SENTENCIA 1100103250001998236400(2364) y 1100103250001998035200(2873) de 2002

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010002468SENTENCIASEGUNDAA1100103250001998236400(2364) y 1100103250001998035200(2873)200216/05/2002SENTENCIA__SEGUNDA_A_1100103250001998236400(2364) y 1100103250001998035200(2873)__2002_16/05/2002100024682002FONDO DE PASIVO PENSIONAL - Niega nulidad de normas relativas a la financiaci�n y manejo de los fondos para el pago de este pasivo en cuanto a universidades e instituciones oficiales de educaci�n superior / UNIVERSIDAD OFICIAL DE EDUCACI�N SUPERIOR - Fondo para el pago de pasivos pensionales El Art�culo 86 de la Ley 30 de 1992 prev� que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estar�n constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversi�n, por los aportes de los entes territoriales y por los recursos y rentas propios de cada instituci�n, lo que quiere decir que tales entidades territoriales solamente contribuyen en un determinado porcentaje al presupuesto de las universidades oficiales existentes en ellas, pues �ste tambi�n est� conformado por los recursos y rentas propios de las mismas. Lo previsto en materia presupuestal en la norma legal mencionada explica por qu� el legislador en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 estableci� que el financiamiento por la Naci�n, los departamentos, los distritos y los municipios del Fondo para el pago del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educaci�n superior de naturaleza territorial, se har�a teniendo en cuenta el promedio de los cinco �ltimos presupuestos anuales anteriores al a�o de iniciaci�n de la vigencia de la referida ley. Se tiene que lo previsto por el legislador en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 fue la colaboraci�n de esas entidades territoriales en la soluci�n de los problemas econ�micos que presentaban las referidas instituciones educativas, mas no la exoneraci�n de �stas de contribuir con sus propios recursos a la satisfacci�n de una obligaci�n laboral prestacional adquirida a trav�s del tiempo y respecto de cuyo pago no hab�an adoptado las previsiones o reservas pertinentes. De acuerdo con lo anterior fuerza concluir que las disposiciones acusadas no violan lo dispuesto en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 y, por el contrario, lo desarrollan adecuadamente, pues en �l se establece la participaci�n de las entidades territoriales en la financiaci�n del Fondo para el pago del pasivo pensional de las universidades e instituciones educativas citadas, �nicamente en la proporci�n en que hayan contribuido a la conformaci�n de su presupuesto anual, como lo previ� el legislador en ese art�culo. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA - SUBSECCION "A" Consejero ponente: ALBERTO ARANGO MANTILLA Bogot�, D.C., diecis�is (16) de mayo de dos mil dos (2002).

Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadALBERTO ARANGO MANTILLAJORGE MIGUEL PAUKER G. | FELIX INSUASTI MEJIAJORGE MIGUEL PAUKER GALVEZ y FELIX INSUASTI MEJIA promovieron ante esta Corporaci�n el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1998, con el fin de que se declare la nulidad de las expresiones: "a la respectiva instituci�n y dicha instituci�n" contenida en el par�grafo 2� del Art�culo 4� del Decreto 2337 de 1996 "adem�s de por la respectiva instituci�n", 5. "La universidad oficial o la instituci�n de educaci�n superior", "y la propia instituci�n de educaci�n superior" contenidas en los incisos 1�, 2� y 5� del Art�culo 7� ib�dem y "y la respectiva universidad o instituci�n superior" y "la universidad o instituci�n de educaci�n superior" contenidas en los numerales 1� y 2� del Art�culo 9� ejusdem, decreto mediante el cual se reglamentaron los Art�culos 131 y 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1299 de 1994,Identificadores10010002469true3050Versi�n original10002469Identificadores

