100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010006389SENTENCIAPRIMERA3167199501/09/1995SENTENCIA__PRIMERA__3167__1995_01/09/1995100063891995ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA - Función / SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN / INSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL / INSPECCIÓN Y VIGILANCIA / COMPETENCIA / MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Funciones / INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE - Improcedencia La función que cumplen las Asociaciones de Padres de Familia está afectada al servicio público de la educación, es decir, que no puede concebirse la existencia de tales Asociaciones sin un objeto sobre el cual deba recaer su actividad, como es el de la labor educativa, Los Decretos No. 1625 de 1972 y 466 de 1983 fueron expedidos bajo la vigencia de la Constitución Nacional, la cual en el artículo 120 ordinal 12 facultaba al Presidente de la República como Jefe del Estado, y Suprema autoridad administrativa para "Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional", norma esta que no condicionaba el ejercicio de dicha Facultad a la ley, como si lo hace expresamente el artículo 189 numeral 21 de la actual Carta Política. Ello explica porque el Gobierno Nacional invoco directamente el ejercicio de dicha facultad constitucional tanto para autorizar la creación de las Asociaciones de Padres de Familia, como para expedir los citados decretos. Estando afecta la razón de ser de las Asociaciones de Padres de Familia al servicio Público de la educación puede afirmarse, sin temor a equívocos, que antes de la Carta Política de 1991 como a partir de esta, la inspección y vigilancia de las mismas corresponde al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional. Del contenido de los Decretos No. 1625 de 6 de septiembre de 1972 y el 466 de 18 de febrero de 1983 no infiere la Sala un vicio de inconstitucionalidad sobreviniente y, por el contrario, advierte que la normatividad de los mismos esta acorde con los artículos 67 y 68 de la norma de normas, que fueron desarrollados por la Ley 115 de 1994 y el Decreto Reglamentario 1860 del mismo año. No se advierte la violación del preámbulo de la Carta, como quiera que no observa la Sala que se esté desconociendo a las Asociaciones de Padres de Familia dentro de la comunidad educativa, sino, todo lo contrario, las normas acusadas están estableciendo la obligatoriedad de su existencia en los planteles educativos. No asiste razón a los actores en los cargos formulados en los literales c), f) y h) ya que a imponer, como obligación que en todo plantel educativo existan Asociaciones de Padres de Familia, las cuales hoy por mandato constitucional deben conformar la comunidad educativa, no conlleva a impedir el derecho de libre asociación o de reunión, sino todo lo contrario, a garantizarlo, a través de la autorización de su constitución, acto este que implica, como es obvio, el señalamiento de circunstancias de modo, tiempo y lugar, que en este caso están en armonía con las normas del Decreto No. 1003 de 8 de mayo de 1961, que autorizó la creación de dichas Asociaciones y previó que pudieran darse sus propios estatutos y obtener su correspondiente personería jurídica. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ Santa Fe de Bogotá, D.C., primero (1) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZJORGE ENRIQUE HURTADO CALDERÓN | OTROSla nulidad de los artículos 1o. a 3o., 5o., 6o., 9o. y 10o. del Decreto No. 1625 de 6 de septiembre de 1972 "por el cual se dictan normas sobre asociaciones de padres de familia", lo del Decreto No. 466 de 18 de febrero de 1983 "por la (sic) cual se modifica el artículo 1o. del Decreto 1625 de septiembre 6 de 1972", y 2o. y 3o. del Decreto No. 1068 de 27 de mayo de 1994 "por el cual se modifica parcialmente el Decreto No. 1625 de 1972" expedidos por el Gobierno Nacional.Identificadores10010006390true68452Versión original10006390Identificadores

Fecha Providencia

01/09/1995

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Norma demandada:  la nulidad de los artículos 1o. a 3o., 5o., 6o., 9o. y 10o. del Decreto No. 1625 de 6 de septiembre de 1972 "por el cual se dictan normas sobre asociaciones de padres de familia", lo del Decreto No. 466 de 18 de febrero de 1983 "por la (sic) cual se modifica el artículo 1o. del Decreto 1625 de septiembre 6 de 1972", y 2o. y 3o. del Decreto No. 1068 de 27 de mayo de 1994 "por el cual se modifica parcialmente el Decreto No. 1625 de 1972" expedidos por el Gobierno Nacional.

