SENTENCIA 11001032700020020003601(13176) de 2005

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010005263SENTENCIACUARTA11001032700020020003601(13176)200503/03/2005SENTENCIA__CUARTA__11001032700020020003601(13176)__2005_03/03/2005100052632005UPAC - En la Resoluci�n 10 de 1999 del Banco de la Rep�blica su determinaci�n se basaba exclusivamente en los �ndices de inflaci�n / DTF - A partir de 1999 ya no incid�a en la determinaci�n de la UPAC / EQUIVALENCIA ENTRE UPAC Y UVR - Con el Decreto 2703 de 1999, el Gobierno Nacional ejerci� sus facultades en cuanto a tal equivalencia / UPAC - Los efectos de la sentencia de nulidad del Consejo de Estado se cumplieron con la expedici�n del Decreto 2703 de 1999 / COSA JUZGADA - Se presenta entre los procesos 12631 y 13176 en cuanto a la determinaci�n de la UPAC sin incluir la DTF El demandante considera que en la equivalencia que realiz� el art�culo 1� del Decreto 2703 de 1999, la UPAC que sirvi� de base incluye la DTF, en la medida que hasta el fallo del Consejo de Estado que anul� la Resoluci�n 18 de 1995 del Banco de la Rep�blica, se utilizaba ese indicador para calcular la correcci�n monetaria, lo que en su sentir contradice normas constitucionales. Sobre este punto, la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en la Sentencia del 10 de junio de 2004, exp. 2001-00302 (12631), M.P. Juan �ngel Palacio Hincapi�, al resolver la demanda de nulidad contra el mismo art�culo 1� del Decreto 2703 de 1999, manifestando lo siguiente: "Como se observa, mediante la citada Resoluci�n se adopta una f�rmula para la determinaci�n de la UPAC con base exclusivamente en los �ndices de inflaci�n, que excluye la tasa DTF como factor de la misma, aspecto en que se fundament� la decisi�n de nulidad contenida en la sentencia de mayo 21 de 1999, y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en similares t�rminos a los precisados en la sentencia de nulidad. Con la expedici�n de dicho acto se adoptan las medidas tendientes a cumplir con los efectos ex tunc y erga omnes de la sentencia de nulidad, al decidir que la determinaci�n del UPAC en la forma all� dispuesta aplicar� a partir del 1� de junio de 1999. Los antecedentes rese�ados permiten concluir que a partir del 1� de junio de 1999, fecha en que empez� a aplicarse la nueva f�rmula para la cotizaci�n diaria de la UPAC, se adoptaron las medidas por parte de la autoridad competente, que permit�an dar cumplimiento efectivo a los efectos ex tunc del fallo de nulidad. Lo cual significa que el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 2703 de 1999, no estaba llamado a corregir una supuesta distorsi�n en el c�lculo del UPAC, pues sus facultades estaban limitadas a establecer a 31 de diciembre de 1999 la equivalencia de dicha unidad frente al UVR, consultando al efecto los factores y procedimiento previsto con anterioridad en la Resoluci�n Externa 10 de 1999, as� como el comunicado de junio 1� de 1999, mediante el cual el Banco de la Rep�blica inform� los valores de la UPAC, calculados conforme el procedimiento establecido en la citada resoluci�n. Se parte entonces del supuesto de que para la fecha de expedici�n del decreto acusado, los valores de la UPAC se ven�an ajustando a lo precisado y resuelto por esta Corporaci�n en la sentencia de mayo 31 de 1999, y por la Corte Constitucional en las sentencias C-383, C-747 y C-955, y concretamente en cuanto hace a la prohibici�n de tomar como factor de c�lculo de la UPAC el 74% del promedio m�vil de la tasa DTF efectiva. De otra parte, como la finalidad de establecer la equivalencia entre la UPAC y la UVR a 31 de diciembre de 1999, era determinar el valor en pesos de los saldos de los cr�ditos vigentes a la misma fecha, para compararlos con los saldos que resultaran de la aplicaci�n de la UVR, atendiendo al procedimiento de reliquidaci�n en los t�rminos previstos en el art�culo 41 de la Ley 546 de 1999, no pod�a el Gobierno Nacional apartarse de los actos que con anterioridad fijaron los factores base del c�lculo del valor de la UPAC a 31 de diciembre de 1999. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCI�N CUARTA Consejera ponente: LIGIA L�PEZ D�AZ Bogot�, D.C., tres (3) de marzo de dos mil cinco (2005)

Norma demandada: �En ejercicio de la acci�n de nulidad consagrada en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo, el ciudadano LUIS MARIO DOM�NGUEZ ROJAS, demand� ante el Consejo de Estado la nulidad del art�culo 1� del Decreto 2703 del 30 de diciembre de 1999, "Por el cual se determina la equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo constante -UPAC- y se adopta la metodolog�a para calcular el valor en pesos de la UVR.", expedido por el Gobierno Nacional.

