SENTENCIA CA041 de 1999

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010008479SENTENCIAPLENACA041199930/11/1999SENTENCIA__PLENA__CA041__1999_30/11/1999100084791999DECRETO PRESIDENCIAL 812 DE 1999 - Entidades territoriales beneficiarias de la compensaci�n / COMPENSACI�N - Concepto Los municipios y departamentos a quienes seg�n el art�culo 1� del Decreto 812 de 1999 debe aplicarse la medida de compensaci�n, en valores constantes, de la diferencia de los ingresos tributarios para los a�os 1999 y 2000, respecto de lo recaudado por ellas en el a�o 1998, corresponden exactamente a los mismos que para ese efecto se�alan los art�culo 21 y 22 del Decreto Legislativo 258 de 1999: Departamento de Caldas: Chinchina; Departamento del Quind�o: Armenia, Buenavista, Calarc�, Circasia, C�rdoba, Finlandia, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento; Departamento de Risaralda: Pereira Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella; Departamento del Tolima: Cajamarca y Roncesvalles; Departamento del Valle del Cauca: Alcal�, Caicedonia, Obando, Ulloa, Sevilla, la Victoria, Argelia, Bol�var y Tulu�, en el corregimiento de Barrag�n. COMPENSACI�N A DEPARTAMENTOS EN VIRTUD AL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOL�GICA - Concepto y componentes La compensaci�n consiste en la transferencia que la Naci�n debe hacer a los departamentos, en la misma proporci�n de la disminuci�n que estos registren en los a�os 1999 y 2000 tanto en sus ingresos tributarios, como por concepto de los recursos derivados de la explotaci�n del monopolio de licores, por comparaci�n de los recaudos por ellos obtenidos en la vigencia fiscal de 1998, norma esta que corresponde al precepto del art�culo 22 del Decreto-Legislativo 258 de 1999 objeto de reglamentaci�n. Se determina que la compensaci�n estar� integrada por dos componentes independientes, con cada uno de los cuales deber� formarse una cuenta separada, a saber: una para los ingresos de los distintos tributos de orden departamental, y otra, para los recaudos provenientes del ejercicio del monopolio de licores. Ese doble componente de la compensaci�n encuentra fundamento, por una parte, en el art�culo 22 del Decreto 258 de 1999, en el cual se prev� el citado beneficio respecto de la disminuci�n de los recursos de naturaleza tributaria, como son por ejemplo, los que para tales entidades territoriales consagra la Ley en general y el C�digo de R�gimen Departamental (Decreto-Ley 1222 de 1986) en particular, tales como el impuesto de timbre sobre veh�culos automotores, el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, impuesto al consumo de cervezas, impuesto de deg�ello de ganado mayor, impuesto sobre los premios de loter�as, impuesto de registro y anotaci�n, la estampilla prodesarrollo departamental, etc. De otra parte, el segundo elemento de la compensaci�n se encuentra consagrado en el art�culo 10� del Decreto 350 de 1999, seg�n el cual, la base del c�lculo de los ingresos a compensar comprende tambi�n los derivados del monopolio que los departamentos tienen respecto de la producci�n, introducci�n y venta de licores destilados, como arbitrio rent�stico, seg�n lo establecido en el art�culo 61 de la Ley 14 de 1983 (121 del C�digo de R�gimen Departamental), el cual, por cierto, es una de las principales - si no la mayor - fuente de ingresos para los departamentos. COMPENSACI�N A ENTIDADES TERRITORIALES - Liquidaci�n, fines y monto Se dispone que para liquidar el valor de la compensaci�n, se determinar� el porcentaje que representa la poblaci�n de los municipios afectados respecto del total de la poblaci�n del departamento, seg�n los datos del �ltimo censo realizado por el DANE. La norma consulta los criterios de conexidad y proporcionalidad, por cuanto el beneficio de la compensaci�n se establece en favor de los departamentos afectados con la calamidad p�blica originada por el sismo del d�a 25 de enero de 1999, con el fin exclusivo de contribuir a conjurar la situaci�n de emergencia y evitar la extensi�n de sus efectos, por lo que la medida resarcitoria en comento debe guardar correspondencia y conformidad con la poblaci�n necesitada de la ayuda que el instrumento de compensaci�n de ingresos comporta, raz�n por la que resulta adecuado el criterio adoptado para ese efecto, en el sentido de incluir como elemento de la liquidaci�n del beneficio para cada departamento, el porcentaje poblacional de los municipios que sufrieron la tragedia natural por la que se declar� el estado de excepci�n, aspecto �ste que inclusive se encuentra previsto en el numeral 1� del art�culo 22 del Decreto Legislativo 258 de 1999, motivos por los cuales, el precepto en comento no ofrece reparos de legalidad. Tal como lo dispone el numeral 2� del Decreto Legislativo 258 de 1999, seg�n el literal C) del art�culo 2� del decreto objeto de revisi�n, la compensaci�n ser� equivalente al monto resultante de aplicar el porcentaje de que trata el literal B del art�culo 2� en estudio, a la diferencia derivada de la comparaci�n, mes a mes, entre el monto de los ingresos tributarios y los provenientes del monopolio de licores recaudado por cada departamento en 1998, estimados en precios constantes, y el valor de los mismos para los a�os 1999 y 2000. COMPENSACI�N A ENTIDADES TERRITORIALES - Procedimiento de comparaci�n del recaudo de ingresos Las reglas y procedimientos que para determinar la comparabilidad de los ingresos consagra el literal E del Decreto 812, son adecuados al contenido y finalidad de la misma, pues, est�n dirigidos a establecer en forma sana y objetiva el valor constante de los recaudos del a�o 1998 para los a�os 1999 y 2000, sin propiciar ni patrocinar la inercia o la incuria en la gesti�n administrativa, ni tampoco la evasi�n tributaria, ni mucho menos una transferencia injustificada o desproporcionada de recursos del presupuesto nacional, por cuanto: a) Se excluyen de la base de c�lculo de la compensaci�n los nuevos tributos que empezaron a ser recaudados en el a�o 1999. b) La comparaci�n de ingresos s�lo procede respecto de los meses del a�o 1998 en que efectivamente fueron recaudados. c) Si en el transcurso de los a�os 1998, 1999 y 2000 var�a alguno de los elementos de la obligaci�n tributaria o del monopolio de licores, la comparaci�n procede contra los recaudos provenientes de id�nticos elementos de manera mensual. Por consiguiente, en el evento de existir variaci�n, se deben tomar en cuenta las siguientes reglas de ajuste: 1) Si se ha modificado la tarifa, se debe tomar como base de c�lculo del a�o a compensar, el valor del recaudo disminuido en el porcentaje, proporci�n o monto en que haya aumentado la tarifa. 2) Si desaparece un tributo de las cuentas de la entidad territorial por fusi�n con otro de otra entidad territorial, el monto comparable del recaudo ser� la transferencia que la entidad territorial que administra le haga a la primera. 3) Si se produce fusi�n con otro impuesto de un mismo departamento, se debe tomar la sumatoria de los tributos fusionados, para compararla con la de los dos tributos que exist�an independientemente. 4) Si como resultado de la fusi�n la entidad territorial debe administrar el recaudo de los tributos fusionados, se debe tomar el valor total del recaudo y restar las transferencias que ordenan las normas legales, cuyo resultado ser� la base comparable. COMPENSACI�N A ENTIDADES TERRITORIALES - Requisitos para acceder a la misma El art�culo 4� del Decreto 812 de 1999 condiciona el acceso al beneficio de la compensaci�n de ingresos, tanto para los departamentos como para los municipios, al cumplimiento de los requisitos de que tratan los literales A, B, y C de la norma. Los requisitos de que tratan los literales A) y B), son exactamente los mismos que preve�a el inciso primero del art�culo 23 del Decreto Legislativo 258 de 1999, disposici�n esta que, por ser violatoria de los art�culos 53, 215, 300-7, 305-7, 313-6 y 315-7, fu� declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-327 de mayo 12 de 1999, dictada en ejercicio del control autom�tico de constitucionalidad consagrado en el art�culo 215 de la Carta. En tal virtud, si bien es cierto que la norma reglamentaria perdi� su fundamento de derecho al haber salido del escenario jur�dico la disposici�n objeto de reglamentaci�n, lo que en principio sugerir�a un fen�meno de sustracci�n de materia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporaci�n ha sentado el criterio seg�n el cual, es imperativo de pronunciamiento de fondo sobre un acto administrativo sujeto a su conocimiento, no obstante que haya sido derogado o hayan desaparecido las bases para su expedici�n, por raz�n de los efectos que dicho acto pudo producir durante el tiempo en que goz� de validez. Tanto los literales A) y B) como tambi�n el par�grafo del art�culo 4� del Decreto objeto de control, ser�n anulados por ser contrarios a derecho. No obstante, debe observarse, empero, que las entidades territoriales carecen de competencia para fijar o modificar el r�gimen prestacional de sus servidores, pues, �ste es un aspecto de reserva legal, lo cual significa que la anulaci�n en referencia no implica, en modo alguno, la posibilidad de que aquellos entes puedan crear o modificar prestaciones sociales. COMPENSACI�N A ENTIDADES TERRITORIALES - Transferencia del impuesto predial de los municipios a las Corporaciones Aut�nomas Regionales En el primer inciso de este art�culo 7� se establece, que de conformidad con lo preceptuado en el art�culo 10� del Decreto Legislativo 350 de 1999, los municipios que reciban la compensaci�n deber�n continuar transfiriendo las sumas a su cargo por concepto de impuesto predial sobre las sumas efectivamente recaudadas por dicho impuesto, sin tener en cuenta las transferencias de la Naci�n por aplicaci�n de la compensaci�n, disposici�n esta que guarda armon�a y complementariedad con lo preceptuado en el inciso final del mismo art�culo 7�. Sin embargo, es del caso precisar lo siguiente: El inciso segundo del art�culo 10� del Decreto Legislativo 350 de 1999, consagra en favor de las Corporaciones Aut�nomas Regionales de Risaralda y Quind�o una compensaci�n de la reducci�n de sus ingresos por concepto de su participaci�n en el impuesto predial, causado en los municipios a los cuales se refieren los decretos 195 y 223 de 1999, compensaci�n que seg�n el inciso tercero ib�dem, estar� a cargo del Fondo de Compensaci�n Ambiental y del Fondo de Reconstrucci�n y Desarrollo Social del Eje Cafetero, en un monto equivalente al ochenta por ciento (80%) para la primera de ellas y del cincuenta por ciento (50%) para la segunda. En ese contexto, al determinar la norma reglamentaria que la obligaci�n que se mantiene para los municipios de transferir a las Corporaciones Aut�nomas Regionales la participaci�n en el impuesto predial, se deber� hacer tomando como base �nicamente las "sumas efectivamente recaudadas" por dicho impuesto, esto es, sin contabilizar las sumas que por �ste mismo reciben con cargo a la compensaci�n de que trata el art�culo 21 del Decreto 258 de 1999, encuentra conexidad e identidad tan s�lo para el caso de las Corporaciones Aut�nomas Regionales de Risaralda y Quind�o , en la medida en que, la disminuci�n que �stas sufrir�n en sus ingresos por concepto de su participaci�n en el impuesto predial, ser� objeto de la compensaci�n de que tratan los incisos segundo y tercero del art�culo 45 del Decreto 350 de 1999. Pero, no ocurre lo propio respecto de las otras corporaciones aut�nomas regionales con que cuentan los otros departamentos tambi�n afectados con el terremoto y por ello incluidos en la declaratoria de emergencia econ�mica, social y ecol�gica, o sea, los departamentos del Valle del Cauca, Tolima y Caldas, los cuales, al contrario de lo que ocurrir� con las Corporaciones Aut�nomas Regionales de Risaralda y Quind�o, no ver�n compensada la disminuci�n de sus ingresos por concepto de participaci�n en el impuesto predial. c) En tal virtud, el inciso primero del art�culo 7� ha de entend�rselo ajustado a derecho, bajo la consideraci�n de que la no inclusi�n de las transferencias que la Naci�n efect�a por aplicaci�n de la compensaci�n creada por el art�culo 21 del Decreto Legislativo 258 de 1999, para efectos de liquidar la participaci�n de las corporaciones aut�nomas regionales en el impuesto predial, tan s�lo se predica respecto de los municipios que deban realizar ese tipo de transferencias a las corporaciones aut�nomas de Risaralda y Quind�o , mas no para todos los municipios cobijados por la medida del estado de excepci�n, por cuanto para aquellas el art�culo 45 del Decreto Legislativo 350 de 1999 prev� a su vez un mecanismo de compensaci�n, lo cual explica el precepto del inciso final del art�culo 7� del Decreto reglamentario. COMPENSACI�N A ENTIDADES TERRITORIALES - C�lculo de transferencias a cargo de la naci�n, departamentos y municipios Lo primero que debe advertirse, es que el art�culo 8� del Decreto 812 de 1999, es aplicable tanto a municipios como a departamentos, toda vez que la expresi�n en ella utilizada es la gen�rica "entidades territoriales", sin ninguna distinci�n, por lo que resulta comprensiva de las dos clases de entidades a las cuales est� dirigida la medida objeto de reglamentaci�n. Si los recursos provenientes de la compensaci�n se considerar�n como esfuerzo y recaudo propio e inclusive contabilizables para fines de determinar su capacidad de pago, no resulta equitativo que esos mismos recursos no sean tenidos en cuenta para efectos de calcular las transferencias que las citadas entidades territoriales deben hacer por ministerio de la ley y, sobre todo, que ese �ltimo beneficio no lo contempla, ni lo autoriza la norma superior que reglamenta el Decreto 812 de 1999, de donde se deduce que su establecimiento desborda el alcance de la facultad de reglamentaci�n atribuida al ejecutivo nacional, y por tanto, resulta contrario a derecho. De otra parte, la adici�n de plazo contenida en el inciso segundo del art�culo 8�, si bien encuentra justificaci�n en el marco del estado de emergencia y de los Decretos Legislativos 258 y 350 de 1999, por cuanto las tareas de obtenci�n, procesamiento y posterior remisi�n de la informaci�n all� referida, no puede cumplirse en los plazos normalmente establecidos por la Ley, dada la p�rdida o destrucci�n de aqu�lla y las dificultades obvias de medios y log�stica para su diligenciamiento causadas por los efectos del sismo que afect� la zona del eje cafetero, la disposici�n que establece la ampliaci�n de dicho plazo resulta nula por extralimitaci�n de competencia, por cuanto introduce una modificaci�n a la ley, no prevista ni autorizada en los decretos legislativos objeto de reglamentaci�n. CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONSEJERO PONENTE : GERMAN RODRIGUEZ VILLAMIZAR Santaf� de Bogot�, D.C. Treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). Radicaci�n n�mero : CA-041

