SENTENCIA 1100103270002001024501(12260) de 2002

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010005013SENTENCIACUARTA1100103270002001024501(12260)200215/03/2002SENTENCIA__CUARTA__1100103270002001024501(12260)__2002_15/03/2002100050132002TERMINACION POR MUTUO ACUERDO DEL PROCESO TRIBUTARIO - Se requiere que el requerimiento especial y la Liquidaci�n de Revisi�n sean notificados antes de la vigencia de la Ley 633 de 2000 / REQUERIMIENTO ESPECIAL EN TERMINACION POR MUTUO ACUERDO - Al estar notificado aquel el contribuyente debe pagar el 50% del mayor impuesto discutido / LIQUIDACION DE REVISION EN TERMINACION POR MUTUO ACUERDO - Al estar notificada aquella el contribuyente debe pagar el 75% del mayor impuesto discutido Trat�ndose de procesos administrativos tributarios de modificaci�n de la liquidaci�n privada, para tener derecho a acogerse a la terminaci�n por mutuo acuerdo del proceso administrativo, tanto el requerimiento especial, como la liquidaci�n de revisi�n, debieron ser notificadas antes de la entrada en vigencia de la ley, de tal suerte que de acuerdo con la anterior disposici�n, para los procesos administrativos tributarios a que se hace referencia, pueden presentarse dos eventos en relaci�n con los cuales cabe la terminaci�n del proceso por mutuo acuerdo. De una parte, que antes de la entrada en vigencia de la ley, se haya notificado el requerimiento especial, y de otra parte, tambi�n antes de la entrada en vigencia de la ley, se haya notificado liquidaci�n de revisi�n. En el primer evento, la ley condiciona la terminaci�n del proceso administrativo, a que el contribuyente corrija su declaraci�n privada y pague el 50% del mayor impuesto discutido, de suerte que el tratamiento favorable se traduce en no tener que pagar el 50% del mayor impuesto propuesto, as� como las sanciones, intereses y actualizaci�n, seg�n el caso. En el segundo evento previsto, la ley condiciona la terminaci�n del proceso administrativo, a que el contribuyente corrija su declaraci�n privada y cancele el 75% del impuesto en discusi�n, de suerte que el tratamiento favorable se traduce en no tener que pagar el 25% del mayor impuesto propuesto, as� como las sanciones, intereses y actualizaci�n, seg�n el caso. TERMINACION POR MUTUO ACUERDO EXISTIENDO REQUERIMIENTO - El contribuyente debe pagar el 50% del mayor impuesto y no el 75% como dice el Decreto 406 de 2001 / NOTIFICACION DE LIQUIDACION DE REVISION ANTES DEL 31 DE JULIO DE 2001 - No hace perder el beneficio al contribuyente de pagar el 50% del mayor impuesto cuando el requerimiento ha sido notificado antes de la Ley 633 de 2001 / NOTIFICACION DE REQUERIMIENTO ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 633 DE 2001 - Hace procedente el pago del 50% del mayor impuesto sin importar que se notifique liquidaci�n de revisi�n antes del 31 de julio de 2001 Debe entenderse que la terminaci�n del proceso administrativo tributario, se encuentra establecida en relaci�n con las actuaciones o con los actos administrativos que hab�an sido notificados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 633 de 2000. De manera que de conformidad con la anterior disposici�n, si a la fecha de entrada en vigencia de la ley, al contribuyente se le ha notificado requerimiento especial, debe pagar el 75% del mayor impuesto determinado oficialmente, en el caso en que la liquidaci�n de revisi�n le hubiese sido notificada antes del 31 de julio de 2001, situaci�n que no se encuentra regulada de esta forma en la ley, seg�n la cual si la actuaci�n notificada a la fecha de su entrada en vigencia, es el requerimiento especial la suma a pagar es el 50% del impuesto discutido y no el 75%, que corresponde pagar s�lo si la liquidaci�n de revisi�n fue notificada antes de la vigencia de la ley, y no con posterioridad tal fecha, como lo entiende el Gobierno Nacional al reglamentar la norma superior. En efecto, si bien es dable que en el lapso comprendido entre la entrada en vigencia de la ley y el 31 de julio de 2001, la Administraci�n en cumplimiento del art�culo 701 del Estatuto Tributario, notifique liquidaci�n oficial de revisi�n, ello no var�a el hecho de que la actuaci�n notificada antes de la vigencia de la ley, que es la circunstancia prevista en la ley para acceder a la terminaci�n del proceso, corresponde al requerimiento especial, para el cual expresamente est� previsto el pago del 50% del mayor impuesto discutido. De tal suerte que introducir una situaci�n no prevista por el legislador, como es la notificaci�n de la liquidaci�n oficial con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 633 de 2000, para que el contribuyente no pueda acogerse al pago del 50% establecido en la norma superior, sino que quede sujeto al pago del 75%, v�a reglamento, implica una modificaci�n de la ley, para la cual no se encuentra autorizado el ejecutivo en ejercicio de su facultad de reglamentaci�n. De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que la norma reglamentaria cambia las condiciones previstas en la norma superior para acogerse a la terminaci�n por mutuo acuerdo del proceso administrativo tributario. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: GERM�N AYALA MANTILLA Bogot�, D.C., quince (15) de marzo de 2002

