SENTENCIA 1100103270002001033401(12730) de 2002

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010005173SENTENCIACUARTA1100103270002001033401(12730)200212/12/2002SENTENCIA__CUARTA__1100103270002001033401(12730)__2002_12/12/2002100051732002INTERESES MORATORIOS POR PAGOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2001 - La norma reglamentaria perdi� fuerza ejecutoria al haber sido declarada inexequible la norma que lo reglamentaba / SITUACIONES NO CONSOLIDADAS - No pueden ampararse en un precepto contrario a la Constituci�n / PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA - Se presenta cuando como en el sub lite la norma que era el fundamento de derecho de la norma demandada fue declarada inexequible / AMNISTIA TRIBUTARIA - Vulneraci�n del derecho a la igualdad / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Por inexequibilidad de la norma que le daba sustento / SITUACION CONSOLIDADA - No es revisable: intangibilidad En el presente caso, a la temporalidad de la norma reglamentada, se uni� otra circunstancia que implic� la p�rdida de fuerza ejecutoria de los art�culos 1� y 2� del Decreto 300 de 2001, pues el art�culo 100 de la Ley 633 de 2000 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1115 del 24 de octubre de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esta providencia, la Corte reiterando el criterio expuesto en Sentencias anteriores, consider� que el art�culo 100 de la ley 633 de 2000 conten�a una amnist�a que sacrific� el derecho a la igualdad injustificadamente. En opini�n de esa Corporaci�n, la norma estableci� un beneficio tributario exclusivo para un grupo, dentro del universo de todos los contribuyentes, con fundamento en su situaci�n de incumplimiento, criterio que ha considerado inaceptable. Sin embargo, al declarar la inexequibilidad de la norma, la Corte Constitucional expresamente dispuso que, por respeto a las situaciones consolidadas y a los derechos adquiridos bajo su vigencia, como al principio de buena fe, los efectos de la decisi�n s�lo rigen hacia el futuro. Por tanto, las situaciones no consolidadas quedan sujetas a la inconstitucionalidad declarada. Ahora bien, es claro que los apartes del Decreto 300 de 2001, reglamentarios de la norma declarada inexequible, corren la misma suerte, esto es, son contrarios a derecho en virtud de la declaratoria hecha por la Corte Constitucional del art�culo 100 de la Ley 633 de 2000, respetando las situaciones jur�dicas consolidadas, conforme lo orden� la Sentencia comentada. Esta circunstancia, surgida con posterioridad a la presentaci�n de la demanda, hace que no sea procedente que el Consejo de Estado estudie la legalidad de los apartes demandados de los art�culos 1 y 2 del Decreto 300 de 2001, toda vez que las situaciones jur�dicas que se consolidaron en vigencia de la norma no son susceptibles de ser revisadas, y aquellas circunstancias que se encuentren sub-judice en este momento, no pueden ampararse en una norma contraria a la Constituci�n Pol�tica. La Sala concluye entonces que, desde la Sentencia C-1115 del 24 de octubre de 2001, los art�culos 1� y 2� del Decreto 300 de 2001 han deca�do y perdido su fuerza ejecutoria por haber desaparecido el fundamento de derecho que lo sustentaba, de conformidad con el numeral 2� del art�culo 66 del C�digo Contencioso Administrativo. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCI�N CUARTA Consejera ponente: LIGIA L�PEZ D�AZ Bogot�, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil dos (2002)

INTERESES MORATORIOS POR PAGOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2001 - La norma reglamentaria perdi� fuerza ejecutoria al haber sido declarada inexequible la norma que lo reglamentaba / SITUACIONES NO CONSOLIDADAS - No pueden ampararse en un precepto contrario a la Constituci�n / PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA - Se presenta cuando como en el sub lite la norma que era el fundamento de derecho de la norma demandada fue declarada inexequible / AMNISTIA TRIBUTARIA - Vulneraci�n del derecho a la igualdad / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Por inexequibilidad de la norma que le daba sustento / SITUACION CONSOLIDADA - No es revisable: intangibilidad