DECRETO PRESIDENCIAL 812 DE 1999 - Entidades territoriales beneficiarias de la compensaci�n / COMPENSACI�N - Concepto

Los municipios y departamentos a quienes seg�n el art�culo 1� del Decreto 812 de 1999 debe aplicarse la medida de compensaci�n, en valores constantes, de la diferencia de los ingresos tributarios para los a�os 1999 y 2000, respecto de lo recaudado por ellas en el a�o 1998, corresponden exactamente a los mismos que para ese efecto se�alan los art�culo 21 y 22 del Decreto Legislativo 258 de 1999: Departamento de Caldas: Chinchina; Departamento del Quind�o: Armenia, Buenavista, Calarc�, Circasia, C�rdoba, Finlandia, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento; Departamento de Risaralda: Pereira Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella; Departamento del Tolima: Cajamarca y Roncesvalles; Departamento del Valle del Cauca: Alcal�, Caicedonia, Obando, Ulloa, Sevilla, la Victoria, Argelia, Bol�var y Tulu�, en el corregimiento de Barrag�n.

COMPENSACI�N A DEPARTAMENTOS EN VIRTUD AL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOL�GICA - Concepto y componentes

La compensaci�n consiste en la transferencia que la Naci�n debe hacer a los departamentos, en la misma proporci�n de la disminuci�n que estos registren en los a�os 1999 y 2000 tanto en sus ingresos tributarios, como por concepto de los recursos derivados de la explotaci�n del monopolio de licores, por comparaci�n de los recaudos por ellos obtenidos en la vigencia fiscal de 1998, norma esta que corresponde al precepto del art�culo 22 del Decreto-Legislativo 258 de 1999 objeto de reglamentaci�n. Se determina que la compensaci�n estar� integrada por dos componentes independientes, con cada uno de los cuales deber� formarse una cuenta separada, a saber: una para los ingresos de los distintos tributos de orden departamental, y otra, para los recaudos provenientes del ejercicio del monopolio de licores. Ese doble componente de la compensaci�n encuentra fundamento, por una parte, en el art�culo 22 del Decreto 258 de 1999, en el cual se prev� el citado beneficio respecto de la disminuci�n de los recursos de naturaleza tributaria, como son por ejemplo, los que para tales entidades territoriales consagra la Ley en general y el C�digo de R�gimen Departamental (Decreto-Ley 1222 de 1986) en particular, tales como el impuesto de timbre sobre veh�culos automotores, el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, impuesto al consumo de cervezas, impuesto de deg�ello de ganado mayor, impuesto sobre los premios de loter�as, impuesto de registro y anotaci�n, la estampilla prodesarrollo departamental, etc. De otra parte, el segundo elemento de la compensaci�n se encuentra consagrado en el art�culo 10� del Decreto 350 de 1999, seg�n el cual, la base del c�lculo de los ingresos a compensar comprende tambi�n los derivados del monopolio que los departamentos tienen respecto de la producci�n, introducci�n y venta de licores destilados, como arbitrio rent�stico, seg�n lo establecido en el art�culo 61 de la Ley 14 de 1983 (121 del C�digo de R�gimen Departamental), el cual, por cierto, es una de las principales - si no la mayor - fuente de ingresos para los departamentos.

Se dispone que para liquidar el valor de la compensaci�n, se determinar� el porcentaje que representa la poblaci�n de los municipios afectados respecto del total de la poblaci�n del departamento, seg�n los datos del �ltimo censo realizado por el DANE. La norma consulta los criterios de conexidad y proporcionalidad, por cuanto el beneficio de la compensaci�n se establece en favor de los departamentos afectados con la calamidad p�blica originada por el sismo del d�a 25 de enero de 1999, con el fin exclusivo de contribuir a conjurar la situaci�n de emergencia y evitar la extensi�n de sus efectos, por lo que la medida resarcitoria en comento debe guardar correspondencia y conformidad con la poblaci�n necesitada de la ayuda que el instrumento de compensaci�n de ingresos comporta, raz�n por la que resulta adecuado el criterio adoptado para ese efecto, en el sentido de incluir como elemento de la liquidaci�n del beneficio para cada departamento, el porcentaje poblacional de los municipios que sufrieron la tragedia natural por la que se declar� el estado de excepci�n, aspecto �ste que inclusive se encuentra previsto en el numeral 1� del art�culo 22 del Decreto Legislativo 258 de 1999, motivos por los cuales, el precepto en comento no ofrece reparos de legalidad. Tal como lo dispone el numeral 2� del Decreto Legislativo 258 de 1999, seg�n el literal C) del art�culo 2� del decreto objeto de revisi�n, la compensaci�n ser� equivalente al monto resultante de aplicar el porcentaje de que trata el literal B del art�culo 2� en estudio, a la diferencia derivada de la comparaci�n, mes a mes, entre el monto de los ingresos tributarios y los provenientes del monopolio de licores recaudado por cada departamento en 1998, estimados en precios constantes, y el valor de los mismos para los a�os 1999 y 2000.

COMPENSACI�N A ENTIDADES TERRITORIALES - Procedimiento de comparaci�n del recaudo de ingresos

Las reglas y procedimientos que para determinar la comparabilidad de los ingresos consagra el literal E del Decreto 812, son adecuados al contenido y finalidad de la misma, pues, est�n dirigidos a establecer en forma sana y objetiva el valor constante de los recaudos del a�o 1998 para los a�os 1999 y 2000, sin propiciar ni patrocinar la inercia o la incuria en la gesti�n administrativa, ni tampoco la evasi�n tributaria, ni mucho menos una transferencia injustificada o desproporcionada de recursos del presupuesto nacional, por cuanto: a) Se excluyen de la base de c�lculo de la compensaci�n los nuevos tributos que empezaron a ser recaudados en el a�o 1999. b) La comparaci�n de ingresos s�lo procede respecto de los meses del a�o 1998 en que efectivamente fueron recaudados. c) Si en el transcurso de los a�os 1998, 1999 y 2000 var�a alguno de los elementos de la obligaci�n tributaria o del monopolio de licores, la comparaci�n procede contra los recaudos provenientes de id�nticos elementos de manera mensual. Por consiguiente, en el evento de existir variaci�n, se deben tomar en cuenta las siguientes reglas de ajuste: 1) Si se ha modificado la tarifa, se debe tomar como base de c�lculo del a�o a compensar, el valor del recaudo disminuido en el porcentaje, proporci�n o monto en que haya aumentado la tarifa. 2) Si desaparece un tributo de las cuentas de la entidad territorial por fusi�n con otro de otra entidad territorial, el monto comparable del recaudo ser� la transferencia que la entidad territorial que administra le haga a la primera. 3) Si se produce fusi�n con otro impuesto de un mismo departamento, se debe tomar la sumatoria de los tributos fusionados, para compararla con la de los dos tributos que exist�an independientemente. 4) Si como resultado de la fusi�n la entidad territorial debe administrar el recaudo de los tributos fusionados, se debe tomar el valor total del recaudo y restar las transferencias que ordenan las normas legales, cuyo resultado ser� la base comparable.

COMPENSACI�N A ENTIDADES TERRITORIALES - Requisitos para acceder a la misma

El art�culo 4� del Decreto 812 de 1999 condiciona el acceso al beneficio de la compensaci�n de ingresos, tanto para los departamentos como para los municipios, al cumplimiento de los requisitos de que tratan los literales A, B, y C de la norma. Los requisitos de que tratan los literales A) y B), son exactamente los mismos que preve�a el inciso primero del art�culo 23 del Decreto Legislativo 258 de 1999, disposici�n esta que, por ser violatoria de los art�culos 53, 215, 300-7, 305-7, 313-6 y 315-7, fu� declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-327 de mayo 12 de 1999, dictada en ejercicio del control autom�tico de constitucionalidad consagrado en el art�culo 215 de la Carta. En tal virtud, si bien es cierto que la norma reglamentaria perdi� su fundamento de derecho al haber salido del escenario jur�dico la disposici�n objeto de reglamentaci�n, lo que en principio sugerir�a un fen�meno de sustracci�n de materia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporaci�n ha sentado el criterio seg�n el cual, es imperativo de pronunciamiento de fondo sobre un acto administrativo sujeto a su conocimiento, no obstante que haya sido derogado o hayan desaparecido las bases para su expedici�n, por raz�n de los efectos que dicho acto pudo producir durante el tiempo en que goz� de validez. Tanto los literales A) y B) como tambi�n el par�grafo del art�culo 4� del Decreto objeto de control, ser�n anulados por ser contrarios a derecho. No obstante, debe observarse, empero, que las entidades territoriales carecen de competencia para fijar o modificar el r�gimen prestacional de sus servidores, pues, �ste es un aspecto de reserva legal, lo cual significa que la anulaci�n en referencia no implica, en modo alguno, la posibilidad de que aquellos entes puedan crear o modificar prestaciones sociales.

