SENTENCIA 11001-03-24-000-2010-00042-00 de 2014

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010002285SENTENCIA-- Seleccione --11001-03-24-000-2010-00042-00201410/04/2014SENTENCIA_-- Seleccione --___11001-03-24-000-2010-00042-00__2014_10/04/2014100022852014SERVICIO PUBLICO DE SEGURIDAD EN SALUD - Cesi�n de contratos de administraci�n. Traslado de afiliados En criterio de la Sala, aunque es claro que la disposici�n acusada introduce una restricci�n a la libertad econ�mica de tales agentes privados del sistema de salud -en cuanto que la cesi�n de contratos de administraci�n y el consiguiente traslado de afiliados se hace solo a la EPS del r�gimen subsidiado p�blica del orden nacional- dicha medida excepcional es razonable y proporcional, responde a fines constitucionalmente leg�timos y no constituye una limitaci�n que anule la mencionada libertad ni que elimine de forma radical el modelo de libre competencia en el servicio de seguridad social en salud dise�ado por el legislador. En efecto, como se dijo en p�rrafos precedentes, los derechos a la libertad de empresa y a la libertad econ�mica de las empresas particulares prestadoras del servicio p�blico de salud no son absolutos y, por el contrario, encuentran claras limitaciones en la protecci�n del inter�s general y en la eficacia del derecho fundamental a la salud. Esas limitaciones, sin embargo, deben sustentarse en motivos suficientes y v�lidos. En el presente asunto se observa que los motivos que soportan la medida cuestionada se concretan en la necesidad de garantizar una adecuada, continua y permanente prestaci�n del servicio p�blico de seguridad social en salud cuando se presenten las situaciones atr�s referidas que suponen la necesidad de la cesi�n de los contratos de administraci�n de los recursos del r�gimen subsidiado. Adem�s, en concepto de la Sala resulta id�neo el instrumento adoptado para lograr tal finalidad, pues el traslado de afiliados que dispone la norma se hace a una entidad p�blica que asegura una cobertura de servicios en todo el territorio nacional. Seg�n se observa la medida censurada, esto es, el traslado de los afiliados a la entidad promotora de salud del r�gimen subsidiado de naturaleza p�blica del orden nacional, es una medida transitoria, excepcional y de contingencia, que responde al cumplimiento de un fin constitucionalmente leg�timo como es que el Estado garantice a todos los habitantes del territorio nacional -y especialmente en dicho r�gimen a la m�s vulnerable- una prestaci�n eficiente y continua del servicio p�blico de seguridad social en salud, el cual no puede verse interrumpido abruptamente por situaciones de tipo administrativo referidas a los contratos de administraci�n del subsidio, siendo id�neo el instrumento adoptado para lograr tal prop�sito, como antes se explic�. En el presente asunto, se deja a salvo por la norma en todo caso la posibilidad de que, luego de la adopci�n de la medida excepcional de traslado de afiliados, �stos en virtud del derecho a la libre escogencia puedan, bajo las condiciones que regula el mismo Decreto 1024 de 2009, escoger la Empresa Promotora del R�gimen Subsidiado de su predilecci�n para que le preste los servicios de aseguramiento en salud, de forma tal que no resulta eliminada la libertad econ�mica de las EPS privadas de ser participantes en el sistema de seguridad social en el citado r�gimen. FUENTE FORMAL : CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 48 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 49 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 189 NUMERAL 11 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 365 / LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 8 / LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 153 / LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 154 NORMA DEMANDADA: DECRETO 1024 DE 2009 (25 de marzo) GOBIERNO NACIONAL - ARTICULO 2 NUMERAL 1 (No anulado). CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA Bogot�, D.C., diez (10) de abril de dos mil catorce (2014)

Norma demandada: �numeral 1 del art�culo 2� del Decreto 1024 de 25 de marzo de 2009

SERVICIO PUBLICO DE SEGURIDAD EN SALUD - Cesi�n de contratos de administraci�n. Traslado de afiliados

En criterio de la Sala, aunque es claro que la disposici�n acusada introduce una restricci�n a la libertad econ�mica de tales agentes privados del sistema de salud -en cuanto que la cesi�n de contratos de administraci�n y el consiguiente traslado de afiliados se hace solo a la EPS del r�gimen subsidiado p�blica del orden nacional- dicha medida excepcional es razonable y proporcional, responde a fines constitucionalmente leg�timos y no constituye una limitaci�n que anule la mencionada libertad ni que elimine de forma radical el modelo de libre competencia en el servicio de seguridad social en salud dise�ado por el legislador. En efecto, como se dijo en p�rrafos precedentes, los derechos a la libertad de empresa y a la libertad econ�mica de las empresas particulares prestadoras del servicio p�blico de salud no son absolutos y, por el contrario, encuentran claras limitaciones en la protecci�n del inter�s general y en la eficacia del derecho fundamental a la salud. Esas limitaciones, sin embargo, deben sustentarse en motivos suficientes y v�lidos. En el presente asunto se observa que los motivos que soportan la medida cuestionada se concretan en la necesidad de garantizar una adecuada, continua y permanente prestaci�n del servicio p�blico de seguridad social en salud cuando se presenten las situaciones atr�s referidas que suponen la necesidad de la cesi�n de los contratos de administraci�n de los recursos del r�gimen subsidiado. Adem�s, en concepto de la Sala resulta id�neo el instrumento adoptado para lograr tal finalidad, pues el traslado de afiliados que dispone la norma se hace a una entidad p�blica que asegura una cobertura de servicios en todo el territorio nacional. Seg�n se observa la medida censurada, esto es, el traslado de los afiliados a la entidad promotora de salud del r�gimen subsidiado de naturaleza p�blica del orden nacional, es una medida transitoria, excepcional y de contingencia, que responde al cumplimiento de un fin constitucionalmente leg�timo como es que el Estado garantice a todos los habitantes del territorio nacional -y especialmente en dicho r�gimen a la m�s vulnerable- una prestaci�n eficiente y continua del servicio p�blico de seguridad social en salud, el cual no puede verse interrumpido abruptamente por situaciones de tipo administrativo referidas a los contratos de administraci�n del subsidio, siendo id�neo el instrumento adoptado para lograr tal prop�sito, como antes se explic�. En el presente asunto, se deja a salvo por la norma en todo caso la posibilidad de que, luego de la adopci�n de la medida excepcional de traslado de afiliados, �stos en virtud del derecho a la libre escogencia puedan, bajo las condiciones que regula el mismo Decreto 1024 de 2009, escoger la Empresa Promotora del R�gimen Subsidiado de su predilecci�n para que le preste los servicios de aseguramiento en salud, de forma tal que no resulta eliminada la libertad econ�mica de las EPS privadas de ser participantes en el sistema de seguridad social en el citado r�gimen.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 48 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 49 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 189 NUMERAL 11 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 365 / LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 8 / LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 153 / LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 154

NORMA DEMANDADA: DECRETO 1024 DE 2009 (25 de marzo) GOBIERNO NACIONAL - ARTICULO 2 NUMERAL 1 (No anulado).

La Sala decide en �nica instancia la demanda que present� el ciudadano MANUEL JOS� MEDINA MENDOZA, en vigencia del C.C.A. y en ejercicio de la acci�n p�blica de nulidad, contra un aparte del numeral 1 del art�culo 2� del Decreto 1024 de 25 de marzo de 2009 "Por medio del cual se reglamenta parcialmente el art�culo 230 de la Ley 100 de 1993 para asegurar la continuidad en el aseguramiento y en la prestaci�n del servicio p�blico de salud en el r�gimen subsidiado y se dictan otras disposiciones", expedido por el Gobierno Nacional.

En ejercicio de la acci�n p�blica de nulidad consagrada en el art�culo 84 del C.C.A. el ciudadano MANUEL JOS� MEDINA MENDOZA, actuando en su propio nombre, solicita a la Corporaci�n que acceda a la siguiente,

Declarar la nulidad del siguiente aparte subrayado del numeral 1 del art�culo 2� del Decreto 1024 de 25 de marzo de 2009, expedido por el Gobierno Nacional:

"Art�culo 2�. Efectos de la cesi�n de contratos en el R�gimen Subsidiado autorizada. La cesi�n de contratos en el r�gimen subsidiado autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud, implica:

1. El traslado de los afiliados a la Entidad Promotora del R�gimen Subsidiado de naturaleza p�blica del orden nacional, a partir del acto de cesi�n, sin perjuicio de la garant�a de libre escogencia conforme a lo previsto en el presente decreto.

Se mencionan como tales los relativos a la expedici�n del acto parcialmente acusado, el cual en concepto del actor desconoce preceptos de orden constitucional y legal.

En la demanda se indican como infringidos los art�culos 2, 6, 13, 25, 48, 49, 333 y 336 de la Constituci�n Pol�tica; 2, 3, 6, 8, 11, 152, 153, 157, 159, 162 y 178 de la Ley 100 de 1993; y 40 de la Ley 1151 de 2007, por razones que se concretan en los cargos de violaci�n de normas superiores y falsa motivaci�n; as�:

1.3.1. Violaci�n de normas superiores. En relaci�n con esta acusaci�n afirm�:

(i) Que la norma demandada vulnera el art�culo 2 de la Constituci�n Pol�tica, pues al autorizar la creaci�n de un monopolio econ�mico en favor del Estado -por el hecho de ordenar el traslado de los afiliados de una EPS del r�gimen subsidiado en liquidaci�n exclusivamente a una EPS de naturaleza p�blica del orden nacional[2]-, desconoce el principio rector de protecci�n de los derechos de los ciudadanos, entre ellos, el derecho a la libertad de empresa, e igualmente vulnera la prohibici�n de crear dichos monopolios econ�micos, con independencia de que sean p�blicos o privados.

(ii)Que se vulneraron los art�culos 6 y 13 de la C.P., en cuanto que el Ministro de la Protecci�n Social se extralimit� en las funciones conferidas por la Ley 100 de 1993, quebrant� la libertad econ�mica y de empresa de las EPS privadas del r�gimen subsidiado y desconoci� que �stas se encuentran en igualdad frente a las EPS p�blicas de dicho r�gimen y como tal est�n en capacidad de recibir a los afiliados de las EPS de ese r�gimen que est�n el liquidaci�n.

(iii)Que la norma demandada vulnera lo dispuesto en los art�culos 48 y 49 de la C.P. en concordancia con el numeral 4� del art�culo 153 de la Ley 100 de 1993, al desconocer que la eficiencia en el sistema de seguridad social en salud est� ligada a la libre escogencia de las entidades encargadas de la prestaci�n de dicho servicio.

(iv)Que la norma acusada infringe la libertad de empresa y de competencia, reconocida en el art�culo 333 de la C.P., al conceder un trato diferenciado a las EPS privadas del r�gimen subsidiado en relaci�n con el dado a la EPS p�blica, desconociendo que la libertad de empresa en el Estado Social de Derecho es presupuesto del desarrollo econ�mico y social y reflejo de car�cter democr�tico y pluralista de la sociedad.

(v)Que si bien la libertad de empresa puede ser limitada mediante la intervenci�n del Estado en la econom�a, esa limitaci�n solo debe responder al cumplimiento de los fines de inter�s general que la Carta Pol�tica se�ala y obedecer a criterios de razonabilidad y proporcionalidad (art. 334 C.P.); por lo tanto, la intervenci�n estatal para racionalizar la econom�a no puede ir hasta el extremo de desnaturalizar el esquema de la participaci�n privada en la prestaci�n del servicio de salud.

(vi)Que en el mercado hay una amplia oferta para la prestaci�n del servicio de salud, por lo que mal puede el gobierno nacional "configurar un monopolio a favor de un empresa de car�cter p�blico", limitando de esta forma la participaci�n de las EPS del r�gimen subsidiado del sector privado, pues, insiste, en nuestro pa�s s�lo existe una EPS p�blica del citado r�gimen, lo cual vulnera claramente adem�s el derecho de libre escogencia de los beneficiarios de ese r�gimen y la libertad econ�mica de las EPS que pertenecen al mismo.

