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100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010007423SENTENCIASEGUNDA144\98200023/03/2000SENTENCIA__SEGUNDA__144\98__2000_23/03/2000100074232000CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA CONSEJERA PONENTE : DRA ANA MARGARITA OLAYA FORERO Santa Fe de Bogotá D.C., veintitres (23) de marzo de dos mil (2000).
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadANA MARGARITA OLAYA FOREROMARTHA ABIGAIL CONTRERASDemanda por la cual se solicita que se declare la nulidad parcial del artículo 12 del Decreto 1444 del 3 de septiembre de 1992Identificadores10010007424true69721Versión original10007424Identificadores

Fecha Providencia

23/03/2000

Sección:  SEGUNDA

Consejero ponente:  ANA MARGARITA OLAYA FORERO

Norma demandada:  Demanda por la cual se solicita que se declare la nulidad parcial del artículo 12 del Decreto 1444 del 3 de septiembre de 1992

Demandante:  MARTHA ABIGAIL CONTRERAS


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

CONSEJERA PONENTE : DRA ANA MARGARITA OLAYA FORERO

Santa Fe de Bogotá D.C., veintitres (23) de marzo de dos mil (2000).

REF: Expediente No. 144/98 Decretos del Gobierno

Actor: MARTHA ABIGAIL CONTRERAS

PULIDO

ANTECEDENTES

1.- El Dr. JOSE FERNANDO CASTRO CAYCEDO, en su condición de DEFENSOR DEL PUEBLO, en ejercicio de laacción de nulidad por inconstitucionalidad, solicita a esta Corporación se declare la nulidad parcial del artículo 12 del Decreto 1444 del 3 de septiembre de 1992, por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos docentes de las Universidades Públicas del orden nacional.

2. El texto de la disposición acusada reza lo siguiente (se subraya la parte demandada):

CAPITULO II

DE LA REMUNERACION DE LOS DOCENTES DE CATEDRA.

Artículo 12. Las remuneraciones de los docentes de hora-cátedra vinculadosmediante contrato de prestación de servicios a las universidades públicas del orden nacional, se liquidarán según su categoría en el escalafón, y de acuerdo con las horas efectivamente dictadas.

Según el nivel equivalente en el escalafón, los valores de la hora cátedra en puntos, serán los siguientes:

a) Para el equivalente a Instructor o Profesor Auxiliar, Instructor Asistente, uno y un cuarto (1.25) puntos;

b) Para el equivalente a Profesor Asistente, dos (2) puntos;

c) Para el equivalente a Profesor Asociado, dos y un cuarto (2.25) puntos;

d) Para el equivalente a Profesor Titular, dos y medio (2.5) puntos;

e) Para el equivalente a Instructor Asociado, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia, uno y medio (1.5) puntos.".

3.- Los hechos de la demanda pueden sintetizarse así:

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de la ley 4ª de 1992, expidió el decreto 1444 de 1992 que regula el régimen salarial y prestacional de los docentes vinculados a universidades públicas del orden nacional; la citada norma regula en su capítulo II las remuneraciones de los docentes hora - cátedra vinculados mediante contrato de prestación de servicios; que la Corte Constitucional mediante la sentencia C- 006 del 18 de enero de 1996, declaró la inexequibilidad del artículo 73 de la Ley 30 de 1992 que establece que los profesores de cátedra son contratistas y su vinculación se hará mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos.

Expresa el señor Defensor del Pueblo que la declaratoria de inexequibilidada se fundamentó en la vulneración de los artículos 13,25 y 53 de la Carta Política; que como el artículo 12 del Decreto 1444, demandado en esta litis, regula el pago de hora cátedra, sólo teniendo en cuenta las horas trabajadas, sin reconocer el tiempo que los docentes utilizan para la preparación de programas, corrección de exámenes, entrega de notas, reuniones, etc., es decir, todo aquello que se entiende por labor académica, la cual es reconocida a los docentes de planta; que por ello, el precepto es violatorio del derecho a la dignidad, a la igualdad y al trabajo.