UPAC - En la Resoluci�n 10 de 1999 del Banco de la Rep�blica su determinaci�n se basaba exclusivamente en los �ndices de inflaci�n / DTF - A partir de 1999 ya no incid�a en la determinaci�n de la UPAC / EQUIVALENCIA ENTRE UPAC Y UVR - Con el Decreto 2703 de 1999, el Gobierno Nacional ejerci� sus facultades en cuanto a tal equivalencia / UPAC - Los efectos de la sentencia de nulidad del Consejo de Estado se cumplieron con la expedici�n del Decreto 2703 de 1999 / COSA JUZGADA - Se presenta entre los procesos 12631 y 13176 en cuanto a la determinaci�n de la UPAC sin incluir la DTF

El demandante considera que en la equivalencia que realiz� el art�culo 1� del Decreto 2703 de 1999, la UPAC que sirvi� de base incluye la DTF, en la medida que hasta el fallo del Consejo de Estado que anul� la Resoluci�n 18 de 1995 del Banco de la Rep�blica, se utilizaba ese indicador para calcular la correcci�n monetaria, lo que en su sentir contradice normas constitucionales. Sobre este punto, la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en la Sentencia del 10 de junio de 2004, exp. 2001-00302 (12631), M.P. Juan �ngel Palacio Hincapi�, al resolver la demanda de nulidad contra el mismo art�culo 1� del Decreto 2703 de 1999, manifestando lo siguiente: "Como se observa, mediante la citada Resoluci�n se adopta una f�rmula para la determinaci�n de la UPAC con base exclusivamente en los �ndices de inflaci�n, que excluye la tasa DTF como factor de la misma, aspecto en que se fundament� la decisi�n de nulidad contenida en la sentencia de mayo 21 de 1999, y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en similares t�rminos a los precisados en la sentencia de nulidad. Con la expedici�n de dicho acto se adoptan las medidas tendientes a cumplir con los efectos ex tunc y erga omnes de la sentencia de nulidad, al decidir que la determinaci�n del UPAC en la forma all� dispuesta aplicar� a partir del 1� de junio de 1999. Los antecedentes rese�ados permiten concluir que a partir del 1� de junio de 1999, fecha en que empez� a aplicarse la nueva f�rmula para la cotizaci�n diaria de la UPAC, se adoptaron las medidas por parte de la autoridad competente, que permit�an dar cumplimiento efectivo a los efectos ex tunc del fallo de nulidad. Lo cual significa que el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 2703 de 1999, no estaba llamado a corregir una supuesta distorsi�n en el c�lculo del UPAC, pues sus facultades estaban limitadas a establecer a 31 de diciembre de 1999 la equivalencia de dicha unidad frente al UVR, consultando al efecto los factores y procedimiento previsto con anterioridad en la Resoluci�n Externa 10 de 1999, as� como el comunicado de junio 1� de 1999, mediante el cual el Banco de la Rep�blica inform� los valores de la UPAC, calculados conforme el procedimiento establecido en la citada resoluci�n. Se parte entonces del supuesto de que para la fecha de expedici�n del decreto acusado, los valores de la UPAC se ven�an ajustando a lo precisado y resuelto por esta Corporaci�n en la sentencia de mayo 31 de 1999, y por la Corte Constitucional en las sentencias C-383, C-747 y C-955, y concretamente en cuanto hace a la prohibici�n de tomar como factor de c�lculo de la UPAC el 74% del promedio m�vil de la tasa DTF efectiva. De otra parte, como la finalidad de establecer la equivalencia entre la UPAC y la UVR a 31 de diciembre de 1999, era determinar el valor en pesos de los saldos de los cr�ditos vigentes a la misma fecha, para compararlos con los saldos que resultaran de la aplicaci�n de la UVR, atendiendo al procedimiento de reliquidaci�n en los t�rminos previstos en el art�culo 41 de la Ley 546 de 1999, no pod�a el Gobierno Nacional apartarse de los actos que con anterioridad fijaron los factores base del c�lculo del valor de la UPAC a 31 de diciembre de 1999.