(vii)Que con la norma acusada son desconocidos los principios de universalidad e integralidad consagrados en el art�culo 2� de la Ley 100 de 1993[3], por cuanto que en ella se discrimina al grupo de personas se�aladas en el art�culo 40 de la Ley 1151 de 2007[4]y a las Entidades Promotoras de Salud, al no permitirles hacer uso de una EPS del r�gimen subsidiado privada que les otorgue una mejor atenci�n, debiendo utilizar una EPS p�blica que no estar�a en capacidad de cubrir debidamente todas las contingencias amparadas por la ley; que la disposici�n censurada igualmente deja de lado el hecho de que para la ampliaci�n progresiva del sistema de seguridad social en salud, dispuesta en el art�culo 3� de la Ley 100 de 1993[5], se han creado las EPS en el r�gimen contributivo y las EPS privadas del r�gimen subsidiado, las cuales han venido cumpliendo con la ley prestando un servicio eficaz; que se desconoce el objetivo de garantizar la cobertura en la prestaci�n del servicio de salud a todos los colombianos (art. 6 Ley 100 de 1993[6]), as� como la libertad de elecci�n dentro del sistema, pues se margina a la poblaci�n exigi�ndole pertenecer a una �nica EPS p�blica del r�gimen subsidiado, neg�ndole la posibilidad de tener una oferta de EPSs del r�gimen subsidiado operativas y competitivas; y que se vulnera claramente el art�culo 8� ib�dem[7], pues lo cierto es que las EPS privadas del r�gimen subsidiado hacen parte del sistema integral de seguridad social en salud y por ende tienen el derecho y la facultad de prestar ese servicio a las personas que por su libre escogencia as� lo quieran, no siendo concebible entonces que un decreto reglamentario desconozca los principios y mandatos contenidos en la ley.

(viii)Que la limitaci�n a los usuarios del servicio de salud en el sentido de acceder a una �nica EPS del r�gimen subsidiado y la consecuente restricci�n de las EPS privadas de ese mismo r�gimen para participar en la prestaci�n del servicio de salud, desconoce los objetivos mismos del sistema general de seguridad social en salud establecidos en el art�culo 152 de la Ley 100 de 1993[8], as� como los principios de equidad y libre escogencia consagrados en el art�culo 153 ib�dem[9].

(ix)Que el derecho de libre escogencia establecido tambi�n en el art�culo 159[10]del cuerpo legal citado es infringido con el acto demandado, pues en el momento en que se limita a las EPS privadas del r�gimen subsidiado a participar en la prestaci�n de los servicios de salud, se est� cortando de paso el derecho de los colombianos a escoger libremente en ese r�gimen entre una EPS p�blica y una EPS privada.

(x)Que "�aun cuando se pueda esgrimir que el decreto demandado ofrece la posibilidad de acceder al derecho de libre elecci�n por 30 d�as, en primer lugar dicho t�rmino es insuficiente y en segundo lugar, una vez sean trasladados, forzosamente (pues no se contempla una notificaci�n personal, sino una mera publicaci�n) el usuario habr� perdido el tiempo que lleva en la �ltima entidad con fines de traslado, pues tendr� que iniciar nuevamente el t�rmino para poder tener derecho a solicitar su traslado, aun cuando presente inconformidad con la EPS p�blica que le impusieron".

(xi) Que uno de los objetivos de la Ley 100 de 1993 (art. 162[11]) es la protecci�n integral de las familias menos favorecidas que deben afiliarse al r�gimen subsidiado de salud, y que por ello es vital la participaci�n de las entidades privadas para el logro de ese prop�sito, pues es imposible que una sola entidad pueda acoger a la poblaci�n perteneciente al mismo y sobre todo prestarles un servicio integral de primer, segundo y tercer nivel en todo el territorio nacional sin el apoyo de las EPS privadas.

(xii) Que las EPS en el r�gimen subsidiado han venido cumpliendo con las exigencias que consagra la ley (art. 178 ib�dem[12]), por lo cual no hay raz�n para que mediante el Decreto 1024 de 2009 el Ministerio de Protecci�n Social, extralimit�ndose en las funciones que le otorga la Ley 100 de 1993, deje de lado a las entidades promotoras de salud en el r�gimen subsidiado, las cuales por su naturaleza privada con certeza prestar�n un excelente servicio de salud.

(i) Que "�la motivaci�n que sugiri� la creaci�n de la norma emana de la Ley 1141 (sic) de 2007 en su Art�culo 40, por lo que en virtud de esta ley el presidente de la rep�blica en ejercicio de sus funciones Constitucionales y legales emite el Decreto ley 1800 de 2009, por medio del cual se regulan las condiciones de operaci�n del ahorro programado de largo plazo que trata (art. 40 de la Ley 1151). El cual en el art�culo 6 le da la facultad al Ministerio de Protecci�n Social para adoptar las medidas tendientes a incorporar en el R�gimen Subsidiado de salud a dichos trabajadores, CUANDO ELLOS HUBIEREN SELECCIONADO ESTE R�GIMEN. Es as� como nace a la vida jur�dica la Resoluci�n 2020 de 2009. El fin que se buscaba por el legislador era el de "establecer los par�metros t�cnicos que deben aplicar tanto los operadores de informaci�n que cuenten con autorizaci�n para ofrecer el servicios (sic) de afiliaci�n �nica electr�nica, como los administradores de los diferentes subsistemas de la Protecci�n Social para la afiliaci�n al esquema de las coberturas del programa social complementario del (sic) que trata el Art. 40 de la ley 1151 de 2007, el Art. 2 de la Ley 1250 de 2008 y los Decretos 2060 de 2008 y 1800 de 2009". Por tanto podemos concluir que la norma en cuesti�n esta (sic) incursa en la causal descrita por cuanto su motivaci�n no se ajusta a la realidad de las normas que le anteceden."

(ii) Que al expedir el Decreto 1024 de 2009 el Ministerio excedi� las facultades otorgadas por el art�culo 230 de la Ley 100 de 1993[13], que �nicamente lo faculta para adoptar medidas tendientes a trasladar los usuarios a otra EPS del r�gimen subsidiado, pero en ning�n momento lo autoriza para restringir el traslado exclusivamente a una EPS de car�cter p�blico.

El apoderado de la Naci�n - Ministerio de la Protecci�n Social (hoy Ministerio de Salud y Protecci�n Social) acudi� al proceso para defender la legalidad del acto parcialmente acusado y expres� lo siguiente:

2.1. Que no existe violaci�n alguna a las normas constitucionales invocadas en la demanda, pues a trav�s del acto acusado no se le concede privilegio o prerrogativa alguna a la EPS p�blica del r�gimen subsidiado ni se crea un monopolio econ�mico en su favor, trat�ndose solo de una medida por la cual se brinda protecci�n "alos afiliados al r�gimen subsidiado cuyos contratos de r�gimen subsidiado fueron objeto de cesi�n, con lo cual se est� apuntando exclusivamente a garantizarles la continuidad de la atenci�n de su derecho a la salud".

2.2. Que la entidad p�blica del orden nacional es la depositaria de una funci�n de garant�a temporal del servicio de salud y de ordenaci�n del proceso de traslado, pero con una limitante: la elecci�n de la EPS permanece en cabeza del afiliado, quien tendr� la oportunidad de valorar cu�l es la entidad promotora de salud que le puede resolver mejor sus necesidades, lo cual puede hacerse igualmente con posterioridad a su traslado y en la oportunidad prevista para ello por la norma.

2.3.Que existe un objetivo expl�cito en el decreto acusado consistente en garantizar la continuidad de la afiliaci�n inmediata de la poblaci�n de las entidades promotoras de salud del r�gimen subsidiado, cuando se presenten circunstancias que la impiden y pongan en riesgo la confianza p�blica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, objetivo que tiene soporte constitucional en el deber del Estado de asegurar el servicio de salud a todos los habitantes del territorio nacional (art. 49 C.P.).

2.4.Que la medida adoptada en la norma demandada es adecuada para el logro del mencionado objetivo, siendo unadeterminaci�n transitoria en la que se preserva la libre escogencia y en la que todas las EPS se encuentran en plano de igualdad para ser seleccionadas por los usuarios.

2.5.Que el reglamento, antes que afectar el derecho a la igualdad, propicia la existencia de ella mediante unas reglas transitorias que garantizan la accesibilidad al servicio de salud y con posterioridad la posibilidad de que el afiliado escoja libremente la EPS en la cual quiera estar.

2.6.Que la norma demandada soporta el test de igualdad dise�ado por la Corte Constitucional y por ello no constituye una medida discriminatoria.

2.7.Que la medida establecida en la norma acusada no vulnera la libertad de empresa, pues m�s que establecer un privilegio en cabeza de la EPS p�blica, la llama a ser depositaria de una funci�n de garant�a temporal del servicio de salud y de ordenaci�n del proceso de traslado, pero con la limitante que la elecci�n de la EPS permanece en cabeza del afiliado, lo cual puede hacerse igualmente con posterioridad al traslado, y en la oportunidad prevista para ello en la norma; de este modo, la libre escogencia se preserva y todas las EPS se encuentran en un mismo plano de igualdad para ser seleccionadas por los usuarios.

2.8. Que el bien com�n, la protecci�n de la confianza p�blica en el sistema y la continuidad del servicio son los fundamentos que soportan la proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

2.9. Que no se viola el derecho a la libre elecci�n, debido a que el objetivo de la intervenci�n del Estado en la salud es el de salvaguardar los fundamentos de dicho servicio p�blico, entre los que est�n la obligatoriedad, la protecci�n integral y la libre escogencia.

2.10. Que en condiciones normales de operaci�n del sistema el traslado se produce cuando luego de transcurrido un periodo legal m�nimo de permanencia el afiliado decide libremente cambiar de EPS y elige otra para que contin�e prest�ndole el servicio; pero en casos en los que existen circunstancias que les impiden a las EPS continuar en el sistema, deben establecerse reglas para el traslado de los afiliados y condiciones especiales de permanencia en el sistema con el fin de no afectar la continuidad en la prestaci�n del servicio: esto �ltimo es precisamente lo que se quiere regular en la norma atacada, la cual no se opone al derecho de igualdad y preserva el derecho de libre escogencia, pues el afiliado puede optar por seleccionar otra EPS (art. 3� Decreto 1024 de 2009).

2.11. Que no se vulnera por ende el derecho de participaci�n de las EPS privadas al tener la posibilidad de prestar el servicio a las personas que as� lo requieran, pues hay libre elecci�n de EPS en su debida oportunidad y si se cumplen los objetivos y fundamentos del sistema.

2.12. Que no existe falsa motivaci�n en la norma demandada: la misma es clara y se resume en los considerandos del Decreto 1024 de 2009 y se concreta en dar continuidad en el servicio de salud y reestablecer la confianza en el sistema, la cual ha podido verse afectada por la cesi�n de los contratos.

2.13. Que en ejercicio de la potestad reglamentaria y en concordancia con las facultades de intervenci�n en la seguridad social, el Gobierno Nacional tiene plenas facultades para reglamentar las medidas para asegurar la continuidad del aseguramiento y de la prestaci�n del servicio p�blico de salud en el r�gimen subsidiado.

En esta oportunidad procesal intervino solamente la Naci�n - Ministerio de Salud y Protecci�n Social para reiterar, en lo fundamental, las razones de defensa esgrimidas en la contestaci�n de la demanda.

