100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010001463SENTENCIA-- Seleccione --11001-03-24-000-2005-00053-01201216/03/2012SENTENCIA_-- Seleccione --___11001-03-24-000-2005-00053-01__2012_16/03/2012100014632012COSA JUZGADA / REITERACION JURISPRUDENCIAL / ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOS DICTADOS POR EL GOBIERNO - Competencia entre la Sala Plena y sus Secciones / DECRETO 3550 DE 2004 - Corresponde a la Sección Primera por haber sido expedido por el Presidente como Suprema Autoridad Administrativa En sentencia de 15 de enero de 2003, la Sección analizó la temática concerniente a la distribución de competencias entre la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo y las Secciones respectivas, en relación con las acciones por inconstitucionalidad promovidas por los ciudadanos contra los Decretos dictados por el Gobierno Nacional y consignó las consideraciones siguientes: «El Consejo de Estado ejerce sus competencias jurisdiccionales por medio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ya sea en Sala Plena, ya a través de alguna de sus secciones. Tratándose de la decisión de acciones de nulidad por inconstitucionalidad, el artículo 97-7 del CCA (según fue modificado por el art. 33 de la Ley 446) distribuyó la competencia entre la Sala Plena y las Secciones, reservando a la Sala Plena las concernientes a decretos (i) de carácter general, (ii) cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con una norma constitucional, y (iii) que no obedezcan a función propiamente administrativa. Cuando el decreto acusado no reúna estas tres condiciones, el fallo corresponde a la Sección respectiva. La Corte Constitucional, en sentencia C-560/99, declaró exequible el aparte del artículo 33 de la Ley 446 que señaló las características que debe reunir un decreto para estar deferido a la Sala Plena…Como el Decreto 3550 de 2004 fue expedido por el Presidente de la República con fundamento en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en ejercicio de la atribución prevista en al artículo 189-15 de la Constitución Política, que le corresponde ejercer como Suprema Autoridad Administrativa, el fallo corresponde a la respectiva Sección, en este caso, la Sección Primera. NORMA DEMANDADA: DECRETO 3550 DE 2004 (28 de octubre) - GOBIERNO NACIONAL SUPRESION DE ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORDEN NACIONAL - Régimen aplicable a la liquidación - Fundamentos La jurisprudencia constitucional ha puesto de presente que el proceso de modernización del Estado colombiano es dinámico y permanente, pues día a día se impone mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades adelantadas por los entes públicos en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado (C.P., art.2o.) Ello, por cuanto no puede perderse de vista que, como lo ha puesto de presente la jurisprudencia constitucional, la eficiencia y eficacia son perentoria exigencia de la actividad pública, por tratarse de principios rectores de la gestión pública en el Estado Social de Derecho. Así lo preceptúan varias disposiciones constitucionales, i.e., el artículo 2o, al prever como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución; el 209, el erigirlas en principio de obligatoria observancia para quienes ejercen la función administrativa; en el 365, como uno de los objetivos en la prestación de los servicios públicos; en los artículos 256 numeral 4o., 268 numeral 2o, 277 numeral 5o y 343, relativos al control de gestión y resultados; y a la eficiencia como principio rector de la gestión pública, aluden preceptos constitucionales como los contenidos en los artículos 48, 49, y 268, numerales 2 y 6, de la Constitución Política. En dichos pronunciamientos se ha puesto de presente que el ejecutivo está habilitado constitucionalmente para suprimir empleos por múltiples circunstancias, entre las que se cuenta la supresión y liquidación de una entidad, siempre que ella apunte al mejoramiento administrativo en términos de calidad, idoneidad y eficiencia del servicio público; se base en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general, se oriente a la obtención de fines constitucionales relevantes y se respeten las garantías y derechos adquiridos por los trabajadores. En síntesis: la estructura de la administración pública no es intangible. La Carta de 1991, autoriza expresamente al órgano legislativo y al Gobierno, para reformar, acorde a los mandatos del texto fundamental las entidades que forman parte de la rama ejecutiva del poder público y una reestructuración en las funciones de una entidad conlleva necesariamente a la readecuación de la planta física y de personal. La reforma de las entidades y organismos, desde luego, deberá adelantarse con estricta observancia de los mandatos constitucionales, ajustarse a las funciones asignadas a los poderes públicos y respetar los derechos laborales de los servidores públicos (C.P., arts. 53 y 58).El proceso de reestructuración que, en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales, adopte el Legislador y/o el Ejecutivo, en una entidad dentro de los principios enunciados para su cabal funcionamiento, es conducente si en él se protegen los derechos de los trabajadores y si las actuaciones no exceden los límites legalmente establecidos para realizarlo ; esto significa, que el retiro de su personal debe ir acompañado de las garantías necesarias para que el trabajador no quede desprotegido en sus derechos y el proceso en sí no se convierta en un elemento generador de injusticia social. La tensión entre las necesidades de modernización del Estado con miras a asegurar la eficacia en la acción estatal y la protección de los derechos de los trabajadores: la interpretación sistemática y armónica de la Constitución Política. Como quedó expuesto, no se remite a duda que el Estado, para cumplir con sus fines, debe reajustar la estructura orgánica y funcional que le sirve de medio para obtenerlos. Por lo tanto, en lo que respecta a la administración pública, es apenas lógico que se produzca la correspondiente valoración del desempeño de las entidades que la conforman, a fin de evaluar su misión, estructura, funciones, resultados, etc, y adecuarlas a los objetivos demarcados constitucionalmente. Lo anterior se confirma con el carácter instrumental que tiene aquella frente a las políticas de gobierno, en lo relacionado con la ordenación y racionalización de la prestación de las funciones de responsabilidad del Ejecutivo, dentro de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad. Los derechos laborales de los servidores públicos: la exacta dimensión del derecho al trabajo, la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores y la garantía de estabilidad laboral. Ahora bien, en cuanto concierne a los derechos de los trabajadores, interesa destacar que el artículo 25 de la Constitución dispone que "el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado", y agrega que "toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas". Por su parte, el artículo 53 del Ordenamiento Superior dispone que la ley no puede menoscabar los derechos de los trabajadores. Y, en el mismo sentido se orienta el artículo 58 ibídem, al señalar que "se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores". De modo que una vez se ha consumado la situación jurídica e individual, y constituido así el derecho concreto, los derechos laborales entran al patrimonio de la persona y son intangibles frente a la nueva legislación. FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 20 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 75 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 76 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 77 NOTA DE RELATORIA: EN LO REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL ESTADO COMO EL PRESENTE CASO Se citan las sentencias proferidas por la Sección Primera, del 27 de enero de 2011, radicación 2006-00400-00, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, supresión de ADPOSTAL; de 16 de junio de 2011, radicación 2003-00329-01, C. P. María Elizabeth garcía González; supresión de TELETULUÁ; de 18 de agosto de 2011, radicación 2003-00500-01, C. P. María Claudia Rojas Lasso; supresión de TELETOLIMA S.A. ESP; de 22 de septiembre de 2011, Radicación 2007-00233-00 C.P. María Elizabeth garcía González, supresión de INCORA. RESPECTO DE LA DECLARACION DE LA EXCEPCION DE COSA JUZGADA se cita la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado de 17 de abril de 2012, Radicación 2004-00400, C. P. María Claudia Rojas Lasso. NORMA DEMANDADA: DECRETO 3550 DE 2004 (28 de octubre) - GOBIERNO NACIONAL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadMARÍA CLAUDIA ROJAS LASSOROBERTO CARLOS MONTES | OTROSdemanda de nulidad incoada contra el Decreto 3550 de 2004, expedido por el Gobierno Nacional, "por el cual se suprime el Instituto Nacional de Radio y Televisión -INRAVISION, y se ordena su disolución y liquidación".Identificadores10010001464true1888Versión original10001464Identificadores

