SENTENCIA 1100103270002002001601(13087) de 2003

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010005343SENTENCIACUARTA1100103270002002001601(13087)200320/03/2003SENTENCIA__CUARTA__1100103270002002001601(13087)__2003_20/03/2003100053432003UPAC Y UVR - La inexequibilidad sobre la facultad del Gobierno para decretar su equivalencia no afecta las equivalencias dictadas en vigencia de las normas inexequibles / RELIQUIDACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS PACTADOS EN UPAC - Para su equivalencia a UVR debe seguirse lo precisado por la Corte Constitucional en las sentencias C-383, C-700 y C-955 / FACULTAD DEL GOBIERNO PARA DETERMINAR EQUIVALENCIA ENTRE UPAC Y UVR - Era procedente en vigencia de los art�culos 3� y 38 de la Ley 546 de 1999 No encuentra la Sala configurado el cargo en que se sustenta la pretensi�n de nulidad del Decreto acusado, pues est� claro que por disponerlo as� la Corte Constitucional, la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones legales que confer�an al Gobierno Nacional la facultad de determinar la equivalencia de la UPAC a la UVR acogiendo la metodolog�a establecida por el CONPES, solo surti� efectos a partir de la fecha en que se profiri� la sentencia aludida, sin afectar la validez de las equivalencias fijadas por el Gobierno Nacional en vigencia de las normas declaradas inexequibles, decisi�n que hace tr�nsito a cosa juzgada constitucional y deja sin fundamento el cargo. Ahora bien cosa distinta es que las entidades financieras hubiesen reliquidado los cr�ditos hipotecarios pactados en UPAC y convertidos a UVR, dando aplicaci�n al factor de equivalencia determinado en el art�culo 1� del Decreto 2703 de 1999, sin ajustarse a lo precisado y resuelto por la Corte constitucional en las sentencias C-383, C-700, C-747 y C-955, en cuyo caso, procede la reclamaci�n respectiva ante las autoridades judiciales, por parte de los afectados por las reliquidaciones as� efectuadas tal como lo advirti� la misma Corte en la sentencia C-955. En conclusi�n, en vigencia de las disposiciones contenidas en los art�culos 3� y 38 de la Ley 546 de 1999, el Gobierno Nacional estaba facultado para determinar v�lidamente la equivalencia entre la UPAC y la UVR en el r�gimen de transici�n acogiendo la metodolog�a establecida por el CONPES, y en virtud de la decisi�n de la Corte Constitucional contenida en la sentencia C-955/99 se desvirt�a la nulidad del decreto acusado, motivada por la incompetencia del Gobierno Nacional para expedirlo. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCI�N CUARTA Consejera ponente: LIGIA L�PEZ D�AZ Bogot� D.C., Veinte (20) de marzo de dos mil tres (2003)

Norma demandada: �Acci�n p�blica de nulidad contra el Decreto No.2703 de 1999 expedido por el Gobierno Nacional

UPAC Y UVR - La inexequibilidad sobre la facultad del Gobierno para decretar su equivalencia no afecta las equivalencias dictadas en vigencia de las normas inexequibles / RELIQUIDACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS PACTADOS EN UPAC - Para su equivalencia a UVR debe seguirse lo precisado por la Corte Constitucional en las sentencias C-383, C-700 y C-955 / FACULTAD DEL GOBIERNO PARA DETERMINAR EQUIVALENCIA ENTRE UPAC Y UVR - Era procedente en vigencia de los art�culos 3� y 38 de la Ley 546 de 1999

