SENTENCIA 11001032500020030011301(47803) de 2007

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010003037SENTENCIASEGUNDA11001032500020030011301(47803)200713/09/2007SENTENCIA__SEGUNDA__11001032500020030011301(47803)__2007_13/09/2007100030372007REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL - Servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n / ESCALA SALARIAL - Formas de aplicaci�n para los servidores de la Fiscal�a General de la Naci�n / PRIMA ESPECIAL SIN CARACTER SALARIAL - Destinatarios. Art�culo 14 de la Ley 4 de 1992 Mediante el Decreto 2699 de 1991 se expidi� el Estatuto Org�nico de la Fiscal�a General de la Naci�n, el cual, en el art�culo 54 adopt� la escala de salarios, en el art�culo 64, autoriz� al Fiscal General de la Naci�n para establecer la nomenclatura de empleos. En el numeral 1� del par�grafo del art�culo 64 del Decreto 2699 de 1991, dispuso que las personas que se vincularan por primera vez o se acogieran a la escala salarial prevista en el art�culo 54, s�lo tendr�an derecho al sueldo que corresponde al cargo, seg�n la nomenclatura y escala salarial all� establecidos y advirti� que no tendr�an derecho a primas de antig�edad, ascensional y de capacitaci�n u otras especiales que estuvieran percibiendo antes de su incorporaci�n a la nueva planta. En el numeral 2� del mismo par�grafo del art�culo 64, el Decreto 2699 de 1991 se�al� a los funcionarios que pasar�an a la Fiscal�a General de la Naci�n y en el numeral 3� ib�dem dispuso que ellos podr�an optar por una sola vez entre el r�gimen salarial y prestacional que "actualmente" ten�an, o a la escala de salarios prevista en el art�culo 54 de dicho estatuto, y que dicha opci�n podr�a ejercitarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la incorporaci�n del funcionario o empleado a la Fiscal�a General de la Naci�n. Es importante destacar el origen de dos formas de aplicaci�n de la escala salarial para los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n: la aplicable a aquellos provenientes de otras entidades, que deb�an incorporarse a la Fiscal�a General de la Naci�n y que no se acogieron a la escala salarial prevista en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991, que adem�s de la asignaci�n b�sica ten�an derecho a las primas de antig�edad, ascensional y de capacitaci�n u otras que estuvieren percibiendo antes de su incorporaci�n a la nueva planta; y la aplicable a quienes se vincularon por primera vez o se acogieron a la escala de salarios prevista en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991. Las anteriores precisiones sirven de fundamento a la Sala para afirmar que las expresiones "� excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, con efectos a partir del 1� de enero de 1993" contenidas en el art�culo 14 de la Ley 4� de 1992, se refer�an a los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n que se vincularon por primera vez, o que siendo de aquellos que deb�an incorporarse, se acogieron a la escala de salarios prevista en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991. Para ellos la citada disposici�n legal no contempl� el establecimiento de la prima especial sin car�cter salarial. REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - Aplicaci�n de la escala salarial establecida en el Decreto 2699 de 1991 / PRIMA ESPECIAL SIN CARACTER SALARIAL - No eran sus destinatarios los servidores que optaron por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n con efectos a partir del 1� de enero de 1993 El Presidente de la Rep�blica mediante el Decreto 53 de 1993, expidi� normas sobre el r�gimen salarial y prestacional para los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n, de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo. A ellos se aplicaba la escala salarial que hab�a sido establecida en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991. En los a�os subsiguientes, el Gobierno Nacional expidi� los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 2729 de 2001 y 685 de 2002, fijando el r�gimen salarial y prestacional de las servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n, de obligatorio cumplimiento para quienes se vincularon al servicio con posterioridad a la vigencia del Decreto 53 de 1993, los cuales no son otros que aquellos a quienes se aplicaba la escala salarial que hab�a sido establecida en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991. A ellos se refer�an las expresiones "� excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, con efectos a partir del 1� de enero de 1993" a que hace referencia el art�culo 14 de la Ley 4� de 1992, los cuales no eran destinatarios de la prima sin car�cter salarial. En esas condiciones es evidente que las disposiciones demandadas al se�alar que "El treinta por ciento (30%) del salario b�sico mensual de los siguientes servidores p�blicos se considera como prima especial de servicios sin car�cter salarial", contrari� las previsiones del art�culo 14 de la Ley 4� de 1992, pues como se ha venido haciendo claridad, estos, precisamente, eran los que la citada ley se�alaba como no destinatarios de la misma. REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - Prima especial de servicios sin car�cter salarial / REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - Unificaci�n de criterios respecto a la nulidad de disposiciones que establecieron la prima especial de servicios sin car�cter salarial La Sala, en sentencia de 14 de febrero de 2002, declar� la nulidad del art�culo 7 del Decreto 38 de 1999 por el cual se dictaron normas sobre el r�gimen salarial y prestacional de los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n, cuyo contenido era id�ntico al de las previsiones contenidas en los decretos demandados en este proceso, en cuanto dispon�a que el 30% del salario b�sico mensual de los servidores all� enlistados, se consideraba como prima especial de servicios sin car�cter salarial. Luego, en sentencia de 15 de abril de 2004, la Sala declar� la nulidad del art�culo 8� del Decreto 2743 de 2000, el cual conten�a id�ntica previsi�n a las normas demandadas en este proceso. La Ley 4� de 1992, en el art�culo 14 dispuso que el Gobierno Nacional establecer�a una prima sin car�cter salarial en el porcentaje indicado para los servidores p�blicos en ella enunciados, a excepci�n de los que opten por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n con efectos fiscales a partir del 1� de enero de 1993. El Gobierno Nacional mediante las disposiciones acusadas, no estableci� una prima especial sin car�cter salarial, sino que dispuso que el treinta por ciento (30%) del salario b�sico mensual de los servidores p�blicos all� enlistados constituye prima especial de servicios sin car�cter salarial, e indic� como sus destinatarios, a aquellos servidores que la Ley hab�a exceptuado expresamente. En las sentencias mencionadas se declar� la nulidad de los preceptos acusados por razones que ahora se reiteran, no obstante en ellas se expusieron conclusiones diversas. Por medio de sentencia de fecha 15 de julio de 2004 se declar� la nulidad del art�culo 7� del Decreto 685 del 10 de abril de 2002. Y, mediante sentencia de fecha 3 de marzo de 2005 se declar� la nulidad de los art�culos 7 del decreto 52 de 1997; 7 del decreto 108 de 1996; 7 del decreto 49 de 1995; 7 del Decreto 108 de 1994 y 6 del Decreto 53 de 1993. La Sala unifica su criterio en la materia, en los siguientes t�rminos: Se declarar� la nulidad s�lo de los art�culos 7 del decreto 50 de 1998 y 8� del decreto 2729 de 2001, en cuanto que respecto de las restantes normas acusadas debe estarse a lo resuelto en las sentencias de fecha 15 de julio de 2004 y 3 de marzo de 2005, advirtiendo que, como consecuencia de tal declaraci�n, los servidores p�blicos enlistados en tales disposiciones que hab�an optado por el r�gimen se salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n con efectos fiscales a partir del primero (1�) de enero de 1993, para efectos de liquidaci�n de las prestaciones sociales a que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin car�cter salarial, y que no se les reducen sus ingresos mensuales, en raz�n a que tales normas no hab�an establecido un "sobresueldo". CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCI�N SEGUNDA Consejero ponente: ALEJANDRO ORD��EZ MALDONADO Bogot�, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil siete (2007).-

REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL - Servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n / ESCALA SALARIAL - Formas de aplicaci�n para los servidores de la Fiscal�a General de la Naci�n / PRIMA ESPECIAL SIN CARACTER SALARIAL - Destinatarios. Art�culo 14 de la Ley 4 de 1992

Mediante el Decreto 2699 de 1991 se expidi� el Estatuto Org�nico de la Fiscal�a General de la Naci�n, el cual, en el art�culo 54 adopt� la escala de salarios, en el art�culo 64, autoriz� al Fiscal General de la Naci�n para establecer la nomenclatura de empleos. En el numeral 1� del par�grafo del art�culo 64 del Decreto 2699 de 1991, dispuso que las personas que se vincularan por primera vez o se acogieran a la escala salarial prevista en el art�culo 54, s�lo tendr�an derecho al sueldo que corresponde al cargo, seg�n la nomenclatura y escala salarial all� establecidos y advirti� que no tendr�an derecho a primas de antig�edad, ascensional y de capacitaci�n u otras especiales que estuvieran percibiendo antes de su incorporaci�n a la nueva planta. En el numeral 2� del mismo par�grafo del art�culo 64, el Decreto 2699 de 1991 se�al� a los funcionarios que pasar�an a la Fiscal�a General de la Naci�n y en el numeral 3� ib�dem dispuso que ellos podr�an optar por una sola vez entre el r�gimen salarial y prestacional que "actualmente" ten�an, o a la escala de salarios prevista en el art�culo 54 de dicho estatuto, y que dicha opci�n podr�a ejercitarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la incorporaci�n del funcionario o empleado a la Fiscal�a General de la Naci�n. Es importante destacar el origen de dos formas de aplicaci�n de la escala salarial para los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n: la aplicable a aquellos provenientes de otras entidades, que deb�an incorporarse a la Fiscal�a General de la Naci�n y que no se acogieron a la escala salarial prevista en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991, que adem�s de la asignaci�n b�sica ten�an derecho a las primas de antig�edad, ascensional y de capacitaci�n u otras que estuvieren percibiendo antes de su incorporaci�n a la nueva planta; y la aplicable a quienes se vincularon por primera vez o se acogieron a la escala de salarios prevista en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991. Las anteriores precisiones sirven de fundamento a la Sala para afirmar que las expresiones "� excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, con efectos a partir del 1� de enero de 1993" contenidas en el art�culo 14 de la Ley 4� de 1992, se refer�an a los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n que se vincularon por primera vez, o que siendo de aquellos que deb�an incorporarse, se acogieron a la escala de salarios prevista en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991. Para ellos la citada disposici�n legal no contempl� el establecimiento de la prima especial sin car�cter salarial.

REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - Aplicaci�n de la escala salarial establecida en el Decreto 2699 de 1991 / PRIMA ESPECIAL SIN CARACTER SALARIAL - No eran sus destinatarios los servidores que optaron por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n con efectos a partir del 1� de enero de 1993

El Presidente de la Rep�blica mediante el Decreto 53 de 1993, expidi� normas sobre el r�gimen salarial y prestacional para los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n, de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo. A ellos se aplicaba la escala salarial que hab�a sido establecida en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991. En los a�os subsiguientes, el Gobierno Nacional expidi� los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 2729 de 2001 y 685 de 2002, fijando el r�gimen salarial y prestacional de las servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n, de obligatorio cumplimiento para quienes se vincularon al servicio con posterioridad a la vigencia del Decreto 53 de 1993, los cuales no son otros que aquellos a quienes se aplicaba la escala salarial que hab�a sido establecida en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991. A ellos se refer�an las expresiones "� excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, con efectos a partir del 1� de enero de 1993" a que hace referencia el art�culo 14 de la Ley 4� de 1992, los cuales no eran destinatarios de la prima sin car�cter salarial. En esas condiciones es evidente que las disposiciones demandadas al se�alar que "El treinta por ciento (30%) del salario b�sico mensual de los siguientes servidores p�blicos se considera como prima especial de servicios sin car�cter salarial", contrari� las previsiones del art�culo 14 de la Ley 4� de 1992, pues como se ha venido haciendo claridad, estos, precisamente, eran los que la citada ley se�alaba como no destinatarios de la misma.

REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - Prima especial de servicios sin car�cter salarial / REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - Unificaci�n de criterios respecto a la nulidad de disposiciones que establecieron la prima especial de servicios sin car�cter salarial

La Sala, en sentencia de 14 de febrero de 2002, declar� la nulidad del art�culo 7 del Decreto 38 de 1999 por el cual se dictaron normas sobre el r�gimen salarial y prestacional de los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n, cuyo contenido era id�ntico al de las previsiones contenidas en los decretos demandados en este proceso, en cuanto dispon�a que el 30% del salario b�sico mensual de los servidores all� enlistados, se consideraba como prima especial de servicios sin car�cter salarial. Luego, en sentencia de 15 de abril de 2004, la Sala declar� la nulidad del art�culo 8� del Decreto 2743 de 2000, el cual conten�a id�ntica previsi�n a las normas demandadas en este proceso. La Ley 4� de 1992, en el art�culo 14 dispuso que el Gobierno Nacional establecer�a una prima sin car�cter salarial en el porcentaje indicado para los servidores p�blicos en ella enunciados, a excepci�n de los que opten por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n con efectos fiscales a partir del 1� de enero de 1993. El Gobierno Nacional mediante las disposiciones acusadas, no estableci� una prima especial sin car�cter salarial, sino que dispuso que el treinta por ciento (30%) del salario b�sico mensual de los servidores p�blicos all� enlistados constituye prima especial de servicios sin car�cter salarial, e indic� como sus destinatarios, a aquellos servidores que la Ley hab�a exceptuado expresamente. En las sentencias mencionadas se declar� la nulidad de los preceptos acusados por razones que ahora se reiteran, no obstante en ellas se expusieron conclusiones diversas. Por medio de sentencia de fecha 15 de julio de 2004 se declar� la nulidad del art�culo 7� del Decreto 685 del 10 de abril de 2002. Y, mediante sentencia de fecha 3 de marzo de 2005 se declar� la nulidad de los art�culos 7 del decreto 52 de 1997; 7 del decreto 108 de 1996; 7 del decreto 49 de 1995; 7 del Decreto 108 de 1994 y 6 del Decreto 53 de 1993. La Sala unifica su criterio en la materia, en los siguientes t�rminos: Se declarar� la nulidad s�lo de los art�culos 7 del decreto 50 de 1998 y 8� del decreto 2729 de 2001, en cuanto que respecto de las restantes normas acusadas debe estarse a lo resuelto en las sentencias de fecha 15 de julio de 2004 y 3 de marzo de 2005, advirtiendo que, como consecuencia de tal declaraci�n, los servidores p�blicos enlistados en tales disposiciones que hab�an optado por el r�gimen se salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n con efectos fiscales a partir del primero (1�) de enero de 1993, para efectos de liquidaci�n de las prestaciones sociales a que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin car�cter salarial, y que no se les reducen sus ingresos mensuales, en raz�n a que tales normas no hab�an establecido un "sobresueldo".

Llegado el momento de decidir y no observando causal de nulidad que invalide la actuaci�n, procede la Sala a dictar sentencia en el asunto de la referencia, previos los siguientes

LUZ MIREYA AMEZQUITA BALLESTEROS en ejercicio de la acci�n consagrada en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo, demanda la nulidad de las siguientes disposiciones:

En el "PETITUM" de la demanda (folio 25) se indicaron como impugnadas las siguientes:

Luego en la "reforma" de la demanda (folio 89), se indicaron como acusadas las siguientes:

Se�ala en el escrito contentivo de la reforma de la demanda que todas y cada una de las normas acusadas son reproducci�n id�ntica del art�culo 7� del Decreto 38 de 1999 declarado nulo por la Secci�n Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 14 de febrero de 2002 dictada en el proceso 197-99, actor: EVERARDO VENEGAS AVILAN.

Se advierte que, por auto de 16 de mayo de 2005 se declar� la nulidad del auto de 3 de diciembre de 2003 en cuanto se hab�a admitido la demanda contra el art�culo 8� del Decreto 2743 de 2000 en atenci�n a que mediante sentencia de 15 de abril de 2004 dictada por la Secci�n Segunda del Consejo de Estado, en el proceso No. 712-01 se declar� la nulidad de dicho precepto.

Se afirma que las normas acusadas infringen la Ley 4 de 1992, como quiera que dichos decretos establecieron para ciertos servidores de la Fiscal�a General de la Naci�n un treinta por ciento del salario b�sico mensual como prima especial de servicios, otorg�ndole de este modo un car�cter no salarial, no obstante que el art�culo 14 de la Ley 4 de 1992 hab�a exceptuado expresamente de dicha prima especial a los "funcionarios judiciales que optaron por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n".

