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100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010007104SENTENCIAPRIMERA5951200107/06/2001SENTENCIA__PRIMERA__5951__2001_07/06/2001100071042001SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Régimen Subsidiado / REGIMEN SUBSIDIADO - Concepto / ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - Requisitos para administrar los recursos del régimen subsidiado / EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD - Afiliados y capital mínimos / DECRETO 1804 DE 1999 - Legalidad por no vulnerar libre empresa ni derecho de asociación En el caso específico de los derechos emanados del artículo 48 de la Constitución Política, su efectividad requiere de normas de carácter presupuestal, procedimental, organizacional y de control, razón por la cual se expidió la Ley 100 de 1993, dentro de cuyas disposiciones se halla consagrada la regulación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, por ende, del régimen subsidiado. Al respecto, los artículos 211 y 212 de la mencionada Ley 100 de 1993 establecen que ese régimen subsidiado se refiere al conjunto de normas que rige la vinculación, a través de cotización subsidiada total o parcialmente con recursos fiscales o de solidaridad, de las personas y grupos familiares más pobres y vulnerables. Por su parte, el parágrafo del artículo 215 ibídem facultó al Gobierno Nacional para establecer los requisitos que deben cumplir las Entidades Promotoras de Salud para administrar esos recursos. En ejercicio de la anotada facultad, de la potestad reglamentaria y, además, en tratándose del manejo de recursos públicos (art. 214 ib .), el Gobierno Nacional reguló, a través del Decreto Núm. 1804 de 1999, el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y habilitó a las empresas solidarias de Salud, a las empresas sociales del estado, a las cajas de compensación familiar y a las entidades promotoras de salud para administrar los recursos del mencionado régimen. La habilitación mencionada, determinada por el artículo 1º del anotado decreto, está sujeta a que las entidades administradoras del subsidio (ARS) cumplan con ciertos requisitos, cuya presencia garantiza la prestación del servicio público de salud en favor de los menos favorecidos. Esos requisitos, los cuales demanda el actor por considerarlos que vulneran la libre empresa y el derecho de asociación de las sociedades solidarias, establecen los parámetros mínimos de operación de las ARS, como son un mínimo de 200.000 afiliados y un patrimonio equivalente a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, parámetros que, en sentir de la Sala, buscan en quienes administren los recursos del sistema la solidez financiera necesaria que garantice la eficiente y adecuada prestación del servicio. NOTA DE RELATORIA: Se cita sentencia de la Corte Constitucional SU-480 de 1997 sobre la realización del servicio público de la Seguridad Social. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA Bogotá, D. C., siete (7) de junio de dos mil uno (2001).
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadMANUEL SANTIAGO URUETA AYOLAHERNÁN ARTURO RESTREPO GUEVARAque se declare la nulidad del numeral segundo del artículo tercero y el numeral quinto del artículo quinto del Decreto Núm. 1804 de 14 de septiembre de 1999, "Por el cual se expiden normas sobre el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", expedido por el Presidente de la República con la firma de los Ministros de Hacienda y Crédito Público y Salud.Identificadores10010007105true69370Versión original10007105Identificadores

Fecha Providencia

07/06/2001

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Norma demandada:  que se declare la nulidad del numeral segundo del artículo tercero y el numeral quinto del artículo quinto del Decreto Núm. 1804 de 14 de septiembre de 1999, "Por el cual se expiden normas sobre el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", expedido por el Presidente de la República con la firma de los Ministros de Hacienda y Crédito Público y Salud.

Demandante:  HERNÁN ARTURO RESTREPO GUEVARA


SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Régimen Subsidiado / REGIMEN SUBSIDIADO - Concepto / ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - Requisitos para administrar los recursos del régimen subsidiado / EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD - Afiliados y capital mínimos / DECRETO 1804 DE 1999 - Legalidad por no vulnerar libre empresa ni derecho de asociación