Demandante:  JORGE ENRIQUE HURTADO CALDERÓN | OTROS


ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA - Función / SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN / INSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL / INSPECCIÓN Y VIGILANCIA / COMPETENCIA / MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Funciones / INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE - Improcedencia

La función que cumplen las Asociaciones de Padres de Familia está afectada al servicio público de la educación, es decir, que no puede concebirse la existencia de tales Asociaciones sin un objeto sobre el cual deba recaer su actividad, como es el de la labor educativa, Los Decretos No. 1625 de 1972 y 466 de 1983 fueron expedidos bajo la vigencia de la Constitución Nacional, la cual en el artículo 120 ordinal 12 facultaba al Presidente de la República como Jefe del Estado, y Suprema autoridad administrativa para "Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional", norma esta que no condicionaba el ejercicio de dicha Facultad a la ley, como si lo hace expresamente el artículo 189 numeral 21 de la actual Carta Política. Ello explica porque el Gobierno Nacional invoco directamente el ejercicio de dicha facultad constitucional tanto para autorizar la creación de las Asociaciones de Padres de Familia, como para expedir los citados decretos. Estando afecta la razón de ser de las Asociaciones de Padres de Familia al servicio Público de la educación puede afirmarse, sin temor a equívocos, que antes de la Carta Política de 1991 como a partir de esta, la inspección y vigilancia de las mismas corresponde al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional. Del contenido de los Decretos No. 1625 de 6 de septiembre de 1972 y el 466 de 18 de febrero de 1983 no infiere la Sala un vicio de inconstitucionalidad sobreviniente y, por el contrario, advierte que la normatividad de los mismos esta acorde con los artículos 67 y 68 de la norma de normas, que fueron desarrollados por la Ley 115 de 1994 y el Decreto Reglamentario 1860 del mismo año. No se advierte la violación del preámbulo de la Carta, como quiera que no observa la Sala que se esté desconociendo a las Asociaciones de Padres de Familia dentro de la comunidad educativa, sino, todo lo contrario, las normas acusadas están estableciendo la obligatoriedad de su existencia en los planteles educativos. No asiste razón a los actores en los cargos formulados en los literales c), f) y h) ya que a imponer, como obligación que en todo plantel educativo existan Asociaciones de Padres de Familia, las cuales hoy por mandato constitucional deben conformar la comunidad educativa, no conlleva a impedir el derecho de libre asociación o de reunión, sino todo lo contrario, a garantizarlo, a través de la autorización de su constitución, acto este que implica, como es obvio, el señalamiento de circunstancias de modo, tiempo y lugar, que en este caso están en armonía con las normas del Decreto No. 1003 de 8 de mayo de 1961, que autorizó la creación de dichas Asociaciones y previó que pudieran darse sus propios estatutos y obtener su correspondiente personería jurídica.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., primero (1) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)

Radicación número: 3167

Actores: JORGE ENRIQUE HURTADO CALDERÓN Y OTROS

Referencia: Acción de Nulidad

Los ciudadanos JORGE ENRIQUE HURTADO CALDERÓN, MARÍA SUSANA LÓPEZ DE DEL VALLE, ARGEMIRO DE JESÚS RÍOS, RAÚL ANTONIO PIÑEROS RAMOS, ULISES MORENO GARZÓN, MARÍA LUDOVINA HERRERA MALAGÓN Y PEDRO ARTURO BARÓN, obraron en sus propios nombres y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., han ocurrido ante esta Corporación a fin de que mediante sentencia se declare la nulidad de los artículos 1o. a 3o., 5o., 6o., 9o. y 10o. del Decreto No. 1625 de 6 de septiembre de 1972 "por el cual se dictan normas sobre asociaciones de padres de familia", lo del Decreto No. 466 de 18 de febrero de 1983 "por la (sic) cual se modifica el artículo 1o. del Decreto 1625 de septiembre 6 de 1972", y 2o. y 3o. del Decreto No. 1068 de 27 de mayo de 1994 "por el cual se modifica parcialmente el Decreto No. 1625 de 1972" expedidos por el Gobierno Nacional.

I. - LOS ACTOS ACUSADOS

Son los artículos de los decretos que se detallan a continuación:

Decreto No. 1625 de 1972:

"ARTÍCULO 1o. - En todos los establecimientos oficiales de educación elemental y media, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la iniciación del año escolar, los directores o rectores convocarán a todos los padres de alumnos, o acudientes autorizados, con el fin de explicarles los propósitos, actividades y mecanismos de la respectiva "Asociación de Padres de Familia", la cual deberá existir en todos esos planteles. En la misma reunión cada asociación procederá a la elección de la correspondiente junta directiva".