Argumenta el demandante que para demostrar la inconstitucionalidad de la norma acusada, es preciso tener en cuenta las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia C-006 de 1996, ya que existe identidad de materia entre la disposición demandada en este caso y el precepto examinado por la Corte, en razón a que el Decreto Reglamentario 1444 de 1992 incorporó el mismo enunciado normativo de la Ley 30 de 1992, en cuanto se refiere a la "vinculación mediante contrato de prestación de servicios" de los docentes hora cátedra en las universidades estatales, y si la norma legal es inconstitucional, lo normado en el Decreto también lo es, aunque procedan de distintas fuentes; además se produce una de las modalidades de la cosa juzgada constitucional, al tenor del artículo 243 de la Constitución Política.

4.- La demanda fue notificada personalmente a los señores Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional, al Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Agente del Ministerio Público.

El Señor Ministro de Educación, por intermedio de apoderado, contestó la demanda, oponiéndose a sus súplicas. Manifestó que el Gobierno Nacional al expedir el acto acusado tuvo en cuenta lo expresado por el Defensor del Pueblo, para establecer los criterios al fijar la remuneración de los profesores universitarios; esto es, las horas que deben destinar para preparar las clases, la calificación de exámenes y todas las demás actividades que requieren para cumplir con su labor; que además, los docentes hora cátedra tienen una remuneración acorde con su preparación y con la labor que deben desempeñar.

Así mismo, el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público contesta la demanda, oponiéndose a sus pretensiones. Argumenta que una lectura detenida del aparte de la norma acusada, lleva a concluir que ésta simplemente establece el parámetro a tomar en cuenta para determinar la remuneración de los profesores hora cátedra; que por ello, no puede interpretarse que con dichos parámetros se estén desconociendo los derechos que les asisten a los profesores de cátedra, para el reconocimiento proporcional de las prestaciones sociales, pues se estaría haciendo decir a la norma, algo que ella no consagró.

Por otra parte, señala el señor Ministro que la norma demandada se ajusta a los principios rectores señalados en el artículo 53 de la Carta Política, ya que la remuneración de los docentes hora cátedra se sujeta a las horas efectivamente dictadas, dando cumplimiento así a la exigencia del precepto constitucional referido; que si el legislador no hubiera fijado un parámetro como el señalado en la norma acusada, se llegaría al absurdo de que estos docentes devenguen una remuneración igual a la de los docentes de tiempo completo, lo que sería a todas luces inequitativo; que además, la norma no desconoce los méritos profesionales, ya que la remuneración se liquida de acuerdo con la categoría que se demuestre en el escalafón.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El señor Procurador Cuarto Delegado ante esta Corporación solicita se despachen en forma desfavorable las pretensiones de la demanda. Manifiesta que no se observa la predicada desigualdad, puesto que la retribución de la hora cátedra es directamente proporcional a la asignación de los docentes de planta, según su escalafón; que no podría haber nada más equitativo para reglar en forma precisa la contraprestación de los servicios de esa clase de servidores públicos.

Señala además el Procurador Delegado que no hay identidad entre la norma demandada y el artículo 73 de la Ley 30 de 1992 en el aparte que fue declarado inexequible, para que se decrete la ocurrencia de cosa juzgada o se aplique la teoría de la nulidad sobreviniente por la declaratoria de inexequibilidad de la norma que le sirve de sustento, porque, de una parte, las normas declaradas inexequibles hacen referencia a la forma de vinculación y al pago de sus prestaciones, más no a la fijación de emolumentos por la labor prestada, y, de otra parte, porque el precepto que se acusa no reglamenta de manera alguna los apartes de los artículos declarados contrarios a la Carta Política. Finalmente, señala el agente del Ministerio Público que la norma acusada se expidió con base en los criterios fijados en la Ley 4ª de 1992, por lo que mal puede estimarse que contraríe dicho ordenamiento.

Agotado el trámite procesal y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para examinar los apartes de la norma acusada, la Sala seguirá el siguiente derrotero, teniendo en cuenta los argumentos formulados por el señor Defensor del Pueblo en su demanda.

