marcas, y en tal caso no habrá lugar a pago de derechos de importación al ser reclamados los clisés por el Ministerio de Industrias. 

  

Ordinal 18. 

  


Artículo 25. No causan impuesto: el memorial en que se solicite la suspensión de la pena, en el caso del artículo 22, Ley 83 de 1915; la solicitud de licencia para llevar armas, los memoriales sobre deducción de los impuestos, o solicitando nuevos avalúos de los bienes gravados y las solicitudes de exención del servicio militar obligatorio. 

  

Ordinal 29. 

  


Artículo 26. Fuera de los derechos señalados en el artículo 2°, Decreto número 899 de 1907, las embarcaciones deben satisfacer el impuesto establecido en este ordinal. El artículo 1° de la Ley 77 de 1923 quedó insubsistente en virtud de lo dispuesto en dicho ordinal. 

  

Ordinal 33. 

  


Artículo 27. Los certificados de los Cónsules de Colombia sobre condiciones de sanidad de los ganados que vengan destinados a la reproducción o al consumo, deben pagar un impuesto de timbre de tres pesos ($3). 

  

Ordinal 34. 

  


Artículo 28. Causan el impuesto los poderes que confiere el acusador particular para que se le represente en la acusación y los que se otorgan para actuar en las adjudicaciones de baldíos según el artículo 8° de la Ley 47 de 1926. 

  


Artículo 29. No pagan impuesto: los poderes que confieren los sindicados para ser representados en el sumario; los que se otorgan ante las autoridades contencioso administrativas para ventilar asuntos electorales o de rendición de cuentas por razón del ejercicio de cargos públicos y los que tengan lugar en cuestiones de resguardo de indígenas. Por tanto, tampoco pagan las sustituciones. 

  

No es poder la designación que menores de veintiún años y mayores de catorce hacen de la persona a quien debe discernírsele el nombramiento de curador ad litem. 

  

Ordinales 35 y 36 

  


Artículo 30. El ordinal 35 se refiere a las demandas de menor cuantía; el 36 a las de mayor cuantía. La menor cuantía, en la capital de la República, sube a mil pesos; en las cabeceras de Distrito Judicial, a quinientos; (sic) en los demás lugares, a trescientos; de modo que en tales casos debe pagarse el impuesto señalado en el ordinal 35. Cuando el valor de la demanda pase de aquellas sumas, según el lugar, se pagará el fijado en el ordinal 36. 

  

Las demandas ordinarias de mínima cuantía (artículo 774, Ley 105 de 1931) no llevan estampillas, tanto por tratarse de mínima cuantía, como por ser verbales. La mínima cuantía en materia de tramitación ordinaria, sube a cien pesos en la capital de la República; a cincuenta en las cabeceras de Distrito Judicial, y se reduce a veinte en los demás Municipios (incisos 3° y 4°, artículo 120, Ley 105 de 1931). 

  

Las demandas ejecutivas por menos de veinte pesos (artículos 1056 y 119, ordinal 1°), tampoco causan impuesto porque el procedimiento es verbal. 

  


Artículo 31. Se causa el impuesto sobre demandas ordinarias, ejecutivas, de tercería, de venta de bienes con hipoteca o prenda, de jurisdicción voluntaria, de amparo de pobreza, nulidad de matrimonio civil, de divorcio, de separación de bienes, de alimentos, de capellanías, de deslinde, posesorias, de lanzamiento, rendición de cuentas, de división, de oposición a las solicitudes de registro de marcas y modelos industriales y de patentes de invención y de cancelación de unos y otras. 

  

Las estampillas correspondientes a las demandas sobre oposición o cancelación en materia de propiedad industrial, deben adherirse a las demandas una vez que sean recibidas por el Juez de Circuito o formalizadas ante éste. 

  


Artículo 32. No causan el impuesto: las demandas ejecutivas por $20 o menos, y las ordinarias de mínima cuantía (cien pesos o menos en la capital de la República; cincuenta pesos o menos en las cabeceras de Distrito Judicial, y veinte pesos o menos en los demás Municipios, artículos 119, ordinal 1°, 120, incisos 3° y 4°, y 781 del Código de Procedimiento Civil; las de Policía; las solicitudes de excarcelación, de embargo preventivo, de desembargo, reconocimiento de firmas, notificación de la cesión de un crédito, absolución de posiciones y el escrito de acusación particular en asuntos criminales. 