Fecha Providencia

16/03/2012

Sala:  -- Seleccione --

Consejero ponente:  MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Norma demandada:  demanda de nulidad incoada contra el Decreto 3550 de 2004, expedido por el Gobierno Nacional, "por el cual se suprime el Instituto Nacional de Radio y Televisión -INRAVISION, y se ordena su disolución y liquidación".

Demandante:  ROBERTO CARLOS MONTES | OTROS


COSA JUZGADA / REITERACION JURISPRUDENCIAL / ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOS DICTADOS POR EL GOBIERNO - Competencia entre la Sala Plena y sus Secciones / DECRETO 3550 DE 2004 - Corresponde a la Sección Primera por haber sido expedido por el Presidente como Suprema Autoridad Administrativa

En sentencia de 15 de enero de 2003, la Sección analizó la temática concerniente a la distribución de competencias entre la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo y las Secciones respectivas, en relación con las acciones por inconstitucionalidad promovidas por los ciudadanos contra los Decretos dictados por el Gobierno Nacional y consignó las consideraciones siguientes: «El Consejo de Estado ejerce sus competencias jurisdiccionales por medio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ya sea en Sala Plena, ya a través de alguna de sus secciones. Tratándose de la decisión de acciones de nulidad por inconstitucionalidad, el artículo 97-7 del CCA (según fue modificado por el art. 33 de la Ley 446) distribuyó la competencia entre la Sala Plena y las Secciones, reservando a la Sala Plena las concernientes a decretos (i) de carácter general, (ii) cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con una norma constitucional, y (iii) que no obedezcan a función propiamente administrativa. Cuando el decreto acusado no reúna estas tres condiciones, el fallo corresponde a la Sección respectiva. La Corte Constitucional, en sentencia C-560/99, declaró exequible el aparte del artículo 33 de la Ley 446 que señaló las características que debe reunir un decreto para estar deferido a la Sala Plena…Como el Decreto 3550 de 2004 fue expedido por el Presidente de la República con fundamento en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en ejercicio de la atribución prevista en al artículo 189-15 de la Constitución Política, que le corresponde ejercer como Suprema Autoridad Administrativa, el fallo corresponde a la respectiva Sección, en este caso, la Sección Primera.

NORMA DEMANDADA: DECRETO 3550 DE 2004 (28 de octubre) - GOBIERNO NACIONAL

SUPRESION DE ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORDEN NACIONAL - Régimen aplicable a la liquidación - Fundamentos

La jurisprudencia constitucional ha puesto de presente que el proceso de modernización del Estado colombiano es dinámico y permanente, pues día a día se impone mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades adelantadas por los entes públicos en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado (C.P., art.2o.)

