SENTENCIA 1100103250001998012100(1494) de 2001

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010002452SENTENCIASEGUNDA1100103250001998012100(1494)200111/10/2001SENTENCIA__SEGUNDA__1100103250001998012100(1494)__2001_11/10/2001100024522001REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL PARA LA RAMA JUDICIAL Y LA JUSTICIA PENAL MILITAR - Legalidad de reg�menes diferentes y la opci�n para los servidores de acogerse al nuevo r�gimen con p�rdida de la prima de antig�edad / PRIMA DE ANTIG�EDAD - Validez de la p�rdida de este derecho en nuevo r�gimen salarial y prestacional porque es una consecuencia de la escogencia libre y voluntaria del servidor / DERECHOS ADQUIRIDOS - No desconocimiento Siendo leg�timos los reg�menes salariales y prestacionales diferenciales contemplados entre otros decretos, en el demandado, pues los funcionarios que ven�an vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar bien pod�an, en forma voluntaria y libre, acogerse a la nueva opci�n salarial y prestacional que en los mismos se establec�a para quienes ingresaran por primera vez al servicio y siendo tales reg�menes integrales, esto es, que regulan todo lo concerniente a los valores que han de recibir los afectados, bien por concepto de salario o prestaciones, resulta igualmente conforme a derecho el establecimiento de la norma acusada, ya que la misma forma parte de este nuevo r�gimen salarial y los funcionarios antiguos que se acogieron a �l, sab�an de antemano que en virtud de su decisi�n quedaban regulados en un todo por estas nuevas disposiciones y que por lo tanto quedaban excluidos del beneficio de la prima de antig�edad. Y no puede decirse que tal disposici�n desconozca supuestos derechos adquiridos por aquellos y el derecho a la igualdad, por cuanto es v�lido establecer un r�gimen general en esta materia que contemple opciones y alternativas que comportan cada una sus propias consecuencias jur�dicas, pues no se trata de la imposici�n de un r�gimen sino de la consagraci�n de posibilidades de escogencia por parte de los funcionarios antiguos, a quienes se les confiri� un tiempo prudencial para que, previa ponderaci�n de los pro y contras que pod�a acarrear la selecci�n que hicieren, adoptaran la determinaci�n que m�s conven�a a sus intereses particulares, proceder que como lo ha sostenido la Corte Constitucional, materializa el reconocimiento de la libertad personal de cada uno de esos servidores. En este orden de ideas, fuerza concluir que no procede infirmar el aparte del Art�culo 11 del Decreto 43 de 1995, materia de impugnaci�n, ya que la no percepci�n de la prima de antig�edad que ven�an percibiendo los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, es una consecuencia originada en la escogencia libre y voluntaria que hicieron del nuevo r�gimen salarial y prestacional consagrado en dicho estatuto, decisi�n que tomada en forma libre y espont�nea, como se dijo, es jur�dicamente v�lida, pues quien a ciencia y paciencia se somete a un determinado r�gimen, debe atenerse a las consecuencias integrales de una determinaci�n de tal naturaleza. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA Consejero ponente: NICOLAS PAJARO PE�ARANDA Bogot�, D.C., once (11) de octubre de dos mil uno (2001)

Norma demandada: �Art�culo 11 del Decreto N� 43 del 10 de enero de 1995

REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL PARA LA RAMA JUDICIAL Y LA JUSTICIA PENAL MILITAR - Legalidad de reg�menes diferentes y la opci�n para los servidores de acogerse al nuevo r�gimen con p�rdida de la prima de antig�edad / PRIMA DE ANTIG�EDAD - Validez de la p�rdida de este derecho en nuevo r�gimen salarial y prestacional porque es una consecuencia de la escogencia libre y voluntaria del servidor / DERECHOS ADQUIRIDOS - No desconocimiento