I.- Alcances de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 73 de la Ley 30 de 1992 frente a la norma acusada.

Uno de los motivos esgrimidos por el señor Defensor del Pueblo para impugnar las frases de la norma acusada, es la declaratoria de inexequibilidad del artículo 73 de la Ley 30 de 1992 ordenada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-006 del 18 de enero de 1996, en la cual se definió que los docentes hora- cátedra no son contratistas sino servidores públicos, en virtud de la relación laboral que se da entre éstos y la Universidad; que por ello, al consagrar el artículo 12 del Decreto 1444 de 1992 la expresión "vinculados mediante contrato de prestación de servicio", que igualmente contemplaba el citado artículo 73 que fue declarado inexequible, la norma reglamentaria se torna en inconstitucional, por tener el mismo vicio del precepto legal, argumento que resulta acertado.

En efecto, por la declaratoria de inexequibilidad del artículo 73 de la citada Ley 30 de 1992, desapareció del universo jurídico la contratación de docentes hora - cátedra mediante la modalidad de "contrato de prestación de servicios", pues la sentencia de la Corte Constitucional fue muy clara en expresar que estos docentes tienen una relación laboral subordinada; por tal virtud, en los términos de la Corte Constitucional "son servidores públicos que están vinculados a un servicio público y en consecuencia los respectivos actos administrativos determinarán las modalidades y efectos de su relación jurídica de acuerdo con la ley". Teniendo entonces estos docentes una relación laboral subordinada y no el carácter de contratistas, forzoso es concluir que la frase que contempla la norma reglamentaria acusada "vinculados mediante contrato de prestación de servicios", se encuentra afectada de inconstitucionalidad, por seguir la suerte de la disposición legal a la cual se encuentra ligada, lo que impone su declaratoria de nulidad, por la misma inconstitucionalidad al tenor del artículo 84 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo.

II.- Violación del derecho a la igualdad y al trabajo y violación del artículo 53 de la Constitución Política.

Alega el señor Defensor del Pueblo que el hecho de que la norma acusada hubiera señalado la remuneración de los docentes hora cátedra, "de acuerdo con las horas efectivamente dictadas", viola el artículo 13 de la Constitución Política, porque introduce un sistema de retribución que no concuerda con las asignaciones salariales que disfrutan los profesores de planta, y no tiene en cuenta el reconocimiento del trabajo integral de la labor docente y en tal medida desconoce el artículo 53 de la Carta Política, ya que el salario no es proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, planteamiento que es acertado. Varias son las razones que llevan a la Sala a esta conclusión.

Es cierto que la Corte Constitucional en la sentencia C- 006 de 1996, citada en párrafos antecedentes, avaló el tratamiento distinto que le dio el legislador en la Ley 30 de 1992 a las diferentes categorías de docentes que allí se contemplan. Basta la transcripción de los siguientes párrafos, para probar este aserto:

"Se trata de tres modalidades que permiten la vinculación de docentes universitarios, que desde diferentes perspectivas suplirán las distintas necesidades propias de una institución de educación superior; así, los primeros, los profesores empleados públicos, los cuales ingresan por concurso de méritos, constituyen uno de los estamentos esenciales de la comunidad académica, que conforma e identifica la institución, hacen parte activa de ella y se desarrollan profesionalmente a su servicio; los catedráticos que se vinculan como contratistas, atienden funciones o tareas docentes de carácter especializado o coyuntural, que no exigen su dedicación de medio tiempo o de tiempo completo; y los profesores ocasionales, que transitoriamente se vinculan a la institución, ellos si con dedicación de medio tiempo o tiempo completo, para realizar actividades inherentes a la naturaleza de la institución: docencia y/o investigación.

…..

