100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010001680SENTENCIA-- Seleccione --11001-03-24-000-2005-00316-00201216/03/2012SENTENCIA_-- Seleccione --___11001-03-24-000-2005-00316-00__2012_16/03/2012100016802012TELETOLIMA - Naturaleza jurídica / EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL TOLIMA - Supresión / SUPRESION DE SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - Competencia En el Decreto 1612 de 12 de junio de 2003 el Presidente de la República invocó para su expedición sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto Ley 254 de 2000. El artículo 189 de la Constitución Política, que consagra las funciones del Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, señala en su numeral 15 que le corresponde a dicha autoridad "Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales, de conformidad de con la Ley". El 29 de diciembre de 1998, el legislador expidió la Ley 489 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", y en su capítulo XI previó: Creación. Fusión, supresión y reestructuración de organismos y entidades Artículo 52.- DE LA SUPRESIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES U ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES. El Presidente de la República podrá suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de entidades y organismos administrativos del orden nacional previstos en el artículo 38 de la presente ley cuando: 1. Los objetivos señalados al organismo o entidad en el acto de creación hayan perdido su razón de ser. 2. Los objetivos y funciones a cargo de la entidad sean transferidos a otros organismos nacionales o a las entidades del orden territorial. 3. Las evaluaciones de la gestión administrativa efectuadas por el Gobierno Nacional, aconsejen su supresión o la transferencia de funciones a otra entidad. 4. Así se concluya por la utilización de los indicadores de gestión y de eficiencia que emplean los organismos de control y los resultados por ellos obtenidos cada año, luego de realizar el examen de eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos públicos, determinada la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficiarios de su actividad o el examen de los resultados para establecer en qué medida se logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración en un período determinado. 5. Exista duplicidad de objetivos y/o de funciones esenciales con otra u otras entidades. 6. Siempre que como consecuencia de la descentralización de un servicio la entidad pierda la respectiva competencia. Las entidades, objeto de supresión, son aquellas que integran la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, tanto en el sector central como en el sector descentralizado por servicios, y que están previstas en el artículo 38 de la ley 489 de 1998, cuyo tenor literal es el siguiente: "ARTÍCULO 38. INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO EN EL ORDEN NACIONAL. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades: 1. Del Sector Central: a) La Presidencia de la República; b) La Vicepresidencia de la República; c) Los Consejos Superiores de la administración; d) Los ministerios y departamentos administrativos; e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica. 2. Del Sector descentralizado por servicios: a) Los establecimientos públicos; b) Las empresas industriales y comerciales del Estado; c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios; e) Los institutos científicos y tecnológicos; f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta; g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público. …" Por el Decreto Ley 254 de 2000 se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, el cual es aplicable para las entidades de dicho orden respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución. (art. 1º) La Sala utilizando las mismas razones que se expusieron en las citadas sentencias, encuentra que el cargo de falta de competencia, único invocado por el demandante, no tiene vocación de prosperidad, como quiera que las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas hacen parte de las entidades u organismos que conforman la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, a las que se refiere el artículo 38 de la Ley 498 de 1998 y, como quedó precisado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 189 núm. 15 de la C.P. y 52 de la citada ley, el Presidente de la República está facultado para disponer la supresión, disolución y liquidación de tales entidades u organismos, como en efecto lo hizo mediante el Decreto 1612 de 2003 respecto de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima TELETOLIMA S.A. E.S.P. FUENTE FORMAL : CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 189.15 / LEY 489 DE 1998 - ARTICULO 38 / LEY 489 DE 1998 - ARTICULO 52.3 / DECRETO LEY 254 DE 2000 NOTA DE RELATORIA : Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 12 de febrero de 2009, Radicado 2003-00408-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, por medio de la cual se negó la pretensión de declarar la nulidad del Decreto 1607 de 12 de junio de 2003, "Por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño - TELENARIÑO S.A. E.S.P. y se ordena su disolución y liquidación"; Consejo de Estado Sección Tercera, del 02 de marzo de 2006, Radicado 29.703, Corte Constitucional sentencias T-1212 de 2004 y C-736 de 2007. NORMA DEMANDADA: DECRETO 1612 DE 2003 (12 de junio) - GOBIERNO NACIONAL (No anulado) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E) Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadMARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E)JORGE ALBERTO JURADO MURILLODecreto 1612 de 12 de junio de 2003 "Por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima - Teletolima S.A. E.S.P. y se ordena su disolución y liquidación",Identificadores10010001681true2139Versión original10001681Identificadores

Fecha Providencia

16/03/2012

Sala:  -- Seleccione --

Consejero ponente:  MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E)

Norma demandada:  Decreto 1612 de 12 de junio de 2003 "Por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima - Teletolima S.A. E.S.P. y se ordena su disolución y liquidación",

Demandante:  JORGE ALBERTO JURADO MURILLO


TELETOLIMA - Naturaleza jurídica / EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL TOLIMA - Supresión / SUPRESION DE SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - Competencia

En el Decreto 1612 de 12 de junio de 2003 el Presidente de la República invocó para su expedición sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto Ley 254 de 2000. El artículo 189 de la Constitución Política, que consagra las funciones del Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, señala en su numeral 15 que le corresponde a dicha autoridad "Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales, de conformidad de con la Ley". El 29 de diciembre de 1998, el legislador expidió la Ley 489 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", y en su capítulo XI previó: Creación. Fusión, supresión y reestructuración de organismos y entidades Artículo 52.- DE LA SUPRESIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES U ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES. El Presidente de la República podrá suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de entidades y organismos administrativos del orden nacional previstos en el artículo 38 de la presente ley cuando: 1. Los objetivos señalados al organismo o entidad en el acto de creación hayan perdido su razón de ser. 2. Los objetivos y funciones a cargo de la entidad sean transferidos a otros organismos nacionales o a las entidades del orden territorial. 3. Las evaluaciones de la gestión administrativa efectuadas por el Gobierno Nacional, aconsejen su supresión o la transferencia de funciones a otra entidad. 4. Así se concluya por la utilización de los indicadores de gestión y de eficiencia que emplean los organismos de control y los resultados por ellos obtenidos cada año, luego de realizar el examen de eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos públicos, determinada la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficiarios de su actividad o el examen de los resultados para establecer en qué medida se logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración en un período determinado. 5. Exista duplicidad de objetivos y/o de funciones esenciales con otra u otras entidades. 6. Siempre que como consecuencia de la descentralización de un servicio la entidad pierda la respectiva competencia. Las entidades, objeto de supresión, son aquellas que integran la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, tanto en el sector central como en el sector descentralizado por servicios, y que están previstas en el artículo 38 de la ley 489 de 1998, cuyo tenor literal es el siguiente: "ARTÍCULO 38. INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO EN EL ORDEN NACIONAL. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades: 1. Del Sector Central: a) La Presidencia de la República; b) La Vicepresidencia de la República; c) Los Consejos Superiores de la administración; d) Los ministerios y departamentos administrativos; e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica. 2. Del Sector descentralizado por servicios: a) Los establecimientos públicos; b) Las empresas industriales y comerciales del Estado; c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios; e) Los institutos científicos y tecnológicos; f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta; g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público. …" Por el Decreto Ley 254 de 2000 se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, el cual es aplicable para las entidades de dicho orden respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución. (art. 1º) La Sala utilizando las mismas razones que se expusieron en las citadas sentencias, encuentra que el cargo de falta de competencia, único invocado por el demandante, no tiene vocación de prosperidad, como quiera que las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas hacen parte de las entidades u organismos que conforman la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, a las que se refiere el artículo 38 de la Ley 498 de 1998 y, como quedó precisado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 189 núm. 15 de la C.P. y 52 de la citada ley, el Presidente de la República está facultado para disponer la supresión, disolución y liquidación de tales entidades u organismos, como en efecto lo hizo mediante el Decreto 1612 de 2003 respecto de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima TELETOLIMA S.A. E.S.P.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 189.15 / LEY 489 DE 1998 - ARTICULO 38 / LEY 489 DE 1998 - ARTICULO 52.3 / DECRETO LEY 254 DE 2000

NOTA DE RELATORIA: Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 12 de febrero de 2009, Radicado 2003-00408-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, por medio de la cual se negó la pretensión de declarar la nulidad del Decreto 1607 de 12 de junio de 2003, "Por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño - TELENARIÑO S.A. E.S.P. y se ordena su disolución y liquidación"; Consejo de Estado Sección Tercera, del 02 de marzo de 2006, Radicado 29.703, Corte Constitucional sentencias T-1212 de 2004 y C-736 de 2007.

NORMA DEMANDADA: DECRETO 1612 DE 2003 (12 de junio) - GOBIERNO NACIONAL (No anulado)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E)

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012)

Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00316-00

Actor: JORGE ALBERTO JURADO MURILLO

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó el ciudadano JORGE ALBERTO JURADO MURILLO, en ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, que la Sala interpretó como acción pública de nulidad[1], contra el Decreto 1612 de 12 de junio de 2003 "Por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima - Teletolima S.A. E.S.P. y se ordena su disolución y liquidación", expedido por el Gobierno Nacional.

I. LA DEMANDA

En ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., el ciudadano JORGE ALBERTO JURADO MURILLO, actuando en su propio nombre, solicita a la Corporación que acceda a la siguiente,

1. Pretensión

Declarar la nulidad del Decreto 1612 de 12 de junio de 2003 "Por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima - Teletolima S.A. E.S.P. y se ordena su disolución y liquidación", expedido por el Gobierno Nacional.

2. Hechos en que se funda la demanda

Se mencionan como tales los siguientes:

1. Mediante escritura pública núm. 113 del 30 de enero de 1981, otorgada ante la Notaria Primera del Circulo de Ibagué, fue creada una Sociedad entre Entidades Públicas, sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Comunicaciones, denominada "Empresa de Telecomunicaciones del Tolima - TELETOLlMA"; los otorgantes fueron los representantes legales de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones "Telecom" (70%), de las Empresas Públicas Municipales de Ibagué (28.62069%) y de la Beneficencia del Tolima (1.37931%).

2. En concepto 1066 de 18 de diciembre de 1997, la Sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado precisó que "… la Ley 142 de 1994 … estableció una nueva clase de entidad descentralizada por servicios, la de la empresa de servicios públicos oficial o mixta, consistente en una sociedad por acciones destinada a prestar los servicios públicos que regula esta ley, con un régimen jurídico especial (art. 19) …"; la doctrina nacional, por otro lado, ha considerado en forma unánime que las sociedades por acciones empresas de servicios públicos mixtas son un nuevo tipo societario, diverso a las sociedades de economía mixta.