De conformidad con la excepci�n contenida en la parte final del art�culo 14 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional no pod�a establecer ninguna prima especial para aquellos servidores judiciales que optaran por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, habida cuenta que los funcionarios y empleados de la Fiscal�a General de la Naci�n cuentan desde su fundaci�n con un r�gimen salarial y prestacional aut�nomo e independiente de los dem�s servidores de la Rama Judicial establecido en el Decreto 2699 de 1991.

En efecto, como quiera que los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en los a�os 2000, 2001 y 2002 sobre este particular contrar�an expresamente la excepci�n hecha en el art�culo 14 de la Ley 4 de 1992, pues estableci� una prima especial de la cual estaban expresamente exceptuados los funcionarios de la Fiscal�a General de la Naci�n que optaron por la escala de salarios prevista en su r�gimen, es de obligatoria conclusi�n que dichas disposiciones se expidieron con desconocimiento del mandato legal superior, raz�n por la cual se encuentran viciados de nulidad y deben ser retirados del ordenamiento legal vigente.

La Secci�n Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 14 de febrero de 1992, declar� la nulidad del art�culo 7 del Decreto 038 de 1999, el cual es una reproducci�n literal de las disposiciones aqu� demandadas. Es un fallo con fuerza de cosa juzgada, por ello, con ocasi�n de la misma, la Fiscal�a General de la Naci�n procedi� a pagar a los funcionarios enlistados en la norma atacada, los reajustes de salario que se produjeron como consecuencia de la aludida declaraci�n de nulidad.

Siendo meridiana la infracci�n legal de las normas en que se deb�a fundar el Gobierno Nacional para la reglamentaci�n y desarrollo de la Ley 4 de 1992, pues establecieron un prima especial para ciertos funcionarios de la Fiscal�a General de la Naci�n que se encontraban exentos de tal carga prestacional, resulta claro que los preceptos acusados deben ser declarados nulos.

El Gobierno Nacional al crear una prima especial para los funcionarios enlistados en los art�culos demandados incurri� en desviaci�n de poder por cuanto en abierto desbordamiento de su potestad reglamentaria desconoci� los par�metros fijados en el art�culo 14 de la Ley 4 de 1992 estableciendo una prima prestacional especial de la que estaban exentos los servidores que se acogieron a la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, la cual estaba expresamente prohibida para tales servidores.

Contestaron la demanda mediante apoderado, la Fiscal�a General de la Naci�n, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica.

La Fiscal�a General de la Naci�n propuso la excepci�n de falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, la cual hizo consistir en que dentro de la facultad establecida en el par�grafo del art�culo 14 de la Ley 4� de 1992, se encuentra la posibilidad de que el Gobierno Nacional regule lo relacionado con el r�gimen salarial y prestacional de los servidores p�blicos vinculados a la Fiscal�a General de la Naci�n. Por lo anterior ella no es la entidad llamada a analizar la validez de la normatividad demandada, pues desde el punto de vista legal no tiene competencia para expedir normas en materia salarial y prestacional de tales servidores, simplemente acata lo que en esa materia regula el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley marco.

Si bien es cierto que el Consejo de Estado mediante sentencia de 14 de febrero de 2002 dictada en el proceso 197-99 declar� la nulidad del art�culo 7 del Decreto 038 de 1999, y que la mencionada disposici�n fue reproducida por el art�culo 8 del Decreto 2743 de 2000, el art�culo 8 del Decreto 2729 de 2001 y el art�culo 7� del Decreto 685 de 2002, tambi�n lo es que la declaratoria de nulidad tiene efectos retroactivos. De acuerdo con eso, la Fiscal�a General de la Naci�n solo procede a la reliquidaci�n de las prestaciones cuando sean declarados nulos los art�culos de los decretos correspondientes a normas sobre r�gimen salarial y prestacional que son objeto de la presente demanda.

La Fiscal�a General de la Naci�n ha liquidado y cancelado la asignaci�n salarial y prestacional de sus servidores con sujeci�n a lo previsto en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal y en cumplimiento a lo preceptuado en los mismos.

Expresa que el Consejo de Estado en sentencia de 14 de febrero de 2002 declar� la nulidad del art�culo 7 del Decreto 038 de 1999, el cual dispon�a que el 30% del salario b�sico se consideraba como prima especial de servicios sin car�cter salarial. Respecto de esta sentencia, se consult� al Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica, buscando que la entidad contara con suficientes elementos jur�dicos para dar cumplimiento al referido fallo y con base en su respuesta estima que la Fiscal�a General de la Naci�n no puede reliquidar prestaciones causadas durante los a�os 2000, 2001 y 2002, mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicci�n contencioso administrativa tales decretos, los cuales hasta el momento gozan de presunci�n de legalidad.

El apoderado del Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica estima que las disposiciones atacadas no violan ninguna norma constitucional o legal, pues el Presidente de la Rep�blica como suprema autoridad administrativa y obrando dentro de los objetivos y criterios se�alados en la Ley 4� de 1992 expidi� los decretos acusados. Dicha Ley le permite al Gobierno Nacional establecer las escalas salariales y disposiciones prestacionales de aquellos servidores p�blicos. En apoyo de su apreciaci�n trascribe lo expuesto por la Corte Constitucional en algunos pronunciamientos en los cuales se ha referido al tema.

El apoderado del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico afirma que el Gobierno Nacional est� facultado para establecer las prestaciones sociales tal como lo hizo mediante los decretos objeto de la impugnaci�n.

Dice que la parte actora impugna las disposiciones que reconocen el 30% del salario b�sico mensual como prima especial de servicios sin car�cter salarial para algunos funcionarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, por considerar que el Gobierno carece de competencia material, pues a su entender, el art�culo 14 de la Ley 4 de 1992 except�a a los funcionarios incluidos en los art�culos impugnados.

