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100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010006147SENTENCIA-- Seleccione --acumulados números 2324 y 2373199417/02/1994SENTENCIA_-- Seleccione --___acumulados números 2324 y 2373__1994_17/02/1994100061471994MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - Reestructuración / IAN - Reestructuración / MINERALCO - Reestructuración / COMISION ASESORA DEL GOBIERNO La reestructuración del Ministerio de Minas y Energía y del Instituto de Asuntos Nucleares - IAN - obedeció, entre otros aspectos, a que la responsabilidad del Ministerio frente a la fijación de políticas, investigación técnica, vigilancia y cumplimiento de normas técnicas, planeación, estadística, reglamentación, etc., del sector minero y energético no ha sido asumida en su integridad, además que no se cuenta con la infraestructura necesaria para realizarla directamente, por lo cual se requiere estimular a las entidades descentralizadas para adelantar proyectos de investigación con sujeción a los planes sectoriales de desarrollo de la minería, los hidrocarburos y la energía eléctrica. La no invocación de las normas constitucionales en el texto del acto acusado, a que alude el actor, no puede por sí sola entrañar la nulidad del acto acusado, ya que lo que en realidad interesa y es verdaderamente relevante, es que el organismo encargado de proteger los recursos naturales, prevenir y controlar el deterioro ambiental; intervenir en la explotación de los recursos naturales y en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes para mejorar la calidad de vida de los habitantes, etc., asuma tales responsabilidades, y en este caso, según se infiere del artículo 3o. del decreto en estudio que señala las funciones generales del Ministerio de Minas y Energía, aquellas no han sido evadidas. En lo que atañe al cargo de no haber tenido en cuenta el decreto acusado las recomendaciones y evaluaciones de la Comisión Asesora, la Sala estima que no tienen vocación de prosperidad ya que, como lo ha manifestado reiteradamente, la finalidad buscada por el Constituyente en el artículo 20, fue la de que expertos en derecho administrativo, en virtud de sus autorizados conocimientos en la materia, asesoraran, sugirieran, ilustraran o aconsejaran en la tarea asignada, pero de ninguna manera las evaluaciones de dicha Comisión podía ser de obligatorio cumplimiento éste, pues de considerarse así, quien vendría a asumir las facultades allí previstas, habría sido aquella y no el Gobierno Nacional, único destinatario previsto en la norma transitoria para llevarla a efecto. LEVANTA LA SUSPENSION PROVISIONAL de las expresiones relativas al plazo para ejecutar la decisión de reestructurar contenidas en los artículos 49 a 51 y 65 del Decreto 2119 de 1992. TITULO MINERO / CONTRATO DE MINERIA / EXPLOTACION DE MINAS / PRINCIPIO DE INENAJENABILIDAD / RESERVA MINERAL ESPECIAL / DERECHO AL AMBIENTE SANO El otorgamiento de títulos mineros y la celebración de contratos de minería al no implicar disposición o transferencia del dominio del bien, esto es, al no afectar su condición de inenajenabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, no quebrantan las normas constitucionales que invoca el actor, dado que éstas no prohiben la exploración y explotación del suelo y subsuelo mineros, y en cuanto al artículo 58, el Decreto 2655 de 1988, ley a la que debe sujetarse el decreto acusado, garantiza los derechos constituidos a favor de terceros. Constituir reservas mineras con fines de investigación es una forma de proteger las riquezas de la Nación (art. 8o. de la Constitución Política) y de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (artículo 80 ibídem), lo cual en últimas contribuye a garantizar la realización de los fines esenciales del Estado (art. 2o. ibídem ). LEVANTA LA SUSPENSION PROVISIONAL de las expresiones relativas al plazo para ejecutar la decisión de reestructurar contenidas en los artículos 49 a 51 y 65 del Decreto 2119 de 1992. GOBIERNO NACIONAL - Facultades / SUPRESION DE EMPLEOS / PREVALENCIA DEL INTERES PUBLICO / INTERES PUBLICO / DERECHOS ADQUIRIDOS / CONCILIACION Cuando el constituyente confirió al Gobierno Nacional las facultades de que trata el artículo transitorio 20, de antemano lo estaba autorizando para suprimir los cargos o empleos que no demandara las necesidades del servicio, ello en desarrollo de la aplicación del principio de la primacía del interés general sobre el particular, lo que no exonera al Estado de la obligación de indemnizar los perjuicios que se puedan irrogar a los titulares de aquellos, como consecuencia de la decisión adoptada. De otra parte, ha estimado la Sala que cuando de la aplicación del principio de la primacía del interés general se trata, no puede hablarse de derechos adquiridos a permanecer en un cargo o empleo o a no ser desvinculado del mismo en razón de la inscripción en la carrera administrativa. Y teniendo los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con fundamento en la norma transitoria la misma fuerza o entidad normativa que la ley, por la materia que regulan, bien podía el Gobierno Nacional consagrar como causal de retiro la supresión de un cargo o empleo como consecuencia de la reestructuración, fusión o supresión de la entidad, por lo cual no se transgrede el artículo 125 de la Carta y si por el contrario guarda armonía con él. LEVANTA LA SUSPENSION PROVISIONAL de las expresiones relativas al plazo para ejecutar la decisión de reestructurar contenidas en los artículos 49 a 51 y 65 del Decreto 2119 de 1992. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - Funciones / FUNCION JURISDICCIONAL / CONCILIACION Sobre el particular estima la Sala que no le asiste razón al demandante y en consecuencia habrá de desecharse el cargo. En efecto, la modificación de la estructura de una entidad lleva aparejada la asignación de funciones que deben desarrollar los distintos niveles o dependencias que la conforman, por esta razón no puede predicarse el quebrantamiento del artículo transitorio 20, pues esta norma facultó al Gobierno Nacional entre otras atribuciones, para reestructurar las entidades que allí se mencionan, y no se estaba refiriendo, como lo sostiene el apoderado de la demandada, sólo a la parte orgánica o estática de la administración, sino también a la parte dinámica o funcional que le da razón de ser a aquella. Podía el Gobierno al tenor de lo dispuesto en el inciso 2o. del articulo 116 de la Carta "atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas", como es el caso de la conciliación que se consagra en la norma en estudio, lo cual no resulta extraño si se tiene en cuenta que desde la vigencia de la Constitución Nacional de 1886 ya esta función había sido atribuida a autoridades administrativas, como por ejemplo a las inspecciones de trabajo, y bajo la vigencia de la actual Carta, el Estatuto General de la Contratación de la Función Pública, prevé fórmulas de arreglo para dirimir controversias surgidas del contrato, lo cual en cierta medida contribuye a cumplir con uno de los fines esenciales del Estado como lo es asegurar la convivencia pacífica. LEVANTA LA SUSPENSION PROVISIONAL de las expresiones relativas al plazo para ejecutar la decisión de reestructurar contenidas en los artículos 49 a 51 y 65 del Decreto 2119 de 1992. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Santafé de Bogotá, D. C., (17) diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadMIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZGERMÁN CAVELIER | OTROla nulidad del Decreto 2119 de 29 de diciembre de 1993 "por el cual se reestructura el Ministerio de Minas y Energía, el Instituto de Asuntos Nucleares - IAN - y Minerales de Colombia S. A. - Mineralco -Identificadores10010006148true68166Versión original10006148Identificadores