3. Por escritura pública núm. 110 del 19 de enero de 1998, otorgada ante el Notario Cuarto de Ibagué, se transformó la sociedad entre entidades públicas "TELETOLlMA" en una Sociedad por Acciones - Empresa de Servicios Públicos Oficial con cinco accionistas, a saber: la Empresa Nacional de Telecomunicaciones "Telecom" (76.5492 %), la Empresa de Servicios Públicos de Ibagué E.S.P. (21.9840 %), la Beneficencia del Tolima (1.4396 %), la Empresa de Telecomunicaciones del Huila S.A. (0.0234%), la Empresa de Telecomunicaciones de Armenia S.A. (0.005 %), el Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado E.S.P. IBAL (0.0027%) Y la Fábrica de Licores del Tolima (0.0005%).

4. El 29 de diciembre del año 1998 el Congreso de la República expidió la Ley 489 de 1.998 "por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", ley que no abrogó, ni subrogó, ni derogó la Ley 142 de 1994.

5. La sociedad por acciones "Empresa de Telecomunicaciones del Tolima S.A. E.S.P." "TELETOLIMA S.A.", como empresa de servicios públicos oficial resultó cobijada por los artículos 38 (literal d del ordinal 2) y 52 de la ley 489 de 1998, éste último declarado exequible en la sentencia C-702 de 1999.

6. Mediante escritura pública núm. 3744 del 29 de diciembre de 1999, se protocolizó el acuerdo mediante el cual se readquirieron la totalidad de las acciones que TELEHUILA le había comprado a TELETOLlMA S.A. E.S.P., razón por la cual TELEHUILA dejó de ser accionista en TELETOLlMA. Para esa fecha los accionistas eran Telecom, Empresas Públicas Municipales, Beneficencia del Tolima, TeleArmenia S.A. E.S.P., IBAL y la Fábrica de Licores del Tolima.

7. A través de la escritura pública núm. 153 de 26 de enero de 2001 se aprobó la recompra por parte de TELEHUILA de las acciones de TELETOLlMA, siendo la primera nuevamente accionista. Teniendo en cuenta que TELEHUILA tenía para esa época el carácter de Sociedad por Acciones - Empresa de Servicios Públicos Mixta, Teletolima S.A. E.S.P. también se transformó en empresa de servicios públicos mixta.

8. En efecto, mediante escritura pública núm. 407 del 23 de febrero de 2001, otorgada ante el Notario Cuarto de Ibagué se protocolizó la transformación de la Sociedad por Acciones - Empresa de Servicios Públicos Oficial "TELETOLIMA S.A. E.S.P." en una Sociedad por Acciones - Empresa de Servicios Públicos Mixta, con los siguientes accionistas: la Empresa Nacional de Telecomunicaciones "Telecom", la Empresa de Servicios Públicos de Ibagué E.S.P., la Beneficencia del Tolima, la Empresa de Telecomunicaciones del Huila S.A., la Empresa de Telecomunicaciones de Armenia S.A., el Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado E.S.P. IBAL y la Fábrica de Licores del Tolima. Dicha reforma estatutaria se inscribió en la Cámara de Comercio de Ibagué, bajo el Número 27.892 del Libro IX el 22 de marzo de 2001.

9. Con la transformación de la sociedad por acciones "Empresa de Telecomunicaciones del Tolima S.A. E.S.P. "TELETOLlMA S.A. E.S.P.", en una empresa de servicios públicos mixta, esta Teleasociada dejo de ser una de las entidades que integran la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.

10. Por medio de escritura pública núm. 1496 del 22 de Junio de 2001, otorgada ante el Notario Cuarto de Ibagué, se protocolizó una reforma estatutaria a la Sociedad por Acciones - Empresa de Servicios Públicos Mixta "TELETOLlMA S.A. E.S.P.", conservando su artículo primero la siguiente denominación y contenido: "NATURALEZA y RAZON SOCIAL. La sociedad tendrá la razón social de "Empresa de Telecomunicaciones del Tolima S.A., empresa de servicios públicos", y usar la sigla "TELETOLlMA S.A. E.S.P." y por medio de estos estatutos se modifica su naturaleza, se constituye como una sociedad por acciones, conformada entre entidades públicas y mixtas, sometida a las reglas de la Ley 142 de 1994 o a las normas que lo modifiquen, a lo previsto en los estatutos y en lo demás a lo dispuesto en el Código de Comercio sobre sociedades anónimas. Con Personería Jurídica propia, plena autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. La sociedad es una empresa de servicios públicos del orden nacional mixta, por cuanto los aportes oficiales son inferiores al cien por ciento (100%) de su capital social. La sociedad pertenece al sector administrativo de las comunicaciones y se somete al régimen jurídico previsto para las empresas de servicios públicos mixtas". Esta reforma estatutaria que se inscribió en el Libro IX de la Cámara de Comercio de Ibagué el 17 de julio de 2001, no implicó la desaparición de la inversión privada en el capital de TELETOLlMA S.A. E.S.P., el cual siguió estando conformado por menos del 100% de capital oficial, por lo que esta Teleasociada continuó por fuera de las entidades que integran la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.

11. El 9 de diciembre de 2002, la Beneficencia del Tolima, que era en ese entonces uno de los accionistas de TELETOLlMA S.A. E.S.P., hizo el ofrecimiento escrito de la totalidad de las acciones que tenía en esta empresa de servicios públicos a los otros accionistas de la misma. EI 11 de diciembre de 2002, en la ciudad de Ibagué se reunió la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad por Acciones - Empresa de Servicios Públicos "TELETOLlMA S.A. E.S.P.", con la participación de sus accionistas (Telecom, Infibague, Beneficencia del Tolima, Fábrica de Licores del Tolima, Ibal, TeleArmenia S.A. E.S.P. y TeleHuila S.A. E.S.P.), presentándose la manifestación de la totalidad de accionistas, en el sentido de que no estaban interesados en el ofrecimiento de las acciones que hacía la Beneficencia del Tolima y por lo tanto la dejaban en libertad para que las enajenara. En esa fecha la sociedad por acciones era una empresa de servicios públicos domiciliarios mixta.

12. El 23 de enero de 2003 la Sociedad de Economía Mixta Indirecta del Orden Nacional, de Naturaleza única, denominada "Central de Inversiones S.A. CISA" recibió como parte de pago de las obligaciones que la Beneficencia del Tolima tenía con dicha entidad 37.283 acciones que la beneficencia poseía en la sociedad por acciones empresa de servicios públicos mixta "TELETOLlMA S.A. E.S.P.".

13. La Empresa de Telecomunicaciones del Tolima "TELETOLlMA S.A. E.S.P." (hoy en liquidación) mediante comunicación escrita firmada por su Subgerente Financiera, fechada 21 de enero de 2003 y radicada el 1 de febrero de 2003 bajo el número 2003-529-006642-2, informó a la Superintendencia de Servicios Públicos que estaba constituida como empresa de servicios públicos mixta, conformada como una sociedad por acciones.

14. El 26 de marzo de 2003 en la ciudad de Ibagué se reunió la Asamblea General de Accionistas de la sociedad por acciones empresa de servicios públicos "TELETOLlMA S.A. E.S.P.", con la participación de todos sus accionistas (Telecom, Infibague, Central de Inversiones S.A. CISA, Ibal, TeleArmenia S.A. E.S.P. y TeleHuila S.A. E.S.P.), aprobándose una reforma estatutaria.

15. Desde comienzos de mayo del año 2003, Presidencia de la República y Presidencia de Telecom empezaron a ejecutar acciones tendientes a que la acción de propiedad de un empresario privado existente en TeleBucaramanga S.A. E.S.P. y las acciones de propiedad de un empresario mixto existentes en TeleHuila S.A. E.S.P., fueran adquiridas por otro de los accionistas estatales de dichas empresas de servicios públicos.

16. El 6 de Mayo de 2003, en la Notaría 64 de Bogotá se protocolizó la Escritura Pública Número 0001431 de dicha fecha, en la cual, en desarrollo de la Ley 795 de 14 de enero de 2003, se estableció que CISA S.A. "... es una sociedad de economía mixta indirecta del orden nacional, tendrá naturaleza única y se sujetará en la celebración de todos sus actos y contratos al régimen de derecho privado … Por su naturaleza única a Central de Inversiones S.A., no le es aplicable el régimen de las entidades del sector público del orden nacional."

17. Mediante escritura pública núm. 1422 del 31 de Mayo de 2003, otorgada ante el Notario Primero del Círculo de Ibagué se protocolizó la reforma estatutaria a la Sociedad por Acciones - Empresa de Servicios Públicos Mixta "TELETOLlMA S.A. E.S.P, quedando el artículo primero de los estatutos sociales con la siguiente denominación y contenido: "NATURALEZA y RAZON SOCIAL. La sociedad es de la naturaleza de las anónimas, constituida como una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, conforme a las disposiciones de la ley 142 de 1994, y normas concordantes. La sociedad tendrá la razón social de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL TOLIMA, Empresa de Servicios Públicos, y usará la sigla "TELETOLlMA S.A. E.S.P.".

18. En la anterior escritura pública (1422 de mayo 31 de 2003) se volvió a protocolizar un hecho absolutamente evidente, cual es, el que el 100% del capital social de TELETOLlMA S.A. E.S.P. no es capital oficial, debido a que en la conformación del capital de uno de sus accionistas (Central de Inversiones S.A. "CISA S.A.") hay presencia de capital privado.

19. EI 9 de Junio de 2003 el Gobierno Nacional aparentemente consiguió su objetivo en TeleHuila de que las acciones pertenecientes al capital mixto fueran adquiridas por el capital estatal, ocasionando que dicha empresa de servicios públicos dejara de ser mixta y recuperara su condición de oficial, logrando de paso, que las Teleasociadas que eran empresas de servicios públicos mixtas por la presencia de TeleHuila, también recuperan su condición de empresas de servicios públicos oficiales. Como en TeleTolima su condición de mixta no dependía solamente de la condición de mixta de TeleHuila, sino de la presencia del capital invertido por CISA S.A., que es una sociedad de economía mixta indirecta del orden nacional de naturaleza única a la cual no le es aplicable el régimen de las entidades del sector público del orden nacional, TeleTolima no perdió su condición de Sociedad por Acciones Empresa de Servicios Públicos Mixta.