"ARTÍCULO 2o. - Los propietarios o directores de los planteles educativos particulares no podrán impedir, retardar o dificultar en manera alguna la constitución ni las actividades lícitas de la Asociación de los padres y acudientes de los alumnos de su plantel, de acuerdo con el inciso primero del artículo 44 de la Constitución Nacional".

"ARTÍCULO 3o. - Son funciones de las Asociaciones de Padres de Familia:

1o. - Integrar e impulsar la educación familiar y escolar.

2o. - Colaborar con maestros y profesores en lo que corresponde a la seguridad, moralidad, higiene y bienestar de los alumnos.

3o. - Procurar una coordinación entre padres y educadores, a fin de descubrir capacidades del educando y orientarlo hacia su pleno desarrollo".

4o. - Ofrecer a los planteles el concurso intelectual y moral necesarios para la solución de aquellos problemas que perturben la formación integral de los educandos.

5o. - Recibir informes personales y directos sobre asistencia, conducta y aprovechamiento de sus hijos, así como sobre la marcha del establecimiento.

6o. - Promover conferencias periódicas y demás acciones que redunden en el mayor conocimiento de la comunidad educativa y de la sociedad en general".

"ARTÍCULO 5o. - Podrán formarse asociaciones de segundo o tercer grado, tales como ligas municipales de asociaciones de padres de familia, federaciones departamentales formadas por las ligas y confederaciones nacionales formadas por las federaciones".

"ARTÍCULO 6o. - Las juntas directivas de las asociaciones de padres de familias serán elegidas para un período de un (1) año lectivo en asamblea general, sin intervención de las directivas del plantel".

"ARTÍCULO 9o. - El manejo de los fondos de las asociaciones de padres de familia no podrá hacerlo el personal directivo o docente de los planteles. Esta función corresponde exclusivamente a aquellas personas a quienes, según los estatutos, elija la asamblea general previa constitución de la respectiva fianza.

PARÁGRAFO. - El Ministerio de Educación Nacional, por medio de la Oficina de Inspección y Evaluación Educativa, en las visitas que realice a los planteles, supervisará las actividades que realicen las asociaciones de padres de familia al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente norma".

"ARTÍCULO 10. - La violación de las prohibiciones contenidas en los dos artículos anteriores será causal para la suspensión de la personería jurídica de la asociación infractora, que será decidida mediante decisión motivada por la autoridad competente, previo informativo levantado por el Ministerio de Educación Nacional. Cuando de este incumplimiento fueren responsables el propietario o los directivos del plantel, el Ministerio de Educación Nacional podrá suspender la licencia de funcionamiento o la aprobación de estudios del plantel, hasta por un año, a partir del comienzo del siguiente año escolar, y cancelar definitivamente tales autorizaciones en caso de reincidencia, sin perjuicio de las demás sanciones de carácter civil o penal previstas por las leyes y reglamentos y aplicables por otras autoridades".

Decreto No. 466 de 1983:

"ARTÍCULO PRIMERO. - El artículo 1o. del Decreto 1625 de septiembre 6 de 1972, quedará así: En todos los establecimientos oficiales de educación pre - escolar, de básica primaria, de básica secundaria y de media vocacional donde no se hayan organizado "asociaciones de padres de familia", los directores o rectores, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la iniciación del año escolar convocaran a todos los padres de familia de los alumnos o acudientes autorizados, con el fin de explicarles los propósitos, actividades y mecanismos de la respectiva asociación, la cual deberá constituirse en todos los planteles. En la misma reunión, se procederá a la constitución de la asociación con la elección de la correspondiente Junta Directiva".

Decreto No. 1068 de 1994:

"Artículo 2o. - Las Secretarias de Educación serán las encargadas, en cumplimiento de la función de inspección y vigilancia a las entidades educativas, de supervisar que las actividades que realicen las asociaciones de Padres de Familia, cumplan los objetivos establecidos por la ley".

"Artículo 3o. - El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial, los artículos 4º y el parágrafo del artículo 9º del decreto 1625 de 1972".