  

Los ordinales 35 y 36 tratan de demandas civiles ante el Poder Judicial. 

  

Ordinal 37. 

  


Artículo 33. Sólo las sentencias definitivas pagan impuesto, entre las cuales deben comprenderse las de excepciones, las de pregón y remate y las de prelación en los juicios ejecutivos y de concurso, y las aprobatorias de partición o división. 

  

Las providencias y diligencias mencionadas en los ordinales 38, 39, 41, 42 y 43 del Decreto, no pueden autorizarse sin que les sean adheridas y anuladas las estampillas correspondientes por el empleado expresado en el ordinal 3°, artículo 2°, del Decreto. 

  

Es el actor, por regla general, quien debe suministrar las estampillas que llevan las sentencias, conforme al ordinal 37, pero si él no las suministra puede hacerlo el demandado, y mientras no se haga así no se podrán publicar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 479 de la Ley 105 de 1931. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 34. No causan impuesto: las sentencias en juicios ejecutivos por suma que no exceda de $20, y en los ordinarios de mínima cuantía, incluyendo las mínimas cuantías especiales establecidas en los incisos 3° y 4° del artículo 120 del Código de Procedimiento Civil; las sentencias que sean proferidas en juicios de Policía; las que se profieran en negocios electorales y los fallos que se dicten sobre asuntos de cuentas por razón del desempeño de empleos públicos. 

  

Ordinal 38. 

  


Artículo 35. Los autos por medio de los cuales se admiten las demandas de venta de bienes hipotecados o dados en prenda, causan el impuesto establecido en este ordinal. 

  

Ordinal 39. 

  


Artículo 36. Las fianzas de costas están gravadas al tenor del ordinal 39, lo mismo que las que se constituyen con motivo del servicio militar obligatorio. 

  

Las fianzas que se otorgan en asuntos criminales y las de cárcel segura y las llamadas de paz, no están gravadas. 

  

Ordinal 40. 

  


Artículo 37. Las estampillas deben adherirse en estos casos a la copia de la diligencia de absolución de posiciones o del auto de declaratoria de confeso, según el caso, que sea presentada como recaudo ejecutivo. 

  

Si las posiciones se refieren a una obligación de hacer, de valor indeterminado, debe satisfacerse el impuesto establecido en el ordinal 8° 

  

En los casos de declaratoria de confeso o absolución de posiciones, las estampillas que se adhieren a la copia que se presente deben anularse al recibir la demanda ejecutiva aun cuando ésta pueda ser negada por el Juez. 

  

Ordinal 41. 

  


Artículo 38. Se trata de desistimiento de la acción en los juicios civiles, de la acusación particular en los criminales y de la acción en los de esta clase cuando por las leyes es admisible el desistimiento. Pero no se trata de desistimiento de recursos o peticiones (sic) Las estampillas deben adherirse al auto que lo acepta y no al memorial en que se hace. 

  

Ordinal 42. 

  


Artículo 39. El impuesto establecido en este ordinal se debe pagar sobre el total del avalúo de los bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, sin hacer exclusión alguna por razón del pasivo de la sucesión, si se trata de sucesión, u otras causas, tanto en los juicios civiles que se adelantan ante el Poder Judicial, como en los procedimientos prejudiciales, en los cuales se solicite ante Juez la práctica de avalúos con el propósito de preconstituír una prueba. 

  

Los re avalúos en juicios ejecutivos, u otros procedimientos, no causan el impuesto. Los avalúos que tienen por objeto conocer el valor de los bienes para asegurar en ellos la responsabilidad de los empleados de manejo, no causan impuesto. 

  

Parágrafo. Mientras los interesados no suministren las estampillas correspondientes, no podrán el Juez y el Secretario autorizar el avalúo judicial, ni la respectiva autoridad aceptar el extrajudicial. 

  

Ordinal 44. 

  


Artículo 40. Son los párrocos quienes deben adherir y anular las estampillas sobre las copias de las actas del estado civil, de origen eclesiástico. 

  

Ordinal 46. 