En el caso específico de los derechos emanados del artículo 48 de la Constitución Política, su efectividad requiere de normas de carácter presupuestal, procedimental, organizacional y de control, razón por la cual se expidió la Ley 100 de 1993, dentro de cuyas disposiciones se halla consagrada la regulación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, por ende, del régimen subsidiado. Al respecto, los artículos 211 y 212 de la mencionada Ley 100 de 1993 establecen que ese régimen subsidiado se refiere al conjunto de normas que rige la vinculación, a través de cotización subsidiada total o parcialmente con recursos fiscales o de solidaridad, de las personas y grupos familiares más pobres y vulnerables. Por su parte, el parágrafo del artículo 215 ibídem facultó al Gobierno Nacional para establecer los requisitos que deben cumplir las Entidades Promotoras de Salud para administrar esos recursos. En ejercicio de la anotada facultad, de la potestad reglamentaria y, además, en tratándose del manejo de recursos públicos (art. 214 ib.), el Gobierno Nacional reguló, a través del Decreto Núm. 1804 de 1999, el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y habilitó a las empresas solidarias de Salud, a las empresas sociales del estado, a las cajas de compensación familiar y a las entidades promotoras de salud para administrar los recursos del mencionado régimen. La habilitación mencionada, determinada por el artículo 1º del anotado decreto, está sujeta a que las entidades administradoras del subsidio (ARS) cumplan con ciertos requisitos, cuya presencia garantiza la prestación del servicio público de salud en favor de los menos favorecidos. Esos requisitos, los cuales demanda el actor por considerarlos que vulneran la libre empresa y el derecho de asociación de las sociedades solidarias, establecen los parámetros mínimos de operación de las ARS, como son un mínimo de 200.000 afiliados y un patrimonio equivalente a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, parámetros que, en sentir de la Sala, buscan en quienes administren los recursos del sistema la solidez financiera necesaria que garantice la eficiente y adecuada prestación del servicio.

NOTA DE RELATORIA: Se cita sentencia de la Corte Constitucional SU-480 de 1997 sobre la realización del servicio público de la Seguridad Social.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., siete (7) de junio de dos mil uno (2001).

Radicación número: 5951

Actor : HERNÁN ARTURO RESTREPO GUEVARA

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide en única instancia la demanda presentada por Hernán Arturo Restrepo Guevara para que se declare la nulidad del numeral segundo del artículo tercero y el numeral quinto del artículo quinto del Decreto Núm. 1804 de 14 de septiembre de 1999, "Por el cual se expiden normas sobre el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", expedido por el Presidente de la República con la firma de los Ministros de Hacienda y Crédito Público y Salud.

I - LA DEMANDA

El ciudadano Hernán Arturo Restrepo Guevara demandó ante el Consejo de Estado, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y mediante el trámite del proceso ordinario, que acceda a las siguientes

I. 1. Pretensiones

Que declare la nulidad del numeral segundo del artículo segundo del Decreto Núm. 1804 de 1999, cuyo texto dice:

"Artículo 3º. Reglas para la Administración del Régimen Subsidiado. Las entidades autorizadas o que pretendan operar la administración del régimen subsidiado se sujetarán a las siguientes reglas:

"……………………………………………………………..

"2. Las administradoras del régimen subsidiado deberán cumplir con los mismos requisitos de constitución que se aplican a las entidades promotoras de salud para el ramo del régimen contributivo. Para su permanencia deberán acreditar como mínimo un número de 200.000 personas afiliadas, a menos que sus gastos administrativos sean iguales o inferiores en tres (3) puntos al porcentaje que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud conforme al numeral anterior, evento en el cual podrán tener un número inferior, que en ningún caso podrá ser menor de 50.000 afiliados. De esta exigencia se excluirá a las Cajas de Compensación cuando afilien como límite los usuarios que les corresponda en función a los recursos que administran directamente, cifra que en todo caso no podrá ser inferior a 50 mil afiliados, incluyendo aquellos afiliados financiados con otras fuentes

"Las entidades existentes tendrán un plazo máximo de dos años para ajustarse a esta disposición, y en todo caso antes de la contratación correspondiente al año 2001. Para efectos del número mínimo de afiliados se computará hasta en un 20% el número de afiliados que se tengan en el ramo del régimen contributivo.

"……………………………………………………………."

Que declare la nulidad del numeral quinto del artículo quinto del Decreto Núm. 1804 de 1999, el cual señala:

"Artículo 5º. Requisitos para la operación del régimen subsidiado. La Superintendencia Nacional de Salud autorizará la operación del régimen subsidiado a las entidades que reúnan los siguientes requisitos:

"………………………………………………………………

"5. Acreditar y mantener como mínimo un patrimonio equivalente a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la operación del régimen subsidiado. Serán procedentes los aportes en especie, los cuales se podrán efectuar en forma de inmuebles con destino a la sede, así como de los bienes necesarios para la organización administrativa y financiera de la entidad. Para efecto del cálculo del capital mínimo a que se refiere el presente decreto, los bienes que se aporten en especie solamente se computarán hasta por un valor que en ningún caso podrá superar al cincuenta por ciento (50%) del capital mínimo exigido, los cuales serán tomados por el valor en libros."