II. - FUNDAMENTOS DE DERECHO:

En apoyo de sus pretensiones los actores adujeron, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

Las normas de los Decretos acusados violan el Preámbulo y los artículo 1o., 2o., 4o., 13, 16, 29, 37, 38, 39 incisos 2o. y 3o., 103 inciso 2o., 113 inciso 3o., 116 inciso 3o., 123 inciso 3o., 150 numerales 1o., 7o., 8o. y 10o., 189 numerales 21 y 26, 209, 211, 229 y 333 inciso 1o. de la Constitución Política de 1991, por las siguientes razones:

a): Vulneran el Preámbulo porque se legisla con desconocimiento de la presencia real de las Asociaciones de Padres de Familia dentro de la comunidad educativa y con cierto paternalismo dependiente que atenta contra los preceptos de participación que garantizan un orden político y social justo.

b): Se violó el artículo 1o., porque las disposiciones cuestionadas son ajenas a la naturaleza propia de las Asociaciones de Padres de Familia ya que no toman en cuenta los principios de participación de las colectividades en la toma de decisiones que inciden directamente en su propia existencia, burlándose así los intereses generales y atentando contra la solidaridad.

c): Se viola el artículo 2o., porque no se garantiza la efectividad de los derechos de libre asociación sino que se imponen normas a la Asociación y así las decisiones que afectan a todos los padres de familia son ajenas a su propia iniciativa privada.

d): Se viola el artículo 4o., porque las normas acusadas desconocen el tratamiento igualitario entre asociaciones de carácter al imponerle a las Asociaciones de Padres de familia un cordón umbilical que las hace depender de la decisión del Ministerio de Educación Nacional, afectando así el derecho de ser tratadas igual que las demás asociaciones de índole civil.

El Decreto No. 1068 de 1994 invoca el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política con clara violación de la misma Constitución pues aún no hay ley sobre "Asociaciones de Padres de Familia" que reglamentar, y no existiendo ley que ejecutar se aplican las normas constitucionales como el artículo 13.

e): Se viola el artículo 13 porque con el Decreto Nº 1625 de 1972 se atenta contra la libertad de igualdad de las Asociaciones de Padres de Familia al imponerles las funciones a que se refiere el artículo 3o., al impedir que se unan Asociaciones de varios municipios, según se infiere del artículo 5o., porque la norma no contempla sino ligas municipales, lo cual hace que no pueda reunirse y agruparse en las mismas condiciones que lo hacen otras asociaciones de carácter cívico, y a impedir la libre autodeterminación de dichas Asociaciones con la regulación del artículo 6o.

f): Se viola el artículo 16 porque con los decretos acusados se trasluce la camisa de fuerza a la cual se han visto sometidas las Asociaciones de Padres de Familia en su desarrollo ya que se les impone desde el sitio y forma de organización hasta sus objetivos y funciones y desde el período de vigencia de sus directivas hasta la vigilancia, todo ello sin facultad de reglamentación legal sino en razón de facultades del Ejecutivo que hoy están derogadas, amén de que para regular y vigilar a tales Asociaciones actualmente se requiere de ley expedida por el Congreso que respete el libre desarrollo de sus personerías jurídicas.

g): Se viola el artículo 29 por parte del artículo 10o. del Decreto 1625 del 1972, el cual crea causales de suspensión de las Asociaciones de Padres de Familia en forma confusa y poco clara, cuando dichas sanciones deben ser expresas y determinadas.

De la misma manera el artículo 2o. de dicho Decreto pone de manifiesto la facultad inconstitucional de juzgar, por parte de los directivos de un plantel educativo, sin fórmula de juicio, que actividades son lícitas o ilícitas, para de esta forma impedir, retardar o dificultar el desarrollo de los fines de las Asociaciones de Padres de Familia.

h): Se viola el artículo 37 porque para la creación o constitución de las Asociaciones de Padres de Familia no es constitucional hacer imposiciones de tiempo, lugar y forma de reunión ya que esto depende de la comunidad misma, por su carácter de privada sin que se requiera de la injerencia estatal o administrativa.

i): El artículo 5o. de Decreto No. 1625 de 1972 viola el artículo 38 al someter las organizaciones de primer y segundo grado al ámbito municipal para la creación de ligas de Padres de Familia y al ámbito departamental para la creación de Federaciones, cuando las posibilidades de reagrupación para la constitución de tales ligas superan el territorio municipal.

j): Se viola el artículo 39 porque la estructura interna y el funcionamiento de las organizaciones sociales, como son las Asociaciones de Padres de Familia, se deben sujetar al orden legal que imponga una ley expedida por Congreso de la República, la cual hasta el momento no se ha promulgado.