EL Ministerio P�blico se mostr� partidario de declarar la nulidad del aparte normativo acusado. Para fundamentar su tesis, luego de referirse al marco jur�dico del servicio p�blico de seguridad social en salud y del r�gimen subsidiado de salud as� como a los fundamentos expresados en el acto parcialmente demandado, afirm�:

(i) Que aunque la preocupaci�n del Gobierno Nacional resulta del todo leg�tima por considerar la preponderancia del derecho a la salud y la garant�a de su prestaci�n como fin �ltimo, el mecanismo que elige para garantizar este derecho no consulta la realidad que rodea la prestaci�n del servicio de salud en el r�gimen subsidiado e ignora que la prestaci�n del servicio en s� misma es independiente de la naturaleza jur�dica de las entidades que la prestan, frente a lo cual no se puede establecer una relaci�n de causalidad entre la naturaleza de la entidad prestadora y la garant�a de la continuidad de la prestaci�n del servicio salud, pues se estar�an sacrificando otros derechos; y

(ii) Que la exclusi�n de las Entidades Promotoras de Salud del R�gimen Subsidiado de car�cter privado s� resulta lesiva de los derechos a la igualdad, a la libre elecci�n y a la libre empresa, habida cuenta que la voluntad del legislador fue la de aceptar la concurrencia del Estado y de los particulares en la prestaci�n del servicio p�blico de salud[14].

Se demanda en este proceso la nulidad del aparte subrayado del numeral 1 del art�culo 2� del Decreto 1024 de 25 de marzo de 2009, "Por medio del cual se reglamenta parcialmente el art�culo 230 de la Ley 100 de 1993 para asegurar la continuidad en el aseguramiento y en la prestaci�n del servicio p�blico de salud en el r�gimen subsidiado y se dictan otras disposiciones", expedido por el Gobierno Nacional. El texto de esta norma es del siguiente tenor literal:

Por medio del cual se reglamenta parcialmente el art�culo 230 de la Ley 100 de 1993 para asegurar la continuidad en el aseguramiento y en la prestaci�n del servicio p�blico de salud en el r�gimen subsidiado y se dictan otras disposiciones

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 11, art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, los art�culos 154, 215 par�grafo y 230 par�grafo 1� de la Ley 100 de 1993 y el art�culo 42, numeral 10, de la Ley 715 de 2001, y

Que corresponde al Estado garantizar el acceso a la salud de la poblaci�n colombiana y, en consecuencia, goza de las facultades de intervenci�n con el fin de, entre otros aspectos, garantizar la observancia de los principios constitucionales y legales que informan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, asegurar el car�cter obligatorio del mismo, y evitar que los recursos que lo financian se destinen a fines diferentes.

Que de conformidad con el par�grafo 1� del art�culo 230 de la Ley 100 de 1993, corresponde al Gobierno Nacional reglamentar, entre otros temas, la cesi�n de contratos para garantizar la adecuada prestaci�n del servicio de salud, protegiendo la confianza p�blica en el Sistema.

Que, con el objeto de garantizar la continuidad de la afiliaci�n inmediata de la poblaci�n de las entidades promotoras de salud del r�gimen subsidiado, cuando se presenten circunstancias que la impiden y ponen en riesgo la confianza p�blica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se considera necesario que el aseguramiento sea realizado a trav�s de una entidad p�blica del orden nacional de manera excepcional y sin perjuicio de menoscabar el derecho a la libre escogencia.

Art�culo 1�. Autorizaci�n de la cesi�n de contratos en el R�gimen Subsidiado. La Superintendencia Nacional de Salud, para garantizar la continuidad de la afiliaci�n, podr� autorizar la cesi�n de contratos en el r�gimen subsidiado cuando, a solicitud motivada de la entidad territorial, acredite la existencia de circunstancias que impidieron adelantar el procedimiento de que trata el art�culo 53 del Acuerdo 244 modificado por el art�culo 7� del Acuerdo 294 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud o las normas que lo desarrollen, adicionen o modifiquen.

Art�culo 2�. Efectos de la cesi�n de contratos en el R�gimen Subsidiado autorizada. La cesi�n de contratos en el r�gimen subsidiado autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud, implica:

1. El traslado de los afiliados a la Entidad Promotora de Salud del R�gimen Subsidiado de naturaleza p�blica del orden nacional, a partir del acto de cesi�n, sin perjuicio de la garant�a de la libre escogencia conforme a lo previsto en el presente decreto.

2. La continuidad del aseguramiento de los afiliados a cargo de la entidad cesionaria.

3. La imposibilidad de la entidad cedente de contratar con la respectiva entidad territorial de la cual cede los contratos, durante el t�rmino de tres (3) a�os contados a partir de la cesi�n de contratos que le ha sido autorizada.

4. La obligaci�n de la entidad cesionaria de entregar un nuevo carn� a los afiliados, dentro de los treinta (30) d�as calendario siguientes a la cesi�n del contrato, siempre que la misma se produzca a m�s de cuatro (4) meses de terminaci�n del respectivo contrato. Cuando falten menos de cuatro meses para la terminaci�n de la vigencia contractual, los afiliados podr�n acceder a los servicios de salud con la presentaci�n del carn� de la entidad cedente.

5. Los dem�s efectos consustanciales a la cesi�n de contratos y los inherentes a las condiciones propias del r�gimen subsidiado.

Art�culo 3�. Garant�a de la libre escogencia de los afiliados trasladados por efecto de la cesi�n de contratos autorizada. Con el objeto de garantizar el derecho a la libre escogencia de los afiliados, tan pronto se realice el traslado, la entidad cesionaria deber� informar a los afiliados, como m�nimo, dos veces, dentro de los cinco (5) d�as siguientes, contados a partir del traslado en un medio de comunicaci�n de amplia circulaci�n en los lugares en que cumple funciones de aseguramiento, que disponen de sesenta (60) d�as calendario a partir de la publicaci�n del �ltimo aviso, para ejercer el derecho de libre escogencia de otra Entidad Promotora de Salud del R�gimen Subsidiado - EPS'S.

Vencido el t�rmino antes se�alado, se informar� a la entidad territorial sobre los afiliados que hayan manifestado su voluntad de traslado a otra EPS'S, decisi�n que se har� efectiva en el siguiente periodo de contrataci�n. Para aquellos afiliados que no hubieren manifestado su deseo de traslado, solo podr�n ejercerla nuevamente una vez cumplan con el per�odo m�nimo de permanencia exigido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud para el R�gimen Subsidiado o quien haga sus veces.

Art�culo 4�. Modificaci�n del par�grafo del art�culo 18 del Decreto 515 de 2004. El par�grafo del art�culo 18 del Decreto 515 de 2004 quedar� as�:

"Par�grafo. La Entidad Promotora de Salud del R�gimen Subsidiado que se haya retirado voluntariamente del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ser� objeto de la revocatoria parcial de la habilitaci�n en el departamento en el cual se encuentra ubicado el municipio del que se retira, por el t�rmino de tres (3) a�os contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud".

Art�culo 5�. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n."

El problema jur�dico que plantea el presente asunto consiste determinar si al expedir el Decreto 1024 de 2009 el Gobierno Nacional excedi� las facultades otorgadas por el art�culo 230 de la Ley 100 de 1993, que �nicamente lo facultar�a para adoptar medidas tendientes a trasladar los usuarios a otra EPS del r�gimen subsidiado, pero en ning�n momento lo autorizar�a para restringir el traslado exclusivamente a una EPS de car�cter p�blico. As� mismo, debe la Sala establecer si la medida adoptada en la norma parcialmente acusada consistente en ordenar el traslado de los afiliados de una EPS del r�gimen subsidiado[15] a una EPS de naturaleza p�blica del orden nacional, desconoce el derecho de igualdad y la libertad de empresa de las EPS de car�cter privado de ese mismo r�gimen que tambi�n est�n en capacidad de recibir tales afiliados, as� como el derecho de libre escogencia de los usuarios del servicio p�blico de salud.

A efectos de resolver el problema jur�dico se�alado la Sala dividir� su examen en los siguientes temas: a modo de presupuestos generales estudiar� la normativa constitucional que consagra el servicio p�blico de seguridad social en salud (4.3.1.), as� como el sistema de seguridad social en salud establecido por el legislador y los reg�menes de administraci�n del mismo (4.3.2.), para seguidamente referirse al alcance de las libertades econ�micas, de empresa y de competencia en el servicio p�blico de salud y al contenido y alcance de la intervenci�n del Estado en dicha materia conforme a la jurisprudencia constitucional (4.3.3.), y finalizar con la resoluci�n del caso concreto, en donde se denegar�n las s�plicas de la demanda (4.3.4.).

4.3.1. Normativa constitucional que consagra el servicio p�blico de seguridad social en salud

La Constituci�n Pol�tica en su art�culo 48 consagra a la seguridad social como un servicio p�blico de car�cter obligatorio, sometido a la direcci�n, coordinaci�n y control del Estado, con sujeci�n a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los t�rminos que establezca la ley (Inc. 1�). Correlativamente reconoce a todos los habitantes del territorio nacional el derecho irrenunciable a la seguridad social cuya efectividad debe garantizar el Estado (Inc. 2�).

Se�ala tambi�n la Carta que el Estado, con la participaci�n de los particulares, ampliar� progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprender� la prestaci�n de los servicios en la forma que determine la ley (Inc. 3�), y que la seguridad social podr� ser prestada por entidades p�blicas o privadas, de conformidad con la ley (Inc.4�).

El art�culo 49 de ese mismo Estatuto prev� que la atenci�n de la salud es unservicio p�blico"a cargo del Estado" y que se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoci�n, protecci�n y recuperaci�n de la Salud (Inc. 1�). Igualmente consagra esta norma que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestaci�n del servicio de salud, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; as� como establecer las pol�ticas para la prestaci�n de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control; y fijar las competencias de la Naci�n, las entidades territoriales y los particulares en la materia y determinar los aportes a su cargo en los t�rminos y condiciones se�alados en la ley (Inc. 2�).

De otro lado, en el art�culo 365 de la Constituci�n se prev� que los servicios p�blicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de �ste asegurar su prestaci�n eficiente a todos los habitantes del territorio nacional (Inc. 1�). Se agrega en esta disposici�n que los servicios p�blicos estar�n sometidos al r�gimen que fije la ley y podr�n ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares, manteniendo el Estado, en todo caso, la regulaci�n, el control y la vigilancia de dichos servicios (Inc. 2�).

4.3.2. Sistema de Seguridad Social en Salud establecido por el legislador. Reg�menes de administraci�n del Sistema

4.3.2.1. Conforme a las normas antes citadas, es claro que la Constituci�n Pol�tica no opt� por un modelo determinado de sistema de seguridad social en salud, pues no consagr� en efecto un sistema de car�cter estrictamente p�blico ni uno puramente privado. En las disposiciones sobre la materia el Constituyente dej� en manos del legislador la definici�n de dicho modelo[16].

Para efectos del desarrollo legislativo de estas atribuciones, el Congreso de la Rep�blica no obstante no goza de una capacidad de configuraci�n total, pues la Carta establece unos principios b�sicos que obligatoriamente orientan la seguridad social, y que por ende limitan la libertad de configuraci�n del Legislador. Dichos l�mites est�n se�alados en la misma Constituci�n Pol�tica, y son tanto de car�cter formal (competencia, procedimiento y forma), como de car�cter sustancial, que est�n determinados por los valores y principios en que se funda el Estado social de derecho (dignidad de la persona humana) y en las cl�usulas propias del modelo econ�mico de la Constituci�n (intervenci�n del Estado y planificaci�n econ�mica, propiedad privada y libertad de empresa e iniciativa privada)[17].

En ese orden, en ejercicio de su facultad de libre configuraci�n, el legislador opt� por un modelo de seguridad social en salud que permite la concurrencia del Estado y de los particulares en la prestaci�n del correspondiente servicio p�blico, dentro del esquema de libre competencia y de libertad de empresa, pero bajo una estricta intervenci�n estatal. En efecto, el Congreso de la Rep�blica expidi� la Ley 100 de 1993 reguladora, entre otros temas, del Sistema Integral de Seguridad Social en materia de salud, en cuyos art�culos 8�, 153 y 154 se dispuso lo siguiente:

"Art�culo 8.none Conformaci�n del Sistema de Seguridad Social Integral. El Sistema de Seguridad Social Integral es el conjunto arm�nico de entidades p�blicas y privadas, normas y procedimientos y est� conformado por los reg�menes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley." (destaca la Sala)

"Art�culo 153. Fundamentos del Servicio P�blico. Adem�s de los principios generales consagrados en la Constituci�n Pol�tica, son reglas del servicio p�blico de salud, rectoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud las siguientes:

4. Libre escogencia. El Sistema General de Seguridad Social en Salud permitir� la participaci�n de diferentes entidades que ofrezcan la administraci�n y la prestaci�n de los servicios de salud, bajo las regulaciones y vigilancia del Estado y asegurar� a los usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, cuando ello sea posible seg�n las condiciones de oferta de servicios. Quienes atenten contra este mandato se har�n acogedores a las sanciones previstas en el art�culo 230 de esta Ley.