Siendo leg�timos los reg�menes salariales y prestacionales diferenciales contemplados entre otros decretos, en el demandado, pues los funcionarios que ven�an vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar bien pod�an, en forma voluntaria y libre, acogerse a la nueva opci�n salarial y prestacional que en los mismos se establec�a para quienes ingresaran por primera vez al servicio y siendo tales reg�menes integrales, esto es, que regulan todo lo concerniente a los valores que han de recibir los afectados, bien por concepto de salario o prestaciones, resulta igualmente conforme a derecho el establecimiento de la norma acusada, ya que la misma forma parte de este nuevo r�gimen salarial y los funcionarios antiguos que se acogieron a �l, sab�an de antemano que en virtud de su decisi�n quedaban regulados en un todo por estas nuevas disposiciones y que por lo tanto quedaban excluidos del beneficio de la prima de antig�edad. Y no puede decirse que tal disposici�n desconozca supuestos derechos adquiridos por aquellos y el derecho a la igualdad, por cuanto es v�lido establecer un r�gimen general en esta materia que contemple opciones y alternativas que comportan cada una sus propias consecuencias jur�dicas, pues no se trata de la imposici�n de un r�gimen sino de la consagraci�n de posibilidades de escogencia por parte de los funcionarios antiguos, a quienes se les confiri� un tiempo prudencial para que, previa ponderaci�n de los pro y contras que pod�a acarrear la selecci�n que hicieren, adoptaran la determinaci�n que m�s conven�a a sus intereses particulares, proceder que como lo ha sostenido la Corte Constitucional, materializa el reconocimiento de la libertad personal de cada uno de esos servidores. En este orden de ideas, fuerza concluir que no procede infirmar el aparte del Art�culo 11 del Decreto 43 de 1995, materia de impugnaci�n, ya que la no percepci�n de la prima de antig�edad que ven�an percibiendo los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, es una consecuencia originada en la escogencia libre y voluntaria que hicieron del nuevo r�gimen salarial y prestacional consagrado en dicho estatuto, decisi�n que tomada en forma libre y espont�nea, como se dijo, es jur�dicamente v�lida, pues quien a ciencia y paciencia se somete a un determinado r�gimen, debe atenerse a las consecuencias integrales de una determinaci�n de tal naturaleza.

En nombre propio y en ejercicio de la acci�n de nulidad consagrada en el Art�culo 84 del C.C.A. el ciudadano EDINSON RAFAEL VASQUEZ MONTERO solicita que se declare la nulidad parcial del Art�culo 11 del Decreto N� 43 del 10 de enero de 1995 de la Presidencia de la Rep�blica, mediante el cual se dictaron normas sobre el r�gimen salarial y prestacional para los servidores p�blicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, en lo que se refiere a "los servidores p�blicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar... que opten por el r�gimen establecido en el presente decreto, no tendr�n derecho a las primas de antig�edad...".

Solicita que tal declaratoria de nulidad sea comunicada a los funcionarios respectivos para su debido cumplimiento y que tenga fuerza Erga Omnes.

Informa el demandante que mediante Decreto 903 de 1969 el Gobierno Nacional dispuso la creaci�n y pago de la mencionada prima para los funcionarios de la Rama Judicial en un porcentaje inicial del 2% mensual por cada a�o de servicio prestado y por el Decreto 1231 de 1973 la increment� en el 10% por cado dos a�os de servicio laborado, fij�ndose para su c�lculo la asignaci�n b�sica m�s el incremento adquirido a t�tulo de prima de antig�edad, por lo cual �sta ingres� al patrimonio de los funcionarios y empleados que ven�an laborando en a�os anteriores a las fechas de expedici�n de esos decretos.

El demandante considera que la norma enjuiciada viola los Art�culos 2�, 4�, 5�, 53, 58 de la Constituci�n Pol�tica; los convenios internacionales de trabajo ratificados por Colombia; 2�, 4� y 10 de la Ley 4� de 1992; 4� del Decreto 903 de 1969, disposiciones que tambi�n enuncia como fundamento de derecho de sus pretensiones, al igual que los Art�culos 82, 83, 84 y 214 numeral 1� del C.C.A.

Considera que se violan esas normas, que en su orden garantizan la efectividad de los derechos, entre ellos el del trabajo y el de irrenunciabilidad de los derechos adquiridos, a lo cual tambi�n se refieren los Art�culos 25 y 53 ejusdem y el Art�culo 14 del C�digo Sustantivo del Trabajo; la supremac�a de los preceptos constitucionales sobre los dem�s ordenamientos jur�dicos, por cuanto la norma acusada desconoce aqu�llos y contrari�ndolos, se erige en el �mbito jur�dico desconociendo tal subordinaci�n y la primac�a de los derechos inalienables de la persona y los de la familia como instituci�n b�sica de la sociedad, prerrogativas que una ley debe respetar, por lo cual, afirma, se transgrede igualmente el art�culo 2� de la Ley 4� de 1992, por lo que y conforme a lo reglado en su Art�culo 10�, debe concluirse que la disposici�n acusada carece de todo efecto.