COMPENSACI�N A ENTIDADES TERRITORIALES - Transferencia del impuesto predial de los municipios a las Corporaciones Aut�nomas Regionales

En el primer inciso de este art�culo 7� se establece, que de conformidad con lo preceptuado en el art�culo 10� del Decreto Legislativo 350 de 1999, los municipios que reciban la compensaci�n deber�n continuar transfiriendo las sumas a su cargo por concepto de impuesto predialsobre las sumas efectivamente recaudadas por dicho impuesto, sin tener en cuenta las transferencias de la Naci�n por aplicaci�n de la compensaci�n,disposici�n esta que guarda armon�a y complementariedad con lo preceptuado en el inciso final del mismo art�culo 7�. Sin embargo, es del caso precisar lo siguiente: El inciso segundo del art�culo 10� del Decreto Legislativo 350 de 1999, consagra en favor de las Corporaciones Aut�nomas Regionales de Risaralda y Quind�o una compensaci�n de la reducci�n de sus ingresos por concepto de su participaci�n en el impuesto predial, causado en los municipios a los cuales se refieren los decretos 195 y 223 de 1999, compensaci�n que seg�n el inciso tercero ib�dem, estar� a cargo del Fondo de Compensaci�n Ambiental y del Fondo de Reconstrucci�n y Desarrollo Social del Eje Cafetero, en un monto equivalente al ochenta por ciento (80%) para la primera de ellas y del cincuenta por ciento (50%) para la segunda. En ese contexto, al determinar la norma reglamentaria que la obligaci�n que se mantiene para los municipios de transferir a las Corporaciones Aut�nomas Regionales la participaci�n en el impuesto predial, se deber� hacer tomando como base �nicamente las"sumas efectivamente recaudadas"por dicho impuesto, esto es, sin contabilizar las sumas que por �ste mismo reciben con cargo a la compensaci�n de que trata el art�culo 21 del Decreto 258 de 1999,encuentra conexidad e identidadtan s�lo para el caso de las Corporaciones Aut�nomas Regionales de Risaralda y Quind�o, en la medida en que, la disminuci�n que �stas sufrir�n en sus ingresos por concepto de su participaci�n en el impuesto predial, ser� objeto de la compensaci�n de que tratan los incisos segundo y tercero del art�culo 45 del Decreto 350 de 1999. Pero, no ocurre lo propio respecto de las otras corporaciones aut�nomas regionales con que cuentan los otros departamentos tambi�n afectados con el terremoto y por ello incluidos en la declaratoria de emergencia econ�mica, social y ecol�gica, o sea, los departamentos del Valle del Cauca, Tolima y Caldas, los cuales, al contrario de lo que ocurrir� con las Corporaciones Aut�nomas Regionales de Risaralda y Quind�o, no ver�n compensada la disminuci�n de sus ingresos por concepto de participaci�n en el impuesto predial. c) En tal virtud, el inciso primero del art�culo 7� ha de entend�rselo ajustado a derecho, bajo la consideraci�n de que la no inclusi�n de las transferencias que la Naci�n efect�a por aplicaci�n de la compensaci�n creada por el art�culo 21 del Decreto Legislativo 258 de 1999, para efectos de liquidar la participaci�n de las corporaciones aut�nomas regionales en el impuesto predial,tan s�lo se predica respecto de los municipios que deban realizar ese tipo de transferencias a las corporaciones aut�nomas de Risaralda y Quind�o, mas no para todos los municipios cobijados por la medida del estado de excepci�n, por cuanto para aquellas el art�culo 45 del Decreto Legislativo 350 de 1999 prev� a su vez un mecanismo de compensaci�n, lo cual explica el precepto del inciso final del art�culo 7� del Decreto reglamentario.

COMPENSACI�N A ENTIDADES TERRITORIALES - C�lculo de transferencias a cargo de la naci�n, departamentos y municipios

Lo primero que debe advertirse, es que el art�culo 8� del Decreto 812 de 1999, es aplicable tanto a municipios como a departamentos, toda vez que la expresi�n en ella utilizada es la gen�rica"entidades territoriales",sin ninguna distinci�n, por lo que resulta comprensiva de las dos clases de entidades a las cuales est� dirigida la medida objeto de reglamentaci�n. Si los recursos provenientes de la compensaci�n se considerar�n como esfuerzo y recaudo propio e inclusive contabilizables para fines de determinar su capacidad de pago, no resulta equitativo que esos mismos recursos no sean tenidos en cuenta para efectos de calcular las transferencias que las citadas entidades territoriales deben hacer por ministerio de la ley y, sobre todo, que ese �ltimo beneficio no lo contempla, ni lo autoriza la norma superior que reglamenta el Decreto 812 de 1999, de donde se deduce que su establecimiento desborda el alcance de la facultad de reglamentaci�n atribuida al ejecutivo nacional, y por tanto, resulta contrario a derecho. De otra parte, la adici�n de plazo contenida en el inciso segundo del art�culo 8�, si bien encuentra justificaci�n en el marco del estado de emergencia y de los Decretos Legislativos 258 y 350 de 1999, por cuanto las tareas de obtenci�n, procesamiento y posterior remisi�n de la informaci�n all� referida, no puede cumplirse en los plazos normalmente establecidos por la Ley, dada la p�rdida o destrucci�n de aqu�lla y las dificultades obvias de medios y log�stica para su diligenciamiento causadas por los efectos del sismo que afect� la zona del eje cafetero, la disposici�n que establece la ampliaci�n de dicho plazo resulta nula por extralimitaci�n de competencia, por cuanto introduce una modificaci�n a la ley, no prevista ni autorizada en los decretos legislativos objeto de reglamentaci�n.

Santaf� de Bogot�, D.C. Treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

El se�or Presidente de la Rep�blica, en cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994, mediante oficio fechado el d�a 10 de mayo del a�o en curso, remiti� copia debidamente autenticada del Decreto 812 del 7 de mayo de 1999, con el fin de que esta Corporaci�n realice el correspondiente control de legalidad.

declarada en virtud del estado de emergencia econ�mica, social y ecol�gica

en ejercicio de las facultades Constitucionales y legales y en especial las del numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y los decretos 258 y 350 de 1999,

ART�CULO PRIMERO.-. La compensaci�n a la que se refiere el presente Decreto se aplicar�, en los t�rminos y condiciones en �l establecidos a:

Los municipios de Armenia, Buena-vista, Calarc�, Circasia, C�rdoba, Filandia, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento y G�nova, en el Departamento del Quind�o; a los municipios de Alcal�, Caicedonia, Obando, Ulloa, Sevilla, La Victoria, Argelia, Bol�var y al municipio de Tulu� por el componente correspondiente al Corregimiento de Barrag�n, en el Departamento del Valle del Cauca; a los municipios de Cajamarca y Roncesvalles, en el Departamento del Tolima; a los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella, en el Departamento de Risaralda; y al municipio de Chinchin� en el Departamento de Caldas.

ART�CULO SEGUNDO.-. COMPENSACI�N A LOS DEPARTAMENTOS. La compensaci�n consiste en la transferencia que la Naci�n hace a los departamentos equivalente a la disminuci�n en el recaudo de los ingresos tributarios y de los recursos provenientes de la explotaci�n del monopolio de licores, que los departamentos experimenten en los a�os, de 1999 y 2000, respecto de los recaudos provenientes de los ingresos comparables que haya obtenido en la vigencia fiscal de 1998,-conforme a las siguientes reglas:

A. La compensaci�n se har� en dos componentes independientes: del recaudo proveniente de los impuestos, estampillas y dem�s ingresos tributarios se har� una sola cuenta en forma mensualizada; de los recaudos provenientes del monopolio de licores se har� la otra.

B. Para liquidar el valor de la compensaci�n se determinar� el porcentaje que representa la poblaci�n de los municipios afectados respecto del total de la poblaci�n del departamento, seg�n los datos del �ltimo censo realizado por el DANE.

C. La compensaci�n ser� equivalente al monto que resulte de aplicar el porcentaje mencionado en el literal anterior a la diferencia que resulte de comparar el monto mensual de los ingresos tributarios y de los recursos provenientes del monopolio de licores recaudados en el a�o de 1998, valorados en precios constantes, en los t�rminos descritos en este Decreto, frente al valor de los mismos ingresos, con elementos comparables, recaudados para el mismo mes durante el a�o respectivo.

D. La Secretar�a de Hacienda Departamental o quien haga sus veces ser� la encargada de certificarlos valores correspondientes a los recaudos de las cifras que servir�n de base para hacer la comparaci�n. La certificaci�n del recaudo de 1998 se ajustar� con la inflaci�n proyectada para 1999 que es equivalente al quince por ciento [15%]; la del a�o 1999, para determinar la compensaci�n en ese a�o, se har� teniendo en cuenta los recaudos efectivos por cada rengl�n rent�stico involucrado; para la compensaci�n que proceda en el a�o 2000 se tomar� en cuenta el recaudo de 1998 ajustada con el �ndice de precios al consumidor que resulte para el a�o de 1999 y la inflaci�n proyectada para el a�o 2000, para ser comparado este resultado con los recaudos efectivos de cada mes del a�o 2000. Para la realizaci�n de estos c�lculos se tendr� en cuenta el elemento de comparabilidad al que se refiere el literal siguiente.

2000 se har� la sumatoria del recaudo de todos los meses del a�o de 1998 y se

adicional para ser compensada, as� se determinar� y el giro se har� antes del

El valor de la compensaci�n no exceder� en el a�o de 1999 al ochenta por

entre lo recaudado en 1998 y lo recaudado en esos a�os, determinados seg�n

E. Para determinar la comparabilidad de los recaudos de los ingresos se proceder�

a. Se tomar�n los ingresos que exist�an en el a�o de 1998, mes a mes; los tributos nuevos que se empezaron a recaudar en el a�o de 1999 no formar�n parte de la base de c�lculo para la compensaci�n.

b. Si para los a�os de 1999 y 2000 contin�an los mismos ingresos con los mismos elementos de la obligaci�n tributaria y en los mismos niveles durante

c. Si en el a�o de 1998 se empez� a recaudar un ingreso que no se recaud� en todos los meses del a�o, la comparaci�n s�lo proceder� en los meses en que haya existido el recaudo.

d. Si en el transcurso de los a�os 1998, 1999 y 2000 var�a alguno de los elementos de la obligaci�n tributaria o del monopolio de licores, la comparaci�n proceder� contra los recaudos provenientes de id�nticos elementos de manera mensual.

hacer los ajustes para que las sumas recaudadas sean comparables mes a mes, de la siguiente manera:

1. En el evento de haberse modificado la tarifa, se tomar� como base de c�lculo del a�o a compensar el valor del recaudo disminuido en el porcentaje, proporci�n o monto en que se haya aumentado la tarifa y as� compararlo con el recaudo de referencia.

2. En el caso de desaparecer de las cuentas de la entidad territorial uno de sus tributos por haberse fusionado con otro de otra entidad territorial, el monto comparable del recaudo ser� transferencia que la entidad territorial que administra el recaudo le haga a la primera.

3. Si la fusi�n es con un impuesto de la misma entidad territorial se tomar� la sumatoria del recaudo de los tributos fusionados y se comparar� con la sumatoria de los dos tributos que exist�an independientemente.

4. Si como resultado de la fusi�n la entidad territorial debe administrar el recaudo de los tributos fusionados, se tomar� el valor total del recaudo y se le restar�n las transferencias que ordena las normas legales y ese resultado ser� la base comparable.

F. La compensaci�n se liquidar� mensualmente, con base en la certificaci�n, remitida por el Secretario de Hacienda Departamental o quien haga sus veces, a la Direcci�n General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. Una vez recibida y calculado el monto global y el correspondiente a cada entidad territorial por parte de la Direcci�n mencionada, �sta emitir� un Documento de Instrucci�n de Pago - DIP contra la apropiaci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico con destino a la Direcci�n del Tesoro Nacional para que haga el giro correspondiente antes o en el mismo d�a calendario del mes siguiente al env�o de la certificaci�n por parte del Secretario de Hacienda Departamental o quien haga sus veces a la Direcci�n del Presupuesto General de la Naci�n. El mismo procedimiento se realizar� para el giro en el mes de enero del a�o 2000 en caso de resultar una compensaci�n a favor de las entidades territoriales en desarrollo del literal D de este art�culo.

ARTICULO TERCERO.-. COMPENSACI�N A LOS MUNICIPIOS. La compensaci�n consiste en la transferencia que la Naci�n hace a los municipios equivalente a la disminuci�n en el recaudo de los ingresos tributarios que los municipios experimenten en los a�os de 1999 y 2000, respecto de los recaudos provenientes de los ingresos comparables que haya obtenido en la vigencia fiscal de 1998, conforme a las siguientes reglas:

B. La compensaci�n ser� equivalente a la diferencia que resulte de comparar el monto mensual de los ingresos tributarios en el a�o de 1998, valorados en precios constantes, en los t�rminos descritos en el presente Decreto, frente al valor de los mismos ingresos, con elementos comparables, recaudados para el mismo mes durante el a�o respectivo.

C. La Secretar�a de Hacienda Municipal o quien haga sus veces ser� la encargada de certificar los valores correspondientes a los recaudos de las cifras que servir�n de base para hacer la comparaci�n. La certificaci�n del recaudo de 1998 se ajustar� con la inflaci�n proyectada para 1999 que es equivalente al quince por ciento [15%]; la del a�o 1999, para determinar la compensaci�n en ese a�o, se har� teniendo en cuenta los recaudos efectivos por cada rengl�n rent�stico involucrado; para la compensaci�n que proceda en el a�o 2000 se tomar� en cuenta el recaudo de 1998 ajustada con el �ndice de precios al consumidor que resulte para el a�o de 1999 y la inflaci�n proyectada para el a�o 2000, para ser comparado este resultado con los recaudos efectivos de cada mes del a�o 2000. Para la realizaci�n de estos c�lculos se tendr� en cuenta el elemento de comparabilidad al que se refiere el literal siguiente.