20. El 11 de Junio de 2003 se produjo por parte del Departamento Nacional de Planeación el Documento Técnico DIE-STEL que contiene los "Lineamientos de Política para los Servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC) a cargo de la Nación a través de Telecom y sus Empresas Teleasociadas", en el cual se recomendó: "(…) 1. Reorganizar la prestación del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada - TPBC, mediante la integración y consolidación en la prestación de los servicios de Telecom y sus Teleasociadas, en un nuevo modelo de operación que incorpore criterios de eficiencia, control de costos y competitividad. 2. Transferir todas las funciones relacionadas con la prestación del servicio de Telecomunicaciones a cargo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom y de las empresas vinculadas a ésta, a una entidad que el Gobierno Nacional ordenará constituir para asumir los servicios de Telecomunicaciones. 3. Liquidar Telecom y las empresas Teleasociadas. (…) 7. Incorporar en el nuevo modelo de Gestión a las Teleasociadas que no se puedan incluir en el actual proceso, a través de la adopción de las medidas pertinentes, de acuerdo con las particularidades de cada caso. (…)". Como se advierte, el Departamento Nacional de Planeación, que es el responsable de coordinar y orientar el Programa de Reforma estatal, advirtió al Gobierno Nacional que no todas las Teleasociadas podían y debían ser suprimidas, disueltas y liquidadas, dada la condición de sociedad por acciones­ - empresas de servicios públicos mixtas de algunas de ellas; las que no se podían incluir en el proceso de liquidación debían ser incorporadas en el nuevo modelo de gestión.

21. Para el 11 de junio de 2003, el prestador de servicios públicos domiciliarios denominado Empresa de Telecomunicaciones de Tolima S.A. E.S.P. "TELETOLlMA S.A. E.S.P." se encontraba inscrito en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Públicos - RENASER de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Circular Externa 008 de 2002), como una Sociedad por Acciones - Empresa de Servicios Públicos Mixta. Así mismo, para dicha fecha, la Sociedad por Acciones denominada Empresa de Telecomunicaciones de Tolima S.A. E.S.P. "TELETOLlMA S.A. E.S.P." se encontraba inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué, como una Sociedad por Acciones - Empresa de Servicios Públicos Mixta.

22. Para el 10 de junio de 2003, la Empresa de Telecomunicaciones de Tolima S.A. E.S.P. "TELETOLlMA S.A. E.S.P." no se encontraba inmersa en ninguna de las causales de disolución establecidas por la Ley 142 de 1994 y por el Código de Comercio.

23. Al otro día de producido Documento Técnico DIE-STEL que contiene los "Lineamientos de Política para los Servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC) a cargo de la Nación a través de Telecom y sus Empresas Teleasociadas", esto es, el 12 de Junio de 2003 el Gobierno Nacional expidió un paquete de Decretos, entre los cuales se encuentra el Decreto 1612 que ordena la supresión, liquidación y disolución de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima S.A. E.S.P. "TELETOLlMA S.A. E.S.P.", entidad a la cual equivocadamente se dio por una Sociedad por Acciones - Empresa de Servicios Públicos Oficial, cuando en realidad era una Sociedad por Acciones - Empresa de Servicios Públicos Mixta. ­

24. La Escritura Pública Número 1422 del 31 de Mayo de 2003, otorgada ante el Notario Primero de Ibagué, con la cual sus accionistas ratificaron su condición de sociedad por acciones - empresa de servicios públicos domiciliarios mixta, fue inscrita ante la Cámara de Comercio de Ibagué el día 13 de Junio de 2003 bajo el Número 00030708 del Libro IX, es decir, que un día después de que se ordenó la liquidación de TeleTolima S.A. E.S.P. argumentando que era una sociedad por acciones - empresa de servicios públicos oficial, la autoridad competente inscribía en los libros respectivos su condición de mixta.

25. El Decreto 1612 fechado 12 de Junio de 2003 fue inscrito en la Cámara de Comercio de Ibagué el 20 de Junio de 2003, bajo el Número 00030735 del Libro IX. Para el momento de esta inscripción el 100% del capital de TELETOLlMA S.A. ES.P. no era oficial, puesto que en la composición del capital de uno de sus accionistas (Central de Inversiones S.A. "CISA S.A.") existía presencia de capital privado, lo cual es corroborado incluso por la propia Gerente Jurídica de CISA S.A.

26. El 7 de Noviembre de 2003 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por conducto del Superintendente Delegado para Telecomunicaciones, mediante oficio 2003-331 (radicado SSPO 2003-529-040095-1) solicitó a TELETOLlMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN informar la naturaleza jurídica y la composición accionaria que ostentaba el 13 de junio de 2003.

27. En respuesta a la anterior solicitud, TELETOLlMA S.A. E.S.P. - en liquidación, por conducto de su Apoderado Liquidador, mediante oficio GTL-110­01002 radicado el 13 de noviembre de 2003 (SSPO Radicado No 2003-529-063743-2), informó que el 13 de junio de 2003 "La Empresa de Telecomunicaciones del Tolima S.A. E.S.P. es de la naturaleza de las anónimas, constituida como una empresa de servicios públicos domiciliarios, de carácter mixto, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 …", ratificando con ello que para la fecha de expedición del Decreto 1612, TELETOLlMA S.A. E.S.P. no era una entidad del orden nacional de las previstas en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998.

28. En concepto SSPS-OJ-2004-362, radicado 20041300586671, proferido por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el cual se dio respuesta a un Derecho de Petición de Información y Absolución de consulta elevado por mí en relación con la naturaleza jurídica que la sociedad por acciones TELETOLlMA S.A. E.S.P. tenía el 12 de Junio de 2004 se dijo que "De conformidad con la actualización del Registro - RENASER, la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima -TELETOLlMA S.A. E.S.P. figuraba como una empresa de servicios públicos mixta, conformada como una sociedad por acciones." ... "De acuerdo con la información suministrada por la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima ­ TELETOLlMA S.A. E.S.P., (hoy en liquidación), mediante radicado 2003-529-006642-2 del 1 de febrero de 2003, la empresa estaba constituida como empresa de servicios públicos mixta, conformada como una sociedad por acciones. Para mayor información se anexa copia de la escritura de constitución y certificado Cámara y Comercio...".

3.- Normas violadas y concepto de la violación

En la demanda se indican como infringidos los artículos 1, 113, 115, 121, 150 numerales 1 y 23, y 189 numerales 10, 15 y 22 de la Constitución Política, por razones que se concretan en los cargos de incompetencia por razón de la materia para proferir el acto acusado y desviación de poder.

Al explicar el concepto de violación de tales normas, señaló que la Constitución Política en su artículo 113 consagra la separación de poder público en diversas ramas como un postulado propio de los Estados de Derecho, el cual es complementado con el principio de legalidad, establecido en el artículo 121 ibídem, por virtud del cual "ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley".

Estimó que con la expedición del Decreto 1612 del 12 de junio de 2003 el Gobierno nacional se insubordinó contra el orden jurídico, invadiendo las funciones de la rama legislativa, en cuanto ordenó suprimir, disolver y liquidar la Sociedad por Acciones - Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Mixta denominada Empresa de Telecomunicaciones del Tolima S.A. E.S.P. "TELETOLIMA S.A. E.S.P."

Afirmó que la atribución presidencial señalada en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política no es para suprimir entidades prestadoras de servicios públicos en general, sino solamente para suprimir entidades prestadoras de servicios públicos que sean "… entidades u organismos nacionales de conformidad con la ley" y la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima S.A. E.S.P. "TELETOLIMA S.A. E.S.P." no es una entidad u organismo administrativo nacional, porque no es una empresa industrial y comercial del estado, ni una sociedad de economía mixta, ni una empresa de servicios públicos oficial, sino una empresa de servicios públicos mixta.

Precisó que como la norma antes citada remite a la ley, es imprescindible acudir al artículo 38 de la Ley 489 de 1998, norma vigente que define cuáles son las entidades u organismos administrativos de carácter nacional, el cual solamente considera como tal a las sociedades por acciones - empresas de servicios públicos oficiales, mientras que no le da ese carácter ni a las sociedades por acciones - empresas de servicios públicos privadas ni a las mixtas.

Destacó, en ese orden, que "TELETOLIMA S.A. E.S.P." era para el 12 de junio de 2003 una empresa de servicios públicos mixta y, por ende, no era una entidad u organismo administrativo nacional que pudiera ser suprimida por el Presidente de la República con base en el numeral 15 del artículo 189 de la C.P.

Concluyó que el Gobierno Nacional, dada la naturaleza jurídica de "TELETOLIMA S.A. E.S.P." no tenía facultades para suprimirla, por lo que al hacerlo mediante el decreto acusado vulneró el artículo 121 de la C.P.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1 El apoderado de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público acudió al proceso para defender la legalidad del acto acusado, con apoyo en la siguiente argumentación:

Expresó que la expedición de la ley marco supone la existencia de una competencia normativa ampliada en cabeza del Presidente de la República, y que en este caso las facultades ordinarias que utilizó esta autoridad para expedir el decreto demandado son de naturaleza constitucional y están avaladas con la expedición de la Ley 489 de 1998, por medio de la cual se habilitó al Ejecutivo con una capacidad normativa amplia para expedir los decretos que sean necesarios para reestructurar las entidades que menciona el artículo 38 de la Ley 489 de 1998.

Señaló que el Presidente de la República obrando en virtud de las facultades ordinarias que consagra 189 numeral 16 de la Constitución Política, y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (C-262/95), tiene la suficiente capacidad para hacer reformas y cambiar el régimen laboral de los empleados de la entidad que está reestructurando.

Destacó que la competencia normativa del artículo 198 numeral 16 de la Constitución Política le permite al Ejecutivo expedir un decreto en desarrollo de una ley marco, como la Ley 489 de 1998, que derogue una ley anterior u otro decreto que trate sobre la misma materia.

Afirmó que de acuerdo con la Ley 142 de 1994, si la Nación tiene una participación superior al cincuenta por ciento (50%) en una empresa de servicios públicos ésta se sujeta a las disposiciones de las sociedades de economía mixta, y que conforme al parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, cuando en esas sociedades de economía mixta la Nación posea el noventa por ciento (90%), o más de su capital social, se regirán por las normas aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado; destacó que la Ley 489 de 1998 es posterior a la ley de servicios públicos, y que siguiendo las normas de interpretación, en el caso de existir un desacuerdo entre ellas, se preferirá la norma posterior.