Al Ministerio de Educación no le corresponde entrar a regular normas que conciernen a las organizaciones cívicas de carácter civil.

k): Se viola el artículo 103 porque hasta el momento para la creación, Constitución y desarrollo de las Asociaciones de padres de Familia y específicamente para la expedición de los Decretos acusados la ausencia del estado ha sido manifiesta. Se desconoce la autonomía con normas que no consultan objetivos, independencia, dinámica y si entorpecen la gestión social y comunitaria.

l): El Decreto No. 466 de 1983 viola el artículo 150 numeral 8o., ya que es por mérito de la ley que los entes administrativos como el Ministerio de Educación Nacional ejercen sus funciones y son facultados para actuar.

La regulación de las Asociaciones de Padres de Familia no es facultad asignar a dicho Ministerio, ni puede deducirse facultad intrínseca o implícita para intervenir asociaciones de carácter cívico.

m): Se viola el artículo 189 numeral 21 porque la facultad de inspección y vigilancia de la enseñanza se deriva de la ley, y como ya se dijo, no existe ley expedida que haya facultado al Presidente de la República para que ejerza dicha función o la delegue en el Ministerio de Educación Nacional.

De todas maneras tal facultad no puede extenderse a las Asociaciones de Padres de Familia dada su característica propia de asociación de carácter civil vinculada al régimen de la jurisdicción civil y nunca al Administrativo, salvo que la ley así lo determine.

n): Se viola el artículo 189 numeral 26 ya que mediante los Decretos acusados se pretende ejercer la función sobre entidades de utilidad común, como lo son la Asociaciones de Padres de Familia, sin que exista ley que lo autorice.

ñ): Se viola el artículo 209 pues con la expedición de los Decretos acusados se trata con desigualdad a las Asociaciones de Padres de Familia al interferir en la órbita de sus decisiones con abierto desconocimiento de los derechos que cobijan a las organizaciones en cuanto a trato igual e imparcial frente a las demás asociaciones.

o): Se viola el artículo 211 pues como es bien sabido la delegación supone una ley que determine las funciones delegables por la suprema autoridad administrativa, el señalamiento de la entidad a donde deban ser trasladadas y el acto concreto de delegación que haga efectivo el traslado de competencias. Dicha ley no se dictó en el pasado ni existe después de la Constitución de 1991, y los Decretos acusados trataron ese tema.

p): Se viola el artículo 229 porque en todos los Decretos acusados está ausente la garantía de que las "Asociaciones de Padres de Familia" tengan acceso a la administración de justicia, conforme al régimen propio de las asociaciones de carácter civil, ya que sujetan a la determinación del Ministerio de Educación Nacional las cuales de sanción, períodos de ejercicio de directivas, señalamiento de funciones y se remiten a seguir una actuación administrativa (artículo 10o. del Decreto 1625 de 1972) o una delegación de la función de la inspección y vigilancia en las secretarias de Educación (Decreto 1068 de 1994) cuando es a la Jurisdicción Civil Ordinaria a la que le compete dirimir los conflictos.

q): Se viola el artículo 333 porque en una asociación civil el establecimiento de la persona jurídica depende exclusivamente de los socios o miembros, se funda para satisfacer o defender intereses de dichos socios o miembros de la voluntad de ellos depende la modificación del objeto social, su funcionamiento y disolución.

Tal iniciativa privada es vulnerada en su autonomía, libertad e independencia por los actos acusados, los cuales sin autorización de ley pretenden imponer requisitos burlando la iniciativa privada que determina un sistema de mercado con beneficio común.

III. - TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el tramite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista y alegaciones.

III.1. - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Nación -Ministerio de Educación Nacional-, a través de apoderado, al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones aduciendo al efecto, en síntesis, lo siguiente:

1o.): Los cargos de la demanda se despejan con los artículos 1o., 2o., 4o., 6o. a 8o., 38, 140, 142, 143, 148 y 169 de la Ley 115 de 1994, que tiene por objeto desarrollar las políticas educativas del Estado consignadas en la Constitución de 1991.