Fecha Providencia

17/02/1994

Sala:  -- Seleccione --

Consejero ponente:  MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Norma demandada:  la nulidad del Decreto 2119 de 29 de diciembre de 1993 "por el cual se reestructura el Ministerio de Minas y Energía, el Instituto de Asuntos Nucleares - IAN - y Minerales de Colombia S. A. - Mineralco -

Demandante:  GERMÁN CAVELIER | OTRO


MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - Reestructuración / IAN - Reestructuración / MINERALCO - Reestructuración / COMISION ASESORA DEL GOBIERNO

La reestructuración del Ministerio de Minas y Energía y del Instituto de Asuntos Nucleares - IAN - obedeció, entre otros aspectos, a que la responsabilidad del Ministerio frente a la fijación de políticas, investigación técnica, vigilancia y cumplimiento de normas técnicas, planeación, estadística, reglamentación, etc., del sector minero y energético no ha sido asumida en su integridad, además que no se cuenta con la infraestructura necesaria para realizarla directamente, por lo cual se requiere estimular a las entidades descentralizadas para adelantar proyectos de investigación con sujeción a los planes sectoriales de desarrollo de la minería, los hidrocarburos y la energía eléctrica. La no invocación de las normas constitucionales en el texto del acto acusado, a que alude el actor, no puede por sí sola entrañar la nulidad del acto acusado, ya que lo que en realidad interesa y es verdaderamente relevante, es que el organismo encargado de proteger los recursos naturales, prevenir y controlar el deterioro ambiental; intervenir en la explotación de los recursos naturales y en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes para mejorar la calidad de vida de los habitantes, etc., asuma tales responsabilidades, y en este caso, según se infiere del artículo 3o. del decreto en estudio que señala las funciones generales del Ministerio de Minas y Energía, aquellas no han sido evadidas. En lo que atañe al cargo de no haber tenido en cuenta el decreto acusado las recomendaciones y evaluaciones de la Comisión Asesora, la Sala estima que no tienen vocación de prosperidad ya que, como lo ha manifestado reiteradamente, la finalidad buscada por el Constituyente en el artículo 20, fue la de que expertos en derecho administrativo, en virtud de sus autorizados conocimientos en la materia, asesoraran, sugirieran, ilustraran o aconsejaran en la tarea asignada, pero de ninguna manera las evaluaciones de dicha Comisión podía ser de obligatorio cumplimiento éste, pues de considerarse así, quien vendría a asumir las facultades allí previstas, habría sido aquella y no el Gobierno Nacional, único destinatario previsto en la norma transitoria para llevarla a efecto. LEVANTA LA SUSPENSION PROVISIONAL de las expresiones relativas al plazo para ejecutar la decisión de reestructurar contenidas en los artículos 49 a 51 y 65 del Decreto 2119 de 1992.

TITULO MINERO / CONTRATO DE MINERIA / EXPLOTACION DE MINAS / PRINCIPIO DE INENAJENABILIDAD / RESERVA MINERAL ESPECIAL / DERECHO AL AMBIENTE SANO

El otorgamiento de títulos mineros y la celebración de contratos de minería al no implicar disposición o transferencia del dominio del bien, esto es, al no afectar su condición de inenajenabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, no quebrantan las normas constitucionales que invoca el actor, dado que éstas no prohiben la exploración y explotación del suelo y subsuelo mineros, y en cuanto al artículo 58, el Decreto 2655 de 1988, ley a la que debe sujetarse el decreto acusado, garantiza los derechos constituidos a favor de terceros. Constituir reservas mineras con fines de investigación es una forma de proteger las riquezas de la Nación (art. 8o. de la Constitución Política) y de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (artículo 80 ibídem), lo cual en últimas contribuye a garantizar la realización de los fines esenciales del Estado (art. 2o. ibídem). LEVANTA LA SUSPENSION PROVISIONAL de las expresiones relativas al plazo para ejecutar la decisión de reestructurar contenidas en los artículos 49 a 51 y 65 del Decreto 2119 de 1992.

GOBIERNO NACIONAL - Facultades / SUPRESION DE EMPLEOS / PREVALENCIA DEL INTERES PUBLICO / INTERES PUBLICO / DERECHOS ADQUIRIDOS / CONCILIACION

Cuando el constituyente confirió al Gobierno Nacional las facultades de que trata el artículo transitorio 20, de antemano lo estaba autorizando para suprimir los cargos o empleos que no demandara las necesidades del servicio, ello en desarrollo de la aplicación del principio de la primacía del interés general sobre el particular, lo que no exonera al Estado de la obligación de indemnizar los perjuicios que se puedan irrogar a los titulares de aquellos, como consecuencia de la decisión adoptada. De otra parte, ha estimado la Sala que cuando de la aplicación del principio de la primacía del interés general se trata, no puede hablarse de derechos adquiridos a permanecer en un cargo o empleo o a no ser desvinculado del mismo en razón de la inscripción en la carrera administrativa. Y teniendo los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con fundamento en la norma transitoria la misma fuerza o entidad normativa que la ley, por la materia que regulan, bien podía el Gobierno Nacional consagrar como causal de retiro la supresión de un cargo o empleo como consecuencia de la reestructuración, fusión o supresión de la entidad, por lo cual no se transgrede el artículo 125 de la Carta y si por el contrario guarda armonía con él. LEVANTA LA SUSPENSION PROVISIONAL de las expresiones relativas al plazo para ejecutar la decisión de reestructurar contenidas en los artículos 49 a 51 y 65 del Decreto 2119 de 1992.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - Funciones / FUNCION JURISDICCIONAL / CONCILIACION