Norma demandada: �En ejercicio de la acci�n p�blica de nulidad, el ciudadano Antonio Jos� Castillo Solano acus� parcialmente la legalidad del literal d) del art�culo 11 del Decreto Reglamentario 406 de 2001, por medio del cual se reglament� la Ley 633 de 2000 y el Estatuto Tributario.

TERMINACION POR MUTUO ACUERDO DEL PROCESO TRIBUTARIO - Se requiere que el requerimiento especial y la Liquidaci�n de Revisi�n sean notificados antes de la vigencia de la Ley 633 de 2000 / REQUERIMIENTO ESPECIAL EN TERMINACION POR MUTUO ACUERDO - Al estar notificado aquel el contribuyente debe pagar el 50% del mayor impuesto discutido / LIQUIDACION DE REVISION EN TERMINACION POR MUTUO ACUERDO - Al estar notificada aquella el contribuyente debe pagar el 75% del mayor impuesto discutido

Trat�ndose de procesos administrativos tributarios de modificaci�n de la liquidaci�n privada, para tener derecho a acogerse a la terminaci�n por mutuo acuerdo del proceso administrativo, tanto el requerimiento especial, como la liquidaci�n de revisi�n, debieron ser notificadas antes de la entrada en vigencia de la ley, de tal suerte que de acuerdo con la anterior disposici�n, para los procesos administrativos tributarios a que se hace referencia, pueden presentarse dos eventos en relaci�n con los cuales cabe la terminaci�n del proceso por mutuo acuerdo. De una parte, que antes de la entrada en vigencia de la ley, se haya notificado el requerimiento especial, y de otra parte, tambi�n antes de la entrada en vigencia de la ley, se haya notificado liquidaci�n de revisi�n. En el primer evento, la ley condiciona la terminaci�n del proceso administrativo, a que el contribuyente corrija su declaraci�n privada y pague el 50% del mayor impuesto discutido, de suerte que el tratamiento favorable se traduce en no tener que pagar el 50% del mayor impuesto propuesto, as� como las sanciones, intereses y actualizaci�n, seg�n el caso. En el segundo evento previsto, la ley condiciona la terminaci�n del proceso administrativo, a que el contribuyente corrija su declaraci�n privada y cancele el 75% del impuesto en discusi�n, de suerte que el tratamiento favorable se traduce en no tener que pagar el 25% del mayor impuesto propuesto, as� como las sanciones, intereses y actualizaci�n, seg�n el caso.

TERMINACION POR MUTUO ACUERDO EXISTIENDO REQUERIMIENTO - El contribuyente debe pagar el 50% del mayor impuesto y no el 75% como dice el Decreto 406 de 2001 / NOTIFICACION DE LIQUIDACION DE REVISION ANTES DEL 31 DE JULIO DE 2001 - No hace perder el beneficio al contribuyente de pagar el 50% del mayor impuesto cuando el requerimiento ha sido notificado antes de la Ley 633 de 2001 / NOTIFICACION DE REQUERIMIENTO ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 633 DE 2001 - Hace procedente el pago del 50% del mayor impuesto sin importar que se notifique liquidaci�n de revisi�n antes del 31 de julio de 2001