Ello, por cuanto no puede perderse de vista que, como lo ha puesto de presente la jurisprudencia constitucional, la eficiencia y eficacia son perentoria exigencia de la actividad pública, por tratarse de principios rectores de la gestión pública en el Estado Social de Derecho. Así lo preceptúan varias disposiciones constitucionales, i.e., el artículo 2o, al prever como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución; el 209, el erigirlas en principio de obligatoria observancia para quienes ejercen la función administrativa; en el 365, como uno de los objetivos en la prestación de los servicios públicos; en los artículos 256 numeral 4o., 268 numeral 2o, 277 numeral 5o y 343, relativos al control de gestión y resultados; y a la eficiencia como principio rector de la gestión pública, aluden preceptos constitucionales como los contenidos en los artículos 48, 49, y 268, numerales 2 y 6, de la Constitución Política. En dichos pronunciamientos se ha puesto de presente que el ejecutivo está habilitado constitucionalmente para suprimir empleos por múltiples circunstancias, entre las que se cuenta la supresión y liquidación de una entidad, siempre que ella apunte al mejoramiento administrativo en términos de calidad, idoneidad y eficiencia del servicio público; se base en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general, se oriente a la obtención de fines constitucionales relevantes y se respeten las garantías y derechos adquiridos por los trabajadores. En síntesis: la estructura de la administración pública no es intangible. La Carta de 1991, autoriza expresamente al órgano legislativo y al Gobierno, para reformar, acorde a los mandatos del texto fundamental las entidades que forman parte de la rama ejecutiva del poder público y una reestructuración en las funciones de una entidad conlleva necesariamente a la readecuación de la planta física y de personal. La reforma de las entidades y organismos, desde luego, deberá adelantarse con estricta observancia de los mandatos constitucionales, ajustarse a las funciones asignadas a los poderes públicos y respetar los derechos laborales de los servidores públicos (C.P., arts. 53 y 58).El proceso de reestructuración que, en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales, adopte el Legislador y/o el Ejecutivo, en una entidad dentro de los principios enunciados para su cabal funcionamiento, es conducente si en él se protegen los derechos de los trabajadores y si las actuaciones no exceden los límites legalmente establecidos para realizarlo ; esto significa, que el retiro de su personal debe ir acompañado de las garantías necesarias para que el trabajador no quede desprotegido en sus derechos y el proceso en sí no se convierta en un elemento generador de injusticia social. La tensión entre las necesidades de modernización del Estado con miras a asegurar la eficacia en la acción estatal y la protección de los derechos de los trabajadores: la interpretación sistemática y armónica de la Constitución Política. Como quedó expuesto, no se remite a duda que el Estado, para cumplir con sus fines, debe reajustar la estructura orgánica y funcional que le sirve de medio para obtenerlos. Por lo tanto, en lo que respecta a la administración pública, es apenas lógico que se produzca la correspondiente valoración del desempeño de las entidades que la conforman, a fin de evaluar su misión, estructura, funciones, resultados, etc, y adecuarlas a los objetivos demarcados constitucionalmente. Lo anterior se confirma con el carácter instrumental que tiene aquella frente a las políticas de gobierno, en lo relacionado con la ordenación y racionalización de la prestación de las funciones de responsabilidad del Ejecutivo, dentro de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad. Los derechos laborales de los servidores públicos: la exacta dimensión del derecho al trabajo, la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores y la garantía de estabilidad laboral. Ahora bien, en cuanto concierne a los derechos de los trabajadores, interesa destacar que el artículo 25 de la Constitución dispone que "el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado", y agrega que "toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas". Por su parte, el artículo 53 del Ordenamiento Superior dispone que la ley no puede menoscabar los derechos de los trabajadores. Y, en el mismo sentido se orienta el artículo 58 ibídem, al señalar que "se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores". De modo que una vez se ha consumado la situación jurídica e individual, y constituido así el derecho concreto, los derechos laborales entran al patrimonio de la persona y son intangibles frente a la nueva legislación.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 20 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 75 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 76 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 77

NOTA DE RELATORIA: EN LO REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL ESTADO COMO EL PRESENTE CASO Se citan las sentencias proferidas por la Sección Primera, del 27 de enero de 2011, radicación 2006-00400-00, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, supresión de ADPOSTAL; de 16 de junio de 2011, radicación 2003-00329-01, C. P. María Elizabeth garcía González; supresión de TELETULUÁ; de 18 de agosto de 2011, radicación 2003-00500-01, C. P. María Claudia Rojas Lasso; supresión de TELETOLIMA S.A. ESP; de 22 de septiembre de 2011, Radicación 2007-00233-00 C.P. María Elizabeth garcía González, supresión de INCORA. RESPECTO DE LA DECLARACION DE LA EXCEPCION DE COSA JUZGADA se cita la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado de 17 de abril de 2012, Radicación 2004-00400, C. P. María Claudia Rojas Lasso.

NORMA DEMANDADA: DECRETO 3550 DE 2004 (28 de octubre) - GOBIERNO NACIONAL

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012)

Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00053-01

Actor: ROBERTO CARLOS MONTES Y OTROS

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Se decide en única instancia la demanda de nulidad incoada contra el Decreto 3550 de 2004, expedido por el Gobierno Nacional,"por el cual se suprime el Instituto Nacional de Radio yTelevisión -INRAVISION, y se ordena su disolución y liquidación".

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA.

Los ciudadanos ROBERTO CARLOS MONTES, ALVARO GAONA, JHON JAIROCOSTA, CARLOS GARAY, OSCAR ALIRIO MORENO, JOSE ROGELIOCARRILLO y DIANA ALEXANDRA LOPEZ, por medio de apoderado judicial, enejercicio de la acción pública de nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A.,solicitan que se declare la nulidad del Decreto 3550 de 2004 (28 de octubre), por el cual el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las previstas en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto-Ley 254 de 2000 "suprime el Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISIÓN, y se ordena su disolución y liquidación".

