SENTENCIA 2529 de 1994

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010006227SENTENCIAPLENA2529199428/01/1994SENTENCIA__PLENA__2529__1994_28/01/1994100062271994PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION - Liquidaci�n / PARTICIPACION MUNICIPAL EN EL PRESUPUESTO Para efecto de determinar cu�l es la cifra exacta sobre la cual debe aplicarse el 14 de que trata el precitado art�culo 357 de la Carta, que los actores estiman vulnerado, debe deducirse del valor bruto de los ingresos corrientes, los valores correspondientes a los conceptos que se excluyen en la misma disposici�n. La Sala advierte que en anexo del Presupuesto General de la Naci�n, correspondiente al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en el Programa 3, Unidad 1301 - 10, participaci�n ingresos corrientes, figura no la suma de $618.524.891.000, sino $626.270.893.000; empero, la demandada explica la diferencia diciendo que de este rubro debe restarse $7.747.002.000 que corresponde a los rubros 091 a 099 de la secci�n correspondiente, que son las participaciones en el IVA para los antiguos Territorios Nacionales, puesto que tienen base constitucional propia. Se ha deducido, que los ingresos corrientes de la Naci�n para los efectos de la participaci�n de los municipios en ellos, es la suma de $4.424.159.000.000. El 14 de esta cifra es $618.524.891.000, de los cuales $507 - 576.397.000 (valor constante) se discrimin� por departamentos. La discriminaci�n por departamentos que se hace en el decreto de liquidaci�n la fundamenta la demandada en la aplicaci�n de la Ley 12 de 1986, siguiendo, dice, la orientaci�n consignada en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporaci�n, seg�n la cual ante la falta de una ley que desarrolle el art�culo 357 de la Carta, debe estarse al ordenamiento legal vigente sobre el particular, cual es la mencionada ley y el Decreto Extraordinario 77 de 1987, apreciaci�n que la Sala comparte, por tratarse de materias semejantes donde bien cabe aplicar el principio de la analog�a, y teniendo en cuenta, adem�s la previsi�n contenida en el art�culo transitorio 45 de la Constituci�n. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: YESID ROJAS SERRANO Santaf� de Bogot�, D.C, veintiocho (28) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) Radicaci�n n�mero: 2529 Actor: JORGE GARCIA HURTADO, LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO Demandado: GOBIERNO NACIONAL Referencia: ACCION DE NULIDAD

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION - Liquidaci�n / PARTICIPACION MUNICIPAL EN EL PRESUPUESTO

Para efecto de determinar cu�l es la cifra exacta sobre la cual debe aplicarse el 14 de que trata el precitado art�culo 357 de la Carta, que los actores estiman vulnerado, debe deducirse del valor bruto de los ingresos corrientes, los valores correspondientes a los conceptos que se excluyen en la misma disposici�n. La Sala advierte que en anexo del Presupuesto General de la Naci�n, correspondiente al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en el Programa 3, Unidad 1301 - 10, participaci�n ingresos corrientes, figura no la suma de $618.524.891.000, sino $626.270.893.000; empero, la demandada explica la diferencia diciendo que de este rubro debe restarse $7.747.002.000 que corresponde a los rubros 091 a 099 de la secci�n correspondiente, que son las participaciones en el IVA para los antiguos Territorios Nacionales, puesto que tienen base constitucional propia. Se ha deducido, que los ingresos corrientes de la Naci�n para los efectos de la participaci�n de los municipios en ellos, es la suma de $4.424.159.000.000. El 14 de esta cifra es $618.524.891.000, de los cuales $507 - 576.397.000 (valor constante) se discrimin� por departamentos. La discriminaci�n por departamentos que se hace en el decreto de liquidaci�n la fundamenta la demandada en la aplicaci�n de la Ley 12 de 1986, siguiendo, dice, la orientaci�n consignada en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporaci�n, seg�n la cual ante la falta de una ley que desarrolle el art�culo 357 de la Carta, debe estarse al ordenamiento legal vigente sobre el particular, cual es la mencionada ley y el Decreto Extraordinario 77 de 1987, apreciaci�n que la Sala comparte, por tratarse de materias semejantes donde bien cabe aplicar el principio de la analog�a, y teniendo en cuenta, adem�s la previsi�n contenida en el art�culo transitorio 45 de la Constituci�n.