2o.): Los artículos 14 numeral 10o., 22 y 30 a 32 del Decreto No. 1860 de 1994 "Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales" desvirtúan los cargos de la demanda así:

a): Una Asociación de Padres de Familia, no es cualquier persona jurídica de derecho privado. Su naturaleza y esencia la conducen hacia un fin superior que es el apoyo a la educación de los hijos de asociados.

b): Esta Asociación apoya la pretensión de un servicio público por ello debe someterse al ordenamiento legal de los servicios públicos, además del ordenamiento legal de las personas jurídicas de Derecho Privado.

3o.): Con la expedición de la Ley 115 de 1994 y del Decreto 1860 del mismo año se previó la participación comunitaria, en desarrollo de los artículo 67 y 68 de la Constitución Política, con las figuras escolares, como gobierno escolar, proyecto educativo institucional, consejo directivo, reglamento interno, etc.

4o.): Pretenden los demandantes que las Asociaciones de Padres de Familia no dependan de nadie. No se puede entender la existencia aislada de un ente que sobrevive en sí mismo, sobre su libre voluntad. No podrá cumplir su objetivo y lo que no tiene razón de ser es absurdo.

5o.): Ya no dependerá de las autoridades educativas la calificación de lícito e ilícito de los comportamientos de la Asociación, porque esta se hará por parte del gobierno escolar.

6o.): Ahora las Asociaciones de Padres de Familia gozan de todas las prerrogativas para federarse, tal como lo reglamenta el artículo 32 de Decreto No. 1860 de 1994.

IV. - CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La señora Procuradora Segunda Delegada en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado en su vista de fondo se muestra partidaria de que no se acceda a las pretensiones de la demandada por cuanto, a su juicio, considera que los artículos 150 numeral 8o., 67, 68, y 189 numeral 21 de la Carta Política fueron desarrollados por la Ley 115 de 1994 en sus artículos 143, 148, 149, 151 y ss., 168, 169, 171 y 195, en cuanto a la inspección y vigilancia, y 6o. y 7o. literal b) ibídem, en cuanto a las Asociaciones de Padres de Familia, por los cual concluye que el Gobierno Nacional tiene facultad para ejercer la inspección y vigilancia de la educación; puede delegar esta función en el Ministro de Educación Nacional, en los Gobernadores y los Alcaldes; puede ocuparse de la reglamentación de las normas legales relacionadas con las Asociaciones de Padres de Familia; y que a su vez los Gobernadores y Alcaldes ejercen la inspección y vigilancia a través de las Secretarías de Educación o de los organismos que hagan sus veces.

En cuanto al argumento que aducen los actores relativo a la naturaleza jurídica de las Asociaciones de Padres de Familia advierte que si los propósitos y fines que unen a sus integrantes apuntan hacia el bien de los hijos y la calidad de la educación impartida, es lógico que sus esfuerzos deben encaminarse a la búsqueda conjunta de una integración entre el centro educativo y la familia del educando y en el cumplimiento de estos fines no tienen cabida el ánimo de lucro ni la actividad política. Y aunque dichas Asociaciones no son sociedades civiles de iniciativa privada, en el evento de que se presenten situaciones que requieran de la intervención de la justicia ordinaria, pueden actuar en tales casos como cualquier persona natural o jurídica, pero en relación con la actividad educativa, están sometidas a la inspección y vigilancia estatal.

V. - CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Estima la Sala que las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad, por las siguientes razones:

Es un hecho evidente e indiscutible que la función que cumple la Asociación de Padres de Familia esta afectada al servicio público de la educación, es decir, que no puede concebirse la existencia de tales Asociaciones sin un objeto sobre el cual deba recaer su actividad, como es el de la labor educativa.

Así se deduce del texto del Decreto 1003 de 8 de mayo de 1961 "por el cual se crean las Asociaciones de Padres de Familia", expedido por el Gobierno Nacional, en cuyo considerando 3º. Se afirma: "Que en las labores educativas es factor esencialísimo la colaboración estrecha entre maestros y padres de familia".

Los Decretos Nos. 1625 de 1972 y 466 de 1983 fueron expedidos por bajo en vigencia de la Constitución Nacional anterior, la cual en el artículo 120 ordinal 12 facultaba al Presidente de la República como Jefe del Estado, y suprema autoridad administrativa para "Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional" norma a esta que no condicionaba el ejercicio de dicha facultad a la ley, como si lo hace expresamente el artículo 189 numeral 21 de la actual Carta Política.