1.1. El acto acusado.

Se reproduce su texto, conforme a la publicación del Decreto 3550 de 2004 en el Diario Oficial No. 45715.

"DECRETO 3550 de 2004

(Octubre 28)

"Por el cual se suprime el Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, y se ordena su disolución y liquidación".

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las previstas en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto-Ley 254 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 189 numeral 15 de la Constitución Política dispone que corresponde al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales, de conformidad con la ley;

Que el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 en sus numerales 3º y 4º faculta al Presidente de la República para suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de las entidades u organismos del orden nacional cuando las evaluaciones de la gestión administrativa aconsejen la supresión o la transferencia de funciones a otra entidad o cuando la conveniencia de esa decisión se concluya por la utilización de los indicadores de gestión y de eficiencia que emplean los órganos de control;

Que el parágrafo del artículo 77 de la Constitución Política no es obstáculo para la supresión, como lo anotó la Sala de Consulta y Servicio Civil del honorable Consejo de Estado en concepto del 17 de junio de 2003 en el cual textualmente se afirma, entre otras cosas, que "en el caso objeto de consulta, Inravisión es una sociedad entre entidades públicas, organizada como empresa industrial y comercial del Estado, la cual forma parte de la administración pública, rama ejecutiva del poder público del orden nacional del sector descentralizado por servicios (L. 489/98, art. 38.2.f) y, en consecuencia una eventual escisión, fusión o supresión debe ser implementada conforme a las disposiciones constitucionales y legales pertinentes, atendiendo las competencias señaladas en ellas";

Que más adelante, en el citado concepto, señala la Sala: "en síntesis, como no existe desarrollo legal alguno que le dé contenido especial a la protección de los derechos de los trabajadores de Inravisión, incluido el de estabilidad, consagrada en el artículo 77 de la Carta, pues las leyes 182 y 335 se limitaron a reiterarla, su régimen al respecto es el común al de los demás servidores del Estado en la forma que quedó consignada, pues no existe una garantía distinta o un plus que permita concluir un tratamiento especial";

Que mediante concepto del 19 de agosto de 2004, radicación 1566, la mencionada Sala consideró que, ante la eventual supresión de Inravisión, su pasivo pensional calculado de conformidad con las leyes 314 de 1996 y 419 de 1997, debe pagarlo la Comisión Nacional de Televisión, en los plazos establecidos por dichas leyes. De igual manera, anotó que los recursos legales para el financiamiento del servicio público de televisión pública deben ser transferidos por la CNTV a la entidad que cumpla esta función;

Que en los estudios sobre reestructuración de las empresas industriales y comerciales del Estado del sector de televisión en Colombia y el documento Conpes número 3314 de octubre 25 de 2004, teniendo en cuenta su crítica situación se recomendó la supresión de Inravisión y el traslado de sus funciones a una nueva entidad;

Que el documento de política pública de la contraloría delegada para la infraestructura física y telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo regional, identificado con los números 85113-01 de fecha febrero 16 de 2004, señala que Inravisión es financieramente inviable,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Supresión, disolución y liquidación

Artículo 1º-Supresión, disolución y liquidación. Suprímese el Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, creado mediante Decreto 3267 del 20 de diciembre de 1963 como establecimiento público adscrito al Ministerio de Comunicaciones, transformado por la Ley 42 de 1985 como entidad asociativa de carácter especial y posteriormente por la Ley 182 de 1995 transformada en sociedad entre entidades públicas, organizada como empresa industrial y comercial del Estado, naturaleza esta conservada por la Ley 335 de 1996.

En consecuencia, a partir de la vigencia del presente decreto, el Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, entrará en proceso de disolución y liquidación y utilizará para todos los efectos la denominación -Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión en liquidación-.

Para efectos de la liquidación del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, en los aspectos no contemplados por el presente decreto, se aplicará lo señalado en el Decreto-Ley 254 de 2000 y en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad, lo pertinente en las disposiciones sobre liquidación del estatuto orgánico del sistema financiero y del Código de Comercio.

Artículo 2°. Duración del proceso de liquidación y terminación de la existencia de la entidad. El proceso de liquidación deberá concluir a más tardar en un plazo de dos (2) años contados a partir de la vigencia del presente decreto. Vencido el término de liquidación señalado, terminará para todos los efectos la existencia jurídica del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación.

Artículo 3°. Prohibición para iniciar nuevas actividades. El Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para expedir los actos, celebrar, subrogar los contratos y adelantar las acciones necesarias para su liquidación.

Artículo 4°. Garantía de la continuidad en la prestación del servicio público de radio y televisión. Con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de televisión y radio a su cargo el Estado deberá:

1. Garantizar que los bienes, activos y derechos que dicha entidad destinaba a la

Prestación de los servicios públicos de radio y televisión continúen afectos a tal fin, el Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión en Liquidación, deberá celebrar los actos y contratos a que haya lugar con terceros incluido el nuevo Gestor del servicio, así como transferir los bienes activos y derechos al nuevo Gestor del servicio, en los términos previstos en el presente decreto y de acuerdo con las normas que rigen el proceso de liquidación.

2. El Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación deberá subrogar en el nuevo Gestor del servicio de radio y televisión, los contratos y convenios en ejecución suscritos con la Comisión Nacional de Televisión para el cumplimiento de su objeto y en los casos en que hubiere lugar con los usuarios de los servicios de radio y televisión.