Santaf� de Bogot�, D.C, veintiocho (28) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994)

Los se�ores Jorge Garc�a Hurtado y Luis Alfredo Ramos Botero, en su condici�n de ciudadanos y de veedor del Tesoro P�blico, el primero, y alcalde metropolitano de Medell�n, el segundo, en ejercicio de la acci�n consagrada en el art�culo 84 del C. C. A.., han ocurrido ante esta Corporaci�n en solicitud de que se declare la nulidad de las siguientes disposiciones:

a) Art�culo 2o.del Decreto 2100 de 29 de diciembre de l992, "Por el cual se liquida el presupuesto general de la Naci�n para la vigencia fiscal de 1993, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", en cuanto concierne al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y espec�ficamente al resumen general de sus gastos en lo que se refiere a la participaci�n de los municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n y al anexo donde se detalla en el programa 3, art�culo 174, dicha participaci�n.

b) De los art�culos 1o., 2o. y 3o. de la resoluci�n No. 00609 de 24 de marzo de 1993, dictada por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, "Por el cual se efect�a un traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para la vigencia fiscal de 1993"

1o. Art�culo 2o. del Decreto n�mero 2100 de 29 de diciembre de 1992, en la parte que a continuaci�n se transcribe:

2o. Art�culos 1o., 2o. y 3o. de la resoluci�n n�mero 00609 de 24 de marzo de 1993:

"ARTICULO 1o. DECLARAR DISPONIBLE PARA SER contracre - ditada la suma de cIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($110.947.494.000).

"Art�culo 2o. Con base en el contracr�dito efectuado en el art�culo anterior, se abren los siguientes cr�ditos en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico:

"Art�culo3o. La presente resoluci�n rige a partir de la fecha de su publicaci�n y requiere para su validez de la aprobaci�n del Director General del Presupuesto Nacional.

Se�alan los actores como normas violadas, el art�culo 357 de la Constituci�n Nacional y el numeral 1o. del art�culo lo. de la Ley 21 de 1992.

Argumentan que la violaci�n se presenta porque seg�n la ley citada, los ingresos corrientes de la Naci�n se aforan en la suma de $5'312.704.800.000, en consecuencia el 14% de que trata el art�culo 357 de la Constituci�n, es la suma de $743.778.672.000, empero de esto, en la ley se apropi� la suma de $110.947.494.000 de lo cual resulta que se ha escamoteado a los municipios la no despreciable suma de $632.831.178.000. Es decir, que con los actos acusados se les cercena a los municipios un poco m�s del 85% de lo que les corresponde, sin tener presente que la Constituci�n consagra la descentralizaci�n de los recursos financieros de los municipios y que a pesar de que en los considerandos de la resoluci�n 00609 se citan, como normas que facultan realizar la distribuci�n de la participaci�n de los municipios, los art�culos 357 y 45 transitorio, lo cierto es que en la liquidaci�n no se aplic� el 14% sobre los ingresos corrientes de la Naci�n, caus�ndose enormes perjuicios financieros a los municipios.

Manifiesta que de no corregirse esta anomal�a los municipios dejar�an de percibir para el pr�ximo a�o m�s de $992.000 millones, los cuales se quedar�an en el Gobierno central sin que se logren llegar a las regiones m�s necesitadas del pa�s. Explican con un cuadro estad�stico sobre proyecciones de ingresos corrientes de la Naci�n, la cantidad de dinero que dejar�n de recibir los municipios si se aplica el procedimiento utilizado por el Gobierno en los actos atacados.

Finalmente, afirman que la resoluci�n acusada redistribuy� la cuant�a por departamentos sin establecer cuant�a a nivel de municipios como deb�a haberlo hecho.

Sostiene la parte demandada que el decreto de liquidaci�n no es creador de obligaciones legales, pues s�lo tiene una funci�n unificadora, es decir, que se expide para unificar la disparidad que se presente entre el proyecto de ley anual de presupuesto y la ley anual de presupuesto, rebajando, agregando y / o suprimiendo, seg�n sea el caso, lo que haya sido modificado por el Congreso del proyecto original.

El decreto en juicio y por ende la resoluci�n impugnada, s�lo se limitaron a cumplir con lo establecido en la ley, es decir, en lo que est� previsto en el Estatuto Org�nico del Presupuesto Ley 38 de 1989 - y en el art�culo 3o. del Decreto 745 de 1991.

