SENTENCIA 5908 y 5983 de 1994

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010007145SENTENCIAPRIMERA5908 y 5983199411/10/1994SENTENCIA__PRIMERA__5908 y 5983__1994_11/10/1994100071451994POTESTAD REGLAMENTARIA - Extralimitaci�n / AUXILIO DE CESANTIAS / REGIMEN ESPECIAL DE CESANTIAS - Acogimiento / PLAZO / COMUNICACION Al confrontar la Sala lo dispuesto en el art. 1o. del Decreto 1176 con el par�grafo del art�culo 98 de la ley 50 de 1990, encuentra que la norma reglamentaria excedi� este precepto legal, ya que la ley al no haber establecido oportunidad para ello, le permite al trabajador comunicar por escrito al empleador, en cualquier momento, la fecha a partir de la cual acoge al nuevo r�gimen especial de auxilio de cesant�a, sin la limitaci�n del mes de antelaci�n que establece la norma reglamentaria. AUXILIO DE CESANTIAS - Liquidaci�n Lo dispuesto en el citado art�culo 2o. no excede la potestad reglamentaria, pues es l�gico que al trabajador vinculado por contrato de trabajo celebrado con anterioridad a la vigencia de la ley 50 de 1990, que se acoja al r�gimen especial de auxilio de cesant�a establecido en el numeral 2o. del art�culo 98 de la ley, se le aplique en su integridad este nuevo sistema creado por la ley 50, procedi�ndose previamente a la liquidaci�n definitiva de esa prestaci�n correspondiente al per�odo regido por el anterior sistema, mas si se tiene en cuenta que su valor no contin�a en manos del empleador, sino que debe pasar al fondo que indique el trabajador. INTERESES A LA CESANTIA - R�gimen Aplicable Como el numeral 2o. del art�culo 99 de la Ley 50 de 1990 determina la forma como el empleador cancelar� al trabajador los intereses legales, en los t�rminos de las disposiciones vigentes sobre el r�gimen tradicional de cesant�a, ello quiere decir que el trabajador que decida someterse al nuevo r�gimen de esta prestaci�n, para la liquidaci�n de los intereses por este concepto, continuar� comprendido por la Ley 52 de 1975. El art�culo 2 no hizo otra cosa que precisar, dentro del marco legal, la forma como el empleador debe proceder a efectuar la liquidaci�n definitiva del auxilio de cesant�a, cuando el trabajador vinculado por contrato de trabajo con anterioridad a la vigencia de la ley 50 de 1990, decide acogerse al nuevo r�gimen especial. AUXILIO DE CESANTIAS - Consignaci�n / FONDO DE CESANTIAS / INTERESES A LA CESANTIA - Entrega Es de la naturaleza del nuevo r�gimen especial que las sumas correspondientes al auxilio de cesant�a se consignen en el fondo escogido por el trabajador, con el fin de garantizarle una adecuada rentabilidad, regla igualmente aplicable al empleado vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 50 de 1990 que decida acogerse al nuevo r�gimen de tal auxilio; pues como ya se anot�, el nuevo sistema debe abarcar en su integridad al referido empleado cuando adopte tal determinaci�n. As� pues, al trabajador que se acoge al nuevo r�gimen, se le aplica en su integridad lo que al respecto dispone el sistema consagrado en la Ley 50 de 1990, ordenando la consignaci�n del auxilio de cesant�a en el fondo; y el pago de intereses legales (que determina la ley 52 de 1975), los cuales se entregar�n directamente al trabajador, dentro del mes siguiente a la fecha de liquidaci�n del auxilio, como lo ordena el inciso 2o. del art�culo 3o. del Decreto 1176 de 1991, sin que por la circunstancia de precisarse el t�rmino en que procede dicha entrega, haya exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria. INTERESES A LA CESANTIA - Conclusi�n / SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIAS El numeral 2o. del art�culo 99 de la Ley 50 establece que el empleador cancelar� al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracci�n en los t�rminos de las disposiciones vigentes sobre el r�gimen tradicional de cesant�as, en relaci�n con la suma causada en el a�o o en la fracci�n que se liquide definitivamente. Dichos t�rminos son los previstos en el inciso 2o. del art�culo 1o. de la Ley 52 de 1975. Para la Corporaci�n es claro que la Ley 50 de 1990 no consagr� la obligaci�n al empleador de pago de los intereses aunque hace menci�n el art�culo 4 del Decreto 1176 de 1991, como s� lo estableci� el art�culo 101 de esa ley para las sociedades administradoras de fondos de cesant�as. De ah�, que se dispondr� la nulidad de este art�culo. CESANTIAS - Liquidaci�n / CESANTIAS - Consignaci�n / PLAZO / INTERESES POR RETARDO - Improcedencia / NUEVO REGIMEN DE CESANTIAS - Objeto El numeral 3 del art�culo 99 de la Ley 50 de 1990 ordena que el valor liquidado por concepto de cesant�a se consigne antes del 15 de febrero del a�o siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesant�a que �ste disponga; y que el empleador que incumpla el plazo se�alado, deber� pagar un d�a de salario por cada d�a de retardo. La Ley 50 de 1990 no dispuso para el evento previsto en el art�culo 6o. demandado, el reconocimiento de intereses distintos del 12% anual, por lo que en este asunto igualmente el ejecutivo se excedi� en el ejercicio de la potestad reglamentaria. No se discute que el prop�sito del legislador al establecer el nuevo r�gimen de cesant�a fue el de obtener para los trabajadores una mayor rentabilidad de la prestaci�n, pero ello no puede servir de base para que el reglamento establezca obligaciones a cargo de los empleadores, que la ley no cre�, ni puede perderse de vista que, por v�a general y abstracta, �nicamente la Constituci�n o la ley pueden consagrar obligaciones; que por el mismo motivo no es dable pensar en la existencia de ellas de manera t�cita o impl�cita en dichas normas, para que el reglamento pueda hacerlas expresas, pues ello conducir�a a la m�s absoluta inseguridad jur�dica; siendo irrebatible que el reglamento puede llenar los vac�os y detalles que la ley no previ�, �stos s�lo pueden referirse a los medios para que los mandatos de ella se cumplan, pero en manera alguna puede considerarse que la creaci�n de una obligaci�n no determinada por el legislador, sea un mero vac�o o detalle, para que el reglamento pueda crearla. FONDO DE CESANTIAS - Funciones / AUXILIO DE CESANTIAS - Rentabilidad El inciso 3 del art�culo 101 de la Ley 50 de 1990 alude a la rentabilidad que debe dar el fondo y no empleador, sobre el valor liquidado por concepto de cesant�a que se deber� consignar por �ste antes del 15 de febrero del a�o siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesant�a que el mismo elija. Por consiguiente, en tales circunstancias, el empleador tiene solamente la obligaci�n de consignar la cesant�a del trabajador al respectivo fondo, de conformidad con el valor establecido en la ley, y en caso de no hacerlo as�, en los t�rminos indicados, deber� pagar un d�a de salario por cada d�a de retardo. Al haberse excedido el Ejecutivo en el ejercicio de la potestad reglamentaria en el art�culo 6o del Decreto 1175 de 1991, deber� anularse, como lo solicita la agencia del Ministerio P�blico, en su concepto de fondo de 25 de agosto de 1992. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCI�N SEGUNDA Consejero ponente: JOAQU�N BARRETO RUIZ Santaf� de Bogot�, D.C., octubre once (11) de mil novecientos noventa y cuatro (1994)

