SENTENCIA CA008 de 1999

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010008468SENTENCIAPLENACA008199909/02/1999SENTENCIA__PLENA__CA008__1999_09/02/1999100084681999CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Procedencia frente al Decreto 2386 de 1998 / DECRETO 2386 DE 1998 - Ajustado a derecho / CONTROL AUTOMATICO DE LEGALIDAD - Procedencia frente a Decreto Reglamentario Mediante el Decreto 2386 de 24 de noviembre de 1998, se reglamenta parcialmente el Decreto 2331 de 1998. Este es el acto objeto de control. Ha dicho la Sala en otras oportunidades, que, aunque la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de los Decretos de Emergencia, �sta Corporaci�n est� facultada por el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994 para adelantar el tr�mite de control de legalidad, independientemente de la decisi�n que adopte aqu�lla Corporaci�n, a cuya decisi�n habr� de estarse. Por mandato del art�culo 20 de la Ley 137 de 1994, la Sala Plena de esta Corporaci�n es competente para ejercer el control de legalidad del Decreto en menci�n, toda vez que las disposiciones en �l contenidas son de car�cter general, las dict� el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de una funci�n administrativa, como desarrollo de los Decretos de Emergencia Econ�mica y Social. En conclusi�n el Decreto 2386 de 1998 se ajusta no s�lo a las normas del Decreto 2331 de 1998, sino en t�rminos generales al ordenamiento superior. CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: JAVIER DIAZ BUENO Santaf� de Bogot�, D.C., febrero nueve (9) de mil novecientos noventa y nueve 1999).

Norma demandada: �Por el cual reglamenta parcialmente el Decreto 2331 de 1988

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Procedencia frente al Decreto 2386 de 1998 / DECRETO 2386 DE 1998 - Ajustado a derecho / CONTROL AUTOMATICO DE LEGALIDAD - Procedencia frente a Decreto Reglamentario

Mediante el Decreto 2386 de 24 de noviembre de 1998, se reglamenta parcialmente el Decreto 2331 de 1998. Este es el acto objeto de control. Ha dicho la Sala en otras oportunidades, que, aunque la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de los Decretos de Emergencia, �sta Corporaci�n est� facultada por el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994 para adelantar el tr�mite de control de legalidad, independientemente de la decisi�n que adopte aqu�lla Corporaci�n, a cuya decisi�n habr� de estarse. Por mandato del art�culo 20 de la Ley 137 de 1994, la Sala Plena de esta Corporaci�n es competente para ejercer el control de legalidad del Decreto en menci�n, toda vez que las disposiciones en �l contenidas son de car�cter general, las dict� el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de una funci�n administrativa, como desarrollo de los Decretos de Emergencia Econ�mica y Social. En conclusi�n el Decreto 2386 de 1998 se ajusta no s�lo a las normas del Decreto 2331 de 1998, sino en t�rminos generales al ordenamiento superior.

Santaf� de Bogot�, D.C., febrero nueve (9) de mil novecientos noventa y nueve 1999).

Mediante oficio de 25 de noviembre de 1998 el Gobierno Nacional remiti� a esta Corporaci�n el Decreto No. 2386 de 24 de noviembre de 1998, con el objeto de que se realice el control inmediato de legalidad en los t�rminos se�alados en el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994.

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y en especial, de las que le confiere el art�culo 189, numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica

ARTICULO 1�. - Para efectos del art�culo 29 del Decreto 2331 de 1998 cuando quiera que un establecimiento de cr�dito no bancario gire un cheque con cargo a los recursos de una cuenta de ahorros perteneciente a un cliente, se considerar� que constituyen una sola operaci�n por la cual se dispone de los recursos, el retiro en virtud del cual se expide el cheque y el pago del mismo.

ARTICULO 2�.- Para efectos de lo dispuesto en el par�grafo del art�culo 31 del Decreto 2331 de 1998, las cuentas corrientes o de ahorro a trav�s de las cuales se realicen pagos en desarrollo de las funciones que constituyen el objeto social de los dep�sitos centralizados de valores, distintos de aquellos destinados a cubrir gastos de funcionamiento o para realizar inversiones que no tengan por objeto t�tulos valores, deber�n estar identificadas como tales ante las entidades depositarias y s�lo podr�n destinarse al desarrollo de dichas funciones.

Las cuentas a que se hace referencia el inciso anterior deber�n ser identificadas por el Dep�sito Central de Valores y en caso de las destinadas a la compensaci�n y liquidaci�n de operaciones o administraci�n de valores, indicarse la Bolsa o las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o la Superintendencia de Valores que pueden girar para tal efecto contra dichas cuentas.