  


Artículo 41. Pagan el impuesto: los certificados que expidan los Registradores de instrumentos públicos y privados sobre propiedad y libertad de bienes raíces u otras materias; los certificados a que se refieren los artículos 40 y 41 de la Ley 28 de 1921; los extractos notariales de escrituras de constitución de sociedad; las certificaciones de estar a paz y salvo, cualquiera que sea el tesoro, la autoridad que las extienda y la forma que se les dé (nota oficial, dirigida al Notario u otro funcionario, constancia al pie del comprobante del pago del impuesto de registro, etc.), y los certificados que expiden los Inspectores de Sanidad Pecuaria. Esta disposición no es limitativa. 

  

Cada acto notarial debe llevar adherido el certificado de hallarse a paz y salvo el otorgante, de acuerdo con el artículo 17, Ley 81 de 1931. 

  

Las tornaguías con las cuales se amparan cargamentos de tabaco o licores extranjeros, no pagan el impuesto de que tratan los ordinales 4°, 5° y 6°, pero sí el señalado en el ordinal 46, en relación con la certificación que va al dorso de las mismas, suscrito primero por el Recaudador y luego por el Alcalde, sin que haya por qué doblar el gravamen por la autenticación que autoriza el último, en atención al inciso 2° del ordinal 52 del Decreto. 

  


Artículo 42. No pagan el impuesto: la constancia que menciona el artículo 2670 del Código Civil; las constancias del registro que extienden los Registradores de instrumentos públicos y privados a continuación de las escrituras y documentos sometidos a dicha formalidad; la de embargo, cancelación de embargo, registro de demanda civil y el certificado expresado en el artículo 46 de la Ley 68 de 1942 (sic); las certificaciones que los Notarios deben remitir a los Registradores, sobre cancelación de gravámenes u obligaciones; las que se extienden a continuación de los documentos desglosados, sobre el hecho de haber sido desglosados; las atestaciones que las Pagadurías de Instrucción o Educación Pública dan acerca de los gravámenes que pesan sobre los sueldos de los maestros de escuela; los certificados que los Alcaldes expiden sobre la posesión de los maestros; los que debe extender el Jefe de la Oficina conforme al Decreto número 212 de 1932, reglamentario del artículo 127 del Código de Procedimiento Civil; las atestaciones sobre honorabilidad y solvencia de los testigos que para ciertos casos exige la ley; los certificados de que habla el artículo 5° de la Ley 133 de 1931; los que extienden las autoridades a solicitud de otras sobre hechos en que éstas intervinieron en su carácter de tales; las atestaciones de autenticidad de los periódicos oficiales y las expresiones es copia auténtica o certifico que es copia fiel, o algo parecido, con que terminan las copias que expiden las autoridades, empleados o funcionarios públicos. 

  


Artículo 43. Si un certificado de paz y salvo con el Tesoro comprende varias personas, debe pagarse el impuesto por cada una; si se trata de sociedades conyugales o comunidades debe pagarse por cada cónyuge y cada comunero, y si de sociedades de familia, debe satisfacerse sólo una vez. Pero sólo se pagará una vez el impuesto, aunque se trate de varios hechos en un solo certificado, siempre que se refieran a una persona únicamente. 

  

Ordinal 50. 

  


Artículo 44. Los libros de las sucursales y dependencias de entidades comerciales o bancarias, deben pagar el impuesto desde que tales libros tengan el carácter de diario mayor. 

  

Sólo a los comerciantes y a las empresas que llevan diario y mayor, les obliga lo dispuesto en este precepto. 

  

Parágrafo. Los libros de comercio que fueron estampillados conforme al Decreto número 894 de 1915, no causan nuevo impuesto. 

  

Ordinal 51. 

  


Artículo 45. Causa impuesto toda diligencia de reconocimiento judicial de firmas, en juicio o fuera de él, como acto espontáneo o a solicitud de parte interesada, pero quedan excluidos del impuesto los reconocimientos que se hagan al absolver posiciones. 

  

El registro de documentos privados no causa impuesto de timbre. 

  

Ordinal 52. 

  


Artículo 46. Quedan excluidas del impuesto las notas de presentación personal en demandas, memoriales o escritos que se presenten ante el mismo funcionario que ha de conocer de ellos y siempre que el Decreto no exija estampillas especialmente por razón de la demanda, escrito o memorial. 