Anotó que el artículo 38 de la Ley 489, al referirse a la Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, en el numeral 2 habla del Sector Descentralizado por Servicios, y en el literal b) incluye a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, lo que permite concluir que las empresas de servicios públicos que tengan el carácter de mixtas y además la Nación sea dueña en ellas de un porcentaje igual o superior al 90% de la participación accionaria, para efectos de disolución y liquidación, se someten a las normas dispuestas para tal fin respecto a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por lo cual es claro que el Presidente de la República estaba plenamente facultado para expedir el Decreto 1612 de 2003.

II.2 La Nación intervino igualmente a través del Ministerio de Comunicaciones (hoy de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y del Departamento Administrativo de la Función Pública, quienes a través de apoderado judicial, en forma separada, contestaron la demanda y se opusieron a sus pretensiones, con idénticos argumentos, que se resumen en la siguiente forma:

Indicaron que ante esta Sección del Consejo de Estado se tramita otro proceso contra el Decreto 1612 de 2003, cuyo radicado es el número 2003 00500 01.

Precisaron que el ataque al Decreto 1612 de 2003 es muy similar al que se formuló contra el Decreto 1607 de 2003 "por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño - Telenariño S.A. E. S. P. y se ordena su disolución y liquidación", siendo decidido el asunto a favor de la legalidad del decreto demandado (exp. núm. 2003-00408), por lo que se remiten, dado que la materia es prácticamente la misma, al texto de la sentencia proferida en dicho proceso.

Señalaron, en cuanto al fondo del asunto, que si bien el artículo 84 de la Ley 489 establece que las empresas de servicios públicos se sujetarán a la Ley 142, que regula la prestación de estos servicios, lo hace en el contexto del capítulo décimo tercero del primer cuerpo legal citado, esto es, para establecer los criterios de cada una de las entidades descentralizadas y su régimen jurídico.

Advirtieron que la supresión de las empresas oficiales de servicios públicos, así como de las empresas industriales y comerciales del Estado, se sujeta a las previsiones de la Ley 489 que se ocupa de dicha competencia, y no a la Ley 142 de 1994, que no regula las competencias constitucionales asignadas al Presidente de la República en el artículo 189-15; y que el argumento de la demanda no puede conducir a una conclusión equivocada consistente en inhibir la competencia constitucional atribuida al Presidente de la República, pues tal error significaría que no se puede suprimir las empresas oficiales de servicios públicos o las empresas industriales y comerciales del Estado, y que solamente pueden ser objeto de toma de posesión y liquidación por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios o de disolución adoptada por la asamblea de socios.

Anotaron que de conformidad con el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 el Presidente de la República es la autoridad competente suprimir y disponer la consiguiente liquidación de las entidades administrativas previstas en el artículo 38 de la misma ley, valga decir, empresas industriales y comerciales del Estado, empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, sociedades de economía mixta, y las demás entidades administrativas nacionales que cree o autorice la ley.

Destacaron que el Gobierno Nacional cumplió a cabalidad en el acto acusado con los presupuestos que señalan los numerales 3 y 5 del artículo 52 para la supresión, disolución y liquidación de las entidades u organismos administrativos nacionales, pues, se efectuaron varias evaluaciones de la gestión administrativa de la entidad por parte del Gobierno Nacional, y se realizaron los estudios que determinaron la existencia de duplicidad de funciones en latería de prestación del servicio público de telefonía local y de larga distancia; en síntesis -indicaron- las evaluaciones efectuadas por el Gobierno Nacional son claras en cuanto a las múltiples dificultades del sector, que aconsejaban la supresión de Telecom y sus Teleasociadas y la transferencia de funciones a otro nuevo organismo.

Finalmente, puntualizaron en el hecho de que la naturaleza jurídica de TELETOLIMA es la de empresa de servicios públicos oficial, calidad que depende de la naturaleza de sus accionistas, entre los que se encuentra la Central de Inversiones S.A., que tiene la calidad de entidad descentralizada del oren nacional.

II.3 Así mismo intervino en defensa de la legalidad del acto acusado la Nación - Ministerio de la Protección Social, quien presentó su argumentación en la siguiente forma:

Afirmó que la supresión, disolución y liquidación de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima - Teletolima S.A. E.S.P., contenida en el Decreto 1612 de 2003, obedeció al ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política la Presidente de la República, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, y las normas del Decreto Ley 254 de 2000.

Señaló, respecto de la naturaleza jurídica de TELETOLlMA S.A. E.S.P., la que para el actor no era una sociedad por acciones - empresa de servicios públicos oficial, sino una empresa de servicios públicos mixta, y por ello no podía ser suprimida por el Presidente de la República, por no estar facultado, que en el decreto acusado se define a ella como una "Empresa de Servicios Públicos oficial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente".

Indicó que es totalmente relevante para la discusión traer a colación lo analizado por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-736 de 2007, en la que resolvió el problema jurídico consistente en determinar si todas las empresas de servicios públicos en las que exista algún porcentaje de capital privado deben ser consideradas o no como de carácter mixto.

Apuntó, en ese orden, que con la expedición del Decreto 1612 de 2003 el señor Presidente de la República no sólo ejerció la facultad que le confiere el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución, sino que se ciñó a lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, que le permite suprimir o fusionar Entidades u organismos administrativos nacionales cuando las evaluaciones de la gestión administrativa efectuadas por el Gobierno Nacional aconsejen su supresión o la transferencia de sus funciones a otra entidad.

Expresó, así mismo, que si se considerara como una empresa de servicios públicos mixta, en todo caso haría parte de las entidades descentralziadas de que trata el artículo 38 de la ley 489 de 1998 y, por ende, sería objeto de supresión, de acuerdo con lo precisado en la referida sentencia C-736 de 2007.

Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto que si bien el decreto demandado fue firmado por el Ministro de Protección Social (E), no hace parte de los objetivos ni de las funciones de ese Ministerio adoptar determinaciones en relación con la supresión de entidades u organismos administrativos nacionales.

III.- COADYUVANCIA DE LA ACCION

El ciudadano JOSÉ NESTOR ACOSTA y los demás identificados en el escrito visto a folios 548 a 561 de este cuaderno, a través de apoderado judicial, coadyuvan la demanda y solicitan que se declare la nulidad del Decreto 1612 de 2003, esgrimiendo consideraciones similares a las expuestas por el demandante.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y de la Protección Social, así como el demandante y los ciudadanos que coadyuvan la acción, reiteraron, en líneas generales, los argumentos consignados en las páginas precedentes. (fls. 522, 523, 526 a 537 a 547 y 565 a 579 de este cuaderno, respectivamente)

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante escrito que obra a folios 581 a 591 de este cuaderno, el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado solicita que se denieguen las súplicas de la demanda, por las siguientes razones:

En primer lugar, se refirió a la naturaleza jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima Teletolima S. A. E.S.P., y señaló que aunque que por el artículo 1º del Decreto 1612 del 12 de junio de 2003, se ordena la supresión de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima Teletolima S.A. ES.P. y él se dice que dicha empresa es una "[...] Empresa de Servicios Públicos oficial del orden nacional [...]", dicha afirmación es inexacta, en tanto que la escritura pública núm. 1422 del 31 de mayo de 2003, por la cual se reformaron los estatutos de Teletolima S.A. E.S.P. (otorgada con menos de un mes de antelación al Decreto que ordenó la disolución y liquidación de la entidad), claramente estableció: "[...] REFORMA ESTATUTARIA. La Asamblea General de Accionista, aprueba la reforma estatutaria presentada por TELECOM, la cual es adoptada mediante Acuerdo de la Asamblea No. 001 de 2003. ACUERDO No. 001 DE 26 DE MARZO DE 2003. Por medio del cual se aprueba una reforma Estatutaria de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima - TELETOLlMA S.A. E.S.P., en uso de sus facultades legales ACUERDA. Aprobar la reforma de los Estatutos de TELETOLlMA S.A. E. S. P. así: ESTA TUTOS SOCIALES. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL TOLIMA S.A. TELETOLlMA S.A. E.S.P. CAPITULO l. NATURALEZA, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN. Artículo 1. NA TURALEZA y RAZÓN SOCIAL. La Sociedad es de la naturaleza de las anónimas, constituida como una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994, y normas concordantes. [...]"

Precisó que el capital social de la Teletolima S.A. ES.P. previsto en dicho instrumento público era de $58.255.162.000, dividido en 58.255.162 de acciones de un valor nominal de $1.000, de los cuales TELECOM tenía el 76,5492% (22.296.935 acciones), INFIBAGUÉ tenía el 1,9840% (577.892 acciones), CENTRAL DE INVERSIONES S.A. tenía el 0,1299% (37.823 acciones), TELEHUILA S.A. ES.P. tenía el 0,0234% (6.810 acciones), IBAL S.A. ES.P. tenía 0,0027% (783 acciones), TELEARMENIA S.A. E.S.P. tenía el 0,0005% (157 acciones), la FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA tenía el 0,0005% (157 acciones) y las acciones readquiridas corresponden al 21,3098% (6.207.024 acciones) (artículo 5° escritura pública núm. 1422 del 31 de mayo de 2003), composición accionaria (y naturaleza jurídica) que fue ratificada por el mismo liquidador de la entidad, en oficio del 12 de noviembre de 2003 (fl. 438, anexo núm. 1). La participación de los particulares en el capital social de Teletolima S.A. ES.P., de acuerdo con lo expuesto por el actor, deriva del hecho de "[...] que en la composición del capital de uno de sus accionistas (Central de Inversiones S.A. - CISA S.A.) existía presencia del capital privado, lo cual es corroborado incluso por la propia Gerente Jurídica de CISA S.A. [...]".

Destacó que una vez averiguada la naturaleza jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima Teletolima S.A. E.S.P., por cuanto sus estatutos mismos la catalogan como una sociedad por acciones, constituida como una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994, y normas concordantes, debe analizarse si ella hace parte o no de las entidades que integran la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.