En ejercicio de la acci�n de nulidad consagrada en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo, el ciudadano LUIS MARIO DOM�NGUEZ ROJAS, demand� ante el Consejo de Estado la nulidad del art�culo 1� del Decreto 2703 del 30 de diciembre de 1999, "Por el cual se determina la equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo constante -UPAC- y se adopta la metodolog�a para calcular el valor en pesos de la UVR.", expedido por el Gobierno Nacional.

Se demand� la nulidad del art�culo 1� del Decreto 2703 del 30 de diciembre de 1999, el cual se transcribe a continuaci�n:

"Art�culo 1�- Para efectos de la transici�n de la UPAC a la UVR, una UPAC ser� equivalente a 160.7750 UVR el 31 de diciembre de 1999."

El demandante solicit� declarar la nulidad del art�culo 1� del Decreto 2703 del 30 de diciembre de 1999, por considerar que la equivalencia que all� se establece de la UPAC a UVR a 31 de diciembre de 1999, mantiene vigente la UPAC, toda vez que conserva como factor de c�mputo la DTF.

Por lo anterior, la norma acusada vulnera los art�culos 1, 2, 51 y 335 de la Constituci�n Pol�tica, y desconoce los fallos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que declararon inexequible el sistema UPAC y prescribieron cualquier metodolog�a de c�lculo que conserve la DTF.

Explic� que el Consejo de Estado declar� la nulidad de la Resoluci�n Externa 18 del Banco de la Rep�blica, la cual estableci� que el valor de la UPAC era equivalente al 74% del promedio de la tasa DTF efectiva, por considerar que el IPC deb�a tenerse en cuenta como indicador principal de correcci�n monetaria.

Se�al� que la correcci�n monetaria de la UPAC a diciembre 31 de 1999 fue de 12.16% equivalente al 74% de la DTF; mientras que la correcci�n monetaria de la UVR fue 9.23%, equivalente a la inflaci�n de 1999.

Cuando se hizo la equivalencia para determinar el valor de la UPAC a 31 de diciembre de 1999 ($16.611,85), se dividi� por el valor de la UVR a la misma fecha ($103,3236), dando como resultado 160,7750 UVRs.

En criterio del demandante esta constante 160,7750 UVRs (Valor de la UPAC a 31 de diciembre de 1999) lleva impl�cita la DTF con la que se determinaba la UPAC, por lo que se reproduce materialmente este sistema hacia el futuro.

Seg�n el actor con el esquema de transici�n del Decreto 2703 de 1999, el capital de las deudas hipotecarias formalmente establecido en UVR, est� siendo liquidado en UPAC, con correcci�n monetaria calculada con el 74% de la DTF y los cr�ditos de vivienda en estas condiciones son inviables.

Invoc� la Sentencia C-383 de 1999, proferida por la Corte Constitucional, en la que se declar� inexequible la expresi�n "procurando que �sta (la UPAC) tambi�n refleje los movimientos de la tasa de inter�s en la econom�a", contenida en el literal f) del art�culo 16 de la Ley 31 de 1992. La Corte se�al� en dicha providencia que incluir como factor de actualizaci�n la variaci�n de las tasas de inter�s, desborda la obligaci�n inicial, porque se aumenta no s�lo para mantener el poder adquisitivo, sino que adiciona un excedente. Ello vulnera los art�culos 13, 51 y 335 de la Carta Pol�tica.

Tambi�n cit� las sentencias C-747 de 1999 y C-955 de 2000 donde la Corte reproch� la capitalizaci�n de intereses en los cr�ditos de vivienda de largo plazo y enfatiz� que con el UPAC se rompi� el equilibrio contractual al rebosarse la capacidad de pago de los deudores. Estim� que la norma acusada desconoce la cosa juzgada constitucional y la obligatoriedad de las sentencias de constitucionalidad.

A�adi� que los intereses remuneratorios quedaron como estaban en vigencia del sistema UPAC, pues incluyen la inflaci�n, contrariando la Sentencia C-955 de 2000 que se�al� la imposibilidad de incluirla, porque la perdida del poder adquisitivo hab�a sido remunerada mediante la UVR.