Norma demandada: �Procede la Sala a decidir los procesos acumulados de la referencia, en los cuales se impetra la nulidad de algunos apartes del Decreto 1176 de 1991, expedido por el se�or Presidente de la Rep�blica.

Al confrontar la Sala lo dispuesto en el art. 1o. del Decreto 1176 con el par�grafo del art�culo 98 de la ley 50 de 1990, encuentra que la norma reglamentaria excedi� este precepto legal, ya que la ley al no haber establecido oportunidad para ello, le permite al trabajador comunicar por escrito al empleador, en cualquier momento, la fecha a partir de la cual acoge al nuevo r�gimen especial de auxilio de cesant�a, sin la limitaci�n del mes de antelaci�n que establece la norma reglamentaria.

Lo dispuesto en el citado art�culo 2o. no excede la potestad reglamentaria, pues es l�gico que al trabajador vinculado por contrato de trabajo celebrado con anterioridad a la vigencia de la ley 50 de 1990, que se acoja al r�gimen especial de auxilio de cesant�a establecido en el numeral 2o. del art�culo 98 de la ley, se le aplique en su integridad este nuevo sistema creado por la ley 50, procedi�ndose previamente a la liquidaci�n definitiva de esa prestaci�n correspondiente al per�odo regido por el anterior sistema, mas si se tiene en cuenta que su valor no contin�a en manos del empleador, sino que debe pasar al fondo que indique el trabajador.

Como el numeral 2o. del art�culo 99 de la Ley 50 de 1990 determina la forma como el empleador cancelar� al trabajador los intereses legales, en los t�rminos de las disposiciones vigentes sobre el r�gimen tradicional de cesant�a, ello quiere decir que el trabajador que decida someterse al nuevo r�gimen de esta prestaci�n, para la liquidaci�n de los intereses por este concepto, continuar� comprendido por la Ley 52 de 1975. El art�culo 2 no hizo otra cosa que precisar, dentro del marco legal, la forma como el empleador debe proceder a efectuar la liquidaci�n definitiva del auxilio de cesant�a, cuando el trabajador vinculado por contrato de trabajo con anterioridad a la vigencia de la ley 50 de 1990, decide acogerse al nuevo r�gimen especial.

AUXILIO DE CESANTIAS - Consignaci�n / FONDO DE CESANTIAS / INTERESES A LA CESANTIA - Entrega

Es de la naturaleza del nuevo r�gimen especial que las sumas correspondientes al auxilio de cesant�a se consignen en el fondo escogido por el trabajador, con el fin de garantizarle una adecuada rentabilidad, regla igualmente aplicable al empleado vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 50 de 1990 que decida acogerse al nuevo r�gimen de tal auxilio; pues como ya se anot�, el nuevo sistema debe abarcar en su integridad al referido empleado cuando adopte tal determinaci�n. As� pues, al trabajador que se acoge al nuevo r�gimen, se le aplica en su integridad lo que al respecto dispone el sistema consagrado en la Ley 50 de 1990, ordenando la consignaci�n del auxilio de cesant�a en el fondo; y el pago de intereses legales (que determina la ley 52 de 1975), los cuales se entregar�n directamente al trabajador, dentro del mes siguiente a la fecha de liquidaci�n del auxilio, como lo ordena el inciso 2o. del art�culo 3o. del Decreto 1176 de 1991, sin que por la circunstancia de precisarse el t�rmino en que procede dicha entrega, haya exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

INTERESES A LA CESANTIA - Conclusi�n / SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIAS

El numeral 2o. del art�culo 99 de la Ley 50 establece que el empleador cancelar� al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracci�n en los t�rminos de las disposiciones vigentes sobre el r�gimen tradicional de cesant�as, en relaci�n con la suma causada en el a�o o en la fracci�n que se liquide definitivamente. Dichos t�rminos son los previstos en el inciso 2o. del art�culo 1o. de la Ley 52 de 1975. Para la Corporaci�n es claro que la Ley 50 de 1990 no consagr� la obligaci�n al empleador de pago de los intereses aunque hace menci�n el art�culo 4 del Decreto 1176 de 1991, como s� lo estableci� el art�culo 101 de esa ley para las sociedades administradoras de fondos de cesant�as. De ah�, que se dispondr� la nulidad de este art�culo.