Debe entenderse que la terminaci�n del proceso administrativo tributario, se encuentra establecida en relaci�n con las actuaciones o con los actos administrativos que hab�an sido notificados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 633 de 2000. De manera que de conformidad con la anterior disposici�n, si a la fecha de entrada en vigencia de la ley, al contribuyente se le ha notificado requerimiento especial, debe pagar el 75% del mayor impuesto determinado oficialmente, en el caso en que la liquidaci�n de revisi�n le hubiese sido notificada antes del 31 de julio de 2001, situaci�n que no se encuentra regulada de esta forma en la ley, seg�n la cual si la actuaci�n notificada a la fecha de su entrada en vigencia, es el requerimiento especial la suma a pagar es el 50% del impuesto discutido y no el 75%, que corresponde pagar s�lo si la liquidaci�n de revisi�n fue notificada antes de la vigencia de la ley, y no con posterioridad tal fecha, como lo entiende el Gobierno Nacional al reglamentar la norma superior. En efecto, si bien es dable que en el lapso comprendido entre la entrada en vigencia de la ley y el 31 de julio de 2001, la Administraci�n en cumplimiento del art�culo 701 del Estatuto Tributario, notifique liquidaci�n oficial de revisi�n, ello no var�a el hecho de que la actuaci�n notificada antes de la vigencia de la ley, que es la circunstancia prevista en la ley para acceder a la terminaci�n del proceso, corresponde al requerimiento especial, para el cual expresamente est� previsto el pago del 50% del mayor impuesto discutido. De tal suerte que introducir una situaci�n no prevista por el legislador, como es la notificaci�n de la liquidaci�n oficial con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 633 de 2000, para que el contribuyente no pueda acogerse al pago del 50% establecido en la norma superior, sino que quede sujeto al pago del 75%, v�a reglamento, implica una modificaci�n de la ley, para la cual no se encuentra autorizado el ejecutivo en ejercicio de su facultad de reglamentaci�n. De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que la norma reglamentaria cambia las condiciones previstas en la norma superior para acogerse a la terminaci�n por mutuo acuerdo del proceso administrativo tributario.

En ejercicio de la acci�n p�blica de nulidad, el ciudadano Antonio Jos� Castillo Solano acus� parcialmente la legalidad del literal d) del art�culo 11 del Decreto Reglamentario 406 de 2001, por medio del cual se reglament� la Ley 633 de 2000 y el Estatuto Tributario.

Corresponde al siguiente aparte, que aparece subrayado, del literal d) del art�culo 11 del Decreto Reglamentario 406 de 2001, cuyo texto es el siguiente:

"ART�CULO 11. Requisitos para la terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios.

d) Que a la fecha de solicitar terminaci�n por mutuo acuerdo del proceso administrativo tributario ante la Administraci�n de Impuestos competente, corrija su declaraci�n privada de acuerdo al valor determinado mediante la liquidaci�n oficial de revisi�n, y pague el valor correspondiente al setenta y cinco por ciento (75%) del mayor impuesto determinado oficialmente, sin actualizaci�n, intereses ni sanciones.

Lo anterior tambi�n ser� aplicable para los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, que teniendo notificado requerimiento especial con anterioridad a la vigencia de la Ley 633 de 2000, les sea notificada liquidaci�n oficial de revisi�n con posterioridad a dicha fecha pero antes del 31 de julio de 2001.

Explic� el accionante, que en los t�rminos del art�culo 102 de la Ley 633 de 2000, si con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, se hab�a notificado requerimiento especial, el contribuyente pod�a transar con la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales hasta en un 50% del mayor impuesto discutido, sin actualizaci�n, intereses ni sanciones.

Sin embargo, el aparte acusado del reglamento, condiciona la anterior facultad de pagar el 75% del impuesto discutido, al cumplimiento de una exigencia adicional, como es la notificaci�n de liquidaci�n oficial de revisi�n con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, pero antes del 31 de julio de 2001.

A su juicio la norma acusada pretende modificar la disposici�n legal que dice reglamentar, al introducir un tratamiento distinto para aquellos a quienes con anterioridad a la vigencia de la ley, les fue notificado requerimiento especial.

De la simple comparaci�n normativa se establece el exceso y el desbordamiento de la capacidad reglamentaria, en la medida que agrega una circunstancia nueva, no prevista en la ley y patrimonialmente agravante.