Se�ala que los funcionarios enlistados en las disposiciones atacadas, conforman en la escala salarial un rango equivalente a los que indica el art�culo 14 de la Ley 4 de 1992, cuando establece: "�Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio P�blico delegados ante la Rama Judicial y para los jueces de la Rep�blica."

De manera que la reglamentaci�n del art�culo 14 de la Ley 4/92 surtida a trav�s de los decretos expedidos cada a�o por el Gobierno Nacional se realiz� bajo el amparo de las competencias otorgadas por la Constituci�n y la ley.

Obs�rvese que el incremento salarial dispuesto en su conjunto, sin considerar la prima especial de servicios, super� el 65% de la asignaci�n b�sica de 1992, cuando se analiza la remuneraci�n salarial de 1993 y se compara con la devengada en 1992, el incremento fue apreciablemente superior, alcanz� el 110% aproximadamente.

Agrega que no es procedente iniciar un juicio de naturaleza abstracta sobre los decretos 2743 de 2000 y 2729 de 2001, en virtud de que estas normas ya no existen en el ordenamiento jur�dico y fueron derogadas por los decretos de los a�os subsiguientes, hay ausencia actual de objeto, motivo por el cual procede un fallo inhibitorio.

El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado considera que las pretensiones de la demanda tienen vocaci�n de prosperidad y que en consecuencia se deben desestimar los planteamientos expuestos por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en cuanto considera que lo procedente es un fallo inhibitorio por sustracci�n de materia al haber sido derogados cada uno de los decretos anuales reguladores de los emolumentos de estos servidores judiciales.

Expresa el Agente del Ministerio P�blico que la preceptiva reguladora a�o por a�o del r�gimen salarial de los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n demandados en este proceso, con excepci�n del art�culo 7� del Decreto 038 de 1999, que ya fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de 14 de Febrero de 2002 dictada en el proceso 197-99- son reproducci�n literal desde el a�o 1994 a 2002.

As� las cosas, hay identidad de objeto por materia y por los sujetos que ella regula y determina en los actos acusados. Como bien lo advirti� la actora en la demanda, la decisi�n del Consejo de Estado de 14 de febrero de 2002 - radicaci�n 197-99 sobre legalidad del art�culo 7 del Decreto 038 de 1999, viene a constituir cosa juzgada frente a los otros actos administrativos.

Las razones que se consideraron en dicho fallo, deben aplicarse al presente, pues no es posible el mantenimiento de la legalidad, cuando los art�culos atacados versan sobre el establecimiento de una prima especial mensual del 30% sin car�cter salarial para los servidores de la Fiscal�a General de Naci�n all� enlistados y tal como hab�a sido previsto en el art�culo 7 del Decreto 038 de 1999 que se declar� nulo.

En relaci�n con la excepci�n de falta de legitimaci�n en la causa por pasiva propuesta por el apoderado de la Fiscal�a General de la Naci�n, se advierte que en el libelo se indic� como parte demandada a la Naci�n - Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, Ministerio de Justicia y del Derecho y Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica, a quienes se les notific� personalmente del auto admisorio de la demanda. En esas condiciones, si bien es cierto que se notific� a la Fiscal�a General de la Naci�n, no hay necesidad de declarar probada la excepci�n de falta de legitimaci�n en la causa, por cuanto no es parte en este proceso.

El primero de los preceptos demandados, es decir, el art�culo 6� del Decreto 53 de 1993 dispone:

"ART�CULO 6�. El treinta por ciento (30%) del salario b�sico mensual de los siguientes servidores p�blicos se considera como prima especial de servicios sin car�cter salarial.

Las previsiones contenidas en el art�culo demandado de los decretos que se expidieron en los a�os 1994 a 2002, antes indicados, son en efecto del mismo contenido literal del art�culo 6o del Decreto 53 de 1993 trascrito, motivo por el cual no se considera necesaria la trascripci�n de cada uno de ellos.

Se advierte tambi�n que mediante cada uno de los decretos citados, se dictaron normas sobre el r�gimen salarial y prestacional para los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n.

La impugnaci�n contra las mencionadas disposiciones se fundamenta en que el Gobierno Nacional no pod�a v�lidamente establecer la prima especial de servicios sin car�cter salarial para los funcionarios all� enlistados que hubieren optado por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, con efectos a partir del primero (1�) de enero de 1993, porque expresamente los excluy� el art�culo 14 de la Ley 4� de 1992.

"ART�CULO 14. El Gobierno Nacional establecer� una prima no inferior al 30% � ni superior al 60% del salario b�sico, sin car�cter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio P�blico delegados ante la Rama Judicial y para los jueces de la Rep�blica, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucci�n Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, con efectos a partir del 1� de enero de 1993.

Igualmente tendr�n derecho a la prima de que trata el presente art�culo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registradur�a Nacional del Estado Civil.

Par�grafo. Dentro del mismo t�rmino revisar� el sistema de remuneraci�n de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de remuneraci�n o reclasificaci�n atendiendo criterios de equidad."

La norma trascrita orden� al Presidente de la Rep�blica, establecer una prima sin car�cter salarial, no inferior al treinta por ciento (30%) ni superior al sesenta por ciento (60%) del salario b�sico, para los funcionarios all� indicados, "�excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n con efectos a partir del primero (1�) de enero de 1993", al paso que las disposiciones aqu� impugnadas, no establecen propiamente tal prima sino que se�alan que un porcentaje del sueldo b�sico (30%), constituye prima especial de servicios sin car�cter salarial.