Anotó que la Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad del artículo 10 (parcial) del Decreto Ley 128 de 1976, los artículos 38 numeral 20 literal d) (parcial), 68 (parcial) y 102 (parcial) de la Ley 489 de 1998, y el artículo 14 numerales 6 y 7 de la Ley 142 de 1994, concluyó, en primer lugar, que las empresas de servicios públicos en las cuales haya cualquier porcentaje de capital público en concurrencia con cualquier porcentaje de capital privado no deben ser consideradas como sociedades de economía mixta y, en segundo lugar - a diferencia de lo señalado por el actor - que las empresas de servicios públicos mixtas y privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de participación pública, son entidades descentralizadas y constitucionalmente forman parte de la Rama Ejecutiva.

Indicó que el Consejo de Estado, en providencia del 12 de febrero de 2009, radicado No 2003 - 00408, con ponencia del Doctor Marco Antonio Velilla Moreno, resolvió un asunto análogo al aquí estudiado, por cuanto en esa oportunidad se estudió la legalidad del Decreto núm. 1607 del 12 de junio de 2003, "Por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño - Telenariño S.A. E.S.P. y se ordena su disolución y liquidación", resolviendo la Sala el mismo cargo que aquí se plantea, en la siguiente forma: "[...] Sea lo primero advertir que la excepción propuesta por el Ministerio de la Protección Social no está llamada a prosperar, ya que conforme consta a folio 53, el acto acusado fue expedido, entre otros, por dicho Ministerio, en consecuencia, según lo prevé el artículo 150, del G.G.A., en armonía con el artículo 207, ordinal 10, ibídem, debía ser citado al proceso en calidad de parte como en efecto ocurrió. [...] El acto acusado dispuso la supresión de la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño - TELENARIÑO S.A. E.S.P.-, con fundamento, entre otras disposiciones, en los artículos 189, numeral 15 de la Constitución Política y 52, numeral 3, de la Ley 489 de 1998, que son del siguiente tenor. [...] // Las entidades, objeto de supresión, según el artículo 38 de la Ley 489 son aquellas que integran la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, tanto en el sector central como en el sector descentralizado por servicios. El artículo 38 las relaciona así: [...] // Según el artículo 1º de los Estatutos de TELENARIÑO (folio 9 del cuaderno de anexos), dicha empresa es una sociedad de economía mixta, que pertenece al sector de las telecomunicaciones y es del orden nacional. // De tal manera que conforme al literal f) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, en armonía con el artículo 52, ibídem, podía ser sujeto pasivo de supresión por parte del Gobierno Nacional, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 189, numeral 15, de la Carta Política, sin estar supeditado al arbitrio de las personas que constituyen la sociedad, ya que ello no se colige del texto legal. [...]".

Concluyó que cualquiera sea la tesis que se siga, esto es, considerar que la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima - Teletolima S.A. E.S.P. es un sociedad de economía mixta en los términos del literal f), numeral 2 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, o una de las entidades señaladas por el literal g), numeral 2 del artículo 38 de la Ley, ambas posturas ubican a la entidad en el sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público y, teniendo en cuenta que el capital "[...] de la nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas [...]" es superior al 50%, como lo evidencian sus estatutos (citados con anterioridad), el Presidente de la República, con base en las facultades previstas en el artículo 189, numeral 15 de la Constitución Política y en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, tenía la facultad de suprimir, disolver y liquidar la mencionada entidad, por lo que el cargo de incompetencia no debe prosperar.

VI.- DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- El acto acusado

Se demanda en este proceso la nulidad del Decreto 1612 de 12 de junio de 2003 "Por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima - Teletolima S.A. E.S.P. y se ordena su disolución y liquidación", expedido por el Gobierno Nacional, cuyo tenor literal es el siguiente[2]:

"DECRETO 1612 DE 2003

(junio 12 de 2003)

por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima-Teletolima S.A. E.S.P. y se ordena su disolución y liquidación.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las previstas en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto-Ley 254 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 189 numeral 15 de la Constitución Política dispone que corresponde al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales, de conformidad con la ley;

Que el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en su numeral 3 faculta al Presidente de la República para suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de las entidades u organismos del orden nacional cuando las evaluaciones de la gestión administrativa aconsejen la supresión o la transferencia de funciones a otra entidad;

Que igualmente el numeral 5 del mencionado artículo señala que es causal para la liquidación de entidades cuando existe duplicidad de funciones con otra u otras entidades;

Que el Congreso de la República expidió disposiciones para adelantar el Programa de Renovación de la Administración Pública, con el objeto de renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional, con la finalidad de garantizar, dentro de un marco de sostenibilidad financiera de la Nación, un adecuado cumplimiento de los fines del Estado con celeridad e inmediación en la atención de las necesidades de los ciudadanos, conforme a los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política y desarrollados en la Ley 489 de 1998 ;

Que dentro del marco constitucional establecido en los artículos 75, 334, 365, 367 y 369 de la Constitución Política, el Estado puede intervenir en la prestación de los servicios públicos con el fin de asegurar su prestación continua y eficiente, garantizar la calidad de los bienes objeto de los servicios públicos y buscar la ampliación permanente de la cobertura de los servicios a los habitantes del territorio nacional;

Que de conformidad con lo previsto en los numerales 2.4. y 2.5 del artículo 2º de la Ley 142 de 1994, el Estado intervendrá en los servicios públicos con el fin de garantizar la prestación continua e interrumpida de dichos servicios, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan;

Que la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima-Teletolima S.A. E.S.P., en su calidad de empresa de servicios públicos de carácter oficial, presta, entre otros, el servicio de telefonía pública básica conmutada local en la ciudad de Ibagué y en municipios aledaños del Departamento del Tolima;

Que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones-Telecom presta los servicios de telecomunicaciones en el Departamento del Tolima, a través de una Gerencia Departamental, además de varias oficinas locales, de tal manera que se han generado redundancias, como consecuencia de la duplicidad de funciones, lo cual afecta la eficiente prestación de los servicios de telecomunicaciones e impide la obtención de economías de escala;

Que el Documento CONPES 3184 de 2002 diagnosticó las ineficiencias estructurales del sector dadas por la situación de redundancia de empresas, bajas economías de escala y duplicidad de funciones y recomendó la integración de las Teleasociadas bajo una matriz, luego de la realización de un estudio sobre la conveniencia de ese mecanismo de integración;

Que el estudio sobre la conveniencia de ese mecanismo de integración concluye que la constitución de una matriz que agrupe a las Teleasociadas no resuelve integralmente las ineficiencias y redundancias del sector ni le permite obtener las necesarias economías de escala, habida cuenta que no cobijaría las Gerencias Regionales de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones-Telecom ni integraría todas las operaciones en una sola, manteniendo la situación de duplicidad de funciones;

Que de acuerdo con el documento técnico elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comunicaciones Lineamientos para la reestructuración integral del sector descentralizado del orden nacional prestatario del servicio de telecomunicaciones de fecha junio 11 de 2003, la actual estructura operacional del sector administrativo del orden nacional que interviene en la prestación de servicios de telecomunicaciones, en la cual la responsabilidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones está dispersa entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones-Telecom, sus veintisiete (27) gerencias departamentales y las catorce (14) Teleasociadas, ha generado una serie de ineficiencias que no permiten el desarrollo de todo el potencial de los activos e inversiones del Estado en el sector ni la obtención de necesarias economías de escala y que se traducen en sobre costos por la duplicidad de funciones y la imposibilidad de ejercer el debido control gerencia¡, razón por la cual las recomendaciones incluyen la liquidación de Telecom y de las empresas Teleasociadas;

Que para implementar el esquema de reestructuración es necesario proceder a la supresión y consecuente liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones-Telecom y de las Teleasociadas, incluida la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima, Teletolima S. A. E.S.P., así como la creación de una empresa oficial a través de la cual se garantice la continuidad en la prestación del servicio a los usuarios,

DECRETA:

CAPITULO I

Supresión y liquidación

Artículo 1º. Supresión, disolución y liquidación. Suprímase la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima Teletolima S. A. E.S.P., Empresa de Servicios Públicos oficial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente.

En consecuencia, a partir de la vigencia del presente Decreto la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima Teletolima S. A. E.S.P., entrará en proceso de disolución y liquidación, y utilizará para todos los efectos la denominación Empresa de Telecomunicaciones del Tolima Teletolima S. A. E.S.P. en Liquidación.

El régimen de liquidación será el determinado por el Decreto-Ley 254 de 2000.

(…)

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 12 de junio de 2003.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

El Viceministro de Salud y Bienestar, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de la Protección Social,

Juan Gonzalo López Casas.

La Ministra de Comunicaciones,

Martha Elena Pinto de De Hart.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano." (negrillas ajenas al texto original)

2.- El problema jurídico a resolver

El problema jurídico que plantea el presente asunto consiste en establecer si el Presidente de la República era competente o no para expedir el Decreto 1612 del 12 de junio de 2003 "Por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima - Teletolima S.A. E.S.P. y se ordena su disolución y liquidación", en tanto que, de acuerdo con el demandante y los coadyuvantes de la acción, en razón a la naturaleza jurídica de dicha empresa como Empresa de Servicios Públicos Mixta, la misma no se encuentra contemplada dentro de las entidades que integran la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, respecto de las cuales dicha autoridad puede ejercer la facultad de supresión, disolución y liquidación.

3.- La excepción de falta de legitimación por activa

En la contestación de la demanda el Ministerio de la Protección Social propone la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, al considerar que no hace parte de los objetivos ni de las funciones de ese Ministerio adoptar determinaciones en relación con la supresión de entidades u organismos administrativos nacionales.

Para la Sala no tiene prosperidad la citada excepción, como quiera que como consta claramente en el decreto demandado, el mismo fue expedido, entre otros, por el Ministro de la Protección Social (E) y, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 150 del C.C.A., en armonía con el artículo 207 núm. 1 ibídem, debía ser citado al proceso en calidad de parte, como en efecto ocurrió[3].

4.- La coadyuvancia de la acción

En consideración a que de acuerdo con el artículo 146 del C.C.A. en los procesos de simple nulidad, como es el presente, cualquier persona puede pedir que se le tenga como coadyuvante, hasta el vencimiento del traslado para alegar de conclusión, y que el escrito respectivo se presentó dentro de esta oportunidad, la Sala reconocerá como coadyuvantes de la acción al ciudadano JOSÉ NESTOR ACOSTA y a los demás identificados en el documento visto a folios 548 a 562 del expediente.

5- Análisis del cargo en que se funda la demanda

En el Decreto 1612 de 12 de junio de 2003 el Presidente de la República invocó para su expedición sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto Ley 254 de 2000.