CESANTIAS - Liquidaci�n / CESANTIAS - Consignaci�n / PLAZO / INTERESES POR RETARDO - Improcedencia / NUEVO REGIMEN DE CESANTIAS - Objeto

El numeral 3 del art�culo 99 de la Ley 50 de 1990 ordena que el valor liquidado por concepto de cesant�a se consigne antes del 15 de febrero del a�o siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesant�a que �ste disponga; y que el empleador que incumpla el plazo se�alado, deber� pagar un d�a de salario por cada d�a de retardo. La Ley 50 de 1990 no dispuso para el evento previsto en el art�culo 6o. demandado, el reconocimiento de intereses distintos del 12% anual, por lo que en este asunto igualmente el ejecutivo se excedi� en el ejercicio de la potestad reglamentaria. No se discute que el prop�sito del legislador al establecer el nuevo r�gimen de cesant�a fue el de obtener para los trabajadores una mayor rentabilidad de la prestaci�n, pero ello no puede servir de base para que el reglamento establezca obligaciones a cargo de los empleadores, que la ley no cre�, ni puede perderse de vista que, por v�a general y abstracta, �nicamente la Constituci�n o la ley pueden consagrar obligaciones; que por el mismo motivo no es dable pensar en la existencia de ellas de manera t�cita o impl�cita en dichas normas, para que el reglamento pueda hacerlas expresas, pues ello conducir�a a la m�s absoluta inseguridad jur�dica; siendo irrebatible que el reglamento puede llenar los vac�os y detalles que la ley no previ�, �stos s�lo pueden referirse a los medios para que los mandatos de ella se cumplan, pero en manera alguna puede considerarse que la creaci�n de una obligaci�n no determinada por el legislador, sea un mero vac�o o detalle, para que el reglamento pueda crearla.

El inciso 3 del art�culo 101 de la Ley 50 de 1990 alude a la rentabilidad que debe dar el fondo y no empleador, sobre el valor liquidado por concepto de cesant�a que se deber� consignar por �ste antes del 15 de febrero del a�o siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesant�a que el mismo elija. Por consiguiente, en tales circunstancias, el empleador tiene solamente la obligaci�n de consignar la cesant�a del trabajador al respectivo fondo, de conformidad con el valor establecido en la ley, y en caso de no hacerlo as�, en los t�rminos indicados, deber� pagar un d�a de salario por cada d�a de retardo. Al haberse excedido el Ejecutivo en el ejercicio de la potestad reglamentaria en el art�culo 6o del Decreto 1175 de 1991, deber� anularse, como lo solicita la agencia del Ministerio P�blico, en su concepto de fondo de 25 de agosto de 1992.

Santaf� de Bogot�, D.C., octubre once (11) de mil novecientos noventa y cuatro (1994)

Procede la Sala a decidir los procesos acumulados de la referencia, en los cuales se impetra la nulidad de algunos apartes del Decreto 1176 de 1991, expedido por el se�or Presidente de la Rep�blica.

El ciudadano Carlos Alvarez Pereira, en ejercicio de la acci�n p�blica de nulidad consagrada en el Art�culo 84 del C.C.A., solicita se declare la nulidad de los art�culos 4o. y 6o. del Decreto 1176 del 6 de mayo de 1991 proferido por el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en el ordinal 3o. del art�culo 120 de la Carta de 1886, por el cual se reglamentan el par�grafo del art�culo 98 y el art�culo 99 de la Ley 50 de 1990 (folio 2, expediente No. 5908).

En el escrito introductorio sostiene que el Decreto 1176 de 1991 en sus art�culos 4o. y 6o., excedi� la potestad reglamentaria establecida en la Constituci�n y cre� unas obligaciones nuevas para los empleadores no consagradas en las normas de la Ley 50 de 1990; que Ia potestad reglamentaria de que invisti� al jefe del Estado la Carta de 1886 en el ordinal 3o. de su art�culo 120, no lo facultaba para modificar o adicionar las leyes, sino simplemente para reglamentarlas; que dicho precepto constitucional, el art�culo 12 de la Ley 153 de 1887 y los principios sobre jerarqu�a de las reglas de derecho determinan los l�mites de la potestad reglamentaria, respecto de lo cual existe abundante jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia; que ni el par�grafo del art�culo 98 ni el art�culo 99 de la Ley 50 de 1990 se�alaron la obligaci�n para los empleadores de pagar intereses distintos al 12% anual o proporcional por fracci�n, de acuerdo con lo establecido en la Ley 12 de 1975; que en ejercicio abusivo e ilegal de la potestad reglamentaria, el ejecutivo cre� una nueva obligaci�n no prevista en la ley, a los empleadores de aquellos trabajadores que voluntariamente se han acogido al r�gimen del auxilio de cesant�a, indicado en la Ley 50 de 1990, art�culo 99, y que se encontraban vinculados a ellos con anterioridad al 1o. de enero de 1991; que igual cosa ocurre con el art�culo 6o., pues las obligaciones para los empleadores de aquellos trabajadores vinculados con anterioridad al 1o. de enero de 1991, pero que voluntariamente se acogieron al nuevo r�gimen del auxilio de cesant�a, est�n expresamente consagradas en los numerales 1o., 2o. y 3o. del art�culo 99 de la Ley 50 de 1990, y que como se puede leer claramente en el numeral 3o., la �nica obligaci�n establecida para los empleadores a 31 de diciembre de cada a�o, es la del pago de los intereses legales indicados en la Ley 12 de 1975 y la consignaci�n del auxilio de cesant�a en los fondos que la misma crea; que del propio an�lisis de la exposici�n de motivos de la Ley 50 de 1990, se desprende que el legislador simplemente mantuvo el r�gimen de intereses legales establecidos en la Ley 12 de 1975 para todo el r�gimen del auxilio de cesant�a nuevo y que se pagar� a trav�s de los fondos, por lo que no se entiende c�mo mediante la facultad reglamentaria puede ni m�s ni menos que crearse una nueva obligaci�n para los empleadores colombianos, cuando el legislador quiso lo contrario, es decir, limitar la obligaci�n del empleador al pago de los intereses establecidos en la ley 12 de 1975.

En la demanda se solicit� adem�s la suspensi�n provisional de los actos enjuiciados (fls. 10 a 12 ib�dem), la cual fue denegada mediante auto del 8 de agosto de 1991 (fls. 14 a 16 ib�dem), decisi�n que una vez recurrida (fls. 18 y 19 ib�dem) fue confirmada por auto del 2 de octubre del mismo a�o (fls. 21 a 23 ib�dem).