Para complementar la compensaci�n del a�o de 1999, adicional al procedimiento establecido en el inciso anterior, en el mes de enero del a�o 2000 se har� la sumatoria del recaudo de todos los meses del a�o de 1998 y se comparar� con los recaudos de todos los meses del a�o 1999, en la misma forma descrita en el precedente inciso. Si llegar� a resultar alguna suma adicional para ser compensada, as� se determinar� y el giro se har� antes del 30 de enero del a�o 2000.

El valor de la compensaci�n no exceder�, en el a�o de 1999, al ochenta por ciento [80%] y en el a�o 2000 al sesenta por ciento [60%] de la diferencia entre lo recaudado en 1998 y lo recaudado en esos a�os, determinados seg�n lo dispuesto en el inciso anterior ni tampoco podr� exceder al setenta por ciento [70%] para los municipios del Departamento del Quind�o o del treinta por ciento [30%] en los municipios ubicados en los dem�s departamentos a los que se refieren los Decretos 195 y 223 de 1999, del monto recaudado por los ingresos tributarios en 1998 ajustados por la inflaci�n proyectada, equivalente al quince por ciento [15%] para 1999 y ajustados por el �ndice de Precios al consumidor de 1999 y la inflaci�n proyectada para el a�o 2000, para este �ltimo a�o.

D. Para determinar la comparabilidad de los recaudos de los ingresos se proceder� de la siguiente forma:

b. Si para los a�os de 1999 y 2000 contin�an los mismos ingresos con los mismos elementos de la obligaci�n tributario y en los mismos niveles durante cada uno de los meses, la comparaci�n se har� directamente, en forma mensualizada.

c. Si en el a�o de 1998 se empez� a recaudar un ingreso que no se recaud� en todos los meses del a�o, la comparaci�n s�lo proceder� en los meses en que haya existido el recaudo.

d. Si en el transcurso de los a�os 1998, 1999 y 2000 var�a alguno de los elementos de la obligaci�n tributario la comparaci�n proceder� contra los recaudos provenientes de id�nticos elementos de manera mensual.

En consecuencia, si vari� alguno de los elementos mencionados se deber�n hacer los ajustes para que las sumas recaudadas sean comparables mes a mes, de la siguiente manera:.

2. En el caso de desaparecer de las cuentas de la entidad territorial uno de sus tributos por haberse fusionado con otro de otra entidad territorial, el monto comparable del recaudo ser� la transferencia que la entidad territorial que administra el recaudo le haga a la primera.

3. S� la fusi�n es con un impuesto de la misma entidad territorial se tomar� la sumatoria del recaudo de los tributos fusionados y se comparar� con la sumatoria de los dos tributos que exist�an independientemente.

E.- Para el caso del corregimiento de Barrag�n en el municipio de Tulu� del

departamento del Valle del Cauca, con el fin de obtener la compensaci�n, la entidad territorial aplicar� los criterios contemplados para la compensaci�n a los municipios, en el art�culo 21 del Decreto 258 de 1999 y esta reglamentaci�n, en el porcentaje que represente el producido que ese corregimiento genere sobre el total de los ingresos tributarios del municipio.

F. La compensaci�n se liquidar� mensualmente, con base en la certificaci�n remitida, por el Secretario de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, a la Direcci�n General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. Una vez recibida y calculado el monto global y el correspondiente a cada entidad territorial por parte de la Direcci�n, mencionada, �sta emitir� un Documento de Instrucci�n de Pago - DIP contra la apropiaci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico con destino a la Direcci�n del Tesoro Nacional para que haga el giro correspondiente antes o en el mismo d�a calendario del mes siguiente al env�o de la certificaci�n por parte del Secretario de Hacienda Municipal o quien haga sus veces a la Direcci�n del Presupuesto General de la Naci�n. El mismo procedimiento se realizar� para el giro en el mes de enero del a�o 2000 en caso de resultar una compensaci�n a favor de las entidades territoriales en desarrollo del literal C. de este art�culo.

ARTICULO CUARTO.-.REQUISITOS PARA ACCEDER A LA COMPENSACI�N. Para acceder a la compensaci�n las entidades territoriales a las que se refieren los decretos 195 y 223 ambos de 1999, deber�n cumplir con los siguientes requisitos:

A. No incrementar, despu�s de que entren a regir los decretos que establecieron la compensaci�n, los salarios ni las prestaciones sociales de los servidores p�blicos, por encima de la inflaci�n esperada para el a�o en que se pretenda la compensaci�n.

B. No aumentar el n�mero de empleos en la planta de personal de la entidad territorial. Las modificaciones internas de la planta de personal, no podr�n aumentar su costo total.

C. No crear beneficios tributarios, sin perjuicio de los que se puedan causar por normas dictadas con anterioridad. En caso de crearse un beneficio tributario, la base que se tomar� en cuenta para compensar ser� disminuida en la cuant�a que ese beneficio afecte el recaudo. Si se crea un beneficio tributario y �ste produce un aumento en el recaudo la base de c�lculo ser� lo que efectivamente ingrese.

Par�grafo. La violaci�n de lo dispuesto en los literales A. y B. de este art�culo ocasionar� la terminaci�n inmediata y definitiva de la compensaci�n por las sumas no causadas.

ART�CULO QUINTO.-. CONTENIDO DE LA INFORMACION. Para efectos de recibir la compensaci�n, los secretarios de hacienda departamentales y municipales o quienes hagan sus veces deber�n enviar debidamente diligenciado, a la Direcci�n General del Presupuesto Nacional, el formulario que el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico elabore para estos efectos, acompa�ado con la siguiente informaci�n.

A. La certificaci�n de la planta de personal vigente al momento del terremoto, acompa�ada de los valores correspondientes a los salarios y las prestaciones de los servidores p�blicos de la respectiva entidad territorial.

B. Identificar la cuenta a la cual la Direcci�n del Tesoro Nacional har� el giro correspondiente.

C. En el caso del municipio de Tulu� en el Departamento del Valle del Cauca, el porcentaje de los ingresos tributarios que se originen en el corregimiento de Barrag�n respecto del total de los ingresos del mencionado municipio.

ARTICULOSEXTO.-. ANTICIPOS. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, Direcci�n del Tesoro Nacional, podr� efectuar anticipos a las entidades territoriales con cargo a los montos de las compensaciones a que hace referencia el presente Decreto.

Sin perjuicio de lo anterior, los giros correspondientes a las compensaciones de los meses de febrero, marzo y abril de 1999 se har�n a m�s tardar el 15 de mayo de 1999.

Para los anticipos se utilizar� el mismo mecanismo descrito en los literales F de los art�culos segundo y tercero de este Decreto.

ART�CULO S�PTIMO.-.En virtud de lo establecido en el inciso segundo del art�culo 10� del Decreto 350 de 1999, los municipios que reciban la compensaci�n deber�n continuar transfiriendo las sumas a su cargo por concepto de impuesto predial sobre las sumas efectivamente recaudadas por dicho impuesto sin tener en cuenta las transferencias de la Naci�n, por concepto de la compensaci�n.

La compensaci�n a la que se refiere el art�culo 45 del Decreto 350 de 1999, en sus incisos segundo y tercero, se calcular� descontando la transferencia que los municipios hagan en los t�rminos del anterior inciso.

ART�CULO OCTAVO.-.Para efectos de calcular los factores que sirven de base para determinar las transferencias de la Naci�n, a las entidades territoriales, el monto de la compensaci�n que la Naci�n haga a �stas en virtud de este Decreto, ser� tenido como un esfuerzo y recaudo propio. Igualmente, ser� tenida en cuenta la compensaci�n como parte de los ingresos corrientes de las entidades territoriales para determinar su capacidad de pago.

El plazo para la presentaci�n de informaci�n del comportamiento de las finanzas territoriales, que por las disposiciones legales se deba hacer, ser� aumentado en dos meses para las entidades territoriales a las que se refiere este Decreto.

Para calcular las transferencias que las entidades territoriales deban hacer, en virtud de disposiciones legales, no se tomar� en cuenta la compensaci�n que en virtud de este Decreto haga la Naci�n.

1�. Con el fin de conjurar y evitar la extensi�n de los efectos de la calamidad p�blica producida por el terremoto del d�a 25 de enero de 1999, con fundamento en las facultades previstas en el art�culo 215 de la Constituci�n Pol�tica, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 195 del a�o en curso declar� en estado de emergencia econ�mica, social y ecol�gica los municipios afectados por aqu�l fen�meno natural, a saber:

82�. Posteriormente, el Decreto 223 de 5 de febrero de 1999 adicion� el art�culo 1� del citado Decreto 195 de 1999, en el sentido de incluir al municipio de G�nova del Departamento del Quind�o, como entidad territorial tambi�n afectada por el sismo ocurrido el d�a 25 de enero de 1999.

103�. Para hacer frente a la situaci�n de calamidad p�blica causada por el terremoto en referencia, en desarrollo del estado de excepci�n en referencia y con fundamento en las atribuciones previstas en el art�culo 215 de la Carta, en concordancia con lo reglado en la Ley 137 de 1994, el Gobierno Nacional expidi� el Decreto 258 del 11 de febrero de 1999, a trav�s del cual se adoptaron medidas de diverso orden, entre ellas, unas consistentes en el establecimiento de mecanismos que permitan a los municipios y departamento afectados, compensar la p�rdida que sufrir�n en sus ingresos tributarios por raz�n de la crisis producida en la zona, para que de ese modo puedan cumplir sus funciones y atender las necesidades de sus habitantes.

12Tales medidas est�n consignadas en los art�culos 21, 22 y 23 del Decreto legislativo 258 de 1999 en menci�n. La primera de esas normas dispone lo siguiente:

14"Art�culo 21.Compensaci�n a los municipios afectados.Durante los a�os de 1999 y 2000, la Naci�n compensar� a los municipios a los que se refieren los Decretos 195 y 223 de 1999, la diferencia entre los ingresos tributarios en t�rminos constantes recaudados en el a�o 1998 y los ingresos tributarios que recauden efectivamente en los a�os 1999 y 2000.

15"La compensaci�n se determinar� como el valor que resulte de comparar el monto mensual de los ingresos tributarios recaudados en el a�o de 1998 valorados en precios constantes, frente al valor de los ingresos tributarios recaudados para el mismo mes durante el a�o respectivo. Para efectos del pago de la compensaci�n se aplicar�n las siguientes reglas:

17"1. Los ingresos tributarios se determinar�n en precios constantes de 1998, teniendo en cuenta para el efecto la inflaci�n proyectada por el Banco de la Rep�blica para el a�o de 1999. Para el a�o 2000 se tomar� en cuenta el �ndice de precios al consumidor para el a�o 1999, as� como la inflaci�n proyectada para el a�o 2000.

19"2. El valor de la compensaci�n no exceder� en el a�o 1999 del ochenta por ciento (80%) y en el a�o 2000 del sesenta por ciento (60%) de la diferencia entre lo recaudado en 1998 y lo recaudado en esos a�os ni del monto de los ingresos tributarios valorados en precios constantes que corresponda al porcentaje que para las exenciones tributarias establece el art�culo sexto seg�n el departamento al que pertenezca el respectivo municipio.

21"3. La compensaci�n se liquidar� mensualmente. Para estos efectos el respectivo Secretario de Hacienda o quien haga sus veces certificar�n mensualmente ante la Direcci�n General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico el recaudo efectivamente realizado de conformidad con lo dispuesto en este art�culo y el realizado en el respectivo mes del a�o anterior.

23"4. La Direcci�n del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico girar� en el mes siguiente a la presentaci�n de la certificaci�n por parte del Secretario de Hacienda municipal o quien haga sus veces los recursos correspondientes a compensaci�n de que trata el presente art�culo".

26Por su parte, con relaci�n a la compensaci�n de los ingresos tributarios de los departamentos damnificados, en el art�culo 22 ib�dem se estatuye:

28"Art�culo 22.Compensaci�n a los departamentos afectados.Durante los a�os de 1999 y 2000, la Naci�n compensar� a los departamentos en los cuales se encuentren los municipios a los que se refieren los Decretos 195 y 223 de 1999 la diferencia entre los ingresos tributarios en t�rminos constantes recaudados en el a�o 1998 y los ingresos tributarios que recauden en los a�os 1999 y 2000.

29"Para efectos del pago de la compensaci�n se aplicar�n las siguientes reglas:

31"1. Para efectos de establecer el valor de la compensaci�n, se determinar� el porcentaje que representa la poblaci�n de los municipios a que se refieren los decretos mencionados en el primer inciso respecto del total de la poblaci�n del departamento, seg�n los datos del �ltimo censo realizado por el DANE.