  

Las notas en demandas y memoriales relativos a juicios ordinarios de mínima cuantía, y las que se extiendan en memoriales dirigidos por sindicados o presos, referentes a su defensa o cumplimiento de la pena o rebaja de la misma, no causan impuesto aunque vayan dirigidos a autoridades de otro lugar. 

  

Ordinal 55. 

  


Artículo 47. El impuesto debe pagarse al ser emitidas las acciones. El cambio de certificados de acciones, a favor del mismo dueño o tenedor de ellas, no causa impuesto. Si un mismo título se fracciona en dos o más certificados, se pagará por cada uno de éstos siempre que sean extendidos a favor de persona distinta del tenedor que pide el cambio o fraccionamiento. Si por muerte se expide uno o más títulos a los herederos o legatarios, correspondientes a las acciones que poseía el causante, debe pagarse el impuesto. Las acciones emitidas antes del 1° de enero de 1932 están sujetas al impuesto al ser traspasadas. 

  

Tratándose de acciones nominativas, no puede considerarse perfeccionado el traspaso sino una vez expedido por la compañía el nuevo título. Por tanto, las notas que se extiendan al reverso de las acciones nominativas no causan por sí solas el impuesto. 

  

Ordinal 56. 

  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]


Artículo 48. Las diligencias de posesión de los Secretarios y demás empleados de los Concejos Municipales, Asambleas y Cámaras Legislativas causan el impuesto. 

  

Los cambios de Oficiales que tengan lugar en el Ejército Nacional, de un Cuerpo a otro o de una guarnición a otra, no causan el impuesto. Si el cambio ocurre por ascenso en virtud del cual el Oficial recibe un nuevo puesto de acuerdo con su nueva graduación, si se causa. 

  

Ordinales 58, 59 y 60 

  


Artículo 49. La primera renovación de las pólizas de seguros contratadas antes del 1° de enero de 1932, debe pagar el impuesto establecido en el Decreto número 92, pero no las demás renovaciones de las mismas pólizas. 

  

Tratándose de aplicaciones de pólizas de seguro de transportes, el impuesto debe pagarse sobre el mayor valor que figure en la aplicación, cuando ésta se refiera a varios sectores o trayectos, y en ningún caso sobre la suma de los valores asignados a los distintos trayectos. 

  

El impuesto de timbre sobre las aplicaciones de pólizas de seguros de transporte, debe sufragarse adhiriendo las estampillas al ejemplar de la aplicación que se entrega al cliente. 

  

Las pólizas de seguros de navegación, de riesgos de automóviles, riesgos agrícolas, etc., se hallan comprendidas en la disposición del ordinal 59. 

  

Las pólizas de seguro colectivo que los bancos y demás empresas en general expiden a favor de sus empleados, tomando por su cuenta el riesgo, causan el impuesto. 

  

Los reaseguros que las compañías aseguradoras contratan con otras empresas no causan impuesto. 

  

Parágrafo. Cuando las pólizas sean contratadas en moneda extranjera, el impuesto se liquidará sobre moneda colombiana, al cambio del día en que se haga la anulación de las estampillas correspondientes. 

  

Las estampillas que deben llevar las pólizas de seguros deben adherirse al ejemplar destinado al cliente. 

  

Artículo 1°-Parágrafo 1° 

  


Artículo 50. Las diligencias y autos a que haya lugar en los juicios de jurisdicción coactiva, causan impuesto de timbre según las tasas señaladas en el artículo 1° del Decreto, pero dicho impuesto no podrá hacerse efectivo sino al hacer la tasación de las costas en las cuales debe incluirse lo relativo al impuesto. Y como se trata de impuesto de timbre, una vez cubiertas las costas deben agregarse estampillas por el monto del impuesto a las diligencias o providencias que deben llevarlas conforme a dicho Decreto o en una sola diligencia separada que firmarán el Juez y su Secretario. 

  

Parágrafo 3° 

  


Artículo 51. Las letras, documentos, instrumentos y operaciones en general que celebren los particulares con la Caja Agraria, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 57 de 1931, no pagan impuesto. Tampoco lo causan los memoriales que la Caja dirija a las autoridades públicas. 