Por su parte el ciudadano Luis Felipe Arana Madri��n, en ejercicio de la misma acci�n, solicita la nulidad de los art�culos 1, 2, 3, 4 y 6 del aludido Decreto 1176 de 6 de agosto de 1991 (fl. 2, expediente No. 5983).

En el libelo manifiesta que el par�grafo del art�culo 98 de la Ley 50 de 1990 reglamentado por el Decreto 1176, disposici�n que fue dictada en abierta y ostensible extralimitaci�n de la facultad reglamentaria que tiene el Gobierno, y por ende, deber� ser declarada por el Consejo de Estado la nulidad total del decreto impugnado; que el art�culo 1o. del aludido Decreto 1176, en claro exceso de la potestad reglamentaria, determina el procedimiento que debe seguir el empleado que vinculado por contrato de trabajo con antelaci�n a la vigencia de la Ley 50 de 1990 quiera acogerse al nuevo r�gimen de cesant�as, indicando que deber� hacerse por escrito con una anticipaci�n no inferior a un mes a la fecha a partir de la cual se acoge al referido r�gimen; que al imponer ese plazo, hubo extralimitaci�n de la facultad reglamentaria, pues el par�grafo del art�culo 98 de la Ley 50 de 1990 simplemente consagr� la necesidad de la comunicaci�n escrita y la fecha a partir de la cual se acogen al nuevo r�gimen de cesant�as, dejando la posibilidad de que la fecha escogida sea hacia el futuro o incluso de manera retroactiva, y nada impide en el momento presente que un trabajador exprese a su empleador la decisi�n de acogerse al nuevo r�gimen en forma retroactiva, por ejemplo, al 1o. de enero de 1991, fecha en que entr� en vigencia dicha ley; que el art�culo 2o. del decreto acusado tambi�n presenta un exceso de la facultad reglamentaria, puesto que la Ley 50 de 1990 no estableci� que al trabajador con contrato de trabajo vigente antes del 1o. de enero de 1991, al manifestar su intenci�n de acogerse al nuevo r�gimen, deber� hac�rsele una liquidaci�n definitiva del auxilio de cesant�as, junto con sus intereses legales, lo cual viola ostensiblemente el art�culo 1o. de la Ley 52 de 1975, como s� lo hizo en cambio dicha ley con la estipulaci�n del salario integral; que el art�culo 3o. del Decreto 1176 igualmente presenta un exceso de la facultad reglamentaria, ya que ning�n art�culo de la Ley 50 de 1990 se�ala la obligaci�n de consignar las cesant�as que se hayan causado a la fecha en que el trabajador manifiesta su voluntad de acogerse al nuevo r�gimen, en el fondo respectivo, ni mucho menos la de entregar directamente los intereses dentro del mes siguiente a la fecha de liquidaci�n del auxilio de cesant�a; que el mismo decreto en su art�culo 3o. ha generado la obligatoriedad de consignar la cesant�a causada hasta la fecha en que se decida acogerse al r�gimen de la Ley 50 de 1990, en el fondo escogido por el empleado, obligatoriedad que ni filos�fica ni jur�dicamente fue contemplada por el legislador, adem�s de haber modificado de manera ilegal el art�culo 1o. de la ley 52 de 1975; que el mencionado decreto en su art�culo 4o, nuevamente abusando de la potestad reglamentaria, pretende imponerle al empleador el pago de unos intereses comerciales sobre el valor que debe consignarse en el fondo, siendo que la Ley 50 nunca consagr� el cobro de tales intereses, ni le otorg� a las sociedades administradoras de los fondos de cesant�a, la facultad de liquidarlos y cobrarlos; que el plazo a que hace referencia el art�culo 6o. del decreto 1176 de 1991 es el comprendido entre el 31 de diciembre y el 15 de febrero del a�o siguiente, plazo de gracia que estableci� la Ley 50 para que el empleador consignara en el fondo respectivo, las cesant�as causadas y liquidadas a 31 de diciembre de cada a�o; que ese plazo dado por el legislador fue consagrado sin ning�n tipo de inter�s ni legal ni comercial, por lo que la imposici�n hecha por el art�culo 6 aludido, constituye obviamente una extralimitaci�n del gobierno en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

El demandante concluye diciendo que en este asunto la violaci�n se produce por infracci�n directa de la ley, por errores evidentes de derecho, al existir exceso en la facultad reglamentaria al preferirse el Decreto 1176 de 1991, el cual infringi� "los art�culos 1 y 2 de la ley 52 de 1975, los art�culos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, el art�culo 249 del C�digo Sustantivo del Trabajo y art�culo 120 de la Constituci�n Nacional ". (fl. 11 ib�dem).

En el escrito demandatorio se pidi� la suspensi�n provisional de los art�culos enjuiciados (fls. 13 a 25 ib�dem) y por auto del 8 de octubre de 1991 (fls. 26 a 35 ib�dem) se dispuso suspender provisionalmente, la frase "con una anticipaci�n no inferior a un (1) mes", contenida en el art�culo 1o., al igual que el art�culo 4o. y el art�culo 6o. del decreto mencionado, neg�ndose la suspensi�n provisional de lo dem�s del art�culo 1o. y de los art�culos 2o. y 3o. del mismo decreto (fl. 34), decisi�n que al ser recurrida por el apoderado de la Naci�n (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fls. 46 a 50 ib�dem) fue confirmada mediante auto del 18 de febrero de 1992 (fls. 56 a 61 ib�dem).

El apoderado de la Naci�n en los escritos de contestaci�n de las demandas (fls. 29 a 32 expediente No. 5908 y 68 a 73, expediente No. 5983) expresa, por los motivos all� consignados, que en el caso sub - judice el ejecutivo no ha desbordado su poder reglamentario, raz�n por la cual a su juicio no se debe acceder a las pretensiones formuladas.

Por auto de 9 de junio de 1992 (fls. 44 a 46 expediente No. 5908), a solicitud de la Fiscal�a Quinta del Consejo de Estado (fl. 41 ib�dem), la Sala decret� la acumulaci�n del proceso 5983 al 5908 ya citado, por cumplirse en este asunto los requisitos se�alados en el art�culo 52 del decreto 2651 de 1991, en armon�a con lo dispuesto en el art�culo 82 del C. de P.C.