El artículo 189 de la Constitución Política, que consagra las funciones del Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, señala en su numeral 15 que le corresponde a dicha autoridad "Suprimir o fusionarentidades u organismos administrativos nacionales, de conformidad de con la Ley".

El 29 de diciembre de 1998, el legislador expidió la Ley 489 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", y en su capítulo XI previó:

"CAPÍTULO XI

Creación. Fusión, supresión y reestructuración de organismos y entidades

Artículo 52.- DE LA SUPRESIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES U ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES. El Presidente de la República podrá suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de entidades y organismos administrativos del orden nacional previstos en el artículo 38 de la presente ley cuando:

1. Los objetivos señalados al organismo o entidad en el acto de creación hayan perdido su razón de ser.

2. Los objetivos y funciones a cargo de la entidad sean transferidos a otros organismos nacionales o a las entidades del orden territorial.

3. Las evaluaciones de la gestión administrativa efectuadas por el Gobierno Nacional, aconsejen su supresión o la transferencia de funciones a otra entidad.

4. Así se concluya por la utilización de los indicadores de gestión y de eficiencia que emplean los organismos de control y los resultados por ellos obtenidos cada año, luego de realizar el examen de eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos públicos, determinada la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficiarios de su actividad o el examen de los resultados para establecer en qué medida se logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración en un período determinado.

5. Exista duplicidad de objetivos y/o de funciones esenciales con otra u otras entidades.

6. Siempre que como consecuencia de la descentralización de un servicio la entidad pierda la respectiva competencia.

…" (se resalta)

Las entidades, objeto de supresión, son aquellas que integran la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, tanto en el sector central como en el sector descentralizado por servicios, y que están previstas en el artículo 38 de la ley 489 de 1998, cuyo tenor literal es el siguiente:

"ARTÍCULO 38. INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO EN EL ORDEN NACIONAL. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:

1. Del Sector Central:

a) La Presidencia de la República;

b) La Vicepresidencia de la República;

c) Los Consejos Superiores de la administración;

d) Los ministerios y departamentos administrativos;

e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica.

2. Del Sector descentralizado por servicios:

a) Los establecimientos públicos;

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica

d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios;

e) Los institutos científicos y tecnológicos;

f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;

g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

…"

Por el Decreto Ley 254 de 2000 se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, el cual es aplicable para las entidades de dicho orden respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución. (art. 1º)

Estima el actor y los coadyuvantes de la acción que la atribución presidencial de que trata la norma constitucional antes citada no es para suprimir entidades prestadoras de servicios públicos en general, sino solamente para suprimir entidades prestadoras de servicios públicos que sean "… entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley", y que en este caso, la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima TELETOLIMA S.A. E.S.P. no es una entidad u organismo administrativo nacional, puesto que: i) no es una empresa industrial y comercial del Estado; ii) no es una sociedad de economía mixta (como sí lo es la empresa TeleNariño, de acuerdo con lo que se concluyó en la sentencia proferida en el expediente 2003 00408); y iii) tampoco es una empresa de servicios públicos oficial, sino que se trata de una sociedad por acciones - empresa de servicios públicos mixta.

Pues bien. En orden a determinar el mérito del cargo de incompetencia que se aduce en la demanda, corresponde verificar cuál es la naturaleza jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima TELETOLIMA S.A. E.S.P.

A este respecto se lee en el artículo 1º del Decreto 1612 de 12 de junio de 2003 que la Empresade Telecomunicaciones del Tolima Teletolima S. A. E.S.P. es unaEmpresa de Servicios Públicos oficial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente.

Esta afirmación, como lo señala el actor y el agente del Ministerio Público en su concepto, es inexacta, como quiera que los documentos públicos que obran en el proceso dan cuenta que la naturaleza jurídica de TELETOLIMA S.A. E.S.P. es la de ser una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto.

Así aparece claramente en la escritura pública núm. 1422 de 31 de mayo de 2003, otorgada ante el Notario primero del Circulo de Ibagué, unos días antes de la expedición del decreto acusado, mediante la cual se aprueba una reforma estatutaria de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima TELETOLIMA S.A. E.S.P., cuya copia auténtica obra a folios 361 a 385 del cuaderno anexo núm. 1. En efecto, se lee en el artículo 1º de ese documento lo siguiente: "Artículo 1. NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL. La Sociedad es de la naturaleza de las anónimas, constituida como una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994, y normas concordantes. [...]".

Igualmente dicha naturaleza es confirmada en el oficio GTL-110-01002 de 12 de noviembre de 2003, dirigido por el Apoderado Liquidador de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima TELETOLIMA S.A. E.S.P. en Liquidación al Superintendente Delegado para Telecomunicaciones, en el cual se afirma que dicha información es extraía de la escritura pública antes citada. (fls. 438 y 439 cdno. anexo núm. 1)

Definido lo anterior, debe entonces la Sala precisar si una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto hace parte o no de las entidades u organismos nacionales a que se refiere el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, respecto de las cuales el Presidente de la República tiene la facultad constitucional y legal para ordenar su supresión, disolución y liquidación (artículos 189 núm. 15 de la C.P. y 52 de la ley 489 de 1998).

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha ofrecido dos tesis para solucionar esta cuestión, una negativa y la otra positiva: por la primera, se ha concluido que las empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto no son entidades estatales y por tanto no pertenecen a la estructura del Estado, porque no se encuentran enunciadas en los artículos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, mientras que, por la segunda, se ha precisado que efectivamente tales empresas sí hacen parte de las entidades u organismos administrativos que integran la rama ejecutiva del poder público, porque, de un lado, constituyen una especie dentro del género de las sociedades de economía mixta, las cuales expresamente se incluyen dentro de la estructura del Estado (literal f del artículo 38 de la Ley 489 de 1998) y, de otro, en todo caso hacen parte de "[l]as demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público" (literal g del artículo 38 ibídem).

Por ser pertinente se transcriben in extenso a continuación las consideraciones expuestas por la Sección Tercera de esta Corporación en torno a tales posiciones, en sentencia del 2 de marzo de 2006[4], proferida en el expediente núm. 29.703, en la que se acoge la tesis positiva:

"Resulta que las partes del proceso arbitral fueron empresas de SPD, una de ellas de carácter privado -TEBSA- y, la otra, de carácter mixto -CORELCA (…), por lo que se requiere precisar, aún más, los argumentos sobre la competencia de esta Sección, tratándose de esta situación.

El problema surge al considerar la naturaleza, pública o no, de las Empresas Mixtas prestadoras de SPD, pues la deducción puede incidir en la competencia de esta Sección para conocer del recurso de anulación de laudos arbitrales (…)

Dos tesis se han ofrecido a solucionar este problema: negativa la una y positiva la otra.

1.2.1. La tesis negativa señala que las empresas de SPD, de carácter mixto, no son entidades estatales y por tanto no pertenecen a la estructura del Estado, sencillamente porque no se encuentran enunciadas en los artículos 38 y 68 de la ley 489 de 1998.

Esta posición considera que las entidades allí enunciadas son las que integran la estructura de Estado, y como quiera que sólo se mencionan las "empresas oficiales" de SPD, no las empresas mixtas -y desde luego que tampoco las privadas-, entonces éstas no integran la rama ejecutiva del poder público.

Este criterio lo comparte la Sala de Consulta y Servicio Civil -Concepto No. 1141, de septiembre 11 de 1998, CP. Augusto Trejos Jaramillo-, para quien:

"Se advierte cómo se adopta aquí un criterio legal distinto al utilizado, por ejemplo, en el régimen de contratación de las entidades estatales, en el que se tipifica como sociedades de economía mixta aquellas en las que el Estado tenga una participación superior al 50% (ley 80 de 1993, art. 2o., numeral 1o, letra a-), o al contenido en la ley comercial, en la que se califica de sociedad de economía mixta a todas las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado (Código de Comercio, art. 461), sin perjuicio de que la proporción del aporte estatal al capital de la persona jurídica tenga consecuencias frente al régimen jurídico aplicable.

Ello trae como consecuencia, frente a la legislación de servicios públicos, que sólo se tengan como empresas mixtas a aquellas con participación igual o superior al 50% y como privadas a todas aquellas en las que la participación particular sea mayoritaria. Por contraste, en la legislación general se habla de sociedades de economía mixta independientemente de la proporción del capital estatal; así mismo, no se tiene como empresa privada a aquellas sociedades donde la participación estatal exista, así ésta sea minoritaria.

Como puede apreciarse, la ley 142 de 1994 establece unas categorías especiales de personas jurídicas, frente a las normas generales de las personas jurídicas públicas. Esas nuevas categorías tienen una regulación también especial, de aplicación preferente, pues se trata de empresas de servicios públicos domiciliarios, con disposiciones ya no sólo aplicables a la naturaleza de la persona jurídica, sino referentes a su régimen jurídico, como pasa a analizarse a continuación.

"..."

Debe tenerse presente que el anterior es el fundamento jurídico de la procedencia del control fiscal sobre las empresas mixtas de servicios públicos. No por tratarse de sociedades de economía mixta, pues como ya se analizó aquellas empresas constituyen una nueva categoría de personas jurídicas, diferenciadas de las sociedades de economía mixta reguladas por el decreto 1050 de 1968, el decreto 130 de 1976 y el Código de Comercio (art. 461)".

Este criterio fue luego ratificado por la misma Sala -Concepto No. 1171 de 28 de enero de 1999, CP. Javier Henao Hidrón- (…)

La Corte Constitucional también adoptó esta posición en la sentencia T-1212 de 2004, en la cual dijo que:

Se pregunta entonces esta Corporación: ¿si al amparo de la normatividad vigente, las empresas mixtas de servicios públicos domiciliarios se consideran entidades públicas de la rama ejecutiva en el sector descentralizado por servicios, o por el contrario, su naturaleza jurídica corresponde a entes societarios de origen privado

"..."

Según el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos domiciliarios, por regla general, se someten a las disposiciones del derecho privado en cuanto a su constitución, actos, contratos y administración, inclusive en aquellas empresas en las cuales las entidades públicas tienen parte. Desde esta perspectiva, podría considerarse que al someterse la constitución de dichas empresas a las reglas del derecho privado, su naturaleza jurídica correspondería a una típica persona jurídica de dicho origen y, por lo mismo, no formarían parte de la rama ejecutiva del poder público en el sector descentralizado por servicios.