De manera que seg�n las anteriores argumentaciones, solicit� la nulidad del acto acusado.

La defensa de la Naci�n, est� fundada en que si bien a trav�s de un decreto reglamentario no se pueden crear situaciones nuevas, ni crear derechos o extinguirlos, s� se pueden dictar todas las medidas de ejecuci�n necesarias "para que lo que la ley quiere que se haga, se pueda hacer".

Es por ello que el prop�sito de la facultad reglamentaria, es desarrollar la ley, para ajustarla a las circunstancias particulares atendiendo de manera estricta las disposiciones generales que emanan del legislador, por lo que sostuvo que resulta inadmisible concluir que el cumplimiento de los preceptos contenidos en una ley, que de manera general regula una determinada materia, implique la violaci�n del ordenamiento superior, como lo pretende demostrar el actor.

La potestad reglamentaria es una facultad constitucional, propia del Presidente de la Rep�blica, que lo autoriza para expedir normas de car�cter general, destinadas a la correcta ejecuci�n y cumplimiento de la ley, y va restringida " en la medida en que el Congreso utilice en mayor o menor grado sus poderes jur�dicos", pues el legislador puede llegar a ser muy minucioso en su regulaci�n y por lo tanto la tarea de reglamentar se minimiza. C-027 de 1997 M.P. Dr. Alejandro Mart�nez Caballero.

Igualmente reconoci� que la facultad de reglamentaci�n en cabeza del Presidente de la Rep�blica, est� sujeta a los l�mites que la Constituci�n Pol�tica y que la ley misma le imponen, por lo que no puede ampliar, restringir o modificar su contenido, ya que las normas reglamentarias deben estar subordinadas a la ley respectiva y tienen como finalidad exclusiva la cabal ejecuci�n de ella.

Fue as� como el decreto ahora demandado, bajo el criterio de competencia y necesidad, desarroll� el precepto legal pues expresamente el literal a) del art�culo 102, norma superior, ordena:

a) Hasta un 50% del mayor impuesto discutido como consecuencia de requerimiento especial, y el valor total de las sanciones, intereses y actualizaci�n, seg�n el caso, "en el evento de no haberse notificado liquidaci�n oficial".

b) Hasta un 25% del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualizaciones, seg�n el caso, "determinadas mediante liquidaci�n oficial"

c) La terminaci�n por mutuo acuerdo pone fin a la actuaci�n administrativa y prestar� m�rito ejecutivo y con su cumplimiento, se entender� extinguida la obligaci�n por la totalidad de las sumas en discusi�n.

A su vez, el art�culo 710 del Estatuto Tributario, establece el t�rmino para notificar la liquidaci�n de revisi�n, con la previsi�n de que dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del t�rmino para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliaci�n, seg�n el caso, la Administraci�n deber� notificar la liquidaci�n de revisi�n.

Pretender que por el hecho de existir una norma de terminaci�n por mutuo acuerdo, la Administraci�n deb�a abstenerse de dictar la liquidaci�n de revisi�n correspondiente, so pretexto de la posibilidad contemplada en el art�culo 102, es una falacia legal.

Explic� que la norma legal establece que la terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, est� establecida para transar hasta el 50% del mayor impuesto discutido en el evento de no haberse notificado liquidaci�n oficial; y hasta el 25% del mayor impuesto determinado mediante liquidaci�n oficial.

Lo cual lleva a la conclusi�n que trae el Decreto Reglamentario, seg�n la cual para los contribuyentes, agentes retenedores o responsables que teniendo notificado requerimiento especial con anterioridad a la vigencia de la Ley 633 de 2000, les sea notificada liquidaci�n oficial de revisi�n con posterioridad a dicha fecha y antes del 31 de julio de 2001, deber�n liquidar y pagar el 75% del mayor impuesto determinado oficialmente.

De suerte que la norma reglamentaria no solo desarrolla el tenor literal de la norma superior, sino su contenido impl�cito, ya que no se puede pretender que la Administraci�n no de cumplimiento al art�culo 701 del Estatuto Tributario a la espera que los contribuyentes den cumplimento al art�culo 102 de la Ley 633 de 2000.

En esta oportunidad, la apoderada de la Naci�n solicit� que se profiera fallo inhibitorio, toda vez que a su juicio la demanda luego de considerar la disposici�n como violatoria de las facultades reglamentarias, en la parte correspondiente a la norma acusada, no hace an�lisis de violaci�n.