Ello explica por qué el Gobierno Nacional invocó directamente el ejercicio de dicha facultad constitucional tanto para autorizar la creación de las Asociaciones de Padres de Familia, como para expedir los citados decretos.

Estando afectada la razón de ser de las Asociaciones de Padres de Familia al servicio público de la educación puede afirmarse, sin temor a equívocos que antes de la Carta Política de 1991, como a partir de ésta, la inspección y vigilancia de las mismas corresponde al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional.

Ahora bien, del contenido de los Decretos Nos. 1625 de 6 de septiembre de 1972 y 466 de 18 de febrero de 1983 no infiere la Sala un vicio de inconstitucionalidad sobreviniente y, por el contrario, advierte que la normatividad de los mismos está acorde con los artículos 67 y 68 de la norma de normas, que fueron desarrollados por la ley 115 de 1994 y el Decreto Reglamentario 1860 del mismo año.

En efecto, la Carta Política en los artículos citados prevé que el Estado, la Sociedad y La Familia son responsables de la educación; y que los padres de familia forman parte de la comunidad educativa, la cual debe de participar en la dirección de las instituciones de la educación.

Por su parte la Ley 115 de 1994 en su artículo 5º señala los fines de la educación, en el artículo 7o. consagra que la familia es responsable de la educación de los hijos y que debe, entre otros aspectos, participar en las Asociaciones de Padres de Familia.

A su turno, el Decreto 1860 de 3 de agosto de 1994 "por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales", en su artículo 21 prevé que el Consejo Directivo de los establecimientos educativos estatales estará integrado entre otros, por dos representantes de los padres de familia elegidos por la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia; en su artículo 30 establece que el Consejo Directivo de todo establecimiento educativo deberá promover la Constitución de una Asociación de Padres de Familia, para lo cual podrá citar una asamblea constitutiva; y el artículo 32 prevé la creación de la Federación de Asociaciones.

No se advierte la violación del Preámbulo de la Carta, por la razón a que aluden a los demandantes en el cargo previsto en el literal a), como quiera que no observa la Sala que se esta desconociendo a las Asociaciones de Padres de Familia dentro de la comunidad educativa, sino, todo lo contrario, las normas acusadas están estableciendo la obligatoriedad de su existencia en los planteles educativos.

Tampoco se observa que las disposiciones de los Decretos en estudio sean ajenas a la naturaleza propia de dichas Asociaciones, como se afirma en el cargo referido en el literal b), pues los principios de participación y solidaridad se evidencian del contenido de las funciones a ellas asignadas en el artículo 3o. del Decreto No. 1625 de 1972.

No asiste razón a los actores en los cargos formulados en los literales c), f) y h) ya que imponer como obligación que en todo plantel educativo existan Asociaciones de Padres de Familia, las cuales hoy por mandato constitucional deben conformar la comunidad educativa, no conlleva a impedir el derecho de libre asociación o de reunión, sino todo lo contrario, a garantizarlo a través de la autorización de su constitución, acto que implica, como es obvio, el señalamiento de circunstancias de modo, tiempo y lugar, que en este caso están en armonía con las normas del Decreto No. 1003 de 8 de mayo de 1961, que autorizó la creación de dichas Asociaciones y previó que pudieran darse sus propios estatutos y obtener su correspondiente personería jurídica.

En lo que atañe a las censuras de los literales d) y e) para la Sala tampoco tienen vocación de prosperidad ya que para que pueda predicarse la transgresión del principio de igualdad es menester que se esté en presencia de unas mismas situaciones de hecho, que permitan por lo tanto reclamar un mismo tratamiento, lo cual no acontece en el caso sub examine pues las Asociaciones de Padres de Familia, como ya se dijo, afecta a las prestación del servicio público de la educación, difieren de las demás asociaciones que no tienen el mismo objeto.

Esta razón también es suficiente para desestimar el cargo relacionado en el literal ñ).

No advierte la Sala que el artículo 10o., del Decreto No. 1625 sea confuso y por lo mismo violatorio del artículo 29 de la Carta Política, como se afirma en el cargo reseñado en el literal g), pues aquél que refiere claramente a las conductas previstas en los artículo 8o. y 9o. del citado Decreto, que constituyen prohibiciones expresas, tanto para las Asociaciones de Padres de Familia como para los propietarios o directivos del plantel educativo.