Sobre el particular estima la Sala que no le asiste razón al demandante y en consecuencia habrá de desecharse el cargo. En efecto, la modificación de la estructura de una entidad lleva aparejada la asignación de funciones que deben desarrollar los distintos niveles o dependencias que la conforman, por esta razón no puede predicarse el quebrantamiento del artículo transitorio 20, pues esta norma facultó al Gobierno Nacional entre otras atribuciones, para reestructurar las entidades que allí se mencionan, y no se estaba refiriendo, como lo sostiene el apoderado de la demandada, sólo a la parte orgánica o estática de la administración, sino también a la parte dinámica o funcional que le da razón de ser a aquella. Podía el Gobierno al tenor de lo dispuesto en el inciso 2o. del articulo 116 de la Carta "atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas", como es el caso de la conciliación que se consagra en la norma en estudio, lo cual no resulta extraño si se tiene en cuenta que desde la vigencia de la Constitución Nacional de 1886 ya esta función había sido atribuida a autoridades administrativas, como por ejemplo a las inspecciones de trabajo, y bajo la vigencia de la actual Carta, el Estatuto General de la Contratación de la Función Pública, prevé fórmulas de arreglo para dirimir controversias surgidas del contrato, lo cual en cierta medida contribuye a cumplir con uno de los fines esenciales del Estado como lo es asegurar la convivencia pacífica. LEVANTA LA SUSPENSION PROVISIONAL de las expresiones relativas al plazo para ejecutar la decisión de reestructurar contenidas en los artículos 49 a 51 y 65 del Decreto 2119 de 1992.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Santafé de Bogotá, D. C., (17) diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Radicación : Expedientes acumulados números 2324 y 2373

Actores: GERMÁN CAVELIER Y OTRO

Demandado: Gobierno Nacional

Referencia: Acción nulidad

Los ciudadanos y abogados GERMAN CAVELIER GAVIRIA y HECTOR ROMANO MARUN, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C. C. A., solicitan de esta Corporación, en demandas separadas que se rituaron inicialmente en procesos diferentes y que fueron acumulados mediante proveído de 15 de octubre de 1993 (folios 130 a 132, expediente No. 2373), la nulidad del Decreto 2119 de 29 de diciembre de 1993 "por el cual se reestructura el Ministerio de Minas y Energía, el Instituto de Asuntos Nucleares - IAN - y Minerales de Colombia S. A. - Mineralco - , expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo transitorio 20 de la Constitución Política.

I - . CONCEPTO DE VIOLACION EN LOS PROCESOS ACUMULADOS

I.1 - . Demanda radicada bajo el No. 2324.

Señala el actor como infringidos por los artículos 3o., numeral 8o. y 5o., numerales 6 y 7 del Decreto 2119 de 1992, los artículos transitorios 20, 2o., 8o., 58, 63, 79, 80, 82, 102, 116, 300, numeral 2o., 313, numeral 7o. y 332 de la Constitución Política y 8o. y 48 del Código de Minas.

Hace consistir el concepto de la violación así:

1 - . Las disposiciones dictadas con base en el artículo transitorio 20, no son leyes ni decretos leyes, sino normas dictadas en desarrollo de la Constitución.

2 - . Las normas acusadas violan directamente el artículo transitorio 20 que otorgó atribución precisa para organizar de nuevo la administración, pero no quiso el Constituyente que el Ejecutivo se convirtiera en legislador sino solamente en redistribuidor de competencias y en adecuador de la administración a las normas de la nueva Constitución.

El numeral 8o. del artículo 3o. acusado, atribuye al Ministerio de Minas una jurisdicción conciliadora, de administrar justicia entre particulares, la cual está reservada por el artículo 116 de la Constitución en forma excepcional a las entidades administrativas a las cuales la ley les atribuya dicha función, y es evidente que aquella norma no es ley y no puede por tanto atribuir tal función al Ministerio de Minas, violándose así también el artículo 116.

El numeral 6o. del artículo 5o. del Decreto 2119 de 1992, excede la facultad conferida en el artículo transitorio 20, por cuanto dicho numeral legisla sobre títulos mineros, contratos mineros y yacimientos minerales de propiedad de la Nación ubicados en cualquier área del territorio nacional y de los espacios marítimos o trayectos fluviales, materias estas reservadas al legislador nacional, y en el caso de los espacios marítimos, al derecho internacional.

El numeral 7o. del artículo 5o. ibídem va más allá de la reestructuración administrativa del Ministerio para ponerla en consonancia con los mandatos de la reforma constitucional, al crear reservas mineras especiales sobre una serie de bienes de uso público del dominio fiscal del Estado o de propiedad de los particulares.

3 - . El numeral 6o. del artículo 5o. del referido decreto viola los artículos 8, 58, 63, 82 y 101 de la Carta Política, por las siguientes razones:

a): Los bienes de uso público inalienables e imprescriptibles a los que se refieren los artículos 102 de la Constitución Política; 674 y 677 del C. C.; 5o., 80, 83, 302,303 y 304 del Código de Recursos Naturales Renovables no son parte del dominio fiscal, por lo cual el Estado que es sólo un administrador, no puede darlos en concesión o aporte, pues su uso pertenece a todos los habitantes del territorio. Todos los bienes de uso público son parte de las reservas naturales destinadas al uso público y por tanto no son objeto de explotación ni por el Estado mismo ni por concesión o aporte que éste haga a particulares o empresas del Estado.

b): La declaración o destinación de un bien para uso público hecha por la Constitución o la ley, excluye las concesiones mineras en tanto éstas impiden su utilización pública por los habitantes y restringen su utilización sólo a un minero beneficiado con una concesión.

c): No puede el Decreto 2119 en consecuencia, sin violar el artículo 101 de la Constitución, disponer de los yacimientos minerales que se encuentran en cualquier área del territorio nacional ni en el suelo de bienes pertenecientes a particulares, pues ellos están amparados por el artículo 58 ibídem.

d): De la misma manera no puede el Decreto 2119 de 1992 otorgar concesiones sobre yacimientos minerales que se hallen en los trayectos fluviales por cuanto éstos son de uso público inalienables e imprescriptibles en cuanto al cauce propio de las corrientes de agua y a una zona de 30 metros a lado y lado de aquellas.

e): La norma acusada viola los artículos 8o. y 101 de la Carta, por cuanto los recursos naturales no renovables del suelo de propiedad privada o de los bienes de uso público no pertenecen al Estado, cuyo derecho se encuentra limitado al subsuelo, ya que el dominio del Estado sólo se extiende al suelo de los bienes de propiedad de la Nación como recurso fiscal.

