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100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010005537SENTENCIACUARTA11001032700020030004501(13903)200501/09/2005SENTENCIA__CUARTA__11001032700020030004501(13903)__2005_01/09/2005100055372005UVR - Mediante Sentencia C-955 de 2000, la Corte encontró ajustado a la Carta, que la UVR se fundamente en el I.P.C. / JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA - Conforme al artículo 372 de la Constitución, tiene la facultad para establecer la metodología del cálculo de la UVR / CONPES - No está facultado para establecer la metodología del cálculo de la UVR La Corte Constitucional en la sentencia C-955 de julio 26 de 2000, encontró ajustada a la Constitución la norma, en cuanto define el concepto de la UVR y establece una base primordial, el IPC, para la posterior regulación de la actividad financiera que se desarrolle dentro de ese sistema. Sin embargo advirtió al considerar el contenido mismo de la definición, que en virtud del mandato previsto en el artículo 372 de la Constitución, la facultad para establecer la metodología de cálculo de la UVR correspondía a la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad monetaria y crediticia, y no al CONPES, como organismo integrante de la Rama Ejecutiva. Con fundamento en lo anterior, la Corte declaró inexequibles las disposiciones que se subrayan de la norma, y exequible el precepto normativo en lo demás "...en el entendido de que la Junta Directiva del Banco de la República deberá proceder, una vez comunicada esta sentencia, a establecer el valor de la UVR, de tal manera que ella incluya exclusiva y verdaderamente la inflación, como tope máximo, sin elemento ni factor adicional alguno, correspondiente exactamente al IPC. Bajo cualquiera otra interpretación o aplicación, la norma se declara INEXEQUIBLE." CREDITOS PACTADOS EN UPAC - Los límites de sus intereses remunerativos y moratorios están previstos en el artículo 64 de la Ley 45 de 1990 / CORRECCION MONETARIA - En vigencia de la Ley 45 de 1990 constituía un factor de cálculo de la tasa de interés de los créditos para financiación de vivienda / DTF - Por estar incluido dentro del cálculo de la tasa de interés fue declarado contrario a la equidad y justicia / TASA REMUNERATORIA DE CREDITOS DE VIVIENDA - Debía ser adicionada con el promedio del IPC para efectos de los créditos de vivienda Como se observa, la norma que es objeto de reglamentación mediante la disposición acusada regula los aspectos que tienen relación con el límite de los intereses remuneratorios y moratorios que pueden cobrarse en los créditos pactados en UPAC, los que en vigencia de este sistema corresponden a los créditos destinados a la financiación de vivienda individual a largo plazo, y al efecto se indica, que tratándose de tales créditos, la corrección monetaria constituye un factor de cómputo de la tasa de interés, el cual, como se sabe, incluía a su vez un factor de actualización del valor de la deuda, basado en la variación de las tasas de interés en el mercado financiero (DTF), que fue precisamente la razón para considerar dicho sistema contrario a la equidad, la justicia y la vigencia de un orden justo que pregona el artículo 2 de la Constitución. La disposición prevista en el artículo 1 del Decreto impugnado se aplica a los créditos de vivienda a largo plazo denominados en UVR, y para el efecto deberá adicionarse a la tasa remuneratoria pactada, el promedio del índice de inflación informado por la Superintendencia Bancaria, con base en lo certificado por el DANE. TASA REMUNERATORIA DE CREDITOS DE VIVIENDA - Al incrementarse con el promedio del IPC vulnera la Ley 546 de 1999 / JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA - Es quien debe fijar los límites de las tasas máximas de interés que pueden cobrar las entidades financieras / INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE - Se produjo cuando la Sentencia C-955 de 2000 estableció que el Gobierno Nacional no tenía competencia para establecer los límites de las tasas de interés en los créditos de vivienda Según el reglamento, "la tasa remuneratoria pactada en cada operación de crédito", debe incrementarse en los puntos de interés que resulten del promedio de la inflación certificada por el DANE, con lo cual se estaría modificando la tasa interés remuneratoria, que según la Ley 546, "será fija durante la vigencia del crédito", de acuerdo con lo dispuesto por la Junta Directiva del Banco de la República, "mediante acto motivado en el que se justifique su decisión", y que en todo caso dicha tasa será inferior a "todas las tasas reales" que se estén cobrando en el sistema financiero según certificación de la Superintendencia Bancaria, como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000. Para la Sala el procedimiento reglamentario contradice abiertamente los criterios y parámetros que rigen el sistema especializado de financiación de vivienda previsto en la Ley 546 de 1999, puesto que tratándose de los préstamos de vivienda denominados en UVR, el saldo del capital prestado ya está actualizado al ritmo de la inflación. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que tratándose de regular el régimen de financiación de vivienda a largo plazo previsto en la Ley 546 de 1999, es competencia privativa de la Junta Directiva del Banco Emisor, fijar los límites de las tasas máximas de interés que pueden cobrar las entidades financieras para los créditos de vivienda denominados en UVR, por lo que en este aspecto no tiene el Gobierno Nacional facultad de regulación, tal como precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-955. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que el Decreto 234 de 15 de febrero de 2000, es expedido con anterioridad a la fecha en que se profirió la sentencia C-955 de 26 de julio de 2000, surge a partir del pronunciamiento hecho por la Corte Constitucional en la citada providencia, una inconstitucionalidad sobreviniente que desvirtúa la legalidad del decreto reglamentario acusado, motivada por la incompetencia del Gobierno Nacional para expedirlo, pues no cabe duda que la materia regulada por reglamento, está en la órbita de la competencia que corresponde a la Junta Directiva del Banco de la República, por cuanto se trata es de fijar la tasa máxima de interés remuneratoria y moratoria (art. 884 C.de Co.) que pueden cobrar las entidades financieras a los créditos a largo plazo denominados en UVR, que son los de vivienda, en los términos posteriormente precisados por la Corte. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejera ponente: MARIA INES ORTIZ BARBOSA Bogotá, D.C., septiembre primero (1°) de dos mil cinco (2005)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadMARIA INES ORTIZ BARBOSACLEMENCIA AFANADOR SOTO | HECTOR EDUARDO PABON TRIANAAcción pública de nulidad contra el Decreto 234 de 2000 expedido por el Gobierno NacionalIdentificadores10010005538true6494Versión original10005538Identificadores