En el presente caso, a la temporalidad de la norma reglamentada, se uni� otra circunstancia que implic� la p�rdida de fuerza ejecutoria de los art�culos 1� y 2� del Decreto 300 de 2001, pues el art�culo 100 de la Ley 633 de 2000 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1115 del 24 de octubre de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esta providencia, la Corte reiterando el criterio expuesto en Sentencias anteriores, consider� que el art�culo 100 de la ley 633 de 2000 conten�a una amnist�a que sacrific� el derecho a la igualdad injustificadamente. En opini�n de esa Corporaci�n, la norma estableci� un beneficio tributario exclusivo para un grupo, dentro del universo de todos los contribuyentes, con fundamento en su situaci�n de incumplimiento, criterio que ha considerado inaceptable. Sin embargo, al declarar la inexequibilidad de la norma, la Corte Constitucional expresamente dispuso que, por respeto a las situaciones consolidadas y a los derechos adquiridos bajo su vigencia, como al principio de buena fe, los efectos de la decisi�n s�lo rigen hacia el futuro. Por tanto, las situaciones no consolidadas quedan sujetas a la inconstitucionalidad declarada. Ahora bien, es claro que los apartes del Decreto 300 de 2001, reglamentarios de la norma declarada inexequible, corren la misma suerte, esto es, son contrarios a derecho en virtud de la declaratoria hecha por la Corte Constitucional del art�culo 100 de la Ley 633 de 2000, respetando las situaciones jur�dicas consolidadas, conforme lo orden� la Sentencia comentada. Esta circunstancia, surgida con posterioridad a la presentaci�n de la demanda, hace que no sea procedente que el Consejo de Estado estudie la legalidad de los apartes demandados de los art�culos 1 y 2 del Decreto 300 de 2001, toda vez que las situaciones jur�dicas que se consolidaron en vigencia de la norma no son susceptibles de ser revisadas, y aquellas circunstancias que se encuentren sub-judice en este momento, no pueden ampararse en una norma contraria a la Constituci�n Pol�tica. La Sala concluye entonces que, desde la Sentencia C-1115 del 24 de octubre de 2001, los art�culos 1� y 2� del Decreto 300 de 2001 han deca�do y perdido su fuerza ejecutoria por haber desaparecido el fundamento de derecho que lo sustentaba, de conformidad con el numeral 2� del art�culo 66 del C�digo Contencioso Administrativo.

Referencia: nulidad parcial de los art�culos 1� y 2� del Decreto Reglamentario 300 de febrero 22 de 2001.

La sociedad SYSTEMA CHAOR LTDA, actuando a trav�s de su representante legal y en ejercicio de la acci�n consagrada en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo, demand� la nulidad parcial de los art�culos 1� y 2� del Decreto Reglamentario 300 de febrero 22 de 2001, proferido por el Gobierno Nacional.

Se demand� la nulidad de los apartes que se subrayan a continuaci�n de los art�culos 1� y 2� del Decreto 300 de febrero 22 de 2001, reglamentario de los art�culos 51 y 100 de la Ley 633 de 2000, que es del siguiente tenor:

"Art�culo 1�. Tasa Transitoria de Inter�s Moratorio. Las tasas de inter�s moratorio de que trata el art�culo 100 de la Ley 633 de 2000, son aplicables a los pagos que se realicen respecto de las deudas por concepto de impuestos, retenciones, bonos y obligaciones aduaneras administrados por la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales y, en general a todas las cuales les sea aplicable el art�culo 635 del Estatuto Tributario de conformidad con la regulaci�n correspondiente.

Para acceder a la disminuci�n de las tasas de inter�s moratorio previstas en el art�culo 100 de la Ley 663 de 2000, deber� realizarse durante el primer trimestre del a�o 2000, el pago de contado y, por la totalidad del per�odo gravable al cual aplique la tasa que corresponda.