Además, este numeral y el numeral 7o. del artículo 5o. violan el artículo transitorio 20 por cuanto las funciones del Ministerio de Minas no están en consonancia con los mandatos de la reforma constitucional al no contemplar ni facilitar la participación de todos los habitantes en las decisiones relativas a la concesión de títulos mineros (artículo 2o. de la Constitución); al no proteger los recursos naturales, pues permite disponer de ellos en concesión o aporte (artículo 8o. ibídem); al no garantizar la propiedad privada ni reglamentar la función ecológica inherente a la propiedad (artículo 58 ibídem); al no hacer la salvedad de la inalienabilidad, imprescriptibilidad de los bienes de uso público (artículo 63 ibídem); al no prescribir la participación de la comunidad en las decisiones que afectan el ambiente, según el artículo 79 de la Carta; al no velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común (artículo 82 ibídem); al no planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales ni garantizar su conservación, restauración , sustitución (artículo 80 ibídem); y al no contemplar la participación de los departamentos en la planeación y disposición de bienes fiscales del Estado (artículo 300, numeral 2o. ibídem); y al no incluir la reglamentación de los usos del suelo que está a cargo de los Concejos Municipales (artículo 317, numeral 7o. ibídem).

4 - . El numeral 7o. del artículo 5o. viola la Constitución al permitir constituir reservas mineras en las "aguas territoriales", lo cual no es posible hacer pues las minas no se hallan en el agua, como no sean minerales en suspensión indisolublemente unidos a las aguas, caso en el cual no se puede disponer de ellos porque las aguas territoriales de Colombia son de la Nación, es decir, son un bien de uso público inalienable e imprescriptible.

Adicionalmente se infringen los artículos 8o. y 48 del Código de Minas, porque los aportes mineros no están previstos para las entidades financieras oficiales con lo cual el Presidente legisló desbordando la facultad del artículo transitorio 20.

I.2 - . DEMANDA RADICADA BAJO EL No. 2373

El actor fundamenta el concepto de la violación a través de los siguientes cargos, los cuales pueden resumirse así:

l - . Los artículos 47 y 52 del Decreto 2119 de 1992, violan los artículos 1, 2, 5, 13, 25, 29, 53, 58, 125, 150, numeral 7o., 153, 189, numerales 15 y 16 y 336 de la Constitución Política, en relación con el Título IV de la carrera administrativa del Decreto 2400 de 1968, con el Capítulo II del Título II, denominado "De la creación, supresión y fusión de empleos y el artículo 180 del Decreto 1050 de 1973, por cuanto los preceptos contenidos en las normas acusadas quebrantan el derecho al trabajo ya que suponen una reestructuración del Ministerio y de los organismos citados, previa desvinculación de los empleados, incluyendo los de carrera administrativa, cuando de las normas constitucionales mencionadas se desprende meridianamente que los derechos adquiridos no pueden ser vulnerados bajo ningún aspecto.

Además, mediante un decreto se pretende violar el régimen consagrado en el Decreto 2400 de 1968 en lo que atañe a ascensos, retiros, traslados y modificación de la planta de personal cuando sólo el Congreso está autorizado para expedir las normas concernientes al estatuto del trabajo, ajustadas a los principios que señala el artículo 53 de la Carta.

2 - . Los artículos 47 a 52 del Decreto 2119 de 1992, violan los artículos 53, inciso 2o., 54 y 58, inciso lo. de la Constitución en relación con los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, ya que pretenden efectuar una reestructuración contradictoria e incompatible con la nueva Constitución Nacional y en especial frente a los principios mínimos fundamentales que son consustanciales al derecho al trabajo, como son, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a los derechos que consagra la carrera administrativa, la capacitación y el adiestramiento, entre otros.

3 - . El Decreto 2119 de 1992 vulnera el artículo transitorio 20 de la Carta por las siguientes razones:

a): La redistribución de competencias y recursos económicos y fiscales previstos en la Constitución de 1991 no afectó en forma alguna y de manera directa al Ministerio de Minas y Energía, al Instituto de Asuntos Nucleares - IAN - y a Minerales de Colombia S.A. MINERALCO, de modo que obligara perentoriamente a su reforma.

Las únicas disposiciones que podían invocarse serían los artículos 80, 332, 334, 360 y 361 de la Constitución en lo que respecta a los recursos naturales, normas estas que más bien obligan a ampliar el aparato administrativo y no a reducir la planta de personal, que es en últimas lo que persigue el decreto acusado. No bastaba la simple cita del artículo transitorio 20.

b): Del texto de los artículos 49 a 51, 62 y 65 del decreto acusado se desprende la continuación de la reestructuración de las entidades que allí se relacionan, dentro del término de 12 meses contados a partir de la publicación del mismo, cuando el término conferido en el artículo transitorio 20 fue de 18 meses, por lo cual la facultad legislativa transitoria no podía ampliarse.

c): En el artículo 45 ibídem, se delegó en la Junta Directiva del IAN la facultad de introducir modificaciones a la planta de personal, hecho que conlleva a concluir que ya no será el Gobierno el que va a reestructurar dicho establecimiento público sino aquella.

d): No se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Comisión Asesora a que se refiere la norma transitoria.

II. - EL TRAMITE DE LOS PROCESOS

II.1 - . Los procesos que se deciden por medio de esta sentencia, fueron acumulados en virtud de auto de 15 de octubre de 1993 (folios 130 a 132, expediente No. 2373).

En cada uno de ellos se admitieron las respectivas demandas así:

- Expediente No. 2324, por auto de 27 de abril de 1993 (folios 63 a 64).

- Expediente No. 2373, por auto de 21 de mayo de 1993 (folios 56 a 67).

En este último proceso se decretó la suspensión provisional de los efectos de las expresiones referentes al plazo para llevar a cabo el programa de supresión de empleos como consecuencia de la reestructuración y adecuar la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, contenidas en los artículos 49 a 51 y 65 del Decreto 2119 de 1992.