33"2. La compensaci�n ser� equivalente al monto que resulte de aplicar el porcentaje mencionado en el inciso anterior a la diferencia que resulte de comparar el monto mensual de los ingresos tributarios recaudados en el a�o 1998 valorados en precios constantes, frente al valor de los ingresos tributarios recaudados para el mismo mes durante el a�o respectivo.

35"3. Los ingresos tributarios se determinar�n en precios constantes de 1998, teniendo en cuenta para el efecto la inflaci�n proyectada por el Banco de la Rep�blica para el a�o de 1999. Para el a�o 2000 se tomar� en cuenta el �ndice de precios al consumidor para el a�o 1999 as� como la inflaci�n proyectada para el a�o 2000.

37"4. El valor de la compensaci�n no exceder� en el a�o 1999 del ochenta por ciento (80%) y en el a�o 2000 del sesenta por ciento (60%) de la diferencia entre lo recaudado en 1998 y lo recaudado en esos a�os.

39"5. La compensaci�n se liquidar� mensualmente. Para estos efectos el respectivo Secretario de Hacienda o quien haga sus veces certificar�n mensualmente ante la Direcci�n General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito p�blico el recaudo efectivamente realizado de conformidad con lo dispuesto en este art�culo y el realizado en el mes anterior.

41"6. La Direcci�n del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito p�blico girar� en el mes siguiente a la presentaci�n de la certificaci�n por parte del Secretario de Hacienda departamental o quien haga sus veces los recaudos correspondientes a compensaci�n de que trata el presente art�culo.

43"7. Los ingresos que reciban los departamentos por concepto de lo dispuesto en este art�culo se destinar�n al funcionamiento de los departamentos en los municipios afectados".

454�. Adicionalmente a las normas antes transcritas, en el art�culo 23 de ese mismo Decreto se establecieron las siguientes reglas comunes para las dos disposiciones en referencia:

47"Art�culo 23.Reglas comunes a lo dispuesto en los dos art�culos anteriores.Para tener derecho a la compensaci�n de que tratan los dos art�culos anteriores y el presente art�culo, los departamentos y municipios respectivos no podr�n incrementar en t�rminos reales los salarios ni prestaciones sociales de los servidores p�blicos de la respectiva entidad territorial, ni aumentar la planta de personal durante los a�os 1999 y 2000.

49"La Naci�n-Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico podr� efectuar anticipos con cargo a los montos que estime, se deber�n girar por raz�n de las compensaciones a que se refiere los dos art�culos anteriores.

51"Cuando quiera que en desarrollo de las disposiciones aplicables las entidades territoriales concedan beneficios tributarios, las compensaciones de que tratan los art�culos 21 y 22 del presente Decreto, se reducir�n en la misma cuant�a del impacto que dichos beneficios causen sobre el recaudo".

535�. Las medidas antes indicadas fueron complementadas a su vez con los art�culos 10 y 45 del Decreto legislativo 350 de 1999, dictado igualmente en ejercicio de las facultades asumidas por el Gobierno Nacional en virtud del estado de excepci�n declarado mediante los decretos 195 y 222 de 1999.

57"Art�culo 10. Para efectos de lo dispuesto en el art�culo 22 del Decreto 258 de 1999, para determinar el monto de la compensaci�n a que se refiere dicho art�culo se incluir�n dentro de los ingresos que se toman como base del c�lculo aquellos provenientes de los monopolios de licores.

59"As� mismo, los municipios que reciban compensaciones en desarrollo del art�culo 21 del Decreto 258 de 1999 deber�n transferir las sumas a su cargo por concepto de impuesto predial a las corporaciones aut�nomas regionales".

63"Art�culo 45. Las Corporaciones Aut�nomas Regionales de Risaralda y Quind�o quedan exentas del pago de los aportes al Fondo de Compensaci�n Ambiental, creado por la Ley 344 de 1997, por el t�rmino de tres a�os contados a partir de la expedici�n del presente Decreto.

65"Las Corporaciones Aut�nomas Regionales del Quind�o y Risaralda recibir�n una compensaci�n equivalente al ochenta por ciento y al cincuenta por ciento respectivamente de la reducci�n de sus ingresos por concepto de su participaci�n en el impuesto predial causado en los municipios a los cuales se refieren los decretos 195 y 223 de 1999.

67"La compensaci�n a que se refiere el presente art�culo ser� cubierta por el Fondo de Compensaci�n Ambiental y por el Fondo de Reconstrucci�n y Desarrollo Social del Eje Cafetero por partes iguales, en virtud de un contrato que celebrar�n con las Corporaciones para el efecto.

69"El Fondo de Compensaci�n Ambiental deber� entrar en operaci�n a m�s tardar en el segundo trimestre de 1999".

716�. Los referidos mecanismos de compensaci�n tributaria para las entidades territoriales, previstos en los decretos legislativos 258 y 350 de 1999, fueron reglamentados por el Decreto 812 del 7 de mayo de 1999, objeto del presente control inmediato de legalidad.

76De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994,"por la cual se regulan los estados de excepci�n", las medidas de car�cter general que se dicten en ejercicio de la funci�n administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepci�n, poseen uncontrol inmediato de legalidad,que, en trat�ndose de las expedidas por autoridades del orden nacional, corresponde ejercerlo al Consejo de Estado.

78El Decreto sometido a revisi�n, esto es, el n�mero 812 del 7 de mayo de 1999 dictado por el Presidente de la Rep�blica, es reglamentario de los decretos legislativos n�meros 258 y 350 de 1999, los cuales, a su vez, son desarrollo de los decretos 195 y 223 de 1999, mediante los cuales el Gobierno Nacional declar� el estado de emergencia econ�mica, social y ecol�gica de que trata el art�culo 215 de la Carta, raz�n por la cual, aqu�l se halla sujeto al control inmediato de legalidad previsto en la Ley 137 de 1994, por parte de esta Corporaci�n.

83Seg�n lo reglado en el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica, todo acto que expida el Presidente de la Rep�blica en calidad de Jefe de Gobierno, debe ser suscrito por el Ministro del respectivo ramo o por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, toda vez que, seg�n los preceptos de los incisos segundo y tercero del citado canon constitucional, para cada asunto en particular, el Gobierno, en lo nacional, se integra de la manera ya se�alada.

85El Decreto 812 de 1999, seg�n consta en las firmas en �l impuestas, fu� expedido por el Presidente de la Rep�blica con el concurso del Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, en ejercicio de la potestad reglamentaria que le otorga el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n, y en desarrollo de las normas previstas en los Decretos Legislativos 258 y 350 de 1999, relativas a la compensaci�n de ingresos tributarios para los municipios y departamentos afectados con el terremoto ocurrido el d�a 25 de enero de 1999.

87En tal virtud, como quiera que la materia de que trata el Decreto 812 de mayo de 1999 es el establecimiento de una compensaci�n tributaria para determinadas entidades territoriales, como reglamento de las medidas que sobre el tema prev�n los Decretos Legislativos 258 y 350 de 1999, es claro que el primero de los Decretos mencionados cumple con los requisitos de forma en cuanto tiene que ver con las autoridades que lo expidieron.

91De conformidad con lo expresado por esta Corporaci�n en sentencia del 3 de mayo de 1999

92, el control inmediato de legalidad previsto en el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994, sobre los actos administrativos de car�cter general dictados en desarrollo de los decretos legislativos expedidos bajo los"estados de excepci�n", el estudio del Decreto 812 de 1999 debe comprender igualmente los aspectos de conexidad, proporcionalidad y necesidad.

95Sea lo primero advertir, que la expedici�n de los Decretos Legislativos n�meros 258 y 350 de 1999 tuvo como motivaci�n y finalidad, la adopci�n de medidas dirigidas de modo directo y exclusivo a los objetivos que en su momento justificaron la declaraci�n del estado de emergencia econ�mica, social y ecol�gica mediante el Decreto 195 de 1999, adicionado a trav�s del Decreto 223 del mismo a�o, encaminadas por consiguiente a restaurar el orden econ�mico y social perturbado en forma grave por la calamidad p�blica originada en el terremoto sucedido el d�a 25 de enero del a�o en curso, que afect� a los municipios y departamentos del eje cafetero antes relacionados.

97Entre los instrumentos adoptados, se encuentran unos de tipo tributario y presupuestal tendientes a reducir el impacto negativo en los ingresos tributarios de las entidades territoriales que sufrieron el mencionado desastre natural, para cuyo efecto se dispuso en los art�culos 21, 22 y 23 del Decreto 258 de 1999 y 10 del Decreto 350 de 1999, el establecimiento de una compensaci�n durante los a�os 1999 y 2000, por la disminuci�n que aqu�llas sufran en sus ingresos tributarios, los cuales y en lo que tiene que ver con esa materia en particular, en ejercicio del control autom�tico consagrado en los art�culos 215 y 241 numeral 7� de la Carta, fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-327 y C-328 del 12 de mayo de 1999, con la sola excepci�n, para el caso, del inciso primero del art�culo 23 del Decreto 258 de 1999, que fu� declarado inexequible, cuyo texto dec�a:

98"Para tener derecho a la compensaci�n de que tratan los dos art�culos anteriores y el presente art�culo, los departamentos y municipios respectivos no podr�n incrementar en t�rminos reales los salarios y prestaciones sociales de los servidores p�blicos de la respectiva entidad territorial, ni aumentar la planta de personal durante los a�os 1999 y 2000".

100En efecto, el pronunciamiento de constitucionalidad respecto de los art�culos 21, 22 y 23 del Decreto Legislativo 258 de 1999, fu� el siguiente:

101"Para la Corte la compensaci�n consagrada en las disposiciones antes descritas tiene un fin espec�fico: solventar la situaci�n financiera de los municipios y departamentos que resultaron damnificados con el terremoto ocurrido el 25 de enero del presente a�o, los cuales se ver�n seriamente afectados en sus finanzas debido a la situaci�n econ�mica en que quedaron los habitantes de esa regi�n y la destrucci�n de sus bienes muebles e inmuebles, quienes no podr�n cubrir sus obligaciones tributarias en la cuant�a calculada por el fisco, pues como bien lo expresa el apoderado del Ministerio de Hacienda y Cr�dito p�blico, dada la destrucci�n total en ciertos casos y los graves da�os ocasionados a los inmuebles en otros, el recaudo por parte de las entidades territoriales del impuesto predial ser� menor; lo mismo ocurre con el pago del impuesto de industria y comercio, circunstancias, que, a juicio de la Corte, tendr�n honda repercusi�n en los gastos, obras e inversiones que se pretend�an realizar por parte de la administraci�n departamental y municipal. Adem�s, el interviniente cita"la incidencia en la capacidad de consumo en la regi�n que produce que los recaudos fincados en juegos de suerte y azar, sobretasa a la gasolina, el impuesto sobre veh�culos, entre otros, resulten seriamente reducidos cuando no equivalentes a cero".Esta la raz�n para que se les traslade recursos del presupuesto nacional con el fin de compensar la escasez de recursos en la cuant�a correspondiente a la diferencia que exista entre los ingresos tributarios recaudados en el a�o de 1998 y los que recauden efectivamente en los a�os 1999 y 2000, lo cual encaja dentro de las atribuciones del legislador de excepci�n frente a casos de calamidad p�blica".(Sentencia C-327 de 12 de mayo de 1999, M.P.: Dr. Carlos Gaviria D�az).

105"La compensaci�n en s� misma, en criterio de la Corte, tampoco viola el principio de autonom�a de las entidades territoriales, pues se trata de la aplicaci�n plena del principio de solidaridad frente a una calamidad p�blica como la ocurrida en el eje cafetero, dentro del marco del Estado unitario. En consecuencia, el legislador de excepci�n en ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 215 de la Constituci�n, est� obligado a adoptar todas las medidas que sean id�neas y eficaces para conjurar la crisis presentada e impedir que �sta se extienda. No se olvide que 'a la Ley corresponde definir y defender los intereses nacionales, y para ello puede intervenir en los asuntos locales, siempre que no se trate de materias de competencia exclusiva de las entidades territoriales. En cualquier caso hay que tener en cuenta que de lo que se trata es de armonizar los distintos intereses, y no simplemente de delimitarlos y separarlos. Por esto, generalmente las competencias que se ejercen en los distintos niveles territoriales no son excluyentes. Por el contrario, dichas competencias, como lo se�ala la propia Constituci�n, deben ejercerse dentro de los principios de coordinaci�n, concurrencia y subsidiariedad'.

107"As� las cosas, los art�culos 21, 22 y 23 del Decreto 258/99 ser�n declarados constitucionales, salvo el inciso primero de la �ltima norma citada, la cual es contraria al ordenamiento constitucional, concretamente a lo dispuesto en los art�culos 53, 215, 300-7, 313-6, 305-7 y 315-7 como pasa a demostrarse.