Finalmente denuncia la violaci�n del Art�culo 4� del Decreto 903 de 1969 consagratorio de la prima de antig�edad, la cual no pod�a desconocerse al implantar un nuevo r�gimen salarial o prestacional, por cuanto es un derecho cierto e indiscutible que ingres� al patrimonio de quienes la disfrutaban desde su instauraci�n en 1970.

El apoderado de la Naci�n -Presidencia de la Rep�blica- se opone a las pretensiones de la demanda aduciendo que no se quebranta el principio de los derechos adquiridos, ya que a aquellos servidores que no se acojan a lo dispuesto en los Decretos 57 y 110 de 1993 conservan el derecho a disfrutar de la prima de antig�edad, pues s�lo qui�nes se acogieron al nuevo r�gimen salarial o se vincularon con posterioridad, que no tienen derecho adquirido a ella, no se les cancela la misma.

Al defender la legalidad de la norma acusada se�ala que el Art�culo 17 de la Ley 153 de 1887 dispone que las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene; que jurisprudencialmente la Corte Constitucional ha reiterado tal criterio al analizar lo concerniente a los derechos adquiridos y retrospectividad de la ley. Alude a la Sentencia C-147 de 1997, en relaci�n con lo primero y a la sentencia T-422 de 1992, sobre el derecho a la igualdad.

Concluye se�alando que el Decreto 43 de 1995 respeta en su integridad el principio de igualdad, pues al aplicarlo el Gobierno Nacional tom� puntos de referencia para diferenciar dos situaciones jur�dicas distintas, como era la de los trabajadores vinculados con anterioridad a la expedici�n del mismo que no hab�an optado por la alternativa establecida en los Decretos 57 y 110 de 1993 y por tal raz�n hab�an adquirido la prima de antig�edad y los trabajadores que se vincularon antes de la expedici�n del mismo que se hab�an acogido a dicha opci�n y por esa raz�n no ten�an derecho a la misma, utilizando as� un criterio de diferenciaci�n basado en el significado de meras expectativas y derechos adquiridos.

Por su parte el apoderado de la Naci�n -Ministerio de Justicia- sostiene que la norma acusada se ajusta a derecho por cuanto el Art�culo 1� del Decreto 43 de 1995 establece que el r�gimen salarial contenido en �l era obligatorio para quines se vincularan al servicio con posterioridad a su vigencia y que los servidores ya vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar pod�an optar por �l antes del 28 de febrero de 1993 y los que no lo hicieran seguir�an rigi�ndose por lo dispuesto en las normas vigentes hasta la fecha y que en ese evento no tendr�a derecho a las primas de antig�edad, ascensional, de capacitaci�n o cualquier otra sobre-remuneraci�n.

Advierte que el sistema salarial al cual se les permite optar contiene otras ventajas e incrementos salariales diferentes y respeta los derechos adquiridos a quines quisieron conservar el r�gimen salarial y prestacional con el que ven�an laborando, trayendo a colaci�n la jurisprudencia plasmada en la sentencia C-129 de 1998 de la Corte Constitucional, en la cual se indica que es v�lido a quienes est�n cobijados por determinado r�gimen laboral o prestacional, otorgarles la opci�n de acogerse a un r�gimen distinto, siempre que puedan hacerlo con el debido conocimiento de causa, en condiciones de plena libertad.

El apoderado de la Naci�n -Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica-, con argumentos similares a los expuestos por los dem�s apoderados de la Naci�n, asume la defensa de la norma enjuiciada, haciendo �nfasis en las facultades constitucionales del ejecutivo para establecer el r�gimen salarial para los funcionarios de la Rama Judicial y de La Justicia Penal Militar y en la no violaci�n del derecho de igualdad al establecer el sistema salarial optativo que implica la no percepci�n de la prima de antig�edad para quienes se acojan a �l.