  

Están vigentes las exenciones consagradas por los artículos 4° de la Ley 77 de 1923, 8° de la Ley 68 de 1924, 8° de la 47 de 1926 y 31 de la Ley 74, y demás disposiciones de exención en materia de impuesto de timbre. 

  

Las cuentas que formulan los Municipios al Tesoro Departamental o Nacional, y las de los Departamentos a los Tesoros Municipal o Nacional; las letras giradas o giros librados en el Exterior o en el país a cargo de las entidades de derecho público, las diligencias mencionadas en los artículos 350, 354, 357, 364 y 369 del Código Civil, no pagan. 

  

Los documentos que antes del Decreto número 92 no pagaban impuesto y que fueron otorgados antes de la vigencia del mismo, no lo causan por el hecho de ser presentados a las autoridades después de haber entrado a regir. 

  

No causan el impuesto las providencias, diligencias y piezas en general a que haya lugar en los juicios que promuevan los amparados como pobres, ni los memoriales, actos o proveídos que se eleven, ejecuten o dicten a solicitud del amparado, si tuviere el carácter de demandado (artículo 585, Código de Procedimiento Civil). Tampoco lo pagan los leprosos en los mismos casos, porque se les considera como amparados de pobres, según el artículo 10 de la Ley 114 de 1907. 

  


Artículo 52. Las diligencias, autos, etc., a que haya lugar en los juicios ejecutivos por sumas que no pasen de $20, no causan impuesto de timbre. 

  

En aquellos en que se persiga cantidad mayor de $20, sí se causa el impuesto, con las salvedades contenidas para los mandamientos de pago y los autos de desistimiento, en los ordinales 38 y 41, artículo 1° del Decreto. 

  

En los juicios ordinarios de mínima cuantía, inclusive las cuantías mínimas especiales establecidas en los incisos 3° y 4°, del artículo 120 del Código de Organización Judicial y Procedimiento Civil, cuya tramitación señala el Capítulo 4° Título XVIII, Libro 2°, de dicho Código, no se causa el impuesto. 

  

Artículo 2° 

  


Artículo 53. En los casos de los ordinales 4°, segunda y tercera parte, 18, 19, 20, 21, 25, 35 y 36, las estampillas pueden ser anuladas por el empleado ante quien los documentos sean presentados personalmente para hacer constar esta circunstancia, o por aquel que deba conocer de ellos. 

  

Toda nota de anulación de estampillas debe llevar la firma autógrafa de la persona que hace la anulación, salvo que se trate de bancos, sociedades anónimas y otras empresas y las oficinas públicas. 

  

Artículos 6° y 14. 

  


Artículo 54. Cuando se presenten a las autoridades, empleados o funcionarios públicos, documentos sin las correspondientes estampillas debidamente anuladas, se observarán las reglas siguientes: 

  

1ª. Si se presentan documentos de los mencionados en los ordinales 4°, partes segunda y tercera, 18, 19, 20, 21, 25, 34, 35 y 36 del artículo 1° del Decreto, no habrá lugar a imponer sanción alguna a la persona que los presente, ni a la autoridad a quien sean presentados, siempre que ésta no les dé curso. Por lo mismo, no es aplicable en tales casos lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto, y no están obligadas las autoridades a remitir las solicitudes o memoriales al empleado recaudador, sino a mantenerlos en su oficina, sin darles curso. Si les dan curso, las autoridades incurren en la pena establecida en el artículo 10 del Decreto. 

  

2ª. Si a las autoridades se presentan documentos de los mencionados en los ordinales 1°, 2°, 3°, primera parte del 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59 y 60 sin que lleven las estampillas requeridas debidamente anuladas; o de los mencionados en los ordinales 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 56, pero sin que las copias lleven la constancia de haberse adherido y anulado en el original estampillas según la tasa legal; o bien de los referidos en los ordinales 11, 12, 53, 54 y 55, pero sin que conste en ellos la circunstancia de que al respectivo talonario o duplicado que queda en poder de las empresas le fueron adheridas y anuladas las estampillas correspondientes, en todos los casos aquí mencionados y de acuerdo con el artículo 13 del Decreto, la autoridad a quien sea presentado uno de tales documentos, lo remitirá al empleado recaudador, junto con la solicitud a que fue acompañado, para que resuelva lo que sea legal sobre dicho documento y lo devuelva luego (sic) a la autoridad, sea que la solicitud o memorial se halle o nó bien estampillado. 