"Art�culo 154. Intervenci�n del Estado. El Estado intervendr� en el servicio p�blico de Seguridad Social en Salud, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los art�culos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constituci�n Pol�tica. Dicha intervenci�n buscar� principalmente el logro de los siguientes fines:

a) Garantizar la observancia de los principios consagrados en la Constituci�n y en los art�culos 2 y 153 de esta Ley.

b) Asegurar el car�cter obligatorio de la Seguridad Social en Salud y su naturaleza de derecho social para todos los habitantes de Colombia;

c) Desarrollar las responsabilidades de direcci�n, coordinaci�n, vigilancia y control de la Seguridad Social en Salud y de la reglamentaci�n de la prestaci�n de los servicios de salud;

d) Lograr la ampliaci�n progresiva de la cobertura de la Seguridad Social en Salud permitiendo progresivamente el acceso a los servicios de educaci�n, informaci�n y fomento de la salud y a los de protecci�n y recuperaci�n de la salud a los habitantes del pa�s;

e) Establecer la atenci�n b�sica en salud que se ofrecer� en forma gratuita y obligatoria, en los t�rminos que se�ale la Ley;

f) Organizar los servicios de salud en forma descentralizada, por niveles de atenci�n y con participaci�n de la comunidad;

g) Evitar que los recursos destinados a la seguridad social en salud se destinen a fines diferentes;

h) Garantizar la asignaci�n prioritaria del gasto p�blico para el servicio p�blico de Seguridad Social en Salud, como parte fundamental del gasto p�blico social.

Par�grafo. Todas las competencias atribuidas por la presente Ley al Presidente de la Rep�blica y al gobierno nacional, se entender�n asignadas en desarrollo del mandato de intervenci�n estatal de que trata este art�culo."

De las normas legales transcritas se advierte que la ley defini� un sistema de libre concurrencia en la prestaci�n del servicio p�blico de salud que permite la participaci�n del Estado y de los particulares en el mismo dentro del esquema de libertad de empresa, pues expresamente habilit� a empresas p�blicas y privadas para participar en esta actividad econ�mica, y asegur� a los usuarios la libertad de escoger entre las Entidades Prestadoras de Salud (E.P.S.) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud[18], en la medida en que ello fuera posible seg�n las condiciones de oferta de servicios. Este sistema adoptado por la ley, en todo caso, se sujeta a la intervenci�n del Estado "conforme a las reglas de competencia, en el marco de lo dispuesto en los art�culos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constituci�n Pol�tica", normas superiores que se refieren a la seguridad social como servicio p�blico y a la vez derecho irrenunciable (48 y 49), a la facultad de intervenci�n del Estado en la actividad econ�mica de prestaci�n de servicios p�blicos (334) y a las normas que presiden dicha intervenci�n (365 a 370).

4.3.2.2. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud dise�ado por la Ley 100 de 1993 coexisten articuladamente, para su financiamiento y administraci�n, un r�gimen contributivo y un r�gimen de subsidios, con vinculaciones mediante el Fondo de Solidaridad y Garant�as. Para tal efecto, la ley ha previsto la existencia de las Entidades Promotoras de Salud -EPS-, y de Administradoras del R�gimen Subsidiado -ARS- de car�cter p�blico o privado, como empresas administradoras de los recursos del R�gimen, que prestan el servicio de salud seg�n delegaci�n que el Estado hace. Estas entidades, a su vez, tienen la facultad de prestar los servicios de salud directamente a sus afiliados, o de contratar la atenci�n de sus usuarios con las diferentes Instituciones Prestadoras de Salud -IPS-.

El R�gimen Contributivo, de acuerdo con lo se�alado en los art�culos 202 a 210 de la ley 100 de 1993, es un conjunto de normas que rigen la vinculaci�n de los individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculaci�n se hace a trav�s del pago de una cotizaci�n, individual y familiar, o un aporte econ�mico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia con su empleador. En este orden, los afiliados al Sistema mediante el r�gimen contributivo son las personas vinculadas a trav�s de contrato de trabajo, los servidores p�blicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago.

La ley se�ala igualmente que corresponde a las Entidades Promotoras de Salud -EPS- recaudar las cotizaciones obligatorias de los afiliados al R�gimen Contributivo, por delegaci�n del Fondo de Solidaridad y Garant�a. De este monto, cada EPS descontar�, por cada usuario, el valor de una Unidades de Pago por Capitaci�n -U.P.C.- fijada para el Plan Obligatorio de Salud, y trasladar� la diferencia al Fondo de Solidaridad (art�culo 177 de la Ley 100 de 1993).

Por otra parte, los art�culos 211 a 217 de la Ley 100 de 1993 consagran la existencia del R�gimen Subsidiado de salud, entendido como un conjunto de normas que rigen la vinculaci�n de los individuos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculaci�n se hace a trav�s del pago de una cotizaci�n subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de los que trata la ley 100 de 1993. Los afiliados al Sistema mediante el R�gimen Subsidiado ser�n entonces las personas sin capacidad econ�mica, la poblaci�n m�s pobre y vulnerable del pa�s en las �reas rural y urbana, teniendo especial importancia dentro de este grupo, personas como las madres durante el embarazo, parto y post-parto y per�odo de lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los ni�os menores de un a�o, los menores en situaci�n irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores de 65 a�os, los discapacitados, entre otros. Las normas pertinentes establecen que el subsidio para estas personas podr� cubrir una proporci�n variable de la Unidad de Pago por Capitaci�n, lo cual se establecer� seg�n la capacidad econ�mica de las personas, medida en funci�n de sus ingresos, nivel educativo, tama�o de la familia y la situaci�n sanitaria y geogr�fica de su vivienda.

La administraci�n del r�gimen subsidiado corresponde a las direcciones locales, distritales o departamentales de salud, las cuales suscribir�n contratos de administraci�n del subsidio con las Administradoras del R�gimen Subsidiado, encargadas de la afiliaci�n de los beneficiarios. Estos contratos se financiar�n con recursos del Fondo de Solidaridad y Garant�a y los recursos del subsector oficial de salud que se destinen para el efecto. Las ARS que afilien a los beneficiarios del r�gimen subsidiado prestar�n, directa o indirectamente, los servicios contenidos en el POS-S.

4.3.3. La libertad econ�mica, de empresa y de competencia en materia de seguridad social en salud. Intervenci�n del Estado en el servicio p�blico de salud: contenido y alcance.

El legislador al dise�ar el modelo de seguridad social en salud -como antes se dijo- abri� unos espacios para la concurrencia privada en condiciones de libre competencia econ�mica y de libertad de empresa, pero dej� en claro igualmente que el ejercicio de estas libertades s�lo puede darse en el �mbito que el legislador haya previsto para el efecto, y dentro de las rigurosas condiciones de regulaci�n, vigilancia y control que se derivan de la responsabilidad constitucional que el Estado tiene en este sector social.

La Corte Constitucional en distintos pronunciamientos se ha ocupado del tema delimitando el contenido y alcance de las libertades referidas trat�ndose del servicio p�blico de seguridad social en salud y del papel del Estado frente a ellas. En la sentencia C-616 de 2001 hizo las siguientes precisiones:

"La intervenci�n estatal en la econom�a tiene distinta modulaci�n seg�n el sector econ�mico sobre el cual recaiga, pues mientras en determinadas actividades o servicios p�blicos considerados estrat�gicos puede ser muy intensa al punto de eliminar la iniciativa privada (Art. 365 Constituci�n Pol�tica), en otros sectores tiene un menor grado en forma tal que se faculta a los particulares para desarrollar determinadas actividades econ�micas con un permiso, autorizaci�n o licencia por parte del Estado, e incluso, en algunos casos no se requiere ning�n permiso o autorizaci�n previa para el ejercicio de una determinada actividad, industria u oficio, pues all� opera como regla general la libre iniciativa sin permisos previos (Art. 333 Constituci�n Pol�tica).

Cuando se trata del servicio p�blico de salud la intervenci�n del Estado es intensa y tiene como fundamento constitucional no solo las normas que permiten la intervenci�n general del Estado en los procesos econ�micos comunes, con la correspondiente limitaci�n de la libertad econ�mica (CP arts 150 ord. 21, 333 y 334), sino tambi�n otras disposiciones constitucionales, en particular las relativas a la reglamentaci�n e inspecci�n de las profesiones (CP art. 26) la intervenci�n del Estado en los servicios p�blicos en general (CP art. 365) y la atenci�n de la salud en particular (CP arts. 48, 49).

La intervenci�n del Estado en el servicio p�blico de salud se funda en el modelo del Estado Social de Derecho, que impone a las autoridades p�blicas el deber de asumir su prestaci�n, ya sea directamente o por medio de los particulares, y por tratarse de una actividad, en la que se manejan dineros del Sistema General de Salud por entidades privadas (EPS), el control estatal preserva la confianza p�blica, pues permite que estas entidades cuenten con una estructura administrativa, t�cnica, financiera y profesional que asegure la prestaci�n regular, continua y eficiente del servicio de salud a los afiliados.

Cuando nuestra Constituci�n Pol�tica permite que particulares concurran con el Estado a prestar el servicio p�blico de salud, no se est� reservando el ejercicio de esta actividad, sino que est� delegando en los particulares su prestaci�n. Por ello, en este escenario debe existir la libre competencia y el Estado debe velar porque no se presente obst�culos o limitaciones a la concurrencia de los sujetos econ�micos por la conquista del mercado; y s� estas existen deben ser iguales para todas las personas naturales o jur�dicas que tengan la capacidad de prestar el servicio."[19] (negrillas agregadas por la Sala)

Posteriormente, en la sentencia C-615 de 2002 dicha Corporaci�n sent� las siguientes premisas:

(i) En el Estado social de derecho la libertad econ�mica -y las subsiguientes de empresa y de competencia- son consideradas base del desarrollo econ�mico y social y garant�a de una sociedad democr�tica y pluralista, por lo cual la Constituci�n Pol�tica en su art�culo 333 expresamente reconoce a la empresa su car�cter de promotor del desarrollo;

(ii) Como todos los derechos y libertades, la econ�mica y de empresa no son absolutas, encontrando su l�mite en la misma Constituci�n cuando se�ala que: "La ley delimitar� el alcance de la libertad econ�mica cuando as� lo exijan el inter�s social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Naci�n";

(iii) El instrumento por excelencia que permite a las autoridades lograr la efectividad de la funci�n social de la empresa es la actividad estatal de intervenci�n en la econom�a (art. 334 C.P.);

(iv) La actividad intervencionista del Estado en la econom�a pretende conciliar los intereses privados presentes en la actividad empresarial de los particulares con el inter�s general que est� involucrado en dicha actividad en ciertos casos, como ocurre en el caso de la prestaci�n de los servicios p�blicos, los cuales est�n vinculados a la satisfacci�n de necesidades b�sicas de los ciudadanos;

(v) La libertad de empresa es reconocida a los particulares por motivos de inter�s p�blico, pues al margen de lo que las distintas escuelas econ�micas pregonan sobre la incidencia de la competencia libre en la satisfacci�n de las necesidades individuales y colectivas, lo cierto es que la Carta admite que la empresa es motor de desarrollo; y

(vi) A la hora de evaluar la tensi�n entre el inter�s p�blico y el privado presente en las normas de intervenci�n econ�mica, el juez debe acudir a criterios de proporcionalidad y razonabilidad que, dando prevalencia al inter�s general y la vigencia del principio de solidaridad, no desconozcan el n�cleo esencial de las libertades econ�micas, cuyo reconocimiento, en �ltimas, tambi�n se establece por motivos de inter�s colectivo.

