SENTENCIA 4074 de 2000

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010006904SENTENCIAPRIMERA4074200028/07/2000SENTENCIA__PRIMERA__4074__2000_28/07/2000100069042000LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO - Regula la programaci�n, aprobaci�n y ejecuci�n del presupuesto / LEY ANUAL DEL PRESUPUESTO - Sujeci�n a la ley org�nica del presupuesto / GASTO PUBLICO - Facultad de restricci�n o aplazamiento de las apropiaciones presupuestales / GASTO PUBLICO - Causas que permiten su reducci�n o aplazamiento / APROPIACIONES PRESUPUESTALES - Son autorizaciones de gasto y no �rdenes de gasto La propia carta constitucional estableci� una jerarqu�a normativa conforme a la cual una vez expedida la Ley Org�nica del Presupuesto, es dicha norma la llamada a regular lo correspondiente a, entre otros asuntos claramente determinados, "...la programaci�n, aprobaci�n, modificaci�n y ejecuci�n de los presupuestos de la Naci�n, de las entidades territoriales, de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinaci�n con el Plan Nacional de Desarrollo...", (art�culo 352 de la Constituci�n Nacional) y a ella queda sometida, tambi�n, la ley anual de presupuesto. El desarrollo constitucional correspondiente tuvo efecto con la expedici�n de la Ley 179 de 1994, cuyo art�culo 34 modific� el 63 de la Ley 38 de 1989, disposici�n que fija la competencia y condiciones de procedibilidad para restringir el gasto p�blico por parte del Gobierno Nacional. En efecto, el citado art�culo, con la modificaci�n a �l introducida dispone que "En cualquier mes del a�o fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podr� reducir o aplazar, total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: que el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico estimare que los recaudos del a�o puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraidas que deban pagarse con cargo a tales recursos; o que no fueren aprobados los nuevos recursos por el Congreso o que los aprobados fueren insuficientes para atender los gastos a que se refiere el art�culo 347 de la Constituci�n Pol�tica; o que no se perfeccionen los recursos del cr�dito autorizados; o que la coherencia macroecon�mica as� lo exija. En tales casos el gobierno podr� prohibir o someter a condiciones especiales la asunci�n de nuevos compromisos y obligaciones". Las apropiaciones presupuestales no son �rdenes de gasto sino que constituyen, como bien se�ala la propia legislaci�n org�nica presupuestal, "autorizaciones m�ximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva" (Art. 89 del decreto 111 de 1996 o Estatuto Org�nico del Presupuesto que compila los art�culos 72 de la ley 38 de 1989, 38 de la ley 179 de 1994 y 8� de la ley 225 de 1995). La ley anual de presupuesto, al apropiar una determinada partida, est� entonces estableciendo el monto m�ximo de gasto estatal para una determinada finalidad y en un periodo espec�fico". NOTA DE RELATORIA: Cita sentencia de la Corte Constitucional C-192/97. REDUCCI�N DEL GASTO PUBLICO - No constituye modificaci�n del presupuesto sino ejecuci�n del mismo / REDUCCI�N O APLAZAMIENTO DE APROPIACIONES PRESUPUESTALES - Causales ajustadas a la Constituci�n / GASTO PUBLICO - Su reducci�n tiene garant�as para su ejercicio previstas en su tr�mite La reducci�n o aplazamiento de las apropiaciones presupuestales "no constituye en estricto sentido una modificaci�n del presupuesto, -sostiene la Corte en la providencia en comento- sino que es un momento de la ejecuci�n del mismo". Luego de analizar las cuatro hip�tesis f�cticas que se establecen en el art�culo 34 de la ley 179 de 1994 para autorizar la reducci�n o aplazamiento de las apropiaciones, encontr� la Corte que se ajustan a la Constituci�n, pues se fundamentan, las tres primeras, en razones de prudencia fiscal pues es perfectamente posible que durante el desarrollo del per�odo fiscal el Gobierno constate una ausencia de recursos que impida que se realicen en forma sana los gastos apropiados, y la cuarta encuentra su origen en la estrecha relaci�n de la pol�tica fiscal con la pol�tica econ�mica general. Como garant�as para el ejercicio no arbitrario de la potestad conferida al Gobierno para ordenar la reducci�n o el aplazamiento de apropiaciones presupuestales, destaca la Corte el concepto previo del Consejo de Ministros y la adopci�n de la medida mediante acto administrativo sujeto a acciones judiciales en caso de que la facultad no sea ejercida conforme a derecho. NOTA DE RELATORIA: Cita sentencia C-192/97 de la Corte Constitucional. PRINCIPIO DE UNIDAD PRESUPUESTAL - Corresponde al car�cter unitario del Estado / UNIDAD PRESUPUESTAL - Prevalece sobre el principio de autonom�a / AUTONOMIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL - No supone independencia del gasto de los �rganos aut�nomos / AUTONOMIA FISCAL DE LA RAMA JUDICIAL - Alcance / REDUCCI�N DEL GASTO PUBLICO - Son generales y no espec�ficas a determinadas partidas La Corte Constitucional en Sentencia C-192 de 1997 dijo: "... debido al car�cter unitario del Estado Colombiano y a las responsabilidades fiscales y macroecon�micas del Gobierno, la Constituci�n confiere, en general, una primac�a al principio de unidad presupuestal sobre el principio de autonom�a, y esto no s�lo en relaci�n con las entidades territoriales, las cuales aportan ingresos propios al presupuesto general de la Naci�n, sino tambi�n, y tal vez con mayor raz�n, respecto de los �rganos del Estado que no perciben ingresos ni los aportan al presupuesto general". Con relaci�n a la autonom�a en la ejecuci�n presupuestal, la Corte reitera lo se�alado en la sentencia C-101/96, esto es, que �sta "... no supone independencia del gasto de los �rganos aut�nomos respecto de las metas macroecon�micas y los planes de financiamiento de la operaci�n estatal. La autonom�a se cumple dentro de los l�mites que imponen intereses superiores como el equilibrio macroecon�mico y financiero (art. 341 C.P.), el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda (art. 373 C.P.) y la regulaci�n org�nica en materia de programaci�n, aprobaci�n, modificaci�n y ejecuci�n de los presupuestos de la Naci�n (CP art. 352)." Y concluye la Corte: ".. Lo que establece la norma es "la autonom�a fiscal de la rama judicial, esto es, que la ejecuci�n y ordenaci�n del gasto corresponde a una autoridad del propio poder judicial, y no a una entidad externa del mismo, como suced�a en el pasado, que el presupuesto de la rama judicial era ejecutado por el Ministerio de Justicia.... esta autonom�a debe interpretarse tomando en cuenta el principio de legalidad del gasto y entonces la disposici�n adquiere un sentido perfectamente razonable, pues significa simplemente la sujeci�n que a la ley de presupuesto deben los ejecutores del gasto en la rama judicial, por lo cual el Consejo Superior de la Judicatura no puede desbordar los par�metros establecidos por el Congreso al apropiar las distintas partidas para la rama judicial.". El Gobierno, con el fin de poder cumplir sus responsabilidades fiscales globales, s�lo tiene necesidad de establecer reducciones o aplazamientos generales en las distintas entidades aut�nomas, pero no existe ninguna raz�n para que el Ejecutivo establezca espec�ficamente cu�les partidas deben ser reducidas o aplazadas, ni que consagre tr�mites particulares que puedan afectar la autonom�a administrativa de tales entidades. Esta decisi�n debe entonces ser tomada por las respectivas entidades aut�nomas, conforme a la valoraci�n que hagan de sus propias prioridades. NOTA DE RELATORIA: Cita sentencias de la Corte Constitucional C-192/97 y C-101/96. GASTO PUBLICO - L�mites a reducci�n de apropiaciones presupuestales / REDUCCI�N DEL GASTO PUBLICO - Debe ser uniforme e igual para los diversos �rganos y ramas del poder / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - El Gobierno Nacional es competente para reducir las apropiaciones / DECRETOS 126 Y 419 DE 1996 - Constitucionalidad y legalidad En conclusi�n, la Corte Constitucional consider� que "el Gobierno debe limitarse a se�alar las reducciones globales necesarias en las entidades estatales aut�nomas, pero no puede entrar a determinar las partidas espec�ficas que deben ser afectadas en las otras ramas del poder, ni en los otros �rganos aut�nomos, ni afectar la gesti�n propia de esos recursos, ya que tal decisi�n es propia de la autonom�a de gasto de esas entidades". De otro lado, e �ntimamente ligado a lo anterior, la Corte considera que "en principio el Ejecutivo debe limitarse a establecer reducciones o aplazamientos uniformes e iguales para los diversos �rganos y ramas del poder, ya que de esa manera se concilia la autonom�a fiscal de esas entidades con las responsabilidades fiscales y macroecon�micas del Ejecutivo, pues se evita que el Gobierno afecte la autonom�a de determinada entidad o rama del poder, descargando en ella el peso esencial del ajuste al gasto". Como quiera que la argumentaci�n de la acci�n de nulidad que se resuelve, censura la expedici�n de los decretos 126 y 429 de 1996 con fundamento en la carencia de esa atribuci�n en cabeza del ejecutivo respecto de las apropiaciones de la Rama Judicial, consecuencia de una pretendida intangibilidad de las partidas que para �sta se contemplen en la ley anual de apropiaciones, habiendo sido resuelto por la H. Corte Constitucional el fondo de tal asunto, basta con se�alar que sobre el mismo ha de estarse a lo dispuesto en la mencionada sentencia. La Corte dej� en claro que tal competencia s� es del resorte del Gobierno Nacional, en providencia que produce los efectos de la cosa juzgada constitucional en virtud de lo cual ninguna autoridad puede desconocer lo as� decidido ni pronunciarse nuevamente sobre el punto. El Ejecutivo dict� las normas acusadas con suficiente fundamento constitucional y legal y que ejerci� la atribuci�n que le fue conferida respetando la autonom�a fiscal de los �rganos aut�nomos, por lo que forzoso resulta concluir que se ajustan al ordenamiento jur�dico y en consecuencia no est� llamada a prosperar la demanda y en tal sentido se decidir�. Tampoco est� llamada a prosperar la excepci�n de inconstitucionalidad propuesta, habida cuenta que con la decisi�n adoptada por la H. Corte Constitucional en el sentido de declarar exequible las disposiciones de la Ley org�nica del presupuesto que sirvieron de fuente normativa de competencia para expedir las normas acusadas, qued� incontrovertiblemente definido el tema y a tal decisi�n debe atenerse el accionante. NOTA DE RELATORIA: Reenv�a a la Sentencia de la Corte Constitucional C-192/97. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: GILBERTO PE�A CASTRILLON Santaf� de Bogot�, D.C., 28 de julio de 2000

Norma demandada: �acci�n p�blica de nulidad contra los Decretos 126 del 15 de enero de 1996, art�culos 1, 2, 3, y 4 y 419 del 29 de febrero de 1996, art�culo 2�, Secci�n 2701, Rama Judicial.