Norma demandada: �JORGE MIGUEL PAUKER GALVEZ y FELIX INSUASTI MEJIA promovieron ante esta Corporaci�n el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1998, con el fin de que se declare la nulidad de las expresiones: "a la respectiva instituci�n y dicha instituci�n" contenida en el par�grafo 2� del Art�culo 4� del Decreto 2337 de 1996 "adem�s de por la respectiva instituci�n", 5. "La universidad oficial o la instituci�n de educaci�n superior", "y la propia instituci�n de educaci�n superior" contenidas en los incisos 1�, 2� y 5� del Art�culo 7� ib�dem y "y la respectiva universidad o instituci�n superior" y "la universidad o instituci�n de educaci�n superior" contenidas en los numerales 1� y 2� del Art�culo 9� ejusdem, decreto mediante el cual se reglamentaron los Art�culos 131 y 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1299 de 1994,

FONDODE PASIVO PENSIONAL - Niega nulidad de normas relativas a la financiaci�n y manejo de los fondos para el pago de este pasivo en cuanto a universidades e instituciones oficiales de educaci�n superior / UNIVERSIDAD OFICIAL DE EDUCACI�N SUPERIOR - Fondo para el pago de pasivos pensionales

El Art�culo 86 de la Ley 30 de 1992 prev� que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estar�n constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversi�n, por los aportes de los entes territoriales y por los recursos y rentas propios de cada instituci�n, lo que quiere decir que tales entidades territoriales solamente contribuyen en un determinado porcentaje al presupuesto de las universidades oficiales existentes en ellas, pues �ste tambi�n est� conformado por los recursos y rentas propios de las mismas. Lo previsto en materia presupuestal en la norma legal mencionada explica por qu� el legislador en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 estableci� que el financiamiento por la Naci�n, los departamentos, los distritos y los municipios del Fondo para el pago del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educaci�n superior de naturaleza territorial, se har�a teniendo en cuenta el promedio de los cinco �ltimos presupuestos anuales anteriores al a�o de iniciaci�n de la vigencia de la referida ley. Se tiene que lo previsto por el legislador en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 fue la colaboraci�n de esas entidades territoriales en la soluci�n de los problemas econ�micos que presentaban las referidas instituciones educativas, mas no la exoneraci�n de �stas de contribuir con sus propios recursos a la satisfacci�n de una obligaci�n laboral prestacional adquirida a trav�s del tiempo y respecto de cuyo pago no hab�an adoptado las previsiones o reservas pertinentes. De acuerdo con lo anterior fuerza concluir que las disposiciones acusadas no violan lo dispuesto en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 y, por el contrario, lo desarrollan adecuadamente, pues en �l se establece la participaci�n de las entidades territoriales en la financiaci�n del Fondo para el pago del pasivo pensional de las universidades e instituciones educativas citadas, �nicamente en la proporci�n en que hayan contribuido a la conformaci�n de su presupuesto anual, como lo previ� el legislador en ese art�culo.

Radicaci�n n�mero: 11001-03-25-000-1998-2364-00(2364) y 11001-03-25-000-1998-0352-00(2873)

En virtud de la acumulaci�n de los respectivos procesos ordenada por medio de auto del 30 de agosto de 1999 (fls.42 y 43), se decide la acci�n de nulidad que, en forma independiente y con base en lo dispuesto en el Art�culo 84 del C.C.A, los se�ores JORGE MIGUEL PAUKER GALVEZ y FELIX INSUASTI MEJIA promovieron ante esta Corporaci�n el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1998, con el fin de que se declare la nulidad de las expresiones: "a la respectiva instituci�n y dicha instituci�n" contenida en el par�grafo 2� del Art�culo 4� del Decreto 2337 de 1996; "adem�s de por la respectiva instituci�n", 5. "La universidad oficial o la instituci�n de educaci�n superior", "y la propia instituci�n de educaci�n superior" contenidas en los incisos 1�, 2� y 5� del Art�culo 7� ib�dem y "y la respectiva universidad o instituci�n superior" y "la universidad o instituci�n de educaci�n superior" contenidas en los numerales 1� y 2� del Art�culo 9� ejusdem, decreto mediante el cual se reglamentaron los Art�culos 131 y 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1299 de 1994, en los cuales, adem�s de la participaci�n de la Naci�n y de las entidades territoriales, se prev� la de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educaci�n superior en la financiaci�n del Fondo a constituirse para la cancelaci�n de los pasivos pensionales de los servidores de estas �ltimas.