En orden a tomar la decisi�n a que haya lugar, es indispensable fijar el alcance de las expresiones "� excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, con efectos a partir del 1� de enero de 1993" a que hace referencia el art�culo 14 de la Ley 4� de 1992, los cuales no eran destinatarios de la mencionada prima sin car�cter salarial.

Para absolver el interrogante anterior, es necesario aclarar los siguientes aspectos: situaci�n en que se encontraban los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n en la fecha de expedici�n de la Ley 4� de 1992, escala de remuneraci�n aplicable y alcance de las expresiones "� excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, con efectos a partir del 1� de enero de 1993."

As�, mediante el Decreto 2699 de 1991 se expidi� el Estatuto Org�nico de la Fiscal�a General de la Naci�n, el cual, en el art�culo 54 adopt� la escala de salarios, en el art�culo 64, autoriz� al Fiscal General de la Naci�n para establecer la nomenclatura de empleos teniendo en cuenta los niveles establecidos en el mismo decreto e incorporando a distintos servidores a la planta de personal establecida para la Fiscal�a.

En el numeral 1� del par�grafo del citado art�culo 64 del Decreto 2699 de 1991, dispuso que las personas que se vincularan por primera vez o se acogieran a la escala salarial prevista en el art�culo 54, s�lo tendr�an derecho al sueldo que corresponde al cargo, seg�n la nomenclatura y escala salarial all� establecidos y advirti� que no tendr�an derecho a primas de antig�edad, ascensional y de capacitaci�n u otras especiales que estuvieran percibiendo antes de su incorporaci�n a la nueva planta.

En el numeral 2� del mismo par�grafo del art�culo 64, el Decreto 2699 de 1991 se�al� a los funcionarios que pasar�an a la Fiscal�a General de la Naci�n y en el numeral 3� ib�dem dispuso que ellos podr�an optar por una sola vez entre el r�gimen salarial y prestacional que "actualmente" ten�an, o a la escala de salarios prevista en el art�culo 54 de dicho estatuto, y que dicha opci�n podr�a ejercitarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la incorporaci�n del funcionario o empleado a la Fiscal�a General de la Naci�n.

Aqu� es importante destacar el origen de dos formas de aplicaci�n de la escala salarial para los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n:

A).- La aplicable a aquellos provenientes de otras entidades, que deb�an incorporarse a la Fiscal�a General de la Naci�n y que no se acogieron a la escala salarial prevista en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991. Estos adem�s de la asignaci�n b�sica ten�an derecho a las primas de antig�edad, ascensional y de capacitaci�n u otras que estuvieren percibiendo antes de su incorporaci�n a la nueva planta, y

B).- La aplicable a quienes se vincularon por primera vez o se acogieron a la escala de salarios prevista en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991.

A los primeros se refiere el numeral 2� par�grafo del art�culo 64 del Decreto 2699 de 1991, cuyo tenor es:

ART�CULO 64. El Fiscal General establecer� la nomenclatura de empleos, teniendo en cuenta los niveles establecidos en este cap�tulo e incorporando los distintos servidores a la planta de personal establecida para la Fiscal�a.

2. Las actuales fiscal�as de los juzgados superiores, penales del circuito y superiores de aduna, y de orden p�blico, pasar�n a la Fiscal�a General de la Naci�n. Igualmente pasar�n a la Fiscal�a General de la Naci�n, la direcci�n nacional y las direcciones seccionales de Instrucci�n Criminal, el Cuerpo T�cnico de Polic�a Judicial y los Juzgados de Instrucci�n Criminal de la Justicia Ordinaria, de orden p�blico y penal aduanera.

Para los jueces municipales la implantaci�n se podr� extender por el t�rmino de cuatro a�os contados a partir de la expedici�n de la Constituci�n Nacional. Igualmente se incorporar�n los funcionarios y empleados de la Direcci�n Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Justicia, con sus dependencias seccionales, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses creado por este Decreto.

Los funcionarios y empleados mencionados anteriormente, podr�n optar por una sola vez, entre el r�gimen salarial y prestacional que actualmente tienen o la escala de salarios prevista en el art�culo 54 de este estatuto. Dicha opci�n podr� ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la incorporaci�n del funcionario o empleado a la Fiscal�a General de la Naci�n."

A los segundos se refiere la misma disposici�n en el numeral 1� en los siguientes t�rminos:

Las personas que se vinculen por primera vez o se acojan a la escala salarial prevista en el art�culo 54, solo tendr�n derecho al sueldo que corresponda al cargo seg�n la nomenclatura y escala de salarios aqu� se�alados; no tendr�n derecho a las primas de antig�edad, ascensional y de capacitaci�n u otras que estuvieren percibiendo antes de su incorporaci�n a la nueva planta.

Si por raz�n de estas primas tuvieren un sueldo superior al que les corresponde en el nuevo cargo, seguir�n percibiendo este hasta su retiro y sobre dicho sueldo se liquidar�n los incrementos anuales en el porcentaje que se�ale la ley.

Las anteriores precisiones sirven de fundamento a la Sala para afirmar que las expresiones "� excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, con efectos a partir del 1� de enero de 1993" contenidas en el art�culo 14 de la Ley 4� de 1992, se refer�an a los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n que se vincularon por primera vez, o que siendo de aquellos que deb�an incorporarse, se acogieron a la escala de salarios prevista en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991. Para ellos la citada disposici�n legal no contempl� el establecimiento de la mencionada prima especial sin car�cter salarial.