El demandante solicit� la suspensi�n provisional de la norma acusada y esta Corporaci�n la neg� mediante Auto del 29 de julio de 2002. Contra la anterior decisi�n no se interpuso ning�n recurso.

La Naci�n, representada por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico contest� la demanda interpuesta oponi�ndose a sus pretensiones.

Manifest� que de acuerdo con el art�culo 38 de la Ley 546 de 1999, dentro de los seis meses siguientes a su vigencia, todas las obligaciones expresadas en UPAC se expresar�an en UVR, de acuerdo con la equivalencia que determine el Gobierno Nacional, con base en ello se expidi� el Decreto 2703 de 1999, que en su art�culo 1� determin� que una UPAC ser�a equivalente a 160,7750 UVR el 31 de diciembre de 1999.

Explic� que con el Decreto 2703 de 1999 s�lo se quiso que los saldos de las deudas cambiaran la unidad de denominaci�n, as� se redujo el componente de tasa de mercado previsto en la UPAC y el mayor valor pagado por los deudores se regul� por la Ley 546 de 1999 en sus art�culos 40 y 41, normas que ordenaron al Estado invertir las sumas necesarias para abonar a las obligaciones para financiaci�n de vivienda de largo plazo, teniendo en cuenta los saldos de los cr�ditos a 31 de diciembre de 1999.

Record� que cada establecimiento de cr�dito reliquid� el saldo total de cada uno de los cr�ditos con base en la UVR publicada por el Ministerio de Hacienda para los d�as comprendidos entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999. De esta forma, los saldos de las deudas se redujeron en un monto igual a la diferencia entre la correcci�n monetaria con UVR, frente a la efectivamente pagada (UPAC), valores que abon� el Gobierno Nacional.

Precis� que el proceso de reliquidaci�n de cr�ditos no se bas� en el Decreto 2703 de 1999 que se demanda, sino en otras disposiciones como el Decreto 2702 de 1999 y la Resoluci�n 2896 de 1999 del Ministerio de Hacienda. Para calcular el valor de la UVR se atendi� a la metodolog�a aprobada por el CONPES y adoptada posteriormente por el Banco de la Rep�blica.

Se�al� que los valores de la UVR se determinaron en estricto cumplimiento de las normas legales y de las sentencias de la Corte Constitucional, especialmente la C-955 de 2000, toda vez que dicha unidad se basa exclusivamente en la variaci�n del �ndice de precios al consumidor.

Defendi� la forma de calcular la UVR plasmada en el art�culo 2� del Decreto 2703 de 1999, afirmando que se efect�a con referencia exclusiva al IPC, sin ning�n componente de variaci�n de las tasas de inter�s.

La parte demandante se refiri� en primer lugar al dictamen pericial rendido dentro del expediente, reconociendo que no es cierto que la correcci�n monetaria del 12.16% para el c�lculo de la UPAC a 31 de diciembre de 1999 sea el resultado del 74% de la tasa DTF promedio, y acepta su imprecisi�n, pues se demostr� que el c�lculo se deriv� de la aplicaci�n de la Resoluci�n Externa 19 de 1999 de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica.

A pesar de acoger esta parte del dictamen, manifest� que el art�culo 1� del Decreto 2703 de 1999 es inconstitucional, porque como lo se�alaron los peritos, antes del 1 de junio de 1999 y desde el 30 de junio de 1995 la correcci�n monetaria de la UPAC se calcul� con base en el 74% de la DTF, como lo ordenaba la Resoluci�n 18 del 30 de junio de 1995 emitida por el Banco de la Rep�blica

En su opini�n, ello confirma el planteamiento de la demanda, en el sentido que la conversi�n de la UPAC a UVR (160,7750) contenida en la norma demandada contiene impl�citamente la DTF.

Destac� que el experticio fue aclarado por solicitud de la demandada, afirmando que para excluir la DTF del factor de conversi�n, debe recalcularse el valor de la UPAC desde el 30 de junio de 1995 al 1 de junio de 1999.

Subray� que en el proceso no se debate si con los alivios del Gobierno se compens� al deudor hipotecario por la inclusi�n de la DTF dentro del c�lculo de la UPAC, pues en todo caso, se mantiene el vicio de inconstitucionalidad el art�culo 1� del Decreto 2703 de 1999, esto es que la conversi�n incluye la DTF, elemento que no puede incorporarse en las liquidaciones de cr�ditos hipotecarios por ser contrario a la constituci�n.