No se encuentra entonces ningún tipo de contradicción entre la definición de las mencionadas categorías y las disposiciones del ordenamiento superior, ni ausencia de justificación de las mismas, pues ellas responden a las singulares características y necesidades de las universidades, y son adoptadas, según el caso, por decisión de la misma comunidad académica, la cual a través de sus órganos de dirección, órganos plurales de representación en los que participan todos sus estamentos (consejos superiores, consejos académicos, consejos de facultad, entre otros), definen para cada proyecto o programa la utilización de uno u otro mecanismo de vinculación…"

Más adelante expresó la citada sentencia:

"Vale reiterar, que no se trata de identificar en una sola las dos categorías de profesores a que se refieren los artículos 72 y 74 de la ley 30 de 1992; los profesores empleados públicos que no son de libre nombramiento y remoción, los cuales ingresan por concurso, y los profesores ocasionales, son dos categorías distintas, que se originan en necesidades institucionales diferentes, y que se diferencian en cuanto al modo de vinculación y la transitoriedad de la segunda; sin embargo, en ambas se genera una relación de trabajo que como tal debe sustentarse en el reconocimiento y respeto de los derechos y deberes que para las partes señala la ley…"

No obstante, el hecho de que existan modalidades diferentes para la vinculación de docentes universitarios no implica que no pueda hacerse el juicio de igualdad que pretende el señor Defensor del Pueblo, en cuanto al señalamiento de la remuneración.

Respecto del derecho de la igualdad, ya la Corte Constitucional ha desarrollado numerosa jurisprudencia, precisando sus matices y contenido, por lo que basta en este proveído recordar que la igualdad de trato queda violada cuando la distinción carece de justificación objetiva y razonable.

En el caso sub lite, encuentra la Sala que el hecho de que la remuneración para los docentes hora - cátedra se liquide "de acuerdo con las horas efectivamente dictadas", sin tener en cuenta las demás labores académicas que tienen a su cargo, es discriminatorio frente a los profesores de planta, pues éstos, al igual que aquellos, además de las horas dictadas tiene que cumplir otras labores de docencia y sin embargo para ellos no existe tal restricción, como se observa de los artículos que hacen parte del Capítulo I del Decreto 1444 de 1992.

Las circunstancias, pues, que le son comunes a los docentes de planta y de cátedra en cuanto al trabajo que desarrollan (dictar clase y atender las demás labores propias de la docencia) imponen un tratamiento igual, lo que lleva necesariamente a concluir que no existe razón suficiente y objetiva que justifique ese trato desigual; pero además, como lo señala el Defensor del Pueblo, este tratamiento desigual infringe el principio de "proporcionalidad a la cantidad y calidad de trabajo" señalado en el artículo 53 de la Carta Política.

Es de advertir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en la citada sentencia C- 006 de 1996 fue reiterada en el fallo C-517 del 22 de julio de 1999, en el cual se examinó el artículo 106 de la Ley 30 de 1992, norma que se refiere a la vinculación de profesores por hora cátedra en las instituciones privadas de educación superior, declarando exequible tal disposición, excepto en las expresiones "bien sea", "o mediante contratos de servicios" y "en cuanto a honorarios se refiere" que se declararon inexequibles. En dicha sentencia C-517 de 1999 la Corte Constitucional analizó la remuneración de los docentes privados hora cátedra frente al principio de igualdad con los demás docentes. Los argumentos expuestos en la citada providencia de la Corte, son perfectamente aplicables en el examen de esta censura.

Dijo la Corte Constitucional:

"…..tal como lo ha venido expresando esta Corporación en abundante jurisprudencia, el principio de igualdad reconocido por el articulo 53 Superior "implica que el trabajador, en lo relativo a su retribución, depende de sus habilidades y de la labor que desempeña, y no de las condiciones o circunstancias de su patrono: a trabajo igual, salario igual".

Los anteriores planteamientos son suficientes para acceder a las pretensiones de la demanda, decretando la nulidad de las frases demandadas, pues dichas expresiones contrarían los artículos 13, 25 y 53 de la Carta Política.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

DECLARASE LA NULIDAD de las frases "vinculados mediante contrato de prestación de servicios" y " y de acuerdo con las horas efectivamente dictadas" contenidas en el inciso 1º del artículo 12 del Decreto Reglamentario 1444 del 3 de septiembre de 1992.