El apoderado de este Ministerio resalta la legalidad de la disposici�n demandada arguyendo que en la medida en que el Decreto 43 de 1995 estableci� para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar la posibilidad de acogerse al r�gimen salarial y prestacional que en �l se estableci� o la de mantener el r�gimen jur�dico que hasta ese momento ven�a rigiendo es leg�tima.

De suerte que el hecho de que en este nuevo r�gimen se excluyera a los servidores que se acogieran al preexistente r�gimen salarial que contemplaba la prima de antig�edad, no implica vulneraci�n de ning�n ordenamiento constitucional o legal, toda vez que la norma acusada es parte integrante de ese nuevo r�gimen, respecto del cual, la opci�n de escogencia ha sido avalada por la Corte Constitucional, ya que se ha pronunciado en forma favorable a ella.

A folios 104 a 111 figura el alegato de conclusi�n presentado por el apoderado de la Naci�n -Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica- en el cual reitera los planteamientos que expuso en la contestaci�n de la demanda y concluye que el Gobierno Nacional al expedir el acto acusado us� de la facultad consagrada en la Ley 4� de 1992 para fijar el r�gimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, dentro de los lineamientos se�alados por la Constituci�n y la ley, estableciendo una diferenciaci�n en el tratamiento legal de los servidores p�blicos a los cuales se contin�a aplicando el r�gimen anterior y aqu�llos a los cuales se les aplica los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y el mismo 43 de 1995.

La Procuradur�a Cuarta ante el Consejo de Estado considera que las s�plicas de la demanda deben ser denegadas porque el aparte del Art�culo 11 del decreto �ltimamente citado no viola el Art�culo 58 de la Constituci�n, ni ning�n derecho adquirido, puesto que a los servidores p�blicos que ingresaron a la fuerza laboral y para quienes el nuevo r�gimen era obligatorio, no se les afect� ning�n derecho; pues no lo ten�an, y a los empleados antiguos tampoco se les vulner� alguno, ya que en ning�n momento se extinguieron las primas de antig�edad, ascensional y capacitaci�n que ven�an percibiendo, sino que se les dio una opci�n igual a la consignada en las disposiciones anteriores en el sentido de acogerse al nuevo r�gimen de salarios y prestaciones o continuar con el que se les ven�a aplicando.

Esta actitud, asegura, seg�n la sentencia C-129 de 1998, es una modalidad legislativa en la que se reconoce la libertad de la persona, de suerte que mientras la decisi�n se adopte espont�neamente, sin presiones ni coacci�n, la misma resulta v�lida.

Se impetra la nulidad del siguiente aparte del Art�culo 11 del Decreto 43 de 1995: "...los servidores p�blicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar... que opten por el r�gimen establecido en el presente decreto... no tendr�n derecho a las primas de antig�edad...".

Seg�n el impugnador esa norma atenta contra lo dispuesto en los preceptos constitucionales y legales que invoca como transgredidos, en virtud de que contiene una odiosa discriminaci�n a percibir la prima de antig�edad respecto de los funcionarios antiguos de la rama, porque el no derecho a la misma que all� se establece, debe ir dirigido exclusivamente a los funcionarios y empleados que se vinculen por primera vez, a partir de la fecha de su expedici�n, pues no puede cobijar a aquellos funcionarios.

Y esto, porque ello implicar�a la revocaci�n de derechos adquiridos anteriormente de conformidad con lo previsto en los Decreto 903 de 1969 y 1231 de 1973, mediante los cuales se cre� la prima de antig�edad y se dispuso el incremento de la misma en un 10% por cada dos a�os de servicio prestado.

La Sala estima desacertado este planteamiento, por cuanto tal diferenciaci�n en lo tocante a la percepci�n de la prima de antig�edad -no se reconoce a los funcionarios antiguos que hubieren optado por el r�gimen salarial establecido en el Decreto 43 de 1995-, tiene su raz�n de ser en el salario que devengan �stos a ra�z de su acogimiento a las prescripciones sobre la materia contenidas en dicho estatuto y que determina la existencia de una diferencia entre lo que ellos perciben con lo que devengan los funcionarios antiguos que voluntariamente decidieron no acogerse a ese decreto, pues prefirieron seguir rigi�ndose por las normas salariales y prestacionales anteriormente existentes.