A�adi� que la nulidad del art�culo 1� del Decreto 2703 de 1999 implica que el Gobierno determine una nueva constante para establecer la transici�n del sistema UPAC a UVR, con la que se redenominar�n los cr�ditos.

En su escrito de alegatos, el demandante tambi�n se refiri� a los efectos ex -tunc de las sentencias de nulidad, recordando que mediante providencia del 21 de mayo de 1999, el Consejo de Estado declar� la nulidad de la Resoluci�n 18 de 1995 de la Junta directiva del Banco de la Rep�blica que vincul� la DTF al c�lculo de la UPAC. Consider� que este acto administrativo no produjo efectos en ning�n momento teniendo en cuenta el efecto retroactivo del fallo de nulidad.

Reiter� la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Constitucional que manifestaron la inexequibilidad de la inclusi�n de factores ajenos al IPC para calcular la correcci�n monetaria, por atentar contra la concepci�n de Estado social de derecho y el principio de democratizaci�n del cr�dito consagrado en el art�culo 355 de la Carta Pol�tica.

Insisti� en la inconstitucionalidad de la capitalizaci�n de intereses en los cr�ditos de vivienda y solicit� dar alcance a la Sentencia del Consejo de Estado del 21 de mayo de 1999, la cual en su sentir, no fue acatada por el Gobierno Nacional.

Estim� que si en el lapso comprendido entre el 30 de junio de 1995 y el 31 de mayo de 1999 la UPAC se hubiera calculado con base en el IPC, su valor ser�a inferior al determinado a 31 de diciembre de 1999, para demostrar este planteamiento incluy� varios gr�ficos y ejemplos sobre la variaci�n del UPAC en dicho periodo, concluyendo que con un menor valor de la UPAC, se genera una constante inferior y saldos de deuda m�s bajos a 31 de diciembre de 1999.

La parte demandada tambi�n se refiri� al dictamen pericial se�alando que los peritos eludieron absolver la totalidad de las preguntas formuladas por el Ministerio de Hacienda, pues no respondieron expl�citamente si existe otro mecanismo para calcular el factor de conversi�n que no contenga la DTF, tampoco precisaron si la Ley 546 de 1999 reconoci� a los deudores los mayores valores pagados, ni las razones de la reducci�n de los saldos de obligaciones hipotecarias despu�s de la reliquidaciones, as� como los dem�s interrogantes formulados.

Reiter� que el art�culo 38 de la Ley 546 de 1999 orden� que las obligaciones expresadas en UPAC se expresaran en UVR seg�n la equivalencia que determinara el Gobierno Nacional. Por ello se expidi� el Decreto 2703 de 1999, el cual se limit� a que las deudas hipotecarias cambiaran de denominaci�n.

A�adi� que de acuerdo con el art�culo 41 de la Ley 546 de 1999 los establecimientos de cr�dito reliquidaron el saldo total de cada una de las obligaciones utilizando la UVR para los d�as comprendidos entre el 1� de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999. Por tanto, los saldos de la deuda se redujeron en un monto igual a la diferencia entre la correcci�n monetaria de la UVR y la efectivamente pagada.

Reiter� los dem�s planteamientos de la contestaci�n de la demanda insistiendo que los valores de la UVR fueron determinados de acuerdo con las normas legales y acogiendo las sentencias de la Corte Constitucional, pues su c�lculo se basa exclusivamente en la variaci�n del �ndice de precios al consumidor IPC.

La Procuradora Sexta Delegada ante esta Corporaci�n precis� que la controversia se dirige a definir si el c�lculo de la equivalencia entre la UPAC y la UVR del art�culo 1� del Decreto 2703 de 1999 tuvo como fundamento la DTF y en caso afirmativo, habr� que establecer si ello vulnera la s normas invocadas.

Despu�s de analizar los antecedentes de la norma, concluy� que la metodolog�a para determinar la UVR plasmada en el Decreto 2703 de 1999 fue encontrada ajustada a la ley, seg�n sentencia del 29 de mayo de 2003 del Consejo de Estado. En esta norma no se incluy� ning�n elemento distinto del IPC.

Solicit� negar las pretensiones de la demanda, porque en el c�lculo de la equivalencia entre la UPAC y la UVR no se tuvo en cuenta la DTF y por lo mismo no es preciso examinar los cargos de vulneraci�n de normas constitucionales.