Art�culo2�. Facilidades de Pago. La disminuci�n de las tasas de inter�s moratorio establecida en el art�culo 100 de la Ley 663 de 2000, es aplicable a quienes cancelen de contado y por la totalidad del per�odo gravable al cual aplique la tasa que corresponda, obligaciones que est�n contenidas en una facilidad de pago vigente, y a las que se hubiere decretado sin efecto por incumplimiento, siempre y cuando se cumplan con los requisitos all� establecidos.

Con auto del 3 de diciembre de 2001, se neg� la solicitud de suspensi�n provisional de los efectos del acto administrativo demandado, sin que esta decisi�n fuera impugnada.

Adujo el actor que la disposici�n transcrita viola el art�culo 100 de la Ley 633 de 2000 y en consecuencia el art�culo 152 del c�digo Contencioso Administrativo y el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica.

Afirm� que el ejecutivo excedi� su potestad reglamentaria al adicionar un requisito no previsto legalmente, toda vez que la Ley 633 de 2000 establec�a la posibilidad de hacer uso de las tasas de inter�s especiales, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

b) Que se hiciese de contado, ya que las tasas no aplican para el futuro cuando se otorguen acuerdos de pago.

Estim� que el Decreto Reglamentario 300 de 2001 estableci� otro requisito adicional: Que se pague la totalidad del per�odo gravable al cual se le aplica la tasa.

La apoderada de la Naci�n - Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, defendi� la legalidad de las normas acusadas y solicit� denegar las s�plicas de la demanda.

Se�al� que las normas acusadas no se encuentran vigentes, porque el art�culo 100 de la Ley 633 de 2000, que fue reglamentado por el Decreto 300 de 2001, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1115 del 24 de octubre de 2001, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra. Aunque dej� a salvo las situaciones jur�dicas consolidadas, al se�alar en su numeral segundo que la sentencia rige hacia el futuro.

Se�al� que la voluntad del legislador al otorgar el beneficio de la rebaja de los intereses causados por la mora en el pago de las obligaciones fiscales, fue obtener la cancelaci�n del a�o gravable completo, sin interesar que tuviera per�odos fiscales menores de un a�o, como en el caso del IVA o la retenci�n en la fuente.

Destac� que la finalidad de la norma fue aumentar el recaudo por la dif�cil situaci�n de las finanzas p�blicas.

Concluy� que la Ley no acept� pagos parciales correspondientes a los a�os gravables y en consecuencia, el Gobierno Nacional al reglamentar la Ley, tambi�n efectu� la misma exigencia.

La sociedad actora se�al� que si bien la Corte Constitucional declar� la inexequibilidad del art�culo 100 de la Ley 633 de 2000, se�al� que los efectos de la sentencia son hacia el futuro, respetando las situaciones consolidadas bajo su vigencia, por lo que considera vital determinar si el Decreto que se acusa excedi� la norma que reglament�.

Insisti� en que la disposici�n legal no estableci� que los pagos deb�an realizarse por la totalidad del periodo gravable, como lo hizo el reglamento.

La entidad demandada reiter� lo expuesto con ocasi�n de la contestaci�n a la demanda.

El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporaci�n en comisi�n, solicit� acceder a las s�plicas de la demanda, al considerar que el art�culo 100 de la Ley 633 de 2000 no distingui� entre pagos parciales y totales, ni dispuso que las tasas preferenciales s�lo se aplicar�an cuando se cancelaran totalmente las obligaciones.

En opini�n del representante del Ministerio P�blico las disposiciones acusadas restringen el alcance de la norma que reglamentan, por condicionar la aplicaci�n de las tasas all� previstas a la cancelaci�n de la totalidad de la obligaci�n.

Corresponde a la Secci�n Cuarta del Consejo de Estado decidir sobre la legalidad de los apartes acusados de los art�culos 1� y 2 del Decreto 300 de 2001, expedido por el Gobierno Nacional.