II.2 - . Dentro del proceso radicado bajo el No. 2324 no se tuvo en cuenta la contestación de la demanda presentada por la Nación - Ministerio de Minas y Energía - por no haber acreditado el abogado personería para actuar.

Dentro del expediente No. 2373 la misma entidad, a través de apoderado contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, aduciendo, en síntesis, lo siguiente:

1 - . Frente a los dos primeros cargos:

La Sección Primera del Consejo de Estado ha expresado que el Gobierno Nacional en desarrollo de las atribuciones conferidas en el artículo transitorio 20, sí puede suprimir empleos como consecuencia de la reestructuración, fusión o supresión.

Vale la pena evocar que durante el debate que se dio en la Asamblea Constituyente al proyecto de artículo transitorio 20, el delegatario Angelino Garzón presentó una propuesta sustitutiva que incluía la siguiente frase: "... respetando los derechos de estabilidad o reubicación, carrera administrativa de los empleados y trabajadores del Estado", propuesta esta que fue rechazada por la Asamblea (Gaceta Constitucional de 18 de junio de 1991, página 3).

De otra parte, la República de Colombia está fundada no sólo en el trabajo sino también en el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Por lo demás, el cargo frente al Decreto 2400 de 1968 es improcedente ya que el decreto acusado tiene la misma fuerza de la ley y perfectamente había podido disponer en forma distinta a lo previsto en otro acto de igual jerarquía.

2 - . Frente al tercer cargo:

En el acto acusado se trató en general de poner en práctica los principios del artículo 209 de la Carta. Con relación al Ministerio de Minas y Energía, por ejemplo, era claro que debía revisarse la estructura orgánica y las funciones que le asignaron la Ley 1a. de 1984 y sus disposiciones reglamentarias, para suprimir los elementos que no correspondían a la moderna concepción de los Ministerios, para fortalecer su capacidad de acción en el desarrollo de las funciones y asignar las responsabilidades que emanan de la Carta como es la de velar por la protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en las actividades minero - energéticas.

Cometidos semejantes tienen el antiguo IAN y MINERALCO, y el que no se hubieran citado en el decreto acusado las disposiciones constitucionales que justificaban el reajuste institucional no entraña violación, además que el demandante no señala la disposición infringida.

Los plazos materia de análisis son diferentes. Se refieren a órbitas distintas. Una es la decisión de reestructurar que es de la órbita ordinaria del Congreso de la República y se ejerce mediante ley o decreto con fuerza de ley y otra es la consecuencial, medida de simple ejecución o cumplimiento de la ley que se hace efectiva mediante actos administrativos y que por ser de la ordinaria de las autoridades administrativas, no requiere de habilitación excepcional para su ejercicio.

El artículo 45 demandado no contraría el artículo transitorio 20, ya que el Gobierno Nacional podía asignar competencias a otras autoridades como la junta directiva, para cumplir funciones consecuencia de la reestructuración.

El Gobierno Nacional siempre escuchó las recomendaciones de la Comisión, aunque no las aceptó porque no le obligaban. Además, la mayoría de aquella se pronunció favorablemente con relación a la totalidad de la reforma.

II.3 - . En la etapa de alegaciones, la parte demandada dentro del expediente No. 2373, ratificó los planteamientos expuestos en la contestación de la demanda.

El demandante y la Agente del Ministerio Público no hicieron uso del derecho de alegar de conclusión.

En el expediente radicado bajo el No. 2324 el actor, a través de apoderado, insistió en lo expresado en el capítulo del concepto de violación de la demanda.

La demandada argumentó, en resumen, lo siguiente:

1 - . Carece de sustento jurídico la tesis formulada por el actor en el aparte 4.2.1. de la demanda y en consecuencia pierden piso los cargos que dependían de esta premisa en los apartes 4.2.2 y 4.2.3, dado que, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con fundamento en el artículo transitorio 20, tienen la misma fuerza o entidad normativa que la ley, por la materia que regulan, que es la que ordinariamente corresponde al Congreso.

2 - . La doctrina y la jurisprudencia han precisado lo que cabe entender por reestructuración o reorganización administrativa y han dejado en claro que todo proceso de reforma administrativa, concierne no solamente a la parte orgánica o estática de la administración, sino a la parte funcional o dinámica que le da sentido y razón de ser a aquella.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 13 de mayo de 1993, expediente 2249, dictaminó que cuando se modifica la estructura de una entidad, se produce una reestructuración y ello ínsitamente conlleva la creación o adición de funciones en los distintos niveles o dependencias.

Las tres disposiciones acusadas se refieren al aspecto funcional de la reestructuración del Ministerio de Minas y Energía y no violan el artículo transitorio 20, porque proveer en materia de funciones o competencias es consustancial a cualquier reorganización o reestructuración administrativa.

3 - . Es inexacto afirmar que el numeral 6o. del artículo 5o. del Decreto 2119 de 1992, legisle sobre títulos mineros, contratos mineros y yacimientos minerales de propiedad de la Nación, por cuanto, en primer término, la legislación sobre las materias a que se refiere el actor, se encuentra toda en el Decreto 2655 de 1988 y, en segundo lugar, porque la norma acusada se limita a ubicar la competencia asignada al Ministerio de Minas y Energía con relación al trámite de solicitudes de títulos mineros, su otorgamiento y la celebración de los contratos de minería en un área administrativa determinada de aquel resultante de la reestructuración, cual es el subsector de minas. Igual sucede con el artículo 5o., numeral 7o. ibídem.

4 - . El actor omite mencionar aquellas disposiciones de carácter especial que establecen el régimen de los recursos naturales no renovables en Colombia y atribuyen su propiedad de manera exclusiva al Estado, sin importar el sitio de la república en que se encuentren. Del contenido del artículo 332 de la Constitución se infiere que el derecho de propiedad del Estado sobre tales recursos, no tropieza en el plano constitucional con las limitaciones o excepciones que el demandante quiere atribuirle.

El artículo 360 ibídem consagra que la ley determinará las condiciones para la explotación de dichos recursos y la ley no es el Decreto 2119 de 1992, sino el Decreto 2655 de 1988.

No se viola el artículo 58 de la Constitución porque la propiedad no es un derecho ilimitado, sino sujeto a obligaciones que se manifiestan en su función social y ecológica, limitado por la primacía del interés público sobre el particular.