En lo que respecta a la cuesti�n de fondo, aduce la demandada que en la ley anual de presupuesto se aprob� en el rubro de transferencias que se determina en el n�mero de programa A, sobre gastos de funcionamiento del ordinal 3 que trata de las transferencias, indicando en la secci�n 1301 del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, la suma de $1.029.129.616.000, donde se incluye la participaci�n de los municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n. En ninguna otra parte de la ley anual se alude a este punto y debe entenderse que dichas participaciones, a cargo del mencionado Ministerio, son a las que se refiere el rubro indicado, parte del cual se dirige a las mencionadas entidades territoriales.

El Decreto 2100 de 1992, decreto de liquidaci�n, por su parte, comprende 56 partidas en el rubro de transferencias del ac�pite del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, que suman precisamente la cifra ya indicada ($1.029.129.616.000). Este rubro incluye los recursos de participaci�n de los municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n, que aparecen en la unidad 1301 - 1 0 a que se hace referencia, suma que asciende a $618.523.89 1.000, distribuidos fundamentalmente en dos grandes rubros. El primero, visible en los art�culos 024 a 056, discrimina la participaci�n de los municipios de cada departamento, para un total de $507.576.397.000. El segundo, por su parte, que suma $110.947.494.000, y de �l se valen los �repugnantes para sostener su inconformidad sin aludir al primero.

La resoluci�n 609 de 1993 distribuye entre los municipios el segundo de los rubros aludidos. Por lo anterior no puede en manera alguna vulnerar la ley 21 de 1992, puesto que el decreto de liquidaci�n es num�ricamente acorde con la ley y la resoluci�n no es sino un desarrollo de ella.

Debe precisarse que bajo el rubro de transferencias que corresponde girar al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, aparece la suma de $626.270.893.000, pero de ella deben restarse $7.747.002.000, que corresponde a los rubros 091 a 099 de la secci�n correspondiente, que son las participaciones en el IVA para los antiguos Territorios Nacionales, puesto que estas tienen base constitucional propia.

Conforme al art�culo 357 de la Constituci�n Pol�tica, que dispone que los municipios participen en los ingresos corrientes de la Naci�n, para 1993 hay dos principios rectores: 1. La transferencia debe al menos ser igual a las transferencias en virtud del IVA para 1992, reajustadas por p�rdida de valor adquisitivo de la moneda, y, 2. En ning�n caso puede ser inferior al 14% de los ingresos corrientes de la Naci�n menos las deducciones previstas en dicha norma.

Debe destacarse que en el concepto de 26 de noviembre de 1992, la Sala de Consulta y Servicio Civil atin�:

"Como la distribuci�n de esta transferencia no ha sido espec�ficamente reglamentada, deber� estarse a las normas que regulan materias semejantes (art. 8o. de la Ley 153 de 1887), cuales son las que fijan las asignaciones provenientes del impuesto nacional a las ventas previstas.

"En cuanto a los municipios se les debe reconocer el total de los ingresos corrientes de la Naci�n que les asigna para 1993 el art�culo 357 de la Constituci�n, en armon�a con el 45 transitorio; su distribuci�n se har� conforme a los criterios se�alados en la Ley 12 1986, Decreto 77 de 1987 y dem�s disposiciones concordantes actualmente vigente".

Los demandantes no tuvieron en cuenta lo preceptuado en el inciso 2o. del par�grafo del art�culo 357 de la Carta, ni en el inciso lo. del art�culo transitorio 43 ib�dem que previ� que el Congreso pod�a, por una sola vez, disponer ajustes tributarios cuyo producto se destine exclusivamente a la Naci�n, para atender las obligaciones que en esta misma norma se se�alan.

La base para determinar la participaci�n de los municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n no pod�a ser, entonces, la se�alada por los actores, sino que es mejor, como lo aclar� el ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico en misiva dirigida al Alcalde Mayor de Santaf� de Bogot� D.C., en su calidad de presidente de la Federaci�n Colombiana de Municipios y lo explic� con mayor detalle en respuestas rendidas a la proposici�n No. 1 19 del Senado de la Rep�blica, las cuales consigna la demandada a folios 61 y 62, de lo cual deduce que los ingresos corrientes de la Naci�n que constitucional y legalmente constituyen la base para establecer la participaci�n municipal en 1993, equivalen a $4.424.2 miles de millones.