Los demandantes estiman que las normas impugnadas transgreden lo dispuesto en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 que asigna la responsabilidad de financiar el pago del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educaci�n superior de naturaleza territorial a la Naci�n, a los departamentos y a los municipios, toda vez que no se se�ala a aqu�llas -universidades e instituciones de educaci�n superior- como entidades financiadoras del Fondo a crearse para tal fin, raz�n por la cual, aseguran, las disposiciones acusadas crean una obligaci�n para esas entidades educativas que la ley no les impuso y como no cuentan con los recursos pertinentes, su asunci�n les genera una crisis econ�mica de gran magnitud que pod�a llevarlas hasta su cierre.

Se�alan que la autoridad reglamentaria desconoci� que el Art�culo 67 de la Constituci�n Pol�tica dispone que la educaci�n es un derecho de las personas y un servicio p�blico, que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de ella y que la Naci�n y las entidades territoriales deben participar en la direcci�n, financiaci�n y administraci�n de los servicios educativos estatales en los t�rminos previstos en la Constituci�n y en la Ley.

1.- Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. (fls. 50 a 55 exp. 2873 Cdno. N� 2)

Al asumir la defensa de los actos enjuiciados su apoderado se�al� que del an�lisis del Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 se establece que la Naci�n, los departamentos, los distritos y los municipios aportar�n al Fondo que debe constituirse para cubrir el pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educaci�n superior en la misma proporci�n en que hayan contribuido a su presupuesto, teniendo en cuenta el promedio de sus aportes en los cinco �ltimos presupuestos anuales anteriores al a�o de iniciaci�n de la vigencia de esa ley.

Indica que es la instituci�n de educaci�n superior o la universidad la que debe constituir ese fondo, cuyo valor debe ser igual al monto del pasivo pensional que no est� constituido en reservas, lo que quiere decir que son ellas las obligadas a suministrar los recursos correspondientes, lo cual es l�gico porque se trata de cubrir un pasivo que les pertenece, al punto que si no existieran reglas adicionales, la totalidad de los recursos de ese fondo deber�a ser aportada por dichas universidades e instituciones.

A�ade que el apoyo financiero de otras entidades para constituir ese Fondo fue previsto por el legislador en virtud de la precaria situaci�n que las universidades e instituciones de educaci�n superior atraviesan, pero ello no implica que haya liberado totalmente a �stas de tal obligaci�n, pues tienen la calidad de patronos frente a sus servidores y en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 no se previ� la figura de la sustituci�n patronal.

De otra parte, afirma, que las normas cuestionadas prev�n la participaci�n de la Naci�n y de las entidades territoriales en la financiaci�n de ese Fondo en id�ntica proporci�n a aquella con la cual hayan contribuido al presupuesto de la respectiva universidad o instituci�n de educaci�n superior y que como el presupuesto de �stas no est� financiado en su totalidad por esas entidades, es claro que a ellas no les corresponde aportar la totalidad de los recursos del mismo, ya que el remanente, esto es, lo que supere aquel porcentaje, debe ser pagado por la instituci�n o universidad respectiva, pues a �stas adem�s de competerle constituirlo, les corresponde asumir ese pasivo prestacional.

Agrega que no puede decirse que la Ley 100 de 1993 exoner� a las universidades y a las instituciones de educaci�n superior de sus obligaciones pensionales, sino que estableci� una modalidad espec�fica con el fin de que otras entidades contribuyeran al financiamiento de su pasivo pensional, colaborando en la resoluci�n de sus problemas econ�micos, f�rmula que ya hab�a utilizado en la Ley 30 de 1992 en cuyo Art�culo 88 se estipul� que el Gobierno Nacional, en un t�rmino no mayor de dos a�os y con la asesor�a del Consejo Nacional de Educaci�n Superior, adoptar�a las medidas necesarias para garantizar los aportes correspondientes del presupuesto nacional, de los entes territoriales y de las mismas universidades para sanear los pasivos de �stas en lo tocante a las cesant�as de sus servidores.

Advierte que tambi�n la Ley 60 de 1993 en su Art�culo 33 numeral 3) previ� que la responsabilidad por los pasivos prestacionales de los hospitales territoriales, se establecer�a mediante un reglamento expedido por el Gobierno Nacional que definiera la forma en que la Naci�n y las entidades territoriales, deb�an concurrir a satisfacer el mismo.

2. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (fl. 56 a 59 Cdno N� 2. Exp No-2873)

Su apoderado precis� que las normas demandadas no desbordan la facultad reglamentaria, pues el Presidente de la Rep�blica al expedirlas solo pretendi� desarrollar el alcance de la Ley 100 de 1993 que en su Art�culo 131 estableci� que el Fondo creado para la cancelaci�n del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educaci�n superior ser�a financiado por la Naci�n, los departamentos, los distritos y los municipios que aportar�an a �l, en la misma proporci�n en que hubieren contribuido a sus presupuestos.

Agrega que la Ley 30 de 1992, por la cual se organiz� el servicio p�blico de la educaci�n superior, estipula que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estar�n constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversi�n, por los aportes de los entes territoriales y por los recursos y rentas propios de cada instituci�n, lo cual armoniza con lo preceptuado en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de que esas entidades territoriales financiar�n el Fondo creado para pagar el pasivo pensional de los servidores de las universidades y de las instituciones de educaci�n superior, en la misma proporci�n en que hayan contribuido al presupuesto de ellas.

Por tanto, concluye, teniendo en cuenta que el presupuesto de las universidades y de las instituciones de educaci�n superior est� conformado tambi�n por recursos propios de �stas, el Gobierno Nacional lo que hizo fue precisar la forma en que deben participar las diversas entidades aportantes a dicho presupuesto.

Por ende, colige, las disposiciones acusadas no exceden la potestad reglamentaria, sino que desarrollan la Ley 100 de 1993, en el entendido de que las instituciones a las cuales se refieren deben concurrir a prorrata en la constituci�n de ese fondo.

La Procuradur�a Cuarta Delegada en lo Contencioso ante el Consejo de Estado opina que las normas demandadas deben anularse.

Manifiesta que del an�lisis sistem�tico de la Ley 100 de 1993 se desprende que las entidades encargadas del reconocimiento de las pensiones y las administradoras del r�gimen pensional, contaran en sus haberes con los bonos pensionales y con las cotizaciones previstas en el Art�culo 20 ib�dem; que esa misma ley define el bono pensional, como los aportes destinados a contribuir a la conformaci�n del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de pensiones y que el Art�culo 131 ejusdem, al ordenar constituir los fondos para el pago del pasivo pensional contra�do a la fecha de vigencia de esa ley por las universidades e instituciones de educaci�n superior, impuso a �stas tal obligaci�n y a la Naci�n y a las entidades territoriales -departamentos, distritos y municipios-, la de financiar ese Fondo teniendo en cuenta el promedio de sus aportes a las mismas en los cinco �ltimos presupuestos anuales anteriores al a�o de iniciaci�n de la vigencia de esa ley.

Esos aportes, indica, deben efectuarse en bonos de valor constante de las respectivas entidades y que como �stos se expiden por la entidad obligada a tal contribuci�n en forma unipersonal, esto es, que no pueden otorgarse bonos por dos o m�s entidades, sino que cada entidad expedir� el suyo, ha de concluirse que al no poder emitir un bono pensional compartido entre la entidad territorial y la instituci�n de educaci�n superior respectiva por el pasivo pensional causado hasta el 23 de diciembre de 1993, �ste est� a cargo de la entidad territorial de la cual dependa el establecimiento p�blico educativo.

Por tanto se�ala la Agencia Fiscal, "los apartes acusados de los art�culos 4�, 7� y 9� del Decreto Reglamentario 2337 de 1996 impusieron a las entidades de educaci�n se�aladas, una carga que la Ley 100 de 1993 en su Art�culo 131 hab�a deferido a las entidades territoriales. Adem�s de constituir una situaci�n antit�cnica, pues los bonos pensionales como ya se dijo, son expedidos por la �ltima entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado"... y "la carga del pasivo pensional causado a 23 de diciembre de 1993, en las instituciones de educaci�n superior, est� a cargo de las entidades territoriales a las cuales se encontraban adscritas aqu�llas, por el llamado fen�meno de la descentralizaci�n administrativa". ( fl. 71)