El Presidente de la Rep�blica mediante los Decreto 53 de 1993, expidi� normas sobre el r�gimen salarial y prestacional para los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n, de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo. A ellos se aplicaba la escala salarial que hab�a sido establecida en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991.

En los a�os subsiguientes, el Gobierno Nacional expidi� los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 2729 de 2001 y 685 de 2002, fijando el r�gimen salarial y prestacional de las servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n, de obligatorio cumplimiento para quienes se vincularon al servicio con posterioridad a la vigencia del Decreto 53 de 1993, los cuales no son otros que aquellos a quienes se aplicaba la escala salarial que hab�a sido establecida en el art�culo 54 del Decreto 2699 de 1991.

A ellos se refer�an las expresiones "� excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, con efectos a partir del 1� de enero de 1993" a que hace referencia el art�culo 14 de la Ley 4� de 1992, los cuales no eran destinatarios de la mencionada prima sin car�cter salarial.

En esas condiciones es evidente que las disposiciones demandadas al se�alar que "El treinta por ciento (30%) del salario b�sico mensual de los siguientes servidores p�blicos se considera como prima especial de servicios sin car�cter salarial", contrari� las previsiones del art�culo 14 de la Ley 4� de 1992, pues como se ha venido haciendo claridad, estos, precisamente, eran los que la citada ley se�alaba como no destinatarios de la misma.

La Sala, en sentencia de 14 de febrero de 2002, dictada en el proceso No. 197-99, actor: EVERARDO VENEGAS AVILAN, declar� la nulidad del art�culo 7 del Decreto 38 de 1999 por el cual se dictaron normas sobre el r�gimen salarial y prestacional de los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n, cuyo contenido era id�ntico, al de las previsiones contenidas en los decretos demandados en este proceso, en cuanto dispon�a que el 30% del salario b�sico mensual de los servidores all� enlistados, se consideraba como prima especial de servicios sin car�cter salarial. Se fundament� la decisi�n en que no era dable al Gobierno Nacional, invocando como sustento las disposiciones contenidas en el art�culo 14 de la Ley 4� de 1992, otorgar el car�cter de prima especial de servicios al 30% del salario b�sico mensual fijado para los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n, enlistados en la disposici�n enjuiciada, en raz�n a que fue voluntad del legislador excluir de dicha previsi�n al personal de la Fiscal�a General de la Naci�n que fueron incorporados a dicha entidad, que en un principio decidieron conservar el r�gimen salarial y prestacional que ten�an, pero que luego decidieron cambiar de este, al establecido en el Decreto 53 de 1993.

En esa oportunidad la Sala precis�, que en virtud de lo previsto en el art�culo 14 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional est� facultado para establecer la prima a que ella se contrae, a favor de los servidores que all� se enlistan, m�s no respecto de los funcionarios que opten por la escala de salarios establecida para la Fiscal�a General de la Naci�n, con efectos a partir del 1� de enero de 1993, los cuales no son otros que los servidores de esa entidad a los que se refiere el art�culo 2� del Decreto 53 de 1993, el cual estatuye:

Art. 2�. Los servidores p�blicos vinculados a la Fiscal�a General de la Naci�n, podr�n optar por una sola vez antes del 28 de febrero de 1993, por el r�gimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto. Los servidores p�blicos que no opten por el r�gimen aqu� establecido continuar�n rigi�ndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha.

Lo anterior por cuanto, como ya se indic�, fue voluntad del legislador excluir de ese beneficio al personal de la Fiscal�a General de la Naci�n proveniente de la Rama Judicial que fue incorporado y que en un principio opt� por conservar el r�gimen salarial y prestacional que ten�an pero que luego resolvi� cambiar de �ste al establecido en el Decreto 53 de 1993, y que la excepci�n cobijaba tambi�n a los servidores se�alados en el art�culo 1� del citado decreto 53 de 1993 que obligatoriamente deb�an regirse por el sistema salarial en �l consagrado, esto es, los que se vincularon con posterioridad a su vigencia.

"En este orden de ideas, vale decir, si la excepci�n contemplada en el art�culo 14 de la Ley 4 de 1992 se extiende a los funcionarios de la Fiscal�a General de la Naci�n sujetos al r�gimen salarial previsto en el art�culo 3� del Decreto 53 de 1993, bien por mandato del art�culo 1� ejusdem - los que ingresaron despu�s de su expedici�n, o por disposici�n propia de aquellos que ya ven�an vinculados pero que hab�an continuado sometidos a las disposiciones que en esta materia los ven�a gobernando (Art�culo 2 ib�dem), forzoso es concluir que el art�culo 7 del Decreto 38 de 1999, objeto de impugnaci�n, contrar�a lo normado en el art�culo mencionado de la citada ley, por cuanto por mandato del legislador, unos y otros quedaron excluidos de la posibilidad de ser beneficiarios de la prima especial de servicios a que el mismo se contrae."

Precis� la Sala en aquella oportunidad, que la declaraci�n de nulidad de la citada disposici�n, no implicaba que el salario fijado para los funcionarios sustra�dos de la posibilidad de establecer a su favor la prima de servicios sin car�cter salarial, sufriera alteraci�n alguna, m�s exactamente deterioro o disminuci�n ya que en dicho art�culo se estableci� el sueldo mensual de los empleos de esa entidad, entre los que se encuentran, sin que se advierta que parte alguna de tales salarios ten�a una condici�n jur�dica diferente a la remuneraci�n por servicios prestados, m�s exactamente, la naturaleza de prima de servicios.