109"El inciso mencionado consagraba que'para tener derecho a la compensaci�n de que tratan los dos art�culos anteriores y el presente art�culo, los departamentos y municipios respectivos, no podr�n incrementar en t�rminos reales los salarios ni prestaciones sociales de los servidores p�blicos de la respectiva entidad territorial, ni aumentar la planta de personal durante los a�os de 1999 y 2000'".

112Con relaci�n al precepto del art�culo 10 del Decreto Legislativo 350 de 1999, al declarar su constitucionalidad, esa misma Corporaci�n manifest�:

114"Finalmente, el art 10 del Decreto 350 de 1999 dispone que para efectos de lo preceptuado en el art�culo 22 del Decreto 258 de 1999, en orden a determinar el monto de la compensaci�n que la Naci�n reconocer� a losdepartamentosen los cuales se encuentren los municipios a los que se refieren los decretos 195 y 223 de 1999 - que corresponder� a la diferencia entre los ingresos tributarios en t�rminos constantes recaudados en 1998 y los que se recauden en los a�os 1999 y 2000 -, se incluir�n dentro de los ingresos que se toman como base del c�lculo, aquellos provenientes de los monopolios de licores. As� mismo, el art�culo 23 del Decreto en menci�n establece unas condiciones que deben cumplir los departamentos para ser beneficiarios de esa compensaci�n.

116"Como se ha se�alado repetidamente, el legislador extraordinario est� facultado para expedir medidas destinadas a conjurar la situaci�n que motiv� la declaratoria del estado de excepci�n, a�n de car�cter tributario, que en este caso, est�n dirigidas a lograr la reactivaci�n y la recuperaci�n econ�mica y social de los municipios del eje cafetero afectados por la calamidad p�blica".

118"Es indudable que el mayor apoyo que para los fiscos departamentales implica la ampliaci�n de la base del computo para efectos de la compensaci�n con las rentas derivadas de ese monopolio, favorece a los fiscos de los departamentos afectados con la tragedia, lo que los (sic) permitir� contar con ingresos adicionales para atender el funcionamiento la (sic) administraci�n en medio de la reconstrucci�n y recuperaci�n de la regi�n, lo que permite concluir que no contradice la Carta Pol�tica".(Sentencia C-328 de 12 de mayo de 1999, M.P. Dra. Martha Victoria S�chica M.).

120Y respecto de las transferencias que por concepto de impuesto predial deben efectuar los municipios a las Corporaciones Aut�nomas Regionales, el Juez de Constitucionalidad expres�:

122"Es evidente que el legislador extraordinario est� habilitado por la Constituci�n para disponer temporalmente, la transferencia de las sumas a su cargo de los municipios afectados por concepto de impuesto predial a las corporaciones aut�nomas regionales, entidades que tienen a su cargo entre sus principales funciones el manejo y conservaci�n del ambiente y de los recursos naturales y que en el caso del terremoto acaecido en la zona cafetera, son las indicadas para atender los da�os ecol�gicos causados por ese fen�meno. Es obvio que tal transferencia debe hacerse en los porcentajes establecidos por la Ley y de acuerdo con los planes de desarrollo de los respectivos municipios, tal y como lo ordena el estatuto superior. En consecuencia, el art�culo 21 ser� declarado exequible".(Ib�dem).

1283.2 Entidades territoriales beneficiarias de la compensaci�n (art�culo 1�).

130Los municipios y departamentos a quienes seg�n el art�culo 1� del Decreto 812 de 1999 debe aplicarse la medida de compensaci�n, en valores constantes, de la diferencia de los ingresos tributarios para los a�os 1999 y 2000, respecto de lo recaudado por ellas en el a�o 1998, corresponden exactamente a los mismos que para ese efecto se�alan los art�culo 21 y 22 del Decreto Legislativo 258 de 1999, a saber:

139Por consiguiente, la norma en comento se ajusta a derecho, pues, las citadas entidades territoriales son precisamente las relacionadas en los art�culos 1� del Decreto 195 de 1999 y 1� del Decreto 223 de ese mismo a�o, respecto de las cuales se declar� el estado de emergencia econ�mica, social y ecol�gica, y que por ende, son aquellas que demandan el beneficio creado en los art�culos 21 y 22 de los Decretos 258 y 350 de 1999.

1413.3 Determinaci�n de la compensaci�n para los departamentos (art�culo 2�).

143Seg�n lo reglado en el art�culo 2�, la compensaci�n consiste en la transferencia que la Naci�n debe hacer a los departamentos, en la misma proporci�n de la disminuci�n que estos registren en los a�os 1999 y 2000 tanto en sus ingresos tributarios, como por concepto de los recursos derivados de la explotaci�n del monopolio de licores, por comparaci�n de los recaudos por ellos obtenidos en la vigencia fiscal de 1998, norma esta que corresponde al precepto del art�culo 22 del Decreto-Legislativo 258 de 1999 objeto de reglamentaci�n.

145En el mismo art�culo 2� que se examina, en seis literales separados se establecen las reglas bajo las cuales debe efectuarse la compensaci�n en referencia, tal como pasa a analizarse a continuaci�n:

149Se determina que la compensaci�n estar� integrada por dos componentes independientes, con cada uno de los cuales deber� formarse una cuenta separada, a saber: una para los ingresos de los distintos tributos de orden departamental, y otra, para los recaudos provenientes del ejercicio del monopolio de licores.

151Ese doble componente de la compensaci�n encuentra fundamento, por una parte, en el art�culo 22 del Decreto 258 de 1999, en el cual se prev� el citado beneficio respecto de la disminuci�n de los recursos de naturaleza tributaria, como son por ejemplo, los que para tales entidades territoriales consagra la Ley en general y el C�digo de R�gimen Departamental (Decreto-Ley 1222 de 1986) en particular, tales como el impuesto de timbre sobre veh�culos automotores, el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, impuesto al consumo de cervezas, impuesto de deg�ello de ganado mayor, impuesto sobre los premios de loter�as, impuesto de registro y anotaci�n, la estampilla prodesarrollo departamental, etc.

153De otra parte, el segundo elemento de la compensaci�n se encuentra consagrado en el art�culo 10� del Decreto 350 de 1999, seg�n el cual, la base del c�lculo de los ingresos a compensar comprende tambi�n los derivados del monopolio que los departamentos tienen respecto de la producci�n, introducci�n y venta de licores destilados, como arbitrio rent�stico, seg�n lo establecido en el art�culo 61 de la Ley 14 de 1983 (121 del C�digo de R�gimen Departamental), el cual, por cierto, es una de las principales - si no la mayor - fuente de ingresos para los departamentos.

155La conexidad y necesidad de la medida es clara, toda vez que, los factores que deben ser tomados en cuenta para estimar el monto de la compensaci�n son justamente los mismos que determinan los decretos legislativos objeto de reglamentaci�n, que, desde el punto de vista t�cnico resulta necesario un tratamiento en cuentas separadas para fines de su contabilizaci�n y destinaci�n posterior, ya que los ingresos que perciben los departamentos en ejercicio pleno del monopolio en referencia no tienen una naturaleza tributaria, salvo cuando estas optan por gravar las industrias y actividades relativas a la producci�n, introducci�n y venta de licores destilados, seg�n lo autoriza la norma arriba citada. Y en lo que tiene que ver con la destinaci�n de tales recursos, debe estarse a lo normado en el inciso quinto del art�culo 336 constitucional, conforme al cual,"las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de licores, estar�n destinadas preferentemente a los servicios de salud y educaci�n".

1563.3.2 Sujeci�n de la liquidaci�n al porcentaje poblacional (literal B).

157Se dispone que para liquidar el valor de la compensaci�n, se determinar� el porcentaje que representa la poblaci�n de los municipios afectados respecto del total de la poblaci�n del departamento, seg�n los datos del �ltimo censo realizado por el DANE.

159La norma consulta los criterios de conexidad y proporcionalidad, por cuanto el beneficio de la compensaci�n se establece en favor de los departamentos afectados con la calamidad p�blica originada por el sismo del d�a 25 de enero de 1999, con el fin exclusivo de contribuir a conjurar la situaci�n de emergencia y evitar la extensi�n de sus efectos, por lo que la medida resarcitoria en comento debe guardar correspondencia y conformidad con la poblaci�n necesitada de la ayuda que el instrumento de compensaci�n de ingresos comporta, raz�n por la que resulta adecuado el criterio adoptado para ese efecto, en el sentido de incluir como elemento de la liquidaci�n del beneficio para cada departamento, el porcentaje poblacional de los municipios que sufrieron la tragedia natural por la que se declar� el estado de excepci�n, aspecto �ste que inclusive se encuentra previsto en el numeral 1� del art�culo 22 del Decreto Legislativo 258 de 1999, motivos por los cuales, el precepto en comento no ofrece reparos de legalidad.

162Tal como lo dispone el numeral 2� del Decreto Legislativo 258 de 1999, seg�n el literal C) del art�culo 2� del decreto objeto de revisi�n, la compensaci�n ser� equivalente al monto resultante de aplicar el porcentaje de que trata el literal B del art�culo 2� en estudio, a la diferencia derivada de la comparaci�n, mes a mes, entre el monto de los ingresos tributarios y los provenientes del monopolio de licores recaudado por cada departamento en 1998, estimados en precios constantes, y el valor de los mismos para los a�os 1999 y 2000.

164Se trata entonces, de procurar que los departamentos perciban por tales conceptos, cuando menos, el equivalente a los valores recaudados en el a�o inmediatamente anterior a la fecha de ocurrencia del fen�meno natural que motiv� la declaraci�n del estado de emergencia, para que de esa manera puedan contar con los recursos m�nimos que les permita atender las necesidades de sus habitantes, asumi�ndose por parte de la Naci�n la transferencia de los recursos, con aplicaci�n de los factores y reglas establecidos para obtener la actualizaci�n del valor constante de las cifras recaudadas por los departamentos en el a�o 1998, pues, no se trata de reponer ingresos dejados de percibir por evasi�n o por falta de diligencia de las entidades territoriales en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de gesti�n, sino, de compensar la disminuci�n de ingresos en raz�n de la reducci�n del pago de los impuestos y de la generaci�n de recursos en el ejercicio del monopolio de licores por el hecho de la disminuci�n de la capacidad y condiciones de pago por parte de las personas cuyos bienes resultaron afectados por el terremoto, lo mismo que por el impacto negativo que ese hecho representa para el desarrollo de las actividades de producci�n, distribuci�n y venta de licores destilados, dadas las caracter�sticas y efectos de ese fen�meno natural.

166Por lo tanto, la directa y estrecha relaci�n de la medida con las normas objeto de reglamentaci�n y los hechos que originaron la expedici�n de estas �ltimas es evidente, al tiempo que es razonable y proporcional el instrumento dise�ado para enfrentar la situaci�n de emergencia que se busca conjurar, cuya aplicaci�n se conf�a a las autoridades y dependencias administrativas departamentales y nacionales competentes para ello, como son las Secretar�as de Hacienda Departamental o quienes hagan sus veces, y la Direcci�n General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.

1683.3.4 Procedimiento de comparaci�n del recaudo de ingresos (Literal E).

169Las reglas y procedimientos que para tal fin consagra esta parte de la norma, son adecuados al contenido y finalidad de la misma, pues, est�n dirigidos a establecer en forma sana y objetiva el valor constante de los recaudos del a�o 1998 para los a�os 1999 y 2000, sin propiciar ni patrocinar la inercia o la incuria en la gesti�n administrativa, ni tampoco la evasi�n tributaria, ni mucho menos una transferencia injustificada o desproporcionada de recursos del presupuesto nacional, por cuanto:

171a) Se excluyen de la base de c�lculo de la compensaci�n los nuevos tributos que empezaron a ser recaudados en el a�o 1999.

173b) La comparaci�n de ingresos s�lo procede respecto de los meses del a�o 1998 en que efectivamente fueron recaudados.

175c) Si en el transcurso de los a�os 1998, 1999 y 2000 var�a alguno de los elementos de la obligaci�n tributaria o del monopolio de licores, la comparaci�n procede contra los recaudos provenientes de id�nticos elementos de manera mensual. Por consiguiente, en el evento de existir variaci�n, se deben tomar en cuenta las siguientes reglas de ajuste:

�Si se ha modificado la tarifa, se debe tomar como base de c�lculo del a�o a compensar, el valor del recaudo disminuido en el porcentaje, proporci�n o monto en que haya aumentado la tarifa.