LEYORGANICA DEL PRESUPUESTO - Regula la programaci�n, aprobaci�n y ejecuci�n del presupuesto / LEY ANUAL DEL PRESUPUESTO - Sujeci�n a la ley org�nica del presupuesto / GASTO PUBLICO - Facultad de restricci�n o aplazamiento de las apropiaciones presupuestales / GASTO PUBLICO - Causas que permiten su reducci�n o aplazamiento / APROPIACIONES PRESUPUESTALES - Son autorizaciones de gasto y no �rdenes de gasto

La propia carta constitucional estableci� una jerarqu�a normativa conforme a la cual una vez expedida la Ley Org�nica del Presupuesto, es dicha norma la llamada a regular lo correspondiente a, entre otros asuntos claramente determinados, "...la programaci�n, aprobaci�n, modificaci�n y ejecuci�n de los presupuestos de la Naci�n, de las entidades territoriales, de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinaci�n con el Plan Nacional de Desarrollo...", (art�culo 352 de la Constituci�n Nacional) y a ella queda sometida, tambi�n, la ley anual de presupuesto. El desarrollo constitucional correspondiente tuvo efecto con la expedici�n de la Ley 179 de 1994, cuyo art�culo 34 modific� el 63 de la Ley 38 de 1989, disposici�n que fija la competencia y condiciones de procedibilidad para restringir el gasto p�blico por parte del Gobierno Nacional. En efecto, el citado art�culo, con la modificaci�n a �l introducida dispone que "En cualquier mes del a�o fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podr� reducir o aplazar, total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: que el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico estimare que los recaudos del a�o puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraidas que deban pagarse con cargo a tales recursos; o que no fueren aprobados los nuevos recursos por el Congreso o que los aprobados fueren insuficientes para atender los gastos a que se refiere el art�culo 347 de la Constituci�n Pol�tica; o que no se perfeccionen los recursos del cr�dito autorizados; o que la coherencia macroecon�mica as� lo exija. En tales casos el gobierno podr� prohibir o someter a condiciones especiales la asunci�n de nuevos compromisos y obligaciones". Las apropiaciones presupuestales no son �rdenes de gasto sino que constituyen, como bien se�ala la propia legislaci�n org�nica presupuestal, "autorizaciones m�ximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva" (Art. 89 del decreto 111 de 1996 o Estatuto Org�nico del Presupuesto que compila los art�culos 72 de la ley 38 de 1989, 38 de la ley 179 de 1994 y 8� de la ley 225 de 1995). La ley anual de presupuesto, al apropiar una determinada partida, est� entonces estableciendo el monto m�ximo de gasto estatal para una determinada finalidad y en un periodo espec�fico".

REDUCCI�N DEL GASTO PUBLICO - No constituye modificaci�n del presupuesto sino ejecuci�n del mismo / REDUCCI�N O APLAZAMIENTO DE APROPIACIONES PRESUPUESTALES - Causales ajustadas a la Constituci�n / GASTO PUBLICO - Su reducci�n tiene garant�as para su ejercicio previstas en su tr�mite

La reducci�n o aplazamiento de las apropiaciones presupuestales "no constituye en estricto sentido una modificaci�n del presupuesto, -sostiene la Corte en la providencia en comento- sino que es un momento de la ejecuci�n del mismo". Luego de analizar las cuatro hip�tesis f�cticas que se establecen en el art�culo 34 de la ley 179 de 1994 para autorizar la reducci�n o aplazamiento de las apropiaciones, encontr� la Corte que se ajustan a la Constituci�n, pues se fundamentan, las tres primeras, en razones de prudencia fiscal pues es perfectamente posible que durante el desarrollo del per�odo fiscal el Gobierno constate una ausencia de recursos que impida que se realicen en forma sana los gastos apropiados, y la cuarta encuentra su origen en la estrecha relaci�n de la pol�tica fiscal con la pol�tica econ�mica general. Como garant�as para el ejercicio no arbitrario de la potestad conferida al Gobierno para ordenar la reducci�n o el aplazamiento de apropiaciones presupuestales, destaca la Corte el concepto previo del Consejo de Ministros y la adopci�n de la medida mediante acto administrativo sujeto a acciones judiciales en caso de que la facultad no sea ejercida conforme a derecho.

PRINCIPIO DE UNIDAD PRESUPUESTAL - Corresponde al car�cter unitario del Estado / UNIDAD PRESUPUESTAL - Prevalece sobre el principio de autonom�a / AUTONOMIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL - No supone independencia del gasto de los �rganos aut�nomos / AUTONOMIA FISCAL DE LA RAMA JUDICIAL - Alcance / REDUCCI�N DEL GASTO PUBLICO - Son generales y no espec�ficas a determinadas partidas

La Corte Constitucional en Sentencia C-192 de 1997 dijo: "... debido al car�cter unitario del Estado Colombiano y a las responsabilidades fiscales y macroecon�micas del Gobierno, la Constituci�n confiere, en general, una primac�a al principio de unidad presupuestal sobre el principio de autonom�a, y esto no s�lo en relaci�n con las entidades territoriales, las cuales aportan ingresos propios al presupuesto general de la Naci�n, sino tambi�n, y tal vez con mayor raz�n, respecto de los �rganos del Estado que no perciben ingresos ni los aportan al presupuesto general". Con relaci�n a la autonom�a en la ejecuci�n presupuestal, la Corte reitera lo se�alado en la sentencia C-101/96, esto es, que �sta "... no supone independencia del gasto de los �rganos aut�nomos respecto de las metas macroecon�micas y los planes de financiamiento de la operaci�n estatal. La autonom�a se cumple dentro de los l�mites que imponen intereses superiores como el equilibrio macroecon�mico y financiero (art. 341 C.P.), el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda (art. 373 C.P.) y la regulaci�n org�nica en materia de programaci�n, aprobaci�n, modificaci�n y ejecuci�n de los presupuestos de la Naci�n (CP art. 352)." Y concluye la Corte: ".. Lo que establece la norma es "la autonom�a fiscal de la rama judicial, esto es, que la ejecuci�n y ordenaci�n del gasto corresponde a una autoridad del propio poder judicial, y no a una entidad externa del mismo, como suced�a en el pasado, que el presupuesto de la rama judicial era ejecutado por el Ministerio de Justicia.... esta autonom�a debe interpretarse tomando en cuenta el principio de legalidad del gasto y entonces la disposici�n adquiere un sentido perfectamente razonable, pues significa simplemente la sujeci�n que a la ley de presupuesto deben los ejecutores del gasto en la rama judicial, por lo cual el Consejo Superior de la Judicatura no puede desbordar los par�metros establecidos por el Congreso al apropiar las distintas partidas para la rama judicial.". El Gobierno, con el fin de poder cumplir sus responsabilidades fiscales globales, s�lo tiene necesidad de establecer reducciones o aplazamientos generales en las distintas entidades aut�nomas, pero no existe ninguna raz�n para que el Ejecutivo establezca espec�ficamente cu�les partidas deben ser reducidas o aplazadas, ni que consagre tr�mites particulares que puedan afectar la autonom�a administrativa de tales entidades. Esta decisi�n debe entonces ser tomada por las respectivas entidades aut�nomas, conforme a la valoraci�n que hagan de sus propias prioridades.

NOTA DE RELATORIA: Cita sentencias de la Corte Constitucional C-192/97 y C-101/96.

