SENTENCIA 11001032700020030008301(14203) de 2003

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010005646SENTENCIACUARTA11001032700020030008301(14203)200306/11/2003SENTENCIA__CUARTA__11001032700020030008301(14203)__2003_06/11/2003100056462003TABLA DE RETENCION PARA INGRESOS LABORALES - Para el a�o 2003 el ajuste de sus intervalos no se realiz� conforme al art�culo 868 del E.T. / AJUSTE DE VALORES TRIBUTARIOS - Debe corresponder al 100 por ciento del IPC para empleados entre Octubre del a�o anterior al gravable y la misma fecha del a�o inmediatamente anterior / SUSPENSION PROVISIONAL - Se confirma la relativa a la Tabla de Retenci�n para el a�o 2003 y sus efectos son hacia el futuro La Naci�n plante� en su recurso que el �ndice certificado por el DANE no es el que exige el art�culo 868 del Estatuto Tributario, asunto que ser� resuelto en la sentencia definitiva y que no logra desvirtuar la medida de suspensi�n provisional, toda vez que la recurrente indica expresamente que el porcentaje aplicado por el Gobierno Nacional fue del 6%, cifra de la que se deduce la realizaci�n de un ajuste que a simple vista no se efectu� en los intervalos suspendidos del Decreto acusado. De otro lado, seg�n la recurrente, para aplicar el art�culo 868 del Estatuto Tributario no debe partirse de la cifra ajustada y aproximada de conformidad con el art�culo 869 ib.($1.500.000), sino de la cifra ajustada sin aproximar ($1.461.104). Este argumento tampoco alcanza a desvirtuar la suspensi�n provisional, porque se basa en cifras que no figuran en los decretos comparados. En el caso sub-examine, del simple cotejo de los primeros 19 intervalos de la tabla de retenci�n en la fuente para asalariados contenidos en el art�culo 1� del Decreto 3256 de 2002 y en el Decreto 2793 de 2001, se verifica que las cifras son las mismas, por lo que resulta evidente el incumplimiento del art�culo 868 del Estatuto Tributario que obliga a reajustar en el 100% del IPC para empleados elaborado por el DANE en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del a�o anterior al gravable y la misma fecha del a�o inmediatamente anterior, los valores absolutos contenidos en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y sobre las ventas. Como se indic� en la providencia, se aport� la Certificaci�n sobre el IPC de los a�os 1992 a 2002 suministrada por el DANE, la cual se tuvo en cuenta por tratarse de un documento p�blico aducido con la solicitud, cuya cifra del 5.35% es adem�s inferior al 6% aplicado por el recurrente, lo cual hace m�s evidente la diferencia. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCI�N CUARTA Consejera ponente: LIGIA L�PEZ D�AZ Bogot�, D.C., seis (6) de noviembre de dos mil tres (2003)

Norma demandada: �Acci�n de nulidad contra el art�culo 1� del Decreto 3256 del 30 de diciembre de 2002

TABLA DE RETENCION PARA INGRESOS LABORALES - Para el a�o 2003 el ajuste de sus intervalos no se realiz� conforme al art�culo 868 del E.T. / AJUSTE DE VALORES TRIBUTARIOS - Debe corresponder al 100 por ciento del IPC para empleados entre Octubre del a�o anterior al gravable y la misma fecha del a�o inmediatamente anterior / SUSPENSION PROVISIONAL - Se confirma la relativa a la Tabla de Retenci�n para el a�o 2003 y sus efectos son hacia el futuro

La Naci�n plante� en su recurso que el �ndice certificado por el DANE no es el que exige el art�culo 868 del Estatuto Tributario, asunto que ser� resuelto en la sentencia definitiva y que no logra desvirtuar la medida de suspensi�n provisional, toda vez que la recurrente indica expresamente que el porcentaje aplicado por el Gobierno Nacional fue del 6%, cifra de la que se deduce la realizaci�n de un ajuste que a simple vista no se efectu� en los intervalos suspendidos del Decreto acusado. De otro lado, seg�n la recurrente, para aplicar el art�culo 868 del Estatuto Tributario no debe partirse de la cifra ajustada y aproximada de conformidad con el art�culo 869 ib.($1.500.000), sino de la cifra ajustada sin aproximar ($1.461.104). Este argumento tampoco alcanza a desvirtuar la suspensi�n provisional, porque se basa en cifras que no figuran en los decretos comparados. En el caso sub-examine, del simple cotejo de los primeros 19 intervalos de la tabla de retenci�n en la fuente para asalariados contenidos en el art�culo 1� del Decreto 3256 de 2002 y en el Decreto 2793 de 2001, se verifica que las cifras son las mismas, por lo que resulta evidente el incumplimiento del art�culo 868 del Estatuto Tributario que obliga a reajustar en el 100% del IPC para empleados elaborado por el DANE en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del a�o anterior al gravable y la misma fecha del a�o inmediatamente anterior, los valores absolutos contenidos en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y sobre las ventas. Como se indic� en la providencia, se aport� la Certificaci�n sobre el IPC de los a�os 1992 a 2002 suministrada por el DANE, la cual se tuvo en cuenta por tratarse de un documento p�blico aducido con la solicitud, cuya cifra del 5.35% es adem�s inferior al 6% aplicado por el recurrente, lo cual hace m�s evidente la diferencia.