3. La Comisión Nacional de Televisión reasignará al nuevo Gestor las respectivas frecuencias que Inravisión utilizaba para la prestación de los servicios de televisión a su cargo, y el Ministerio de Comunicaciones reasignará las respectivas frecuencias que Inravisión utilizaba para la prestación del servicio de radio a su cargo.

4. La Comisión Nacional de Televisión reasignará y girará al nuevo Gestor, los recursos para financiar los diferentes proyectos de inversión presentados por Inravisión para su desarrollo y ejecución.

5. La Comisión Nacional de Televisión en cumplimiento de las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de televisión transferirá los recursos suficientes y necesarios para que el nuevo Gestor público de televisión pueda cumplir cabalmente su objeto.

6. Subrogar al nuevo Gestor del servicio de radio y televisión el contrato de comodato de uso de bienes celebrado entre la Comisión Nacional de Televisión e Inravisión, previo cumplimiento del requisito de ley.

7. Garantizar que los bienes, activos y derechos del Instituto Nacional de Radio y

Televisión-Inravisión en Liquidación, destinados a la prestación del servicio de televisión y radio, incluyendo el nombre comercial ¿Inravisión¿ y los demás nombres comerciales, las enseñas comerciales, las marcas, los logotipos, los símbolos y, en general, todos los derechos de propiedad intelectual de Inravisión, en especial todos aquellos que recaigan sobre los signos distintivos que incluyan o hagan referencia a la palabra Inravisión se mantengan afectos a la prestación del servicio público de radio y televisión.

8. Subrogar al nuevo Gestor los procesos de Contratación de Inravisión que estén en curso relacionados con la prestación del servicio de Radio y Televisión para su respectiva adjudicación, desarrollo, ejecución y liquidación.

9. Garantizar la continuidad en la prestación del servicio mediante la celebración de los contratos que se requieran.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo y con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, mediante el presente decreto se transfieren al Gestor del servicio todas aquellas funciones asignadas por ley a Inravisión y que se precisen para la operación del servicio público de Televisión y Radio Nacional.

Artículo 5°. Gestor. Para todos los efectos previstos en el presente decreto se entiende por Gestor del servicio público de radio y televisión a la sociedad Radio

Televisión Nacional de Colombia, RTVC.

Artículo 6°. Operación de la Red Pública de Radio y Televisión. El Gestor a que se refiere el artículo anterior, contratará la operación, administración y mantenimiento de la Red Pública de Radio y Televisión.

CAPITULO II

Órganos de dirección y control de la liquidación

Artículo 7°. Liquidador. El Liquidador del Instituto Nacional de Radio televisión -

Inravisión en Liquidación será la Fiduciaria La Previsora S.A. quien deberá suscribir el correspondiente contrato con el Ministerio de Comunicaciones, el cual se pagará con cargo a los recursos del ente en liquidación.

Artículo 8°. Órgano de control. El Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión en Liquidación tendrá como órgano de control un revisor fiscal quien será designado de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

Artículo 9°. Funciones del Liquidador. El Liquidador actuará como representante legal del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación y adelantará el proceso de liquidación del Instituto dentro del marco de las disposiciones del Decreto ley 254 de 2000, de las atribuciones señaladas en el presente decreto, y de las demás normas aplicables. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

1. Realizar el inventario físico detallado de los activos y pasivos de la entidad y el avalúo de los bienes.

2. Celebrar contratos para la administración y enajenación de los bienes no afectos al servicio público de radio y televisión, una vez los mismos hubieren sido inventariados y valorados por parte del Liquidador y se haya determinado su costo de uso, hasta el final del proceso de liquidación.

3. Celebrar o subrogar con el Gestor del servicio todos aquellos contratos y convenios, que se requieran para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de acuerdo a lo establecido en el presente decreto.

4. Responder por la guarda y administración de los bienes y haberes que se encuentren en cabeza de la entidad en liquidación, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto. En consecuencia podrá celebrar los contratos necesarios para la protección y amparo de los bienes que se encuentren bajo su cuidado.

5. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la conservación y fidelidad de todos los archivos de la entidad y, en particular, de aquellos que puedan influir en la determinación de obligaciones a cargo de la misma.

6. Informar a los organismos de control del inicio del proceso de liquidación.

7. Dar aviso a los jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin de que terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiendo que se deben acumular al proceso de liquidación y que no se podrá continuar ninguna otra clase de proceso contra la entidad sin que se notifique personalmente al Liquidador.

8. Dar aviso a los jueces que conozcan de los procesos en los cuales se hayan decretado embargos con anterioridad a la vigencia del presente decreto, para que oficien a los registradores de instrumentos públicos con el fin de que procedan a cancelar los correspondientes registros.

9. Dar aviso a los registradores de instrumentos públicos para que procedan a cancelar los registros correspondientes a los embargos y para que dentro de los treinta (30) días siguientes a que se inicie la liquidación, informen al Liquidador sobre la existencia de folios en los que la institución en liquidación figure como titular de bienes o de cualquier clase de derechos.

10. Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una

liquidación rápida y efectiva.

11. Liquidar los contratos que con ocasión de la liquidación del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión, se terminen, a más tardar en la fecha prevista para la culminación del proceso liquidatorio, previa, apropiación y disponibilidad presupuestal.