La concesión que haga el Estado a los particulares no contraría el artículo 63 ibídem, porque en uno y otro caso se trata de materias diferentes. El otorgamiento de títulos sobre yacimientos mineros ubicados en bienes de uso público no equivale a su enajenación ni implica transferencia de dominio de la globalidad de dichos bienes. Una cosa es un bien de uso público y otra son los yacimientos minerales.

5 - . La reestructuración de entidades de la Rama Ejecutiva implica la introducción de modificaciones en la estructura orgánica y hace indispensable la reasignación de funciones. En este sentido, las funciones que la Ley la. de 1984 fijó al Ministerio de Minas debían revisarse para suprimir de ellas aspectos que no le permitían a éste ceñirse al papel que la Carta le asignó para fortalecer su capacidad de acción.

Las funciones generales del Ministerio se ajustan a los planes de desarrollo que la Carta le impuso al Gobierno elaborar; las funciones en materia ambiental no colisionan con las competencias asignadas en aquella; la función consagrada en el artículo 7o. conjuga con los principios de delegación por servicios y territorial en los cuales hace especial énfasis la Carta de 1991; y las funciones de los ordinales 5o. y 10 a 13 del artículo 5o., no son nuevas pues ya estaban asignadas en las Leyes 1a. de 1984 y 51 de 1989.

6 - . Una ley no puede infringir otra. Y nada impide que el Decreto 2119 de 1992, por ser de igual jerarquía que el Decreto 2655 de 1988 hubiera modificado los artículos 8 y 48 de éste.

III - . CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 2324

La señora Procuradora Primera Delegada en lo Contencioso Administrativo ante esta Corporación, estima que el Gobierno sólo podía al proponerse reestructurar los organismos de que trata el decreto acusado, adecuar la estructura de manera que facilitase el cumplimiento de sus cometidos. Es decir, sólo estaba habilitado para suprimir, fusionar o reestructurar los entes estatales sin poder ir más allá de modificar la estructura de los organismos del Estado, como lo hizo en el ordinal 8 del artículo 3o. al atribuir al Ministerio de Minas una jurisdicción conciliadora, reservada según el artículo 116 de la Carta a las entidades administrativas a las que la ley les confiere tal atribución transitoria, por lo cual debe ser anulado.

En cuanto a los ordinales 6o. y 7o. del artículo 5o. no puede predicarse la creación de nuevas funciones por fuera del ordenamiento legal preexistente por lo cual deben denegarse las súplicas de la demanda.

IV - . LA DECISION

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la controversia, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Como quiera que en el evento sub - lite se plantean cargos que atañen a la totalidad del Decreto 2119 de 1992, es menester en primer término hacer un pronunciamiento respecto de los mismos.

l - . En la demanda radicada bajo el expediente No. 2373 el actor, en el cargo tercero, invoca por parte del decreto en mención la violación del artículo transitorio 20 de la Constitución Política.

Al respecto, observa la Sala lo siguiente:

a): Conforme se lee a folios 4 a 7 del cuaderno de anexos del expediente, la reestructuración del Ministerio de Minas y Energía y del Instituto de Asuntos Nucleares IAN obedeció, entre otros aspectos, a que la responsabilidad del Ministerio frente a la fijación de políticas, investigación técnica, vigilancia y cumplimiento de normas técnicas, planeación, estadística, reglamentación, etc., del sector minero y energético no ha sido asumida en su integridad, además que no se cuenta con la infraestructura necesaria para realizarla directamente, por lo cual se requiere estimular a las entidades descentralizadas para adelantar proyectos de investigación con sujeción a los planes sectoriales de desarrollo de la minería, los hidrocarburos y la energía eléctrica.

La incapacidad de atender tales aspectos impide que la función administrativa se desarrolle conforme a los principios que consagra la Carta Constitucional en su artículo 209, y esta circunstancia de suyo justifica una modificación en la estructura orgánica de una entidad y por ende en las funciones que sus distintas dependencias deban ejercer.

La consonancia de que trata la norma transitoria no se circunscribe única y exclusivamente a la redistribución de competencias y recursos que la Constitución establece, pues aun cuando sí quiso el Constituyente hacer énfasis en este tópico cuando empleó la expresión "y en especial", ello no significa que solamente en la medida en que se requiriera adecuar la estructura de las entidades de la Rama. Ejecutiva y de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta del orden nacional, a la redistribución de competencias y recursos que la Carta prevé, podía hacerse uso de las facultades de suprimir, fusionar o reestructurar, entre otras razones, porque la reforma constitucional no versó solamente sobre tal redistribución de competencias sino que abordó otras materias de vital importancia para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Así lo expresó la Sala en la sentencia de 15 de diciembre de 1993, expedientes acumulados Nos. 2391, 2367, 2429 y 2387.

Por lo demás, la no invocación de las normas constitucionales en el texto del acto acusado, a que alude el actor, no puede por sí sola entrañar la nulidad del acto acusado, ya que lo que en realidad interesa y es verdaderamente relevante, es que el organismo encargado de proteger los recursos naturales, prevenir y controlar el deterioro ambiental; intervenir en la explotación de los recursos naturales y en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes para mejorar la calidad de vida de los habitantes, etc., asuma tales responsabilidades, y en este caso, según se infiere del artículo 3o. del decreto en estudio que señala las funciones generales del Ministerio de Minas y Energía, aquellas no han sido evadidas.

Por lo anterior, no está llamado a prosperar el cargo.

b): En lo que toca con los cargos que endilga el actor al mencionado decreto en los literales b. y c. del cargo tercero, de prorrogar el plazo de la facultad legislativa transitoria y de delegar en la Junta Directiva del IAN la reestructuración que le correspondía al Gobierno, son valederas las consideraciones que sobre un aspecto similar hizo la Sala en la sentencia citada ab initio, en la cual expresó:

"... esta Corporación en diversos pronunciamientos, entre ellos, en sentencias de 9 de septiembre de 1993 (expediente 2309) y 11 de noviembre de 1993 (expediente 2400), ha precisado que las facultades otorgadas al Gobierno Nacional en el artículo transitorio 20 de la Carta Política, por la materia que regulan, que son las mismas que ésta le atribuye en forma ordinaria al Congreso de la República (artículo 150, numeral 7o.), tienen naturaleza legislativa, sólo que por estar imposibilitado el legislador ordinario para ejercerlas, en razón de la revocatoria de su mandato, le fueron asignadas transitoria y excepcionalmente al Gobierno Nacional.