"………………………………………………………….."

Aunque en forma expresa no lo señala el demandante, transcribe textualmente el parágrafo segundo del artículo quinto del mencionado Decreto Núm. 1804 de 1999, de donde se colige que también pretende su nulidad.

Ese parágrafo señala:

"Parágrafo 2º. Las entidades actualmente autorizadas que no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, tendrán un plazo no superior a dieciocho (18) meses contados a partir de la vigencia del presente decreto para ajustarse a lo aquí dispuesto. En todo caso, deberán remitir dentro de los dos (2) meses siguientes a la publicación del presente Decreto, un plan de ajuste a la Superintendencia Nacional de Salud, e informar de tal circunstancia a las entidades territoriales con las que tengan celebrados contratos en donde se evidencie la posibilidad de dar cumplimiento en los plazos señalados. De lo contrario, se revocará la autorización de funcionamiento, conforme lo dispone el artículo 230 de la Ley 100 de 1993."

I. 2. Hechos

Las anteriores pretensiones están fundamentadas en los hechos siguientes:

El Gobierno Nacional, en ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el artículo 189 -11 de la Constitución Política, expidió el Decreto Núm. 1804 de 14 de septiembre de 1999, el cual establece, en su artículo 1º, qué clase de personas jurídicas pueden administrar los recursos del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, dentro de las cuales destaca a las empresas solidarias de salud, las cajas de compensación familiar y las entidades promotoras de salud, de naturaleza pública, privada o mixta, que cumplan con los requisitos exigidos en dicho decreto y sean autorizadas previamente por la Superintendencia del ramo.

El artículo final del Decreto demandado parcialmente deroga expresamente los artículos 5 al 12 del Decreto núm. 2357 de 1995, modificándose en forma sustancial las reglas que le eran aplicables a las empresas solidarias, entrándose en directa contradicción con los principios y postulados de la Constitución Política y de las Leyes 100 de 1993 y 454 de 1998, en cuanto se desconoce el derecho de asociación, el fomento a las empresas solidarias y la participación de la comunidad y de los sectores populares en la gestión, administración y control del sistema de seguridad social en salud.

I. 3. Normas violadas y el concepto de la violación

Con la expedición del acto demandado parcialmente se violan los artículos 2, 38, 58 y 333 de la Constitución Política; 216 de la Ley 100 de 1993; y 2 y 3 de la Ley 454 de 1998.

Los requisitos impuestos por el Decreto Núm. 1804 de 1999 a las empresas solidarias en salud, desestimula su creación, constitución y continuidad. Debe tenerse en cuenta que en esas empresas es mayoritaria la participación de la comunidad y de los sectores populares de todas las regiones del país, cuya intervención se ve truncada, sobre todo la de aquéllas correspondientes a los sectores deprimidos de las grandes ciudades y municipios.

Los 10.000 salarios mínimos mensuales legales que reclama el numeral 5 del artículo quinto demandado es prácticamente imposible de cumplir por parte de las empresas solidarias, las cuales se encuentran protegidas por el artículo 58 de la Constitución Política.

La Ley 100 de 1993, en su artículo 153, establece como principios esenciales para la prestación del servicio público de salud, entre otros, la libre escogencia y la participación social, los cuales deben ser estimulados en lo que hace a la participación de los usuarios en la organización y control de las instituciones del sistema.

Las normas demandadas violan abiertamente las disposiciones ya citadas porque les impone a las empresas solidarias de salud, condiciones y requisitos muy difíciles de cumplir, sin tener en cuenta que su promoción proviene de la comunidad.

II. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Para responder a las pretensiones perseguidas por el demandante, la parte demandada, conformada por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Salud, manifiesta:

II. 1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público

La razón invocada por el demandante como sustento de su pretensión anulatoria se remite exclusivamente a los efectos que produciría la aplicación de las normas demandadas, sin esgrimir argumentos de contenido jurídico.

La intención del Gobierno Nacional respecto de las empresas solidarias de salud está dirigida a fortalecerlas y a que financieramente sean capaces de asegurar la debida prestación de los servicios de salud a los afiliados al régimen subsidiado.

Los requisitos que consagran las disposiciones demandadas encuentran su razón de ser en la necesidad imperativa y en la conveniencia general de que las Administradoras del Régimen Subsidiado cuenten con una capacidad financiera suficiente y sólida, la cual sólo se consigue con un número mínimo de afiliados, de tal manera que pueda ejercer adecuada y eficientemente la importante labor de asegurar la prestación del servicio público de salud a que tienen derecho los afiliados al régimen subsidiado de salud.