GASTO PUBLICO - L�mites a reducci�n de apropiaciones presupuestales / REDUCCI�N DEL GASTO PUBLICO - Debe ser uniforme e igual para los diversos �rganos y ramas del poder / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - El Gobierno Nacional es competente para reducir las apropiaciones / DECRETOS 126 Y 419 DE 1996 - Constitucionalidad y legalidad

En conclusi�n, la Corte Constitucional consider� que "el Gobierno debe limitarse a se�alar las reducciones globales necesarias en las entidades estatales aut�nomas, pero no puede entrar a determinar las partidas espec�ficas que deben ser afectadas en las otras ramas del poder, ni en los otros �rganos aut�nomos, ni afectar la gesti�n propia de esos recursos, ya que tal decisi�n es propia de la autonom�a de gasto de esas entidades". De otro lado, e �ntimamente ligado a lo anterior, la Corte considera que "en principio el Ejecutivo debe limitarse a establecer reducciones o aplazamientos uniformes e iguales para los diversos �rganos y ramas del poder, ya que de esa manera se concilia la autonom�a fiscal de esas entidades con las responsabilidades fiscales y macroecon�micas del Ejecutivo, pues se evita que el Gobierno afecte la autonom�a de determinada entidad o rama del poder, descargando en ella el peso esencial del ajuste al gasto". Como quiera que la argumentaci�n de la acci�n de nulidad que se resuelve, censura la expedici�n de los decretos 126 y 429 de 1996 con fundamento en la carencia de esa atribuci�n en cabeza del ejecutivo respecto de las apropiaciones de la Rama Judicial, consecuencia de una pretendida intangibilidad de las partidas que para �sta se contemplen en la ley anual de apropiaciones, habiendo sido resuelto por la H. Corte Constitucional el fondo de tal asunto, basta con se�alar que sobre el mismo ha de estarse a lo dispuesto en la mencionada sentencia. La Corte dej� en claro que tal competencia s� es del resorte del Gobierno Nacional, en providencia que produce los efectos de la cosa juzgada constitucional en virtud de lo cual ninguna autoridad puede desconocer lo as� decidido ni pronunciarse nuevamente sobre el punto. El Ejecutivo dict� las normas acusadas con suficiente fundamento constitucional y legal y que ejerci� la atribuci�n que le fue conferida respetando la autonom�a fiscal de los �rganos aut�nomos, por lo que forzoso resulta concluir que se ajustan al ordenamiento jur�dico y en consecuencia no est� llamada a prosperar la demanda y en tal sentido se decidir�. Tampoco est� llamada a prosperar la excepci�n de inconstitucionalidad propuesta, habida cuenta que con la decisi�n adoptada por la H. Corte Constitucional en el sentido de declarar exequible las disposiciones de la Ley org�nica del presupuesto que sirvieron de fuente normativa de competencia para expedir las normas acusadas, qued� incontrovertiblemente definido el tema y a tal decisi�n debe atenerse el accionante.

NOTA DE RELATORIA: Reenv�a a la Sentencia de la Corte Constitucional C-192/97.

Procede la Sala a decidir, en �nica instancia, el proceso que a trav�s del ejercicio de la acci�n p�blica de nulidad consagrada por el art�culo 237 de la Constituci�n Pol�tica ha instaurado la Naci�n - Rama Judicial, contra los Decretos 126 del 15 de enero de 1996, art�culos 1, 2, 3, y 4 y 419 del 29 de febrero de 1996, art�culo 2�, Secci�n 2701, Rama Judicial.

Son los art�culos 1, 2, 3 y 4 del Decreto 126 del 15 de enero de 1996 "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto p�blico" y 2�, Secci�n 2701, Rama Judicial, del Decreto 419 del 29 de febrero de 1996 "Por el cual se efect�a una reducci�n en el Presupuesto General de la Naci�n para la vigencia fiscal de 1996", cuyos textos son los siguientes:

En uso de las facultades constitucionales, en especial las que le confiere el numeral 20 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y las que le otorga el art�culo 63 de la ley 38 de 1989 modificado por el art�culo 34 de la ley 179 de 1994,

Que el art�culo 34 de la Ley 179 de 1994 dispone que el Gobierno nacional previo concepto del Consejo de Ministros podr� reducir las apropiaciones y prohibir o someter a condiciones especiales la asunci�n de nuevos compromisos y obligaciones, cuando la coherencia macroecon�mica as� lo exija;

Que el Consejo de Ministros en su sesi�n del 15 del mes de enero de 1996 determin� que para garantizar la coherencia macroecon�mica es necesario que el Gobierno prohiba o someta a condiciones especiales la asunci�n de nuevos compromisos u obligaciones, y en consecuencia efect�e reducciones al presupuesto;

Que el equilibrio macroecon�mico como parte de la unidad econ�mica de toda la Rep�blica, comporta al total de erogaciones con cargo al Tesoro P�blico;

Que uno de los prop�sitos del Gobierno es el de desarrollar una pol�tica de austeridad, control y racionalizaci�n del gasto de funcionamiento, tendientes a restablecer el equilibrio macroecon�mico;

ARTICULO 1. Las normas que contiene este decreto se aplicar�n a todos los �rganos que conforman el Presupuesto General de la Naci�n, y a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de econom�a mixta con r�gimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras.

ARTICULO 2. Los �rganos y empresas deber�n proponer al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico - Direcci�n General del Presupuesto Nacional, antes del 31 de enero de 1996, una reducci�n en el presupuesto de gastos de funcionamiento equivalente a:

3. Un 5% de los rubros de Servicios Personales y Transferencias Inherentes a las n�minas de personal.

4. Un 10% de la suma de los siguientes rubros: Remuneraci�n Servicios T�cnicos, Supernumerarios, Honorarios, Impresos y Publicaciones, Compra de Equipo y Vi�ticos y gastos de viaje al Exterior.

5. Un 5% de los rubros de Servicios Personales y Transferencias inherentes a las n�minas de personal.

6. Un 10% de la suma de los siguientes rubros: Remuneraci�n Servicios T�cnicos, Supernumerarios, Honorarios, Impresos y Publicaciones, Compra de Equipo y Vi�ticos y gasto de viaje al Exterior.

ARTICULO 3. El monto total de la reducci�n ser� el equivalente a la suma de lo dispuesto en los numerales 1. y 2. del art�culo anterior, de tal manera que cada �rgano o empresa podr� variar su composici�n de acuerdo con las necesidades del servicio. De esta forma y en esa cuant�a se entiende surtida la autorizaci�n del Consejo de Ministros y, en consecuencia, la autoridad competente -Gobierno Nacional o CONFIS, seg�n el caso- proceder� directamente a hacer la reducci�n presupuestal.

ARTICULO 4. Cuando no se efect�e la propuesta de reducci�n en los t�rminos y condiciones indicados, la autoridad competente reducir� sin requisito adicional, el presupuesto de funcionamiento, hasta por la cifra que le corresponda, seg�n lo dispuesto en el presente decreto.

Por el cual se efect�a una reducci�n en el Presupuesto General de la Naci�n para la vigencia fiscal de 1996

En uso de las facultades constitucionales y legales en especial las que le confieren los art�culos 63 y 64 de la Ley 38 de 1989 modificados por los art�culos 34 y 55 de la ley 179 de 1994,

Que el art�culo 352 de la Constituci�n Pol�tica le confiere a la Ley Org�nica del Presupuesto la facultad de regular lo concerniente a la programaci�n, aprobaci�n, modificaci�n y ejecuci�n del Presupuesto General de la Naci�n;

Que el Congreso de la Rep�blica expidi� la ley 224 del 20 de diciembre de 1995 aprobatoria del Presupuesto General de la Naci�n para la vigencia fiscal de 1996, el cual se liquid� por medio del Decreto 2350 del 29 de diciembre de 1995;

Que en cumplimiento del art�culo 63 de la Ley 38 de 1989 modificado por el art�culo 34 de la ley 179 de 1994, en cualquier mes del a�o el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podr� reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales para garantizar la coherencia macroecon�mica;

Que el Consejo de Ministros en su sesi�n del 15 de enero de 1996 determin� que para garantizar la coherencia macroecon�mica es necesario que el Gobierno prohiba o someta a condiciones especiales la asunci�n de nuevos compromisos u obligaciones, y en consecuencia efect�e reducciones al presupuesto;

Que mediante el Decreto 126 de 1996 "por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto p�blico", el Gobierno Nacional fij� en su art�culo 3� el monto total de la reducci�n, estableci�ndose que de esa forma y en esa cuant�a se entiende surtida la autorizaci�n del Consejo de Ministros;

Que se expidi� el Decreto n�mero 376 del 27 de febrero de 1996 "por el cual se modifica el Decreto 126 de 1996" facult�ndose al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, para solicitar autorizaci�n por una sola vez, al Consejo de Ministros, para realizar una menor reducci�n presupuestal, cuando en algunos �rganos se presenten condiciones especiales que no permitan efectuarla;

Que el Consejo de Ministros en su sesi�n del 27 del mes de febrero de 1996 autoriz� que la reducci�n de las apropiaciones de algunos �rganos sea inferior al porcentaje previsto en el art�culo 3 del Decreto 126 de 1996,

ARTICULO 2.� Red�zcanse los gastos en la suma de OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL (88.402'752.639) seg�n el siguiente detalle:

En apoyo de sus pretensiones de nulidad, aduce el accionante que los actos acusados son violatorios de los art�culos 4, 150 numeral 1, 114, 154 y 256 numeral 5. de la Constituci�n Pol�tica y de ley 224 de 1995, por las razones que se resumen a continuaci�n:

3.3. Las potestades de postulaci�n y de ejecuci�n del presupuesto atribuidas al Consejo Superior de la Judicatura (art�culo 256, numeral 5 de la Carta), son "garant�as propias de la presupuestaci�n de la Rama Judicial".

3.4. En virtud de la primera de estas garant�as (postulaci�n del presupuesto), se deposita en el Poder Judicial una atribuci�n de propuesta en cuya virtud le compete "autoprogramar el desarrollo de su funci�n en cuanto fuente de gasto p�blico", f�rmula que entra�a "la real capacidad de se�alar la pol�tica interna de la Rama" y que fuera acogida por el Constituyente para dotar de recursos adecuados la funci�n jurisdiccional, desestimando aquella otra que pretend�a determinar su presupuesto en funci�n de un porcentaje de una renta, que con discutibles resultados se aplic� a otros objetos del gasto nacional.