La Fiscal�a Quinta del Consejo de Estado solicita la nulidad del art�culo 1o. del decreto 1176 en la frase que dice "con una anticipaci�n no inferior a un mes", el art�culo 2o., el inciso 2o. del art�culo 3o., el art�culo 4o. y el art�culo 6o. del citado decreto, porque a su juicio el ejecutivo se excedi� en el ejercicio de la potestad reglamentaria, por las razones que plantea la agencia del Ministerio P�blico en conceptos emitidos el 20 de febrero de 1992 y el 25 de agosto del mismo a�o (folios 36 a 41, expediente No. 5908 y 75 a 80 expediente No. 5983).

Se trata de dilucidar la legalidad de los art�culos 1, 2, 3, 4 y 6 del decreto 1176 de 6 de mayo de 1991 proferido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se reglamentan el par�grafo del art�culo 98 y el art�culo 99 de la Ley 50 de 1990.

"Art�culo 1o. Los trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo celebrados con anterioridad al 1o. de enero de 1991 que, de conformidad con lo estipulado en el par�grafo del art�culo 98 de la Ley 50 de 1990, se acojan voluntariamente al r�gimen especial del auxilio de cesant�a previsto en los art�culos 99 Y siguientes de la misma ley, comunicar�n por escrito al respectivo empleador, con una anticipaci�n no inferior a un (1) mes, la fecha a partir de la cual se acogen a dicho r�gimen.

Art�culo 2o. Recibida la comunicaci�n de que trata el art�culo anterior, el empleador deber� efectuar la liquidaci�n definitiva del auxilio de cesant�a junto con sus intereses legales, hasta la fecha se�alada por el trabajador, sin que por ello se entienda terminado el contrato de trabajo.

Art�culo 3o. El valor liquidado por concepto de auxilio de cesant�a se consignar� en el fondo de cesant�a que el trabajador elija, dentro del t�rmino establecido en el ordinal 3o. del art�culo 99 de la Ley 50 de 1990.

El valor liquidado por concepto de intereses, conforme a lo establecido en la Ley 52 de 1975, se entregar� directamente al trabajador dentro del mes siguiente a la fecha de liquidaci�n del auxilio de cesant�a.

Par�grafo. La liquidaci�n definitiva del auxilio de cesant�a de que trata el presente art�culo, se har� en la forma prevista en los art�culos 249 y siguientes del C�digo Sustantivo del Trabajo.

Art�culo 4o. Sobre el valor liquidado por concepto de auxilio de cesant�a, el empleador reconocer� al trabajador un inter�s equivalente a la tasa efectiva promedio de captaci�n de los bancos y corporaciones financieras para la expedici�n de certificados de deposito a t�rmino con un plazo de noventa (90) d�as, (DTF), en forma proporcional al tiempo transcurrido desde la fecha de liquidaci�n del auxilio hasta la fecha de consignaci�n.

La Sociedad Administradora del Fondo de Cesant�a respectivo, liquidar� al empleador el inter�s que corresponda por dicho per�odo. Estos intereses los consignar� el empleador en el fondo junto con el auxilio de cesant�a.

Art�culo 6o. Durante el plazo se�alado en el ordinal 3o. del art�culo 99 de la Ley 50 de 1990, el empleador reconocer� el mismo inter�s de que trata el art�culo 4o. del presente decreto, sobre el valor liquidado a 31 de diciembre de cada a�o por concepto de auxilio de cesant�a, en forma proporcional al tiempo transcurrido desde el d�a de su liquidaci�n hasta la fecha de su consignaci�n.

El art�culo 98 de la Ley 50 de 1990 dispuso que el auxilio de cesant�a estar� sujeto a los siguientes reg�menes:

1o) El r�gimen tradicional del C�digo Sustantivo del Trabajo establecido en el cap�tulo VIII, t�tulo VIII, parte primera y dem�s normas que lo modifiquen o adicionen, el cual contin�a rigiendo los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia de la citada ley.

2o) El r�gimen especial que por dicha ley se crea, aplicable de manera obligatoria a los contratos de trabajo celebrados a partir de su vigencia.

Por su parte el par�grafo del referido art�culo 98 determina que los trabajadores vinculados por contratos de trabajo efectuados con anterioridad a la vigencia de la Ley 50 de 1990, podr�n acogerse al r�gimen especial consagrado en el numeral 2o. de ese art�culo, para cuyo efecto es suficiente la comunicaci�n escrita, en la cual se�ale la fecha a partir de la cual se acoge.

Por su parte, el art�culo 99 de la Ley 50 de 1990 se�al�, respecto al nuevo r�gimen especial del auxilio de cesant�a, lo siguiente:

a) El 31 de diciembre de cada a�o se efectuar� la liquidaci�n definitiva de cesant�a por la anualidad o por la fracci�n respectiva, sin perjuicio de la que debe realizarse en fecha diferente por la terminaci�n del contrato de trabajo.

b) El empleador cancelar� al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracci�n, en los t�rminos de las disposiciones vigentes sobre el r�gimen tradicional de cesant�a en relaci�n con la suma causada en el a�o o con la fracci�n que se liquide definitivamente, y

c) El valor liquidado por concepto de cesant�a se deber� consignar antes del 15 de febrero del a�o siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesant�a que �ste elija. El empleador que incumpla el plazo establecido pagar� un d�a de salario por cada d�a de retardo.

A su vez, el inciso 2o. del art�culo 1o. de la ley 52 de 1975, se�ala que los intereses del 12% anual a que alude el inciso 1o. del mencionado art�culo, deber�n pagarse en el mes de enero del a�o siguiente a aquel en que se causaron, o en la fecha de retiro del trabajador o dentro del mes siguiente a la liquidaci�n parcial de cesant�a, cuando se produjera antes del 31 de diciembre del correspondiente per�odo anual, en cuant�a proporcional al per�odo transcurrido del a�o.