II. 2. El Ministerio de Salud

Por su parte, el Ministerio de Salud, a través de apoderado, defiende la juridicidad de las normas demandadas, afirmando que la participación de la comunidad no se ve afectada por esas disposiciones, pues en nada se limita su iniciativa de asociación con el objeto de administrar los recursos del régimen subsidiado.

El requisito establecido para la creación o constitución de las nuevas entidades administradoras del régimen subsidiado, incluidas las empresas solidarias de salud, en momento alguno desvirtúa el carácter sin ánimo de lucro que las rige y tampoco impide el ejercicio del derecho de asociación.

La exigencia plasmada en las normas demandadas está destinada a garantizar la existencia de condiciones técnicas y financieras que les permita a las entidades referidas responder en debida forma con la prestación del servicio público de salud.

III. EL TRAMITE

Por auto de 25 de febrero de 2000 (v. folios 74 a 79), se admitió la demanda y se negó la suspensión provisional de las normas acusadas;

Trabada en debida forma la litis, se fijó el proceso en lista (v. folio 121), término que fue utilizado por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Salud para constituir apoderados, contestar la demanda y aportar las pruebas que sustentan sus argumentaciones (v. folios 107 a 109 y 98 a 105);

Por auto de 15 de septiembre de 2000 se abrió a pruebas el proceso (v. folio 244);

Mediante proveído de 12 de diciembre pasado (v. folio 246), se ordenó correr el traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión, término dentro del cual los Ministerios demandados allegaron sus escritos (v. folios 265 a 275 y 248 a 252).

IV. EL CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

En el asunto sub examine, el Ministerio Público estima que las pretensiones de la demanda deben negarse, argumentando lo siguiente:

De conformidad con las normas constitucionales y legales aplicables al caso en estudio, se hace evidente no sólo la facultad sino la obligación del Gobierno Nacional para expedir las normas acusadas, pues mediante las mismas establece los requisitos que deben cumplir las entidades autorizadas o las que pretendan administrar el régimen subsidiado, como lo ordena el parágrafo del artículo 215 de la Ley 100 de 1993, los cuales buscan, además, garantizar la prestación eficiente del servicio público de seguridad social en salud a los afiliados a dicho régimen.

En efecto, al señalar los mencionados requisitos, disponiendo un patrimonio mínimo y un número mínimo de afiliados, se pretende que las entidades encargadas de administrar los recursos del régimen subsidiado sean financieramente sólidas, de tal forma que puedan garantizar la prestación eficiente y adecuada del servicio público de seguridad social a las personas más pobres y vulnerables de la sociedad y que, por lo mismo, se encuentran afiliadas al régimen.

La no determinación de los mencionados requisitos, permitiendo que cualquier entidad pueda administrar los recursos del régimen subsidiado, sin tener en cuenta el número de afiliados y su solvencia económica, es decir, sin demostrar la capacidad necesaria para ello, sería poner en grave riesgo la prestación eficiente, integral y de calidad del servicio público de seguridad social en salud para los afiliados a tal régimen, desconociendo con ello los mandatos constitucionales y legales.

Con la expedición de las disposiciones acusadas no se está vulnerando la participación de la comunidad, ni desconociendo el derecho de asociación a través de la constitución de empresas solidarias de salud, como lo argumenta el demandante, ya que las normas que cita no prohiben el ejercicio de los mencionados derechos. Simplemente, exigen unos requisitos mínimos para que las administradoras del Régimen Subsidiado cuenten con una capacidad financiera suficiente y sólida que les permita ejercer adecuada y eficientemente la prestación del servicio público de seguridad social en salud a las personas afiliadas al régimen subsidiado.

De otra parte, señala el Agente Fiscal, la intención del Gobierno Nacional respecto de las empresas solidarias de salud es fortalecerlas y contribuir a que sean financieramente capaces de asegurar la debida prestación de los servicios de salud a las personas más vulnerables de la sociedad. Ello se evidencia cuando el Decreto Núm. 1804 de 1999 prevé algunas alternativas para cuando esa clase de empresas no reúna los requisitos para adelantar la labor de aseguramiento en el régimen subsidiado.

V. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

El análisis del caso sub examine muestra a la Sala que las pretensiones de la demanda deben ser negadas, en razón de las consideraciones que se exponen a continuación:

Como es sabido, el artículo 365 de la Constitución Política ordena que:

"Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

"Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directamente o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios…"

El transcrito principio, en lo que tiene que ver con el tema en estudio, se desarrolla en el artículo 48 de la misma Constitución, pues esta disposición señala que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio "…que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley."