Fecha Providencia

01/09/2005

Sección:  CUARTA

Consejero ponente:  MARIA INES ORTIZ BARBOSA

Norma demandada:  Acción pública de nulidad contra el Decreto 234 de 2000 expedido por el Gobierno Nacional

Demandante:  CLEMENCIA AFANADOR SOTO | HECTOR EDUARDO PABON TRIANA


UVR - Mediante Sentencia C-955 de 2000, la Corte encontró ajustado a la Carta, que la UVR se fundamente en el I.P.C. / JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA - Conforme al artículo 372 de la Constitución, tiene la facultad para establecer la metodología del cálculo de la UVR / CONPES - No está facultado para establecer la metodología del cálculo de la UVR

La Corte Constitucional en la sentencia C-955 de julio 26 de 2000, encontró ajustada a la Constitución la norma, en cuanto define el concepto de la UVR y establece una base primordial, el IPC, para la posterior regulación de la actividad financiera que se desarrolle dentro de ese sistema. Sin embargo advirtió al considerar el contenido mismo de la definición, que en virtud del mandato previsto en el artículo 372 de la Constitución, la facultad para establecer la metodología de cálculo de la UVR correspondía a la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad monetaria y crediticia, y no al CONPES, como organismo integrante de la Rama Ejecutiva. Con fundamento en lo anterior, la Corte declaró inexequibles las disposiciones que se subrayan de la norma, y exequible el precepto normativo en lo demás "...en el entendido de que la Junta Directiva del Banco de la República deberá proceder, una vez comunicada esta sentencia, a establecer el valor de la UVR, de tal manera que ella incluya exclusiva y verdaderamente la inflación, como tope máximo, sin elemento ni factor adicional alguno, correspondiente exactamente al IPC. Bajo cualquiera otra interpretación o aplicación, la norma se declara INEXEQUIBLE."

CREDITOS PACTADOS EN UPAC - Los límites de sus intereses remunerativos y moratorios están previstos en el artículo 64 de la Ley 45 de 1990 / CORRECCION MONETARIA - En vigencia de la Ley 45 de 1990 constituía un factor de cálculo de la tasa de interés de los créditos para financiación de vivienda / DTF - Por estar incluido dentro del cálculo de la tasa de interés fue declarado contrario a la equidad y justicia / TASA REMUNERATORIA DE CREDITOS DE VIVIENDA - Debía ser adicionada con el promedio del IPC para efectos de los créditos de vivienda

Como se observa, la norma que es objeto de reglamentación mediante la disposición acusada regula los aspectos que tienen relación con el límite de los intereses remuneratorios y moratorios que pueden cobrarse en los créditos pactados en UPAC, los que en vigencia de este sistema corresponden a los créditos destinados a la financiación de vivienda individual a largo plazo, y al efecto se indica, que tratándose de tales créditos, la corrección monetaria constituye un factor de cómputo de la tasa de interés, el cual, como se sabe, incluía a su vez un factor de actualización del valor de la deuda, basado en la variación de las tasas de interés en el mercado financiero (DTF), que fue precisamente la razón para considerar dicho sistema contrario a la equidad, la justicia y la vigencia de un orden justo que pregona el artículo 2 de la Constitución. La disposición prevista en el artículo 1 del Decreto impugnado se aplica a los créditos de vivienda a largo plazo denominados en UVR, y para el efecto deberá adicionarse a la tasa remuneratoria pactada, el promedio del índice de inflación informado por la Superintendencia Bancaria, con base en lo certificado por el DANE.

TASA REMUNERATORIA DE CREDITOS DE VIVIENDA - Al incrementarse con el promedio del IPC vulnera la Ley 546 de 1999 / JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA - Es quien debe fijar los límites de las tasas máximas de interés que pueden cobrar las entidades financieras / INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE - Se produjo cuando la Sentencia C-955 de 2000 estableció que el Gobierno Nacional no tenía competencia para establecer los límites de las tasas de interés en los créditos de vivienda

Según el reglamento, "la tasa remuneratoria pactada en cada operación de crédito", debe incrementarse en los puntos de interés que resulten del promedio de la inflación certificada por el DANE, con lo cual se estaría modificando la tasa interés remuneratoria, que según la Ley 546, "será fija durante la vigencia del crédito", de acuerdo con lo dispuesto por la Junta Directiva del Banco de la República, "mediante acto motivado en el que se justifique su decisión", y que en todo caso dicha tasa será inferior a "todas las tasas reales" que se estén cobrando en el sistema financiero según certificación de la Superintendencia Bancaria, como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000. Para la Sala el procedimiento reglamentario contradice abiertamente los criterios y parámetros que rigen el sistema especializado de financiación de vivienda previsto en la Ley 546 de 1999, puesto que tratándose de los préstamos de vivienda denominados en UVR, el saldo del capital prestado ya está actualizado al ritmo de la inflación. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que tratándose de regular el régimen de financiación de vivienda a largo plazo previsto en la Ley 546 de 1999, es competencia privativa de la Junta Directiva del Banco Emisor, fijar los límites de las tasas máximas de interés que pueden cobrar las entidades financieras para los créditos de vivienda denominados en UVR, por lo que en este aspecto no tiene el Gobierno Nacional facultad de regulación, tal como precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-955. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que el Decreto 234 de 15 de febrero de 2000, es expedido con anterioridad a la fecha en que se profirió la sentencia C-955 de 26 de julio de 2000, surge a partir del pronunciamiento hecho por la Corte Constitucional en la citada providencia, una inconstitucionalidad sobreviniente que desvirtúa la legalidad del decreto reglamentario acusado, motivada por la incompetencia del Gobierno Nacional para expedirlo, pues no cabe duda que la materia regulada por reglamento, está en la órbita de la competencia que corresponde a la Junta Directiva del Banco de la República, por cuanto se trata es de fijar la tasa máxima de interés remuneratoria y moratoria (art. 884 C.de Co.) que pueden cobrar las entidades financieras a los créditos a largo plazo denominados en UVR, que son los de vivienda, en los términos posteriormente precisados por la Corte.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: MARIA INES ORTIZ BARBOSA

Bogotá, D.C., septiembre primero (1°) de dos mil cinco (2005)

Radicación número: 11001-03-27-000-2003-00045-01(13903)

Actor: CLEMENCIA AFANADOR SOTO Y HECTOR EDUARDO PABON TRIANA

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: Acción pública de nulidad contra el Decreto 234 de 2000 expedido por el Gobierno Nacional

FALLO

Los ciudadanos CLEMENCIA AFANADOR SOTO y HÉCTOR EDUARDO PABÓN TRIANA, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicitan la nulidad y suspensión provisional del Decreto 234 de 2000 expedido por el Gobierno Nacional.