En lo que respecta al artículo 2o. del referido Decreto cabe tener en cuenta que de su contenido no se infiere la facultad de juzgar las actividades lícitas o ilícitas de las Asociaciones de Padres de Familia por parte de los directivos de un plantel educativo, sino de garantizar, como se lee expresamente en su texto el artículo 44 de la Constitución Nacional de 1886, que permitía formar acciones que no fueran contrarias a la moral o al orden legal, por lo cual ante la presencia de una asociación de esta naturaleza era procedente reiterarle a los particulares, como se hizo en la norma cuestionada, la obligación de no obstaculizar o impedir ni retardar el ejercicio de sus actividades.

No observa la Sala que el artículo 5o. del Decreto No. 1625 de 1972 prohiba la creación de ligas de padres de familia más allá del ámbito municipal y que por ello se transgreda el artículo 38 de la Carta Política, a que se refiere el cargo del literal i), pues de su contenido se infiere que está autorizando la constitución de Asociación de segundo y tercer grado, las pueden tener la calidad de federaciones o confederaciones.

En lo que respecta al cargo relacionado en el literal j) que hacen consistir los actores en que no existe una ley expedida por el Congreso de la República que regule a las Asociaciones de Padres de Familia, para la Sala no esta llamado a prosperar pues, como se dijo ab initio de estas consideraciones, el artículo 120 ordinal 12 de la antigua Constitución facultaba al Presidente de la República como jefe del Estado y Suprema autoridad administrativa para "Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional, norma esta que no condicionaba el ejercicio de dicha facultad a la Ley, y siendo la actividad desplegada por las Asociaciones de Padres de Familia afecta a la educación, podía quedar marcada dentro de la facultad constitucional antes mencionada. Actualmente la ley 115 de 1994, y la reglamentada por el Decreto No. 1860 del mismo año, regulan la actividad de dichas asociaciones.

Las consideraciones precedentes sirven también de sustento para desestimar los cargos contenidos en los literales m) y n).

No se advierte que con las normas acusadas se esta transgrediendo el artículo 103 de la Carta Política, como se afirma en el cargo relacionado en el literal k), ya que del contenido de aquéllas no se infiere que su regulación se refiera a alguno de los mecanismos de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía, como tampoco se establece una relación directa de dichos mecanismos con las actividades propias de las Asociaciones de Padres de Familia.

Como se precisó ab initio de estas consideraciones, estando relacionada la actividad de las Asociaciones de Padres de Familia con el servicio público educativo y correspondiéndole al Gobierno Nacional la inspección y vigilancia del mismo a través del Ministerio de Educación Nacional, por ende también le corresponde a éste la regulación de las actividades de aquéllas.

Por esta razón no prosperan los cargos contenidos en los literales l) y q).

Conforme se lee en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 115 de 1994, el Ministerio de Educación Nacional podrá delegar en las Secretarías de Educación Departamentales y Distritales, entre otras funciones, "los procedimientos que se relacionan con el otorgamiento de personería jurídica para las asociaciones de padres de familia de las instituciones educativas", esta disposición armoniza con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto No. 1068 de 1994 y descarta la transgresión del artículo 211 de la Constitución Política a que se contrae el cargo relacionado en el literal o).

En lo que concierne al cargo relacionado en el literal p) estima la Sala que tampoco está llamado a prosperar ya que del texto de las normas acusadas no se infiere que se esté negando o prohibiendo el acceso a la administración de justicia y, por lo demás, para acudir a la Jurisdicción Civil Ordinaria no se requiere que dichas normas autoricen expresamente que los conflictos que surjan entre los asociados, distintos de los de la labor educativa, puedan dirimirse por ella.

Finalmente, cabe resaltar que las consideraciones precedentes sirven también de fundamento para denegar las súplicas de la demanda en lo que respecta al Decreto No. 1068 de 27 de mayo de 1994, el cual fue expedido bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 115 de 1994.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Devuélvase a los actores la suma depositada por concepto de gestos ordinarios del proceso, por no haber sido utilizada.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN LOS ANALES DEL CONSEJO DE ESTADO Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de agosto de 1995.

LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ YESID ROJAS SERRANO

PRESIDENTE

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ NUBIA GONZÁLEZ CERÓN