No encuentra la Sala configurado el cargo en que se sustenta la pretensi�n de nulidad del Decreto acusado, pues est� claro que por disponerlo as� la Corte Constitucional, la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones legales que confer�an al Gobierno Nacional la facultad de determinar la equivalencia de la UPAC a la UVR acogiendo la metodolog�a establecida por el CONPES, solo surti� efectos a partir de la fecha en que se profiri� la sentencia aludida, sin afectar la validez de las equivalencias fijadas por el Gobierno Nacional en vigencia de las normas declaradas inexequibles, decisi�n que hace tr�nsito a cosa juzgada constitucional y deja sin fundamento el cargo. Ahora bien cosa distinta es que las entidades financieras hubiesen reliquidado los cr�ditos hipotecarios pactados en UPAC y convertidos a UVR, dando aplicaci�n al factor de equivalencia determinado en el art�culo 1� del Decreto 2703 de 1999, sin ajustarse a lo precisado y resuelto por la Corte constitucional en las sentencias C-383, C-700, C-747 y C-955, en cuyo caso, procede la reclamaci�n respectiva ante las autoridades judiciales, por parte de los afectados por las reliquidaciones as� efectuadas tal como lo advirti� la misma Corte en la sentencia C-955. En conclusi�n, en vigencia de las disposiciones contenidas en los art�culos 3� y 38 de la Ley 546 de 1999, el Gobierno Nacional estaba facultado para determinar v�lidamente la equivalencia entre la UPAC y la UVR en el r�gimen de transici�n acogiendo la metodolog�a establecida por el CONPES, y en virtud de la decisi�n de la Corte Constitucional contenida en la sentencia C-955/99 se desvirt�a la nulidad del decreto acusado, motivada por la incompetencia del Gobierno Nacional para expedirlo.

Referencia: Acci�n p�blica de nulidad contra el Decreto No.2703 de 1999 expedido por el Gobierno Nacional

El ciudadano DANIEL J�COME LLERAS en ejercicio de la acci�n prevista en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo, solicita la nulidad y suspensi�n provisional del Decreto 2703 de 1999 expedido por el Gobierno Nacional.

por el cual se determina la equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC- y se adopta la metodolog�a para calcular el valor en pesos de la UVR.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las previstas en el art�culo 3� de la Ley 546 de 1999,

Que el art�culo 3� de la Ley 546 de 1999 dispone que la Unidad de Valor Real es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variaci�n del �ndice de precios al consumidor certificada por el DANE, cuyo valor se calcular� de conformidad con la metodolog�a que establezca el Consejo de Pol�tica Econ�mica y Social, Conpes;

Que en sesi�n del 23 de diciembre de 1999, el Consejo de Pol�tica Econ�mica y Social, Conpes, recomend� que el valor en moneda legal colombiana de la UVR cambie diariamente durante el per�odo de c�lculo, de acuerdo con la siguiente f�rmula:

Per�odo de c�lculo: Per�odo comprendido entre el d�a 16 inclusive, de un mes hasta el d�a 15, inclusive, del mes siguiente.

UVRt: Valor en moneda legal colombiana de la UVR del d�a t del per�odo de c�lculo.

t: n�mero de d�as calendario transcurridos desde el inicio de un per�odo de c�lculo hasta el d�a de c�lculo de la UVR. Por lo tanto t tendr� valores entre 1 y 31, de acuerdo con el n�mero de d�as calendario del respectivo per�odo de c�lculo.

i: Variaci�n mensual del �ndice de precios al consumidor durante el mes calendario inmediatamente anterior al mes del inicio del per�odo de c�lculo.

Que corresponde al Gobierno Nacional determinar la equivalencia entre UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, as� como el r�gimen de transici�n de la UPAC a la UVR,

Art�culo 1�. Para efectos de la transici�n de la UPAC a la UVR, una UPAC ser� equivalente a 160.7750 UVR el 31 de diciembre de 1999.

Art�culo 2�. Adoptase como metodolog�a para calcular el valor de la UVR la recomendada por el Consejo de Pol�tica Econ�mica y Social, Conpes, en sesi�n del 23 de diciembre de 1999.

Dicha metodolog�a deber� utilizarse para calcular el valor diario en pesos de la UVR por parte de la Secretar�a T�cnica del Consejo Superior de Vivienda a partir del 1� de enero del 2000.

Art�culo 3�. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedici�n.

Considera el accionante que el decreto acusado incurre en infracci�n manifiesta del ordinal d) numeral 19 del art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica ante la imposibilidad en que se encuentra el Presidente de la Rep�blica para expedir esta clase de reglamentaci�n, y en atenci�n a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de julio 26 de 2000, la cual declar� parcialmente inexequibles los art�culos 3� y 38 de la Ley 546 de 1999 que confer�an facultades al Presidente de la Rep�blica para fijar o determinar la equivalencia aplicable al efectuar la transici�n de la UPAC a la UVR, donde igualmente se ratific� que dicha facultad es privativa y excluyente del Congreso de la Rep�blica.