12. Elaborar un programa de supresión de cargos dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en la que asuma sus funciones como Liquidador.

13. Terminar los contratos laborales de los trabajadores oficiales y las relaciones legales y reglamentarias de los empleados públicos, cuyos cargos sean suprimidos.

14. Elaborar el anteproyecto de presupuesto y las modificaciones presupuestales del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en liquidación a que haya lugar.

15. Adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación.

16. Dar cierre a la contabilidad del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión e iniciar la contabilidad de la liquidación.

17. Celebrar los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación, y representar a la entidad en las sociedades, asociaciones y entidades en que sea socia o accionista.

18. Transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, en los procesos y reclamaciones que se presenten dentro de la liquidación, atendiendo las reglas sobre prelación de créditos establecidas legalmente.

19. Promover las acciones disciplinarias, contenciosas, civiles o penales a que haya lugar.

20. Rendir mensualmente los informes de su gestión al Ministerio de Comunicaciones.

21. Velar por que se dé cumplimiento al principio de publicidad dentro del proceso de liquidación.

22. Elaborar el cronograma de actividades para adelantar el proceso liquidatorio, de Conformidad con lo dispuesto en el presente decreto.

23. Presentar al Ministerio del Interior y de Justicia un informe mensual sobre el estado de los procesos y reclamaciones, al igual que cumplir con las demás funciones establecidas en el Decreto 414 de 2001.

24. Presentar el informe final de labores al Ministerio de Comunicaciones.

25. Las demás funciones que le sean asignadas o que sean propias de su encargo.

Artículo 10. Actos del Liquidador. Los actos del Liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, son actos administrativos y serán objeto de control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Los actos administrativos del Liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso de liquidación.

Contra los actos administrativos del Liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno.

El Liquidador podrá revocar directamente los actos administrativos manifiestamente ilegales o que se hayan obtenido por medios ilegales.

CAPITULO III

Disposiciones laborales y pensionales

Artículo 11. Supresión de empleos y terminación de la vinculación. Como consecuencia de la supresión del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión, el Liquidador, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que asuma sus funciones elaborará un programa de supresión de cargos, determinando el personal que por la naturaleza de las funciones desarrolladas debe acompañar el proceso de liquidación.

La supresión de los empleos y cargos dará lugar a la terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales y del vínculo legal y reglamentario de los empleados públicos, en los términos previstos en las normas vigentes.

Al vencimiento del término de la liquidación quedarán automáticamente suprimidos los cargos existentes y terminarán los contratos de trabajo de acuerdo con el respectivo régimen legal aplicable.

Artículo 12. Indemnizaciones. A los trabajadores oficiales a quienes se les termine el contrato de trabajo como consecuencia de la supresión y liquidación del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, se les reconocerá y pagará una indemnización así:

1. Por menos de un (1) año de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salario.

2. Por un (1) año o más de servicios continuos y menos de cinco (5) años: cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y quince (15) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.

3. Por cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10) años; cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y veinte (20) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.

4. Por diez (10) años o más de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salario por el primer año, y cuarenta (40) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.

Parágrafo. El Liquidador elaborará un plan de pagos para la cancelación de las obligaciones laborales incluidas las indemnizaciones de que trata el presente decreto, las que serán canceladas en el término máximo de noventa (90) días conforme a lo establecido por el Decreto 797 de 1949.

Artículo 13. Incompatibilidad con otras indemnizaciones. Las indemnizaciones a las que se refiere el presente decreto son incompatibles con cualquier otra de las establecidas para la terminación unilateral y sin justa causa de los contratos de trabajo.

Artículo 14. Compatibilidad con las prestaciones sociales. El pago de las indemnizaciones previstas en el presente decreto es compatible con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tenga derecho el trabajador oficial o a la terminación del respectivo contrato de trabajo.

Artículo 15. Financiación de las indemnizaciones. La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público ¿, dentro del término establecido en el Decreto 797 de 1949, transferirá a la entidad en liquidación los recursos suficientes para que pueda cumplir con el pago de las indemnizaciones y demás acreencias laborales a que tengan derecho los trabajadores oficiales y los empleados públicos que sean retirados.

Artículo 16. Levantamiento de fuero sindical. Para efectos de la desvinculación del personal que actualmente goza de la garantía de fuero sindical, el Liquidador adelantará los procesos de levantamiento del fuero sindical. Será responsabilidad del Liquidador iniciar dichos procesos dentro del término y condiciones establecidas en el Decreto número 2160 de 2004. Una vez obtenidos los pronunciamientos correspondientes en los mencionados procesos, se terminará la relación laboral.

Artículo 17. Prohibición de vincular nuevos servidores públicos. Dentro del término previsto para el proceso de liquidación, no se podrá vincular nuevos servidores públicos al Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación, ni se podrá adelantar ningún tipo de actividad que implique celebración de pactos o convenciones colectivas.

Artículo 18. Cálculo Actuarial. El Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación presentará para la respectiva aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional, con el concepto previo de la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social de ese Ministerio, el cálculo actuarial correspondiente a los pasivos pensionales de que trata el presente decreto. El cálculo actuarial debe contemplar los costos de administración.

Parágrafo. Sin perjuicio de la responsabilidad de hacer y presentar el cálculo actuarial de manera completa y correcta, en el evento en que se encuentren personas no incluidas en el cálculo actuarial, será necesario efectuar previamente los ajustes a que haya lugar, para el pago de las respectivas pensiones. Sin dichos ajustes la Caja de Previsión Social de Comunicaciones "Caprecom" no podrá realizar el respectivo pago de las mesadas pensionales con cargo al Fondo Común de Naturaleza Pública Foncap.