Se trata de establecer la legalidad de las expresiones objeto de impugnaci�n y que aparecen subrayadas en las normas del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, por el cual se reglamentaron los Art�culos 131 y 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1299 de 1994, que a continuaci�n se transcriben:

"Art�culo 4�:Funciones de los FONDOS PARA PAGAR EL PASIVO PENSIONAL: Los fondos para el pago del pasivo pensional a favor de los empleados p�blicos, trabajadores oficiales y personal docente, constituidos como una cuenta especial de las universidades oficiales e instituciones de educaci�n superior de car�cter oficial y naturaleza territorial, tendr�n las siguientes funciones:

En la fecha en que dichos afiliados soliciten la emisi�n de su respectivo bono pensional, la universidad o la instituci�n de educaci�n superior incluir� en el c�lculo anual de su pasivo pensional el monto del c�lculo de las cuotas partes del bono pensional que le correspondana la respectiva instituci�n, y dicha instituci�n, la Naci�n y las entidades territoriales concurrir�n a prorrata del aporte, a que se refiere el art�culo 7� de este decreto, en el pago de esta obligaci�n en la fecha de redenci�n del bono pensional. El c�lculo anual del pasivo pensional, deber� ser presentado al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, dentro de los dos primeros meses del a�o.

Art�culo 7�.Aportes para el pago del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educaci�n superior del orden territorial: Los recursos para el pago del pasivo pensional de las instituciones de que trata el presente decreto, causado hasta el 23 de diciembre de 1993, ser�n sufragados, adem�s de por la respectiva instituci�n, por la Naci�n y por cada una de las entidades territoriales correspondientes, de acuerdo con la ejecuci�n presupuestal, en un monto equivalente a su participaci�n en la financiaci�n de las universidades o instituciones de educaci�n superior, en los �ltimos cinco (5) a�os anteriores a la vigencia de la ley 100 de 1993 de conformidad con lo establecido en su Art�culo 131. Para determinar la participaci�n en la financiaci�n de este pasivo, de la ejecuci�n presupuestal se descontar�n los ingresos recibidos por la universidad por venta de servicios de investigaci�n con destinaci�n espec�fica, clasificados como "otras rentas," de acuerdo con lo establecido en las ejecuciones presupuestales anuales de las instituciones. Estas participaciones quedar�n recogidas en el contrato de que trata el Art�culo 9� del presente decreto.

Las entidades que participar�n en la financiaci�n del Fondo, seg�n corresponda ser�n las siguientes:

Por medio de un convenio que consulte la situaci�n financiera particular de cada Instituci�n de educaci�n superior, suscrito entre �sta, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y, si es del caso, la entidad territorial respectiva, se establecer�(n) la(s) fecha(s) en las cuales la Naci�n, las entidades Territorialesy la propia instituci�n de educaci�n superior efectuar�n los aportes que resulten a su cargo. Para el efecto, ser� indispensable la aprobaci�n previa por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, de los c�lculos actuariales, las proyecciones presupuestales y del plan financiero presentado por cada instituci�n.

Art�culo 9�:Contratos: Una vez determinada la responsabilidad financiera de las entidades de que trata el art�culo 7� del presente decreto, se firmar�n contratos entre las Universidades o instituciones de Educaci�n Superior y la Naci�n, los departamentos, los distritos y los municipios los cuales deben contener como m�nimo lo siguiente:

1. El valor de la deuda reconocida por las partes, para el pago del pasivo pensional causado hasta el 23 de diciembre de 1993 y el monto del aporte de la Naci�n, el departamento, el distrito, el municipio y larespectiva universidad o instituci�n de educaci�n superior.

2. Los plazos y la forma en que la Naci�n, los departamentos, los distritos, los municipios y la universidad o instituci�n de educaci�n superior, cumplir�n con la obligaci�n de efectuar el aporte, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 7� del presente decreto."

Se impugnan estas disposiciones por transgredir lo preceptuado en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993, el cual fue objeto de reglamentaci�n mediante el Decreto 2337 de 1996 del que las mismas forman parte.