Ahora bien, el art�culo 1o. acusado consagra que los trabajadores vinculados por contratos de trabajo celebrados con anterioridad al 1o. de enero de 1991, que de acuerdo con lo establecido en el par�grafo del art�culo 98 de la ley 50 de 1990, se acojan voluntariamente al r�gimen especial de auxilio de cesant�a previsto en los art�culos 99 y siguientes de esta ley, comunicar�n por escrito al respectivo empleador, con una anticipaci�n no inferior a un mes, la fecha a partir de la cual se acogen al citado r�gimen.

Al confrontar de nuevo la Sala lo dispuesto en el art�culo 1o. del Decreto 1176 con el par�grafo del art�culo 98 de la Ley 50 de 1990, encuentra que la norma reglamentaria excedi� este precepto legal, ya que la ley al no haber establecido oportunidad para ello, le permite al trabajador comunicar por escrito al empleador, en cualquier momento, la fecha de cesant�a a partir de la cual se acoge al nuevo r�gimen especial de auxilio de cesant�a, sin la limitaci�n del mes de antelaci�n que establece la norma reglamentaria.

Como se sostuvo en auto del 18 de febrero de 1992 (fls. 56 a 61, expediente No. 5983), mediante el cual se confirm� la providencia del 8 de octubre de 1991 (folio 26 a 35 ib�dem), "observa la Sala que la Ley 50 de 1990 hubiera podido disponer que el acto por medio del cual el trabajador se acoja al nuevo r�gimen de cesant�a, se cumpliera dentro del t�rmino que estableciera el reglamento. Pero ello no sucedi� as�, y la potestad concedida al trabajador qued� condicionada �nicamente a que la comunicaci�n de la fecha a partir de la cual se acoja, conste por escrito".

As� las cosas, la frase "con una anticipaci�n no inferior a un mes", contenida en el art�culo 1o. del decreto 1176, deber� anularse.

El art�culo 2o. del decreto reglamentario establece que recibida la comunicaci�n a que hace referencia el art�culo 1o., el empleador deber� efectuar la liquidaci�n definitiva del auxilio de cesant�a, junto con los intereses legales, hasta la fecha indicada por el trabajador, sin que por esa circunstancia se entienda terminado el contrato de trabajo.

Para la Sala, lo dispuesto en el citado art�culo 2o. no excede la potestad reglamentaria, pues es l�gico que al trabajador vinculado por contrato de trabajo celebrado con anterioridad a la vigencia de la ley 50 de 1990, que se acoja al r�gimen especial de auxilio de cesant�a establecido en el numeral 2o. del art�culo 98 de la ley, se le aplique en su integridad este nuevo sistema creado por la Ley 50, procedi�ndose previamente a la liquidaci�n definitiva de esa prestaci�n correspondiente al per�odo regido por el anterior sistema, m�s a�n si se tiene en cuenta que su valor no contin�a en manos del empleado, sino que debe pasar al fondo que indique el trabajador.

El art�culo 2o. no hizo otra cosa que precisar, dentro del marco legal, la forma como el empleador debe proceder a efectuar la liquidaci�n definitiva del auxilio de cesant�a, cuando el trabajador vinculado por contrato de trabajo con anterioridad a la vigencia de la Ley 50 de 1990, decide acogerse al nuevo r�gimen especial. Por ello no se acceder� a decretar la nulidad impetrada.

El inciso primero del art�culo 3 del decreto demandado, dispone que el valor liquidado por concepto de auxilio de cesant�a se consignar� en el fondo de cesant�a que el trabajador escoja, dentro del t�rmino establecido en el ordinal 3o. del art�culo 99 de la Ley 50 de 1990; y en el inciso 2o. se dice que el valor liquidado por concepto de intereses, de acuerdo con lo prescrito en la Ley 52 de 1975, se entregar� directamente al trabajador dentro del mes siguiente a la fecha de liquidaci�n del auxilio de cesant�a.

A su vez el par�grafo del mencionado art�culo expresa que la liquidaci�n definitiva del auxilio de cesant�a se llevar� a cabo en la forma prevista en los art�culos 249 y siguientes del C�digo Sustantivo del Trabajo.

Como ya se dijo, el nuevo r�gimen especial del auxilio de cesant�a regulado por el art�culo 99 de la Ley 50 de 1990, estableci� en su numeral 3o. que:

"El valor liquidado por concepto de cesant�a se consignar� antes del 15 de febrero del a�o siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesant�a que �l mismo elija".

Raz�n por la cual no encuentra la Corporaci�n que el ejecutivo se haya excedido en el ejercicio de la potestad reglamentaria al disponer en el inciso 1o. del art�culo 3�. demandado que:

"El valor liquidado por concepto de auxilio de cesant�a se consignar� en el fondo de cesant�a que el trabajador elija, dentro del t�rmino establecido en el ordinal 3�. del art�culo 99 de la Ley 50 de 1990".

Pues es de la naturaleza del nuevo r�gimen especial que las sumas correspondientes al auxilio de cesant�a se consignen en el fondo escogido por el trabajador, con el fin de garantizarle una adecuada rentabilidad, regla igualmente aplicable al empleado vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 50 de 1990 que decida acogerse al nuevo r�gimen de tal auxilio; pues como ya se anot�, el nuevo sistema debe abarcar en su integridad al referido empleado cuando adopte tal determinaci�n.

As� pues, al trabajador que se acoge al nuevo r�gimen, se le aplica en su integridad lo que al respecto dispone el sistema consagrado en la Ley 50 de 1990, ordenando la consignaci�n del auxilio de cesant�a en el fondo y el pago de intereses legales (que determina la Ley 52 de 1975), los cuales se entregar�n directamente al trabajador, dentro del mes siguiente a la fecha de liquidaci�n del auxilio, como lo ordena el inciso 2o. del art�culo 3o. del Decreto 1176 de 1991, sin que por la circunstancia de precisarse el t�rmino en que procede dicha entrega, haya exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Tampoco acierta el impugnante, cuando afirma que al entregarle los intereses directamente al trabajador se desconoce lo previsto en el art�culo 1o. de la Ley 52 de 1975, pues lo cierto es que tal norma no solamente prev� tal entrega, sino que sanciona al empleador que no cumpla esta obligaci�n.