Se tiene entonces que las mismas razones de orden jur�dico que legitiman la disparidad salarial entre �stos servidores de la Rama y aqu�llos que prefirieron continuar sujetos a los reg�menes salariales y prestacionales existentes, constituyen soporte v�lido de la disposici�n enjuiciada, de acuerdo con la cual, quienes optaron por el r�gimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 43 de 1995 no tendr�an derecho a la prima de antig�edad.

Y no puede decirse que tal disposici�n desconozca supuestos derechos adquiridos por aquellos y el derecho a la igualdad, por cuanto es v�lido establecer un r�gimen general en esta materia que contemple opciones y alternativas que comportan cada una sus propias consecuencias jur�dicas, pues no se trata de la imposici�n de un r�gimen sino de la consagraci�n de posibilidades de escogencia por parte de los funcionarios antiguos, a quienes se les confiri� un tiempo prudencial para que, previa ponderaci�n de los pro y contras que pod�a acarrear la selecci�n que hicieren, adoptaran la determinaci�n que m�s conven�a a sus intereses particulares, proceder que como lo ha sostenido la Corte Constitucional, materializa el reconocimiento de la libertad personal de cada uno de esos servidores.

Sobre el particular la citada Corte en la sentencia C-129 de 1998, Expediente N� D-1827, Actor: Everardo Venegas Avil�n y otros, Magistrado Ponente: Dr. Jos� Gregorio Hern�ndez Galindo, expuso lo siguiente:

Por otra parte, el legislador, mientras no desconozca postulados o reglas constitucionales -lo cual habr� de verse mediante el an�lisis de las normas que �l, y no otra autoridad, expide-, goza de plena competencia para estructurar reg�menes generales y especiales en materia prestacional y salarial, como varias veces lo ha dicho la Corte. El art�culo 150, numeral 19, literal d), de la Constituci�n, cuando le encomienda dictar las normas generales y se�alar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el r�gimen salarial de los empleados p�blicos, no le impide prever, precisamente por razones de igualdad (Art. 13 C.P.), reg�menes especiales que tengan en cuenta las caracter�sticas del servicio p�blico en ciertas actividades.

Pero, adicionalmente, la propia Carta contempla un r�gimen especial, que debe ser desarrollado por la ley, en cuanto a la remuneraci�n y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Fiscal�a General de la Naci�n (Art. 253 C.P.).

En consonancia con tal posibilidad, nada tiene de inconstitucional que al dictar reglas generales en los reg�menes salariales y prestacionales, el legislador advierta sobre las excepciones que surgen, precisamente, de reg�menes especiales.

Tampoco se opone a la Carta que, a quienes est�n cobijados por determinado r�gimen laboral o prestacional, se les otorgue la opci�n de acogerse a un r�gimen distinto, siempre que puedan hacerlo con el debido conocimiento de causa y en condiciones de plena libertad.

" El legislador, al proveer una norma jur�dica, en especial si busca resolver un problema complejo surgido en el seno de la sociedad, tiene que considerar la diversidad de circunstancias en medio de las cuales aqu�lla deber� aplicarse. Y por eso le es posible legislar para eventos distintos, procurando amoldar la consecuencia jur�dica que establece para cada uno de ellos a los objetivos b�sicos que busca obtener mediante la norma que consagra, y que deben guardar entre s� la coherencia propia de un sistema, el cual, para ajustarse a la Constituci�n, tendr� que ser equitativo.

Dentro de las reglas que puede establecer el legislador respecto de cualquier materia se encuentra la previsi�n deopciones o alternativas, cada una de las cuales comporta a su vez, unas ciertas consecuencias jur�dicas. La norma en tales casos otorga a sus destinatarios la facultad de seleccionar voluntariamente entre las distintas alternativas, asumiendo, obviamente, la totalidad de los efectos jur�dicos predeterminados por el propio legislador para la posibilidad escogida.

Esta modalidad legislativa no significa otra cosa, en principio, que el reconocimiento de la libertad de la persona, la cual, mientras opte espont�neamente, sin presiones ni coacci�n, complementa, mediante el concurso de su voluntad, la definici�n de los supuestos que en el caso particular habr�n de reflejarse en las consecuencias legales previstas.

En ese orden de ideas, el tipo de normas que contempla opciones no resulta en s� mismo contrario a la Constituci�n. M�s bien la desarrolla, ampliando las posibilidades de elecci�n y estimulando el ejercicio de la libertad, al abstenerse de imponer de una manera absoluta un solo comportamiento.