ARTICULO 3�.- Para calcular el incremento en el saldo de la deuda a que se refiere el art�culo 11 del Decreto 2331 de 1998, se tendr�n en cuenta los abonos a capital que se hayan realizado en el per�odo respectivo.

ARTICULO 4�.- De conformidad con el art�culo 31 del Decreto 2331 de 1998, las transferencias que se realicen a la Direcci�n General del Tesoro Nacional en virtud del art�culo 36 de dicho Decreto no causan la contribuci�n prevista en el art�culo 29 del mismo.

ARTICULO 5�.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

En ejercicio de las facultades consagradas en el art�culo 215 de la Constituci�n Nacional, el Gobierno Nacional expidi� el Decreto No. 2330 de 16 de noviembre de 1998, por el cual declar� el Estado de Emergencia Econ�mica y Social.

En desarrollo del citado Decreto el Gobierno expidi� el Decreto No. 2331 de 16 de noviembre de 1998 "por el cual se dictan medidas tendientes a resolver la situaci�n de los sectores financiero y cooperativo, aliviar la situaci�n de los deudores por cr�ditos de vivienda y de los ahorradores de las entidades cooperativas en liquidaci�n, mediante la creaci�n de mecanismos institucionales y de financiaci�n y la adopci�n de disposiciones complementarias.

Competencia del Consejo de Estado.- Por mandato del art�culo 20 de la Ley 137 de 1994, la Sala Plena de esta Corporaci�n es competente para ejercer el control de legalidad del Decreto en menci�n, toda vez que las disposiciones en �l contenidas son de car�cter general, las dict� el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de una funci�n administrativa, como desarrollo de los Decretos de Emergencia Econ�mica y Social.

Control de legalidad.- Como se precis�, el control de legalidad ante la Jurisdicci�n Contencioso Administrativa, se ejerce sobre los actos administrativos de car�cter general mediante los cuales se desarrollan los Decretos Legislativos expedidos en el Estado de Emergencia Econ�mica y Social. Dicho control tiene por finalidad verificar la conformidad del acto administrativo con el ordenamiento superior.

Cabe agregar que la Ley 137 de 1994 por la cual se regulan los Estados de Excepci�n, al atribuir a la Jurisdicci�n Contencioso Administrativa esta funci�n, no se�ala un procedimiento especial, simplemente prev� un control inmediato. Esta precisi�n es indispensable porque se ha venido sosteniendo que no es necesario que la Corte Constitucional previamente resuelva sobre la exequibilidad de los Decretos que dicta el Gobierno al declarar el Estado de Emergencia Econ�mica y Social.

Igualmente se advierte que el control corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo como lo prev� el numeral 2� del art�culo 97 del C.C.A., en armon�a con el art�culo 37 numeral 2� de la Ley 270 de 1996 y la adici�n contemplada en el art�culo 33 de la Ley 446 de 1998.

Mediante el Decreto No. 2331 de 1998 se dictaron medidas tendientes a resolver la situaci�n de los sectores financiero y cooperativo y aliviar la situaci�n de los deudores por cr�ditos de vivienda y de los ahorradores de las entidades cooperativas en liquidaci�n, mediante la creaci�n de mecanismos institucionales y de financiaci�n.

Examen del Decreto.- El Decreto 2386 de 24 de noviembre de 1998 cuyo control inmediato de legalidad se realiza, reglamenta parcialmente el Decreto 2331 de 1998, fijando algunos alcances de los art�culos 29, 31 y 11 del Decreto Reglamentado.

Para decidir sobre la legalidad del art�culo 1� del Decreto 2386 de 1998 antes transcrito es indispensable tener en cuenta que dentro de los mecanismos de financiaci�n, el art�culo 29 del Decreto 2331 de 1998 Reglamentado, estableci� una contribuci�n sobre transacciones a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman, destinada a preservar la estabilidad y solvencia del mismo.

En los literales a), b), c), d) y e) del citado art�culo 29 se indican las operaciones sobre las cuales se causa la contribuci�n. Entre �stas se hallan las transacciones que realizan los usuarios de los establecimientos de cr�dito, mediante los cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o cuentas de ahorro con excepci�n de los traslados que realicen entre cuentas en un establecimiento de cr�dito cuando pertenezcan a la misma persona.