En tales casos, la entidad en liquidación deberá cumplir las obligaciones pensionales que le correspondan con cargo a sus recursos, hasta tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público apruebe la inclusión en el respectivo cálculo. Para el efecto la Caja de Previsión Social de Comunicaciones "Caprecom" deberá cruzar cada seis (6) meses la nómina general de pensionados con el cálculo actuarial respectivo y aplicar los mecanismos de control establecidos.

Artículo 19. Reconocimiento de pensiones y cuotas partes. La Caja de Previsión Social de Comunicaciones-Caprecom- será la encargada de reconocer las cuotas partes y las pensiones de los ex servidores de Inravisión, así como las pensiones de sobrevivientes que se causen a cargo de la misma, a partir de la fecha de vigencia del presente decreto.

Será responsabilidad de Caprecom la elaboración de las nóminas de pensionados y la ubicación oportuna de los recursos para su pago por parte del Foncap.

Artículo 20. Revisión de pensiones. La Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom deberá realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 y procederá a revocar directamente el acto administrativo mediante el cual se realizó el reconocimiento o a solicitar su revisión en los términos establecidos por las normas vigentes. Procederá de la misma forma a solicitud de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuando dicha entidad detecte que algunas de las pensiones se encuentran incursas en una de las causales establecidas por los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003.

Artículo 21 Emisión y pago de bonos pensionales. La Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, reconocerá, liquidará y emitirá los bonos pensionales de los ex servidores de Inravisión. Caprecom pagará los bonos pensionales con cargo a las transferencias que con tal fin debe efectuar la Comisión Nacional de Televisión CNTV al Foncap de conformidad con las leyes 314 de 1996 y 419 de 1997. De igual forma realizará el cobro y pago de cuotas partes de bonos pensionales correspondientes a los ex servidores de Inravisión.

Artículo 22. Cuotas partes pensionales. Las cuotas partes pensionales serán pagadas por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones-Caprecom de conformidad con el mecanismo que se establezca para el efecto. El cobro de las cuotas partes pensionales estará a cargo de Inravisión en Liquidación. Los recursos obtenidos por este cobro se destinarán para la financiación de las pensiones de la entidad en liquidación.

Artículo 23. Financiación de las pensiones. Los activos de Inravisión que estaban destinados al pago de sus pasivos pensionales, conservarán tal destino, no formarán parte de la masa de la liquidación y deberán ser entregados al Foncap, en la forma y oportunidad que lo determine el Gobierno Nacional.

Si dichos activos no fueren suficientes para financiar tales pasivos y en razón de la preferencia de primer grado que le corresponde a los pasivos laborales, en la liquidación se destinará preferentemente otros activos de la entidad a tal fin hasta completar el monto de aquellos pasivos.

Los activos que se entreguen para atender el pago de pasivos pensionales deberán ser preferentemente monetarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 14 y en el inciso 2° del parágrafo del artículo 32 del Decreto-ley 254 de 2000 en concordancia con lo previsto en las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996, la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, transferirá al Foncap los recursos necesarios y en cantidad suficiente para cubrir el pasivo pensional de Inravisión, en los términos de las Leyes 314 de 1996 y 419 de 1997.

CAPITULO IV

Régimen de bienes

Artículo 24. Inventario y valoración de activos del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación. Dentro del plazo establecido en las normas vigentes sobre liquidación de entidades públicas, el Liquidador deberá realizar el inventario físico detallado del activo y del pasivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación, y realizar la reconstrucción contable del activo fijo y su correspondiente valoración, para lo cual celebrará los contratos que se requieran con una o más firmas especializadas. El Liquidador se podrá apoyar en la entidad que se establezca como Gestor del Servicio para la realización del inventario y su valoración.

Artículo 25. Masa de la liquidación. La masa de la liquidación del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación estará constituida por los bienes de propiedad de Inravisión en liquidación, a los que se refiere el artículo 20 del Decreto 254 de 2000.

Artículo 26. Inventario de pasivos. Simultáneamente con el inventario de activos, el Liquidador elaborará un inventario de pasivos del Instituto Nacional de Radio y Televisión- Inravisión en Liquidación, incluidos los laborales y las contingencias que surjan de las reclamaciones y procesos en curso, el cual se sujetará a las siguientes reglas:

1. Incluir la relación cronológica pormenorizada de todas las obligaciones a cargo del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación, incluyendo las obligaciones a término y aquellas que sólo representan una contingencia para ella, entre otras, las condicionales, los litigios y las garantías;

2. Sustentar la relación de pasivos en los estados financieros del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación y en los demás documentos contables que permitan comprobar su existencia y exigibilidad; y

3. La relación de las obligaciones laborales a cargo de la Entidad.

Artículo 27. Autorización de inventarios. Los inventarios que elabore el Liquidador, conforme a las reglas anteriores deberán ser refrendados por el revisor fiscal de la entidad en liquidación. Copia de los inventarios, deberán ser remitidos a la Contraloría General de la República para un control posterior.

Artículo 28. Estudio de títulos. Durante la etapa de inventarios, el Liquidador dispondrá la realización de un estudio de títulos de los bienes inmuebles de propiedad de la entidad, con el fin de sanear cualquier irregularidad que pueda afectar su posterior enajenación y de identificar los gravámenes y limitaciones existentes al derecho de dominio.