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad del art�culo 1� del Decreto 2703 del 30 de diciembre de 1999, expedido por el Gobierno Nacional.

Considera el demandante que en la norma acusada que establece la equivalencia de la UPAC a UVR a 31 de diciembre de 1999, mantiene como factor de c�mputo la DTF.

El primero de los argumentos que utiliza es que la correcci�n monetaria de la UPAC a diciembre 31 de 1999 fue equivalente al 74% de la DTF y no a la inflaci�n de 1999.

En sus alegatos de conclusi�n, el demandante desisti� de esta premisa acogiendo el dictamen pericial rendido por la Universidad Nacional en el que se manifest� que "el valor de la correcci�n monetaria empleada para el c�lculo de la UPAC para el c�lculo de la UPAC a 31 de diciembre de 1999 del 12.16% corresponde al 100% del promedio aritm�tico de las doce variaciones anuales del IPC anteriores al mes en que se realiz� el c�lculo y no al 74% de la DTF como afirma el demandante. (...) el Banco de la Rep�blica sigui� lo dispuesto en la Resoluci�n Externa N� 10 del 1 de junio de 1999 de la Junta Directiva de esa instituci�n".

Toda vez que se demostr� que el c�lculo de la UPAC se bas� en las normas pertinentes, como lo reconoce el actor, se desecha el cargo.

Adicionalmente, el demandante considera que en la equivalencia que realiz� el art�culo 1� del Decreto 2703 de 1999, la UPAC que sirvi� de base incluye la DTF, en la medida que hasta el fallo del Consejo de Estado que anul� la Resoluci�n 18 de 1995 del Banco de la Rep�blica, se utilizaba ese indicador para calcular la correcci�n monetaria, lo que en su sentir contradice normas constitucionales.

Sobre este punto, la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en la Sentencia del 10 de junio de 2004, exp. 2001-00302 (12631), M.P. Juan �ngel Palacio Hincapi�, al resolver la demanda de nulidad contra el mismo art�culo 1� del Decreto 2703 de 1999, manifestando lo siguiente:

A juicio del accionante, el Gobierno Nacional al expedir la norma acusada, estaba obligado a corregir el factor distorsionante de la UPAC, en el sentido de eliminar del c�lculo de dicha unidad el factor del DTF, generado entre enero de 1993 y mayo de 1999, teniendo en cuenta los efectos retroactivos de la declaratoria de nulidad de la Resoluci�n Externa No. 18 de 1995 de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, decretada mediante sentencia de mayo 21 de 1999, Exp. 9280. As� como lo precisado por la Corte Constitucional en las sentencias C-383, C-700 y C.-955, en el sentido de que la UPAC no pod�a incluir como factor de actualizaci�n "la variaci�n de tasas de inter�s en la econom�a".

Con el fin de dar cumplimiento a lo decidido por esta Corporaci�n en la sentencia de mayo 21 de 1999, donde se declar� la nulidad parcial del art�culo 1� de la Resoluci�n Externa 18 de junio 30 de 1995, de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, y a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-383 de mayo 27 de 1999, ratificado con posterioridad en la sentencia C-700 de septiembre 16 de 1999, al pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad de las normas que estructuraban el sistema UPAC, la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, en ejercicio de las facultades conferidas en el literal f) del art�culo 16 de la Ley 31 de 1992, expidi� la Resoluci�n Externa No. 10 de junio 1� de 1999, por la cual se adopt� la metodolog�a que deb�a seguirse para calcular mensualmente el valor en moneda legal de la UPAC y se fij� de manera transitoria los porcentajes del IPC para el c�lculo de dicha unidad as�:

"Art.1� El Banco de la Rep�blica mensualmente calcular�, para cada uno de los d�as del mes siguiente e informar� con id�ntica periodicidad a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, el valor en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC- Para tal efecto, la correcci�n monetaria ser� equivalente al promedio aritm�tico de las tasas anuales de inflaci�n, medidas con base en el �ndice de Precios al Consumidor-IPC- de los doce (12) meses anteriores a aquel en el cual se hace el c�lculo.

Par�grafo.- De manera transitoria, la correcci�n monetaria para los meses de junio a noviembre de 1999 ser� equivalente a los siguientes porcentajes de la inflaci�n calculada conforme a lo previsto en el art�culo anterior:

Art�culo 2�.-La presente resoluci�n rige desde la fecha de publicaci�n, deroga la Resoluci�n Externa 8 de 1999 y ser� aplicable para la determinaci�n de los valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC a partir del 1� de junio de 1999".