"FONDO PARA PAGAR EL PASIVO PENSIONAL DE LAS UNIVERSIDADES OFICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DE EDUCACION SUPERIOR DE NATURALEZA TERRITORIAL. Cada una de las instituciones de educaci�n superior oficiales, del nivel territorial, departamental, distrital, municipal, constituir� un fondo para el pago del pasivo pensional contra�do a la fecha en la cual esta ley entre en vigencia, hasta por un monto igual al valor de dicho pasivo que no est� constituido en reservas en las Cajas de Previsi�n, o fondos autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras cotizaciones que las instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar seg�n lo previsto en la presente ley, en aquella parte que corresponda a funcionarios, empleados o trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciaci�n de la vigencia de la presente ley.

Dicho fondo se manejar� como una subcuenta en el presupuesto de cada instituci�n. Ser� financiado por la Naci�n, los departamentos, los distritos y los municipios, que aportar�n en la misma proporci�n en que hayan contribuido al presupuesto de la respectiva universidad o instituci�n de educaci�n superior, teniendo en cuenta el promedio de los cinco (5) �ltimos presupuestos anuales, anteriores al a�o de iniciaci�n de la vigencia de la presente ley.

Los aportes constar�n en bonos de valor constante de las respectivas entidades que se redimir�n a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales de acuerdo con las proyecciones presupuestales y los c�lculos actuariales, y de conformidad con la reglamentaci�n que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.

Dentro del a�o siguiente a la iniciaci�n de la vigencia de la presente ley, las universidades y las instituciones de educaci�n superior referidas en este art�culo, elaborar�n o actualizar�n los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripci�n de los bonos que representen los aportes de la Naci�n. Esta suscripci�n deber� hacerse dentro de los dos (2) primeros a�os de la vigencia de la presente ley". (Subrayado fuera de texto).

No obstante a que mediante auto del 11 de noviembre de 1999, proferido dentro del proceso 1689, actora: Alba Luz Jojoa Uribe, Consejero Ponente: Dr. Nicol�s P�jaro Pe�aranda, se suspendi� la expresi�n "y la propia instituci�n de educaci�n superior" contenida en el inciso 2� numeral 5� del Art�culo 7� del Decreto 2337 de 1996, objeto tambi�n de impugnaci�n en el presente proceso, por las razones que en dicha providencia se explicitaron, al efectuar un nuevo an�lisis en orden a establecer la legalidad de incluir a las universidades oficiales y a las instituciones de educaci�n superior oficiales del nivel territorial, departamental, distrital y municipal como aportantes a los Fondos que habr�an de constituirse para pagar el pasivo pensional que aqu�llas hab�an contra�do a la fecha en que la Ley 100 de 1993 entr� en vigencia, la Sala considera necesario rectificar la posici�n que adopt� en dicho prove�do, toda vez que el estudio integral de las disposiciones acusadas, del Art�culo 131 de la mencionada ley y del 86 de la Ley 30 de 1992, lleva a concluir que dichas instituciones de educaci�n superior est�n obligadas a contribuir con aportes propios al Fondo respectivo.

En efecto, si bien en el Art�culo citado de la Ley 100 de 1993 no se menciona a la respectiva universidad o instituci�n de educaci�n superior como aportante al Fondo que deb�a constituir para pagar el pasivo pensional que ten�a hasta el momento de entrar en vigencia dicha ley, sino que se dice que el mismo ser�a financiado por la Naci�n, los departamentos, los distritos y los municipios, ello no quiere decir que se haya liberado a aqu�lla de contribuir con sus propios recursos al mencionado Fondo, por cuanto en el mismo art�culo se precisa que esas entidades territoriales -Naci�n, departamento, distrito o municipio- aportar�an a �l en la misma proporci�n en que hubieren contribuido a su presupuesto.

Lo previsto en materia presupuestal en la norma legal mencionada explica por qu� el legislador en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 estableci� que el financiamiento por la Naci�n, los departamentos, los distritos y los municipios del Fondo para el pago del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educaci�n superior de naturaleza territorial, se har�a teniendo en cuenta el promedio de los cinco �ltimos presupuestos anuales anteriores al a�o de iniciaci�n de la vigencia de la referida ley.