Los art�culos 1 y 2 del Decreto 300 de 2001 reglamentaron el art�culo 100 de la Ley 633 de 2000, norma que estableci� la tasa de inter�s moratorio aplicable a las obligaciones que se cancelaran durante el primer trimestre del a�o 2001.

Esta norma tuvo una vigencia transitoria y al momento de la presentaci�n de la demanda (10 de septiembre de 2001) hab�a perdido aplicaci�n, por lo tanto su reglamento corri� la misma suerte de la norma legal que le sirvi� de fundamento.

Esta Secci�n en ocasiones anteriores ha acogido el criterio de la Sala Plena de esta Corporaci�n expresado en la Sentencia del 14 de enero de 1991, expediente S-157, con ponencia del Magistrado Carlos Gustavo Arrieta Padilla, en el sentido que la derogatoria de un acto administrativo de car�cter general, surte efectos hacia el futuro, pero toda vez que el acto acusado produjo efectos durante su vigencia, es posible que las situaciones de car�cter particular y concreto que se hayan realizado no est�n consolidadas.

Siguiendo este criterio, es procedente estudiar la legalidad de actos administrativos que han perdido vigencia, para el adecuado restablecimiento del orden jur�dico supuestamente vulnerado, ante situaciones, en las que la actuaci�n general acusada surti� efectos y no est�n consolidadas.

En esta providencia, la Corte reiterando el criterio expuesto en Sentencias anteriores, consider� que el art�culo 100 de la ley 633 de 2000 conten�a una amnist�a que sacrific� el derecho a la igualdad injustificadamente.

En opini�n de esa Corporaci�n, la norma estableci� un beneficio tributario exclusivo para un grupo, dentro del universo de todos los contribuyentes, con fundamento en su situaci�n de incumplimiento, criterio que ha considerado inaceptable.

Sin embargo, al declarar la inexequibilidad de la norma, la Corte Constitucional expresamente dispuso que, por respeto a las situaciones consolidadas y a los derechos adquiridos bajo su vigencia, como al principio de buena fe, los efectos de la decisi�n s�lo rigen hacia el futuro. Por tanto, las situaciones no consolidadas quedan sujetas a la inconstitucionalidad declarada.

Ahora bien, es claro que los apartes del Decreto 300 de 2001, reglamentarios de la norma declarada inexequible, corren la misma suerte, esto es, son contrarios a derecho en virtud de la declaratoria hecha por la Corte Constitucional del art�culo 100 de la Ley 633 de 2000, respetando las situaciones jur�dicas consolidadas, conforme lo orden� la Sentencia comentada.

Esta circunstancia, surgida con posterioridad a la presentaci�n de la demanda, hace que no sea procedente que el Consejo de Estado estudie la legalidad de los apartes demandados de los art�culos 1 y 2 del Decreto 300 de 2001, toda vez que las situaciones jur�dicas que se consolidaron en vigencia de la norma no son susceptibles de ser revisadas, y aquellas circunstancias que se encuentren sub-judice en este momento, no pueden ampararse en una norma contraria a la Constituci�n Pol�tica.

La sociedad actora concreta el cargo en la violaci�n al art�culo 100 de la Ley 633 de 2000, norma retirada del ordenamiento jur�dico por la Sentencia de inexequibilidad, por lo cual no es posible hacer la confrontaci�n a efectos de establecer si el reglamento exced�a no la disposici�n legal.

La Sala concluye entonces que, desde la Sentencia C-1115 del 24 de octubre de 2001, los art�culos 1� y 2� del Decreto 300 de 2001 han deca�do y perdido su fuerza ejecutoria por haber desaparecido el fundamento de derecho que lo sustentaba, de conformidad con el numeral 2� del art�culo 66 del C�digo Contencioso Administrativo.

La Sala declarar� el decaimiento del acto administrativo, por la declaratoria de inexequibilidad del art�culo 100 de la Ley 633 de 2000.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley.

1� DECL�RASE el decaimiento de los art�culos 1 y 2 del Decreto 300 de 2001 por las razones expuestas en la parte motiva.