Referencia: Acci�n de nulidad contra el art�culo 1� del Decreto 3256 del 30 de diciembre de 2002, expedido por el Presidente de la Rep�blica (primeros 19 intervalos de la tabla de retenci�n en la fuente)

Decide la Sala el recurso de reposici�n interpuesto por el apoderado de la Naci�n-Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, contra el Auto de 17 de septiembre de 2003, mediante el cual se decret� la suspensi�n provisional de los primeros 19 intervalos de la tabla de retenci�n en la fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relaci�n laboral o legal y reglamentaria, contenida en el art�culo 1� del Decreto 3256 del 30 de diciembre de 2002, expedido por el Presidente de la Rep�blica.

El ciudadano LUIS ALBERTO SANDOVAL NAVAS, demand� ante el Consejo de Estado a la Naci�n, para que se declare la nulidad del art�culo 1� del Decreto 3256 del 30 de diciembre de 2002, "Por el cual se ajusta la tabla de retenci�n en la fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relaci�n laboral y se dictan otras disposiciones", aplicable a partir del 1� de enero de 2003.

El demandante solicit� la suspensi�n provisional de la disposici�n acusada, porque considera que su ilegalidad es manifiesta, toda vez que no se realiz� el ajuste ordenado por el art�culo 868 del Estatuto Tributario respecto de los primeros intervalos y en los siguientes no se efectu� en el porcentaje ordenado por la Ley.

Mediante Auto del 17 de septiembre de 2003, la Secci�n Cuarta del Consejo de Estado admiti� la demanda contra el art�culo 1� del Decreto 3256 del 30 de diciembre de 2002 y decret� la suspensi�n provisional de los siguientes apartes contenidos en la disposici�n acusada:

La Sala observ� a simple vista, que en los anteriores intervalos de la norma no se realiz� el ajuste ordenado por el art�culo 868 del Estatuto Tributario, porque se repiten las mismas cifras del Decreto 2793 de 2001, vigente para el a�o 2002, a pesar del incremento del �ndice de Precios al Consumidor para Empleados - IPC, por lo que se vislumbra la vulneraci�n de normas superiores.

Frente a los dem�s intervalos de la tabla, la Sala neg� la suspensi�n provisional, se�alando que se requieren an�lisis matem�ticos y probatorios que no son propios de esta etapa procesal, pues no es posible determinar en este momento si el ajuste se realiz� en un porcentaje inferior al ordenado por la ley, como alega el actor.

La Naci�n-Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, obrando a trav�s de apoderado judicial, present� recurso de reposici�n contra la anterior providencia, en cuanto decret� la suspensi�n provisional de algunos de los rangos contenidos en el art�culo 1� del Decreto 3256 del 30 de diciembre de 2002.

Solicit� revocar la medida cautelar, porque en su criterio no se cumple el requisito legal de una oposici�n de bulto entre la norma acusada con el ordenamiento jur�dico y se exige un an�lisis de fondo para determinar su ilegalidad.

Argument� que las tablas de retenci�n se ajustaron, pero que debido a la aplicaci�n del art�culo 869 del Estatuto Tributario, que obliga a la aproximaci�n de las cifras, se tiene la apariencia del incumplimiento del ajuste.

Explic� que el art�culo 868 ib. ordena ajustar las tablas anual y acumulativamente con el IPC de empleados y el art�culo 869 exige aproximar los resultados al m�ltiplo de 100 mil pesos m�s cercano, toda vez que se trata de cifras superiores a un mill�n de pesos.

Se�al� que para el a�o gravable 2002 el primer intervalo presentado en la tabla era de 1'500.000, correspondiente al resultado de aplicar el art�culo 869 del Estatuto Tributario al valor acumulado ajustado de 1'461.104, aproxim�ndolo al m�ltiplo de 100.000 m�s cercano que es superior.

Indic� que el valor del cual se parte t�cnicamente para ajustar el a�o siguiente es $1'461.104 y no $1'500.000, ya que el �ndice del ajuste no s�lo es anual sino que es "acumulativo".

Realiz� el ejercicio ajustando la suma de $1'461.104 por el 6%, de acuerdo con la certificaci�n del DANE, lo que da un resultado de $1'548.770, que al aproximar al m�ltiplo de cien mil m�s cercano, tambi�n resulta la suma de $1'500.000, para el a�o gravable 2003, la misma operaci�n aritm�tica la realiz� para los dem�s rangos de la tabla de retenci�n, aclarando que las tarifas son progresivas y se construyen con la t�cnica de tarifas marginales del 20%, 29% y 35%.