Pero esta garant�a de postulaci�n, se�ala el actor, no impone en forma irresistible las partidas propuestas por el Consejo Superior de la Judicatura. De surgir discrepancias con el Gobierno, corresponder� al Ejecutivo formular un proyecto alternativo "y entre ambos decide soberanamente el Congreso, como �rbitro �ltimo del gasto p�blico"

3.3 La segunda atribuci�n (ejecuci�n del presupuesto de conformidad con la aprobaci�n que haga el Congreso), a su juicio imprime un car�cter intangible a las apropiaciones que para la justicia se contemplen en la ley anual de presupuesto, las cuales s�lo podr�an ser modificadas por el propio legislador. El alcance jur�dico del numeral 5� del art�culo 256 de la Constituci�n no es, se�ala el actor, que la ley de presupuesto deba ejecutarse con arreglo al contenido que le fije el legislador, toda vez que entra�ar�a un mandato que est� impl�cito en cualquier norma que emita el �rgano legislativo. Debe entenderse como una "salvaguardia constitucional", como una protecci�n con el pleno alcance t�cnico de una "garant�a institucional". La se�alada intangibilidad tiene como efecto, que sustrae los cap�tulos que en la ley anual de presupuesto se refieran a la Rama Judicial, a la "capacidad de modificaci�n de que dispone el Gobierno respecto de todos los dem�s, en cuya virtud �ste puede variar los c�mputos en cualquier momento de la vigencia fiscal al conjuro de los avatares de �sta". Concluye el demandante que las facultades que las normas org�nicas del presupuesto (art�culos 63 de la ley 38 de 1989, 34 de la ley 179 de 1994 y 76 del Decreto 111 de 1996) han atribuido al Ejecutivo para reducir y aplazar partidas en la medida en que la pol�tica fiscal o las necesidades de la misma �ndole lo sugieran "deben entenderse referidas en el pleno vigor de su expresi�n literal a la ejecuci�n presupuestal relacionada con todos los sectores del Estado excepto el judicial", y que, con respecto a �ste, "la misma tiene que desarrollarse en armon�a con el precepto superior que garantiza su car�cter definitivo e intangible mientras el propio Congreso no intervenga para modificar las partidas contempladas en la Ley de presupuesto". (Subrayas del texto transcrito)

3.4. Del precepto constitucional que concede al Consejo Superior de la Judicatura la atribuci�n de ejecutar el presupuesto de conformidad con la aprobaci�n que haga el Congreso, surge para �ste "una orden del Constituyente y, de contera, la prohibici�n de ejecutar aquel de otro modo", por lo que la pretensi�n del ejecutivo a que se contrae el art�culo 34 de la ley 179 de 1994 es inconstitucional.

3.5. La ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 1996 (ley 224 de 1995) contiene el presupuesto de la Rama Judicial aprobado por el Congreso y acorde con lo dispuesto en el art�culo 256 numeral 5 de la Carta, el Consejo Superior de la Judicatura debe ejecutar dicho presupuesto conforme a la aprobaci�n que haga el Congreso. Cualquier norma de inferior jerarqu�a que disponga la reducci�n del presupuesto de la Rama Judicial, viola el precepto constitucional.

3.6. Con las normas acusadas, el Ejecutivo est� reformando la ley 224 de 1995, que fij� el presupuesto para la vigencia fiscal de 1996, transgrediendo el art�culo 150 numeral 1 de la Constituci�n Pol�tica que consagra la facultad reformatoria de las leyes como privativa del Congreso de la Rep�blica, lo cual se confirmar�a con la disposici�n contenida en el art�culo 154 de la misma que otorga al Gobierno la iniciativa legislativa para este tipo de reformas. A su juicio, la reducci�n del presupuesto por simple decreto del gobierno, en cuanto reforma la ley anual de presupuesto, viola la Constituci�n Pol�tica.

3.3. Ninguna disposici�n constitucional faculta al Gobierno ni al Presidente de la Rep�blica para reformar las leyes. Por el contrario, corresponde al Presidente cumplirlas y hacerlas cumplir. Conforme al art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica "Ninguna autoridad del Estado podr� ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constituci�n y la ley". ,

3.4.Argumenta el actor que la elaboraci�n del presupuesto de la Rama Judicial cumple un estricto procedimiento legal y "consulta y refleja el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama preparado por la Sala Administrativa (Art. 85 Num. 3 de la ley 270/96), y adoptado por el Consejo en pleno (Art. 79), conforme a las directrices del art�culo 87 de la misma ley. De manera que las inversiones y gastos de funcionamiento de la Rama Judicial, son calculados previo estudio de las necesidades reales de las Corporaciones y Despachos Judiciales, y los costos que demande el soporte administrativo, instituido por la Constituci�n y la Ley". La normatividad especial dispuesta para la presupuestaci�n de la Rama Judicial est� sustentada en el "prop�sito nacional de fortalecer la administraci�n de justicia, lo cual hace razonable la protecci�n constitucional contemplada en el art�culo 256, consistente en autorizar la ejecuci�n del presupuesto de la Rama "de conformidad con la aprobaci�n que haga el Congreso". (Subrayas del texto)

3.5. Finalmente afirma el actor que los actos acusados "tambi�n violan la Ley de Presupuesto General de la Naci�n (Ley 224/95) porque la modifican, reducen el monto de las apropiaciones de la Rama Judicial, sin autorizaci�n legislativa, usurpando funciones propias del Congreso. Si bien las leyes 38 de 1989 y 179 de 1994 le confirieron al ejecutivo la potestad de reducir y aplazar partidas presupuestales de los organismos que componen el presupuesto, "tal atribuci�n debe enmarcarse dentro de la preceptiva del art�culo 256-5, en cuanto a la Rama Judicial" lo cual no quiere decir que los principios presupuestales que inspiran la materia no puedan ser aplicados en el caso de la Rama Judicial pues ser�a tanto como desconocer la armon�a e integraci�n que debe existir en el ordenamiento jur�dico". Pero tal interpretaci�n, agrega el demandante, "no puede llegar al l�mite de desconocer, como sucede con las normas acusadas, las competencias que la Carta Pol�tica ha asignado a las ramas del poder p�blico".

En la demanda, impetra igualmente el apoderado de la demandante excepci�n de inconstitucionalidad solicitando que el mandato que orden� reducir el presupuesto de la Rama Judicial "sea inaplicado por declaraci�n del Honorable Consejo de Estado" por existir incompatibilidad entre la Constituci�n (art�culo 256 numeral 5), la ley 179 de 1994 y los Decretos 126 y 419 de 1996.

En representaci�n de la Naci�n, a trav�s de apoderado, contestaron oportunamente la demanda los Ministerios de Hacienda y Cr�dito P�blico (Folios 181 a 198), Transporte (Folios 175 a 177), Comercio Exterior (folios 203 a 212), Medio Ambiente (Folios 218 a 227), Minas y Energ�a (Folios 232 a 239) y Desarrollo Econ�mico (Folios 240 a 246), oponi�ndose a las pretensiones del actor, con los siguientes argumentos:

Conforme a lo dispuesto en los art�culos 345 y 346 de la Constituci�n Pol�tica, toda erogaci�n con cargo al Tesoro debe estar incluida en la ley de apropiaciones, en la que no podr� incluirse partida alguna que no corresponda a cr�dito judicialmente reconocido, a un gasto decretado por ley o propuesto por el Gobierno para atender el funcionamiento de las ramas del poder p�blico, o el servicio de la deuda o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

El art�culo 347 de la Carta Pol�tica, en palabras de la H. Corte Constitucional (C-337/93), flexibiliz� los par�metros de la t�cnica presupuestal en cuanto permiti� al Gobierno Nacional presupuestar la totalidad de gastos que se pretendan realizar en la respectiva vigencia fiscal, sin que deban corresponder cuantitativamente a los ingresos legalmente autorizados, evento en el cual se debe proponer la creaci�n de nuevas rentas o la modificaci�n de las existentes, pero el presupuesto puede aprobarse sin que se hubiera perfeccionado el proyecto de ley referente a los recursos adicionales, desvirtu�ndose as� "el antiguo principio de la paridad de ingresos y gastos en materia presupuestal".

La regulaci�n sobre preparaci�n, aprobaci�n y ejecuci�n del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, ordena la Carta en su art�culo 151, compete al Congreso mediante ley org�nica.

La ley org�nica del presupuesto, acorde con lo previsto en el art�culo 352 �dem, "regular� lo correspondiente a la programaci�n, aprobaci�n, modificaci�n, ejecuci�n de los presupuestos de la Naci�n, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinaci�n con el Plan Nacional de Desarrollo...".

El art�culo 63 de la ley 38 de 1989, org�nica del presupuesto, modificado por el art�culo 34 de la ley 179 de 1994, facult� al Gobierno para reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, en cualquier mes del a�o fiscal, en unos precisos eventos. Consagra esta disposici�n:

"Art�culo 34. El art�culo 63 de la ley 38 de 1989, quedar� as�: En cualquier mes del a�o fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podr� reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno cualquiera de los siguientes eventos: que el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico estimare que los recaudos del a�o puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contra�das que deban pagarse con cargo a tales recursos; o que no fueren aprobados los nuevos recursos por el Congreso o que los aprobados fueren insuficientes para atender los gastos a que se refiere el art�culo 347 de la Constituci�n Pol�tica; o que no se perfeccionen los recursos del cr�dito autorizados; o que la coherencia macroecon�mica as� lo exija. En tales casos el Gobierno podr� prohibir o someter a condiciones especiales la asunci�n de nuevos compromisos y obligaciones".

La norma anteriormente transcrita fue sometida al examen de exequibilidad de la H. Corte Constitucional, Corporaci�n que mediante sentencia C- 192 del 15 de abril de 1997 de la cual fue Magistrado Ponente el doctor Alejandro Mart�nez Caballero la encontr� ajustada a la Constituci�n Pol�tica.