De tal manera que difieren sustancialmente de las funciones de carácter administrativo que en forma permanente ejercen las juntas y consejos directivos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado, por mandato expreso de los artículos 24 y 40 del Decreto Ley 3130 de 1968, para adecuar la estructura interna y la planta de personal a las decisiones de reestructurar, fusionar o suprimir que previamente se hubieran adoptado en desarrollo del precepto constitucional transitorio.

Por esta razón, la indicación del plazo de 12 meses contado a partir de la publicación del Decreto 2124 de 1992 a que se contraen los artículos 11 y 23 ibídem, para que la Junta Directiva de ADPOSTAL, cuya conformación fue prevista en el artículo 5o. del mismo decreto, adecue la estructura interna y la planta de personal, ha de entenderse circunscrita al fin específico de los efectos de la decisión de reestructuración adoptada y respecto de la indemnización de las personas que como consecuencia de ella resulten privadas de su cargo o empleo, sin que ello de ninguna manera constituya prórroga o ampliación del término previsto en el artículo transitorio 20, pues, como ya se dijo, las funciones que éste prevé y las asignadas en el decreto en estudio ostentan una naturaleza diferente...".

Cabe advertir además que los razonamientos antes expuestos frente a la competencia de las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado, conservan virtualidad frente a la competencia que tiene el Ejecutivo en forma permanente en tratándose de la facultad administrativa que le atribuye la Carta Política en el artículo 189, numerales 14 a 16, respecto de las entidades administrativas pertenecientes a la administración central.

En consecuencia, no está llamado a prosperar el cargo y por ende habrá de levantarse la suspensión provisional de los efectos de las expresiones relativas al plazo contenidas en los artículos 49 a 51 y 65 del decreto cuestionado.

c): En lo que atañe al cargo de no haber tenido en cuenta el decreto acusado, las recomendaciones y evaluaciones de la Comisión Asesora, la Sala estima que no tiene vocación de prosperidad ya que, como lo ha manifestado reiteradamente, la finalidad buscada por el Constituyente en el artículo transitorio 20 fue la de que expertos en derecho administrativo, en virtud de sus autorizados conocimientos en la materia, asesoraran, sugirieran, ilustraran o aconsejaran al Gobierno en la tarea asignada, pero de ninguna manera las evaluaciones de dicha Comisión podían ser de obligatorio cumplimiento para éste, pues de considerarse así, quien vendría a asumir las facultades allí previstas, habría sido aquella y no el Gobierno Nacional, único destinatario previsto en la norma transitoria para llevarlas a efecto.

2 - . En lo concerniente a los cargos primero y segundo que hace el actor a los artículos 47 a 52 del Decreto 2119 de 1992, que regulan la supresión de cargos o empleos consecuencia de la facultad de reestructurar, cabe tener en cuenta lo siguiente:

Esta Corporación en diversos pronunciamientos ha considerado, y ahora lo reitera, que cuando el Constituyente confirió al Gobierno Nacional las facultades de que trata el artículo transitorio 20, de antemano lo estaba autorizando para suprimir los cargos o empleos que no demandara las necesidades del servicio, ello en desarrollo de la aplicación del principio de la primacía del interés general sobre el particular, lo que no exonera al Estado de la obligación de indemnizar los perjuicios que se puedan irrogar a los titulares de aquellos, como consecuencia de la decisión adoptada.

De otra parte, ha estimado la Sala que cuando de la aplicación del principio de la primacía del interés general se trata no puede hablarse de derechos adquiridos a permanecer en un cargo o empleo o a no ser desvinculado del mismo en razón de la inscripción en la carrera administrativa. Y teniendo los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con fundamento en la norma transitoria la misma fuerza o entidad normativa que la ley, por la materia que regulan, bien podía el Gobierno Nacional consagrar como causal de retiro la supresión de un cargo o empleo como consecuencia de la reestructuración, fusión o supresión de la entidad, por lo cual no se transgrede el artículo 125 de la Carta y sí por el contrario guarda armonía con él.

Finalmente, atendiendo a la naturaleza de los decretos expedidos en desarrollo de la facultad excepcional transitoria, no cabe predicar su violación frente a normas de igual o inferior jerarquía, lo cual hace que no sea de recibo la confrontación del acto acusado con las normas de los Decretos 2400 de 1968 y 1050 de 1973.

Por lo expuesto habrán de denegarse las pretensiones de la demanda radicada bajo el expediente No. 2373, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

3 - . Para el estudio de los cargos que endilga el actor en la demanda radicada bajo el No. 2324, es preciso consultar el contenido de las normas acusadas.

El artículo 3o. del Decreto 2119 de 1992, señala las funciones generales del Ministerio de Minas y Energía en relación con sus subsectores.

El numeral 8o. enjuiciado estatuye:

"Sin perjuicio de la competencia jurisdiccional proponer fórmulas de solución a los conflictos que puedan presentarse entre las empresas del sector de minas y energía".

Según el actor, dicho precepto transgrede los artículos transitorio 20 y 116 de la Constitución Política.

Sobre el particular estima la Sala que no le asiste razón al demandante y en consecuencia habrá de desecharse el cargo. En efecto, la modificación de la estructura de una entidad lleva aparejada la asignación de funciones que deben desarrollar los distintos niveles o dependencias que la conforman, por esta razón no puede predicarse el quebrantamiento del artículo transitorio 20, pues esta norma facultó al Gobierno Nacional entre otras atribuciones, para reestructurar las entidades que allí se mencionan, y no se estaba refiriendo, como lo sostiene el apoderado de la demandada, sólo a la parte orgánica o estática de la administración, sino también a la parte dinámica o funcional que le da razón de ser a aquella.

Teniendo, como ya se dijo, los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con fundamento en la preceptiva transitoria la misma fuerza o entidad normativa que la ley, podía el Gobierno, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2o. del artículo 116 de la Carta "atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas", como es el caso de la conciliación que se consagra en la norma en estudio, lo cual no resulta extraño si se tiene en cuenta que desde la vigencia de la Constitución Nacional de 1886 ya esta función había sido atribuida a autoridades administrativas, como por ejemplo a las inspecciones del trabajo, y bajo la vigencia de la actual Carta, el Estatuto General de la Contratación de la Función Pública, prevé fórmulas de arreglo para dirimir controversias surgidas del contrato, lo cual en cierta medida contribuye a cumplir con uno de los fines esenciales del Estado como lo es asegurar la convivencia pacífica.