As� mismo en el citado fallo se afirm� que sin que esta sea la �nica alternativa legislativa que se acomode a la Constituci�n, en materia de prestaci�n del servicio p�blico de salud el legislador puede dar cabida a la actividad de los particulares dentro de un esquema de competencia y libertad de empresa, en el cual esta �ltima libertad se definir�a como el derecho de las personas a organizar y operar empresas que tuvieran por objeto la prestaci�n del referido servicio.

Agreg� que el Estado dispone de especiales competencias de regulaci�n, control y vigilancia en trat�ndose de la prestaci�n de servicios, pues la misma se considera inherente a la finalidad social del Estado, por lo cual es deber de las autoridades asegurar que ella sea eficiente y cobije a todos los habitantes del territorio nacional (art. 365 C.P.); y que como los servicios p�blicos son una actividad econ�mica que compromete la satisfacci�n de las necesidades b�sicas de la poblaci�n y por ello mismo la eficacia de ciertos derechos fundamentales, la intervenci�n del Estado en la actividad de los particulares que asumen empresas dedicadas a este fin es particularmente intensa y su prestaci�n se somete a especial regulaci�n y control. En relaci�n con el alcance de la intervenci�n estatal en la materia anot�:

"Ahora bien, si el legislador decide mantener el modelo de concurrencia de empresas p�blicas y privadas en la prestaci�n de un servicio p�blico como el de salud, pero lo interviene y regula a fin de obtener objetivos constitucionales, �cu�l es el l�mite de esta intervenci�n �hasta d�nde puede llegar la imposici�n de restricciones y controles Como se dijo arriba, esa intervenci�n no puede ser tan intensa que en realidad llegue eliminar radicalmente el esquema de mercado libre que mantiene la ley (pues si lo elimina cae en el extremo de estatizaci�n de la actividad que impone indemnizaci�n a los particulares que l�citamente la ejerc�an), por lo cual debe respetar ciertos l�mites que, con base en la Constituci�n, han sido se�alados por esta Corporaci�n. Estos l�mites, como se recuerda, indican: i) que tal intervenci�n s�lo puede adelantarse mediante ley; ii) que no puede afectar el n�cleo esencial de la libertad de empresa; iii) que debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitaci�n; iv) que debe obedecer al principio de solidaridad; y, v) que debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad". (negrillas adicionales de la Sala)

En la sentencia C-898 de 2003[20] advirti� en todo caso que aunque el legislador ha optado por un modelo de libre concurrencia para la prestaci�n del servicio p�blico de salud tiene limitada su competencia para restringirlo. En esta sentencia dicha Corporaci�n decidi� acerca de la demanda de inexequibilidad formulada contra el siguiente aparte que se subraya contenido en el numeral 1� del art�culo 216 de la Ley 100 de 1993: "Art�culo 216. Reglas B�sicas para la Administraci�n del R�gimen de Subsidios en Salud. 1. La Direcci�n Seccional o local de Salud contratar�preferencialmente la administraci�n de los recursos del subsidio con Empresas Promotoras de Salud de car�cter comunitario tales como las Empresas Solidarias de Salud. [�]". Estim� la Corte que el problema jur�dico de ese asunto se contra�a a determinar si el privilegio que el art�culo 216 de la Ley 100 de 1993 establece respecto de las administradoras del r�gimen subsidiado de car�cter comunitario, a fin de que las direcciones seccionales o locales contraten preferencialmente con ellas la administraci�n de los recursos del r�gimen subsidiado, desconoce el derecho a la igualdad de las dem�s empresas llamadas a cumplir el mismo objetivo, la libertad de empresa y de competencia a que se refiere el art�culo 333 superior y los principios que gobiernan la intervenci�n del Estado en la econom�a, espec�ficamente en materia del servicio p�blico de salud.

La Corte Constitucional declar� exequible el aparate normativo acusado condicionado a que se entienda que, en todos los casos, todas las administradoras del r�gimen subsidiado (ARS) interesadas en administrar los recursos del subsidio deben participar en el concurso convocado por las direcciones seccionales o locales de salud para contratar dicha administraci�n, y que solamente cuando se presente una igualdad de condiciones entre las participantes debe preferirse a aquella que sea una administradora de car�cter comunitario, como lo son las empresas solidarias de salud. Para arribar a esa conclusi�n efectu� las siguientes:

"La norma acusada parece introducir una limitaci�n a ese modelo fijado por el legislador, pues claramente otorga una preferencia a una clase de empresas dentro de aquellas que concurren a la prestaci�n del servicio p�blico de salud: en efecto, ordena que para la administraci�n de los recursos del r�gimen subsidiado se contrate preferencialmente con empresas promotoras de salud de car�cter comunitario, como las empresas solidarias de salud. Se pregunta entonces la Corte si le era posible al legislador introducir esta restricci�n al modelo dise�ado por �l mismo, sin desconocer con ello el derecho a la igualdad y la libertad de empresa y competencia, como lo alega la demanda.

Una primera respuesta indicar�a que si el Congreso tiene libertad para escoger entre un r�gimen de libre concurrencia econ�mica en la prestaci�n del servicio p�blico de salud, o reservar esta actividad para el Estado optando por un sistema de salud y seguridad social de car�cter estrictamente p�blico, tambi�n tiene facultades para restringir sin limitaci�n alguna el alcance de la libertad de competencia en este terreno, se�alando restricciones como la contenida en el aparte normativo acusado.

Adem�s, los numerales primero y segundo del art�culo 216 de la Ley 100, al establecer una preferencia respecto de las empresas promotoras de salud de car�cter comunitario, consistente en posibilidad de adjudicarles directamente el contrato para la administraci�n de los recursos del r�gimen subsidiado sin necesidad de participar en el concurso para la selecci�n del contratista a que deben someterse las dem�s empresas dedicadas al mismo objeto que no tengan tal car�cter comunitario, parecen desarrollar el mandato constitucional contenido en el art�culo 49 superior, seg�n el cual los servicios de salud deben organizarse "en forma descentralizada, por niveles de atenci�ny con participaci�n de la comunidad" lo cual contribuir�a a estimar que las normas acusadas implementan adecuadamente las normas fundamentales.

Todo lo dicho llevar�a a pensar que la preferencia establecida en las norma bajo examen tiene un soporte constitucional suficiente. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que cuando el legislador ha optado por un modelo de libre concurrencia para la prestaci�n del servicio p�blico de salud, encuentra limitada su libertad para restringirlo. La jurisprudencia de esta Corporaci�n ha hecho ver que en este caso, sin que sea imposible establecer limitaciones al modelo a fin de obtener objetivos constitucionales, esas limitaciones no pueden ser tan intensas que en realidad lleguen a eliminar radicalmente el esquema de libertad de empresa [�].

[�] De esta manera, el modelo de libertad de empresa en la prestaci�n del servicio p�blico de salud se adopta por cuanto se estima que es un adecuado cauce para lograr la realizaci�n de los principios de eficiencia y universalidad de la seguridad social a que se refiere el art�culo 48 superior, por lo cual su limitaci�n excesiva puede ir en contra del inter�s p�blico implicado en esos principios constitucionales, que se satisface cuando a trav�s del libre juego de oferta y demanda se logra una ampliaci�n de los servicios y una mejora en la calidad de los mismos, en beneficio general de los usuarios.

As� las cosas, es necesario establecer si resulta desproporcionada la limitaci�n a la libertad de competencia que establecen las normas bajo examen, seg�n las cuales para la administraci�n de los recursos del r�gimen subsidiado debe contratarse preferencialmente a las ARS de car�cter comunitario, preferencia que consiste en que el respectivo contrato les sea adjudicado directamente sin necesidad del concurso a que si deben someterse las dem�s ARS interesadas.

Para determinar la proporcionalidad de una medida legislativa, el juez constitucional debe ponderar los intereses y valores constitucionales implicados en la norma, a fin de determinar si la relaci�n que se da entre ellos es de equilibrio. En el presente caso parece estar de por medio la necesidad de hacer efectivo el principio constitucional seg�n el cual en la organizaci�n de los servicios de salud debe darse cabida a la participaci�n comunitaria, necesidad que debe conciliarse con la de garantizar las condiciones propias de la libertad de competencia en la prestaci�n de ese servicio p�blico, seg�n el modelo adoptado por el legislador. Por ello las preferencias tendientes a lograr la participaci�n comunitaria no pueden ser de tal envergadura que en realidad impliquen pr�cticas que anulen u obstruyan totalmente la referida libertad, pues ello redundar�a en la inoperancia del aludido modelo, acogido como f�rmula para lograr la universalidad y eficacia de la cobertura de los servicios de salud.

Al parecer de la Corte, si bien el se�alamiento de una preferencia para las ARS de car�cter comunitario, como las empresas solidarias de salud, desarrolla claramente los postulados constitucionales que ordenan que los servicios de salud se organicen "con participaci�n de la comunidad" (C.P art. 49), el alcance concreto de la preferencia otorgada por el legislador rebasa en este caso los l�mites de proporcionalidad, implicando una restricci�n excesiva al modelo de libre competencia. Es decir, el exceso no proviene de la preferencia en s�, sino de que ella consiste en que las ARS que no son de car�cter comunitario no pueden acceder a la administraci�n de los recursos del r�gimen subsidiado cuando en el respetivo departamento, distrito o municipio existan otras que si tienen tal car�cter, pues entonces estas �ltimas ser�n preferidas sin ninguna consideraci�n adicional y sin necesidad de participar en el concurso a que s� deben someterse las dem�s.

La preferencia que se da implica entonces la imposibilidad de realizar los principios de eficacia y universalidad del servicio p�blico de salud, que tambi�n son de rango constitucional, pues sin tenerse en cuenta que las ARS no comunitarias pueden estar en condiciones tecnol�gicas y financieras de administrar los recursos del subsidio de mejor manera para la satisfacci�n del inter�s general, esta administraci�n es entregada a las ARS no comunitarias por el simple hecho de ser tales.

Por lo anterior la Corte estima que para que la preferencia otorgada a las ARS de car�cter comunitario permita la realizaci�n de los principios constitucionales de eficacia y de universalidad de las seguridad social en salud, que seg�n la opci�n legislativa deben conseguirse a trav�s del modelo econ�mico de libertad de concurrencia, el privilegio no puede ser tal que impida tener en cuenta las mejores condiciones de oferta de servicios que hacen las distintas categor�as de ARS. Por eso, estima que en todos los casos, todas las ARS interesadas en administrar los recursos del r�gimen subsidiado deben participar en el concurso convocado por las direcciones seccionales o locales de salud para contratar dicha administraci�n, y solamente cuando se presente una igualdad de condiciones entre las participantes debe preferirse a aquella de ellas que sea una ARS de car�cter comunitario, como lo son las empresas solidarias de salud (ESS)."

M�s recientemente, en la sentencia C-1158 de 2008, la Corte Constitucional luego de referirse a la l�nea jurisprudencial de esa Corporaci�n sobre la materia examinada afirm�: (i) Que los derechos a la libertad de empresa y a la libertad econ�mica de las empresas particulares prestadoras del servicio p�blico de salud no son absolutos y, por el contrario, encuentran claras limitaciones en la protecci�n del inter�s general y la eficacia del derecho fundamental a la salud; en este campo, la libre autonom�a de la voluntad privada se encuentra bastante limitada porque el objeto del servicio tiene inmersos intereses que desbordan el beneficio econ�mico de su titular y se ubica en la defensa del derecho fundamental a la salud y la adecuada, continua y permanente prestaci�n de ese servicio p�blico, cuyo control y vigilancia corresponde al Estado; (ii) Que a pesar de que el legislador tiene amplio margen de configuraci�n normativa del sistema de seguridad social en salud y que las libertades econ�micas no son derechos absolutos porque est�n limitados por el inter�s general, la ley no puede anular la libre concurrencia entre el Estado y los particulares en la prestaci�n de ese servicio p�blico, en tanto que corresponde al dise�o mixto del sistema de salud previsto en la Constituci�n; y (iii) Que para definir en qu� momento se vulnera el n�cleo esencial de las libertades econ�micas o si la limitaci�n del derecho constituye una decisi�n constitucionalmente admisible se debe averiguar: a) si la limitaci�n del derecho obedece a una decisi�n legal, b) si la restricci�n de esos derechos se fundamenta en motivos suficientes que la justifiquen, dentro de los que se encuentra la aplicaci�n de los principios de la seguridad social como la solidaridad, la universalidad o la eficiencia del servicio p�blico en salud y, c) si se respet� el principio de proporcionalidad entre la medida y los fines adoptados.