Indic� no se ha establecido que la variaci�n del �ndice de precios para los empleados sea la misma de los ingresos medios aportada en la demanda. Se�al� que el DANE expide los �ndices de ingresos bajos, medios y altos, sin que estos puedan asimilarse al nivel de precios para obreros o empleados, por ello no puede plantearse que a simple vista se incumpli� con el IPC de empleados, porque el aportado no es el se�alado en la norma legal.

El ciudadano LUIS ALBERTO SANDOVAL NAVAS reconocido como parte demandante se opuso a la prosperidad del recurso interpuesto por la Naci�n.

Se�al� que para los asalariados, los valores absolutos fueron fijados en la Ley 223 de 1995, norma que estableci� cuatro rangos de tributaci�n gravados con tarifas diferentes y de conformidad con el art�culo 868 del Estatuto Tributario el Gobierno Nacional debe proceder a llevar a valor presente en pesos los valores absolutos, para lo cual debe sumar las variaciones del IPC desde el 1� de octubre de 1995, y hasta el 31 de septiembre del a�o en que efect�e el ajuste, y a multiplicar el factor porcentual resultante por estos valores.

El accionante manifest� que al tomar la variaci�n anual acumulada del IPC entre el mes de septiembre de 1995 y el mismo mes de 2002 resulta un valor superior al que figura en el Decreto, raz�n suficiente para la suspensi�n de la norma acusada, porque se incluyeron como contribuyentes, algunas personas que no ten�an esta condici�n.

Agreg� que la aproximaci�n debi� ser al m�ltiplo de diez mil m�s cercano y no de cincuenta mil, como ocurri� en algunos apartes del decreto demandado.

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de reposici�n interpuesto por la parte demandada contra el Auto del 17 de septiembre de 2003 que decret� la suspensi�n provisional de los primeros 19 intervalos de la tabla de retenci�n en la fuente aplicable a los pagos laborales para el a�o gravable 2003, contenida en el art�culo 1� del Decreto 3256 del 30 de diciembre de 2002.

La suspensi�n provisional de los actos administrativos es una medida cautelar de car�cter excepcional que busca la protecci�n del ordenamiento jur�dico en forma inmediata cuando se cumplen los requisitos previstos en el art�culo 152 del C�digo Contencioso Administrativo.

Trat�ndose de acciones de nulidad, la norma exige la manifiesta infracci�n de alguna de las normas superiores invocadas como vulneradas, la cual se comprueba por confrontaci�n directa o mediante documentos p�blicos aducidos con la solicitud.

La infracci�n es manifiesta cuando el acto acusado contrar�a de manera clara, ostensible o flagrante lo dispuesto en normas superiores, sin que se requieran ex�menes que vayan m�s all� de la comparaci�n directa de los textos normativos.

De otro lado, seg�n la recurrente, para aplicar el art�culo 868 del Estatuto Tributario no debe partirse de la cifra ajustada yaproximada de conformidad con el art�culo 869 ib.($1.500.000), sino de la cifra ajustada sin aproximar ($1.461.104. Este argumento tampoco alcanza a desvirtuar la suspensi�n provisional, porque se basa en cifras que no figuran en los decretos comparados.

En el caso sub-examine, del simple cotejo de los primeros 19 intervalos de la tabla de retenci�n en la fuente para asalariados contenidos en el art�culo 1� del Decreto 3256 de 2002 y en el Decreto 2793 de 2001, se verifica que las cifras son las mismas, por lo que resulta evidente el incumplimiento del art�culo 868 del Estatuto Tributario que obliga a reajustar en el 100% del IPC para empleados elaborado por el DANE en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del a�o anterior al gravable y la misma fecha del a�o inmediatamente anterior, los valores absolutos contenidos en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y sobre las ventas.

Como se indic� en la providencia, se aport� la Certificaci�n sobre el IPC de los a�os 1992 a 2002 suministrada por el DANE, la cual se tuvo en cuenta por tratarse de un documento p�blico aducido con la solicitud, cuya cifra del 5.35%[1] es adem�s inferior al 6% aplicado por el recurrente, lo cual hace m�s evidente la diferencia.

Los dem�s argumentos del recurrente constituyen una defensa de la legalidad del Decreto acusado, las cuales implican an�lisis profundos que no son propios de este momento procesal y no alcanzan a desvirtuar el sustento de la decisi�n de suspender la norma, porque es incontrovertible que las cifras contenidas en los primeros 19 intervalos de la tabla de retenci�n se mantienen en los mismos valores del a�o anterior, existiendo la obligaci�n legal de reajustarlos, conforme a los art�culos 868 y 869 del Estatuto Tributario.

Por lo anterior, la Sala confirmar� la providencia impugnada, advirtiendo que los efectos de la suspensi�n provisional no son equivalentes a los de la sentencia de nulidad, pues con la medida cautelar se pretende evitar, transitoriamente, la aplicaci�n del acto. Por tanto, hasta que no se defina en forma definitiva, con la Sentencia, sobre la legalidad o ilegalidad de la actuaci�n demandada, los efectos de la suspensi�n ser�n hacia el futuro.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta,

[1]Seg�n el certificado del DANE la variaci�n del IPC de enero a octubre de 2002 fue del 5.35%.