Se�ala en 'hechos', que como consecuencia del derrumbamiento del sistema UPAC la Corte Constitucional en la sentencia C-700/99, concedi� al Ejecutivo un t�rmino prudencial para presentar al Congreso el proyecto de ley que habr�a de regular lo concerniente al r�gimen de vivienda y prestamos en valor constante, y que sin embargo se continu� desacatando lo ordenado, situaci�n reflejada en el art�culo 3 de la Ley 546 de 1999 y d�as m�s tarde en el Decreto 2703 de 1999.

Advierte que es necesario un pronunciamiento respecto al decreto demandado, en consideraci�n a que las entidades financieras han obtenido de los jueces la aprobaci�n de reliquidaciones efectuadas utilizando como factor de equivalencia el contenido en tal decreto, no obstante la imposibilidad de darle aplicaci�n en atenci�n a lo dispuesto en la sentencia C-955/99, y se niegan a aceptar que en la Ley 546 no se encuentran las directrices concretas para la fijaci�n de ese factor de equivalencia y metodolog�a necesarios para la transici�n de la UPAC a la UVR.

Agrega que por la utilizaci�n indebida que se le esta dando al Decreto 2703, que se�ala como factor de equivalencia a la UVR la cifra de 160.7750, esto es que una UPAC equivaldr�a a ciento sesenta punto siete mil setecientas cincuenta diezmil�simas de UVR, los usuarios del sistema UPAC han pagado a las entidades financieras cuantiosas sumas de dinero.

Afirma que el factor o equivalencia se�alado en el Decreto 2703 fue calculado por analistas econ�micos del Presidente de la Rep�blica de manera enga�osa, pues al efectuar la operaci�n matem�tica correspondiente hac�an que el valor de la deuda en moneda legal fuera realmente igual al que resultar�a de multiplicar las UPAC adeudadas por el valor all� asignado. Con lo cual, los verdaderos alivios resultantes de los pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional y de la Ley 546, se convirtieron en maquinaciones y tramas efectuadas por las Corporaciones, que se limitaron a notificarle a los deudores un peque�o alivio que no pod�an justificar ni matem�tica ni jur�dicamente, a fin de cumplir aparentemente con la reliquidaci�n de los cr�ditos.

Allega una reliquidaci�n efectuada por AV VILLAS, que considera servir� para verificar que a la UPAC tan solo se le cambio el nombre por UVR someti�ndola a la correcci�n monetaria no retroactiva, igual a la inflaci�n, pero dejando de lado otras circunstancias que forzosamente habr�an de reducir el valor de las deudas en una cantidad bastante superior a la que resulta de la utilizaci�n de la equivalencia consignada en el Decreto 2703.

Advierte que al no haberse expedido hasta el momento la verdadera ley marco con las directrices que permitan se�alar el factor de equivalencia que deb�a tenerse en cuenta para la transici�n de la UPAC a UVR, puede asegurarse que la UVR no tiene ninguna forma de conversi�n a pesos colombianos, por lo que los deudores del sistema UPAC que tienen procesos pendientes con las entidades financieras, tan solo pueden ser requeridos por ellas y la justicia ordinaria, para la cancelaci�n de su deuda en pesos colombianos y de intereses al 13.1% anual, se�alado por el Banco de la Rep�blica. Lo anterior a partir de los cr�ditos conferidos despu�s del 4 de junio de 1991, atendiendo la inconsecuente normatividad que se ha tenido para la regulaci�n de los pr�stamos de vivienda desde la expedici�n de la Constituci�n Pol�tica de 1991 y el Decreto 1730 de 1991.

Manifiesta que en uso del derecho de petici�n solicit� a la Superintendente Bancaria informar si la aprobaci�n de las reliquidaciones se hac�an con base en el Decreto 2703 o en su defecto se diera a conocer la metodolog�a empleada, y que en respuesta se ratific� por parte de dicha entidad que el factor de equivalencia aplicado para la transici�n de la UPAC a la UVR fue el se�alado en citado decreto.