En esta oportunidad la Corte Constitucional se pronunci� respecto a la demanda de inexequibilidad formulada contra algunas expresiones contenidas en el literal f) del art�culo 14 de la Ley 1122 de 2007, las cuales disponen, de una parte, que la prestaci�n de los servicios de promoci�n y prevenci�n para los afiliados al r�gimen subsidiado deben ser obligatoriamente contratados por las Empresas Promotoras de Salud correspondientes con las Empresas Sociales del Estado del respectivo municipio y, de otro, que en caso de que la red p�blica no tenga la capacidad para prestar esos servicios o que los resultados pactados entre la EPS-S y las ESE se incumplan, la prestaci�n de esos servicios podr� prestarse con otras entidades, siempre y cuando exista previa autorizaci�n del Ministerio de la Protecci�n Social o de quien �ste delegue.

Se acusan los apartes de esa norma argumentando, entre otras cosas, que los mismos desconocen i) el art�culo 14 de la Constituci�n, porque el afiliado al r�gimen subsidiado no tiene la posibilidad de elegir libremente las empresas prestadoras de los servicios que requiere, pues la ley limita la oferta de los servicios de prevenci�n y promoci�n en salud �nicamente a las Empresas Sociales del Estado; ii) el art�culo 13 superior, en tanto que discrimina a los afiliados al r�gimen subsidiado respecto de los afiliados al r�gimen contributivo, pues mientras que los primeros no pueden escoger la entidad prestadora de los servicios de salud, los segundos lo pueden hacer libremente; y iii) los art�culos 48 y 49 de la Carta, como quiera que, contrario a lo dispuesto en las normas superiores, la ley parcialmente acusada elimina la concurrencia p�blica y privada en la prestaci�n de los servicios de salud. La Corte Constitucional declar� la exequibilidad de los apartes normativos acusados, con sustento en la siguiente argumentaci�n:

"17. Ahora bien, en el asunto sub i�dice la Corte encuentra que las disposiciones normativas acusadas responden a criterios de razonabilidad y proporcionalidad que permiten concluir que la limitaci�n al derecho a la libertad de empresa de las Instituciones Prestadoras de Servicios de car�cter privadas que, en primera instancia, no pueden ser contratadas por la Empresas Promotoras de Salud del r�gimen subisidiado para prestar los servicios de promoci�n y prevenci�n en salud, son v�lidas constitucionalmente. A esa conclusi�n se llega en consideraci�n con lo siguiente:

En primer lugar, la Sala considera que la limitaci�n introducida persigue fines constitucionales que justifican la restricci�n de la libertad econ�mica, puesto que las normas parcialmente acusadas buscan corregir deficiencias en la prevenci�n y promoci�n de los servicios de salud que fueron detectadas a partir del �nimo de lucro que en esas actividades imprim�an las empresas privadas. Luego, esa finalidad de protecci�n de la salud p�blica y, en particular, de la salud de los sectores m�s pobres del pa�s, encuentra pleno respaldo constitucional. De igual manera, es razonable suponer que la disposici�n acusada tambi�n tiene como prop�sito racionalizar el uso de los recursos p�blicos disponibles para asegurar la adecuada utilizaci�n de la infraestructura y capacidad operativa instalada en materia de salud por parte del Estado, lo cual evidentemente tiene respaldo constitucional (art�culos 48, 49 y 365 superiores).

En segundo lugar, a juicio de esta Corporaci�n, el medio escogido para alcanzar este fin no s�lo no est� prohibido por la Constituci�n sino que constituye un claro desarrollo. En efecto, como se vio en precedencia, el Estado es el primer obligado a prestar eficiente, oportuna y continuamente el servicio p�blico de salud a los afiliados al r�gimen subsidiado y, precisamente, la norma acusada lo que hace es entregar preferentemente al Estado la prestaci�n de los servicios de promoci�n y prevenci�n en salud a la poblaci�n vulnerable del pa�s. De igual manera, la limitaci�n objeto de estudio constituye una herramienta de intervenci�n econ�mica del Estado en los servicios p�blicos porque modifica la naturaleza de las personas directamente autorizadas a prestar algunos servicios de salud para proteger el inter�s general.

El medio escogido resulta id�neo y necesario para lograr las finalidades constitucionales estudiadas. En efecto, como se dijo arriba, el esp�ritu que inspira la medida de intervenci�n, hace prevalecer el inter�s general que representa la adecuada prestaci�n de los servicios de salud sobre el inter�s particular que implica el aumento del lucro de las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Finalmente, la medida limitativa de la libertad econ�mica no resulta desproporcionada, en cuanto no elimina el modelo de libre empresa y de libre competencia dise�ado por el legislador, pues la restricci�n de la participaci�n de las empresas particulares prestadoras de los servicios de promoci�n y prevenci�n de enfermedades solamente opera para el r�gimen subsidiado y no las excluye del mercado, ni impide su participaci�n en el r�gimen contributivo. Incluso, en caso de incapacidad de las E.S.E. para prestar los servicios o de incumplimiento de los deberes contratados, las Instituciones Prestadoras de Servicios particulares bien pueden contratar con las E.P.S-S. la prestaci�n de los servicios a que hace referencia el literal f) del art�culo 14 de la Ley 1122 de 2007, lo cual evidencia que no se sacrifican gravemente los derechos econ�micos en juego.

18. En este orden de ideas, la Sala concluye que la obligaci�n legal para las Empresas Promotoras de Salud del r�gimen subsidiado de contratar los servicios de salud de promoci�n y prevenci�n �nicamente con las Empresas Sociales del Estado no desconoce el n�cleo esencial de los derechos a la libertad de empresa y a la libre competencia de las empresas de naturaleza privada. Luego, el cargo no prospera."

En las sentencias C-955 de 2007, C-1041 de 2007, C-260 de 2008, C-675 de 2008, y C-197 de 2012, entre muchas otras, la Corte Constitucional reitera su doctrina jurisprudencial sobre la materia, en los t�rminos de las sentencias atr�s referidas.

El aparte normativo acusado en este proceso corresponde a la expresi�n "de naturaleza p�blica del orden nacional" contenida en el numeral 1 del art�culo 2� del Decreto 1024 de 25 de marzo de 2009 "Por medio del cual se reglamenta parcialmente el art�culo 230 de la Ley 100 de 1993 para asegurar la continuidad en el aseguramiento y en la prestaci�n del servicio p�blico de salud en el r�gimen subsidiado y se dictan otras disposiciones", expedido por el Gobierno Nacional.

El Decreto 1024 de 2009, seg�n aparece en su texto, fue dictado por el Presidente de la Rep�blica invocando, entre otras disposiciones, el art�culo 189-11 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia, en el cual se precept�a que: "Art�culo 189. Corresponde al Presidente de la Rep�blica como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes12354."

Seg�n lo precisado por esta Secci�n[21] los decretos reglamentarios que expide el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de las atribuciones previstas en la citada disposici�n deben apuntar al �nico prop�sito de posibilitar la cumplida ejecuci�n de las leyes (incluyendo dentro de ellas las normas que tienen fuerza de ley), mediante la precisi�n y puntualizaci�n de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y de aquellos aspectos concretos que son indispensables para garantizar su cabal cumplimiento y ejecuci�n. En ese orden de ideas, los decretos reglamentarios se entienden subordinados a la ley que es objeto de reglamentaci�n y como consecuencia de ello nada pueden disponer excediendo o contrariando sus mandatos, por lo cual el Gobierno Nacional no puede acudir a esta modalidad de actos administrativos para modificar, ampliar o restringir el sentido y el alcance de las disposiciones legales.

El art�culo 230 de la Ley 100 de 1993 -objeto de reglamentaci�n parcial a trav�s del acto acusado- prev� en su par�grafo 1� lo siguiente:

"El Gobierno reglamentar� los procedimientos de fusi�n, adquisici�n, liquidaci�n, cesi�n de activos, pasivos y contratos, toma de posesi�n para administrar o liquidar y otros mecanismos aplicablesa las entidades promotoras y prestadorasque permitan garantizar la adecuada prestaci�n del servicio de salud a que hace referencia la presente Ley, protegiendo la confianza p�blica en el sistema. Par�grafo 2�. La Superintendencia Nacional de Salud ejercer� las funciones de inspecci�n, control y vigilancia respecto de las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera que sea su naturaleza jur�dica." (Negrillas y subrayas agregadas)

A trav�s del Decreto 1024 de 2009 se reglamenta parcialmente dicho par�grafo en punto a la cesi�n de los contratosde administraci�n del r�gimen subsidiado de salud con miras a "asegurar la continuidad en el aseguramiento y en la prestaci�n del servicio p�blico de salud en el r�gimen subsidiado", objetivo �ste que en criterio de la Sala claramente se ajusta al prop�sito que el legislador persigue en la materia consistente en garantizar la adecuada prestaci�n del servicio de salud y proteger la confianza p�blica en el sistema.

Para la consecuci�n del citado objetivo la norma reglamentaria prev� que "la Superintendencia Nacional de Salud, para garantizar la continuidad de la afiliaci�n, podr� autorizar la cesi�n de contratos en el r�gimen subsidiado cuando, a solicitud motivada de la entidad territorial, acredite la existencia de circunstancias que impidieron adelantar el procedimiento de que trata el art�culo 53 del Acuerdo 244 modificado por el art�culo 7� del Acuerdo 294 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud o las normas que lo desarrollen, adicionen o modifiquen" (art. 1�), y se�ala como uno de los efectos de esa cesi�n, "el traslado de los afiliados a la Entidad Promotora de Salud del R�gimen Subsidiadode naturaleza p�blica del orden nacional, a partir del acto de cesi�n, sin perjuicio de la garant�a de la libre escogencia conforme a lo previsto en el presente decreto" (art. 2� n�m. 1).

El procedimiento a que se refiere la citada disposici�n es aquel que se debe seguir en circunstancias excepcionales para garantizar la continuidad del aseguramiento de la poblaci�n afiliada al R�gimen Subsidiado cuando se produce alguno de los siguientes eventos: a) revocatoria de la autorizaci�n para la operaci�n o funcionamiento o de la habilitaci�n; b) disoluci�n y liquidaci�n; c) terminaci�n unilateral de los contratos; d) declaratoria de caducidad del contrato de aseguramiento; e) nulidad de los contratos de aseguramiento; e) retiro por incumplimiento de participaci�n m�nima en el mercado dentro de un municipio; y f) no suscripci�n o renovaci�n del contrato de aseguramiento por aplicaci�n del art�culo 36 del Decreto 050 de 2003 (art. 53 Acuerdo 244 CNSSS).