Las disposiciones cuya nulidad se pretende fueron expedidas por el Gobierno en ejercicio de la facultad otorgada por el art�culo 63 de la ley 38 de 1989, modificado por el art�culo 34 de la ley 79 de 1994, respecto de la cual en el pronunciamiento de la Corte Constitucional se expresa que es una facultad congruente con la responsabilidad que la Constituci�n dio al Ejecutivo de llevar "el peso esencial en la ejecuci�n del presupuesto". Se�ala la Corte que "el ejecutivo no s�lo tiene la responsabilidad primaria en la ejecuci�n de la pol�tica econ�mica general del Estado sino que, adem�s, es el �rgano que posee las capacidades t�cnicas y el conocimiento detallado de la disponibilidad de recursos para asegurar una ejecuci�n id�nea del presupuesto".

Como las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Naci�n son autorizaciones m�ximas de gasto que el Congreso aprueba para que se ejecuten o comprometan en una vigencia y no �rdenes de gasto, si los recaudos de la vigencia no son suficientes para atender las erogaciones propuestas, debe hacerse uso de uno de los mecanismos establecidos en el art�culo 34 de la ley 179 de 1994, esto es, reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, para que el gasto p�blico no desborde sus posibilidades reales de financiamiento.

"Porque el presupuesto es un c�lculo, una proyecci�n de ingresos y de gastos y quien conoce el manejo del comportamiento de los recursos p�blicos es el Ejecutivo y mal podr�a que so pretexto de que lo aprobado por el Congreso es intangible, en el caso en discusi�n se realicen en forma desaforada, e irresponsablemente adquisici�n de compromisos sin respaldo presupuestal, lo cual puede llevarnos a bordear las l�neas del C�digo Penal."

La autonom�a que el Consejo Superior de la Judicatura pueda tener para ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial, en aplicaci�n del art�culo 256 numeral 5 de la Constituci�n, "no supone independencia respecto de las metas macroecon�micas y los planes de financiamiento de la operaci�n estatal. La autonom�a se cumple dentro de los l�mites que imponen intereses superiores como el equilibrio macroecon�mico y financiero (art. 341 C.P.), el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda (art. 373 C.P.) y la regulaci�n org�nica en materia de programaci�n, aprobaci�n, modificaci�n y ejecuci�n de los presupuestos de la Naci�n (C.P., art. 352)". Sentencia C-101/96.

Por las razones antes expuestas, la Corte en Sentencia C-192/97 consider� que el art�culo 34 de la ley 179 de 1994 ten�a perfecto sustento constitucional y fue en aplicaci�n de esta disposici�n que se dictaron las normas acusadas, luego el Gobierno no despoj� al Congreso de sus atribuciones.

A partir de las disposiciones constitucionales y legales que constituyen parte de la normativa aplicable al caso en estudio y la menci�n de algunas situaciones de hecho que seg�n informa el apoderado motivaron la expedici�n de las normas acusadas (v.gr. el grave d�ficit fiscal que en diciembre de 1995 era de 1.9 billones de pesos), el Ministerio de Comercio Exterior rechaza las pretensiones del actor destacando que la intervenci�n del Gobierno para reducir apropiaciones de la ley anual de presupuesto es justificable en cuanto busca la coherencia de las metas macroecon�micas con el nivel de ingresos de la Naci�n, intervenci�n que le est� permitida, en virtud de lo dispuesto en el art�culo 34 de la ley 179 de 1994 para lograr la finalidad anotada.

Destaca que la norma que faculta al Gobierno para la referida intervenci�n est� contenida en la ley org�nica de presupuesto, que es jer�rquicamente superior a la ley anual de presupuesto (Ley n�mero 224 de 1995) y que al permitirse la reducci�n de las apropiaciones "en cualquier tiempo" debe entenderse que esta facultad puede ejercerse a�n despu�s de surtida la aprobaci�n del presupuesto, esto es, en la etapa de su ejecuci�n.

Es en esta etapa en la que se articulan el art�culo 256 numeral 5 de la Carta (que asigna al Consejo Superior de la Judicatura la facultad de ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial), la ley 179 de 1994 (que permite al gobierno reducir o aplazar las apropiaciones en unos precisos eventos) y la ley 224 de 1995 (anual de presupuesto) y ser�n la realidad de los ingresos del Tesoro y la coherencia macroecon�mica las que justifiquen la intervenci�n evitando la apertura de cr�ditos internacionales y la desestabilizaci�n macroecon�mica.

La Constituci�n Pol�tica y la ley org�nica del presupuesto, norma rectora del sistema presupuestal en Colombia, han asignado al Gobierno Nacional facultades para la conformaci�n, direcci�n y liquidaci�n del presupuesto general de la Naci�n, en cuanto en el Gobierno radican las funciones de planificar, proyectar, programar, ejecutar y desarrollar las pol�ticas sociales, culturales y financieras, en coordinaci�n con las otras ramas del poder p�blico.

Una de dichas facultades es la de reducir las partidas presupuestales y en un sistema financiero fluctuante, variable, que puede presentar situaciones de desequilibrio que afecten a todos los sectores, el Gobierno, en aras a evitar perjuicios, puede hacer uso de ella, afectando a todas las instituciones y �rganos que componen el sistema, incluida la Rama Judicial, "ya que se maneja como una Unidad"

En su escrito de contestaci�n de la demanda, la apoderada del Ministerio del Medio Ambiente se�al� lo siguiente:

El art�culo 34 de la ley 179 del 30 de diciembre de 1994, incorporado al Estatuto Org�nico del Presupuesto en el art�culo 76 del decreto 111 de 1996, faculta al Gobierno nacional para reducir las apropiaciones presupuestales y esta disposici�n fue declarada exequible por la H. Corte Constitucional.

Las normas acusadas fueron expedidas por el Gobierno en ejercicio de dicha facultad, cumpliendo a cabalidad los requisitos establecidos en la disposici�n citada, en cuanto se cont� con el concepto previo del Consejo de Ministros all� exigido y fueron dictadas para garantizar la coherencia macroecon�mica, evento igualmente contemplado en la comentada norma.

El manejo de la pol�tica fiscal de la Naci�n corresponde al Gobierno en cuanto es igualmente responsable de la pol�tica econ�mica y de desarrollo, lo que le permite conocer la disponibilidad de recursos del Estado para atender los gastos que se causen, raz�n justificable para que se le otorgue la atribuci�n y obligaci�n de reducir las apropiaciones presupuestales en determinados eventos.

Con fundamento en los anteriores argumentos y los contenidos en la sentencia C-192/97 concluye que las normas acusadas se encuentran acordes con la Constituci�n Pol�tica y la ley y solicita sean negadas las s�plicas de la demanda.

Igualmente para coadyuvar el criterio seg�n el cual los decretos cuya declaratoria de nulidad se ha demandado, se encuentran ajustados a la Constituci�n y a la ley, ha intervenido la apoderada del Ministerio de Transporte, quien argument�:

El art�culo 352 de la Carta establece que "adem�s de lo se�alado en esta Constituci�n, la ley org�nica del presupuesto regular� lo correspondiente a la programaci�n, aprobaci�n, modificaci�n, ejecuci�n de los presupuestos de la Naci�n, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo....".

El haberse referido la disposici�n antes citada a la Naci�n, sin excluir a la Rama Judicial, debe interpretarse en el sentido de que el presupuesto de la Naci�n, que incorpora el de la Rama Judicial, est� sujeto �ntegramente a las disposiciones que sobre los aspectos referidos defina la ley org�nica del presupuesto.

Si bien corresponde al Consejo Superior de la Judicatura ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial, por constituir parte del presupuesto general de la Naci�n, en presencia de circunstancias que ameriten modificarlo, el Gobierno goza de atribuciones para hacerlo, las cuales fueron conferidas por la ley org�nica del presupuesto (ley 38 de 1989, modificada por el art�culo 34 de la ley 179 del 30 de diciembre de 1994).

Las disposiciones acusadas ordenaron una reducci�n de las apropiaciones contempladas en la ley anual de presupuesto para la vigencia fiscal de 1996, reducci�n que en cuanto modificaci�n, fue autorizada por la ley org�nica de presupuesto y realizada conforme a sus par�metros.

Con similares argumentos a los expuestos por los dem�s intervinientes en este proceso, el apoderado del Ministerio de Desarrollo Econ�mico solicita igualmente negar las pretensiones del accionante.

Destaca los principios del sistema presupuestal, a saber, Planificaci�n, Anualidad, Universalidad, Unidad de Caja, Programaci�n Integral, Especializaci�n, Inembargabilidad, Coherencia Macroecon�mica y Homeostasis. As� mismo, pone de presente la supremac�a de la ley org�nica del presupuesto sobre las leyes ordinarias, incluida la anual de presupuesto y las facultades privativas del Presidente de la Rep�blica, particularmente la conferida en el numeral 20 del art�culo 189 de la Carta, seg�n la cual le corresponde "velar por la estricta recaudaci�n y administraci�n de las rentas y caudales p�blicos y decretar su inversi�n de acuerdo con las leyes".

En relaci�n con el alcance de la norma constitucional que otorga al Consejo Superior de la Judicatura la funci�n de preparar y ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial, advierte que implica necesariamente el sometimiento a las disposiciones org�nicas del sistema presupuestal colombiano, en las que est� prevista la posibilidad de que en determinadas circunstancias, como el desequilibrio del orden macroecon�mico, el Gobierno pueda reducir el presupuesto, previo concepto del Consejo de Ministros.

Dentro de la oportunidad se�alada por la Corporaci�n, presentaron alegatos de conclusi�n solicitando se nieguen las pretensiones de la demanda, los se�ores apoderados del Ministerio de Desarrollo Econ�mico (Folios 261 a 265), del Ministerio del Medio Ambiente (Fls. 273 a 280), del Ministerio de Minas y Energ�a (Folios 281 a 287) y del Ministerio de Educaci�n Nacional (Folios 270 a 272) quien interviene para unirse a los argumentos ya expuestos por los intervinientes.