Finalmente invoca como fundamento de sus pretensiones la sentencia mayo 21 de 1999, Exp.2280 por la cual se declar� la nulidad del art�culo 1� de la Resoluci�n 18 de 1995 de la junta Directiva del Banco de la Rep�blica; y las sentencia C-700, C-747 y C-955 proferidas por la Corte Constitucional.

La demanda fue admitida mediante auto de abril 5 de 2002, donde se orden� solicitar al Ministerio de Hacienda y Cr�dito Publico los antecedentes del acto acusado y se neg� la solicitud de suspensi�n provisional.

Con oficio 40885 de mayo 17 de 2002 el citado Ministerio remiti� el documento CONPES correspondiente su sesi�n del 23 de diciembre de 1999 (fl. 35).

El apoderado del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, previa referencia a los art�culos 241 de la Constituci�n Pol�tica y 45 de la Ley 270 de 1996, concluye que no se configura la infracci�n que se atribuye al decreto demandado, puesto que la inexequibilidad parcial del art�culo 3� de la Ley 546 de 1999, surge y tiene efectos casi siete meses despu�s de su expedici�n, es decir el 26 de julio de 2000, fecha en que se profiri� la sentencia C-955 de 2000; y que al no haberse dispuesto nada por la Corte, en relaci�n con sus efectos, �stos se producen a partir de su expedici�n, as� que el art�culo 3� de la citada ley se encontraba vigente el 30 de diciembre de 1999 fecha de expedici�n del Decreto 2703.

Advierte que a la luz de los pronunciamientos de la jurisdicci�n contencioso administrativa, las situaciones jur�dicas que se hubieren consolidado al amparo de una norma que posteriormente deviene inexequible, no pueden desconocerse, porque las leyes surten efectos durante el tiempo de su vigencia, es decir desde su expedici�n y publicaci�n hasta la fecha de notificaci�n de la providencia que declara la inexequibilidad, salvo que la Corte disponga otra cosa, por lo que las situaciones jur�dicas consolidadas durante la vigencia del art�culo 3� de la Ley 546 de 1999, como son las surgidas al amparo del decreto acusado, son situaciones definidas que no pueden desconocerse.

En relaci�n con la consulta formulada por el accionante la Superintendencia Bancaria se�ala que el sistema normativo sobre el cual se estructur� el proceso de reliquidaciones no es el Decreto 2703, sino otras normas como el Decreto 2702 de 1999, y la Resoluci�n 2896 de 1999 expedida por el Ministerio de Hacienda; en relaci�n con la metodolog�a para calcular el valor en pesos de la UVR se tuvo en cuenta la aprobada por el CONPES, adoptada en su momento por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica mediante Resoluci�n 13 de 2000; y en cuanto a la parte operativa las reliquidaciones se surtieron conforme las Circulares Externas 007 y 048 de 2000 de la Superintendencia Bancaria.

La parte actora solicita tener en cuenta el contenido de la sentencia C-700 de 1999 en cuanto alude a la obligatoriedad y car�cter inseparable de la parte motiva y resolutiva de la sentencia y afirma que en ning�n momento se ha procedido a declarar el decaimento de las normas soportadas en art�culos de la Ley 546 de 1999, declarados inexequibles.

Transcribe algunos apartes de las sentencias C-955 y C-700 y solicita que con base en los fundamentos all� expuestos se hagan las siguientes declaraciones: que siendo la facultad de legislar sobre asuntos financieros, privativa y excluyente del Congreso, el decreto demandado se encuentra afectado de nulidad; que las UVR creadas mediante la Ley 546 de 1999 carecen de un factor de equivalencia que permita establecer su verdadero valor en moneda legal; que habi�ndose producido el decaimento de la norma contenida en el Decreto 2703, expedido en uso de facultades que m�s tarde fueron declaradas inexequibles, no les queda a los acreedores de los cr�ditos hipotecarios adquiridos en UPAC, otro camino diferente de exigirlos atendiendo la moneda legal colombiana conforme al pr�stamo original.