Como se observa, mediante la citada Resoluci�n se adopta una f�rmula para la determinaci�n de la UPAC con base exclusivamente en los �ndices de inflaci�n, que excluye la tasa DTF como factor de la misma, aspecto en que se fundament� la decisi�n de nulidad contenida en la sentencia de mayo 21 de 1999, y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en similares t�rminos a los precisados en la sentencia de nulidad. Con la expedici�n de dicho acto se adoptan las medidas tendientes a cumplir con los efectos ex tunc y erga omnes de la sentencia de nulidad, al decidir que la determinaci�n del UPAC en la forma all� dispuesta aplicar� a partir del 1� de junio de 1999.

Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2 del art�culo 20 de la Ley 31 de 1992, que faculta al Banco de la Rep�blica para calcular mensualmente e informar con id�ntica periodicidad a las corporaciones de ahorro y vivienda para cada uno de los d�as del mes siguiente, los valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, seg�n la metodolog�a correspondiente, dicha entidad expidi� la comunicaci�n de junio 1� de 1999, informando a las entidades crediticias los valores de la UPAC correspondientes al mes de junio de 1999, "calculados de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resoluci�n Externa No. 10 de 1� de junio de 1999 de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica", donde se hace constar que el valor de la UPAC en mayo 31 de 1999 fue de $15.470,6884 y se fija en junio 30 del mismo a�o en la suma de $15.634,47.

El precitado acto administrativo fue objeto de demanda ante la Corporaci�n, tramitada bajo el expediente No.9820, Actor; Carol Ivan Abaunza Forero, donde se argument� que por efectos del fallo de nulidad de la Resoluci�n Externa 18 de 1995, que qued� ejecutoriado el 8 de junio de 1999, la base para calcular el valor de la UPAC el d�a 9 de junio, no pod�a ser de $15.518,64, como se indicaba en el acto acusado. Lo anterior, porque para el accionante la base de cotizaci�n de esa unidad deb�a ser el valor que resultara de volver a calcular desde el d�a inmediatamente anterior a aquel en que entr� a regir la Resoluci�n Externa 18, esto es el 30 de junio 30 de 1995, hasta el 8 de junio de 1999; y que al no haberse procedido as�, se habr�an desconocido los efectos retroactivos de la sentencia de nulidad.

Mediante sentencia de junio 16 de 2000, C.P. Dr. Julio E. Correa, se neg� la pretensi�n de nulidad del acto administrativo de junio 1� de 1999, donde se consider� por parte de la Sala, que si bien era cierto que seg�n el acto acusado los valores fueron calculados conforme al procedimiento establecido en la Resoluci�n Externa 10 de junio 1� de 1999, lo cual en principio no permitir�a afirmar el desconocimiento de los efectos del fallo de nulidad, por parte del acto acusado, tampoco era posible establecer, con base en los elementos probatorios aportados al proceso, cual ser�a la base para calcular el UPAC el d�a 9 de junio de 1999 que seg�n el actor deb�a considerarse.

Los antecedentes rese�ados permiten concluir que a partir del 1� de junio de 1999, fecha en que empez� a aplicarse la nueva f�rmula para la cotizaci�n diaria de la UPAC, se adoptaron las medidas por parte de la autoridad competente, que permit�an dar cumplimiento efectivo a los efectos ex tuncdel fallo de nulidad. Lo cual significa que el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 2703 de 1999, no estaba llamado a corregir una supuesta distorsi�n en el c�lculo del UPAC, pues sus facultades estaban limitadas a establecer a 31 de diciembre de 1999 la equivalencia de dicha unidad frente al UVR, consultando al efecto los factores y procedimiento previsto con anterioridad en la Resoluci�n Externa 10 de 1999, as� como el comunicado de junio 1� de 1999, mediante el cual el Banco de la Rep�blica inform� los valores de la UPAC, calculados conforme el procedimiento establecido en la citada resoluci�n.