La participaci�n en el IVA que correspondi� a los municipios en 1992, fue la suma de $422.980.330.800. El Decreto 2100 reajust� esta suma en un 20% que en aquel momento se consider� suficiente para contrarrestar la p�rdida del poder adquisitivo de la moneda, y se obtuvo la cifra de $507.576.397.000. La participaci�n no pod�a ser inferior a este monto en 1993. Sin embargo, los ingresos corrientes de la Naci�n, hechas las deducciones correspondientes, para 1993 llegaban a $4.424.259.000.000. EL 14% de esta cifra, con los ajustes de rigor, es $618.524.89 1.000. La primera de estas cifras se discrimin� por departamentos en el decreto de liquidaci�n, de conformidad con los criterios de Ley 12 de 1986, tal como lo expuso el Consejo de Estado. El saldo, $110.947.494.000, que era la diferencia entre dicho valor constante y el 14% de los ingresos corrientes de la Naci�n proyectados para 1993, se present� en bloque, sin distribuir, en el decreto de liquidaci�n, en espera de la adopci�n de criterios legales al efecto. Sin embargo, al iniciar el primer per�odo legislativo de 1993 fue evidente que el proyecto de ley de recursos y competencias que estaba a consideraci�n del Congreso tendr�a un tr�mite dilatado, por lo que se decidi� acoger el criterio del Consejo de Estado, y procedi�, as�, a hacer el reparto entre los diversos municipios de conformidad con Ley 12 de 1986.

Finalmente, frente al argumento de la inexistencia de una distribuci�n a nivel municipal, la demandada afirma que a pesar de que tanto el decreto de liquidaci�n como la resoluci�n 609, expresan las partidas como 'Municipios del departamento de ...... los giros se hacen a cada municipio de conformidad con los procedimientos vigentes.

De otra parte, dice la demandada, la resoluci�n 609 de 1993, fue modificada por la resoluci�n 847 de 26 de abril que reliquida el valor actual de la participaci�n del IVA de 1992, al reajustar�a por un 22%, con lo que se incremento el monto base de la participaci�n obligatoria, para beneficio de los municipios.

Se�ala la se�ora procuradora primera delegada ante esta Corporaci�n, que del examen de los art�culos 357 y transitorio 45 de la Carta, se llega a la misma conclusi�n de los demandantes en cuanto a la participaci�n de los municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n, pero que, no obstante ello, como el par�grafo del citado art�culo 357 excluye de la participaci�n de que se trata, los impuestos nuevos cuando el Congreso as� lo determine y, por el primer a�o de vigencia, los ajustes a tributos existentes y los que se arbitren por medidas de emergencia econ�mica, cuyos datos no fueron aportados ni pormenorizados, por la parte actora, se hace imposible la determinaci�n del ingreso corriente y, por ende, de cu�l es el monto de participaci�n que corresponde a los municipios, lo que debe traducirse en denegaci�n de las s�plicas.

La acusaci�n se centra en que no se dio cabal aplicaci�n al art�culo 357 de la Constituci�n Nacional en cuanto este prescribe en su par�grafo que para 1993 la participaci�n de los municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n ser� del 14%, lo que arroja un total de $743.778.672.000, teniendo en cuenta que los ingresos corrientes que se aforan en la ley de presupuesto para ese a�o - la No. 21 de 1992 - , es la suma de $5.312.704.800.000, como puede leerse, dicen los actores, en su art�culo 1o., numeral 1.

Sin embargo, afirman estos, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 2100 de 29 de diciembre de 1992, "Por el cual se liquida el presupuesto general de la Naci�n para la vigencia fiscal de 1993, se detallan las apropiaciones y se califican y definen los gastos", en su art�culo 2o., en lo referente al resumen general de los gastos del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, y en el anexo del presupuesto general de la Naci�n, Secci�n 1301 del referido Ministerio; Unidad 1301 - 10; n�mero de programa 3; numeral 3 transferencias art�culo 174, se fija, como participaci�n de los municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n, la suma de $110.947.494.000, suma que se recoge en la resoluci�n 00609 de 24 de marzo de 1993, expedida por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, con el fin de distribuirlos a los municipios de los departamentos del pa�s, con el car�cter se�alado, es decir, de participaci�n en los ingresos corrientes de la Naci�n.

"Los municipios participar�n en los ingresos corrientes de la Naci�n. La ley, a iniciativa del Gobierno, determinar� el porcentaje m�nimo de esa participaci�n y definir� las �reas prioritarias de inversi�n social que se financiar�n con dichos recursos. Para los efectos de esta participaci�n, la ley determinar� los resguardos ind�genas que ser�n considerados como municipios.