El mismo se contrae a los siguientes aspectos: a) informe inmediato por parte de las entidades territoriales a la Entidad Territorial Departamental y a la Superintendencia Nacional de Salud; b) informe de las entidades territoriales a los beneficiarios se�alando que la ARS a la que se encuentran afiliados no continuar� operando[22]; c) asignaci�n de los afiliados por el departamento respectivo a las ARS restantes que operan (50% en proporci�n al n�mero de afiliados que tenga cada ARS en los respectivos municipios donde operaba la ARS saliente y el 50% restante distribuido por igual entre todas las ARS que se encuentren operando en el municipio); d) informe de la entidad territorial y las ARS con afiliados asignados sobre la ARS que les correspondi� a �stos y la posibilidad de libre elecci�n para el siguiente per�odo de contrataci�n; e) adici�n de los contratos vigentes por el per�odo del a�o que falte, seg�n el n�mero de afiliados asignados; y f) entrega de carn� a los afiliados asignados dentro de los treinta (30) d�as calendario siguientes a la adici�n del contrato siempre que a la fecha de esta adici�n falten m�s de cuatro meses para que se termine la vigencia contractual; cuando falten menos de cuatro meses para la terminaci�n de la vigencia contractual, la carnetizaci�n deber� realizarse a m�s tardar dentro de los treinta (30) d�as calendario posteriores al inicio del siguiente per�odo de contrataci�n.

Como puede resultar probable que hayan existido circunstancias que impidieron que se adelantara el anterior procedimiento, v.gr. la existencia de una sola ARS operando en el respectivo municipio o la falta de capacidad administrativa t�cnica o financiera de las ARS que operan para recibir a los afiliados, en el Decreto 1024 de 2009 se establece que en dichos casos la Superintendencia Nacional de Salud autorice la cesi�n de los contratos de administraci�n de los recursos del subsidio. El decreto dispone -aunque no t�cnicamente- que el cesionario de tales contratos sea la Entidad Promotora de Salud del R�gimen Subsidiado de naturaleza p�blica del orden nacional, cuando prev� que la cesi�n implica el traslado de los afiliados a dicha entidad a partir del acto de cesi�n, sin perjuicio de la garant�a de libre escogencia (art. 2� n�m. 1). En el numeral 2 de este mismo art�culo no obstante s� califica a dicha entidad como "entidad cesionaria" y le impone el deber de entregar un nuevo carn� a los afiliados en los t�rminos y condiciones que all� se mencionan.

Precisamente en la demanda se cuestiona que el traslado de afiliados que supone la cesi�n de los contratos recaiga exclusivamente en la Entidad Promotora de Salud del R�gimen Subsidiado de naturaleza p�blica del orden nacional y no se extienda a las entidades privadas que participan de ese r�gimen, cuando ellas incluso tienen -seg�n el actor- mejores condiciones que aquella para recibir y prestar el servicio de salud a los usuarios del mismo.

En efecto, como se dijo en p�rrafos precedentes, los derechos a la libertad de empresa y a la libertad econ�mica de las empresas particulares prestadoras del servicio p�blico de salud no son absolutos y, por el contrario, encuentran claras limitaciones en la protecci�n del inter�s general y en la eficacia del derecho fundamental a la salud. Esas limitaciones, sin embargo, deben sustentarse en motivos suficientes y v�lidos.

En el presente asunto se observa que los motivos que soportan la medida cuestionada se concretan en la necesidad de garantizar una adecuada, continuay permanente prestaci�n del servicio p�blico de seguridad social en salud cuando se presenten las situaciones atr�s referidas que suponen la necesidad de la cesi�n de los contratos de administraci�n de los recursos del r�gimen subsidiado. Adem�s, en concepto de la Sala resulta id�neo el instrumento adoptado para lograr tal finalidad, pues el traslado de afiliados que dispone la norma se hace a una entidad p�blica que asegura una cobertura de servicios en todo el territorio nacional.

En la parte considerativa del Decreto 1024 de 2009 es expresa la justificaci�n de la medida cuestionada en los siguientes t�rminos:

"Que, con el objeto de garantizar la continuidad de la afiliaci�n inmediata de la poblaci�n de las entidades promotoras de salud del r�gimen subsidiado, cuando se presenten circunstancias que la impiden y ponen en riesgo la confianza p�blica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se considera necesario que el aseguramiento sea realizado a trav�s de una entidad p�blica del orden nacional de manera excepcional y sin perjuicio de menoscabar el derecho a la libre escogencia." (negrillas agregadas por la Sala)

"Art�culo 1�. Autorizaci�n de la cesi�n de contratos en el R�gimen Subsidiado. La Superintendencia Nacional de Salud, para garantizar la continuidad de la afiliaci�n, podr� autorizar la cesi�n de contratos en el r�gimen subsidiado cuando, a solicitud motivada de la entidad territorial, acredite la existencia de circunstancias que impidieron adelantar el procedimiento de que trata el art�culo 53 del Acuerdo 244 modificado por el art�culo 7� del Acuerdo 294 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud o las normas que lo desarrollen, adicionen o modifiquen." (resaltado ajeno al texto original)

"Art�culo 2�. Efectos de la cesi�n de contratos en el R�gimen Subsidiado autorizada. La cesi�n de contratos en el r�gimen subsidiado autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud, implica:

2. La continuidad del aseguramiento de los afiliados a cargo de la entidad cesionaria.

Seg�n se observa la medida censurada, esto es, el traslado de los afiliados a la entidad promotora de salud del r�gimen subsidiado de naturaleza p�blica del orden nacional, es una medida transitoria, excepcional y de contingencia, que responde al cumplimiento de un fin constitucionalmente leg�timo como es que el Estado garantice a todos los habitantes del territorio nacional -y especialmente en dicho r�gimen a la m�s vulnerable- una prestaci�n eficiente y continua del servicio p�blico de seguridad social en salud, el cual no puede verse interrumpido abruptamente por situaciones de tipo administrativo referidas a los contratos de administraci�n del subsidio, siendo id�neo el instrumento adoptado para lograr tal prop�sito, como antes se explic�.

Tal como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional la continuidad en la prestaci�n del servicio de salud es uno de los elementos propios del principio de eficiencia que gobierna el sistema de seguridad social en salud. En efecto, dicha Corporaci�n en la Sentencia T- 420 de 2007 manifest� que:

"[L]a garant�a de continuidad en el servicio de salud encuentra fundamento en dos hechos de especial relevancia constitucional. El primero, en que la continuidad constituye una caracter�stica esencial de todo servicio p�blico, de modo que siendo la seguridad social en salud un servicio p�blico obligatorio, su prestaci�n debe ser regular y continua, sin interrupciones, salvo que exista una causa legal que lo justifique y siempre que la misma se encuentre ajustada a las garant�as y derechos constitucionales. Y el segundo, en que la atenci�n de la salud, por mandato expreso del art�culo 49 Superior, se rige por los principios de universalidad y eficiencia, que se materializan en la vinculaci�n progresiva y efectiva de todos los habitantes del territorio nacional al sistema general de salud a trav�s de alguno de los reg�menes previstos legalmente (contributivo, subsidiado o vinculado), con lo cual, una vez que la persona ingrese a dicho sistema, existe una vocaci�n de permanencia y no puede, por regla general, ser separada o desvinculada del mismo". (negrillas agregadas por la Corte)

"La Constituci�n Pol�tica en su art�culo 48 consagra el derecho irrenunciable a la seguridad social, el cual se presta a todos los habitantes bajo la direcci�n, coordinaci�n y control del Estado, con sujeci�n a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los t�rminos que establece la ley. Del mismo modo, el art�culo 49 superior "garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoci�n, protecci�n y recuperaci�n de la salud".

13.- El art�culo 2 de la ley 100 de 1993 consagra los principios bajo los cuales se presta el servicio p�blico esencial de seguridad social. En lo que respecta al principio de eficiencia, la norma en cita lo define como "la mejor utilizaci�n social y econ�mica de los recursos administrativos, t�cnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente". (�nfasis a�adido)

Igualmente, en su art�culo 153, numeral 9, la ley 100 de 1993 puntualiz� que "El Sistema establecer� mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios la calidad en la atenci�n oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua, y de acuerdo con est�ndares aceptados en procedimientos y pr�cticas profesional. De acuerdo con la reglamentaci�n que expida el Gobierno, las instituciones prestadoras deber�n estar acreditadas ante las entidades de vigilancia." (�nfasis a�adido)

14.- En armon�a con lo indicado, la jurisprudencia de esta Corte ha se�alado que uno de los principios que gobierna la prestaci�n de los servicios p�blicos como el de salud, es el principio de continuidad, el cual se encuentra inmerso dentro del principio de eficiencia. En efecto, en sentencia SU-562 de 1999, la Corte Constitucional sostuvo: "Uno de los principios caracter�sticos del servicio p�blico es el de la eficiencia. Dentro de la eficiencia est� la continuidad en el servicio, porque debe prestarse sin interrupci�n".

El Tribunal Constitucional, como int�rprete autorizado de la Carta, ha fijado el alcance del principio de continuidad en la prestaci�n del servicio de salud. En sentencia T-406 de 1993, la Corte se�al� que "[e]l servicio p�blico responde por definici�n a una necesidad de inter�s general; ahora bien, la satisfacci�n del inter�s general no podr�a ser discontinua; toda interrupci�n puede ocasionar problemas graves para la vida colectiva. La prestaci�n del servicio p�blico no puede tolerar interrupciones".

15.- El Tribunal Constitucional, en una progresiva concreci�n jurisprudencial, estableci� que el derecho a la salud es un derecho fundamental aut�nomo, en cuyo contenido esencial se halla inmerso el derecho a acceder a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad; faceta esta �ltima en la que el principio de continuidad en la prestaci�n del servicio de salud, se despliega como una aut�ntica garant�a superior, integrada al derecho constitucional a la salud." (Negrillas a�adidas por la Corte)

De otro lado, la medida limitativa de la libertad econ�mica no resulta desproporcionada, en cuanto no elimina el modelo de libre empresa y de libre competencia dise�ado por el legislador, como s� ocurr�a por ejemplo en el asunto que se examin� por la Corte Constitucional en la sentencia C-898 de 2003 a que hizo referencie el se�or agente del Ministerio P�blico en su vista de fondo.

En el presente asunto, se deja a salvo por la norma en todo caso la posibilidad de que, luego de la adopci�n de la medida excepcional de traslado de afiliados, �stos en virtud del derecho a la libre escogencia puedan, bajo las condiciones que regula el mismo Decreto 1024 de 2009[23], escoger la Empresa Promotora del R�gimen Subsidiado de su predilecci�n para que le preste los servicios de aseguramiento en salud, de forma tal que no resulta eliminada la libertad econ�mica de las EPS privadas de ser participantes en el sistema de seguridad social en el citado r�gimen.

A partir de las consideraciones hasta aqu� expuestas es claro para la Sala que el aparte normativo acusado en el que se prev� como efecto de la cesi�n de contratos de administraci�n en el R�gimen Subsidiado de Salud "el traslado de los afiliados a la Entidad Promotora del R�gimen Subsidiado de naturaleza p�blica del orden nacional, a partir del acto de cesi�n, sin perjuicio de la garant�a de libre escogencia", no vulnera ninguna de las normas constitucionales ni legales invocadas como fundamento de la demanda, en cuanto que a trav�s de dicha norma no se desconoce el derecho de igualdad ni la libertad de empresa de las EPS de car�cter privado de ese mismo r�gimen que tambi�n est�n en capacidad de recibir tales afiliados, como tampoco el derecho de libre escogencia de los usuarios del servicio p�blico de salud, y mucho menos se excede con dicha disposici�n lo reglado en el art�culo 230 de la Ley 100 de 1993, reglamentado parcialmente por el Decreto 1024 de 2009[24].

En el anterior contexto se denegar�n las pretensiones de la demanda, al no haberse desvirtuado la presunci�n de legalidad del acto parcialmente acusado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

DENEGAR las s�plicas de la demanda de nulidad contra la expresi�n "de naturaleza p�blica del orden nacional" contenida en el numeral 1 del art�culo 2� del Decreto 1024 de 25 de marzo de 2009 "Por medio del cual se reglamenta parcialmente el art�culo 230 de la Ley 100 de 1993 para asegurar la continuidad en el aseguramiento y en la prestaci�n del servicio p�blico de salud en el r�gimen subsidiado y se dictan otras disposiciones", expedido por el Gobierno Nacional.