EL ACTO ACUSADO

La demanda recae sobre el Decreto 234 de 2000, cuyo texto es el siguiente:

"DECRETO 234 DE 2000

(febrero 15 )

por medio del cual se reglamenta el artículo 64 de la Ley 45 de 1990

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 546 de 1999 estableció normas generales para regular un sistema de financiación de vivienda a largo plazo ligado al índice de precios al consumidor;

Que el artículo 3 de la mencionada ley, creó la Unidad de Valor Real-UVR- como "una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE, cuyo valor se calculará de conformidad con la metodología que establezca el Consejo de Política Económica y Social, Conpes";

Que el Conpes, en su sesión del 23 de diciembre de 1999, recomendó la metodología para el cálculo de la UVR, la cual fue adoptada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 2703 de 30 de diciembre de1999;

Que para el cálculo de la UVR, se debe tener en cuenta la variación mensual del índice de precios al consumidor certificada por el DANE para el mes calendario inmediatamente anterior al mes del inicio del período de cálculo;

Que esta metodología significa que durante los meses en los cuales estacionalmente es alta la inflación, la UVR tendrá un reajuste mayor que el que se presenta en meses de baja inflación; por esta razón, anualizar la inflación de un mes determinado, presupone que esa va a ser la inflación total del año, con lo cual se distorsiona la inflación real que puede resultar en dicho período;

Que los créditos individuales para vivienda a que se refiere la Ley 546 de 1999, deben tener un plazo de cinco (5) años como mínimo y treinta (30) años como máximo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 17 de la mencionada ley;

Que en consecuencia, en los créditos de vivienda denominados en UVR, al cabo de cada período anual la UVR se habrá reajustado con la inflación real ocurrida durante el año;

Que por lo tanto, para establecer mensualmente la tasa de interés efectivamente cobrada durante el período, es preciso eliminar la distorsión generada por la estacionalidad de la inflación para los créditos a largo plazo denominados en UVR,

DECRETA:

Artículo 1. De conformidad con el artículo 64 de la Ley 45 de 1990, para efectos de establecer el valor del reajuste de la Unidad de Valor Real, UVR, se computará como interés en los créditos a largo plazo denominados en esta unidad, la Superintendencia Bancaria informará mensualmente la inflación registrada durante los doce meses inmediatamente anteriores, de acuerdo con las certificaciones publicadas por el Departamento Nacional de Estadística, DANE.

Dicha información, conjuntamente con la tasa remuneratoria pactada en cada operación de crédito, se utilizara para la determinación de la tasa de interés cobrada en el mes.

Artículo 2. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias."

LA DEMANDA

Se indican como violados los artículos 113, 150-1-2 y 154 de la Constitución Política; 64 de la Ley 45 de 1990; 3 y 17 de la Ley 546 de 1999.

El concepto de violación se explica en los siguientes términos:

La Superintendencia Bancaria en cumplimiento de lo previsto en el artículo 1 del Decreto 234 de 2000, informó que el valor del reajuste de la UVR que computará como interés para los créditos a largo plazo en los meses de enero a julio de 2000, es de 9.23%, 7.25%, 9.73% 9.96%, 10.10% y 9.68%, respectivamente, según Circulares 98, 496, 198, 240, 306 y 367 de 2000.

La Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000 declaró exequible el artículo 3 de la Ley 546 de 1999, salvo en las disposiciones que conferían al CONPES la facultad de establecer la metodología para el cálculo de la UVR, y al Gobierno Nacional la de determinar la equivalencia entre la UVR y la UPAC.

El Decreto 234 de 2000 crea un régimen jurídico al reajuste de la UVR, calculando como tasa de interés el promedio de las variaciones del IPC, circunstancia opuesta a la forma de cálculo decretada en la Ley 546. En consecuencia el Gobierno Nacional excedió el ejercicio de sus funciones, pues no es competente para convertir el IPC en una tasa de interés que refleja los movimientos monetarios de la economía a través de las captaciones y colocaciones de dinero, ni para ejercer la función legislativa que corresponde al Congreso.

Se desconoce la división tripartita del poder público y el mandato constitucional según el cual las Leyes que regulan la actividad financiera no pueden ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno.

La ley no estipuló que el IPC computara como interés en los créditos a largo plazo denominados en UVR. Además, la Superintendencia Bancaria toma como doctrina el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, 1276 de julio 5 de 2000, en el aparte que dice "Según el artículo 717 del Código Civil los intereses de capitales exigibles se llaman frutos civiles, al igual que los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o censo. Dichos frutos civiles, agrega la misma norma, se llaman pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran...". Esta definición confirma que los intereses pendientes de un capital hacen parte del derecho de usufructo y su tratamiento legal debe contener condiciones específicas tanto para el deudor como para el acreedor.

El Decreto 234 estableció que la UVR computa como intereses, haciendo concordancia con el artículo 64 de la Ley 45 de 1990. La Superintendencia Bancaria aplicó la norma para los meses de enero a julio de 2000, sin que la ley hubiera sido modificada en este aspecto, como lo confirma la sentencia C-955. Tampoco se podría pensar que el DANE tiene atribuciones de entidad que controla y determina el sector financiero.

La Superintendencia Bancaria a través de la Circular Externa 14 de 1997, define los tipos de intereses aceptables con su significado y ejemplos que explican cuál es el tipo efectivo de interés anual pagado por mes.

Desde el punto de vista teórico los tratadistas definen los intereses simples y compuestos, y los elementos de los mismos, esto es: capital, intereses y tiempo. Conforme a tales definiciones quiere decir que a la UVR se le está dando el mismo tratamiento de una tasa de interés, cuando simplemente es una medida que facilita una clasificación y que no tiene en sí misma relación con un valor en pesos. Para validar lo anterior se transcriben apartes de lo expresado por la accionante en su intervención contenida en la sentencia C-955, respecto a los conceptos de interés e inflación.

TRÁMITE PROCESAL

La demanda fue admitida mediante auto de julio 3 de 2003 y se negó la medida de suspensión provisional solicitada. Decisión confirmada con auto de agosto 28 de 2003.

Mediante oficio 038830 radicado el 15 de octubre de 2003 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que el decreto acusado carece de antecedentes administrativos.