Igualmente el se�or apoderado de la parte actora present� alegato de conclusi�n (Folios 288-289), reiterando las pretensiones de la demanda.

El Procurador Noveno Delegado ante la Corporaci�n (E), rindi� el concepto fiscal de rigor, abordando primeramente el tema relacionado con la competencia de la Secci�n Primera del Consejo de Estado para conocer del asunto objeto de la demanda, por tratarse de una acci�n de simple nulidad, en raz�n del planteamiento formulado por el demandante de "..invocar a t�tulo de violaci�n normas constitucionales y legales...", circunstancia que impide circunscribir el an�lisis a la "..confrontaci�n exclusiva y directa de los decretos acusados con la norma constitucional..." en cuyo caso corresponder�a a la Sala Plena de conformidad con el numeral 9 del art�culo 37 de la Ley 270 de 1996.

En relaci�n con el asunto de fondo concluye que las pretensiones de la demanda deben denegarse y en cuanto a la excepci�n de inconstitucionalidad propuesta pone de presente su improcedencia.

Fundamenta el agente del Ministerio P�blico su concepto en el mandato del art�culo 352 de la Carta que prev� la existencia de una categor�a dispositiva jer�rquicamente de mayor entidad que las leyes comunes en materia de organizaci�n del presupuesto, la Ley Org�nica, a la cual le impone la regulaci�n de aspectos espec�ficos,taxativamente relacionados, "... programaci�n, aprobaci�n, modificaci�n y ejecuci�n de los presupuestos de la Naci�n, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo...".

El desarrollo de la disposici�n constitucional, en cuanto al aspecto relacionado con las modificaciones del presupuesto, est� contenido en el art�culo 34 de la Ley Org�nica del Presupuesto, disposici�n que por virtud de la sentencia C-192 del 15 de abril de 1997 fue declarada exequible por la Corte Constitucional, providencia en la cual, se�ala el Ministerio P�blico, "..se efectu� un an�lisis de la facultad del Gobierno para modificar los presupuestos de los organismos aut�nomos y las otras dos ramas del poder p�blico, incluida obviamente la Rama Judicial", an�lisis que expresa compartir la Procuradur�a Delegada antes de transcribir los apartes pertinentes.

Basado en el art�culo 34 de la Ley 179 de 1994, que estableci� en favor del Gobierno Nacional la facultad de reducir o aplazar las apropiaciones presupuestales en raz�n de ser el responsable, de una parte, de la ejecuci�n del presupuesto, y de otra, del manejo econ�mico y fiscal del pa�s, seg�n mandan los art�culos 189, numeral 20, y 347 de la Constituci�n Nacional, estima que debe otorgarse el reconocimiento de estar las normas demandadas ajustadas a la constituci�n y a la Ley.

Recaba el Ministerio P�blico en el criterio seg�n el cual "... la autonom�a en la ejecuci�n presupuestal no supone independencia respecto de las metas macroecon�micas y los planes de funcionamiento de la operaci�n estatal" acorde con lo establecido en los art�culos 341, 352 y 373 de la Carta y en que la ejecuci�n presupuestal de la Rama Judicial en los t�rminos del art�culo 256 de la Carta Pol�tica, "no tiene el alcance de enervar la competencia que tiene el Gobierno Nacional de modificar el presupuesto conforme a los lineamientos constitucionales y legales..."

En relaci�n con la limitaci�n que, como previno la Corte Constitucional en la citada sentencia de 1997, tiene el Gobierno para efectuar la modificaci�n presupuestal respecto de las entidades aut�nomas, en el sentido de que s�lo puede establecer en esta materia reducciones o aplazamientos generales, estima el Procurador que las reducciones presupuestales adoptadas mediante los decretos acusados son de car�cter general, "lo que se evidencia del hecho de que en el primero de ellos (Decreto 126 de febrero 29 de 1996) se establecen unos porcentajes de reducci�n del 5% en servicios personales y transferencias inherentes a las n�minas de personal y del 10% en remuneraci�n servicios t�cnicos, supernumerarios, honorarios, impresos y publicaciones, compra de equipo y vi�ticos y gastos de viaje al exterior y en el segundo (Decreto 419 de febrero 29 de 1996) se determinan montos generales para cada uno de los rubros indicados en el decreto antes citado".

Desde otra perspectiva, para llegar a la misma conclusi�n, se�ala el Ministerio P�blico que por el m�s elemental principio de equidad, una interpretaci�n distinta resultar�a odiosa, pues si el manejo macroecon�mico y fiscal del pa�s hace aconsejable reducir el gasto p�blico, debe afectarse por igual a todos los entes part�cipes del presupuesto nacional, sujetos igualmente por ministerio de la Constituci�n, a la Ley Org�nica de Presupuesto y a las disposiciones que en tal materia de ellas se deriven.

Aceptada la demanda por satisfacer las formalidades requeridas para el efecto (folio 123-124)y surtido el tr�mite procesal ordinario correspondiente, conforme a lo preceptuado por el C�digo Contencioso Administrativo, con el cumplimiento de las etapas que le son propias de fijaci�n en lista y traslado para la formulaci�n de los alegatos de conclusi�n, habiendo intervenido el Agente del Ministerio P�blico y no observ�ndose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el pronunciamiento de la Corporaci�n que resuelva de fondo el asunto puesto a su consideraci�n.

Sea lo primero precisar la competencia de la Secci�n Primera para conocer de la demanda, en raz�n, de una parte, de lo expresado por el Sr. Representante del Ministerio P�blico, y de otra, de lo manifestado por esta misma Corporaci�n, reiteradamente en situaciones an�logas, ya consideradas y falladas, seg�n las cuales si el actor invoca simult�neamente violaci�n de normas constitucionales y legales, en trat�ndose de actos de la administraci�n, el proceso por adelantar corresponde al de una acci�n de simple nulidad cuyo conocimiento incumbe a esta Secci�n. Distinto ser�a si �nicamente se acusa el acto de la administraci�n por contravenci�n exclusiva de disposiciones de jerarqu�a constitucional, en cuyo caso la competencia es privativa de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Al tratar el tema del gasto p�blico, se�alaron los Profesores Enrique Low Murtra y Jorge G�mez Ricardo, en su obra "Pol�tica Fiscal" (Bogot�, Universidad Externado de Colombia, 1986, p. 7) citando la de Richard Musgrave, "Sistemas Fiscales", que "Los gastos p�blicos desempe�an un papel importante en el funcionamiento de la econom�a, ya sea a nivel de renta relativamente bajo o relativamente alto". Sostienen en su obra los citados autores que "...el gasto p�blico es uno de los elementos que mas directamente act�a para resolver problemas de distribuci�n del ingreso, proveer bienes p�blicos y corregir externalidades del mercado, estimular el crecimiento econ�mico, suavizar la amplitud de los ciclos econ�micos y coadyuvar a resolver las dificultades que presenta la balanza de pagos" (ib�dem p. 7), a lo cual puede agregarse, a�n a riesgo de hacer una afirmaci�n de perogrullo, que es la m�s importante herramienta de intervenci�n del Estado y hoy por hoy es la herramienta de gesti�n administrativa mas apreciada para la efectiva soluci�n de conflictos.

Seguido tal planteamiento de los principios que a su juicio son fundamentales, tanto en materia tributaria como en la relacionada con la inversi�n del gasto p�blico, se destaca para el efecto que nos ocupa, el de generalidad, principio seg�n el cual, "Deben excluirse privilegios en la prestaci�n de los servicios p�blicos y en la realizaci�n de los gastos p�blicos, pues el esp�ritu de la democracia exige que las erogaciones del Estado cubran a la generalidad de los ciudadanos, sin discriminaciones ...".

Al igual que respecto de otros organismos a trav�s de los cuales funcionalmente opera el Estado organizado por la Constituci�n Pol�tica adoptada desde 1991, dispuso con relaci�n al Consejo Superior de la Judicatura, que deb�a elaborar el proyecto de presupuesto para la Rama Judicial del poder p�blico y ejecutarlo conforme con la aprobaci�n dada por el Congreso.

Dos funciones fueron dispuestas en la norma. La de preparar el proyecto de presupuesto sectorial que, ajustado a la pol�tica fiscal del Gobierno fuese sometido a la consideraci�n de la representaci�n popular, y la de ejecutar aquello que hubiere sido aprobado por el Congreso para la Rama Judicial.

No obstante la aparente intangibilidad del presupuesto de la Rama Jurisdiccional, a la cual alude enf�ticamente el demandante, como del de la Contralor�a General de la Rep�blica sobre el cual la Corte Constitucional se pronunci� en anteriores oportunidades (Cfr. Sentencia C-101/96), la propia carta constitucional estableci� una jerarqu�a normativa conforme a la cual una vez expedida la Ley Org�nica del Presupuesto, es dicha norma la llamada a regular lo correspondiente a, entre otros asuntos claramente determinados, "...la programaci�n, aprobaci�n, modificaci�n y ejecuci�n de los presupuestos de la Naci�n, de las entidades territoriales, de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinaci�n con el Plan Nacional de Desarrollo...", (art�culo 352 de la Constituci�n Nacional) y a ella queda sometida, tambi�n, la ley anual de presupuesto.

El desarrollo constitucional correspondiente tuvo efecto con la expedici�n de la Ley 179 de 1994, cuyo art�culo 34 modific� el 63 de la Ley 38 de 1989, disposici�n que fija la competencia y condiciones de procedibilidad para restringir el gasto p�blico por parte del Gobierno Nacional.