El apoderado del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico insiste en que el demandante no tiene en cuenta los efectos futuros de la sentencia C-955 y agrega que en todo caso, el c�lculo que sustenta la equivalencia entre la UVR y la UPAC determinada en el art�culo 1� del decreto acusado es aplicaci�n estricta de la metodolog�a definida en el documento del CONPES, el que a su vez refleja el deseo de la Corte Constitucional en el sentido de que la UVR no contenga factores diferentes a la variaci�n del IPC.

Se refiere a los factores de c�lculo de la UVR y concluye que en cuanto la metodolog�a sea razonable y t�cnicamente justificada y conlleve la eliminaci�n de todo componente de tasas de inter�s y su sujeci�n al IPC, no constituye violaci�n a lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-700 /99 y C-955 de 2000, puesto que en ellas nada se dispuso sobre la metodolog�a espec�fica a usar por el Banco de la Rep�blica.

Representado por la Procuradora Sexta Delegada ante la Corporaci�n solicita no acceder a las s�plicas de la demanda y al efecto expone:

Se observa que el objetivo del decreto demandado fue determinar la relaci�n o equivalencia existente entre la UPAC y la UVR el 31 de diciembre de 1999 y adoptar como metodolog�a para el c�lculo la que el CONPES recomend� con base exclusivamente en la variaci�n del IPC certificado por el DANE, conforme a los lineamientos se�alados en las sentencias de la Corte Constitucional.

Por consiguiente, existe concordancia entre lo que el Decreto 2703 de 1999 dispone y lo que el numeral 2� del art�culo 41 de la Ley 546 de 1999 prev�, al otorgar alivios a los deudores, para lo cual ordena a los establecimientos de cr�dito reliquidar cada obligaci�n tomando el saldo en pesos a 31 de diciembre de 1999 y convertirlo a UVR, con el fin de dar aplicaci�n a las reglas referentes al r�gimen de Transici�n entre el sistema desaparecido y el que regula actualmente la financiaci�n de vivienda a largo plazo.

De lo dispuesto en la citada disposici�n y lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-955 se infiere que el decreto acusado tiene que ver con la pr�ctica de la reliquidaci�n de los cr�ditos otorgados para financiaci�n de vivienda, puesto que de acuerdo con la Ley 546, todas las obligaciones denominadas en UPAC, a la fecha de su expedici�n, deb�an ser expresadas en UVR, seg�n la equivalencia se�alada por el Gobierno Nacional.

Lo anterior sin perjuicio de establecer si esa reliquidaci�n se realiz� oportunamente, en el monto exacto y para todos los cr�ditos, incluyendo la tasa de inter�s remuneratoria prevista en el art�culo 17 de la Ley 546, cuyo c�lculo debe hacerse sobre la UVR sin desbordar el �ndice de inflaci�n y de acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, para que no se convierta en un elemento perturbador del equilibrio entre lo que se debe y lo que debe pagarse efectivamente.

Las acusaciones del actor no tienen asidero legal, pues sus planteamientos los presenta de manera general para sostener que todo el articulado del decreto demandado est� viciado de nulidad por no ce�irse el Presidente de la Rep�blica a ninguno de los ordenamientos que le daban facultades para expedirlo.

Seg�n los t�rminos de la demanda, en virtud de la inexequibilidad de los art�culos 3� y 38 de la Ley 546 de 1999 declarada por la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000, el Presidente de la Rep�blica carec�a de facultades para determinar la equivalencia y metodolog�a de c�lculo de la UPAC a la UVR en el r�gimen de transici�n, tal como se dispuso en el Decreto 2703 de 1999, en contradicci�n con el contenido claro de la sentencia, y sin consultar directrices legales concretas, pues la Ley 546 de 1999 no las contempla.

De lo anterior el accionante infiere que los procesos de reliquidaci�n adelantados por las entidades financieras en aplicaci�n del Decreto 2703 de 1999, no significaron un verdadero alivio para los usuarios del sistema UPAC, pues sus deudas debieron reducirse en un valor bastante superior al que resulta de la utilizaci�n de la equivalencia consignada en dicho decreto, tal como se refleja en la reliquidaci�n del cr�dito hipotecario practicada por la Corporaci�n AV VILLAS que a t�tulo de ejemplo se acompa�a a la demanda.