Igualmente consider�, que el acto acusado no viola la norma superior, por cuanto al ejecutivo le correspond�a reglamentar la ley de reforma tributaria, bajo el criterio de competencia, para poder ponerla en pr�ctica, sin que ello entorpezca los procesos de determinaci�n del impuesto que se encontraban en tr�mite. De manera que solicit� denegar las s�plicas de la demanda y declarar la legalidad del acto acusado.

A juicio del Ministerio P�blico, el precepto acusado coincide con la norma superior, pues ambas se refieren al caso de liquidaciones oficiales notificadas antes de la vigencia de la Ley 633 de 2000, y exigen que los interesados demuestren que han corregido sus declaraciones privadas y cancelado el 75% del mayor impuesto determinado oficialmente.

A juicio de la Procuradora, la disposici�n que reglament� el literal a) del art�culo 11 de la Ley 633 de 2000, es el literal c) del art�culo 11 del Decreto Reglamentario 406 de 2001, preceptos que son coincidentes porque ambos dicen que los contribuyentes a quienes se les haya notificado requerimientos especiales, antes de la vigencia de la ley, podr�n transar hasta un 50% del mayor impuesto discutido, siempre y cuando corrijan sus declaraciones privadas y paguen el 50% del mayor impuesto propuesto en el requerimiento, sin incluir actualizaci�n, intereses ni sanciones; de manera que como la segunda parte del literal d) no reglamenta al literal a) del art�culo 102 de la ley, no hay oposici�n entre ambos preceptos, por lo que solicit� denegar las s�plicas de la demanda.

Se discute en el presente proceso, la legalidad parcial del literal d) del art�culo 11 del Decreto Reglamentario 406 de 2001, en cuanto estableci� que es posible solicitar la terminaci�n por mutuo acuerdo del proceso administrativo tributario, a los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, que teniendo notificado el requerimiento especial con anterioridad a la vigencia de la ley, les sea notificada liquidaci�n oficial de revisi�n con posterioridad a dicha fecha, pero antes del 31 de julio de 2001, siempre y cuando corrijan su declaraci�n privada y paguen el valor correspondiente al 75% del mayor valor del impuesto determinado, sin actualizaci�n, intereses ni sanciones.

Para dar claridad al punto de derecho que se discute, se transcribe en el aparte pertinente, el art�culo 102 de la Ley 633 de 2000, norma reglamentada por el art�culo 11 del Decreto 406 de 2001.

"ART�CULO 102. Terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios. Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, timbre y retenci�n en la fuente, a quienes se les haya notificado antes de la vigencia de esta ley, Requerimiento Especial, Pliego de Cargos, Liquidaci�n de Revisi�n o Resoluci�n que impone sanci�n, podr�n transar antes del 31 de julio del a�o 2001 con la Direcci�n de Impuestos Y Aduanas Nacionales:

a) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto discutido como consecuencia de un requerimiento especial, y el valor total de las sanciones, intereses y actualizaci�n seg�n el caso, en el evento de no haberse notificado liquidaci�n oficial; siempre y cuando el contribuyente o responsable corrija su declaraci�n privada y pague el cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto propuesto;

b) Hasta un venticinco por ciento (25%) del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualizaci�n seg�n el caso, determinadas mediante liquidaci�n oficial, siempre y cuando no hayan interpuesto demanda ante la jurisdicci�n contencioso Administrativa, y el contribuyente o responsable corrija su declaraci�n privada pagando el setenta y cinco por ciento (75%) del mayor impuesto determinado oficialmente.

Como se advierte de la parte inicial de la norma legal, trat�ndose de procesos administrativos tributarios de modificaci�n de la liquidaci�n privada, para tener derecho a acogerse a la terminaci�n por mutuo acuerdo del proceso administrativo, tanto el requerimiento especial, como la liquidaci�n de revisi�n, debieron ser notificadas antes de la entrada en vigencia de la ley, de tal suerte que de acuerdo con la anterior disposici�n, para los procesos administrativos tributarios a que se hace referencia, pueden presentarse dos eventos en relaci�n con los cuales cabe la terminaci�n del proceso por mutuo acuerdo.