Adem�s, porque la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de julio 26 de 2000, al declarar la inexequibilidad parcial del art�culo 3� de la Ley 546 de 1999, en cuanto dispon�a: "El Gobierno Nacional determinar� la equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, as� como el r�gimen de transici�n de la UPAC a la UVR" y del art�culo 38 de la misma ley, que hace parte del "r�gimen de transici�n", seg�n el cual "todas las obligaciones expresadas en UPAC se expresar�n en UVR,seg�n la equivalencia que determine el Gobierno Nacional", advirti� que era la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica la autoridad competente para establecer la metodolog�a para el c�lculo de la UVR y para determinar la equivalencia entre la UVR y la UPAC. No obstante que, seg�n la misma sentencia, la declaratoria de inexequibilidad no afectaba la validez de las equivalencias fijadas por el Gobierno Nacional en vigencia de las normas declaradas inexequibles.

Se parte entonces del supuesto de que para la fecha de expedici�n del decreto acusado, los valores de la UPAC se ven�an ajustando a lo precisado y resuelto por esta Corporaci�n en la sentencia de mayo 31 de 1999, y por la Corte Constitucional en las sentencias C-383, C-747 y C-955, y concretamente en cuanto hace a la prohibici�n de tomar como factor de c�lculo de la UPAC el 74% del promedio m�vil de la tasa DTF efectiva.

De otra parte, como la finalidad de establecer la equivalencia entre la UPAC y la UVR a 31 de diciembre de 1999, era determinar el valor en pesos de los saldos de los cr�ditos vigentes a la misma fecha, para compararlos con los saldos que resultaran de la aplicaci�n de la UVR, atendiendo al procedimiento de reliquidaci�n en los t�rminos previstos en el art�culo 41 de la Ley 546 de 1999, no pod�a el Gobierno Nacional apartarse de los actos que con anterioridad fijaron los factores base del c�lculo del valor de la UPAC a 31 de diciembre de 1999.

As� las cosas, no asiste raz�n al accionante cuando considera que el Gobierno Nacional al fijar la equivalencia de la UPAC a UVR, para efectos de la reliquidaci�n de los cr�ditos vigentes a 31 de diciembre de 1999, desconoci� los efectos ex tuncdel fallo de nulidad de la Resoluci�n Externa 018 del 30 de junio de 1995, puesto que el decreto acusado se expide en uso de las facultades conferidas en el art�culo 3� de la Ley 546 de 1999, en los t�rminos precisados por la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 1999, y con base en los dispuesto por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica en la Resoluci�n Externa 10 de junio 1� de 1999."

En relaci�n con las observaciones del demandante al destacar la aclaraci�n de los peritos designados por la Universidad Nacional, en el sentido que para eliminar el efecto de indicadores econ�micos diferentes al IPC durante el periodo comprendido entre el 30 de junio de 1995 y el 31 de diciembre de 1999 debe recalcularse el valor de la UPAC, la Sala se remite a la misma sentencia transcrita, en la que se se�al� al respecto lo siguiente:

"La Ley 546 de 1999 previ� los traumatismos propios del cambio, al regular un "r�gimen de transici�n" adecuado entre los dos sistemas, dentro del cual no dispuso que se procediera a corregir la distorsi�n con que las deudas nominadas en UPAC llegaron al 31 de diciembre de 1999, r�gimen bajo el cual se expidi� el decreto acusado, sino que por el contrario, consagr� dentro de dicho r�gimen normas destinadas a permitir el desarrollo del nuevo sistema.

De otra parte, del texto de la disposici�n acusada no surge la distorsi�n de los objetivos encaminados a permitir la efectividad del sistema de financiaci�n de vivienda adoptado en la Ley 546 de 1999, en los t�rminos precisados por la Corte Constitucional en las sentencias que afirman los coadyuvantes fueron desconocidas por el Gobierno Nacional al fijar la equivalencia de la UPAC a la UVR, y por el contrario, lo cierto es que la f�rmula adoptada para el c�lculo de la UPAC en la Resoluci�n Externa 010 de 1999, s�lo incluye las variaciones del IPC."

Toda vez que existe identidad en el objeto y la causa entre el proceso que se tramita y el decidido en la Sentencia del 10 de junio de 2004, pues tanto la pretensi�n como los fundamentos jur�dicos son los mismos, se ordenar� estarse a lo resuelto en dicha providencia.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley.

EST�SE a lo decidido en la Sentencia de la Secci�n Cuarta del Consejo de Estado de fecha 10 de junio de 2004, expediente 2001-00302 (12631), en la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad contra el art�culo 1� del Decreto 2703 del 30 de diciembre de 1999.