OPOSICIÓN

El apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al contestar la demanda argumentó en defensa de la legalidad del acto acusado, en resumen, lo siguiente:

El accionante pretende mediante la acción de nulidad incoada, forzar un pronunciamiento contrario sobre aspectos en donde la Corte Constitucional ha sido clara al establecer la constitucionalidad del artículo 3 de la Ley 546 de 1999, en lo referente a las facultades del Gobierno Nacional en materia de regulación del sistema de la UVR.

El Decreto 234 de 2004 no establece función adicional a las previstas en la ley para la Superintendencia Bancaria y el DANE, dado que la primera cumple con una labor informativa que parte necesariamente de la certificación de la tasa de interés bancario corriente prevista en el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

La parte actora omite señalar una fundamentación razonada acerca de la violación a las normas constitucionales que cita, tal como está previsto en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, y lo ha precisado la jurisprudencia.

El actor confunde aspectos de orden económico, ya que el IPC mide el comportamiento de la inflación, esto es el aumento sostenido de los precios en la economía, labor que se cumple en forma mensual.

El aumento de los precios hace que el valor del capital de la obligación se vea desactualizado en la medida en que el tiempo transcurra y la inflación crezca, y además impide que la tasa remuneratoria de la obligación tenga como referente un capital que no corresponde a la realidad económica. Para que el sistema financiero funcione adecuadamente, en especial en las obligaciones a largo plazo, es necesario que se permita el reconocimiento de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda que genera la inflación, tal como lo entendió la Corte en su sentencia C-955 en relación con el artículo 3, donde se concluye que la definición de la UVR se ajusta a la Constitución, siempre y cuando dicha unidad al reflejar el poder adquisitivo de la moneda se base exclusivamente en el IPC.

El Decreto 234 de 2000 al reglamentar el artículo 64 de la Ley 45 de 1990, simplemente adecua, mediante una reglamentación apropiada, la norma legal al ajuste introducido por la Ley 546 de 1999.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte actora reitera en esta oportunidad los cargos de la demanda y adicionalmente observa que el artículo 64 de la Ley 45 de 1990 se refiere a los límites de los intereses en los que la corrección monetaria es un rendimiento, más no un interés, así se establezca con base en la inflación, dado que los rendimientos se asimilan a los intereses, pero sólo para efectos de establecer el límite de los mismos.

Agrega que la Constitución, la ley y la jurisprudencia de las Altas Cortes, proscriben cualquier elemento extraño que afecte la inflación certificada por el DANE a través del IPC, y que aumente el valor de la UVR en forma desproporcionada, generando un mayor cobro en la tasa de interés remuneratoria en los créditos de vivienda.

Presenta a título de ejemplo la liquidación de intereses de un crédito por $10.000.0000, denominado en UVR, con base en el cual concluye que el cobro en exceso de intereses asciende en este caso a la suma de $6.056.395, sin perjuicio de lo ordenado por el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999. Al efecto adjunta una gráfica que muestra el comportamiento de la UVR.

La parte opositora advierte que la Ley 45 de 1990 tuvo origen en la necesidad de actualizar la legislación nacional en materia cambiaria a los estándares internacionales, así como otras recomendaciones del Comité de Basilea para supervisión bancaria. Ley que fue expedida al amparo de la Constitución de 1886, en cuyo esquema se contemplaban las facultades del Gobierno Nacional para expedir "reglamentos autónomos constitucionales", con el objeto de regular lo relacionado con el manejo y aprovechamiento del ahorro privado. Y si bien en la actualidad el marco de intervención en el sector financiero está regulado por el Decreto Ley 663 de 1993 y las Leyes 510 de 1999 y 546 de 1999, el Ejecutivo conserva en la actualidad la facultad de expedir otro tipo de normas de orden reglamentario de forma complementaria a la función de intervención, facultades que responden a una labor administrativa.

Advierte que el decreto acusado no se expidió al amparo de facultades reglamentarias ni hace parte del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Sobre los cargos formulados reitera los fundamentos expuestos en la contestación a la demanda.

MINISTERIO PÚBLICO

Representado por la Procuradora Sexta Delegada ante la Corporación conceptúa en los siguientes términos:

El Presidente de la República al expedir el Decreto acusado no transgrede los artículos 113 y 150 numerales 1 y 2 de la Constitución, porque no ejerció facultades propias del legislador, simplemente ejerció la facultad de reglamentar que le atribuye el artículo 189 numeral 11 de la Carta, como lo expresa el mismo Decreto al decir "se reglamenta el artículo 64 de la Ley 45 de 1990".

Carece de sentido el cargo que afirma violación al artículo 154 de la Constitución porque esta norma se refiere a las leyes que expida el Congreso y no a los Decretos que profiera el Presidente de la República.

No se observa ninguna contradicción entre lo reglamentado en el artículo 1 del Decreto 234 de 2000 y lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 45 de 1990, sino más bien una correspondencia, puesto que ambos prevén que el valor del reajuste de la UVR "computará como interés".

La circunstancia de que el Decreto acusado, disponga que para determinar el valor del reajuste de la UVR, se debe tener en cuenta la inflación registrada durante los doce meses anteriores, no constituye desconocimiento del artículo 64 de la Ley 45, ya que esta última no previó cómo se establecería el reajuste, y al no considerar esa situación, el Presidente de la República, para evitar que la ley fuera inoperante, podía mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria, señalar reglas para la determinación de aquel valor.

Además debe tenerse en cuenta que el artículo 3 de la Ley 546 de 1999, expresa que la UVR refleja el poder adquisitivo, con base en la variación del IPC. No se debe declarar en consecuencia la nulidad del decreto acusado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Por haber sido negado el proyecto de fallo presentado por la Doctora Ligia López, corresponde a este Despacho presentar nuevo proyecto en el que se recoge la posición mayoritaria de la Sala.

De acuerdo con los términos de la demanda, el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 234 de 2000, convirtió el IPC en una tasa de interés, para ser aplicada a los créditos denominados en UVR, modificando en tal sentido los artículos 3 y 17 de la Ley 546 de 1999, y contrariando lo precisado por la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000, en cuanto a que se proscribe cualquier elemento extraño que afecte el valor de la UVR, con lo cual habría excedido el Ejecutivo sus facultades constitucionales en cuanto a su intervención en la actividad financiera.

