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100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010005654SENTENCIACUARTA11001032700020040000201(14424)200404/11/2004SENTENCIA__CUARTA__11001032700020040000201(14424)__2004_04/11/2004100056542004CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejera ponente: MARIA INÉS ORTIZ BARBOSA Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-27-000-2004-00002-01 Actor: MABEL BOADA CHAPARRO Referencia: Número Interno 14424
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadMaria Inés Ortiz BarbosaMabel Boada ChaparroRecurso de reposición contra el auto de agosto 5 de 2004, mediante el cual se admitió la demanda y se negó la suspensión provisional del artículo 21 del Decreto 1999 de agosto 22 de 1991 expedido por el Gobierno Nacional que reglamenta la Ley 40 de 1990.Identificadores10010005655true6614Versión original10005655Identificadores

Fecha Providencia

04/11/2004

Sección:  CUARTA

Consejero ponente:  Maria Inés Ortiz Barbosa

Norma demandada:  Recurso de reposición contra el auto de agosto 5 de 2004, mediante el cual se admitió la demanda y se negó la suspensión provisional del artículo 21 del Decreto 1999 de agosto 22 de 1991 expedido por el Gobierno Nacional que reglamenta la Ley 40 de 1990.

Demandante:  Mabel Boada Chaparro


CONSEJO DE ESTADO


SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


SECCION CUARTA



Consejera ponente: MARIA INÉS ORTIZ BARBOSA


Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil cuatro (2004)


Radicación número: 11001-03-27-000-2004-00002-01


Actor: MABEL BOADA CHAPARRO




Referencia: Número Interno 14424


Nulidad y suspensión provisional contra el Artículo 1º del Decreto 1999 de 1991, expedido por el Gobierno Nacional, "Por el cual se reglamenta la Ley 40 de 1990".


A U T O


Decide la Sala el recurso de reposición interpuesto por la demandante contra el auto de agosto 5 de 2004, mediante el cual se admitió la demanda y se negó la suspensión provisional del artículo 21 del Decreto 1999 de agosto 22 de 1991 expedido por el Gobierno Nacional que reglamenta la Ley 40 de 1990.


EL RECURSO


Considera el demandante que La demanda reúne los requisitos exigidos por los artículos 137 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y por ello habrá de admitirse.


Como en libelo se solicita, además, la suspensión provisional procede la Sala a resolver sobre el particular.



EL ACTO DEMANDADO


Es el artículo 21 del Decreto 1999 de 22 de agosto de 1991, cuyo texto es el siguiente:


"Artículo 21. Para efectos fiscales y con el fin de que a las personas naturales o jurídicas obligadas a recaudar la Cuota de Fomento de que trata la Ley 40 de 1990, le sean aceptados los costos y deducciones por las compras de que dan lugar al cobro de la Cuota de Fomento Panelero, efectuadas durante el respectivo año gravable deberá conservarse y mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos Nacionales respectiva, por el término de cinco (5) años, el Certificado de Paz y Salvo expedido por la Federación Nacional de Productores de Panela, Fedepanela.



Fedepanela expedirá el citado Certificado de Paz y Salvo a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del ejercicio gravable respectivo, previa la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 9 del presente Decreto."



LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL


El apoderado de la actora solicita se decrete la suspensión provisional con fundamento en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo por cuanto estima que el artículo impugnado viola la Ley 40 de 1990 que pretende reglamentar, al hacerse la confrontación directa de tales disposiciones, pues el artículo 21 contiene una restricción a la aceptación de costos y deducciones en la determinación de la base gravable del impuesto de renta, que en ninguna parte de la Ley existe.


Indica que en la citada Ley 40 se reconoció la producción de panela como una actividad agrícola, explotada mediante la utilización de trapiches, con el fin principal de sembrar caña de azúcar para producir panelas y mieles vírgenes para el consumo humano, mientras que en el artículo cuestionado se estableció una limitación a los costos y deducciones para los obligados que no hubiesen pagado la cuota de fomento panelero. Afirma que la alegada vulneración surge de la simple lectura del texto de la Ley 40 de 1990 que en ninguno de sus apartes estableció restricciones o castigo al contribuyente incumplido y por tanto hubo exceso en la facultad reglamentaria con la norma que se demanda.


PARA RESOLVER SE CONSIDERA


De conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, para que proceda la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solicitada en ejercicio de una acción de nulidad, se requiere que la violación de las normas superiores invocadas como violadas sea manifiesta, esto es, que dicha infracción sea perceptible a primera vista, "por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud".


Efectuada la confrontación directa del texto íntegro de la Ley 40 de 1990 con el artículo 21 del Decreto 1999 de 22 de agosto de 1991, la Sala observa que no aparece una infracción o contradicción manifiesta como lo exige el citado artículo 152, que surja sin necesidad de acudir a razonamientos e inferencias más o menos complejos derivados de la normatividad que rige la materia.


En efecto, además de que se hace consistir la flagrante vulneración en que en todo el cuerpo legal no existe norma alguna que autorice una restricción o limitación para la aceptación de los costos, se advierte que el artículo 21 regula unos efectos fiscales derivados del recaudo de la cuota de fomento panelero y la norma superior, además de tratar dicho tema, pretende la protección y desarrollo de la producción panelera, de donde surge que es necesario efectuar un estudio integral y sistemático de los 16 artículos que conforman la ley y su incidencia frente a la cuota de fomento panelero pues además de que los recursos del fondo creado por la Ley deben figurar en el presupuesto nacional (art. 13 L.40/90), pueden incrementarse con aportes del mismo (art. 14ib.), y en esa medida resultar afectado éste e indirectamente los ingresos ordinarios de la Nación, entre ellos los tributarios, por lo que en esta etapa procesal no es viable tal análisis el que solo procede con los elementos que surgirán durante el debate y que serán tenidos en cuenta al momento de proferir la respectiva sentencia.


De conformidad con lo anterior, no se accederá a decretar la suspensión provisional solicitada.


En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,


R E S U E L V E :


1. Admítese la demanda presentada en su propio nombre, por la doctora Mabel Eugenia Boada Chaparro.


2.Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público.


3.Notifíquese al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público o a quien éste haya delegado para tal fin.


4.Fíjese en lista por el término de diez (10) días. Término dentro del cual la entidad demandada podrá contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas y los terceros intervenir para coadyuvar o impugnarla.


5.Por Secretaría, ofíciese a la Secretaria General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que, con destino a este proceso, allegue los antecedes administrativos que dieron origen a la expedición del Decreto 1999 de 22 de agosto de 1991.


6.No se accede a decretar la suspensión provisional del artículo 21 del Decreto 1999 de 22 de agosto de 1991.


Se tiene a la doctora Mabel Boada Chaparro como parte demandante.


Cópiese, notifíquese y cúmplase.


La anterior providencia fue considerada y aprobada en la Sesión de la fecha.


MARIA INES ORTIZ BARBOSA LIGIA LOPEZ DIAZ


Presidente de la Sección


JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ


RAÚL GIRALDO LONDOÑO


Secretario