Sin embargo, los artículos 38 y 84 de la Ley 489 de 1998, aclararon la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos domiciliarios, al reconocer que únicamente forman parte de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional del sector descentralizado por servicios, "las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios". Bajo la citada premisa, y acudiendo a la interpretación por vía de exclusión, se puede concluir que las restantes tipologías de empresas de servicios públicos domiciliarios, corresponden a modalidades de personas jurídicas de derecho privado.

Esta última tesis es coincidente con los criterios referidos de la Sala de Consulta y Servicio Civil. De hecho, la Corte Constitucional cita los anteriores conceptos. Todos se sustentan y apoyan en la enumeración y consagración legal de la entidades descentralizadas en Colombia, contenida en la ley 489 de 1998. Sin embargo, la Corte agrega otra razón para llegar a la misma conclusión. Afirma que las empresas mixtas se constituyen y rigen por el derecho privado, de manera que por este motivo pueden tomarse como entidades de derecho privado.

1.2.2. La tesis positiva, que comparte la Sala, considera que las empresas mixtas de SPD integran la rama ejecutiva del poder público, por varias razones.

En primer lugar, porque el artículo 38 de la ley 489 establece que también hacen parte de la rama ejecutiva las sociedades de economía mixta, género al cual pertenecen las empresas mixtas que prestan SPD, pues lo esencial de ellas es que están integradas por capital público y privado, aspecto determinante para establecer su naturaleza jurídica.

En segundo lugar, porque si bien el régimen jurídico de las empresas mixtas de SPD puede ser diferente al común de las sociedades de economía mixta, esta nota particular no es la que hace la diferencia en la naturaleza jurídica de una entidad estatal. En efecto, bien pueden dos establecimientos públicos tener diferencias en su régimen jurídico, pero no por eso dejan de tener una naturaleza común. Lo propio se aplicaría a dos empresas industriales y comerciales del Estado que se distingan por algún tratamiento especial en su régimen jurídico, sin que ello tampoco desdiga de su naturaleza jurídica común.

Este tipo de diferencias, a lo sumo, sirven para caracterizar, al interior de una misma categoría de entidades, las particularidades de unas y de otras, sin que de allí se siga que ostentan una naturaleza diferente. No entenderlo así implicaría asignarle a cada entidad que no se enmarque en un esquema común, entre una tipología de entes públicos, una categoría autónoma, en forma por demás injustificada.

En tercer lugar, también pertenecen a la rama ejecutiva del Estado las empresas mixtas de SPD, por aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, porque en la sentencia C-953 de 1999, dijo la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 97, inciso 2, de la ley 489 de 1998, que toda sociedad donde exista participación estatal y privada, sin importar el monto del capital con que se concurra, forma una sociedad de economía mixta, y por tanto esa entidad pertenece a la estructura del Estado.

El problema que estudió la Corte radicaba en que el inciso 2, del artículo 97, disponía que una sociedad era de economía mixta cuando el capital estatal era igual o superior al 50% del capital social, de manera que, por exclusión, se entendía que cuando la participación era inferior la entidad se consideraba privada. La Corte dijo al respecto, en la sentencia citada, que:

"4.5. Sentado lo anterior, encuentra la Corte que, efectivamente, como lo asevera el actor y lo afirma el señor Procurador General de la Nación, la Carta Política vigente, en el artículo 150, numeral 7º, atribuye al legislador la facultad de "crear o autorizar la constitución" de "sociedades de economía mixta", al igual que en los artículos 300 numeral 7º y 313 numeral 6º dispone lo propio con respecto a la creación de este tipo de sociedades del orden departamental y municipal, sin que se hubieren señalado porcentajes mínimos de participación de los entes estatales en la composición del capital de tales sociedades. Ello significa entonces, que la existencia de una sociedad de economía mixta, tan sólo requiere, conforme a la Carta Magna que surja de la voluntad del legislador, si se trata de una perteneciente a la Nación, o por así disponerlo una ordenanza departamental o un acuerdo municipal, si se trata de entidades territoriales, a lo cual ha de agregarse que, lo que le da esa categoría de "mixta" es, justamente, que su capital social se forme por aportes del Estado y de los particulares, característica que determina su sujeción a un régimen jurídico que le permita conciliar el interés general que se persigue por el Estado o por sus entidades territoriales, con la especulación económica que, en las actividades mercantiles, se persigue por los particulares.

4.6. Por otra parte, se observa por la Corte que el artículo 210 de la Constitución establece que las entidades descentralizadas por servicios del orden nacional deben ser creadas por la ley o con su autorización "con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa", norma ésta que en armonía con lo dispuesto por el artículo 150 de la Carta permite que el Congreso de la República en ejercicio de su atribución de "hacer las leyes" dicte el régimen jurídico con sujeción al cual habrán de funcionar los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas de economía mixta. Ello no significa que so pretexto de establecer ese régimen para estas últimas se pueda desconocer que cuando el capital de una empresa incluya aportes del Estado o de una de sus entidades territoriales en proporción inferior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, no alcanzan la naturaleza jurídica de sociedades comerciales o empresas de "economía mixta", pues, se insiste, esta naturaleza jurídica surge siempre que la composición del capital sea en parte de propiedad de un ente estatal y en parte por aportes o acciones de los particulares, que es precisamente la razón que no permite afirmar que en tal caso la empresa respectiva sea "del Estado" o de propiedad de "particulares" sino, justamente de los dos, aunque en proporciones diversas, lo cual le da una característica especial, denominada "mixta", por el artículo 150, numeral 7º de la Constitución.

De no ser ello así, resultaría entonces que aquellas empresas en las cuales el aporte de capital del Estado o de una de sus entidades territoriales fuera inferior al cincuenta por ciento (50%) no sería ni estatal, ni de particulares, ni "mixta", sino de una naturaleza diferente, no contemplada por la Constitución.

4.7. No sobra advertir, sin perjuicio de lo expuesto, que en atención al porcentaje de la participación del Estado o de sus entes territoriales en las empresas de economía mixta, puede el legislador en ejercicio de sus atribuciones constitucionales establecer, si así lo considera pertinente, regímenes jurídicos comunes o diferenciados total o parcialmente, pues es claro que para el efecto existe libertad de configuración legislativa."

Encuentra la Sala que, el inciso 2 declarado inexequible, no se distingue, en lo sustancial, del actual artículo 14.6 de la ley 142. Esta norma incurre en el mismo vicio advertido por la Corte frente al inciso 2, del artículo 97, de la ley 489; luego, es preciso inaplicar por ser inconstitucional -en virtud del mandado contenido en el artículo 4 de la Carta Política-, para hacer prevalecer las Normas Constitucionales, en las mismas condiciones, y con los mismos argumentos, con que lo hizo la Corte en la sentencia C-953.

En cuarto lugar, estima la Sala incorrecto decir que la ley 489 solo dispuso que integran la rama ejecutiva del poder público las "empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios", lo cual se ha deducido del hecho de que el artículo 38, literal d), señala que hacen parte de ella "d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios". A contrario sensu, se ha dicho que la ley no incluyó a las empresas mixtas.

Este entendimiento es equivocado, por dos razones. De un lado, porque -según ya se dijo- las empresas mixtas de SPD no se diferencian, en su naturaleza, de las sociedades de economía mixta, y que tan sólo hay entre ellas una relación de género a especie. Según este argumento, las empresas mixtas de SPD están incluidas en el literal f) del art. 38, que precisa que integran la rama ejecutiva "f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta"

De otro lado, estas entidades también pertenecen a la estructura del Estado porque el propio artículo 38 establece, en el literal g) -en caso de que el anterior argumento fuera insuficiente-, que integran la rama ejecutiva "g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público." En defecto de cualquier otra razón, esto explicaría la integración de toda otra entidad administrativa, que como en el caso de las empresas mixtas de SPD requiere autorización legal, ordenanzal, de acuerdo o equivalentes, para ser creada.

Estas ideas -con sus correspondientes problemas- se reiteran en el art. 68 de la misma ley 489, el cual determina, en los siguientes términos, los entes que integran las entidades descentralizadas:

"Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.

En relación con esta norma reitera el anterior criterio, es decir, que no sólo pertenecen a la estructura del Estado las entidades expresamente determinadas por los arts. 38 y 68, sino que en estos dos artículos se hace una lista apenas enunciativa de entidades, porque también integra la rama ejecutiva toda entidad que reúna los requisitos propios de una entidad descentralizada, lo que ocurre precisamente con una empresa de SPD mixta.

En quinto lugar, también se debe aclarar que el hecho de que los arts. 38 y 68 citados hayan establecido, en forma expresa, que las "empresas oficiales de SPD" hacen parte de la estructura del Estado se debe a otra razón, aún más elemental.

Pudo, en principio, ser innecesario que la ley 489 hubiera prescrito explícitamente que las empresas oficiales de SPD integran la estructura del Estado, porque bastaba con la referencia a las "empresas industriales y comerciales del Estado" para que tales entidades se entendieran incluidas. El problema radica en que las empresas oficiales de SPD se pueden constituir de una de dos maneras, como "empresas industriales y comerciales del Estado" o como "sociedades por acciones", a su libre elección.

De manera que no bastaba con establecer que las empresas industriales y comerciales del Estado pertenecen a la estructura del Estado para entender allí incluidas todas las ESPD oficiales, porque habrían quedado por fuera las empresas oficiales constituidas como sociedades por acciones; de ahí que fuera necesaria la expresa previsión que se hizo en los arts. 38 y 68, de que hacen parte de tal estructura las empresas oficiales de SPD a fin de recoger en este concepto las dos formas jurídicas que ellas pueden adoptar.

De allí que la Sala entienda que la referencia expresa, en ambos artículos, a este tipo de empresa, no significa que las mixtas de SPD hayan quedado excluidas de la estructura del Estado, pues ellas quedaron recogidas en otros apartes de los artículos citados, según se acaba de ver.

En sexto lugar, encuentra la Sala que el sólo hecho de que una entidad estatal se cree, o se constituya, o se rija por el derecho privado -como lo dice la Corte Constitucional, en la sentencia T-1212 de 2004- no hace que su naturaleza jurídica sea de derecho privado, pues con este criterio incluso las sociedades de economía mixta convencionales serían entidades privadas; lo cual es a todas luces un despropósito, como lo señaló la propia Corte Constitucional en la sentencia C-953 de 1999.