Al respecto proceden las siguientes consideraciones:

Con la expedición de la Ley 546 de 1999 "por la cual se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para financiación de vivienda individual a largo plazo", se sustituyó el sistema UPAC por la Unidad de Valor Real UVR, que se define como una unidad de cuenta determinada con base exclusivamente en el índice de precios al consumidor -IPC así:

"Artículo 3.- Unidad de Valor Real (UVR). La Unidad de Valor Real (UVR) es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE, cuyo valor se calculará de conformidad con la metodología que establezca el Consejo de Política Económica y Social, Conpes. Si el Conpes llegara a modificar la metodología de cálculo de la UVR, esta modificación no afectará los contratos ya suscritos, ni los bonos hipotecarios o títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria de vivienda ya colocados en el mercado.

El Gobierno Nacional determinará la equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, así como el régimen de transición de la UPAC a la UVR."

La Corte Constitucional en la sentencia C-955 de julio 26 de 2000, encontró ajustada a la Constitución la norma, en cuanto define el concepto de la UVR y establece una base primordial, el IPC, para la posterior regulación de la actividad financiera que se desarrolle dentro de ese sistema. Sin embargo advirtió al considerar el contenido mismo de la definición, que en virtud del mandato previsto en el artículo 372 de la Constitución, la facultad para establecer la metodología de cálculo de la UVR correspondía a la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad monetaria y crediticia, y no al CONPES, como organismo integrante de la Rama Ejecutiva.

Con fundamento en lo anterior, la Corte declaró inexequibles las disposiciones que se subrayan de la norma, y exequible el precepto normativo en lo demás "...en el entendido de que la Junta Directiva del Banco de la República deberá proceder, una vez comunicada esta sentencia, a establecer el valor de la UVR, de tal manera que ella incluya exclusiva y verdaderamente la inflación, como tope máximo, sin elemento ni factor adicional alguno, correspondiente exactamente al IPC. Bajo cualquiera otra interpretación o aplicación, la norma se declara INEXEQUIBLE."

En el artículo 17 de la misma Ley 546, se consagraron los criterios a los cuales debía sujetarse el Gobierno Nacional para establecer en lo de su competencia, las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, denominados exclusivamente en UVR, entre ellos el siguiente:

"2. Tener una tasa de interés remuneratoria, calculada sobre la UVR, que se cobrará en forma vencida y no podrá capitalizarse. Dicha tasa de interés será fija durante toda la vigencia del crédito, a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y deberán expresarse única y exclusivamente en términos de tasa anual efectiva."

La Corte Constitucional al decidir en la sentencia C-955 sobre la exequibilidad de la anterior disposición hizo las siguientes precisiones:

"Que los créditos tengan una tasa de interés remuneratoria no contraviene la Constitución, pues es lícito que el prestamista obtenga un rendimiento. Pero esta Corte estima que sí resulta abiertamente opuesto a la Carta Política que esa tasa de interés no tenga límite alguno y que en ella se vuelvan a incluir los puntos del aumento de la inflación.

"En la tasa de interés nominal, esto es, la que se dice que se está cobrando, no está comprendido solamente el rendimiento que percibe el rentista por el servicio de prestar, sino que están incluidos los siguientes elementos:

-La indemnización del acreedor por la disminución del poder adquisitivo de la moneda como consecuencia de la inflación, de manera que en los puntos del interés nominal están incluidos los de la inflación.

-Los gastos administrativos y de operación efectivos en que incurra el ente financiero.

-La remuneración a que tiene derecho la entidad prestamista, en desarrollo de su negocio, es decir, lo que gana por el préstamo, que no puede ser sino proporcional y adecuado al servicio que presta, y que debe estar intervenida por el Estado en los préstamos de vivienda, como se ha dicho".

"Si de la tasa de interés nominal deducimos los puntos correspondientes a la inflación, queda un tasa real. Para la Corte, la tasa real debe incluir la rentabilidad más costos administrativos, los que obviamente deben ser probados y aparecer en los registros contables.

"Como en los préstamos de vivienda en UVR, en el sistema de la ley examinada, el saldo del capital prestado es actualizado al ritmo de la inflación, en dicha unidad de cuenta ya está comprendida la inflación. Incluirla de nuevo en los intereses es cobrarla doble, lo cual, de acuerdo con lo expuesto, es inconstitucional. Luego, para que la norma no sea declarada inexequible, debe entenderse que la tasa remuneratoria solo es la tasa real, esto es, la nominal menos la inflación.

"...Entonces, la Junta Directiva del Banco de la República, en su condición de autoridad monetaria y crediticia, mediante acto motivado en que se justifique su decisión, deberá fijar la tasa máxima de interés remuneratoria que se puede cobrar por las entidades financieras en este tipo de crédito.

"El numeral 2, objeto de consideración, manifiesta que la tasa de interés remuneratorio será "calculada sobre la UVR".

Esta parte de la disposición es exequible siempre y cuando se entienda que lo que debe ser objeto de actualización son los saldos insolutos, a medida que se paguen las cuotas por el deudor, amortizando en ellas desde el principio a capital, como en esta sentencia de prevé." (Resaltados fuera de texto)

"3. Declárase EXEQUIBLE, con las salvedades y condicionamientos aquí previstos, el artículo 17 de la Ley 546 de 1999. La exequibilidad de este precepto se declara únicamente si se lo entiende y aplica bajo las siguientes condiciones:

-El numeral 2 es exequible en el sentido de que la tasa de interés remuneratoria a que se refiere no incluirá el valor de la inflación, será siempre inferior a la menor tasa real que se esté cobrando en las demás operaciones crediticias en la actividad financiera, según certificación de la Superintendencia Bancaria y su máximo será determinado por la Junta Directiva del Banco de la República."

Bajo los parámetros expuestos y frente a los cargos formulados en la demanda, la Sala observa:

El Decreto acusado fue expedido por el Presidente de la República, invocando las facultades reglamentarias conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, con el fin de reglamentar el artículo 64 de la Ley 45 de 1990 "por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones," en cuanto dispone:

"Artículo 64. - Aplicación de las normas sobre límites a los intereses. Para efectos del artículo 884 del Código de Comercio, en las obligaciones pactadas en unidades de poder adquisitivo constante (UPAC) o respecto de las cuales se estipule cualquier otra cláusula de reajuste, la corrección monetaria o el correspondiente reajuste computará como interés."

Por su parte el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por la Ley 510 de 1999, artículo 111, al que remite la norma, expresa:

"ART.884.- Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y medio veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria".