Con la expedici�n de la Ley 546 de diciembre 23 de 1999, "por la cual se se�alaron los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para financiaci�n de vivienda individual a largo plazo", se sustituy� el sistema UPAC por la Unidad de Valor Real (UVR), como una unidad de cuenta, que ser�a determinada con base exclusivamente en la variaci�n del �ndice de precios al consumidor certificada por el DANE.

Para efectos de la redenominaci�n de los cr�ditos vigentes a la fecha de expedici�n de la ley, se dispuso:

"Art. 3�. Unidad de Valor Real (UVR). La Unidad de Valor Real (UVR) es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variaci�n del �ndice de precios al consumidor certificada por el DANE, cuyo valor se calcular� de conformidad con la metodolog�a que establezca el Consejo de Pol�tica Econ�mica y Social, Conpes. Si el Conpes llegare a modificar la metodolog�a de c�lculo de la UVR, esta modificaci�n no afectar� los contratos ya suscritos, ni los bonos hipotecarios o t�tulos emitidos en procesos de titularizaci�n de cartera hipotecaria de vivienda y colocados en el mercado.

"El Gobierno Nacional determinar� la equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, as� como el r�gimen de transici�n de la UPAC a la UVR."

"Art. 38.Denominaci�n de obligaciones en UVR.Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley, todas las obligaciones expresadas en UPAC se expresaran en UVR,seg�n la equivalencia que determine el Gobierno Nacional.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 38 transitorio de la Ley 546 de 1999 el Gobierno Nacional expidi� el Decreto 2703 de diciembre 30 de 1999, "por el cual se determina la equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC- y se adopta la metodolog�a para calcular el valor en pesos de la UVR", recomendada por el Consejo de Pol�tica Econ�mica y Social CONPES, en sesi�n del 23 de diciembre de 1999.

Posteriormente la Corte Constitucional en la Sentencia C-955 de julio 26 de 2000, declar� inexequibles las disposiciones que se subrayan de los art�culos 3� y 38 de la Ley 546 de 1999, por considerar que en los t�rminos del art�culo 372 de la Constituci�n Pol�tica, la autoridad monetaria y crediticia llamada a establecer la metodolog�a para el c�lculo de la unidad de cuenta alrededor de la cual funcionar�a el sistema de financiaci�n de vivienda a largo plazo, -UVR- era la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, consultando para ello las normas de la ley, as� como los fallos C-383, C-700 y C-848 y lo definido en la misma sentencia C-955.

Como consecuencia de tal declaratoria, no tiene el Gobierno Nacional facultades para determinar la equivalencia entre la UVR y la UPAC, ni el Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social CONPES facultades para establecer la metodolog�a de c�lculo de la UVR. Sin embargo, no por ello puede afirmarse la ilegalidad del Decreto 2703 de 1999 acusado, puesto que fue expedido en vigencia de las normas declaradas inexequibles y por disposici�n expresa de la Corte Constitucional, los efectos de la inexequibilidad declarada ser�an hacia el futuro, sin afectar la validez de las equivalencias fijadas por el Gobierno Nacional.

En efecto, al referirse la Corte a los efectos de la inexequibilidad parcial del art�culo 3� expres� en la sentencia aludida:

"Se advierte, en todo caso, que la inconstitucionalidad que se declara tendr� efecto hacia el futuro, particularmente en lo que toca con la conversi�n de la UPAC a la UVR, ya que las equivalencias fijadas por el Gobierno lo fueron con base en la norma acusada, que entonces se hallaba en pleno vigor y no hab�a sido objeto de decisi�n de constitucionalidad por esta Corte. Ello, sin perjuicio de los reclamos que puedan tener lugar ante los estrados judiciales por las reliquidaciones efectuadas, al compararlas con lo resuelto por la Corte Constitucional en las sentencias C-383 y C-700 de 1999."