�Si desaparece un tributo de las cuentas de la entidad territorial por fusi�n con otro de otra entidad territorial, el monto comparable del recaudo ser� la transferencia que la entidad territorial que administra le haga a la primera.

�Si se produce fusi�n con otro impuesto de un mismo departamento, se debe tomar la sumatoria de los tributos fusionados, para compararla con la de los dos tributos que exist�an independientemente.

�Si como resultado de la fusi�n la entidad territorial debe administrar el recaudo de los tributos fusionados, se debe tomar el valor total del recaudo y restar las transferencias que ordenan las normas legales, cuyo resultado ser� la base comparable.

3.4 Determinaci�n de la compensaci�n para los municipios (art�culo 3�)

El contenido y reglas de la compensaci�n en la percepci�n de ingresos que en el art�culo 3� del Decreto 812 de 1999 se establece en favor de los municipios de que trata el art�culo 1� ib�dem, salvo los cuatro aspectos que a continuaci�n se analizan, son pr�cticamente iguales a los que el mismo Decreto se�ala en el art�culo 2� para el caso de los departamentos, raz�n por la que, el an�lisis y concepto de legalidad que sobre el particular se hace en la secci�n 3.3 de esta parte motiva de la providencia, es extensivo al art�culo 3�:

Como quiera que el monopolio sobre la producci�n, introducci�n y venta de licores destilados, la ley lo consagra �nicamente en favor de los departamentos, la compensaci�n de la disminuci�n de ingresos tributarios se debe hacer tomando tan solo la suma de los ingresos tributarios que la ley otorga en cabeza de los municipios, tales como: el impuesto predial unificado; de industria y comercio, avisos y tableros; de circulaci�n y tr�nsito de veh�culos automotores; de espect�culos p�blicos, de deg�ello de ganado menor; sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas; de apuestas mutuas; estampilla pro-electrificaci�n rural; valorizaci�n; participaci�n en el impuesto a las ventas, etc. (art�culos 172 a 248 del C�digo de R�gimen Municipal).

Por lo tanto, la exclusi�n que se hace para los municipios del componente relativo a los ingresos derivados de la explotaci�n del monopolio de licores destilados, se ajusta perfectamente a derecho.

3.4.2 No sujeci�n de la liquidaci�n de la comparaci�n al porcentaje poblacional de los municipios.

La raz�n para no incluirse en el art�culo 3� del Decreto 812 de 1999 este elemento para la determinaci�n de la liquidaci�n de los valores a compensar a los municipios con cargo al presupuesto de la Naci�n - s� previsto para el caso de los departamentos -, no es otra que el hecho de no estar contemplado en la norma objeto de reglamentaci�n, esto es, el art�culo 21 del Decreto Legislativo 258 de 1999, por lo que su establecimiento en la norma reglamentaria exceder�a el marco de �sta y las facultades del ejecutivo sobre la materia.

El monto de la compensaci�n se�alado en los literales B y C del art�culo 3�, en esencia corresponde al mismo indicado para los departamentos en el art�culo 2� del mismo Decreto 812 de 1999, cuyas reglas a su vez se encuentran establecidas en los art�culos 21 y 22 del Decreto Legislativo 258 de 1999, por lo que la valoraci�n consignada en la secci�n 3.3.3 de esta motivaci�n, con la salvedad de la respectiva equivalencia que de las autoridades all� mencionadas debe hacerse, esto es, entre seccionales y locales, es igualmente predicable respecto de las reglas previstas para determinar el monto de la compensaci�n de recursos en cuesti�n en favor de los municipios.

Sin embargo, es del caso agregar, que el inciso tercero del literal C) del art�culo 3� del Decreto 812 de 1999, adem�s de la regla similar prevista para los departamentos en el literal D) del art�culo 2� ib�dem, establece una variante espec�fica con relaci�n al m�ximo del porcentaje de los recursos materia de compensaci�n para cada municipio, al disponer que para los municipios del Departamento del Quind�o dicho tope"(�) tampoco podr� exceder

al setenta por ciento [70%] para los municipios del Departamento del Quind�o o del treinta por ciento [30%] en los municipios ubicados en los dem�s departamentos a los que se refieren los Decretos 195 y 223 de 1999, del monto recaudado por los ingresos tributarios en 1998 ajustados por la inflaci�n proyectada, equivalente al quince por ciento [15%] para 1999 y ajustados por el �ndice de Precios al consumidor de 1999 y la inflaci�n proyectada para el a�o 2000, para este �ltimo a�o.

La diferenciaci�n de esos techos porcentuales de la compensaci�n encuentra fundamento en el grado de mayor radio de acci�n de los efectos negativos sufridos por los municipios del Departamento del Quind�o con ocasi�n del terremoto, por comparaci�n con los registrados en los municipios de los otros cuatro departamentos tambi�n damnificados con ese hecho sismol�gico, en virtud de lo cual, la regla diferencial antes citada guarda proporci�n con los hechos que le sirven de sustento, coadyuvado especialmente por la disposici�n contenida en el numeral 1� del art�culo 22 del decreto legislativo 258 de 1999.

3.4. La compensaci�n para el corregimiento de Barrag�n del municipio de Tulu� (Literal E).

Al respecto, el literal E) del art�culo 3� del Decreto 812 de 1999 dispone:"Para el caso del corregimiento de Barrag�n en el municipio de Tulu� del departamento del Valle del Cauca, con el fin de obtener la compensaci�n, la entidad territorial aplicar� los criterios contemplados para la compensaci�n a los municipios, en el art�culo 21 del Decreto 258 de 1999 y esta reglamentaci�n, en el porcentaje que represente el producido que ese corregimiento genere sobre el total de los ingresos tributarios del municipio".

La norma antes transcrita encuentra raz�n de ser, en el hecho de que la zona geogr�fica cobijada por el estado de excepci�n declarado, no comprende la totalidad de un municipio, sino tan solo un corregimiento de los varios que integran la localidad de Tulu�, por lo que la compensaci�n en la percepci�n de los recursos no puede ser otra que la equivalente al porcentaje del producido tributario generado por dicho corregimiento en el conjunto de los ingresos registrados para ese municipio en el a�o 1998, determinado, claro est�, con aplicaci�n de las reglas y par�metros generales previstos para los municipios a quienes debe practicarse la medida de compensaci�n.

En tal virtud, la disposici�n se ajusta a derecho, toda vez que la regla diferencial a aplicarse al citado corregimiento es razonable y objetiva, al tiempo que guarda armon�a y proporcionalidad respecto del conjunto de las normas contenidas en el Decreto 812 de 1999 y la norma superior que se reglamenta, en especial, en el numeral 1� del art�culo 22 del Decreto legislativo 258 de 1999.

Esta norma condiciona el acceso al beneficio de la compensaci�n de ingresos, tanto para los departamentos como para los municipios, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

"A. No incrementar, despu�s de que entren a regir los decretos que establecieron la compensaci�n, los salarios ni las prestaciones sociales de los servidores p�blicos, por encima de la inflaci�n esperada para el a�o en que se pretenda la compensaci�n.

"B. No aumentar el n�mero de empleos en la planta de personal de la entidad territorial. Las modificaciones internas de la planta de personal, no podr�n aumentar su costo total.

"C. No crear beneficios tributarios, sin perjuicio de los que se puedan causar por normas dictadas con anterioridad. En caso de crearse un beneficio tributario, la base que se tomar� en cuenta para compensar ser� disminuida en la cuant�a que ese beneficio afecte el recaudo. Si se crea un beneficio tributario y �ste produce un aumento en el recaudo la base de c�lculo ser� lo que efectivamente ingrese.

"Par�grafo. La violaci�n de lo dispuesto en los literales A. y B. de este art�culo ocasionar� la terminaci�n inmediata y definitiva de la compensaci�n por las sumas no causadas".

Los requisitos de que tratan los literales A) y B) antes transcritos, son exactamente los mismos que preve�a el inciso primero del art�culo 23 del Decreto Legislativo 258 de 1999, disposici�n esta que, por ser violatoria de los art�culos 53, 215, 300-7, 305-7, 313-6 y 315-7, fu� declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-327 de mayo 12 de 1999, dictada en ejercicio del control autom�tico de constitucionalidad consagrado en el art�culo 215 de la Carta.

En tal virtud, si bien es cierto que la norma reglamentaria perdi� su fundamento de derecho al haber salido del escenario jur�dico la disposici�n objeto de reglamentaci�n, lo que en principio sugerir�a un fen�meno de sustracci�n de materia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporaci�n ha sentado el criterio seg�n el cual, es imperativo de pronunciamiento de fondo sobre un acto administrativo sujeto a su conocimiento, no obstante que haya sido derogado o hayan desaparecido las bases para su expedici�n, por raz�n de los efectos que dicho acto pudo producir durante el tiempo en que goz� de validez.

Por consiguiente, en seguimiento de esa directriz jurisprudencial, se aborda el estudio de los literales A) y B) del art�culo 4� del Decreto 812 de 1999 en referencia.

Los requisitos exigidos en dicha norma, como presupuesto sustancial para acceder al beneficio de la compensaci�n, en efecto resultan contrarios a derecho, en la medida en que, por una parte, condicionan la obtenci�n de esa ayuda a la renuncia de la autonom�a que la Constituci�n confiere a los departamentos y municipios en los art�culos 287, 300-7, 305-7, 313-6 y 315-7, mandatos conforme a los cuales, es competencia de las asambleas departamentales y de los concejos municipales la determinaci�n de la estructura de las administraciones seccionales y locales, lo mismo que la fijaci�n de las escalas de remuneraci�n correspondientes a sus distintas categor�as de empleo; de igual modo, es atribuci�n de los gobernadores y alcaldes, la adopci�n de las plantas de personal de sus respectivas administraciones, toda vez que les est� confiada la facultad para crear, suprimir y fusionar empleos de sus dependencias y fijar sus emolumentos, con sujeci�n a la Ley y a las ordenanzas o acuerdos que sobre el particular expidan, seg�n el caso, las asambleas o los concejos.

Sin perjuicio de lo anterior, las exigencias de que tratan los literales A) y B) en comento, igualmente resultan violatorias del art�culo 53 constitucional, en tanto resquebrajan o desconocen los principios de la remuneraci�n vital y m�vil, irrenunciabilidad de los beneficios laborales m�nimos, garant�a de la seguridad social y de la obligaci�n estatal de reajustar peri�dicamente las pensiones legales. As� mismo, se presenta una transgresi�n de lo dispuesto en el inciso pen�ltimo del art�culo 215 de la Constituci�n que dice:"El gobierno no podr� desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este art�culo".

Por su parte, a voces del art�culo 150-19 de la Carta, corresponde al legislador:

"Dictar las normas generales, y se�alar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (�) e) Fijar el r�gimen salarial y prestacional de los empleados p�blicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza P�blica; f) Regular el r�gimen de prestaciones sociales m�nimas de los trabajadores oficiales".

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del mismo precepto:

"Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones p�blicas territoriales y �stas no podr�n arrog�rselas".

Por lo anterior, tanto los literales A) y B) como tambi�n el par�grafo del art�culo 4� del Decreto objeto de control, ser�n anulados por ser contrarios a derecho. No obstante, de las dos disposiciones constitucionales �ltimamente transcritas, debe observarse, empero, que las entidades territoriales carecen de competencia para fijar o modificar el r�gimen prestacional de sus servidores, pues, �ste es un aspecto de reserva legal, lo cual significa que la anulaci�n en referencia no implica, en modo alguno, la posibilidad de que aquellos entes puedan crear o modificar prestaciones sociales.

3.6 Informaci�n requerida para la percepci�n de la compensaci�n (art�culo 5�).

Por razones de t�cnica, organizaci�n y procesamiento, se hace necesario que la informaci�n que deben suministrar los municipios y departamentos para efectos de obtener la compensaci�n de ingresos, se suministre a trav�s de un formulario que para ese espec�fico fin elabore el Ministerio del ramo, esto es, el de Hacienda y Cr�dito P�blico, en orden a incluir los datos, cifras y dem�s elementos requeridos para tal actividad, con arreglo a las exigencias contenidas en el Decreto 812 de 1999, en cuyo prop�sito tambi�n son l�gicos los anexos requeridos en los literales B) y C) de este art�culo, como son la identificaci�n de la cuenta a la cual la Direcci�n del Tesoro Nacional deber� efectuar los correspondientes giros para cada entidad territorial; pero, no sucede lo propio con la certificaci�n exigida en el literal A), relativa a la planta de personal vigente al momento del terremoto, valores de salarios y prestaciones sociales, toda vez que, dicha informaci�n no es necesaria para fines de determinar y hacer efectiva la medida de compensaci�n, ya que s�lo guardaba concordancia con lo dispuesto en los literales A) y B) del art�culo 4�, cuyos preceptos, como ya se indic�, adolecen de nulidad, y as� se declarar� en la parte resolutiva de esta providencia, circunstancia bajo la cual, la certificaci�n de que trata el literal A) del art�culo 5� carece de soporte jur�dico v�lido, pues, para efectos de aplicar y hacer efectivo el instrumento de la compensaci�n no resulta necesaria, ni �til, motivo por el que tambi�n deber� anularse, en tanto comporta una exigencia que no guarda conexidad con la materia objeto de reglamentaci�n.