Como se observa, la norma que es objeto de reglamentación mediante la disposición acusada regula los aspectos que tienen relación con el límite de los intereses remuneratorios y moratorios que pueden cobrarse en los créditos pactados en UPAC, los que en vigencia de este sistema corresponden a los créditos destinados a la financiación de vivienda individual a largo plazo, y al efecto se indica, que tratándose de tales créditos, la corrección monetaria constituye un factor de cómputo de la tasa de interés, el cual, como se sabe, incluía a su vez un factor de actualización del valor de la deuda, basado en la variación de las tasas de interés en el mercado financiero (DTF), que fue precisamente la razón para considerar dicho sistema contrario a la equidad, la justicia y la vigencia de un orden justo que pregona el artículo 2 de la Constitución[1].

La disposición prevista en el artículo 1 del Decreto impugnado se aplica a los créditos de vivienda a largo plazo denominados en UVR, y para el efecto deberá adicionarse a la tasa remuneratoria pactada, el promedio del índice de inflación informado por la Superintendencia Bancaria, con base en lo certificado por el DANE. Es así como se dispone que para efectos de establecer el valor del reajuste de la UVR, "se computará como interés en los créditos a largo plazo denominados en esta unidad ...la inflación registrada durante los doce meses inmediatamente anteriores...conjuntamente con la tasa remuneratoria pactada en cada operación de crédito...para la determinación de la tasa de interés cobrada en el mes".

Lo anterior significa que según el reglamento, "la tasa remuneratoria pactada en cada operación de crédito", debe incrementarse en los puntos de interés que resulten del promedio de la inflación certificada por el DANE, con lo cual se estaría modificando la tasa interés remuneratoria, que según la Ley 546, "será fija durante la vigencia del crédito", de acuerdo con lo dispuesto por la Junta Directiva del Banco de la República, "mediante acto motivado en el que se justifique su decisión", y que en todo caso dicha tasa será inferior a "todas las tasas reales" que se estén cobrando en el sistema financiero según certificación de la Superintendencia Bancaria, como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000.

Para la Sala el procedimiento reglamentario contradice abiertamente los criterios y parámetros que rigen el sistema especializado de financiación de vivienda previsto en la Ley 546 de 1999, puesto que tratándose de los préstamos de vivienda denominados en UVR, el saldo del capital prestado ya está actualizado al ritmo de la inflación.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que tratándose de regular el régimen de financiación de vivienda a largo plazo previsto en la Ley 546 de 1999, es competencia privativa de la Junta Directiva del Banco Emisor, fijar los límites de las tasas máximas de interés que pueden cobrar las entidades financieras para los créditos de vivienda denominados en UVR, por lo que en este aspecto no tiene el Gobierno Nacional facultad de regulación, tal como precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-955.

Siendo ello así, y teniendo en cuenta que el Decreto 234 de 15 de febrero de 2000, es expedido con anterioridad a la fecha en que se profirió la sentencia C-955 de 26 de julio de 2000, surge a partir del pronunciamiento hecho por la Corte Constitucional en la citada providencia, una inconstitucionalidad sobreviniente que desvirtúa la legalidad del decreto reglamentario acusado, motivada por la incompetencia del Gobierno Nacional para expedirlo, pues no cabe duda que la materia regulada por reglamento, está en la órbita de la competencia que corresponde a la Junta Directiva del Banco de la República, por cuanto se trata es de fijar la tasa máxima de interés remuneratoria y moratoria (art. 884 C.de Co.) que pueden cobrar las entidades financieras a los créditos a largo plazo denominados en UVR, que son los de vivienda, en los términos posteriormente precisados por la Corte.

Según el 5° considerando del Decreto acusado, la metodología analizada en las motivaciones que lo preceden, "(…) durante los meses en los cuales estacionalmente es alta la inflación, la UVR tendrá un reajuste mayor que el que se presenta en meses de baja inflación; por esta razón, anualizar la inflación de un mes determinado, presupone que esa va a ser la inflación total del año, con lo cual se distorsiona la inflación real que puede resultar en dicho período".

Para la Sala en caso de darse efectivamente las anotadas distorsiones, que podrían eventualmente afectar el valor de la UVR y por ende aumentar la carga crediticia para el usuario, la facultad de regular el valor de la unidad permanece en cabeza de la Junta Directiva del Banco de la República, en la cual recae el deber de adoptar las medidas que permitan eliminar o reducir los efectos de tales distorsiones, en beneficio de los usuarios de este sistema.

Es diferente la facultad que se reconoce a la Superintendencia Bancaria, para certificar sobre las tasas de interés nominal que se estén cobrando en el sistema financiero (num. 6 art. 326 E.O.S.F), con la finalidad específica de que con base en dicha certificación, la Junta Directiva del Banco de la República, como autoridad monetaria y crediticia, fije la tasa máxima de interés remuneratoria que se puede cobrar por las entidades financieras para los créditos de vivienda denominados en UVR.

Bajo las anteriores consideraciones procede la declaratoria de nulidad del Decreto acusado. Sin embargo se advierte que esta decisión no da lugar a reliquidaciones de créditos, por las siguientes razones:

El 11 de agosto de 2000, la Junta Directiva del Banco de la República expidió la Resolución Externa 13, con base en la cual se llevaron a cabo las reliquidaciones de los créditos de vivienda, antes pactados en UPAC, para ajustarlos a la nueva unidad UVR.

En la citada resolución se reitera la metodología para el cálculo de la UVR, de conformidad con el artículo 3° de la Ley 546 de 1999, metodología que ya había sido prevista en el Decreto 856 de 1999 y que fue ratificada mediante el Decreto 2703 de diciembre 30 de 1999, cuya nulidad fue denegada por esta Corporación en las sentencias de marzo 20 del 2003, Expediente No. 13087, Actor: Daniel Jácome Lleras, C. P. Dra. Ligia López Díaz y de julio 15 del 2004, Expediente No. 13088, Actor: Julio Enrique Jácome Casis, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.

De otro lado, para el período comprendido entre el 1° de enero y el 10 de agosto del año 2000 (fecha de expedición de la Resolución 13), la forma de calcular la UVR para efectos de los créditos de vivienda, fue regulada por el Decreto 2703 de 1999, que como se puede apreciar en la sentencia que decidió sobre su legalidad[2], uno de los factores de la fórmula ya contemplaba la variación mensual del índice de precios al consumidor durante el mes anterior.