Es importante tener en cuenta que el sistema financiero est� compuesto por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compa��as de financiamiento comercial e instituciones cuya funci�n principal consiste en captar en moneda legal recursos del p�blico en dep�sitos, a la vista o a t�rmino para colocarlos nuevamente a trav�s de pr�stamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de cr�dito.

En armon�a con lo anterior, el art�culo 1� del Decreto 2386 de 1998 (objeto de control de legalidad), al aclarar que, "cuando un establecimiento de cr�dito no bancario gire un cheque con cargo a los recursos de una cuenta de ahorros perteneciente a un cliente, se considerar� que constituye una sola operaci�n por la cual se dispone de los recursos, el retiro en virtud del cual se expide el cheque y el pago del mismo". Esta norma tiene por finalidad evitar que se grave dos veces la misma operaci�n. No observa la Sala que la disposici�n reglamentaria consagre prescripciones contrarias de las contenidas en la norma reglamentada, simplemente fija sus alcances. En consecuencia se declarar� ajustada a derecho.

Las cuentas a que hace referencia el inciso anterior deber�n ser identificadas por el Dep�sito Central de Valores y en el caso de las destinadas a la compensaci�n y liquidaci�n de operaciones o administraci�n de valores, indicarse la Bolsa o las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o la Superintendencia de Valores que pueden girar para tal efecto contra dichas cuentas.

Para el examen del art�culo 2� del Decreto 2386 de 1998 por el cual se indican los efectos del par�grafo del art�culo 31 del Decreto Reglamentado, previamente se expone lo siguiente:

Como se dijo, el art�culo 29 del Decreto 2331 de 1998 estableci� una contribuci�n sobre operaciones financieras, a cargo de los usuarios del sistema y de las entidades que lo conforman, enunci� las transacciones sobre las cuales se causa y las que no est�n sujetas al tributo y el art�culo 31 ib�dem se�al� los sujetos pasivos de la contribuci�n. En el par�grafo del art�culo en menci�n, dispuso:

"No estar� sujeto al pago de la contribuci�n el Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras. Tampoco estar�n sujetos la Direcci�n General del Tesoro Nacional y los dep�sitos centralizados de valores, salvo por los pagos que dichas entidades hagan para cubrir gastos de funcionamiento o para realizar inversiones diferentes a aquellas que efect�en en valores. El Banco de la Rep�blica s�lo estar� sujeto a esta contribuci�n en relaci�n con los pagos que realice para cubrir gastos de funcionamiento."

En otros t�rminos, las entidades antes citadas, no est�n sujetas a la contribuci�n, salvo por los pagos que realicen para cubrir gastos de funcionamiento o para inversiones diferentes a aquellas que efect�en en valores. El Banco de la Rep�blica s�lo esta sujeto a dicha contribuci�n en relaci�n con los pagos que realice para cubrir gastos de funcionamiento.

Los alcances que fija el art�culo 2� del Decreto 2386 de 1998, se orientan a indicar que "� las cuentas corrientes o de ahorro a trav�s de las cuales se realicen pagos en desarrollo de las funciones que constituyen el objeto social de los dep�sitos centralizados de valores distintos a aquellos destinados a cubrir gastos de funcionamiento o para realizar inversiones que no tengan por objeto t�tulos valores, deber�n estar identificadas como tales ante las entidades depositarias y s�lo podr�n destinarse al desarrollo de dichas funciones."

As� pues, las operaciones cuya identificaci�n exige la disposici�n reglamentaria, se refieren a aquellas que seg�n el par�grafo del art�culo 31 del Decreto Reglamentado no est�n sujetas a la contribuci�n.

Lo mismo sucede con el inciso segundo el cual exige que tales cuentas deber�n ser identificadas por el Dep�sito Central de Valores y en caso de destinarse a la compensaci�n y liquidaci�n de operaciones o administraci�n de valores, indicarse la Bolsa o las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o la Superintendencia de Valores que pueden girar para tal efecto contra dichas cuentas.

Por tratarse de operaciones que no causan la contribuci�n, es entendible que deban identificarse en los t�rminos que exige la norma reglamentaria. No se aprecia que el Gobierno en ejercicio de la facultad reglamentaria desborde en alg�n sentido la norma superior.

El Decreto 2331 de 1998 en el Cap�tulo II. "Normas de alivio a los deudores hipotecarios", art�culo 11 prev� que el Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras dispondr� de una l�nea de cr�dito para los deudores de cr�ditos individuales hipotecarios otorgados para la financiaci�n de vivienda que a 31 de octubre de 1998 se encontraban al d�a en el pago de sus obligaciones y cuyo saldo a la misma fecha no excediera de 5.000 UPAC o su equivalente en moneda legal.