  

Si las autoridades dan curso a solicitudes acompañadas de documentos de los mencionados en esta regla, sin que a éstos se les hayan adherido y anulado las correspondientes estampillas, incurren en la sanción de que habla el artículo 10, o el artículo 12, sin perjuicio de la que pueda corresponderles en relación con la solicitud si ésta carece de las estampillas requeridas debidamente anuladas. 

  


Artículo 55. Las autoridades, empleados o funcionarios públicos no pueden autorizar diligencias, proveídos o resoluciones, ni expedir certificados ni piezas en general, de los mencionados en el artículo 1° del Decreto, sin que el interesado consigne las correspondientes estampillas en los casos allí determinados. 

  

Se exceptúan de esta disposición las sentencias de que trata el ordinal 37, las cuales pueden ser autorizadas por el Juez, Magistrado, Sala o Tribunal, pero no publicadas en la forma prevista en el artículo 479 del Código de Organización Judicial y Procedimiento Civil, mientras no se adhieran y anulen las correspondientes estampillas. 

  


Artículo 56. Los Recaudadores de Hacienda Nacional procederán en la aplicación de los preceptos del Decreto número 92 del año en curso, en lo que respecta al impuesto de timbre nacional, observando las reglas siguientes: 

  

1ª Cuando les sean enviados por las autoridades públicas, solicitudes o documentos en general, para que resuelvan lo que sea legal en materia de infracción de las disposiciones sobre timbre nacional, lo harán dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de aquéllos. Las resoluciones que dicten serán notificadas personalmente y contra ellas se puede apelar para ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El expediente será remitido por el correo inmediato. 

  

2ª Si se trata de los documentos mencionados en la regla primera del artículo 52 de este Decreto, a los cuales se hubiere dado curso a pesar de no tener adheridas y anuladas debidamente las estampillas requeridas, se impondrá al autor de la solicitud o memorial la multa de que habla el artículo 7°, y al empleado que le dio curso la señalada en el artículo 10 o el artículo 12 del Decreto. Si la oficina tiene Jefe y Secretario, pagarán la multa de que tratan estos artículos los dos mancomunadamente; sí se trata de corporaciones, el miembro o miembros que hubieren dado curso a la solicitud, y el Secretario. 

  

Si la solicitud hubiese pasado por manos de varias autoridades o funcionarios, se impondrá a cada uno de éstos la multa mencionada en el citado artículo 10, o en el artículo 12, en la forma antes expresada. 

  

3ª Si se trata de los documentos mencionados en los ordinales 4°, segunda y tercera parte, 5°, 6°, 8°, 9°, 13, 14, 15, 16, 50, 58, 59 y 60, artículo 1° del Decreto número 92, se impondrá a las autoridades que les hubieren dado curso sin que llevaran las estampillas exigidas debidamente anuladas, la multa de que habla el artículo 10 o el artículo 12, en la forma indicada en la regla anterior, y a quien los hubiere presentado la establecida en el artículo 8° del Decreto. 

  

4ª Si se trata de los documentos comprendidos en los ordinales 4°, primera parte, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 51 y 52, se impondrá al funcionario que los hubiere autorizado la pena señalada en el artículo 11, en la forma expresada en la regla anterior; a quien los hubiere presentado la del artículo 8°, y a la autoridad que les hubiere dado curso, la sanción establecida en el artículo 10, o el artículo 12, en aquella misma forma. 

  

5ª Y si los documentos son de los que especifican los ordinales 11, 12, 53, 54 y 55, y no consta haberse adherido y anulado las estampillas al duplicado o talonario, se impondrá a las empresas la multa expresada en el artículo 7°; a las personas que los hubieren presentado, la del artículo 8°, y a la autoridad que les hubiere dado curso, la indicada en el citado artículo 10. 

  

Si se trata de sentencias (ordinal 37), se impondrá al funcionario que la hubiere publicado conforme al artículo 479 del Código Judicial, la multa señalada en el artículo 11; a la persona que lo hubiere presentado, la del artículo 8°, y a la autoridad que le hubiere dado curso, la del artículo 10 o el artículo 12. 