Y, a no ser que los extremos propuestos por el legislador como alternativas impliquen de suyo, individualmente o en conjunto, una trasgresi�n de principios o mandatos de la Constituci�n, abriendo posibilidades o efectos inconstitucionales (ver, por ejemplo, la Sentencia C-479 del 13 de agosto de 1992. Ms. Ps.: Jos� Gregorio Hern�ndez Galindo y Alejandro Mart�nez Caballero, por la cual se declar� inexequible el Decreto 1660 de 1991), el s�lo concepto de opci�n no desconoce la Carta.

La diversidad que pueda darse entre las varias alternativas puestas por el legislador a consideraci�n de los destinatarios de la norma llamados a optar no constituye tampoco un factor de contradicci�n con los preceptos constitucionales y, en particular, no representa un elemento de desigualdad. Obs�rvese que los supuestos en que se fundan las distintas consecuencias jur�dicas son, por definici�n, diferentes, ya que se dan, en esa clase de normas, varios caminos susceptibles de ser escogidos, en libertad, por las personas. Cada, una de �stas, al efectuar la selecci�n, fija ella misma los supuestos de los cuales parte su caso y se hace cargo de las consecuencias de su decisi�n, que son los propios del supuesto escogido.

Mal puede admitirse, entonces, que se rompa la igualdad por ser distintos los efectos de las alternativas, comparados entre s�.

Es l�gico que los destinatarios de la norma deben conocer a cabalidad los efectos que comporta cada una de las posibilidades materia de la opci�n. Y es evidente que, cuando se trata de consecuencias que para las distintas alternativas, ya est�n contempladas en la ley -tal es el caso presente-, ella se presume conocida por todos, de lo cual resulta que quien adopte su decisi�n no obra ignorando lo que habr� de significarle". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-130 del 1 de abril de 1998. M.P.: Dr. Jos� Gregorio Hern�ndez Galindo).

Pues bien, el legislador puede tambi�n disponer -y es l�gico que lo haga- que quien, haciendo uso de su opci�n, se acoge a un r�gimen prestacional distinto de aqu�l que por regla general le corresponder�a, se someta de manera total a las consecuencias de su selecci�n y que, por lo mismo, no pretenda quedarse con los beneficios de uno y otro sistema, pues ello, adem�s de propiciar desigualdades, romper�a el equilibrio de la normatividad laboral.

Y, por supuesto, tambi�n el legislador puede introducir modificaciones a las reglas establecidas en los distintos reg�menes existentes, siempre que no desconozca derechos ya consolidados en cabeza de personas en concreto.

En este orden de ideas, fuerza concluir que no procede infirmar el aparte del Art�culo 11 del Decreto 43 de 1995, materia de impugnaci�n, ya que la no percepci�n de la prima de antig�edad que ven�an percibiendo los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, es una consecuencia originada en la escogencia libre y voluntaria que hicieron del nuevo r�gimen salarial y prestacional consagrado en dicho estatuto, decisi�n que tomada en forma libre y espont�nea, como se dijo, es jur�dicamente v�lida, pues quien a ciencia y paciencia se somete a un determinado r�gimen, debe atenerse a las consecuencias integrales de una determinaci�n de tal naturaleza.

No puede analizarse aisladamente la legalidad de la norma acusada, por cuanto la misma forma parte de todo un paquete de normas constitutivas de un solo r�gimen salarial y prestacional.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda, Subsecci�n "A", administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

NIEGANSE las pretensiones de la demanda instaurada por EDINSON RAFAEL VASQUEZ MONTERO con el fin de que se declarara la nulidad parcial del Art�culo 11 del Decreto N� 43 del 10 de enero de 1995, de la Presidencia de la Rep�blica, mediante el cual se dictaron normas sobre el r�gimen salarial y prestacional para los servidores p�blicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, en lo que se refiere a "... los servidores p�blicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar... que opten por el r�gimen establecido en el presente decreto, no tendr�n derecho a las primas de antig�edad....".

La anterior providencia fue le�da, aprobada y ordenada su publicaci�n por la Sala en sesi�n celebrada el d�a once (11) de octubre de dos mil uno (2001).