Dicha l�nea de cr�ditos tiene por objeto disminuir la deuda, cuando el saldo se hubiere incrementado en un porcentaje igual o superior al 20% durante los �ltimos doce meses anteriores a la vigencia del Decreto 2331 de 1998.

Por su parte el art�culo 3� del Decreto Reglamentario 2386 de 1998 aclara que, para calcular el incremento del saldo de la deuda se tendr�n en cuenta los abonos a capital que se hayan realizado en el per�odo respectivo. Esta disposici�n no hace cosa distinta que se�alar la manera de determinar si el saldo del cr�dito se ha incrementado en el 20% o m�s durante los doce meses anteriores a la vigencia del Decreto 2331 de 1998, con inclusi�n de los abonos a capital realizados en el per�odo respectivo. De esta manera y atendiendo la filosof�a del Decreto Reglamentado, se permite al deudor beneficiarse de la l�nea de cr�dito del Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras.

Dicha norma al fijar tales alcances, no s�lo es l�gica sino que propende porque la medida de alivio para el deudor hipotecario cumpla la finalidad para la cual fue expedida. En consecuencia, se declarar� ajustado al ordenamiento superior.

Como antes se dijo, el art�culo 29 del Decreto Reglamentado estableci� una contribuci�n a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman, se�al� las operaciones sobre las cuales se causa y las entidades que no est�n sujetas a tal contribuci�n.

El art�culo 36 del Decreto Reglamentado prev� una transferencia de saldos de cuentas corrientes o de ahorro inactivas a "t�tulo de mutuo a la Naci�n - Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico Direcci�n General del Tesoro Nacional para desarrollar el objeto del Fondo de Solidaridad de Ahorradores y Depositantes de Entidades Cooperativas en liquidaci�n, del Fondo de Garant�as de Entidades Cooperativas, el seguro de desempleo y el servicio de estos recursos."

El art�culo 4� del Decreto 2386 de 1998 Reglamentario, al disponer que las transferencias que se realicen a la Direcci�n General del Tesoro Nacional en virtud del art�culo 36 del Decreto Reglamentado, "no causan la contribuci�n", es arm�nico con la normatividad superior, pues dicha operaci�n no est� prevista en el art�culo 29 como de aquellas que la causan y la naturaleza de tal transferencia a la Direcci�n Nacional del Tesoro Nacional" tampoco se enumera dentro de la definici�n de "transacci�n" que para estos efectos trae el par�grafo 1� del art�culo 29 del Decreto 2331 de 1998 Reglamentado.

En conclusi�n el Decreto 2386 de 1998 se ajusta no s�lo a las normas del Decreto 2331 de 1998, sino en t�rminos generales al ordenamiento superior.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Decretos objeto de control / CONTROL DE LEGALIDAD ORDINARIO - Decreto reglamentario / EMERGENCIA ECONOMICA - Control de legalidad de Decreto reglamentario

El Consejo de Estado carec�a de competencia para efectuar pronunciamiento, de control inmediato de legalidad, sobre un Decreto reglamentario no expedido como desarrollo de los decretos legislativos. En efecto, el Decreto 2386 de noviembre 24 de 1998, por el cual se reglament� parcialmente el Decreto 2331 de 1998, fue expedido con base en las facultades constitucionales del 189 - 11 de la Carta, vale decir, la ordinaria de "ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes", que corresponde al Presidente de la Rep�blica como suprema autoridad administrativas, a t�rminos del inciso primero del art�culo citado. La competencia otorgada por el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994 a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo est� restringida, sin lugar a duda, "a las medidas de car�cter general que sean expedidas en ejercicio de la funci�n administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepci�n", y no para las administrativas de car�cter general que ejerce el Presidente en virtud del mandato permanente que le otorga la Carta. El Decreto 2386 de 24 de noviembre de 1988 estaba sometido al control de legalidad ordinario previsto en el art�culo 84 del C.C.A., mediante acci�n de nulidad promovida por cualquier persona, y no al "control inmediato de legalidad", de que trata el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994.

Santaf� de Bogot�, D. C., quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1.999)

El separarme de la decisi�n mayoritaria de la Sala, obedeci� a las siguientes razones:

1� El Consejo de Estado carec�a de competencia para efectuar pronunciamiento, de control inmediato de legalidad, sobre un decreto reglamentario no expedido como desarrollo de los decretos legislativos.