"Los recursos provenientes de esta participaci�n ser�n distribuidos por la ley de conformidad con los siguientes criterios:

Par�grafo: La participaci�n de los municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n se incrementar� a�o por a�o, del catorce por ciento de 1993 hasta alcanzar el veintid�s por ciento como m�nimo en el 2002. La ley fijar� el aumento gradual de estas transferencias y definir� las nuevas responsabilidades que en materia de inversi�n social asumir�n los municipios y las condiciones para su cumplimiento...

"Estar�n excluidos de la participaci�n anterior, los impuestos nuevos, cuando el Congreso as� lo determine y, por el primer a�o de vigencia, los ajustes a tributos existentes y los que se arbitren por medidas de emergencia econ�mica".

Esta preceptiva guarda relaci�n con el art�culo transitorio 45 ib�dem el cual estatuye:

"Los distritos y municipios percibir�n como m�nimo, durante la vigencia fiscal de 1992, las participaciones en el impuesto al valor agregado IVA, establecidas en la Ley 12 de 1986, a partir de 1993 entrar� a regir lo dispuesto en el art�culo 357 de la Constituci�n, sobre participaci�n de los municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n.

La ley, sin embargo, establecer� un r�gimen gradual y progresivo de transici�n a partir de 1993 y por un per�odo de tres a�os, al cabo del cual entrar�n en vigencia los nuevos criterios de distribuci�n se�alados en el citado art�culo. Durante el per�odo de transici�n el valor que reciban los distritos y municipios por concepto de participaciones no ser� inferior, en ning�n caso, al percibido en 1992, en pesos constantes" (las subrayas son de la Sala).

La precedente normatividad deja bien claro que el porcentaje m�nimo de participaci�n de los municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n, a partir de 1993, es del 14%; y que, durante el per�odo de transici�n - tres a�os a partir de 1993 - la participaci�n no ser�, en ning�n caso, inferior al percibido en 1992, en pesos constantes.

Pero se previene tambi�n que al monto de los recursos corrientes de la Naci�n, para efectos de la se�alada participaci�n, debe hac�rsele las deducciones que se consagran en el par�grafo del referido art�culo 357, aspecto al que no hicieron referencia alguna los demandantes y s� destac� expl�citamente la parte demandada.

As� que para efecto de determinar cu�l es la cifra exacta sobre la cual debe aplicarse el 14% de que trata el precitado art�culo 357 de la Carta, que los actores estiman vulnerado, debe deducirse del valor bruto de los ingresos corrientes, los valores correspondientes a los conceptos que se excluyen en la misma disposici�n.

A este respecto, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, al contestar la demanda, precis� las cifras deducibles, as�:

1. $659.088 millones por concepto de los ingresos de la Ley 6a. de 1992 o ley de reforma tributario, durante 1993, de acuerdo con el inciso segundo del par�grafo �nico del art�culo 357 de la Constituci�n Pol�tica y con el art�culo transitorio 43 de la Carta Pol�tica.

2. $29.261 millones provenientes del IVA - cemento - que es una. renta de destinaci�n espec�fica que encuadra dentro de la segunda excepci�n contemplada en el art�culo 359 de la Constituci�n Pol�tica, ya que su destino es la financiaci�n del subsidio de vivienda de inter�s social.

3. Los recursos por $7.747 millones y $61.890 millones destinados a las antiguas intendencias y comisar�as y a las Cajas de Previsi�n Social Departamental respectivamente, que se ajustan a la tercera excepci�n estipulada en el art�culo 359 de la Constituci�n Pol�tica que dice: "Las que, con base en las leyes anteriores, la naci�n asigna a entidades de previsi�n social y a las antiguas intendencias y comisar�as".

4. Las regal�as por la explotaci�n de petr�leo por $117.974 millones y de carb�n por $12.495 millones, que recibir� la Naci�n, que de acuerdo con el art�culo 360 de la Constituci�n Pol�tica, "se destinar�n a las entidades territoriales para aplicarlas a la promoci�n de la miner�a, a la preservaci�n del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversi�n definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales", a trav�s del Fondo Nacional de Regal�as que la ley crear� y regular�.