  

Si se trata de títulos, certificados o licencias de que habla el ordinal 47, expedidos por establecimientos públicos, se aplicará a quien los hubiere autorizado o extendido la multa prescrita en el artículo 11; si tales documentos se expiden por establecimientos privados se aplicará la que prescribe el artículo 7°; a la persona que presente cualquiera de tales documentos, se impondrá la que indica el artículo 8°, y a la autoridad que les dé curso, la del artículo 10 o el 12. 

  

6ª Si las solicitudes dirigidas a las autoridades fueren suscritas por dos o más personas, se aplicará la multa mancomunadamente a todas ellas. Si hubiere firmado un apoderado, la pagará éste y el poderdante, mancomunadamente. 

  

7ª Si los documentos hubieren pasado por distintas manos por endoso, cesión o comisión para el cobro, u otro título, se impondrá a cada persona que lo hubiere tenido en su poder la multa determinada en el artículo 8° 

  

8ª Si se trata de documentos de deber, no se impondrá la multa al deudor, sino cuando sean presentados por éste y no lleven las estampillas requeridas debidamente anuladas o la nota de la Recaudación de Hacienda de haber sido adheridas y anuladas al ejemplar principal u original. 

  

9ª Todos los documentos mencionados en el artículo 1° del Decreto, que llegaren a poder del Recaudador, deberán revalidarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9° Se revalidarán mediante el pago que haga el interesado de la multa impuesta, cumpliendo, además, las formalidades restantes exigidas en dicho artículo. 

  

Una vez revalidados, el Recaudador los devolverá a la oficina de origen, para que se les dé el curso legal, aunque los funcionarios o particulares que resulten penados con motivo de un mismo documento no hayan satisfecho las multas. 

  

Remitido que sea el documento, a la oficina de origen, el Recaudador adelantará el cobro de las otras multas, si se hubiere condenado a otras personas, empleados o particulares, sobre la resolución original y dejando, si fuere necesario, copia del documento y cualesquiera otras piezas que se juzgue conveniente. 

  

10. Si de la resolución del Recaudador apela la persona que presentó el documento, se remitirá al superior el documento original; si apelan otras personas, empleados o particulares, se remitirán las copias que han debido dejarse al ser revalidado el documento. 

  

11. Así mismo se revalidarán los documentos por medio del pago que el interesado haga de la multa de que trata el artículo 6° del Decreto, aun antes de que el Recaudador dicte su resolución, y en tal caso este empleado devolverá inmediatamente el documento a la oficina de origen, y si juzgare que otras personas quebrantaron las disposiciones sobre timbre, dejará la copia conducente y dictará la providencia a que haya lugar. 

  


Artículo 57. La revalidación de los documentos otorgados durante la vigencia de la Ley 20 de 1923 y el Decreto número 2226 de 1931, se hará conforme a las disposiciones del Decreto número 92 de 1932. Si la infracción se cometió cuando regían la Ley 20 o el Decreto número 2226, citados, se aplicarán, en cuanto al monto de las multas, los preceptos del Decreto número 92, como lo disponen los artículos 44 y 45 de la Ley 153 de 1887. 

  


Artículo 58. El pago de las multas de que se trata se hará en estampillas de timbre. Tratándose de la que fuere impuesta a quien presentó el documento o persona interesada en su validez, se procederá como lo dice el artículo 9° del Decreto, y si de las que fueren impuestas a empleados públicos o particulares, se adherirán y anularán las estampillas al pie de la resolución del Recaudador. 

  


Artículo 59. Cuando un denuncio criminal vaya acompañado de documentos sin las estampillas requeridas debidamente anuladas, la investigación se iniciará inmediatamente sobre el denuncio y los documentos válidos. Los documentos defectuosos se enviarán al empleado de Hacienda conforme al artículo 13; y en lo demás, se procederá tal como queda indicado en las reglas que anteceden. 

  


Artículo 60. Cuando en el presente Decreto se hace referencia al Decreto, sin ninguna especificación, se entiende el marcado con el número 92 del presente año. 

  

Comuníquese y publíquese. 

  

Dado en Bogotá a 11 de octubre de 1932. 

  

ENRIQUE OLAYA HERRERA 

  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

  

Esteban JARAMILLO