2�. En efecto, el Decreto 2386 de noviembre 24 de 1998, por el cual se reglament� parcialmente el Decreto 2331 de 1998, fue expedido con base en las facultades constitucionales del 189-11 de la Carta, vale decir, la ordinaria de "ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes", que corresponde al Presidente de la Rep�blica como suprema autoridad administrativas, a t�rminos del inciso primero del art�culo citado.

3� La competencia otorgada por el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994 a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo est� restringida, sin lugar a duda, "a las medidas de car�cter general que sean expedidas en ejercicio de la funci�n administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepci�n", y no para las administrativas de car�cter general que ejerce el Presidente en virtud del mandato permanente que le otorga la Carta.

4� El Decreto 2386 de 24 de noviembre de 1988 estaba sometido al control de legalidad ordinario previsto en el art�culo 84 del C.C.A., mediante acci�n de nulidad promovida por cualquier persona, y no al "control inmediato de legalidad", de que trata el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994.

CONTROL AUTOMATICO DE LEGALIDAD - Naturaleza / CONTROL AUTOMATICO DE LEGALIDAD - Improcedencia de prevalencia sobre el control ordinario respecto de los actos expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria

El Decreto sujeto a Control Autom�tico se expide en desarrollo de lo prevenido en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y aunque con �l se pretende reglamentar algunas normas de un Decreto Legislativo expedido "en desarrollo del estado de emergencia", es lo cierto que en el presente caso, prevalece la facultad reglamentaria expresamente invocada que la circunstancia indirecta de provenir de una norma del estado de excepci�n. Por ello los planteamientos anteriores resultan m�s n�tidamente aplicables, toda vez que el supuesto control autom�tico de legalidad del Decreto 2386 del 24 de noviembre de 1998, expedido en ejercicio de las facultades consagradas, se insiste, en el numeral 11 del art. 189 de la Constituci�n Pol�tica, en realidad al someterlo al control autom�tico aludido, estar�a haci�ndolo prevalecer sobre el control ordinario que el Consejo de Estado debe ejercer respecto de los actos expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, sin que este �ltimo control sea incompatible con el estado de excepci�n; s�lo en caso de que fuera incompatible podr�a entenderse suspendido por las normas derivadas del citado estado de excepci�n. Lo antes expuesto ha sido acogido por la Sala en sentencia del 20 de enero de 1998, Exp. CA-010, en la cual expresamente se advierte que el control de esta clase de decretos es de naturaleza diferente a la del control autom�tico.

Por no compartir la decisi�n de la mayor�a, con el respeto debido, a continuaci�n expongo las principales razones que me han llevado a disentir de la misma:

1. Sea lo primero recordar que tanto la Constituci�n (art. 237) como la Ley (arts. 84 y ss., 128 y ss. C.C.A.) han establecido un sistema de control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administraci�n, se�alando al Consejo de Estado, en su calidad de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, como el Juez competente para efectuarlo, a trav�s de los procedimientos establecidos en la Ley. Este control que voy a denominar ordinario, cobija todas las actuaciones administrativas del ejecutivo. Una de las principales est� representada por el denominado poder reglamentario, tan fundamental en sus alcances que lo mejor de la doctrina constitucional y administrativa, es consciente de que en el podr�a resumirse toda la actuaci�n del ejecutivo nacional; bastar�a con darle al Presidente de la Rep�blica como facultad �nica la se�alada en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n y con ello sobrar�a pr�cticamente el resto de la enumeraci�n se�alada en dicho texto.

2. Ahora bien, a m�s del anterior control de legalidad, existe otro que denominar� extraordinario, por lo excepcional y transitorio, que es llamado control autom�tico de legalidad al que se refiere el art�culo 215 de la Constituci�n, desarrollado, si es dable darle esa calificaci�n, en forma por dem�s breve e incompleta por la Ley 137 de 1994, que a trav�s del art�culo 20, pretende reglamentarlo, texto que concede plazos angustiosos y sin siquiera se�alar procedimientos. Partiendo del supuesto de que, declarado el Estado de Emergencia Econ�mica, en desarrollo del mismo se han de expedir decretos legislativos cuyo control autom�tico de constitucionalidad fue asignado a la Corte Constitucional y, a su vez, en desarrollo de los cuales, el Presidente de la Rep�blica y dem�s funcionarios de la Rama Ejecutiva tienen la posibilidad de expedir actos administrativos cuyo control autom�tico DE LEGALIDAD fue adscrito al Consejo de Estado.