Luego, en sentencia de 15 de abril de 2004, dictada en el proceso 712-02, actor: EVERARDO VENEGAS AVILAN la Sala declar� la nulidad del art�culo 8� del Decreto 2743 de 2000, mediante el cual se dictaron normas sobre el r�gimen salarial y prestacional de los servidores p�blicos de la Fiscal�a General de la Naci�n, el cual conten�a id�ntica previsi�n a las normas demandadas en este proceso.

En esa oportunidad reiter� algunos argumentos expuestos en la sentencia de 14 de febrero de 2002 dictada en el proceso No. 179-99 antes citada. Expres� que a la luz del art�culo 150, numeral 19 literal e) de la Constituci�n Pol�tica, el Gobierno Nacional tiene competencia para fijar el r�gimen salarial y prestacional entre otros, de los empleados de la Fiscal�a General de la Naci�n, sin que se trate de un poder absoluto o arbitrario, sino que est� sometido al respeto del principio de legalidad y agreg�:

"Debe a�adirse, con el prop�sito de rectificar parte de la jurisprudencia contenida en el fallo de fecha 14 de febrero de 2002, del expediente 197 de 1999 que al decretarse la nulidad deprecada por el actor respecto de la referida prima especial sin car�cter salarial a que se contrae el art�culo 8� del Decreto 2743 del 27 de diciembre de 2000, se reduce el ingreso mensual de lo funcionarios a que esta norma se refiere en un 30%, pues este porcentaje en que consiste la prima establecida constituye un sobresueldo que contraviene, como ya qued� explicado, el mandato del art�culo 14 de la Ley 4� de 1992. A esta Conclusi�n se llega luego de examinarse la propuesta hecha en tal sentido por la H. Conjuez que intervino en el debate del presente asunto."

En resumen, la Ley 4� de 1992, en el art�culo 14 dispuso que el Gobierno Nacional establecer�a una prima sin car�cter salarial en el porcentaje indicado para los servidores p�blicos en ella enunciados, a excepci�n de los que opten por la escala de salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n con efectos fiscales a partir del 1� de enero de 1993.

Por su parte el Gobierno Nacional mediante las disposiciones acusadas, no estableci� una prima especial sin car�cter salarial, sino que dispuso que el treinta por ciento (30%) del salario b�sico mensual de los servidores p�blicos all� enlistados constituye prima especial de servicios sin car�cter salarial, e indic� como sus destinatarios, a aquellos servidores que la Ley hab�a exceptuado expresamente. En las sentencias antes mencionadas, se declar� la nulidad de los preceptos acusados por razones que ahora se reiteran, no obstante en ellas se expusieron conclusiones diversas en los t�rminos ya anotados.

Por medio de sentencia de fecha 15 de julio de 2004 Exp. No. 3531-02 se declar� la nulidad del art�culo 7� del Decreto 685 del 10 de abril de 2002 acogiendo el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 15 de abril de 2004 Exp. 712-01 que declar� la nulidad del Art�culo 8� del decreto 2743 del 27 de diciembre de 2000.

Y, mediante sentencia de fecha 3 de marzo de 2005 Exp. No. 17021 M.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero se declar� la nulidad de los art�culos 7 del decreto 52 de 1997; 7 del decreto 108 de 1996; 7 del decreto 49 de 1995; 7 del Decreto 108 de 1994 y 6 del Decreto 53 de 1993, acogiendo a su vez y en su integridad, los argumentos expresados en la sentencia de 15 de abril de 2004 Exp. 712-01 como fundamento de la decisi�n.

Es por lo anterior que en esta oportunidad, la Sala en aplicaci�n del reglamento de la Corporaci�n (Art. 14 del Acuerdo 58 de 1999), unifica su criterio en la materia, en los siguientes t�rminos:

Se declarar� la nulidad s�lo de los art�culos 7 del decreto 50 de 1998 y 8� del decreto 2729 de 2001, en cuanto que respecto de las restantes normas acusadas debe estarse a lo resuelto en las sentencias de fecha 15 de julio de 2004 (Exp. No. 11001-03-25-000-2002-0178-01 (3531-02) y 3 de marzo de 2005 ( Exp. No. 11001-03-25-000-1997-17021-01 (17021), advirtiendo que, como consecuencia de tal declaraci�n, los servidores p�blicos enlistados en tales disposiciones que hab�an optado por el r�gimen se salarios de la Fiscal�a General de la Naci�n con efectos fiscales a partir del primero (1�) de enero de 1993, para efectos de liquidaci�n de las prestaciones sociales a que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin car�cter salarial.

Se advierte igualmente que como consecuencia de la declaraci�n de nulidad de las disposiciones aqu� atacadas, no se les reducen sus ingresos mensuales, en raz�n a que tales normas no hab�an establecido un "sobresueldo", como se expres� en la sentencia de 14 de abril de 2004 dictada en el proceso 712-02, actor: EVERARDO VENEGAS AVILAN.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley

SEGUNDO: ESTESE a lo resuelto en las sentencias de fecha 15 de julio de 2004 (Exp. No. 11001-03-25-000-2002-0178-01 (3531-02), mediante la cual se declar� la nulidad del art�culo 7� del decreto 685 del 10 de abril de 2002 y de fecha 3 de marzo de 2005 ( Exp. No. 11001-03-25-000-1997-17021-01 (17021), que declar� la nulidad de los art�culos 7 del decreto 52 de 1997, 7 del decreto 108 de 1996, 7 del decreto 49 de 1995, 7 del decreto 108 de 1994 y 6 del decreto 53 de 1993.

C�PIESE, NOTIF�QUESE y ejecutoriada esta providencia ARCH�VESE el expediente. C�MPLASE.