4 - . El artículo 5o. del decreto acusado consagra las funciones específicas del Ministerio de Minas y Energía en relación con el subsector de minas.

Establece su ordinal 6o.:

"Tramitar las solicitudes de títulos mineros, otorgarlos y celebrar contratos de minería, de conformidad con la ley, sobre los yacimientos minerales de propiedad de la nación, ubicados en cualquier área del territorio nacional, y de los espacios marítimos o trayectos fluviales".

Frente a esta disposición el actor endilga la violación de los artículos transitorio 20, 8o., 58, 63, 82 y 101 de la Carta Política.

Al respecto estima la Sala lo siguiente:

Del texto de la norma transcrita no se infiere, como argumenta el actor, que el Gobierno Nacional esté legislando sobre títulos mineros, contratos mineros y yacimientos minerales de propiedad de la Nación y que por lo mismo se infrinja el artículo transitorio 20, pues la función allí prevista, de una parte ya había sido asignada al Ministerio de Minas (artículo 16 en concordancia con los artículos 30, 31 y 323 del Decreto 2655 de 1988), y de otra parte, el precepto acusado es claro en cuanto ordena sujetarse a la ley para el ejercicio de dicha función, ley esta que corresponde al aludido decreto.

Parte el actor de la premisa que por ser los yacimientos minerales bienes de uso público, el Gobierno no puede respecto de los mismos otorgar títulos mineros ni celebrar contratos de minería. Sobre el particular cabe advertir:

El artículo 102 de la Constitución Política, al igual que la Carta de 1886 prevé que "El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación".

El artículo 3o. del decreto 2655 de 1988 (Código de Minas), establece que de conformidad con la Constitución Política todos los recursos naturales no renovables del suelo y del subsuelo pertenecen a la Nación en forma inalienable e imprescriptible, y que en ejercicio de dicha propiedad podrá explorarlos y explotarlos a través de organismos descentralizados, o conferir a los particulares el derecho a hacerlo o reservarlos temporalmente por razones de interés público. Todo ello sin perjuicio de los derechos constituidos en favor de terceros, cuyas situaciones jurídicas subjetivas y concretas se hubieren perfeccionado antes del 22 de diciembre de 1969, fecha en que entró a regir la Ley 20 de 1969.

El artículo 16 ibídem define el título minero como el acto administrativo escrito mediante el cual, con el lleno de los requisitos señalados en dicho código, se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo mineros de propiedad de la Nación, y que tienen tal carácter las licencias de exploración, los permisos, las concesiones y los aportes.

De lo anterior infiere la Sala que el otorgamiento de títulos mineros y la celebración de contratos de minería al no implicar disposición o transferencia del dominio del bien, esto es, al no afectar su condición de inenajenabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, no quebrantan las normas constitucionales que invoca el actor, dado que estas no prohiben la exploración y explotación del suelo y subsuelo mineros, y en cuanto al artículo 58, el Decreto 2655 de 1988, ley a la que debe sujetarse el decreto acusado, garantiza los derechos constituidos a favor de terceros.

Por lo anterior no es de recibo este cargo.

El numeral 7o. ibídem preceptúa:

"Constituir, de conformidad con la legislación vigente, reservas minerales especiales con fines de investigación sobre cualquier área minera del dominio continental o insular de la República, de las aguas territoriales o de la plataforma submarina y aportarlas a sus organismos descentralizados o entidades financieras oficiales, cuyas funciones tengan relación con la exploración y explotación minera.

Según el actor, esta norma vulnera el artículo transitorio 20, por no estar en consonancia con los mandatos de la reforma constitucional (artículos 2o., 8o., 58, 63, 79, 12, 80, 300, numeral 2o. y 317, numeral 7o.) y adicionalmente los artículos 8o. y 48 del Decreto 2655 de 1988.

En relación con este cargo, además de ser valederas las consideraciones hechas en el cargo anterior, la Sala agrega lo siguiente:

1 - . Por tener el decreto acusado la misma fuerza o entidad normativa que la ley, no puede predicarse su violación frente a normas de igual jerarquía, lo cual hace improcedente la confrontación entre la norma transcrita y los artículos 8o. y 48 del Decreto 2655 de 1988.

2 - . Constituir reservas mineras especiales con fines de investigación es una forma de proteger las riquezas de la Nación (artículo 8o. de la Constitución Política) y de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (artículo 80 ibídem), lo cual en últimas contribuye a garantizar la realización de los fines esenciales del Estado (artículo 2o. ibídem)

3 - . La Carta Política en su artículo 79, defiere a la ley la reglamentación para garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que respecto del ambiente sano puedan afectarla. Dicha ley no es el Decreto 2119 de 1992 y por lo mismo no puede endilgársele la omisión a que le alude el actor.

4 - . De la misma manera, en lo que respecta a la transgresión del artículo transitorio 20, por no estar en consonancia la norma en estudio con el artículo 300, numeral 2o. de la Carta Política, tampoco tiene asidero el cargo, dado que el artículo 3 defiere a la ley la reglamentación de las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos, y dicha ley no es el Decreto 2119 de 1992.

5, Finalmente, la no reglamentación de los usos del suelo a que se contrae el artículo 313, numeral 7o. de la Carta, por guardar relación con el aspecto urbanístico y de planeación municipal y no con yacimientos mineros, descarta la violación que invoca el actor del artículo transitorio 20.

Por lo anteriormente expresado, habrán de denegarse las súplicas de la demanda radicada bajo el expediente No. 2324.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1o): DENIEGANSE las súplicas de las demandas instauradas en los expedientes Nos. 2324 y 2373.

2o) - .LEVANTASE la suspensión provisional de las expresiones relativas al plazo para ejecutar la decisión de reestructurar contenidas en los artículos 49 a 51 y 65 del Decreto 2119 de 1992.

3º): DEVUÉLVANSE a los actores las sumas de dinero depositadas para gastos del proceso que no fueron utilizadas.


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COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 17 de febrero de 1994.

Yesid Rojas Serrano Ernesto Rafael Ariza Muñoz

Presidente

Miguel González Rodríguez Libardo Rodríguez Rodríguez