100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010002534SENTENCIAPLENA1100103250002000000701(0700)200214/03/2002SENTENCIA__PLENA__1100103250002000000701(0700)__2002_14/03/2002100025342002PLANTA DE PERSONAL - Competencia del Gobierno Nacional para establecer la planta cuando es producto del proceso de reestructuración de organismos administrativos nacionales / REESTRUCTURACION - Potestad del Gobierno Nacional para determinar la planta de personal de entidades descentralizadas del orden nacional Para la Sala es claro que bajo las condiciones expuestas el Presidente se hallaba plenamente facultado para establecer - motu propio- la planta de personal de la entidad, por cuanto no hay duda que ejerció la potestad bajo el supuesto fáctico consagrado en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998 de que hubiere sido modificada la planta de personal así lo consagró el precepto al consignar como una de las reglas a seguir dentro del proceso de reestructuración, la que atañe a la adopción de una nueva planta de personal, que como es lógico es apenas una consecuencia casi obligada que surge de la modificación y por ello resulta plenamente justificada la facultad que con carácter autónomo allí se perfiló. En casos anteriores el Despacho que proyecta esta sentencia ha sentado la posición de que el Gobierno Nacional está impedido jurídicamente para suprimir cargos en forma autónoma, en eventos en los que la situación de la entidad descentralizada no ha estado precedida de un proceso de modificación de su estructura, a diferencia de lo que ocurre en el asunto sub judice, en el que es clara la verificación del supuesto que habilita la intervención directa del Presidente en la determinación de la planta de la entidad. Tal posición, que hoy mantiene el despacho, ha estado fundada en que, tratándose de entidades descentralizadas del orden nacional, escapa de la órbita Presidencial la interferencia directa, por cuanto la transferencia de competencias a organismos distintos del nivel central, dentro de la misma rama ejecutiva, conlleva un grado de autonomía, sin el cual no es dable adelantar la gestión encomendada y por tanto se vería frustrado el fin esencial en que subyace la descentralización administrativa como principio de la organización estatal. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA Consejera ponente: ANA MARGARITA OLAYA FORERO Bogotá D.C. catorce (14) de marzo de dos mil dos (2002). Radicación número: 11001-03-25-000-2000-0007-01(07-00) Actor: JOSE ANTONIO GALAN GOMEZ Demandado: GOBIERNO NACIONAL Referencia: Autoridades Nacionales
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadAna Margarita Olaya ForeroJose Antonio Galan GomezIdentificadores10010002535true3130Versión original10002535Identificadores

Fecha Providencia

14/03/2002

Sección:  PLENA

Consejero ponente:  Ana Margarita Olaya Forero

Demandante:  Jose Antonio Galan Gomez


PLANTA DE PERSONAL - Competencia del Gobierno Nacional para establecer la planta cuando es producto del proceso de reestructuración de organismos administrativos nacionales / REESTRUCTURACION - Potestad del Gobierno Nacional para determinar la planta de personal de entidades descentralizadas del orden nacional

Para la Sala es claro que bajo las condiciones expuestas el Presidente se hallaba plenamente facultado para establecer - motu propio- la planta de personal de la entidad, por cuanto no hay duda que ejerció la potestad bajo el supuesto fáctico consagrado en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998 de que hubiere sido modificada la planta de personal así lo consagró el precepto al consignar como una de las reglas a seguir dentro del proceso de reestructuración, la que atañe a la adopción de una nueva planta de personal, que como es lógico es apenas una consecuencia casi obligada que surge de la modificación y por ello resulta plenamente justificada la facultad que con carácter autónomo allí se perfiló. En casos anteriores el Despacho que proyecta esta sentencia ha sentado la posición de que el Gobierno Nacional está impedido jurídicamente para suprimir cargos en forma autónoma, en eventos en los que la situación de la entidad descentralizada no ha estado precedida de un proceso de modificación de su estructura, a diferencia de lo que ocurre en el asunto sub judice, en el que es clara la verificación del supuesto que habilita la intervención directa del Presidente en la determinación de la planta de la entidad. Tal posición, que hoy mantiene el despacho, ha estado fundada en que, tratándose de entidades descentralizadas del orden nacional, escapa de la órbita Presidencial la interferencia directa, por cuanto la transferencia de competencias a organismos distintos del nivel central, dentro de la misma rama ejecutiva, conlleva un grado de autonomía, sin el cual no es dable adelantar la gestión encomendada y por tanto se vería frustrado el fin esencial en que subyace la descentralización administrativa como principio de la organización estatal.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Consejera ponente: ANA MARGARITA OLAYA FORERO

Bogotá D.C. catorce (14) de marzo de dos mil dos (2002).