Lo anterior significa que desde el 1° de enero del año 2000 hasta el 10 de agosto del mismo año, la metodología para el cálculo de la UVR estuvo regulada por el Decreto 2703 de 1999 y a partir de esa fecha y hasta hoy, está regulada por la Resolución 13 del 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República.

Además, la tasa de interés remuneratoria, fue fijada mediante la Resolución Externa 14 del 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, la cual fue demandada y esta Sección al decidir sobre su legalidad en las sentencias de 12 de octubre del 2001, Expediente No. 11151, Actor: Sixto Acuña Acevedo y otros, C.P. Dr. Germán Ayala Mantilla y de marzo 1° del 2002, Expediente No. 11404, Actor: Olga Lucía Arias Susa, C.P. Dra. Ligia López Díaz, negó la nulidad pretendida.

Por las anotadas razones anotadas se reitera que no procede reliquidación de créditos de vivienda denominados en UVR, por causa de la nulidad que habrá de decretarse en este proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

F A L L A:

DECLÁRASE la nulidad del Decreto 234 de febrero 15 de 2000, expedido por el Gobierno Nacional.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese, comuníquese.

La anterior providencia se estudio y aprobó en la sesión de la fecha.

Juan Ángel Palacio Hincapié Ligia López Díaz

Presidente de la Sección

María Inés Ortiz Barbosa Héctor J. Romero Díaz

Raúl Giraldo Londoño

Secretario

S A L V A M E N T OD E V O T O

DEUDOR DE OBLIGACIONES EN UVR - El Decreto 234 de 2000 no le aumenta la carga crediticia / TASA DE INTERES MENSUAL EN CREDITOS UVR - El Decreto 234 de 2000 establece un límite máximo tomando el reajuste de la UVR / CREDITOS DE VIVIENDA - El Decreto 234 de 2000 no estableció la forma de determinar su interés remuneratorio / INTERES BANCARIO CORRIENTE - Los intereses en créditos de vivienda no deben superarlo / I.P.C. - El Decreto 234 de 2000 no lo incluye en la determinación del interés remuneratorio en créditos de vivienda

Me separo de la decisión mayoritaria que declaró la nulidad del Decreto 234 del 15 de febrero de 2000 expedido por el Gobierno Nacional, toda vez que contrario a lo señalado en la sentencia esta norma no modifica la tasa de interés remuneratoria para créditos de vivienda, ni puede señalarse como causal de nulidad la supuesta incompetencia del Presidente de la República para expedirlo. La norma anulada no aumenta la carga crediticia para el usuario, sino que al contrario establece la metodología para que las obligaciones pactadas en UVR se adecuen a las previsiones del artículo 884 del Código de Comercio, norma que determina la tasa de los intereses comerciales para cuando éstos no son convenidos por las partes, así como la tasa o el monto de los intereses en caso de mora, estableciendo como referente el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria. En conclusión, el Decreto 234 de 2000 que se demanda, no está estableciendo la forma de determinar el interés remuneratorio que se aplica a los créditos de vivienda, como lo entienden los accionantes. En este caso la UVR se tiene en cuenta, únicamente para controlar que, en las obligaciones pactadas en dicha unidad, los intereses no superen el interés bancario corriente fijado para los negocios mercantiles por el artículo 884 del Código de Comercio. No es correcto afirmar que el Decreto acusado incluye el índice de precios al consumidor en la determinación del interés remuneratorio para créditos de vivienda, pues su contenido no tiene nada que ver con esta función de la Junta Directiva del Banco de la República. Por lo mismo, tampoco la UVR está incluyendo algún factor distinto al IPC, derivado de la norma demandada. El Decreto 234 de 2000 no se opone a la determinación de la tasa de interés para financiación de vivienda contemplada en la Ley 546 de 1999 ni a los fallos de constitucionalidad correspondientes.

SALVAMENTO DE VOTO DE LIGIA LOPEZ DIAZ

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil cinco (2005)

Referencia 11001-03-27-000-2003-000345-01 (13903)

Actorclemencia afanador soto y hector eduardo pabón t.

Consejera ponente: MARIA INES ORTIZ BARBOSA

Me separo de la decisión mayoritaria que declaró la nulidad del Decreto 234 del 15 de febrero de 2000 expedido por el Gobierno Nacional, toda vez que contrario a lo señalado en la sentencia esta norma no modifica la tasa de interés remuneratoria para créditos de vivienda, ni puede señalarse como causal de nulidad la supuesta incompetencia del Presidente de la República para expedirlo.

La norma anulada no aumenta la carga crediticia para el usuario, sino que al contrario establece la metodología para que las obligaciones pactadas en UVR se adecuen a las previsiones del artículo 884 del Código de Comercio, norma que determina la tasa de los intereses comerciales para cuando éstos no son convenidos por las partes, así como la tasa o el monto de los intereses en caso de mora, estableciendo como referente el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria.

Este interés legal comercial incluye la corrección monetaria, esto es, el reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, adicionada con la remuneración propiamente dicha del prestamista. Dado que el interés bancario corriente integra el componente inflacionario, resulta impropio que se adicione alguna otra forma de indexación del dinero. No es procedente entonces que se pacte una obligación estipulando la tasa de interés bancario corriente más alguna cláusula de reajuste del valor de la moneda.

En los casos en los que los créditos se pacten incluyendo cláusulas especiales de ajuste que compensen la pérdida de poder adquisitivo del dinero, como el UVR o anteriormente el UPAC, la unidad de valor constante que reconoce los efectos de la inflación se adicionará exclusivamente con la tasa remuneratoria propiamente dicha, para que no se excedan los límites del artículo 884 del Código de Comercio, así como los establecidos para que las tasas no configuren el delito de usura.

El Artículo 64 de la Ley 45 de 1990, que fue reglamentado por la norma acusada, es aplicable únicamente para efectos del artículo 884 del Código de Comercio en relación con los créditos pactados en UPAC o cualquier otra cláusula de reajuste, como ocurre con las obligaciones convenidas en UVR -así lo señala expresamente la disposición-, y plantea que, el factor de reajuste pactado se compute en las misma forma que aquella parte del interés bancario corriente certificado que compensa la perdida de poder adquisitivo.