3. Va de suyo que el control autom�tico de legalidad a que antes se ha hecho menci�n, no tiene ni podr�a tener la virtud de sustituir al que he denominado control ordinario de los actos de la administraci�n sino que, por el contrario, en el mejor de los casos puede coexistir pac�ficamente con �l. Entre otras razones, porque como se tienen establecido, las normas expedidas en desarrollo de los estados de emergencia la posibilidad de derogar las disposiciones existentes, sino �nicamente suspender las que resulten incompatibles o inconvenientes para el control de la emergencia o para atenuar sus efectos. El control autom�tico ha de circunscribirse a revisar aquellas normas expedidas en exclusivo desarrollo de los decretos legislativos expedidos para auscultar si tales normas se adecuan a lo establecido en las normas de emergencia.

4. Como f�cilmente se deduce de lo antes planteado, la existencia del control ordinario de legalidad prevalece sobre el incipiente control autom�tico y, por lo tanto, no se puede, so pretexto de adelantarlo, suprimir el primero, que tiene la caracter�stica de ser pleno y de ser tramitado a trav�s de un procedimiento ampliamente regulado.

5. En el caso que se analiza, resulta especialmente claro que el Decreto sujeto a Control Autom�tico se expide en desarrollo de lo prevenido en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y aunque con el se pretende reglamentar algunas normas de un Decreto Legislativo expedido "en desarrollo del estado de emergencia", es lo cierto que en el presente caso, prevalece la facultad reglamentaria expresamente invocada que la circunstancia indirecta de provenir de una norma del estado de excepci�n. Por ello los planteamientos anteriores resultan m�s n�tidamente aplicables, toda vez que el supuesto control autom�tico de legalidad del Decreto 2386 del 24 de noviembre de 1998, expedido en ejercicio de las facultades consagradas, se insiste, en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, en realidad al someterlo al control autom�tico aludido, estar�a haci�ndolo prevalecer sobre el control ordinario que el Consejo de Estado debe ejercer respecto de los actos expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, sin que este �ltimo control sea incompatible con el estado de excepci�n; s�lo en caso de que fuera incompatible podr�a entenderse suspendido por las normas derivadas del citado estado de excepci�n.

6. Lo antes expuesto ha sido acogido por la Sala en Sentencia del 20 de enero de 1998, Expediente CA-010, Pag. 15, en la cual expresamente se advierte que el control de esta clase de decretos es de naturaleza diferente a la del control autom�tico.

Las anteriores son las razones que me han llevado a discrepar de la decisi�n adoptada por la mayor�a.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Providencia que se dicta no tiene el car�cter de sentencia

En mi opini�n la providencia que se dicta para efectuar el control inmediato de legalidad contemplado en el art�culo 20 de la ley 137 de 1994, no tiene el car�cter de sentencia, habida cuenta de que no atiende a las reglas del debido proceso sino a un procedimiento o tr�mite sumario. Por eso mismo, posteriormente el acto puede ser demandado por la v�a ordinaria con fundamento en la violaci�n de otras disposiciones, no consideradas aqu�.

Como lo he se�alado en ocasiones precedentes, cuando el acto no es un desarrollo directo de los decretos legislativos dictados al amparo del estado de emergencia, no procede el control inmediato de legalidad. Por consiguiente, en este evento ha debido decirse as� esto es, que no hab�a lugar a dicho control.

SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO CARLOS ARTURO ORJUELA G�NGORAA LA PROVIDENCIA DICTADA EL 9 DE FEBRERO DE 1999 EN EL EXPEDIENTE CA-008. CONTROL DE LEGALIDAD

Santaf� de Bogot�, D.C. marzo diecinueve (19) de mil novecientos noventa y nueve (1999)

1. En mi opini�n la providencia que se dicta para efectuar el control inmediato de legalidad contemplado en el art�culo 20 de la ley 137 de 1994, no tiene el car�cter de sentencia, habida cuenta de que no atiende a las reglas del debido proceso sino a un procedimiento o tr�mite sumario.

Por eso mismo, posteriormente el acto puede ser demandado por la v�a ordinaria con fundamento en la violaci�n de otras disposiciones, no consideradas aqu�.

2. Como lo he se�alado en ocasiones precedentes, cuando el acto no es un desarrollo directo de los decretos legislativos dictados al amparo del estado de emergencia, no procede el control inmediato de legalidad. Por consiguiente, en este evento ha debido decirse as� esto es, que no hab�a lugar a dicho control.