En cuanto a los art�culos 4o. y 6o. enjuiciados, se tiene que el primero determina que sobre el valor liquidado por concepto de auxilio de cesant�a, el empleador reconocer� al trabajador un inter�s equivalente a la tasa efectiva promedio de captaci�n de los bancos y corporaciones financieras para la expedici�n de certificados de dep�sito a t�rmino con un plazo de 90 d�as (DTF), de manera proporcional al tiempo transcurrido desde la fecha de liquidaci�n del auxilio hasta la fecha de consignaci�n.

El inciso 2o. del mismo art�culo ordena que la sociedad administradora del fondo de cesant�a correspondiente, liquidar� al empleador el inter�s respectivo por dicho per�odo y que estos intereses los consignar� el empleador en el fondo, junto con el auxilio de cesant�a.

Como ya se destac�, el numeral 2o. del art�culo 99 de la Ley 50 establece que el empleador cancelar� al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracci�n en los t�rminos de las disposiciones vigentes sobre el r�gimen tradicional de cesant�a, en relaci�n con la suma causada en el a�o o en la fracci�n que se liquide definitivamente. Dichos t�rminos son los previstos en el inciso 2o. del art�culo 1o. de la Ley 52 de 1975.

Para la Corporaci�n es claro que la Ley 50 de 1990 no consagr� la obligaci�n al empleador del pago de los intereses a que hace menci�n el art�culo 4 del decreto 1176 de 1991, como s� lo estableci� el art�culo 101 de esa ley para las sociedades administradoras de fondos de cesant�as. De ah�, que se dispondr� la nulidad de este art�culo.

El art�culo 6 del decreto demandado se�ala que durante el plazo indicado en el ordinal 3 del art�culo 99 de la Ley 50 de 1990, el empleador reconocer� el mismo inter�s a que alude el art�culo 4o. del dicho decreto, sobre el valor liquidado a 31 de diciembre de cada a�o por concepto de auxilio de cesant�a, en forma proporcional al t�rmino transcurrido desde el d�a de su liquidaci�n hasta la fecha de su consignaci�n; y el inciso 2o. dispuso que la sociedad administradora del fondo de cesant�a respectivo, liquidar� al empleador el inter�s que corresponda por el citado per�odo y que los intereses los consignar� el empleador en el fondo junto con el auxilio de cesant�a.

Como ya se vio, el numeral 3o. del art�culo 99 de la Ley 50 de 1990 ordena que el valor liquidado por concepto de cesant�a se consigne antes del 15 de febrero del a�o siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesant�a que �ste disponga; y que el empleador que incumpla el plazo se�alado, deber� pagar un d�a de salario por cada d�a de retardo.

La Sala observa sobre el t�pico, que la Ley 50 de 1990 no dispuso para el evento previsto en el art�culo 6o. demandado, el reconocimiento de intereses distintos del 12% anual, por lo que en este asunto igualmente el ejecutivo se excedi� en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Como lo sostuvo la Corporaci�n en auto del 18 de febrero de 1992, no se discute que el prop�sito del legislador al establecer el nuevo r�gimen de cesant�a fue el de obtener para los trabajadores una mayor rentabilidad de la prestaci�n, pero ello no puede servir de base para que el reglamento establezca obligaciones a cargo de los empleadores, que la ley no cre�, ni puede perderse de vista que, por v�a general y abstracta, �nicamente la Constituci�n o la ley pueden consagrar obligaciones; que por el mismo motivo no es dable pensar en la existencia de ellas de manera t�cita o impl�cita en dichas normas, para que el reglamento pueda hacerlas expresas, pues ello conducir�a a la m�s absoluta inseguridad jur�dica; siendo irrebatible que el reglamento puede llenar los vac�os y detalles que la ley no previ�, �stos s�lo pueden referirse a los medios para que los mandatos de ella se cumplan, pero en manera alguna puede considerarse que la creaci�n de una obligaci�n no determinada por el legislador, sea un mero vac�o o detalle, para que el reglamento pueda crearla (fls. 59 y 60, expediente No. 5983).

La Sala precisa que el inciso 3o. del art�culo 101 de la Ley 50 de 1990 alude a la rentabilidad que debe dar el fondo y no el empleador, sobre el valor liquidado por concepto de cesant�a que se deber� consignar por �ste antes del 15 de febrero del a�o siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesant�a que el mismo elija.

Por consiguiente, en tales circunstancias, el empleador tiene solamente la obligaci�n de consignar la cesant�a del trabajador al respectivo fondo, de conformidad con el valor establecido en la Ley, y en caso de no hacerlo as�, en los t�rminos indicados, deber� pagar un d�a de salario por cada d�a de retardo.

Al haberse excedido el Ejecutivo en el ejercicio de la potestad reglamentaria en el art�culo 6o. del decreto 1176 de 1991, deber� anularse, como lo solicita la agencia del Ministerio P�blico en su concepto de fondo de 25 de agosto de 1992 (fl. 80, expediente No. 5983).

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

1o) Decl�rase la nulidad de la frase "con una anticipaci�n no inferior a un (1) mes", contenida en el art�culo 1o., del Decreto Reglamentario 1176 de 1991.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE EN LOS ANALES DEL CONSEJO DE ESTADO Y ARCH�VESE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesi�n celebrada el d�a 29 de septiembre de 1994.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Facultades / POTESTAD REGLAMENTARIA - Objeto / AUXILIO DE CESANTIAS / (Salvamento de Voto)