En efecto, el citado art�culo, con la modificaci�n a �l introducida dispone que "En cualquier mes del a�o fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podr� reducir o aplazar, total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: que el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico estimare que los recaudos del a�o puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraidas que deban pagarse con cargo a tales recursos; o que no fueren aprobados los nuevos recursos por el Congreso o que los aprobados fueren insuficientes para atender los gastos a que se refiere el art�culo 347 de la Constituci�n Pol�tica; o que no se perfeccionen los recursos del cr�dito autorizados; o que la coherencia macroecon�mica as� lo exija. En tales casos el gobierno podr� prohibir o someter a condiciones especiales la asunci�n de nuevos compromisos y obligaciones".

En cuanto la norma antes transcrita fue sometida al examen de la Corte Constitucional, corporaci�n que en sentencia C-192 de abril 15 de 1997 efectu� el an�lisis que permite determinar si la ley org�nica puede autorizar al Gobierno a reducir o aplazar apropiaciones y la relaci�n de esta facultad con la autonom�a de la rama judicial y de otros �rganos aut�nomos del Estado, resultan de obligada consulta las consideraciones de la Corte, de las cuales se destacan:

3.3.1 Las apropiaciones presupuestales son autorizaciones de gasto y no �rdenes de gasto.

Sostuvo la Corte en la providencia citada: "As�, conviene tener en cuenta que una partida aprobada por la ley anual de presupuesto no es un gasto que inevitablemente debe ser efectuado por las autoridades. En efecto, el art�culo 347 precisa que la ley de apropiaciones "deber� contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva". N�tese que la Carta no establece que se trata de los gastos que el Estado obligatoriamente realizar� sino que este componente de la ley de presupuesto debe incluir los gastos que pretendan ser realizados por las autoridades, y que son autorizados mediante esa ley. Esta norma armoniza perfectamente con otras disposiciones constitucionales, como el art�culo 189 ordinal 20 que precisa que corresponde al Presidente decretar, conforme a la ley, la inversi�n de las rentas y caudales p�blicos, ya que si las apropiaciones fueran �rdenes de gasto, no tendr�a ning�n sentido esta disposici�n, pues ser�a absurdo que la propia Carta se�alara que corresponde al gobierno decretar la inversi�n de los caudales p�blicos, por cuanto el gasto ya habr�a sido decretado por la ley anual de presupuesto. Esto muestra que las apropiaciones presupuestales no son �rdenes de gasto sino que constituyen, como bien se�ala la propia legislaci�n org�nica presupuestal, "autorizaciones m�ximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva" (Art. 89 del decreto 111 de 1996 o Estatuto Org�nico del Presupuesto que compila los art�culos 72 de la ley 38 de 1989, 38 de la ley 179 de 1994 y 8� de la ley 225 de 1995). La ley anual de presupuesto, al apropiar una determinada partida, est� entonces estableciendo el monto m�ximo de gasto estatal para una determinada finalidad y en un periodo espec�fico".

3.3.2 La ley org�nica de presupuesto puede autorizar al Gobierno para reducir o aplazar ciertas apropiaciones presupuestales - Legitimidad general

El m�ximo Tribunal Constitucional considera entonces que "en principio es leg�timo que las normas acusadas -art�culos 34 de la ley 179 de 1994 y 76 del decreto 111 de 1996- que hacen parte del estatuto org�nico presupuestal, atribuyan al Gobierno la posibilidad de reducir o aplazar ciertas apropiaciones, en determinados eventos pues, conforme al art�culo 352 de la Carta, corresponde a la ley org�nica del presupuesto regular la ejecuci�n presupuestal. Adem�s,..... la Constituci�n atribuye al Gobierno el peso esencial de la ejecuci�n del presupuesto. Esto es natural, pues el Ejecutivo no s�lo tiene la responsabilidad primaria en la ejecuci�n de la pol�tica econ�mica general del Estado (CP arts. 150, 303 y 371) sino que, adem�s, es el �rgano que posee las capacidades t�cnicas y el conocimiento detallado de la disponibilidad de recursos para asegurar una ejecuci�n id�nea del presupuesto".

Lo anterior no significa, advierte la Corte, que el Gobierno pueda a su arbitrio y en cualquier tiempo, disminuir o aplazar las apropiaciones, pues esto "implicar�a conferir al Ejecutivo un poder fiscal fuera de control, lo cual es contrario a la idea misma de Estado de derecho (CP art. 1�)... estas facultades deben estar ligadas a las propias responsabilidades constitucionales del Gobierno en materia fiscal y en el desarrollo de la pol�tica general y deben armonizar con la naturaleza misma de la ejecuci�n presupuestal".

Luego de analizar las cuatro hip�tesis f�cticas que se establecen en el art�culo 34 de la ley 179 de 1994 para autorizar la reducci�n o aplazamiento de las apropiaciones, encontr� la Corte que se ajustan a la Constituci�n, pues se fundamentan, las tres primeras, en razones de prudencia fiscal pues es perfectamente posible que durante el desarrollo del per�odo fiscal el Gobierno constate una ausencia de recursos que impida que se realicen en forma sana los gastos apropiados, y la cuarta encuentra su origen en la estrecha relaci�n de la pol�tica fiscal con la pol�tica econ�mica general. Sobre este �ltimo aspecto, destaca la Corte anteriores pronunciamientos en los que hab�a se�alado que "el presupuesto no debe conspirar contra las metas macroecon�micas fijadas por el Gobierno en coordinaci�n con la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, exigencia que no se limita a las fases de programaci�n y aprobaci�n del presupuesto, sino que se extiende a todas las restantes. A todo lo largo de la programaci�n, elaboraci�n, presentaci�n, aprobaci�n, modificaci�n y ejecuci�n del presupuesto, el Gobierno y los dem�s �rganos que intervienen en el proceso presupuestal est�n obligados a promover la coherencia macroecon�mica y a aplicar una serie de principios y regulaciones dirigidas a evitar que el presupuesto que es instrumento de orden se convierta en factor de desorden y de imprecisi�n."

Como garant�as para el ejercicio no arbitrario de la potestad conferida al Gobierno para ordenar la reducci�n o el aplazamiento de apropiaciones presupuestales, destaca la Corte el concepto previo del Consejo de Ministros y la adopci�n de la medida mediante acto administrativo sujeto a acciones judiciales en caso de que la facultad no sea ejercida conforme a derecho.

La ley org�nica del presupuesto, dice la Corte, "confiere un margen de apreciaci�n al Gobierno, lo cual implica una cierta discrecionalidad, pero como esta Corporaci�n lo ha se�alado en diversas decisiones, no se puede confundir lo discrecional con lo arbitrario, pues la Carta admite la discrecionalidad administrativa pero excluye la arbitrariedad en el ejercicio de la funci�n p�blica. Esto significa que la reducci�n o el aplazamiento de las apropiaciones no puede ser adelantada por el Gobierno de manera arbitraria sino que se debe desarrollar en forma razonable y proporcionada, tomando en consideraci�n la finalidad de la misma".

3.3.3 La atribuci�n gubernamental frente a la autonom�a presupuestal de la Rama Judicial

Las censuras formuladas por el actor a los decretos acusados ante esta Corporaci�n fueron igualmente expuestas a la H. Corte Constitucional en la demanda que dio origen al proceso que concluy� con la sentencia C-192 de 1997 que se viene citando. De all� la pertinencia de consignar las consideraciones de la Corte sobre el alcance de la autonom�a presupuestal de la Rama Judicial y la pretendida intangibilidad de las apropiaciones que para ella se contemplen en la ley anual de apropiaciones. Dijo la Corte:

"11. En anteriores ocasiones, esta Corporaci�n ya hab�a se�alado que, debido al car�cter unitario del Estado Colombiano y a las responsabilidades fiscales y macroecon�micas del Gobierno, la Constituci�n confiere, en general, una primac�a al principio de unidad presupuestal sobre el principio de autonom�a, y esto no s�lo en relaci�n con las entidades territoriales, las cuales aportan ingresos propios al presupuesto general de la Naci�n, sino tambi�n, y tal vez con mayor raz�n, respecto de los �rganos del Estado que no perciben ingresos ni los aportan al presupuesto general.

Esta prevalencia del principio de unidad implica que no es v�lida la aseveraci�n del demandante, seg�n la cual el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con un privilegio de postulaci�n del presupuesto de la rama judicial, de tal manera que el Gobierno no puede modificar el proyecto presentado por esa entidad y debe remitirlo sin cambio al Congreso, puesto que tal tesis contradice la facultad del gobierno de formular aut�nomamente el presupuesto, el cual debe ser unitario y universal".

Con relaci�n a la autonom�a en la ejecuci�n presupuestal, la Corte reitera lo se�alado en la sentencia C-101/96, esto es, que �sta "... no supone independencia del gasto de los �rganos aut�nomos respecto de las metas macroecon�micas y los planes de financiamiento de la operaci�n estatal. La autonom�a se cumple dentro de los l�mites que imponen intereses superiores como el equilibrio macroecon�mico y financiero (art. 341 C.P.), el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda (art. 373 C.P.) y la regulaci�n org�nica en materia de programaci�n, aprobaci�n, modificaci�n y ejecuci�n de los presupuestos de la Naci�n (CP art. 352)."