Es decir el artículo 64 de la Ley 45 de 1990 no está adicionando a la tasa de interés bancario corriente la unidad de valor constante, como parece entender la sentencia aprobada por la mayoría, todo lo contrario, en lugar de contabilizar la porción del interés legal que contiene un componente inflacionario, ésta se reemplaza por la cláusula de reajuste pactado, pues de lo contrario se estaría indexando dos veces la obligación y es precisamente a ello a lo que se opone la norma.

La UVR es una unidad de cuenta que ajusta el poder adquisitivo de la moneda con base únicamente en la inflación, la suma que se devenga por este concepto no representa una ganancia sobre el capital y por tanto no corresponde al concepto de interés. A pesar de que no es interés se toma como tal, por aplicación del artículo 64 de la Ley 45 de 1990, para efectos de controlar que los créditos pactados en UVR no excedan los límites máximos establecidos en el artículo 884 del Código de Comercio, para que sumadas la tasa de interés pactada y el reajuste de la Unidad de Valor Real UVR, el resultado no supere el interés bancario corriente.

Tratándose de créditos para financiación de vivienda denominadas exclusivamente en UVR la Corte Constitucional fijó las pautas para la determinación de la tasa de interés remuneratoria en la sentencia C-955 de 2000, de donde se desprende que debe tener las siguientes características:

§ Se calcula sobre el saldo en UVR

§ Se debe cobrar en forma vencida y no puede capitalizarse

§ Debe ser fija durante toda la vigencia del crédito, salvo que las partes acuerden una reducción,

§ Debe expresarse en términos efectivos anuales

§ No pueda incluir el valor de la inflación

§ Debe ser siempre inferior a la menor tasa real que se esté cobrando en las demás operaciones crediticias en la actividad financiera, según certificación de la Superintendencia Bancaria, y

§ La tasa máxima la determina la Junta Directiva del Banco de la República.

La Junta Directiva del Banco de la República mediante la Resolución -Externa N° 3 de 2005 mantuvo los límites máximos a las tasas de interés remuneratorio en créditos en UVR[3], dejándola en 11 puntos porcentuales cuando se trata de financiación de vivienda de interés social, y en 13.1 puntos porcentuales nominales anuales (equivalente al 13.92% efectivo anual) en los demás créditos para vivienda.

La tasa de interés remuneratoria que se pacte para créditos de vivienda en UVR no puede superar el anterior tope fijado por el Banco de la República, y toda vez que debe ser inferior a la menor tasa real que se esté cobrando en las demás operaciones crediticias en la actividad financiera, siempre será menor a la tasa de interés bancario corriente certificada por la Superintendencia Bancaria. Los deudores de créditos de vivienda fijados en UVR se protegen en la medida que cancelaran una tasa efectiva equivalente a la variación de la UVR, que tiene en cuenta exclusivamente la inflación, adicionada con los intereses remuneratorios, los cuales siempre equivalen a la tasa menor del sistema financiero.

Adicionalmente existe el límite establecido en el artículo 884 del Código de Comercio para el interés bancario corriente y el interés moratorio, que coincide con los límites de usura, topes que también aplican para créditos en UVR. Antes del pronunciamiento de la Corte Constitucional a que se hizo referencia, era esta norma, en concordancia con el artículo 64 de la Ley 45 de 1990, la que establecía los topes máximos permitidos en este tipo de obligaciones .

Si bien los límites de las tasas de interés para créditos de vivienda resultarán inferiores al máxima tasa de interés comercial corriente, la metodología establecida en el Decreto 234 de 2000 que se demanda permite que en circunstancias excepcionales las obligaciones en UVR no superen el tope de interés comercial como se demuestra en la siguiente situación hipotética.

Si por ejemplo se pacta un crédito así:

UVR + 13 % Efectivo anual

En febrero de 2005 la Tasa de interés bancario corriente certificada por la Superintendencia Bancaria era de 19.40% efectivo anual.

Si para ese mes el reajuste de la UVR resulta ser del 10 %, en un escenario hipotético de una inflación equivalente a dicho monto, el deudor cancelaría lo siguiente:

Tasa remuneratoria + Reajuste UVR = 13% + 10% =23%

El reajuste de la UVR no corresponde al concepto de interés, pero el deudor está pagando el equivalente al 23% efectivo anual, superior al 19.40% certificado como interés bancario corriente por la Superbancaria.

Para efectos de control, se incluye la UVR, de suerte que se pueda hacer una comparación del verdadero rédito frente a la tasa de interés corriente certificada por la Superintendencia Bancaria cada mes, toda vez que los créditos en UVR también deben ajustarse a las previsiones del artículo 884 del Código de Comercio.

En conclusión, el Decreto 234 de 2000 que se demanda, no está estableciendo la forma de determinar el interés remuneratorio que se aplica a los créditos de vivienda, como lo entienden los accionantes. En este caso la UVR se tiene en cuenta, únicamente para controlar que, en las obligaciones pactadas en dicha unidad, los intereses no superen el interés bancario corriente fijado para los negocios mercantiles por el artículo 884 del Código de Comercio.

No es correcto afirmar que el Decreto acusado incluye el índice de precios al consumidor en la determinación del interés remuneratorio para créditos de vivienda, pues su contenido no tiene nada que ver con esta función de la Junta Directiva del Banco de la República. Por lo mismo, tampoco la UVR está incluyendo algún factor distinto al IPC, derivado de la norma demandada.

El Decreto 234 de 2000 no se opone a la determinación de la tasa de interés para financiación de vivienda contemplada en la Ley 546 de 1999 ni a los fallos de constitucionalidad correspondientes. Al contrario, se ajusta a ellos, porque se ocupa de precisar el cálculo de la variación de la UVR pero sólo para efectos de que no se superen los topes máximos de interés establecidos en el artículo 884 del Código de Comercio, y sin perjuicio de los límites a la tasa de interés propiamente dicha de los créditos denominados en Unidades de Valor Real, UVR. Es una medida de control.

Por todo lo expuesto, el Decreto 234 de 2000 no vulnera las normas superiores invocadas, ni se observa que el Gobierno Nacional haya excedido sus potestades, porque la norma acusada no establece la metodología para el cálculo de la UVR aplicable a los créditos de vivienda.

LIGIA LÓPEZ DÍAZ


[1]Corte Constitucional, sentencia C-383 de mayo 27 de 1999

[2]Sentencia de 10 de junio del 2004, Expediente No. 12631, Actor: Rodrigo Ocampo Ossa, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.

[3]Establecidos inicialmente en las Resoluciones Externas 14 y 20 de 2000 de la Junta directiva del banco de la República.