Puede ocurrir, perfectamente, que una entidad estatal se cree o rija, en mayor o menor medida, según las reglas propias del derecho privado, lo que no la convertirá en privada, pues este criterio desconocería que el legislador, en muchos campos -pero no en forma absoluta- tiene la potestad de escoger el régimen jurídico de las entidades que crea o autoriza crear, sin que eso desdibuje su naturaleza de entidad pública. Incluso puede asignar regímenes jurídicos diferenciados a entidades estatales de idéntica naturaleza, siempre que existan razones que justifiquen el trato distinto.

En conclusión, retomando los argumentos expuestos, resulta claro que las empresas mixtas de SPD pertenecen a la estructura del estado, es decir son entidades estatales, en los términos de la ley 489 de 1998 (…)" (negrillas de la Sala)

La Corte Constitucional así mismo ha tenido dos criterios frente al tema objeto de estudio, uno negativo, consignado, entre otras, en la sentencia T-1212 de 2004, a que se hizo referencia en la providencia antes transcrita, y otro positivo, contenido en la sentencia C-736 de 2007, dictada con ocasión de la demanda de inexequibilidad contra los artículos 1° (parcial) del Decreto Ley 128 de 1976, 38 numeral 2° literal d) (parcial), 68 (parcial) y 102 (parcial) de la Ley 489 de 1998, y 14 numerales 6 y 7 de la Ley 142 de 1994, disposiciones que fueron declaradas ajustadas a la Constitución Política, en la cual se sostiene, de un lado, modificándose su jurisprudencia en este aspecto, que las empresas de servicios públicos en las cuales haya cualquier porcentaje de capital público en concurrencia con cualquier porcentaje de capital privado no deben ser consideradas como sociedades de economía mixta y, de otro lado, en cuanto se refiere a la cuestión que interesa a este proceso, que las empresas de servicios públicos mixtas y privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de participación pública, son entidades descentralizadas y constitucionalmente conforman la Rama Ejecutiva.

Frente al último de los temas referidos, la Corte discurrió en la siguiente forma:

"5.3.1. Según se analizó anteriormente, no es posible pensar que la enumeración constitucional recogida en el último inciso del artículo 115 sea taxativa, por lo cual el legislador está en libertad de adicionar otros organismos a aquellos que por expresa mención de este artículo conforman la Rama Ejecutiva. Ciertamente, la conformación de la "estructura de la Administración", es decir de la Rama Ejecutiva, es un asunto que el numeral 7° del artículo 150 superior pone en manos del legislador; y que en los niveles departamental y municipal es facultad de las asambleas y consejos respectivamente. (C.P. artículos 300 numeral 7 y 313 numeral 6).

De lo anterior se deriva que, desde la perspectiva constitucional, en el nivel nacional las empresas de servicios públicos públicas, mixtas o privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de capital público pueden formar parte de la estructura de la Rama Ejecutiva, según lo disponga el legislador, que para esos efectos está revestido de las facultades que le confiere expresamente el numeral 7° del artículo150 superior.

Visto lo anterior, la Corte debe detenerse a examinar el tenor literal de dos de las disposiciones parcialmente acusadas en la presente oportunidad. Son ellas las siguientes:

(i) El artículo 38 de la Ley 498 de 1998, titulado "Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional", norma que, al enlistar los organismos que conforman el sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva, en su literal d) incluye a "las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios", pero no a las empresas mixtas o privadas de la misma naturaleza. Debe recordarse que según lo define el numeral 5° del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, no demandado en esta oportunidad, la empresa de servicios públicos oficial "es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes."

(ii) El artículo 68 de la misma Ley que señala que "(s)on entidades descentralizadas del orden nacional …, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas…". Como puede observarse, esta disposición incluye dentro de las entidades descentralizadas del orden nacional a las empresas oficiales de servicios públicos, pero no hace lo propio con las empresas mixtas o privadas de la misma naturaleza.

La demanda indica que los artículos 38 y 68, parcialmente demandados dentro de este proceso, excluirían de la conformación de la Rama Ejecutiva a las empresas de servicios públicos mixtas y privadas (Artículo 38) y también las excluirían de la pertenencia a la categoría jurídica denominada "entidades descentralizadas" (Artículo 68). Con lo cual resultaría discutible su constitucionalidad, dado que, conforme a la definición legal de este tipo de empresas, contenida en los numerales 6 y 7 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, se trata de tipos societarios constituidos con capital concurrente del Estado y de los particulares. Ciertamente, dichas definiciones legales, se recuerda, dicen así:

"14.6. Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%.

"14.7. Empresa de servicios públicos privada. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares."

Nótese cómo una empresa de servicios públicos privada es aquella que mayoritariamente pertenece a particulares, lo cual, a contrario sensu, significa que minoritariamente pertenece al Estado o a sus entidades. Y que una empresa de servicios públicos mixta es aquella en la cual el capital público es igual o superior al cincuenta por ciento (50%), lo cual significa que minoritariamente pertenece a particulares. Así las cosas, una y otra se conforman con aporte de capital público, por lo cual su exclusión de la estructura de la Rama Ejecutiva y de la categoría jurídica denominada "entidades descentralizadas" resulta constitucionalmente cuestionable, toda vez que implica, a su vez, la exclusión de las consecuencias jurídicas derivadas de tal naturaleza jurídica, dispuestas expresamente por la Constitución.

No obstante, la Corte observa que una interpretación armónica del literal d) del artículo38 de la Ley 489 de 1998, junto con el literal g) de la misma norma, permiten entender que la voluntad legislativa no fue excluir a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas de la pertenencia a la Rama Ejecutiva del poder público. Ciertamente, el texto completo del numeral 2° del artículo 38 es del siguiente tenor:

"Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:

1. Del Sector Central:

2. Del Sector descentralizado por servicios:

a) Los establecimientos públicos;

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica;

d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios;

e) Los institutos científicos y tecnológicos;

f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;

g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público."

Nótese cómo en el literal d) (sic) el legislador incluye a las "demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público", categoría dentro de la cual deben entenderse incluidas las empresas de servicios públicos mixtas o privadas, que de esta manera, se entienden como parte de la Rama Ejecutiva en su sector descentralizado nacional.

Así las cosas, de cara a la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 498 de 1998, y concretamente de la expresión "las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios" contenida en su literal d), la Corte declarará su exequibilidad, por considerar que dentro del supuesto normativo del literal g) se comprenden las empresas mixtas o privadas de servicios públicos, que de esta manera viene a conformar también la Rama Ejecutiva del poder público.

5.3.2 En cuanto al artículo 68 de la misma ley, se recuerda en seguida su tenor:

"Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas."

Obsérvese que si bien el legislador sólo considera explícitamente como entidades descentralizadas a las empresas oficiales de servicios públicos, es decir a aquellas con un capital cien por ciento (100%) estatal, lo cual haría pensar que las mixtas y las privadas no ostentarían esta naturaleza jurídica, a continuación indica que también son entidades descentralizadas "las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio." Así las cosas, de manera implícita incluye a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas como entidades descentralizadas, por lo cual la Corte no encuentra obstáculo para declarar su constitucionalidad." (negrillas de la Sala)

La Sala utilizando las mismas razones que se expusieron en las citadas sentencias[5], encuentra que el cargo de falta de competencia, único invocado por el demandante, no tiene vocación de prosperidad, como quiera que las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas hacen parte de las entidades u organismos que conforman la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, a las que se refiere el artículo 38 de la Ley 498 de 1998 y, como quedó precisado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 189 núm. 15 de la C.P. y 52 de la citada ley, el Presidente de la República está facultado para disponer la supresión, disolución y liquidación de tales entidades u organismos, como en efecto lo hizo mediante el Decreto 1612 de 2003 respecto de la Empresade Telecomunicaciones del Tolima TELETOLIMA S.A. E.S.P.

En ese orden, entonces, debe concluirse que la presunción de legalidad del acto demandado no ha sido desvirtuada, por lo que se denegarán las súplicas de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la Nación- Ministerio de la Protección Social.

SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda formulada por el ciudadano JORGE ALBERTO JURADO MURILLO para que se declare la nulidad del Decreto 1612 de 12 de junio de 2003 "Por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima - Teletolima S.A. E.S.P. y se ordena su disolución y liquidación", expedido por el Gobierno Nacional.

TERCERO: RECONÓCESE como coadyuvantes de la acción al ciudadano JOSÉ NESTOR ACOSTA y a los demás identificados en el documento visto a folios 548 a 562 del expediente, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia, y RECONÓCESE personería al Abogado JORGE ALBERTO JURADO MURILLO, como su apoderado judicial, en los términos y para los fines de los poderes a él conferidos, vistos a folios 1 a 139 del cuaderno anexo núm. 2.

CUARTO: RECONÓCESE personería a la abogada ANA CECILIA PRIETO SALCEDO, como apoderada judicial de la Nación - Ministerio de la Protección Social, en los términos y para los fines del poder a ella conferido, visto a folio 616 del expediente.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 16 de marzo de 2012.

MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO


[1] En auto del 31 de agosto de 2006, por el cual se admitió la demanda y se negó la suspensión provisional del acto acusado, confirmado mediante auto del 4 de agosto de 2008, al resolverse el recurso de reposición interpuesto contra dicha providencia. (fls. 148 a 153 y 158 a 160, respectivamente, del cuaderno núm. 1)

[2] Por no ser necesario, para los efectos de esta providencia, se transcribe apenas parcialmente el acto acusado.

[3] En ese mismo sentido la Sala resolvió dicha excepción también propuesta por el Ministerio de la Protección Social, en el proceso radicado con el núm. 2004 00408, en donde se discutía la legalidad del Decreto1697 de 2003 "Por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño - Telenariño S.A. E.S.P. y se ordena su disolución y liquidación", expedido por el Gobierno Nacional.

[4] En la sentencia citada la Sección Tercera ratificó lo expuesto en la sentencia proferida el 1º de agosto de 2002, dentro del expediente núm. 21.041. Esta tesis positiva, consignada en la sentencia del 2 de marzo de 2006, es ratificada posteriormente por esa misma Sección en las sentencias del 27 de abril de 2006, proferida en el expediente núm. 30.096, y del 2 de agosto de 2006, proferida en la acción de grupo con radicación núm. 25000 2325 000 2004 01348 01.

[5] Lo que no constituye un desconocimiento de la norma legal que señala que los efectos de la sentencia que profiere la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la C.P. son, por regla general, hacia el futuro (ar. 45 de la ley 270 de 1996).