Y concluye la Corte: "..el art�culo 256 ordinal 5� de la Carta, seg�n el cual el Consejo Superior de la Judicatura ejecutar� el presupuesto "de conformidad con la aprobaci�n que haga el Congreso" no puede ser asumido literalmente, pues tal hermen�utica contradice principios constitucionales esenciales, ya que conduce a una fragmentaci�n de la ejecuci�n del presupuesto, cuando el conjunto de disposiciones constitucionales reafirman la unidad presupuestal tambi�n en este campo". Lo que establece la norma es "la autonom�a fiscal de la rama judicial, esto es, que la ejecuci�n y ordenaci�n del gasto corresponde a una autoridad del propio poder judicial, y no a una entidad externa del mismo, como suced�a en el pasado, que el presupuesto de la rama judicial era ejecutado por el Ministerio de Justicia.... esta autonom�a debe interpretarse tomando en cuenta el principio de legalidad del gasto y entonces la disposici�n adquiere un sentido perfectamente razonable, pues significa simplemente la sujeci�n que a la ley de presupuesto deben los ejecutores del gasto en la rama judicial, por lo cual el Consejo Superior de la Judicatura no puede desbordar los par�metros establecidos por el Congreso al apropiar las distintas partidas para la rama judicial.".

Por las anteriores consideraciones, concluy� la Corte que "la intervenci�n gubernamental para reducir o aplazar las apropiaciones cuando se presentan las hip�tesis previstas por la ley org�nica es leg�tima, pero su alcance debe ser delimitado tomando en consideraci�n la autonom�a de esas entidades. La responsabilidad fiscal global del gobierno no puede entonces traducirse en una anulaci�n de la autonom�a org�nica y presupuestal que la Constituci�n reconoce a las otras ramas del poder y a los otros �rganos aut�nomos, sobre todo en aquellos casos en que la propia Carta no s�lo establece esa autonom�a fiscal sino que adem�s consagra una necesaria coordinaci�n entre el Gobierno y la entidad respectiva."

Ahora bien, en b�squeda de una decisi�n que lograra la m�xima protecci�n tanto de la responsabilidad fiscal del Gobierno como de la autonom�a fiscal de las otras ramas y de los �rganos aut�nomos, avoca la Corte la interpretaci�n arm�nica de los distintos preceptos constitucionales y principios de la Carta ya enunciados y recuerda el sentido y alcance de los dos principios en tensi�n. "As�, las responsabilidades fiscales globales del Gobierno se concretan en el presente caso en la competencia que tiene el Ejecutivo de reducir, en determinadas coyunturas, el monto global del gasto p�blico. Por su parte, el contenido esencial de la autonom�a presupuestal de las entidades reside en la posibilidad que �stas tienen de ordenar y ejecutar los recursos apropiados conforme a las prioridades que ellas mismas determinen, y en armon�a con los cometidos constitucionales y legales de la respectiva entidad..... En ese orden de ideas, aparece claramente que el Gobierno, con el fin de poder cumplir sus responsabilidades fiscales globales, s�lo tiene necesidad de establecer reducciones o aplazamientos generales en las distintas entidades aut�nomas, pero no existe ninguna raz�n para que el Ejecutivo establezca espec�ficamente cu�les partidas deben ser reducidas o aplazadas, ni que consagre tr�mites particulares que puedan afectar la autonom�a administrativa de tales entidades. Esta decisi�n debe entonces ser tomada por las respectivas entidades aut�nomas, conforme a la valoraci�n que hagan de sus propias prioridades. (......) Admitir que el Gobierno pueda reducir o aplazar partidas espec�ficas de las otras ramas del poder y de los otros �rganos aut�nomos del Estado, o pueda tener injerencia en la administraci�n de sus recursos, implica entonces un sacrificio innecesario y desproporcionado de la autonom�a de las entidades estatales, en nombre de la b�squeda de la estabilidad macroecon�mica y de la sanidad de las finanzas p�blicas, por lo cual esa interpretaci�n es inadmisible."

3.3.4 Los l�mites a la reducci�n de las apropiaciones presupuestales de las entidades aut�nomas

De otro lado, e �ntimamente ligado a lo anterior, la Corte considera que "en principio el Ejecutivo debe limitarse a establecer reducciones o aplazamientos uniformes e iguales para los diversos �rganos y ramas del poder, ya que de esa manera se concilia la autonom�a fiscal de esas entidades con las responsabilidades fiscales y macroecon�micas del Ejecutivo, pues se evita que el Gobierno afecte la autonom�a de determinada entidad o rama del poder, descargando en ella el peso esencial del ajuste al gasto".

Como efecto inmediato de lo expresado por la Corte, ha quedado aclarado el t�pico relacionado con la competencia del gobierno en esta materia, pues resulta evidente que el Ejecutivo s� est� facultado para reducir las apropiaciones del presupuesto general de la Naci�n, cuando se presenten, entre otros eventos, circunstancias f�cticas de orden macroecon�mico que as� lo aconsejen.

Como quiera que la argumentaci�n de la acci�n de nulidad que se resuelve, censura la expedici�n de los decretos 126 y 429 de 1996 con fundamento en la carencia de esa atribuci�n en cabeza del ejecutivo respecto de las apropiaciones de la Rama Judicial, consecuencia de una pretendida intangibilidad de las partidas que para �sta se contemplen en la ley anual de apropiaciones, habiendo sido resuelto por la H. Corte Constitucional el fondo de tal asunto, basta con se�alar que sobre el mismo ha de estarse a lo dispuesto en la mencionada sentencia.

La Corte dej� en claro que tal competencia s� es del resorte del Gobierno Nacional, en providencia que produce los efectos de la cosa juzgada constitucional en virtud de lo cual ninguna autoridad puede desconocer lo as� decidido ni pronunciarse nuevamente sobre el punto.

Empero, advirti� la Corte que la atribuci�n gubernamental tiene unas garant�as y unos l�mites y ese el �nico examen que procede, aunque sobre el particular haya guardado silencio el accionante. A juicio de esta Corporaci�n, unas y otros se respetaron, en cuanto aparece probado en el expediente y as� se informa en las consideraciones de los actos acusados, que el Consejo de Ministros emiti� el concepto a que la ley org�nica del presupuesto obliga y que las reducciones fueron adoptadas por acto administrativo sujeto a control judicial, prueba de ello, la acci�n de nulidad que ahora se estudia.

En cuanto a los l�mites se�alados por la Corte, esto es, que la facultad de reducir las apropiaciones se ejerza respecto de partidas globales, encuentra el Despacho que al Consejo Superior de la Judicatura (folio 19 del cuaderno de documentos de car�cter reservado), como a todos los �rganos que comprenden el presupuesto general de la Naci�n, previamente a la expedici�n del decreto de reducci�n de apropiaciones, les fue informado un monto general de reducci�n equivalente al 5% de los rubros de servicios personales y transferencias inherentes a las n�minas de personal y un 10% de la suma de los rubros para la remuneraci�n de servicios t�cnicos, supernumerarios, honorarios, impresos y publicaciones, compra de equipo y vi�ticos y gastos de viaje al exterior, solicit�ndosele a cada uno presentar una propuesta de recorte de los gastos de funcionamiento, pero igualmente se les indic� que la composici�n del recorte pod�a ser variada de acuerdo con las necesidades del servicio.

No hay prueba en el expediente de que el Consejo Superior de la Judicatura hubiera dado respuesta e indicado al Gobierno a qu� rubros del gasto imputar tales reducciones, de tal forma que el ejecutivo hubiera podido obrar de manera distinta.

Ha imperado en las sociedades democr�ticas, por tiempo ya inmemorial, la tesis de que las cargas del Estado han de afectar a los asociados por igual. Con igual sentido debe aceptarse que al interior de la organizaci�n estatal misma, trat�ndose del aplazamiento o reducci�n de la ejecuci�n del presupuesto de la Naci�n, las decisiones restrictivas que en tal sentido deba adoptar el gobierno, por supuesto con el cumplimiento de las formalidades de ley, deben igualmente afectar a todo el aparato estatal, integralmente considerado.

En trat�ndose del tema del presupuesto nacional, resultar�a tan inequitativo como antijur�dico parcelar la organizaci�n constitucionalmente establecida para que s�lo un �rgano del poder p�blico, o una entidad administrativa aut�noma, o un sector o subsector de la administraci�n tuviese que soportar los ajustes necesarios para orientar o equilibrar la econom�a, o igualmente que se llegare a sustraerlos de tal carga.

Si bien es cierto el ordenamiento fiscal a trav�s de la ley de apropiaciones determina la distribuci�n de los ingresos de la Naci�n para la inversi�n y el sostenimiento del aparato estatal, y en �pocas de bonanza fiscal se llegan a fijar por este medio tendencias de ejecuci�n que permiten una programaci�n mas o menos redistributiva de tales ingresos, no menos cierto debe ser que con la sola finalidad de conjurar etapas cr�ticas de la econom�a, ese mismo aparato estatal debe tener igual destino, esto es, en igualdad de condiciones concurrir toda la organizaci�n estatal a soportar la suerte de la ejecuci�n restringida o aplazada del presupuesto, no resultando leg�timo el pretender sustraerse de los efectos de tales decisiones.

Ha quedado claro entonces que el Ejecutivo dict� las normas acusadas con suficiente fundamento constitucional y legal y que ejerci� la atribuci�n que le fue conferida respetando la autonom�a fiscal de los �rganos aut�nomos, por lo que forzoso resulta concluir que se ajustan al ordenamiento jur�dico y en consecuencia no est� llamada a prosperar la demanda y en tal sentido se decidir�.

Finalmente se advierte que tampoco est� llamada a prosperar la excepci�n de inconstitucionalidad propuesta, habida cuenta que con la decisi�n adoptada por la H. Corte Constitucional en el sentido de declarar exequible las disposiciones de la Ley org�nica del presupuesto que sirvieron de fuente normativa de competencia para expedir las normas acusadas, qued� incontrovertiblemente definido el tema y a tal decisi�n debe atenerse el accionante.

Por las consideraciones expresadas, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,

C�PIESE, NOTIF�QUESE, COMUN�QUESE, PUBL�QUESE EN LOS ANALES DEL CONSEJO DE ESTADO Y C�MPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue le�da, discutida y aprobada por la Sala en sesi�n del d�a 28 de julio de 2000.