De una parte, que antes de la entrada en vigencia de la ley, se haya notificado el requerimiento especial, y de otra parte, tambi�n antes de la entrada en vigencia de la ley, se haya notificado liquidaci�n de revisi�n.

En el primer evento, la ley condiciona la terminaci�n del proceso administrativo, a que el contribuyente corrija su declaraci�n privada y pague el 50% del mayor impuesto discutido, de suerte que el tratamiento favorable se traduce en no tener que pagar el 50% del mayor impuesto propuesto, as� como las sanciones, intereses y actualizaci�n, seg�n el caso.

En el segundo evento previsto, la ley condiciona la terminaci�n del proceso administrativo, a que el contribuyente corrija su declaraci�n privada y cancele el 75% del impuesto en discusi�n, de suerte que el tratamiento favorable se traduce en no tener que pagar el 25% del mayor impuesto propuesto, as� como las sanciones, intereses y actualizaci�n, seg�n el caso.

Para que en uno u otro caso proceda la terminaci�n anticipada del proceso administrativo, debieron de una parte haberse notificado el requerimiento especial o la liquidaci�n de revisi�n, seg�n el caso, antes de la entrada en vigencia de la ley y de otra parte, haberse corregido la declaraci�n privada y cancelado el porcentaje que establece la ley para cada caso.

Por su parte, el Decreto Reglamentario 406 de 2001 "por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 633 de 2000 y el Estatuto Tributario", establece en su art�culo 11 lo siguiente:

"ART�CULO 11. Requisitos de la terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios. Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales administrados por la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales podr�n transar, antes del 31 de julio de 2001, los procesos administrativos tributarios, con el cumplimiento de la totalidad de los siguientes requisitos:

a) Que con anterioridad a la fecha de vigencia de la Ley 633 de 2000, se hubiere notificado requerimiento especial, pliego de cargos, liquidaci�n de revisi�n o resoluci�n que impone sanci�n; (Subraya la Sala)

b) Que a la fecha de vigencia de la Ley 633 de 2000, no se haya interpuesto acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci�n contencioso administrativa;

c) Que a la fecha de solicitar terminaci�n por mutuo acuerdo del proceso administrativo tributario ante la Administraci�n de Impuestos competente, corrija su declaraci�n privada, y pague el valor equivalente al 50% del mayor impuesto propuesto en el requerimiento especial, siempre y cuando pague de contado la mitad resultante de dicho porcentaje.

d) Que a la fecha de solicitar terminaci�n por mutuo acuerdo del proceso administrativo tributario ante la Administraci�n de Impuestos competente, corrija su declaraci�n privada de acuerdo con el valor determinado mediante la liquidaci�n oficial de revisi�n, y pague el valor correspondiente al setenta y cinco por ciento (75%) del mayor valor del impuesto determinado oficialmente, sin actualizaci�n, intereses ni sanciones.

Tal como se encuentra regulado en el literal a) del Decreto Reglamentario 406 de 2001, la facultad de terminar el proceso administrativo, est� condicionada entre otras cosas a que la actuaci�n administrativa, requerimiento especial o pliego de cargos, o el acto administrativo, liquidaci�n oficial de revisi�n o la resoluci�n sanci�n, seg�n el caso, haya sido notificado antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 633 de 2000, previsi�n esta que coincide plenamente con el texto de la ley en referencia.

De suerte que debe entenderse que la terminaci�n del proceso administrativo tributario, se encuentra establecida en relaci�n con las actuaciones o con los actos administrativos que hab�an sido notificados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 633 de 2000.

As�, si en el evento de que antes de la entrada en vigencia de la ley, al contribuyente le hab�a sido notificado requerimiento especial, al acogerse al beneficio de dar por terminado anticipadamente el proceso administrativo, debe cumplir las exigencias legales establecidas para tal efecto, como son, corregir su declaraci�n privada y cancelar el 50% del mayor impuesto discutido o propuesto por la entidad oficial.

O, si antes de la entrada en vigencia de la ley, al contribuyente le hab�a sido notificada liquidaci�n oficial de revisi�n, le corresponde corregir su liquidaci�n privada y cancelar el 75% del mayor impuesto en discusi�n.