La anterior providencia fue le�da, discutida y aprobada por la Sala en su sesi�n del

[1] Sobre los art�culos 25 de la C.P. y 11 y 157 de la Ley 100 de 1993 no se expres� concepto alguno de violaci�n.

[2] La EPS CAPRECOM es la �nica con dicha naturaleza, seg�n se indica en la demanda.

[3] "Art�culo 2. Principios. El servicio p�blico esencial de seguridad social se prestar� con sujeci�n a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participaci�n: [�] b. UNIVERSALIDAD. Es la garant�a de la protecci�n para todas las personas, sin ninguna discriminaci�n, en todas las etapas de la vida; || [�] d. INTEGRALIDAD. Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad econ�mica y en general las condiciones de vida de toda la poblaci�n. Para este efecto cada quien contribuir� seg�n su capacidad y recibir� lo necesario para atender sus contingencias amparadas por esta Ley; [�]".

[4] Los trabajadores clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisb�n, cuya vinculaci�n laboral se pacte con una persona natural por d�as o por per�odos inferiores a un mes.

[5] "Art�culo 3. Del derecho a la seguridad social. El Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social. || Este servicio ser� prestado por el Sistema de Seguridad Social Integral, en orden a la ampliaci�n progresiva de la cobertura a todos los sectores de la poblaci�n, en los t�rminos establecidos por la presente ley."

[6] "Art�culo 6. Objetivos. El Sistema de Seguridad Social Integral ordenar� las instituciones y los recursos necesarios para alcanzar los siguientes objetivos: [�] 3. Garantizar la ampliaci�n de cobertura hasta lograr que toda la poblaci�n acceda al sistema, mediante mecanismos que en desarrollo del principio constitucional de solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad econ�mica suficiente como campesinos, ind�genas y trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral. [�]"

[7] "Art�culo 8. Conformaci�n del sistema de seguridad social integral. El Sistema de Seguridad Social Integral es el conjunto arm�nico de entidades p�blicas y privadas, normas y procedimientos y est� conformado por los reg�menes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley."

[8] "Art�culo 152. Objeto. La presente Ley establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, desarrolla los fundamentos que lo rigen, determina su direcci�n, organizaci�n y funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y de control y las obligaciones que se derivan de su aplicaci�n. || Los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud son regular el servicio p�blico esencial de salud y crear condiciones de acceso en toda la poblaci�n al servicio en todos los niveles de atenci�n. || Las competencias para prestaci�n p�blica de los servicios de salud y la organizaci�n de la atenci�n en salud en los aspectos no cobijados en la presente Ley se regir�n por las disposiciones legales vigentes, en especial por la ley 10 de 1990 y la ley 60 de 1993. Las actividades y competencias de salud p�blica se regir�n por las disposiciones vigentes en la materia, especialmente la ley 9 de 1979 y la ley 60 de 1993, excepto la regulaci�n de medicamentos que se regir� por lo dispuesto en la presente Ley."

[9] "Art�culo 153. Fundamentos del servicio p�blico. Adem�s de los principios generales consagrados en la Constituci�n Pol�tica, son reglas del servicio p�blico de salud, rectoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud las siguientes: || 1. Equidad. El Sistema General de Seguridad Social en Salud proveer� gradualmente servicios de salud de igual calidad a todos los habitantes en Colombia, independientemente de su capacidad de pago. Para evitar la discriminaci�n por capacidad de pago o riesgo, el Sistema ofrecer� financiamiento especial para aquella poblaci�n m�s pobre y vulnerable, as� como mecanismos para evitar la selecci�n adversa. || [�] 4. Libre escogencia. El Sistema General de Seguridad Social en Salud permitir� la participaci�n de diferentes entidades que ofrezcan la administraci�n y la prestaci�n de los servicios de salud, bajo las regulaciones y vigilancia del Estado y asegurar� a los usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, cuando ello sea posible seg�n las condiciones de oferta de servicios. Quienes atenten contra este mandato se har�n acogedores a las sanciones previstas en el art�culo 230 de esta Ley. [�]".

[10] "Art�culo 159. Se garantiza a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud la debida organizaci�n y prestaci�n del servicio p�blico de salud, en los siguientes t�rminos: [�] 3. La libre escogencia y traslado entre Entidades Promotoras de Salud, sea la modalidad de afiliaci�n individual o colectiva, de conformidad con los procedimientos, tiempos, l�mites y efectos que determine el gobierno nacional dentro de las condiciones previstas en esta Ley. [�]".

[11] "Art�culo 162. El Sistema General de Seguridad Social de Salud crea las condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Salud para todos los habitantes del territorio nacional antes del a�o 2001. Este Plan permitir� la protecci�n integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoci�n y fomento de la salud y la prevenci�n, diagn�stico, tratamiento y rehabilitaci�n para todas las patolog�as, seg�n la intensidad de uso y los niveles de atenci�n y complejidad que se definan. [�]".

[12] "Art�culo 178. Funciones de las entidades promotoras de salud. Las Entidades Promotoras de Salud tendr�n las siguientes funciones: || 1. Ser delegatarias del Fondo de Solidaridad y Garant�a para la captaci�n de los aportes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. || 2. Promover la afiliaci�n de grupos de poblaci�n no cubiertos actualmente por la Seguridad Social. || 3. Organizar la forma y mecanismos a trav�s de los cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional. Las Empresas Promotoras de Salud tienen la obligaci�n de aceptar a toda persona que solicite afiliaci�n y cumpla con los requisitos de Ley. || 4. Definir procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados y sus familias, a las Instituciones Prestadoras con las cuales haya establecido convenios o contratos en su �rea de influencia o en cualquier lugar del territorio nacional, en caso de enfermedad del afiliado y su familia. || 5. Remitir al Fondo de Solidaridad y Compensaci�n la informaci�n relativa a la afiliaci�n del trabajador y su familia, a las novedades laborales, a los recaudos por cotizaciones y a los desembolsos por el pago de la prestaci�n de servicios. || 6. Establecer procedimientos para controlar la atenci�n integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. || 7. Las dem�s que determine el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud."

[13] "Art�culo 230. R�gimen sancionatorio. La Superintendencia Nacional de Salud, previa solicitud de explicaciones, podr� imponer, en caso de violaci�n a las normas contenidas en los art�culos 161, 168, 178, 182, 183, 188, 204, 210, 225 y 227, por una sola vez, o en forma sucesiva, multas en cuant�a hasta de 1.000 salarios m�nimos legales mensuales vigentes a favor de la subcuenta de Solidaridad del Fondo de solidaridad y Garant�a. || [�] || Par�grafo 1�. El Gobierno reglamentar� los procedimientos de fusi�n, adquisici�n, liquidaci�n, cesi�n de activos, pasivos y contratos, toma de posesi�n para administrar o liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades promotoras y prestadoras que permitan garantizar la adecuada prestaci�n del servicio de salud a que hace referencia la presente Ley, protegiendo la confianza p�blica en el sistema. Par�grafo 2�. La Superintendencia Nacional de Salud ejercer� las funciones de inspecci�n, control y vigilancia respecto de las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera que sea su naturaleza jur�dica." (Subrayas agregadas)

[14] Cita como fundamento de esta consideraci�n los fundamentos de la Sentencia C-898 de 2003 de la Corte Constitucional, providencia en la que se examin� la exequibilidad del numeral 1� del art�culo 216 de la Ley 100 de 1993.

[16] A este respecto precisamente la Corte Constitucional en la sentencia C-791 de 2002 sostuvo lo siguiente: " [�] Teniendo en cuenta su naturaleza de derecho prestacional, la Constituci�n no opt� por un �nico modelo en esta materia sino que confi� al Legislador la tarea de configurar su dise�o, por ser �ste el foro de discusi�n pol�tica y democr�tica por excelencia donde deben ser analizadas reposadamente las diferentes alternativas a la luz de las condiciones econ�micas, los esquemas institucionales y las necesidades insatisfechas (entre otros factores), teniendo siempre como norte su realizaci�n progresiva en cuanto a calidad y cobertura se refiere. As�, por ejemplo, la Carta no establece un sistema de salud y seguridad social estrictamente p�blico ni prefiere uno de car�cter privado, sino que deja a la ley la regulaci�n de ese punto." Ciertamente, en su art�culo 48 se�ala la Carta Pol�tica que la seguridad social puede ser prestada "por entidades p�blicas o privadas, de conformidad con la ley" (negrillas de la Sala).

[17] Corte Constitucional Sentencia C-616 de 2001. Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

[18] Para la administraci�n del sistema de seguridad social en salud la Ley 100 de 1993 prev� la existencia de Entidades Promotoras de Salud (EPS), cuya responsabilidad fundamental es la afiliaci�n de los usuarios y la prestaci�n a sus afiliados del Plan Obligatorio de Salud (POS), y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que son entidades privadas, oficiales, mixtas, comunitarias o solidarias, organizadas para la prestaci�n de los servicios de salud a los afiliados al Sistema, dentro de las EPS o fuera de ellas. (Ley 100 de 1993, art. 85)

[19] Criterio reiterado en las sentencias C-615 de 2002 y C-791 de 2002, entre otras.

[20]Se alude a esta providenciain extenso en consideraci�n a que es sus fundamentos a en que se soporta el concepto del Ministerio P�blico en este proceso, cuyo agente solicita decretar la nulidad del aparte normativo acusado en este proceso.

[21] Sentencia de 18 de junio de 2009, proferida en el proceso con radicado n�m. 11001 0324 000 2005 00242 01, Consejero Ponente Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

[22] El cual debe producirse al d�a siguiente de la ocurrencia de cualquiera de las circunstancias antes enunciadas.

[23] "Art�culo 3�. Garant�a de la libre escogencia de los afiliados trasladados por efecto de la cesi�n de contratos autorizada. Con el objeto de garantizar el derecho a la libre escogencia de los afiliados, tan pronto se realice el traslado, la entidad cesionaria deber� informar a los afiliados, como m�nimo, dos veces, dentro de los cinco (5) d�as siguientes, contados a partir del traslado en un medio de comunicaci�n de amplia circulaci�n en los lugares en que cumple funciones de aseguramiento, que disponen de sesenta (60) d�as calendario a partir de la publicaci�n del �ltimo aviso, para ejercer el derecho de libre escogencia de otra Entidad Promotora de Salud del R�gimen Subsidiado - EPS'S. || Vencido el t�rmino antes se�alado, se informar� a la entidad territorial sobre los afiliados que hayan manifestado su voluntad de traslado a otra EPS'S, decisi�n que se har� efectiva en el siguiente periodo de contrataci�n. Para aquellos afiliados que no hubieren manifestado su deseo de traslado, solo podr�n ejercerla nuevamente una vez cumplan con el per�odo m�nimo de permanencia exigido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud para el R�gimen Subsidiado o quien haga sus veces."

[24] En Sentencias de fechas 20 de junio de 2012 (C.P. Elizabeth Garc�a Gonz�lez) y 23 de enero de 2014 (C.P. Marco Antonio Velilla Moreno), proferidas en los procesos con radicados n�mero 2007-00200-00 y 2007-00387-00, esta Secci�n neg� la nulidad del Decreto 055 de 2007 proferido por el Gobierno Nacional "Por el cual se establecen mecanismos tendientes a garantizar la continuidad en el aseguramiento y la prestaci�n del servicio p�blico de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". Entre esas medidas, se prev� en dicho decreto el traslado excepcional de afiliados de las EPS del r�gimen contributivo que hayan sido objeto de revocatoria de su autorizaci�n de funcionamiento, o de intervenci�n para liquidaci�n o de supresi�n o liquidaci�n hacia Entidades Promotoras de Salud p�blicas o en donde el Estado tenga participaci�n. En las respectivas demandas se formulan acusaciones como las planteadas en este proceso, relativas a la violaci�n del derecho a la igualdad de las EPS privadas y a la violaci�n de la libertad de empresa y de la libertad de escogencia de los usuarios, las cuales son destinadas por la Secci�n con similares razones a las expuestas en esta providencia.