No tendr�a sentido el establecimiento de este tope en la financiaci�n por las entidades territoriales de dicho Fondo, si el querer del legislador hubiera sido el que la Naci�n, los departamentos, los distritos y los municipios asumieran en su totalidad el monto del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones estatales de educaci�n superior de naturaleza territorial, por cuanto resultar�a nugatorio al determinar el monto de sus aportes a ese Fondo hacer referencia al promedio de los aportes que las mismas hab�an hecho a esas instituciones de acuerdo con los cinco �ltimos presupuestos anuales, si la intenci�n del Congreso de la Rep�blica hubiera sido trasladar en su totalidad a dichas entidades la obligaci�n prestacional pensional que esas universidades e instituciones hab�an adquirido en el pasado con las personas que a ellas prestaron sus servicios.

Se tiene entonces que lo previsto por el legislador en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 fue la colaboraci�n de esas entidades territoriales en la soluci�n de los problemas econ�micos que presentaban las referidas instituciones educativas, mas no la exoneraci�n de �stas de contribuir con sus propios recursos a la satisfacci�n de una obligaci�n laboral prestacional adquirida a trav�s del tiempo y respecto de cuyo pago no hab�an adoptado las previsiones o reservas pertinentes.

De acuerdo con lo anterior fuerza concluir que las disposiciones acusadas no violan lo dispuesto en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 y, por el contrario, lo desarrollan adecuadamente, pues en �l se establece la participaci�n de las entidades territoriales en la financiaci�n del Fondo para el pago del pasivo pensional de las universidades e instituciones educativas citadas, �nicamente en la proporci�n en que hayan contribuido a la conformaci�n de su presupuesto anual, como lo previ� el legislador en ese art�culo.

Por esta raz�n, no es contrario a derecho lo establecido en el par�grafo 2� del Art�culo 4� del decreto acusado en el sentido de que la universidad o la instituci�n de educaci�n superior debe incluir en el c�lculo anual del pasivo pensional el monto del c�lculo de las cuotas partes del bono pensional que le correspondan a la respectiva instituci�n y dicha instituci�n, como tampoco la sufragaci�n a ese Fondo por esas universidades e instituciones educativas del valor de los aportes que les corresponden y la previsi�n de que deben participar en la financiaci�n del mismo, consagradas en el Art�culo 7� ib�dem, y la previsi�n de que en los contratos que habr�an de firmar las universidades e instituciones educativas citadas, la Naci�n, los departamentos, los distritos y los municipios, deb�a establecerse el valor de la deuda reconocida por las partes para el pago del pasivo pensional causado hasta el 23 de diciembre de 1993 y el monto del aporte para ese fin de la respectiva universidad o instituci�n de educaci�n superior, establecido en el Art�culo 9� ejusdem, toda vez que, como se dijo, tales disposiciones armonizan con lo preceptuado no s�lo en el Art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 sino en el 86 de la Ley 30 de 1992.

Resulta entonces improcedente admitir los planteamientos de los demandantes en orden a obtener la infirmaci�n de las normas enjuiciadas, cuya legalidad se avala dada su conformidad con el ordenamiento jur�dico.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda, Subsecci�n "A", administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

NIEGASE la nulidad de las expresiones "a la respectiva Instituci�n y dicha Instituci�n" contenida en el inciso 2� del par�grafo 2� del Art�culo 4� del Decreto 2337 de 1996; de las "adem�s de por la respectiva Instituci�n; 5. La universidad oficial o las instituci�n de educaci�n superior, "y la propia Instituci�n de Educaci�n Superior", contenidas en los incisos 1�, 2� y 5� del Art�culo 7� ib�dem y de las "y la respectiva universidad o instituci�n superior" y "la universidad o instituci�n de educaci�n superior", contenidas en los numerales 1� y 2� del Art�culo 9� ejusdem, decreto mediante el cual se reglamentaron los Art�culos 131 y 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1299 de 1994.

La anterior providencia la estudi� y aprob� la Sala en sesi�n celebrada en la fecha.