Sin embargo y pese a la claridad tanto de la ley, como del literal a) del art�culo 11 del Decreto Reglamentario 406 de 2001, en el aparte acusado del decreto, se estableci� que corresponde pagar el 75% del impuesto en discusi�n, cuando "teniendo notificado requerimiento especial con anterioridad a la vigencia de la Ley 633 de 2000, les sea notificada liquidaci�n oficial de revisi�n con posterioridad a dicha fecha pero antes del 31 de julio de 2001."

De manera que de conformidad con la anterior disposici�n, si a la fecha de entrada en vigencia de la ley, al contribuyente se le ha notificado requerimiento especial, debe pagar el 75% del mayor impuesto determinado oficialmente, en el caso en que la liquidaci�n de revisi�n le hubiese sido notificada antes del 31 de julio de 2001, situaci�n que no se encuentra regulada de esta forma en la ley, seg�n la cual si la actuaci�n notificada a la fecha de su entrada en vigencia, es el requerimiento especial la suma a pagar es el 50% del impuesto discutido y no el 75%, que corresponde pagar s�lo si la liquidaci�n de revisi�n fue notificada antes de la vigencia de la ley, y no con posterioridad tal fecha, como lo entiende el Gobierno Nacional al reglamentar la norma superior.

Para la Sala no es argumento para darle visos de legalidad al acto acusado, el que la Administraci�n puede continuar con su proceso de fiscalizaci�n, a�n despu�s de la expedici�n de la Ley 633 de 2000, toda vez que si bien tal facultad y obligaci�n nadie la discute, y l�gicamente la Administraci�n debe dar cumplimiento al art�culo 701 del Estatuto Tributario, y notificar dentro de la oportunidad legal la liquidaci�n de revisi�n como acto administrativo posterior al requerimiento especial, ello tampoco impide que la Administraci�n de cumplimiento a las previsiones contenidas en la Ley 633 de 2000, en especial en lo referente a las exigencias en ella contempladas para acogerse a la terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos administrativos.

En efecto, si bien es dable que en el lapso comprendido entre la entrada en vigencia de la ley y el 31 de julio de 2001, la Administraci�n en cumplimiento del art�culo 701 del Estatuto Tributario, notifique liquidaci�n oficial de revisi�n, ello no var�a el hecho de que la actuaci�n notificada antes de la vigencia de la ley, que es la circunstancia prevista en la ley para acceder a la terminaci�n del proceso, corresponde al requerimiento especial, para el cual expresamente est� previsto el pago del 50% del mayor impuesto discutido.

De tal suerte que introducir una situaci�n no prevista por el legislador, como es la notificaci�n de la liquidaci�n oficial con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 633 de 2000, para que el contribuyente no pueda acogerse al pago del 50% establecido en la norma superior, sino que quede sujeto al pago del 75%, v�a reglamento, implica una modificaci�n de la ley, para la cual no se encuentra autorizado el ejecutivo en ejercicio de su facultad de reglamentaci�n.

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que la norma reglamentaria cambia las condiciones previstas en la norma superior para acogerse a la terminaci�n por mutuo acuerdo del proceso administrativo tributario, al introducir una circunstancia no prevista en la ley, que hace m�s onerosa la terminaci�n del proceso al tener que pagar el 75% del impuesto discutido, a pesar que la ley s�lo exige en ese caso el 50%, en atenci�n a que el acto notificado antes de su entada en vigencia, es el requerimiento especial y no la liquidaci�n de revisi�n, que es el evento previsto en la ley para tener que cancelar el 75%.

Por consiguiente, tal como lo acusa el accionante, el aparte demandado vulner� el art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, al excederse el ejecutivo en el ejercicio de su facultad reglamentaria, que no se encuentra consagrada para modificar los t�rminos de la ley, ni para introducir circunstancias no previstas en ella, con el �nimo de hacerla operante, cuando tales circunstancias termina por variar las condiciones contempladas en la norma superior, con lo cual la contravienen y la desconocen.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,

AN�LASE el inciso segundo del literal d) del art�culo 11 del Decreto Reglamentario 406 de 2001, cuyo texto es el siguiente:

Lo anterior, tambi�n ser� aplicable para los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, que teniendo notificado requerimiento especial con anterioridad a la vigencia de la Ley 633 de 2000, les sea notificada liquidaci�n oficial de revisi�n con posterioridad a dicha fecha pero antes del 31 de julio de 2001"

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesi�n de la fecha.