Radicación número: 11001-03-25-000-2000-0007-01(07-00)

Actor: JOSE ANTONIO GALAN GOMEZ

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: Autoridades Nacionales

JOSE ANTONIO GALAN GOMEZ , en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., instaura demanda contra el Decreto 2707 de 30 de diciembre de 1999, "por el cual se establece la planta de personal del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas - IPSE -"

El Citado decreto fue proferido por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998.

Normas infringidas:

Citó como normas vulneradas los artículos 189 numeral 14, 192 y 198 de la Constitución Política; artículo 1º del Decreto 1140 de 1999; artículos 70,71,72, 73, 76 y 115 de la Ley 489 de 1998.

Argumenta que el Gobierno Nacional incurrió en causales de nulidad por violación de las normas legales y por exceder los límites de sus atribuciones constitucionales y legales; estima que el acto fue proferido por fuera de los límites de competencia.

Expresa que el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas - IPSE - es un establecimiento público, entidad descentralizada del orden nacional, vinculado al Ministerio de Minas y Energía conforme al artículo 1º del Decreto 1140 de 1999 y a los artículos 71 a 73 y 76 de la Ley 489 de 1998; que el Gobierno Nacional, contrariando los artículos 9 lit. e) del Decreto 1140 de junio 29 de 1999, 76 lit. d) y 115 de la Ley 489 de 1998, estableció la planta de personal del Instituto, pese a que la competencia para ello está radicada en el Consejo Directivo de la entidad y al Gobierno le corresponde sólo la aprobación de la planta de personal.

Arguye que el ejecutivo no está facultado para crear, fusionar ni suprimir los empleos de la administración descentralizada, facultad que sólo está dada por el numeral 14 del artículo 189 de la Carta Política para la administración central.

Contestación de la demanda:

La Nación - Ministerio de Minas y Energía contestó la demanda en la oportunidad legal y se opuso a las pretensiones en ella consignadas.

Adujo que el IPSE realizó el estudio de la planta de personal y su proyección y que de conformidad con el literal d) del artículo 10 del Decreto 1140 de 1999 en concordancia con el artículo 16 de los Estatutos aprobados por Acuerdo 02 de 2000, presentó ante el Gobierno Nacional la respectiva planta de personal para su aprobación; que dicha planta fue aprobada por la Junta Directiva del ICEL, según consta en la comunicación radicada bajo el No. 20674 de diciembre 21 de 1999; que el Gobierno Nacional mediante el Decreto demandado dio aprobación conforme al artículo 15 de la Ley 489 de 1998.

Expone que se infiere del artículo 76 de la Ley 489 citada que la facultad de establecer la planta de personal de la entidad no le fue atribuida a los consejos directivos de los establecimientos públicos, por lo que la competencia es del director de la entidad, como se desprende del artículo 78 ibídem .

ALEGATOS DEL MINISTERIO PUBLICO

El Procurador Tercero Delegado ante esta Corporación solicita se declare la nulidad del acto acusado.

Estima que el Presidente de la República no podía ejercer directamente la facultad consagrada en el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política; que no es la Ley 489 de 1998 aquella a la que se refiere la norma constitucional citada.

CONSIDERACIONES

Corresponde dilucidar en esta litis si el Presidente de la República, al expedir el Decreto 2707 de 30 de diciembre de 1999 "Por el cual se establece la Planta de Personal del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas - IPSE", obró debidamente facultado.

Conforme al Decreto 1140 de 1999, "por el cual se transforma el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL, en el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energética", el IPSE es un establecimiento público del orden nacional, vinculado al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente.

El artículo 115 de la Ley 489 de 1998, norma que sirvió de fundamento al Decreto enjuiciado, prescribe:

Art. 115.- Planta global y grupos internos de trabajo. El Gobierno Nacional aprobará las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la presente ley de manera global. En todo caso el director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y sus planes y programas.

Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas del organismo o entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo.

En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento."

Ahora bien, para dilucidad la cuestión litigiosa es menester señalar algunos aspectos que atañen al proceso de creación y estructuración del IPSE.

En primer lugar es preciso señalar que el IPSE es el resultado de la transformación que hizo el Gobierno Nacional del extinto ICEL, por medio del Decreto 1140 de junio 29 de 1999, expedido con fundamento en los artículos 189 numeral 16 de la Carta Política y 54 de la Ley 489 de 1998. La primera norma citada, es decir, el canon Superior, faculta al Presidente de la República para modificar la estructura de los organismos administrativos nacionales; la segunda, consagra los principios y reglas que ha de observar el Gobierno en el ejercicio de la potestad constitucional referida. Esta última disposición tal y como quedó con posterioridad a la sentencia C-702 de 1999, es del siguiente tenor:

"Art. 54.- Principios y reglas generales con sujeción a las cuales el Gobierno Nacional puede modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás organismos administrativos del orden nacional. Con el objeto de modificar, esto es, variar, transformar o renovar la organización o estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, las disposiciones aplicables se dictarán por el Presidente de la República conforme a las previsiones del numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a siguientes principios y reglas generales:

a) Deberán responder a la necesidad de hacer valer los principios de eficiencia y racionalidad de la gestión pública, en particular, evitar la duplicidad de funciones;

e) Se deberá garantizar que exista la debida armonía, coherencia y articulación entre las actividades que realicen cada una de las dependencias, de acuerdo con las competencias atribuidas por la ley, para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus políticas, planes y programas, que les permitan su ejercicio sin duplicidades ni conflictos;

f) Cada una de las dependencias tendrá funciones específicas pero todas ellas deberán colaborar en el cumplimiento de las funciones generales y en la realización de los fines de la entidad u organismo;

j) Se podrán fusionar, suprimir o crear dependencias internas en cada entidad u organismo administrativo, y podrá otorgárseles autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica;

k) No se podrán crear dependencias internas cuyas funciones estén atribuidas a otras entidades públicas de cualquier orden;

l) Deberán suprimirse o fusionarse dependencias con el objeto de evitar duplicidad de funciones y actividades;

m) Deberán suprimirse o fusionarse los empleos que no sean necesarios y distribuirse o suprimirse las funciones específicas que ellos desarrollaban. En tal caso, se procederá conforme a las normas laborales administrativas;

n) Deberá adoptarse una nueva planta de personal."

Ahora bien, constituido el nuevo establecimiento público, con sustento en las disposiciones anteriores, el Gobierno profirió los Decretos 2706 y 2707 de 30 de diciembre de 1999, que en su orden modificó el uno la planta de personal del IPSE y, el otro, estableció la planta de personal de la entidad.

Para la Sala es claro que bajo las condiciones expuestas el Presidente se hallaba plenamente facultado para establecer - motu propio- la planta de personal de la entidad, por cuanto no hay duda que ejerció la potestad bajo el supuesto fáctico consagrado en la norma pretranscrita de que hubiere sido modificada la planta de personal así lo consagró el precepto al consignar como una de las reglas a seguir dentro del proceso de reestructuración, la que atañe a la adopción de una nueva planta de personal, que como es lógico es apenas una consecuencia casi obligada que surge de la modificación y por ello resulta plenamente justificada la facultad que con carácter autónomo allí se perfiló.

No ocurre lo mismo con la estipulación que hizo el artículo 115 de la Ley 489, pues sin duda la esfera dentro de la cual se planteó el precepto escapa a los lineamientos a los que en forma específica apuntó el artículo 54 analizado.

El artículo 115 es por tanto la norma que gobierna las demás situaciones bajo las cuales se concluye la necesidad de variar la planta de personal, caso en el cual es el órgano directivo de la entidad el que se encarga de determinar la planta de personal y una vez realizado ello el Gobierno adquiere competencia paraaprobarla, sin que su facultad pueda entenderse más allá de la específicamente prescrita.

En casos anteriores el Despacho que proyecta esta sentencia ha sentado la posición de que el Gobierno Nacional está impedido jurídicamente para suprimir cargos en forma autónoma, en eventos en los que la situación de la entidad descentralizada no ha estado precedida de un proceso de modificación de su estructura, a diferencia de lo que ocurre en el asunto sub judice, en el que es clara la verificación del supuesto que habilita la intervención directa del Presidente en la determinación de la planta de la entidad. Tal posición, que hoy mantiene el despacho, ha estado fundada en que, tratándose de entidades descentralizadas del orden nacional, escapa de la órbita Presidencial la interferencia directa, por cuanto la transferencia de competencias a organismos distintos del nivel central, dentro de la misma rama ejecutiva, conlleva un grado de autonomía, sin el cual no es dable adelantar la gestión encomendada y por tanto se vería frustrado el fin esencial en que subyace la descentralización administrativa como principio de la organización estatal.

Finalmente, ha de señalarse que los planteamientos de la parte demandada resultan irrelevantes en el presente análisis, porque al concluir la Sala que el caso sub judice no es el regulado por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, se exime de indagar si hubo de verificarse el presupuesto consagrado en la citada norma.

En este orden concluye la Sala que los preceptos que estimó conculcados el libelo, tanto los relativos al régimen de las entidades descentralizadas, como los demás analizados en esta providencia no resultan contradichos y, por tanto, se mantiene la legalidad del acto acusado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

F A L L A

DENIEGANSE LAS SUPLICAS DE LA DEMANDA.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.-

ANA MARGARITA OLAYA FORERO ALBERTO ARANGO MANTILLA

TARSICIO CACERES TORO JESÚS MARIA LEMOS BALLESTEROS

ALEJANDRO ORGOÑEZ MALDONADO NICOLAS PAJARO PEÑARANDA

ENEIDA WADNIPAR RAMOS

Secretaria