Igual precisi�n hizo respecto de la inexequibilidad de la expresi�n "seg�n la equivalencia que determine el Gobierno Nacional" contenida en el art�culo 38 transitorio, al expresar:

"La inexequibilidad surtir� efectos hacia el futuro, como se explic� al hablar de la disposici�n contemplada en el art�culo 3�, pero sin perjuicio del derecho que tienen las personas a reclamar ante los jueces si consideran que la equivalencia en cuesti�n no se ajust� a las providencias proferidas por esta Corte (sentencias C-383 y C-700 de 1999) .

As� las cosas, no encuentra la Sala configurado el cargo en que se sustenta la pretensi�n de nulidad del Decreto acusado, pues est� claro que por disponerlo as� la Corte Constitucional, la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones legales que confer�an al Gobierno Nacional la facultad de determinar la equivalencia de la UPAC a la UVR acogiendo la metodolog�a establecida por el CONPES, solo surti� efectos a partir de la fecha en que se profiri� la sentencia aludida, sin afectar la validez de las equivalencias fijadas por el Gobierno Nacional en vigencia de las normas declaradas inexequibles, decisi�n que hace tr�nsito a cosa juzgada constitucional y deja sin fundamento el cargo.

Ahora bien cosa distinta es que las entidades financieras hubiesen reliquidado los cr�ditos hipotecarios pactados en UPAC y convertidos a UVR, dando aplicaci�n al factor de equivalencia determinado en el art�culo 1� del Decreto 2703 de 1999, sin ajustarse a lo precisado y resuelto por la Corte constitucional en las sentencias C-383, C-700, C-747 y C-955, en cuyo caso, procede la reclamaci�n respectiva ante las autoridades judiciales, por parte de los afectados por las reliquidaciones as� efectuadas tal como lo advirti� la misma Corte en la sentencia C-955.

No puede afirmarse en consecuencia que por el solo hecho de haberse dado aplicaci�n a la equivalencia consignada en el Decreto 2703 de 1999, las reliquidaciones de los cr�ditos hipotecarios efectuadas por las entidades financieras hayan desconocido los pronunciamientos contenidos en las sentencias que invoca el accionante como fundamento de sus pretensiones, sobre los cuales no concreta el accionante raz�n de ilegalidad alguna.

En cuanto a la pretensi�n del actor en el sentido de que se declare que la Ley 546 de 1996 no tiene el car�cter de ley marco por no contener la directrices concretas que permitan fijar la equivalencia entre la UPAC y la UVR en el r�gimen de transici�n, debe aclararse que en materia financiera las facultades de regulaci�n del Congreso est�n limitadas a "dictar normas generales, y se�alar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno", mediante la expedici�n de leyes marco (art.150-19-c) C.P.) y que por mandato constitucional corresponde al Gobierno Nacional regular dicha actividad de acuerdo con los "objetivos y criterios" previstos en la ley (art.189-25 ib), en armon�a con las atribuciones que a la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica confieren los art�culos 371 y 372 de la Carta Pol�tica.

Por lo anterior, no puede pretenderse que la Ley 546, expedida para regular el sistema especializado de financiaci�n de vivienda, exprese el modo o la forma espec�ficos como debe calcularse tal equivalencia, pues esta funci�n se enmarca en la facultad delegada por el Congreso en beneficio del Ejecutivo. Otra cosa es que en la determinaci�n de la equivalencia deban atenderse los objetivos y criterios generales previstos en la misma ley, y que aquella no se aparte de los par�metros definidos en los distintos pronunciamientos que en la materia se han proferido por parte de la Corte Constitucional.

En conclusi�n, en vigencia de las disposiciones contenidas en los art�culos 3� y 38 de la Ley 546 de 1999, el Gobierno Nacional estaba facultado para determinar v�lidamente la equivalencia entre la UPAC y la UVR en el r�gimen de transici�n acogiendo la metodolog�a establecida por el CONPES, y en virtud de la decisi�n de la Corte Constitucional contenida en la sentencia C-955/99 se desvirt�a la nulidad del decreto acusado, motivada por la incompetencia del Gobierno Nacional para expedirlo.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley.

Se deja constancia de que �sta providencia se estudi� y aprob� en la sesi�n de la fecha.