Estas deducciones son el resumen, dice la demandada, de las que figuran en el anexo 1 del presupuesto, recursos presupuestales que en total suman $888.500 millones (por exceso), que restados al valor bruto de los ingresos corrientes, dan una diferencia de $4.424.200.000.000 que son los ingresos corrientes base para establecer la participaci�n de los municipios en 1993.

La antecedente argumentaci�n, no fue discutida, ni comentada, ni aludida por los actores en su alegato de conclusi�n, donde s�lo se limitaron a reiterar lo expuesto en la demanda.

Ahora bien, aplicado el 14% a este �ltimo guarismo ($4.424.159.000), se obtiene la suma de $618.524.89 1.000 que aparecen en el presupuesto distribuido as�:

$507.576.397.000 (transferencias) para 1993 y $110.947.494.000 que fueron distribuidos entre los municipios mediante resoluci�n 609 de 1993.

La Sala advierte que en anexo del presupuesto general de la Naci�n, correspondiente al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en el Programa 3, Unidad 1301 - 10, participaci�n ingresos corrientes, figura no la suma de $618.524.891.000, sino $626.270.893.000; empero, la demandada explica la diferencia diciendo que de este rubro, debe restarse $7.747.002.000 que corresponde a los rubros 091 a 099 de la secci�n correspondiente, que son las participaciones en el IVA para los antiguos Territorios Nacionales, puesto que tienen base constitucional propia.

En efecto, la Sala constata que en el referido anexo, tomo 2, p�gina 159, se consignan los referidos rubros - 91 a 99 - cuyos cuant�as totalizan $7.747.002.000.

A�ade la demandada que la participaci�n en el IVA que correspondi� a los municipios en 1992, fue la suma de $422.980.330.800 y que el Decreto 2100 reajust� esta suma en un 20% que en aquel momento consider� suficiente para contrarrestar la p�rdida del poder adquisitivo de la moneda y se obtuvo la cifra de $507.576.397.000.

Se ha deducido que los ingresos corrientes de la Naci�n para los efectos de la participaci�n de los municipios en ellos, es la suma de $4.424.159.000.000. El 14% de esta cifra es $618.524.89 1.000, de los cuales $507.576.397.000 (valor constante) se discrimin� por departamentos, seg�n aparece en el anexo al presupuesto, en la parte correspondiente al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico (Programa 3, Unidad 1301 - 10, participaci�n ingresos corrientes, art�culos 24 a 56) y el saldo, o sea $110.947.494.000, aparece en bloque, en el se�alado anexo, pero en el art�culo 174 (p�gs. 156 a 159 del tomo 2).

La discriminaci�n por departamentos que se hace en el decreto de liquidaci�n, la fundamenta la demandada en la aplicaci�n de la, Ley 12 de 1986, siguiendo, dice, la orientaci�n consignada en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporaci�n, seg�n la cual ante la falta de una ley que desarrolle el art�culo 357 de la Carta, debe estarse al ordenamiento legal vigente sobre el particular, cual es la mencionada ley y el decreto extraordinario 77 de 1987, apreciaci�n que la Sala comparte, por tratarse de materias semejantes donde bien cabe aplicar el principio de la analog�a, y teniendo en cuenta, adem�s, la previsi�n contenida en el art�culo transitorio 45 de la Constituci�n.

Con igual criterio, era viable, entonces, efectuar el reparto entre los diversos municipios de la �ltima cifra ($110.947.494.000), a trav�s de la resoluci�n n�mero 0609 de 1993, la cual tambi�n se sustent� en el art�culo 3o. del Decreto 745 de 1991.

Es de advertir que, ya hoy, precisa tener en cuenta para los efectos referentes a la participaci�n de los municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n, la Ley 60 de 1993, la que empez� a regir el 12 de agosto de dicho a�o, y desarrolla, entre otros preceptos constitucionales, el art�culo 357.

En este orden de ideas, cabe concluir que no les asiste raz�n a los demandantes, por cuanto, el monto de los recursos ordinarios de la Naci�n para los efectos se�alados en esta disposici�n, no es el determinado en la demanda, sino el explicado a trav�s de esta providencia.

En consecuencia, no se da la infracci�n que los actores se�alan en su libelo demandatorio.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, de acuerdo con el concepto del Ministerio P�blico, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

DENIEGANSE las s�plicas de la demanda. DEVU�LVASE a la parte actora, la suma de dinero depositada para gastos del proceso y no utilizada.

La providencia anterior fue discutida y aprobada por la Sala en reuni�n celebrada el d�a 27 de enero de 1994.