El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política, 66 de la Ley 4ª de 1913, en concordancia con los artículos 7° y 9° numeral 5 de la Ley 1257 de 2008, 13 y 25 de la Ley 1448 de 2011, 179 de la Ley 1450 de 2011 y 170 del Decreto 4800 de 2011, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política en su artículo 11 proclama que el derecho a la vida es inviolable; en su artículo 12 contempla que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; en su artículo 13 consagra que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y en su artículo 28 garantiza el derecho fundamental a la libertad personal. 

Que el Estado colombiano ha adoptado, suscrito y ratificado declaraciones, convenios y tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que reconocen los derechos humanos y protegen los derechos de las mujeres. 

Que la Ley 1448 de 2011 se desarrolla en el marco de la justicia transicional, y conforme a su artículo 3°, se consideran víctimas “[...] aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. […]”. 

Que es obligación del Estado ofrecer especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, como víctimas de violencia sexual, especialmente mujeres. 

Que la Corte Constitucional mediante Auto 092 de 2008 sobre la protección de los derechos de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, expedido en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, constató el impacto diferencial y agudizado del conflicto armado sobre las mujeres del país, dados los riesgos específicos y cargas extraordinarias que les impone por su género la violencia armada, resaltando que: 

“[...] las mujeres están expuestas a riesgos particulares y vulnerabilidades específicas dentro del conflicto armado, que a su vez son causas de desplazamiento, y por lo mismo explican en su conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres – a saber: (i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado [...]; y que “[...] la pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, así como las labores de promoción social, liderazgo político o defensa de los derechos humanos, constituyen factores de riesgo para la vida, integridad personal y seguridad de las mujeres colombianas en múltiples regiones del país (...) las mujeres que adquieren visibilidad pública por el ejercicio de su derecho a la participación a través de su desempeño como líderes, miembros o representantes de organizaciones de mujeres, representantes de organizaciones sociales o comunitarias, promotoras de derechos humanos, educadoras, funcionarias públicas, promotoras de salud, líderes sindicales y posiciones afines, han sido objeto de homicidios, persecuciones, detenciones, retenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, minas antipersonal, actos terroristas, actos de violencia sexual y amenazas por parte de los miembros de los grupos armados ilegales […]”. 

Que según certificación expedida por el Director de Registro y Gestión de la Información (e), de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, según información que reposa en el Registro Único de Víctimas (RUV) con corte al 1° de junio de 2014, del total de víctimas reconocidas por delitos contra la Libertad e Integridad Sexual en el marco del conflicto armado interno corresponde a 5.440, de las cuales 4.672 son mujeres. 

Que según información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas existen elementos para considerar que las cifras sobre violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto armado evidencian un subregistro atribuible, entre otros factores, al miedo a denunciar y a que esta violencia se subsume en otros delitos como el desplazamiento forzado. 

Que Jineth Bedoya Lima, el 25 de mayo de 2000, en ejercicio de su labor periodística y en el marco del conflicto armado sufrió los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual, y por ello fue reconocida como víctima en el Registro Único de Víctimas, e inició un proceso de reparación individual ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, solicitando como medida de satisfacción con impacto colectivo que se estableciera el “Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno”. 

Que Jineth Bedoya Lima es referente público de la voz, lugar, reconocimiento y posicionamiento para las demás mujeres víctimas de este hecho y su historia sirve para que la sociedad en su conjunto prevenga y se solidarice frente a las afectaciones que sufren en sus proyectos de vida. 

Que el establecimiento del “Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres” guarda coherencia con el mandato del artículo 149 literal d) de la Ley 1448 de 2011 que establece la obligación del Estado de adoptar garantías de no repetición, incluyendo “La prevención de violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley, para lo cual, ofrecerá especiales medidas de prevención a los grupos expuestos a mayor riesgo como mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado, que propendan superar estereotipos que favorecen la discriminación, en especial contra la mujer y la violencia contra ella en el marco del conflicto armado”, 

DECRETA: 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2014. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

El Ministro del Interior. 

Aurelio Iragorri Valencia. 

El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Gabriel Vallejo López.