Al respecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-480 de 1997, señaló:

"La realización del servicio público de la Seguridad Social (art. 48) tiene como sustento un sistema normativo integrado no solamente por los artículos 48, 99, 11, 336 de la Constitución sino también por el conjunto de reglas en cuanto no sean contrarias a la Carta. Todas esas normas contribuyen a la realización del derecho prestacional como status activo del Estado. Es decir, el derecho abstracto se concreta con reglas y con procedimientos prácticos que lo tornan efectivo. Lo anterior significa que si se parte de la base de que la seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales de la igualdad material y el Estado social de derecho, se entiende que las reglas expresadas en leyes, decretos, resoluciones y acuerdos no están para restringir el derecho (salvo que limitaciones legales no afecten el núcleo esencial de derecho), sino para el desarrollo normativo orientado hacia la optimización del mismo, a fin de que esos derechos constitucionales sean eficientes en gran medida.

"El derecho a la salud y el derecho a la seguridad social son derechos prestaciones propiamente dichos que para su efectividad requieren normas presupuestales, procedimiento y organización, que viabilizan y optimizan la eficacia del servicio público y que sirven, además, para mantener el equilibrio del sistema."

En el caso específico de los derechos emanados del artículo 48 de la Constitución Política, su efectividad requiere de normas de carácter presupuestal, procedimental, organizacional y de control, razón por la cual se expidió la Ley 100 de 1993, dentro de cuyas disposiciones se halla consagrada la regulación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, por ende, del régimen subsidiado.

Al respecto, los artículos 211 y 212 de la mencionada Ley 100 de 1993 establecen que ese régimen subsidiado se refiere al conjunto de normas que rige la vinculación, a través de cotización subsidiada total o parcialmente con recursos fiscales o de solidaridad, de las personas y grupos familiares más pobres y vulnerables. Por su parte, el parágrafo del artículo 215 ibídem facultó al Gobierno Nacional para establecer los requisitos que deben cumplir las Entidades Promotoras de Salud para administrar esos recursos.

En ejercicio de la anotada facultad, de la potestad reglamentaria y, además, en tratándose del manejo de recursos públicos (art. 214 ib.), el Gobierno Nacional reguló, a través del Decreto Núm. 1804 de 1999, el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y habilitó a las empresas solidarias de Salud, a las empresas sociales del estado, a las cajas de compensación familiar y a las entidades promotoras de salud para administrar los recursos del mencionado régimen.

La habilitación mencionada, determinada por el artículo 1º del anotado decreto, está sujeta a que las entidades administradoras del subsidio (ARS) cumplan con ciertos requisitos, cuya presencia garantiza la prestación del servicio público de salud en favor de los menos favorecidos.

Esos requisitos, los cuales demanda el actor por considerarlos que vulneran la libre empresa y el derecho de asociación de las sociedades solidarias, establecen los parámetros mínimos de operación de las ARS, como son un mínimo de 200.000 afiliados y un patrimonio equivalente a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, parámetros que, en sentir de la Sala, buscan en quienes administren los recursos del sistema la solidez financiera necesaria que garantice la eficiente y adecuada prestación del servicio.

La ausencia de esos requisitos, si bien abriría el campo de acción para quienes no cuentan con esa solidez, pondría en grave riesgo la prestación eficiente, integral y de calidad del servicio de seguridad social en salud para los afiliados al régimen subsidiado, quienes, no sobra repetirlo, requieren de especial atención por parte del Estado.

No encuentra la Sala que las razones expuestas por el demandante tengan vocación de prosperidad porque son razones de conveniencia que no demuestran la violación denunciada, pues la actitud del Gobierno Nacional al expedir el decreto parcialmente demandado está determinada por el cumplimiento efectivo de sus fines y, con destino a una franja bien definida de la población, la efectiva prestación de un servicio público esencial.

Tampoco está demostrado en el plenario que se vulneren los derechos de las empresas solidarias de salud porque en momento alguno se limitan sus garantías sino, por el contrario, se les brinda la oportunidad, al cumplir con los requisitos exigidos, de administrar los recursos del régimen subsidiado o, de no hacerlo, de desempeñar labores distintas a las consagradas en el Decreto Núm. 1804 de 14 de septiembre de 1999, sin limitaciones distintas a las consagradas en las normas que les son aplicables.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 7 de junio de 2001.

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA