100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010005181SENTENCIACUARTA1100103270002001035201(12770)200311/12/2003SENTENCIA__CUARTA__1100103270002001035201(12770)__2003_11/12/2003100051812003ACTUALIZACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS EN PROCESOS DE REESTRUCTURACION - Procede a partir de lo previsto en el artículo 51 de la Ley 633 de 2000 / ACUERDOS DE REESTRUCTURACION DE LA LEY 550 DE 1999 - Sus deudas tributarias deben ser actualizadas conforme al artículo 867-1 del E.T. / FACILIDADES DE PAGO - Sus requisitos previstos en el artículo 814 del E.T. no se deben aplicar a los acuerdos de reestructuración de la Ley 550 de 1999 El artículo 867-1 del Estatuto Tributario fue adicionado por el articulo 51 de la Ley 633 de 2000 en el sentido de regular la forma de efectuar la actualización de la deuda tributaria dentro del proceso de reestructuración de la Ley 550 de 1999; así es que las deudas tributarias incluidas en los acuerdos de que trata la Ley 550 de 1999 serán actualizadas conforme lo indica el artículo 867-1 del Estatuto Tributario, adicionado con el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, liquidándose con base en los parámetros previstos para los acuerdos de reestructuración por las disposiciones pertinentes, que en el caso de las deudas tributarias será el artículo 867-1 del Estatuto Tributario. Como se puede apreciar, en el encabezamiento del Decreto 1443 de 2001, su contenido reglamenta en su integridad el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, que como se dijo anteriormente se refiere a la actualización de las deudas tributarias incluidas en los acuerdos de reestructuración y no al artículo 56 de la Ley 550 de 1999, que tal como aparece transcrito al inicio de estas consideraciones, se refiere a la improcedencia de aplicar los requisitos del artículo 814 del Estatuto Tributario, que son entre otros los siguientes: constituir un fideicomiso de garantía, ofrecer bienes para su embargo y secuestro o garantías personales, reales, bancarias o de compañía de seguros o cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda, todas ellas propias de las facilidades de pago respecto de los impuestos nacionales que administra la DIAN. FACILIDADES DE PAGO POR DEUDAS TRIBUTARIAS - No son aplicables a las deudas tributarias contenidas en los acuerdos de reestructuración / ACTUALIZACION DE LAS FACILIDADES DE PAGO - A partir de la sentencia C-231 de 2003 ya no es posible al declararse inexequible parcialmente el inciso 3° del artículo 814 del E.T. / ACTUALIZACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS EN PROCESOS DE REESTRUCTURACION - Procede conforme al artículo 51 de la Ley 633 de 2000 sin verse afectada por la inexequibilidad parcial del inciso 3° del artículo 814 del E.T. El hecho que el inciso 3° del artículo 814 del Estatuto Tributario, señale que las facilidades de pago debían ser actualizadas con el índice de inflación del artículo 867-1 ib., no implica que dicha norma deba aplicarse a los acuerdos de reestructuración, ya que para éstos últimos se tiene el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, plenamente vigente hoy día y objeto de reglamentación por el decreto demandado. Por ello, para la Sala no es de recibo el argumento del demandante en el sentido que los acuerdos de reestructuración al no sujetarse a los artículos 814 y 814-2 del Estatuto Tributario, no pueden ser objeto de actualización, ya que olvida que fue precisamente el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, norma reglamentada por los artículos demandados, la que autorizó dicho reajuste. Cabe anotar que la expresión "se liquidará el reajuste de que trata el artículo 867-1" del inciso 3° del artículo 814 del Estatuto Tributario, fue declarado inexequible el pasado 27 de marzo del año en curso, por la Corte Constitucional (Sentencia C-231/03), es decir que en lo tocante con las facilidades de pago que contempla el artículo 814 del mencionado Estatuto, la actualización de las mismas, ya no es posible, sin que tal prohibición llegue a afectar la procedencia del reajuste o actualización para las obligaciones tributarias objeto de negociación de la Ley 550 de 1999, porque para éstas últimas el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, las reguló en sus parágrafos 1 y 2; por tanto, aún después del fallo de inexequibilidad, la actualización de las deudas tributarias incluidas en los acuerdos de reestructuración es procedente al tener como sustento el citado artículo 51. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: JUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ Bogotá, D.C., noviembre doce (12) de dos mil tres (2.003)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadJUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉMANUEL BONILLA CARDOZOEl ciudadano MANUEL BONILLA CARDOZO, en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo solicita la nulidad del Decreto 1443 del 19 de julio de 2001, expedido por el Gobierno Nacional por medio del cual se reglamenta el artículo 867-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 51 de la Ley 633 de 2000.Identificadores10010005182true6130Versión original10005182Identificadores

Fecha Providencia

11/12/2003

Sección:  CUARTA

Consejero ponente:  JUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ

Norma demandada:  El ciudadano MANUEL BONILLA CARDOZO, en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo solicita la nulidad del Decreto 1443 del 19 de julio de 2001, expedido por el Gobierno Nacional por medio del cual se reglamenta el artículo 867-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 51 de la Ley 633 de 2000.

Demandante:  MANUEL BONILLA CARDOZO


ACTUALIZACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS EN PROCESOS DE REESTRUCTURACION - Procede a partir de lo previsto en el artículo 51 de la Ley 633 de 2000 / ACUERDOS DE REESTRUCTURACION DE LA LEY 550 DE 1999 - Sus deudas tributarias deben ser actualizadas conforme al artículo 867-1 del E.T. / FACILIDADES DE PAGO - Sus requisitos previstos en el artículo 814 del E.T. no se deben aplicar a los acuerdos de reestructuración de la Ley 550 de 1999

El artículo 867-1 del Estatuto Tributario fue adicionado por el articulo 51 de la Ley 633 de 2000 en el sentido de regular la forma de efectuar la actualización de la deuda tributaria dentro del proceso de reestructuración de la Ley 550 de 1999; así es que las deudas tributarias incluidas en los acuerdos de que trata la Ley 550 de 1999 serán actualizadas conforme lo indica el artículo 867-1 del Estatuto Tributario, adicionado con el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, liquidándose con base en los parámetros previstos para los acuerdos de reestructuración por las disposiciones pertinentes, que en el caso de las deudas tributarias será el artículo 867-1 del Estatuto Tributario. Como se puede apreciar, en el encabezamiento del Decreto 1443 de 2001, su contenido reglamenta en su integridad el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, que como se dijo anteriormente se refiere a la actualización de las deudas tributarias incluidas en los acuerdos de reestructuración y no al artículo 56 de la Ley 550 de 1999, que tal como aparece transcrito al inicio de estas consideraciones, se refiere a la improcedencia de aplicar los requisitos del artículo 814 del Estatuto Tributario, que son entre otros los siguientes: constituir un fideicomiso de garantía, ofrecer bienes para su embargo y secuestro o garantías personales, reales, bancarias o de compañía de seguros o cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda, todas ellas propias de las facilidades de pago respecto de los impuestos nacionales que administra la DIAN.

FACILIDADES DE PAGO POR DEUDAS TRIBUTARIAS - No son aplicables a las deudas tributarias contenidas en los acuerdos de reestructuración / ACTUALIZACION DE LAS FACILIDADES DE PAGO - A partir de la sentencia C-231 de 2003 ya no es posible al declararse inexequible parcialmente el inciso 3° del artículo 814 del E.T. / ACTUALIZACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS EN PROCESOS DE REESTRUCTURACION - Procede conforme al artículo 51 de la Ley 633 de 2000 sin verse afectada por la inexequibilidad parcial del inciso 3° del artículo 814 del E.T.

El hecho que el inciso 3° del artículo 814 del Estatuto Tributario, señale que las facilidades de pago debían ser actualizadas con el índice de inflación del artículo 867-1 ib., no implica que dicha norma deba aplicarse a los acuerdos de reestructuración, ya que para éstos últimos se tiene el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, plenamente vigente hoy día y objeto de reglamentación por el decreto demandado. Por ello, para la Sala no es de recibo el argumento del demandante en el sentido que los acuerdos de reestructuración al no sujetarse a los artículos 814 y 814-2 del Estatuto Tributario, no pueden ser objeto de actualización, ya que olvida que fue precisamente el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, norma reglamentada por los artículos demandados, la que autorizó dicho reajuste. Cabe anotar que la expresión "se liquidará el reajuste de que trata el artículo 867-1" del inciso 3° del artículo 814 del Estatuto Tributario, fue declarado inexequible el pasado 27 de marzo del año en curso, por la Corte Constitucional (Sentencia C-231/03), es decir que en lo tocante con las facilidades de pago que contempla el artículo 814 del mencionado Estatuto, la actualización de las mismas, ya no es posible, sin que tal prohibición llegue a afectar la procedencia del reajuste o actualización para las obligaciones tributarias objeto de negociación de la Ley 550 de 1999, porque para éstas últimas el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, las reguló en sus parágrafos 1 y 2; por tanto, aún después del fallo de inexequibilidad, la actualización de las deudas tributarias incluidas en los acuerdos de reestructuración es procedente al tener como sustento el citado artículo 51.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: JUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ

Bogotá, D.C., noviembre doce (12) de dos mil tres (2.003)

Radicación número: 11001-03-27-000-2001-0352-01(12770)

Actor: MANUEL BONILLA CARDOZO

Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia: ACCIÓN PUBLICA DE NULIDAD PARCIAL CONTRA EL DECRETO 1443 DE 2001

FALLO

El ciudadano MANUEL BONILLA CARDOZO, en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo solicita la nulidad del Decreto 1443 del 19 de julio de 2001, expedido por el Gobierno Nacional por medio del cual se reglamenta el artículo 867-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 51 de la Ley 633 de 2000.

NORMA DEMANDADA

El texto de la norma objeto de la presente acción pública es el siguiente:

DECRETO NUMERO 1443 DE 2001

(julio 19)

Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo primero del artículo 867-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 51 de la Ley 633 de 2000.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,

D E C R E T A

ARTICULO 1. Actualización del valor de las obligaciones tributarias en los acuerdos de reestructuración. El valor de las obligaciones tributarias incluidas en los acuerdos de reestructuración a que hace referencia la Ley 550 de 1999, se determinará de conformidad con lo establecido en el artículo 867-1 del Estatuto Tributario.

ARTICULO 2. Liquidación de la actualización de las obligaciones tributarias. La liquidación de la actualización de las obligaciones tributarias incluidas en los acuerdos de reestructuración y determinadas según el artículo 867-1 del Estatuto Tributario, se calculará con base en los factores que anualmente se señalan mediante resolución expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, vigente a la fecha en que se efectúen los pagos, de conformidad con los plazos pactados en el acuerdo de reestructuración.

Las sumas liquidadas, se pagarán en pesos corrientes durante el plazo adicional otorgado, una vez canceladas la totalidad de las sumas correspondientes a sanciones, intereses e impuestos adeudados objeto de la negociación y no serán susceptibles de nueva actualización.

ARTICULO 3.Plazo para el pago del valor de la actualización. El otorgamiento del plazo adicional de hasta dos (2) años para el pago de la actualización, establecido en el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, es potestativo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y podrá ser concedido en un término igual o inferior al señalado, atendiendo a la cuantía de la actualización, al flujo de fondos y a la viabilidad económica que sustentan el acuerdo de reestructuración.

Parágrafo. El plazo concedido para el pago del valor de la actualización, hará parte del acuerdo de reestructuración y mantendrá la prestación legal de las obligaciones fiscales.

ARTICULO 4. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

DEMANDA

El actor indica como normas superiores violadas el artículo 56 de la Ley 550 de 1999, los artículos 48 y 51 de la Ley 633 de 2000, el artículo 1602 del Código Civil así como el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política.

El concepto de la violación se resume así:

En concepto del demandante conforme al artículo 56 de la Ley 550 de 1999, las obligaciones tributarias establecidas en los acuerdos de reestructuración se sujetarán a esos acuerdos sin aplicarse las normas y requisitos establecidos en los artículos 814 y 814-2 del Estatuto Tributario, puesto que los mismos son ley para las partes y la misma norma excluye liquidaciones posteriores, eliminando automáticamente los requisitos del artículo 867-1 del Estatuto Tributario (actualización de obligaciones tributarias), a la cual se remite el artículo 814 ibídem.

Afirmó que el artículo 48 de la Ley 633 de 2000 se refiere a las empresas que realicen acuerdos de reestructuración en los cuales no intervenga la DIAN, por lo cual se fija el trámite para una facilidad o acuerdo de pago con el fin de cancelar las obligaciones con esa entidad; por su parte el artículo 51 de la misma Ley fija un trámite para las empresas que celebren acuerdos de reestructuración incluida la DIAN, por lo que esta entidad presenta para la celebración del acuerdo, la liquidación actualizada de las obligaciones tributarias negociables del artículo 52 de la Ley 550 de 1999. Por lo tanto en su parecer, no puede un decreto reglamentario como el 1443 de 2001, establecer de manera directa que las deudas tributarias establecidas en un acuerdo de reestructuración se puedan actualizar, ya que las normas que reglamenta se refieren exclusivamente a acuerdos donde no intervino la DIAN o cuando intervino ya presentó su cuenta actualizada.

En aplicación del principio constitucional que establece que no habrá deudas imprescriptibles e irredimibles, si se dejara vigente el Decreto 1443 de 2001, se permitiría que la DIAN siguiera liquidando sus obligaciones con violación directa de los artículos 56 de la Ley 550 de 1999 y 189 numeral 11 de la Constitución Política. Afirma que acuerdo celebrado es acuerdo cumplido salvo que se incumplan los plazos establecidos dentro del mismo.

Concluye indicando que el decreto demandado es violatorio del artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política al desbordar la facultad reglamentaria del ejecutivo estableciendo que las deudas tributarias establecidas en un acuerdo de reestructuración puedan ser actualizadas, cuando la misma Ley 550 de 1999 no lo permite. Finaliza diciendo que el Decreto 1443 de 2001 además de vulnerar las normas antes comentadas, viola también los artículos 1602 del Código Civil, que establece que todo contrato legalmente celebrado es Ley para las partes, así como el principio del enriquecimiento sin causa, puesto que la acreencia declarada no puede ser modificada, en perjuicio del deudor.

OPOSICIÓN

La apoderada judicial de la DIAN al contestar la demanda dentro de la oportunidad legal expuso como fundamentos de defensa de la norma demandada los siguientes:

A su juicio, es errado el cotejo de legalidad planteado por el demandante al considerar que el Decreto 1443 de 2001, vulnera el artículo 56 de la Ley 550 de 1999, cuando es claro que el desarrollo reglamentario lo es específicamente en cuanto al artículo 867-1 del Estatuto Tributario. Considera inconcebible que el Estado en calidad de acreedor fiscal tenga que renunciar a un mecanismo legal de actualizar sus obligaciones tributarias, por una supuesta prohibición legal que no existe. El hecho que no se apliquen los artículos 814 y 814-2 del Estatuto Tributario, no implica per se que por analogía, las obligaciones tributarias que se incluyan en el acuerdo de reestructuración no deban actualizarse.

Adujo que la DIAN como el resto de los acreedores y con una posición privilegiada por tratarse de una deuda fiscal tiene pleno derecho a la actualización de las obligaciones fiscales dentro del acuerdo de reestructuración empresarial, situación regulada por el artículo 51 de la Ley 550 de 1999.

Respecto a la posible violación del artículo 56 de la Ley 550 de 1999, argumentó que las obligaciones fiscales como cualquier otra deuda, se devalúa por el transcurso del tiempo y específicamente por la exposición a la inflación, es por ello que el legislador tributario ha contemplado dentro de la normatividad tributaria la actualización, con el fin de traer a valor presente el monto de las sumas adeudadas por los conceptos de impuestos, sanciones e intereses a través de la indexación.

Adujo que la DIAN en su calidad de acreedora, se hace parte dentro del acuerdo de reestructuración, con el fin que en el mismo se pacte, junto con las demás obligaciones de la empresa, la prelación, plazos y condiciones en que se pagarán las acreencias, al igual que las garantías prestadas para su cumplimiento; pero ello no implica que el hecho que no se apliquen las normas sobre facilidades de pago, la DIAN no pueda exigir a las empresas que se acogen a los acuerdos de reestructuración, la actualización de las deudas fiscales, porque ello iría en desmedro de los intereses del erario público. Siendo ello así es inexistente la prohibición respecto del artículo 867-1 en cuanto a que las obligaciones incluidas en un acuerdo de reestructuración no puedan ser actualizadas.

Afirmó que la reglamentación del parágrafo 1° del artículo 867-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, para efectos de su ejecución, se encuentra en el Decreto 1443 de 2001, objeto de la demanda, al desarrollar aquellos pormenores en los cuales no se detuvo el legislador, como que las obligaciones tributarias de los acuerdos de reestructuración se actualizarán de acuerdo con el artículo 867-1 del Estatuto Tributario, que los factores establecidos en las resoluciones expedidas por la DIAN sirven de base para la actualización de tales obligaciones, teniendo en cuenta la resolución que esté vigente en la fecha en que se efectúen los pagos; que el pago de la actualización se realiza en pesos corrientes durante el plazo adicional de dos años, una vez se haya cancelado lo correspondiente a sanciones, intereses e impuestos. Por todo lo anterior, concluye que el cotejo de legalidad del decreto reglamentario demandado, no puede realizarse frente al artículo 56 de la Ley 550 de 1999, como quiera que el mismo, no desarrolla tal precepto legal para efecto de su ejecución y cumplimiento.

SUSPENSION PROVISIONAL.

La Sala mediante auto del dieciséis (16) de mayo del año 2002, negó la solicitud de suspensión provisional del decreto 1443 de 2001, al considerar que el acto acusado fue expedido para reglamentar el parágrafo primero del artículo 867-1 del Estatuto Tributario, norma que precisamente se refiere a la regulación de la actualización de las obligaciones tributarias pendientes de pago y objeto de negociación por parte de las empresas que celebran acuerdos de reestructuración, por lo que a su juicio la norma superior reglamentada, así como las invocadas por el actor, debían ser objeto de estudio en la sentencia, no surgiendo de bulto la ostensible violación de los preceptos superiores invocados.

ALEGATOS DE CONCLUSION.

La apoderada de la entidad demandada, reitera que el hecho que no se apliquen los artículos 814 y 814-2 respecto a las facilidades de pago, no implica per se, que por analogía o similitud, las obligaciones tributarias que se incluyan en el acuerdo de reestructuración no deban actualizarse, pues sería ilógico que las deudas fiscales quedaran reducidas a una cuantía mínima, fruto de la inflación imperante.

La inaplicación de las normas fiscales que contemplan las facilidades de pago, tal como se consagró en el artículo 56 de la Ley 550 de 1999, no lleva inmerso la figura jurídica de la actualización de las obligaciones tributarias, por lo que es inexistente la prohibición que reclama el demandante del artículo 867-1 del Estatuto Tributario. Aduce que es igualmente equivocada la interpretación del actor sobre los artículos 48 y 51 de la Ley 633 de 2000, pues en la primera norma, la modificación se refiere a otorgar al Subdirector de Cobranzas y a los Administradores de Impuestos Nacionales, facultades para que pueda otorgar, con garantías diferentes y tasa de interés inferiores, un plazo superior al término general que cubre las facilidades de pago de cinco años del artículo 814 del Estatuto Tributario cuando el deudor haya celebrado acuerdos de reestructuración de su deuda con establecimientos financieros, y en la segunda se hace referencia a la comentada actualización de las obligaciones tributarias. Por tanto no está conforme con la interpretación que la DIAN en unos casos llega con las obligaciones actualizadas y en otros no, cuando en realidad la regla general es que en todos los casos las obligaciones tributarias se someten a actualización o indexación en la medida en que tengan más de tres años de antigüedad.

MINISTERIO PUBLICO

A juicio de la colaboradora fiscal si el artículo 867-1 del Estatuto Tributario no hubiere sido objeto de una modificación, es claro que el demandante tendría razón suficiente para solicitar la nulidad del Decreto 1443 de 2001, pero el artículo 51 de la Ley 633 de 2000 al haber adicionado aquel artículo del Estatuto, con los parágrafos 1° y 2°, se infiere de manera incontrovertible que a partir de la Ley 633 de 2000, cobró vigencia la obligación de actualizar el valor de las deudas tributarias contenidas en los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos de la Ley 550 de 1999, siendo esa la razón por la cual el Decreto demandado reglamenta el parágrafo primero del artículo 867-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 51 de la Ley 633 de 2000 y no el artículo 56 de la Ley 550 de 1999. En tales circunstancias, los cuatro artículos demandados del decreto 1443 de 2001 lejos de contrariar lo dispuesto en las normas invocadas por el actor, buscan dan claridad al alcance del artículo 867-1 del estatuto Tributario, por lo cual solicita desestimar las súplicas de la demanda.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Decide la Sala la demanda presentada por el actor contra los artículos 1°, 2°, 3° y 4° del Decreto Reglamentario 1443 de 2001 que señalan la actualización del valor de las obligaciones tributarias en los acuerdos de reestructuración, la liquidación de la actualización de las obligaciones tributarias, el plazo para el pago del valor de la actualización y la vigencia del mismo, respectivamente.

El texto de las normas demandadas es el siguiente:

ARTICULO 1.Actualización del valor de las obligaciones tributarias en los acuerdos de reestructuración. El valor de las obligaciones tributarias incluidas en los acuerdos de reestructuración a que hace referencia la Ley 550 de 1999, se determinará de conformidad con lo establecido en el artículo 867-1 del Estatuto Tributario.

ARTICULO 2.Liquidación de la actualización de las obligaciones tributarias. La liquidación de la actualización de las obligaciones tributarias incluidas en los acuerdos de reestructuración y determinadas según el artículo 867-1 del Estatuto Tributario, se calculará con base en los factores que anualmente se señalan mediante resolución expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, vigente a la fecha en que se efectúen los pagos, de conformidad con los plazos pactados en el acuerdo de reestructuración.

Las sumas liquidadas, se pagarán en pesos corrientes durante el plazo adicional otorgado, una vez canceladas la totalidad de las sumas correspondientes a sanciones, intereses e impuestos adeudados objeto de la negociación y no serán susceptibles de nueva actualización.

ARTICULO 3. Plazo para el pago del valor de la actualización. El otorgamiento del plazo adicional de hasta dos (2) años para el pago de la actualización, establecido en el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, es potestativo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y podrá ser concedido en un término igual o inferior al señalado, atendiendo a la cuantía de la actualización, al flujo de fondos y a la viabilidad económica que sustentan el acuerdo de reestructuración.

Parágrafo. El plazo concedido para el pago del valor de la actualización, hará parte del acuerdo de reestructuración y mantendrá la prestación legal de las obligaciones fiscales.

ARTICULO 4.Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación."

Para el demandante conforme al artículo 56 de la Ley 550 de 1999, las obligaciones tributarias establecidas en los acuerdos de reestructuración al no sujetarse a los artículos 814 y 814-2 del Estatuto Tributario, no es posible efectuar actualización de aquellas obligaciones. Realiza una distinción entre los artículos 48 de la Ley 633 de 2000 que adicionó con un parágrafo el artículo 814 del Estatuto Tributario y el 51 de la misma ley que adicionó el 867-1 del mismo estatuto. Afirmó que el artículo 48 de la Ley 633 de 2000 se refiere a las empresas que realicen acuerdos de reestructuración en los cuales no intervenga la DIAN, por lo cual se fija el trámite de la facilidad o acuerdo de pago para cancelar las obligaciones con esa entidad; por su parte el artículo 51 de la misma Ley fija un trámite para las empresas que celebren acuerdos de reestructuración incluida la DIAN, por lo que esta entidad presenta para la celebración del acuerdo la liquidación actualizada de las obligaciones tributarias negociables del artículo 52 de la Ley 550 de 1999.

Por lo tanto en su parecer, no puede un Decreto Reglamentario como el 1443 de 2001, establecer de manera directa que las deudas tributarias establecidas en un acuerdo de reestructuración se puedan actualizar ya que las normas que reglamenta se refieren exclusivamente a acuerdos donde no intervino la DIAN o cuando intervino ya presentó su cuenta actualizada.

Citó como normas violadas los artículos 56 de la Ley 550 de 1999, 48 y 51 de la Ley 633 de 2000, incorporados éstos dos últimos dentro de los artículos 814 y 867-1 del Estatuto Tributario, cuyos textos son los siguientes:

Ley 550 de 1999 artículo 56. Condiciones para el pago de obligaciones tributarias. Las condiciones y términos establecidos en el acuerdo de reestructuración en relación con obligaciones tributarias se sujetarán a lo dispuesto en él, sin aplicarse los requisitos previstos en los artículos 814 y 814-2 del Estatuto Tributario, salvo en caso de incumplimiento del acuerdo de reestructuración, o cuando el garante sea un tercero y la autoridad tributaria opte por hacer efectiva la responsabilidad de éste, de conformidad con el parágrafo primero del artículo 14 de esta ley. (se ha subrayado).

Estatuto Tributario artículo 814. Modificado L. 6ª/92 artículo 91. Facilidades para el pago. El subdirector de cobranzas y los administradores de impuestos nacionales, podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para pago de los impuestos de timbre, de renta y complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, o de cualquier otro impuesto administrado por la Dirección de Impuestos Nacionales, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la administración. Se podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior a diez millones de pesos ($10.000.000) (hoy $ 49.800.000).

Igualmente podrán concederse plazos sin garantías, cuando el término no sea superior a un año y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro.

En relación con la deuda objeto del plazo y durante el tiempo que se autorice la facilidad para el pago, se liquidará el reajuste de que trata el artículo 867-1 y se causarán intereses a la tasa de interés de mora que para efectos tributarios esté vigente en el momento de otorgar la facilidad.

En el evento en que legalmente, la tasa de interés moratorio se modifique durante la vigencia de la facilidad otorgada, ésta podrá reajustarse a solicitud del contribuyente.

Inciso adicionado Ley 488 de 1998 artículo 114. En casos especiales y solamente bajo la competencia del Director de Impuestos Nacionales, podrá concederse un plazo adicional de dos (2) años, al establecido en el inciso primero de este artículo.

PARAGRAFO Adicionado Ley 633 de 2000 artículo 48. Cuando el respectivo deudor haya celebrado un acuerdo de reestructuración de su deuda con establecimientos financieros, de conformidad con la reglamentación expedida para el efecto por la Superintendencia Bancaria, y el monto de la deuda reestructurada represente no menos del cincuenta por ciento (50%) del pasivo del deudor, el subdirector de cobranzas y los administradores de impuestos nacionales, podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago con garantías diferentes, tasas de interés inferiores y plazo para el pago superior a los establecidos en el presente artículo, siempre y cuando se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

1. En ningún caso el plazo para el pago de las obligaciones fiscales podrá ser superior al plazo más corto pactado en el acuerdo de reestructuración con entidades financieras para el pago de cualquiera de dichos acreedores.

2. Las garantías que se otorguen a la DIAN serán iguales o equivalentes a las que se hayan establecido de manera general para los acreedores financieros en el respectivo acuerdo.

3. Los intereses que se causen por el plazo otorgado en el acuerdo de pago para las obligaciones fiscales susceptibles de negociación se liquidarán a la tasa que se haya pactado en el acuerdo de reestructuración con las entidades financieras, observando las siguientes reglas:

a) En ningún caso la tasa de interés efectiva de las obligaciones fiscales podrá ser inferior a la tasa de interés efectiva más alta pactada a favor de cualquiera de los otros acreedores, y

b) La tasa de interés de las obligaciones fiscales que se pacte en acuerdo de pago, no podrá ser inferior al índice de preciso al consumidor certificado por el DANE incrementado en el cincuenta por ciento (50%).(Se ha subrayado).

Estatuto Tributario artículo 867-1. Adicionado L. 6ª/92 artículo 75. Actualización del valor de las obligaciones tributarias pendientes de pago. Los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones a su cargo, a partir del tercer año de mora, deberán reajustar los valores de dichos conceptos en un porcentaje equivalente al incremento porcentual del índice de precios al consumidor nivel ingresos medios, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, por año vencido corrido entre el 1° de marzo siguiente al vencimiento del plazo y el 1° de marzo inmediatamente anterior a la fecha del respectivo pago.

Cuando se trate de mayores valores establecidos mediante liquidación oficial el período a tener en cuenta para el ajuste, se empezará a contar desde el 1° de marzo siguiente a los tres años contados a partir del vencimiento del plazo en que debieron de haberse cancelado de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable al que se refiere la correspondiente liquidación oficial.

En el caso de las sanciones aplicadas mediante resolución independiente, el período se contará a partir del 1° de marzo siguiente a los tres años contados a partir de la fecha en que haya quedado en firme en la vía gubernativa la correspondiente sanción.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a todos los pagos o acuerdos de pago que se realicen a partir del 1° de marzo de 1993, sin perjuicio de los intereses de mora, los cuales se continuarán liquidando en la forma prevista en los artículos 634 y 635, sobre el valor de la obligación sin el ajuste a que se refiere este artículo.

Para los efectos de la aplicación de este artículo, la Dirección de Impuestos Nacionales, deberá señalar anualmente la tabla contentiva de los factores que faciliten a los contribuyentes liquidar el monto a pagar durante la respectiva vigencia.

PARAGRAFO 1°. Adicionado Ley 633 de 2000 artículo 51.Para efectos de la actualización de las obligaciones tributarias de que trata este artículo, las empresas que celebren acuerdos de reestructuración en los términos de la ley 550 de 1999, en relación con las obligaciones tributarias objeto de negociación de conformidad con el artículo 52 de la misma ley, se ajustarán a la siguiente regulación:

1. Se liquidará y causará la obligación correspondiente a la actualización de acuerdo a las normas vigentes, pero su pago podrá ser diferido para ser cancelado una vez se haya cubierto la totalidad de las sumas correspondientes a sanciones, intereses e impuestos adeudados objeto de la negociación.

2. Los saldos así acumulados se podrán pagar en pesos corrientes a partir del vencimiento del plazo acordado para el pago de las obligaciones tributarias, siempre y cuando se cumpla con los términos y plazos establecidos en el acuerdo de reestructuración y hasta por un plazo máximo de dos (2) años, que se graduará en atención al monto de la deuda, de la situación de la empresa deudora y de la viabilidad de la misma.

3. Para el plazo adicional así establecido, el monto de las obligaciones por concepto de actualización de que trata este artículo, conservará la prelación legal, y su pago podrá ser compartido con los demás acreedores.

PARAGRAFO 2. Adicionado Ley 633 de 2000 artículo 51. En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorcios responderán solidariamente por los impuestos, actualización e intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período gravable. La solidaridad de que trata este artículo no se aplicará a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas.

En los mismos términos se entienden modificados el inciso primero y el literal b) del artículo 793 y el artículo 794 de este estatuto."(Se ha subrayado).

De las normas transcritas se deduce que ha sido intención del legislador desde la expedición de la Ley 550 de 1999, establecer un tratamiento especial para las deudas que los contribuyentes, responsables y agentes retenedores tengan para con la Administración Tributaria, de manera que la reactivación empresarial y la reestructuración de los créditos de las personas jurídicas que opten por tal alternativa tengan una cobertura total de sus deudas. Así pues la propia ley de reactivación (Ley 550/99), señaló que las deudas tributarias incorporadas en los acuerdos de reestructuración se sujetarían a lo dispuesto en los mismos, de manera que las facilidades o acuerdos de pago previstas para la generalidad de los contribuyentes no resultaban aplicables a las personas jurídicas que hubieren suscrito tales acuerdos.

Por tanto la prohibición en su aplicación de los requisitos previstos en los artículos 814 y 814-2 contenida en el artículo 56 de la Ley 550 de 1999, encuentra su justificación en el hecho que una vez el crédito fiscal ha sido incluido en el acuerdo de reestructuración con las condiciones especiales pactadas en éste, sería improcedente que la DIAN exigiera adicionalmente que el deudor tributario constituyera garantías reales, personales, bancarias o de compañías de seguros para respaldar un acuerdo de pago, que ya fue celebrado bajo la modalidad de reestructuración de la Ley 550 de 1999.

Por otro lado, a partir de la Ley 6ª de 1992 en su artículo 75 que adicionó con el artículo 867-1 el Estatuto Tributario, previó que los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes que tuvieran más de tres años de mora en el pago de impuestos, anticipos, retenciones y sanciones, debían actualizar el monto de tales obligaciones en el incremento porcentual del índice de precios al consumidor nivel ingresos medios, certificado por el DANE por año vencido corrido entre el 1° de marzo siguiente al vencimiento del plazo y el 1° de marzo inmediatamente anterior a la fecha del respectivo pago.

Esta disposición fue adicionada por el articulo 51 de la Ley 633 de 2000 en el sentido de regular la forma de efectuar la actualización de la deuda tributaria dentro del proceso de reestructuración de la Ley 550 de 1999; así es que las deudas tributarias incluidas en los acuerdos de que trata la Ley 550 de 1999 serán actualizadas conforme lo indica el artículo 867-1 del Estatuto Tributario, adicionado con el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, liquidándose con base en los parámetros previstos para los acuerdos de reestructuración por las disposiciones pertinentes, que en el caso de las deudas tributarias será el artículo 867-1 del Estatuto Tributario.

En relación con el cargo que aduce el demandante consistente en que el Decreto 1443 de 2001 es violatorio del artículo 56 de la Ley 550 de 1999, al prohibir éste último la aplicación de los artículos 814 y 814-2 del Estatuto Tributario, y entre ellos la actualización del artículo 867-1 ib. , la Sala considera que no le asiste razón en su argumento demandatorio, por las siguientes razones:

Como se puede apreciar, en el encabezamiento del Decreto 1443 de 2001, su contenido reglamenta en su integridad el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, que como se dijo anteriormente se refiere a la actualización de las deudas tributarias incluidas en los acuerdos de reestructuración y no al artículo 56 de la Ley 550 de 1999, que tal como aparece transcrito al inicio de estas consideraciones, se refiere a la improcedencia de aplicar los requisitos del artículo 814 del Estatuto Tributario, que son entre otros los siguientes: constituir un fideicomiso de garantía, ofrecer bienes para su embargo y secuestro o garantías personales, reales, bancarias o de compañía de seguros o cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda, todas ellas propias de las facilidades de pago respecto de los impuestos nacionales que administra la DIAN.

El hecho que el inciso 3° del artículo 814 del Estatuto Tributario, señale que las facilidades de pago debían ser actualizadas con el índice de inflación del artículo 867-1 ib., no implica que dicha norma deba aplicarse a los acuerdos de reestructuración, ya que para éstos últimos se tiene el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, plenamente vigente hoy día y objeto de reglamentación por el decreto demandado. Por ello, para la Sala no es de recibo el argumento del demandante en el sentido que los acuerdos de reestructuración al no sujetarse a los artículos 814 y 814-2 del Estatuto Tributario, no pueden ser objeto de actualización, ya que olvida que fue precisamente el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, norma reglamentada por los artículos demandados, la que autorizó dicho reajuste.

Cabe anotar que la expresión "se liquidará el reajuste de que trata el artículo 867-1" del inciso 3° del artículo 814 del Estatuto Tributario, fue declarado inexequible el pasado 27 de marzo del año en curso, por la Corte Constitucional (Sentencia C-231/03), es decir que en lo tocante con las facilidades de pago que contempla el artículo 814 del mencionado Estatuto, la actualización de las mismas, ya no es posible, sin que tal prohibición llegue a afectar la procedencia del reajuste o actualización para las obligaciones tributarias objeto de negociación de la Ley 550 de 1999, porque para éstas últimas el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, las reguló en sus parágrafos 1 y 2; por tanto, aún después del fallo de inexequibilidad, la actualización de las deudas tributarias incluidas en los acuerdos de reestructuración es procedente al tener como sustento el citado artículo 51.

En lo referente al cargo de la violación de los artículos 48 y 51 de la Ley 633 de 2000 por parte del Decreto 1443 de 2001, para la Sala tampoco está llamado a prosperar, toda vez, que si bien efectúa una serie de interpretaciones en cuanto al sentido de dichas normas legales, lo cierto es que no desarrolla ningún concepto de violación en que pudiera estar incurriendo el articulado demandado del Decreto 1443 de 2001 frente a esas disposiciones superiores, limitándose a afirmar la imposibilidad de la actualización, situación ya analizada en las consideraciones anteriores.

Es importante precisar que el artículo 48 de la Ley 633 de 2000 dispuso las condiciones que se deben cumplir en las facilidades de pago concedidas por la DIAN a deudores que han celebrado acuerdos de reestructuración con establecimientos financieros, de conformidad con la reglamentación expedida para el efecto por la Superintendencia Bancaria, cuestión diferente a la disposición contenida en la norma superior reglamentada, es decir el artículo 51 de la Ley 633 de 2000, que no se refiere a facilidades de pago, sino expresamente a los acuerdos de reestructuración celebrados por las empresas en relación con sus obligaciones tributarias, en los términos de la Ley 550 de 1999, por lo que mal podría violar dicha norma el decreto demandado.

En relación con la norma demandada, esto es el Decreto 1443 de 2001, se tiene que el mismo reglamenta el "parágrafo primero del artículo 867-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 51 de la Ley 633 de 2000" según lo expresa el encabezamiento del mismo, lo que denota que la potestad reglamentaria del Presidente fue ejercida para regular la actualización del valor de las obligaciones tributarias en los acuerdos de reestructuración de la Ley 550/99, evidenciándose la congruencia entre la norma reglamentada y la que es objeto de impugnación en esta oportunidad.

Los cargos tercero, cuarto y quinto de la demanda son reiterativos en cuanto a que la norma demandada vulnera el artículo 56 de la Ley 550 de 1999, ya que tal norma pretende reglamentar situaciones que no establecieron los artículos 48 y 51, todas ellas pretensiones que no pueden ser atendibles por las consideraciones efectuadas anteriormente; las presuntas violaciones a los principios de abuso del derecho por violar el artículo 1602 del Código Civil y del enriquecimiento sin causa, no fueron explicados en cuanto al concepto de la violación ni enunciados los fundamentos de las mismas.

Por todo lo anterior, no se accederá a decretar la nulidad del Decreto 1443 de 2001, por las razones expuestas y además porque la facultad reglamentaria del Presidente de la República en relación con el artículo 867-1 del Estatuto Tributario, tal como fue adicionado por el artículo 51 de la Ley 633 de 2000 no fue excedida.

En mérito de los expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

F A L L A

1. DENIEGANSE las súplicas de la demanda.

2. RECONOCESE personería a la Doctora EDNA PATRICIA DIAZ MARIN para actuar en el proceso a nombre de la Nación.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Copiése, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida en la sesión de la fecha.

LIGIA LÓPEZ DÍAZ GERMAN AYALA MANTILLA

Presidente

MARÍA INÉS ORTIZ BARBOSA JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE

RAÚL GIRALDO LONDOÑO

Secretario