Desde la Constituci�n de 1886, el Presidente de la Rep�blica tiene poder reglamentario. En otras palabras, se entiende por reglamento la norma de car�cter general que expide el Presidente de la Rep�blica para la cumplida ejecuci�n de las leyes. Actualmente la base de este poder descansa en el ordinal 11 del art�culo 189 de Carta Pol�tica hoy vigente, igual que antiguamente emanaba de los numerales 2o. y 3o. del art�culo 120 del viejo ordenamiento constitucional. De la lectura del ordinal 11 del art�culo 189 que se acaba de citar resulta que la Ley de Leyes hace menci�n a los reglamentos ejecutivos que deben estar subordinados a la cumplida ejecuci�n de las leyes, o como dice Copete Lizarralde, el reglamento tiene por naturaleza los l�mites de la ley reglamentada. A juicio del suscrito, ni el art�culo 1o. del Decreto 1176 de 1991, en la frase declarada nula, ni los art�culos 4o. y 6o. del mismo van m�s all� de lo que quiso la ley. Simplemente aclara la manera c�mo la ley reglamentada puede cumplirse de manera efectiva y por ello no encuentra ninguna causal de nulidad, como lo ha cre�do la ilustrada mayor�a de la Sala. Lo anulado por la sentencia, simplemente est� indicando una pauta con el �nico prop�sito de lograr la cumplida ejecuci�n de la ley, y por ende el suscrito no observa que ha ido m�s all� de lo querido por el legislador. La �nica mira que debe tener el Presidente de la Rep�blica al reglamentar una ley, es que �sta pueda ser cumplida debidamente. No es necesario que se repitan la letra o el pensamiento del legislador, sino que ello se desarrolle en forma armoniosa, de tal suerte que se vuelva operativo, m�xime cuando hay un tr�nsito de legislaci�n, como sucede en el caso que estudi� la sentencia de la cual se disiente. No se olvide que el Decreto Reglamentario 1176 de 1991 es un acto que afecta derechos de terceros, porque la Ley 50 de 1990 cre� nuevas reglas de derecho para lo que se refiere al auxilio de cesant�as, y es all� donde la funci�n reglamentaria cobra mayor relieve, y por lo tanto se hace imperativo comunicarle cierta din�mica, que fue lo que hizo el decreto a trav�s de los art�culos declarados nulos.

Con todo respeto, el suscrito disiente de la sentencia arriba mencionada en cuanto declar� la nulidad de la frase "con una anticipaci�n no inferior a un (1) mes", contenida en el art�culo 1o. del Decreto Reglamentario 1176 de 1991, y la de los art�culos 4o. y 6o. de ese decreto.

Como es bien sabido, desde la Constituci�n de 1886, el Presidente de la Rep�blica tiene poder reglamentario. En otras palabras, se entiende por reglamento la norma de car�cter general que expide el Presidente de la Rep�blica para la cumplida ejecuci�n de las leyes. Actualmente la base de este poder descansa en el ordinal 11 del art�culo 189 de la Carta Pol�tica hoy vigente, igual que antiguamente emanaba de los numerales 2o. y 3o. del art�culo 120 del viejo ordenamiento constitucional.

De la lectura del ordinal 11 del art�culo 189 que se acaba de citar resulta que la Ley de Leyes hace menci�n a los reglamentos ejecutivos que deben estar subordinados a la cumplida ejecuci�n de las Leyes, o como dice Copete Lizarralde, el reglamento tiene por naturaleza los l�mites de la ley reglamentada.

A juicio del suscrito, ni el art�culo 1o. del decreto 1176 de 1991, en la frase declarada nula, ni los art�culos 4o. y 6o. del mismo van m�s all� de lo que quiso la ley. Simplemente aclara la manera como la ley reglamentada puede cumplirse de manera efectiva y por ello no encuentra ninguna causal de nulidad, como lo ha cre�do la ilustrada mayor�a de la Sala.

Para mayor claridad, se transcriben a continuaci�n los textos correspondientes a saber:

"Art�culo 1o. Los trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo celebrados con anterioridad al 1o. de enero de 1991 que, de conformidad con lo estipulado en el par�grafo del art�culo 98 de la Ley 50 de 1990, se acojan voluntariamente al r�gimen especial del auxilio de cesant�a previsto en los art�culos 99 y s.s. de la misma ley, comunicar�n por escrito al respectivo empleador, con una anticipaci�n no inferior a un (1) mes la fecha a partir de la cual se acogen a dicho r�gimen".

Lo subrayado por el suscrito que es lo anulado por la sentencia, simplemente est� indicando una pauta con el �nico prop�sito de lograr la cumplida ejecuci�n de la ley, y por ende el suscrito no observa que haya ido m�s all� de lo querido por el legislador.

En cuanto a los art�culos 4o. y 6o., sus textos respectivos rezan lo siguiente:

"Art�culo 4o. Sobre el valor liquidado por concepto de auxilio de cesant�a, el empleador reconocer� al trabajador un inter�s equivalente a la tasa efectiva promedio de captaci�n de los bancos y corporaciones financieras para la expedici�n de certificados de dep�sito a t�rmino con un plazo de noventa (90) d�as, (D.T.F), en forma proporcional al tiempo transcurrido desde la fecha de liquidaci�n del auxilio hasta la fecha de consignaci�n.

La sociedad administradora del fondo de cesant�as respectivo, liquidar� al empleador el inter�s que corresponda por dicho per�odo. Estos intereses los consignar� el empleador en el fondo junto con el auxilio de cesant�a.

Art�culo 6o. Durante el plazo se�alado en el ordinal 3o. del art�culo 99 de la ley 50 de 1990, el empleador reconocer� el mismo inter�s de que trata el art�culo 4o. del presente decreto, sobre el valor liquidado a 31 de diciembre de cada a�o por concepto de auxilio de cesant�a, en forma proporcional al tiempo transcurrido desde el d�a de su liquidaci�n hasta la fecha de su consignaci�n.

Como se indica en la norma constitucional, la �nica mira que debe tener el Presidente de la Rep�blica al reglamentar una ley, es que �sta pueda ser cumplida debidamente. No es necesario que se repitan la letra o el pensamiento del legislador, sino que ello se desarrolle en forma armoniosa, de tal suerte que se vuelva operativo, m�xime cuando hay un tr�nsito de legislaci�n, como sucede en el caso que estudi� la sentencia de la cual se disiente.

No se olvide que el Decreto Reglamentario 1176 de 1991 es un acto que afecta derechos de terceros, porque la Ley 50 de 1990 cre� nuevas reglas de derecho para lo que se refiere al auxilio de cesant�as, y es all� donde la funci�n reglamentaria cobra mayor relieve y por lo tanto se hace imperativo comunicarle cierta din�mica, que fue lo que hizo el decreto a trav�s de los art�culos declarados nulos.

Por lo anterior, cree el suscrito que han debido negarse todas las peticiones de la demanda.