La naturaleza y efectos del hecho generador de la calamidad p�blica que motiv� la declaraci�n del estado de emergencia econ�mica, social y ecol�gica, de suyo exigen, que las entidades territoriales afectadas con tal fen�meno cuenten, de modo urgente con los recursos necesarios que les permitan atender en forma oportuna y eficaz las tareas de reconstrucci�n de la zona y la prestaci�n de los servicios p�blicos que demanden las comunidades que la habitan, lo cual, pone en evidencia la conducencia de que dichas entidades territoriales puedan y deban recibir, en forma anticipada, los recursos econ�micos requeridos con cargo a la figura de la compensaci�n creada en los art�culos 21 a 23 del Decreto Legislativo 258 de 1999 y 10 del Decreto Legislativo 350 de ese mismo a�o, de donde se deduce la conexidad y legalidad de la norma reglamentaria que establece la figura de los anticipos.

3.8 Transferencias de los municipios del impuesto predial a las corporaciones aut�nomas regionales (art�culo 7�).

a) El inciso segundo del art�culo 10� del Decreto Legislativo 350 de 1999, consagra en favor de las Corporaciones Aut�nomas Regionales de Risaralda y Quind�o una compensaci�n de la reducci�n de sus ingresos por concepto de su participaci�n en el impuesto predial, causado en los municipios a los cuales se refieren los decretos 195 y 223 de 1999, compensaci�n que seg�n el inciso tercero ib�dem, estar� a cargo del Fondo de Compensaci�n Ambiental y del Fondo de Reconstrucci�n y Desarrollo Social del Eje Cafetero, en un monto equivalente al ochenta por ciento (80%) para la primera de ellas y del cincuenta por ciento (50%) para la segunda.

Esta norma fu� declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-328 del 12 de mayo de 1999.

b) En ese contexto, al determinar la norma reglamentaria que la obligaci�n que se mantiene para los municipios de transferir a las Corporaciones Aut�nomas Regionales la participaci�n en el impuesto predial, se deber� hacer tomando como base �nicamente las"sumas efectivamente recaudadas"por dicho impuesto, esto es, sin contabilizar las sumas que por �ste mismo reciben con cargo a la compensaci�n de que trata el art�culo 21 del Decreto 258 de 1999,encuentra conexidad e identidadtan s�lo para el caso de las Corporaciones Aut�nomas Regionales de Risaralda y Quind�o, en la medida en que, la disminuci�n que �stas sufrir�n en sus ingresos por concepto de su participaci�n en el impuesto predial, ser� objeto de la compensaci�n de que tratan los incisos segundo y tercero del art�culo 45 del Decreto 350 de 1999.

Pero, no ocurre lo propio respecto de las otras corporaciones aut�nomas regionales con que cuentan los otros departamentos tambi�n afectados con el terremoto y por ello incluidos en la declaratoria de emergencia econ�mica, social y ecol�gica, o sea, los departamentos del Valle del Cauca, Tolima y Caldas, los cuales, al contrario de lo que ocurrir� con las Corporaciones Aut�nomas Regionales de Risaralda y Quind�o, no ver�n compensada la disminuci�n de sus ingresos por concepto de participaci�n en el impuesto predial.

c) En tal virtud, el inciso primero del art�culo 7� ha de entend�rselo ajustado a derecho, bajo la consideraci�n de que la no inclusi�n de las transferencias que la Naci�n efect�a por aplicaci�n de la compensaci�n creada por el art�culo 21 del Decreto Legislativo 258 de 1999, para efectos de liquidar la participaci�n de las corporaciones aut�nomas regionales en el impuesto predial,tan s�lo se predica respecto de los municipios que deban realizar ese tipo de transferencias a las corporaciones aut�nomas de Risaralda y Quind�o, mas no para todos los municipios cobijados por la medida del estado de excepci�n, por cuanto para aquellas el art�culo 45 del Decreto Legislativo 350 de 1999 prev� a su vez un mecanismo de compensaci�n, lo cual explica el precepto del inciso final del art�culo 7� del Decreto reglamentario, seg�n el cual, el c�lculo de la compensaci�n para esas dos corporaciones aut�nomas se deber� hacer con exclusi�n de las transferencias que los municipios lo hagan en los t�rminos del inciso primero del art�culo 7� en comento, es decir, de la participaci�n en las sumas efectivamente recaudadas por impuesto predial, pues, de lo contrario, las dos citadas corporaciones aut�nomas regionales recibir�an una doble transferencia por un mismo concepto, en donde una de ellas, la transferencia por compensaci�n, carecer�a de fundamento, porque no habr�a nada que compensar.

d) En cambio, si se aplicara de modo general la disposici�n del inciso primero del art�culo 7� del reglamento, o sea, sin distinci�n alguna, se dar�a paso a una situaci�n de desigualdad, en tanto que significar�a establecer una discriminaci�n injustificada en la base de liquidaci�n de la participaci�n en el impuesto predial para las Corporaciones Aut�nomas Regionales del Valle del Cauca, Tolima y Caldas, en la medida en que para �stas se tomar�an �nicamente los valores efectivamente recaudados por los municipios, sin tomar en cuenta las sumas que por el mismo concepto �stos perciban a t�tulo de compensaci�n, situaci�n que no se compadece con la emergencia que se busca conjurar, ni mucho menos encuentra justificaci�n alguna, pues, la recuperaci�n de la zona afectada con el sismo del 25 de enero del a�o en curso y la superaci�n de la calamidad producida como consecuencia de dicho fen�meno, tiene tambi�n un componente de orden ecol�gico, cuya atenci�n corresponde adelantar principalmente a las corporaciones aut�nomas regionales, como quiera que estas entidades, a t�rminos de lo dispuesto en la ley 99 de 1993, tienen por objeto la ejecuci�n de pol�ticas, planes, programas y proyectos de preservaci�n del medio ambiente, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, raz�n por la que, una interpretaci�n del inciso primero del art�culo 7� en sentido contrario implicar�a, indefectiblemente, aceptar que la norma reglamentaria exceda el marco legal superior objeto de reglamentaci�n, al consagrar un trato diferencial injustificado, no autorizado por las otras tres corporaciones aut�nomas antes mencionadas.

De otra parte, dado que no existe estipulaci�n expresa, debe precisarse igualmente que las reglas especiales contenidas en el art�culo 7�, tienen vigencia para los a�os 1999 y 2000, por ser estos dos los a�os durante los cuales tendr� lugar la medida de compensaci�n.

Por consiguiente, el precepto del inciso primero del art�culo 7� se declarar� ajustado a derecho en los t�rminos antes indicados.

3.9 C�lculo de transferencias a cargo de la Naci�n, municipios y departamentos (art�culo 8�).

a) Que para efectos de calcular los factores que sirven de fundamento para determinar las transferencias que la Naci�n debe hacer en favor de las entidades territoriales, el monto de la compensaci�n que aqu�lla efect�a en virtud del Decreto 812 de 1999, se tendr� como esfuerzo y recaudo propio de ellas.

b) Que los ingresos de la compensaci�n tambi�n se tendr�n como parte de los ingresos corrientes de las entidades territoriales para determinar su capacidad de pago.

c) Que para calcular las transferencias, que por mandato legal deban hacer las entidades territoriales, los recursos que �stas reciban por la compensaci�n no ser�n factor de c�mputo.

d) Que el plazo establecido por la Ley para la presentaci�n de la informaci�n del comportamiento de las finanzas territoriales, se adiciona en dos (2) meses.

1) Lo primero que debe advertirse, es que la norma es aplicable tanto a municipios como a departamentos, toda vez que la expresi�n en ella utilizada es la gen�rica"entidades territoriales",sin ninguna distinci�n, por lo que resulta comprensiva de las dos clases de entidades a las cuales est� dirigida la medida objeto de reglamentaci�n.

2) Si los recursos provenientes de la compensaci�n se considerar�n como esfuerzo y recaudo propio e inclusive contabilizables para fines de determinar su capacidad de pago, no resulta equitativo que esos mismos recursos no sean tenidos en cuenta para efectos de calcular las transferencias que las citadas entidades territoriales deben hacer por ministerio de la ley y, sobre todo, que ese �ltimo beneficio no lo contempla, ni lo autoriza la norma superior que reglamenta el Decreto 812 de 1999, de donde se deduce que su establecimiento desborda el alcance de la facultad de reglamentaci�n atribuida al ejecutivo nacional, y por tanto, resulta contrario a derecho.

3) De otra parte, la adici�n de plazo contenida en el inciso segundo del art�culo 8�, si bien encuentra justificaci�n en el marco del estado de emergencia y de los Decretos Legislativos 258 y 350 de 1999, por cuanto las tareas de obtenci�n, procesamiento y posterior remisi�n de la informaci�n all� referida, no puede cumplirse en los plazos normalmente establecidos por la Ley, dada la p�rdida o destrucci�n de aqu�lla y las dificultades obvias de medios y log�stica para su diligenciamiento causadas por los efectos del sismo que afect� la zona del eje cafetero, la disposici�n que establece la ampliaci�n de dicho plazo resulta nula por extralimitaci�n de competencia, por cuanto introduce una modificaci�n a la ley, no prevista ni autorizada en los decretos legislativos objeto de reglamentaci�n.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

Primero: Declararla nulidad de los siguientes apartes del art�culo 4� del Decreto 812 de 12 de mayo de 1999:

"B.No aumentar el n�mero de empleos en la planta de personal de la entidad territorial. Las modificaciones internas de la planta de personal, no podr�n aumentar su costo total".

"Par�grafo. La violaci�n de lo dispuesto en los literales A. y B. de este art�culo ocasionar� la terminaci�n inmediata y definitiva de la compensaci�n por las

Segundo: Declararnulo el literal A del art�culo 5� del Decreto 812 de 12 de mayo de 1999, que dice:

"La certificaci�n de la planta de personal vigente al momento del terremoto, acompa�ada de los valores correspondientes a los salarios y las prestaciones de los servidores p�blicos de la respectiva entidad territorial".

Tercero: Declararajustado a derecho el inciso primero del art�culo 7� del Decreto 812 de 12 de mayo de 1999, en el entendimiento que las transferencias a cargo de los municipios por concepto de impuesto predial s�lo se deber�n hacer sobre las sumas efectivamente recaudadas, sin tener en cuenta las transferencias de la Naci�n por aplicaci�n de la compensaci�n, �nicamente es aplicable a los municipios que deban hacer tales transferencias a las Corporaciones Aut�nomas Regionales de Risaralda y Quind�o.

Cuarto: Declararla nulidad de los incisos segundo y final del art�culo 8� del Decreto 812 de 12 de mayo de 1999, que dicen:

finanzas territoriales, que por las disposiciones legales se deba hacer, ser�

aumentado en dos meses para las entidades territoriales a las que se refiere este

"Para calcular las transferencias que las entidades territoriales deban hacer, en virtud de disposiciones legales, no se tomar� en cuenta la compensaci�n que en virtud de este Decreto haga la Naci�n".

Quinto: Declararajustadas a derecho las dem�s normas contenidas en el Decreto 812 de 12 de mayo de 1999, en los precisos t�rminos de la parte motiva de esta providencia.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Se�or Presidente de la Rep�blica. Arch�vese

zV�ase: Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de 14 de enero de 1991, expediente S-157, ponente Dr. Carlos Gustavo Arrieta Padilla; sentencia de 23 de julio de 1996, expediente S-612, ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa.

9Dictada en ejercicio del control autom�tico de constitucionalidad previsto en el art�culo 215 de la Constituci�n Nacional. Expediente RE-113, M.P. Dra. Mar�a Victoria S�chica M.

oLa Ley 358 de 1997 define la "capacidad de pago" como el flujo m�nimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los a�os, con un remanente para el financiamiento de inversiones; a su turno, por "ahorro operacional" se entiende, el resultado de restar los ingresos corrientes, los gastos de funcionamiento y las transferencias pagadas por las entidades territoriales.