Así mismo, el Liquidador identificará plenamente aquellos bienes inmuebles que la entidad posea a título de tenencia, como arrendamiento, comodato, usufructo u otro similar y deberá restituir o ceder aquellos que no correspondan a la prestación del servicio.

Artículo 29. Uso de bienes afectos a la continuidad en la prestación del servicio de televisión y radio. Durante el proceso de liquidación de la entidad los bienes afectos a la continuidad de los servicios de televisión y radio serán usados por el Gestor para el ejercicio de sus funciones. El pago por el uso de estos bienes se realizará mediante la compensación con cargo a los gastos de inversiones que demande la administración, operación y mantenimiento de aquellos.

Artículo 30. Título jurídico. Culminada la liquidación, los bienes afectos a la prestación del servicio que continúen bajo la titularidad de Inravisión en Liquidación serán transferidos al Gestor.

Artículo 31. Emplazamiento. Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se inicie el proceso de liquidación, se emplazará a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra el Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación y a quienes tengan en su poder, a cualquier título, activos de la entidad, para los fines de su devolución y cancelación.

En los procesos jurisdiccionales que se encuentren en curso en el momento en que entre en vigencia el presente decreto, y dentro de los cuales se hubieren practicado medidas cautelares sobre los bienes del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión, se levantará tal medida y el o los actuantes se deberán constituir como acreedores de la masa de la liquidación.

La publicación de avisos, el término para presentar reclamaciones, el traslado de las mismas y la decisión sobre ellas se sujetarán a las disposiciones que rigen la toma de posesión de entidades financieras.

CAPITULO V

Pago de obligaciones

Artículo 32. Pago de obligaciones. Las obligaciones a cargo del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación serán atendidas en la forma prevista en el, presente decreto y en las normas legales, teniendo en cuenta la prelación de créditos prevista en los artículos 2488 a 2511 del Código Civil y la disposición relativa a los gastos de los archivos.

Para ello se tendrá en cuenta las siguientes reglas:

1. Toda obligación a cargo del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación, deberá estar relacionada en el inventario de pasivos y debidamente comprobada.

2. El Liquidador deberá elaborar un plan de pagos para la cancelación de las obligaciones laborales y de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

3. Las obligaciones a término que superen el plazo límite fijado para la liquidación se podrán cancelar en forma anticipada, sin dar lugar al pago de intereses distintos de los que se hubieren estipulado expresamente.

4. Para el pago de las obligaciones condicionales o litigiosas, cuando estas llegaren a hacerse exigibles se efectuará la reserva correspondiente.

5. Para el pago del pasivo se tendrá en cuenta la caducidad y la prescripción de las obligaciones, contenidas en las normas legales vigentes.

CAPITULO VI

Informe final y acta de liquidación

Artículo 33. Informe final de la liquidación. Una vez culminado el proceso de liquidación del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación, el

Liquidador elaborará un informe final de liquidación que contendrá como mínimo los siguientes asuntos:

1. Administrativos y de gestión.

2. Laborales.

3. Operaciones comerciales y de mercadeo.

4. Financieros.

5. Jurídicos.

6. Manejo y conservación de los archivos y memoria institucional.

7. Bienes y obligaciones remanentes, y

8. Procesos en curso y estado en que se encuentren.

El informe deberá ser presentado al Ministerio de Comunicaciones para la formulación de las objeciones pertinentes.

Artículo 34. Acta de liquidación. Si no se objetare el informe final de liquidación en ninguna de sus partes, se levantará un acta que deberá ser firmada por el Liquidador. Si se objetare, el Liquidador realizará los ajustes necesarios y posteriormente se levantará el acta de liquidación.

El Liquidador declarará terminado el proceso de liquidación una vez quede en firme el acta final de liquidación, la cual se deberá publicar conforme a la ley.

La responsabilidad frente a terceros una vez se hayan agotado los activos disponibles para cumplir con el proceso será asumida por la Nación-Ministerio de Comunicaciones.

Los bienes que no hayan podido ser enajenados, así como los derechos de la entidad liquidada se traspasarán a la entidad descentralizada que señale al concluir la liquidación el Gobierno Nacional.

CAPITULO VII

Disposiciones varias

Artículo 35. Obligaciones especiales de los servidores de dirección, confianza y manejo y responsables de los archivos de la entidad. Teniendo en cuenta el actual estado de inventarios de la entidad y las labores de reconstrucción, levantamiento y avalúo que este Decreto dispone, los empleados y trabajadores que desempeñen empleos o cargos de dirección, confianza y manejo y los responsables de los archivos de la entidad deberán rendir las correspondientes cuentas fiscales e inventarios y efectuar la entrega de los bienes y archivos a su cargo, conforme a las normas y procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, la Contaduría General de la Nación y el Archivo General de la Nación, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad fiscal a que haya lugar en caso de irregularidades.

Artículo 36. Procesos judiciales. Dentro de los tres (3) meses siguientes al inicio de sus labores, el Liquidador de la entidad deberá presentar al Ministerio del Interior y de Justicia, un inventario de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte el Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación, el cual deberá contener como mínimo:

1. El nombre, dirección, identificación y cargo, si es del caso, que ocupaba el demandante o reclamante y sus pretensiones.

2. El despacho judicial en que cursa o cursó el proceso y su radicación.

3. El estado actualizado del proceso y su cuantía.

4. El nombre y dirección del apoderado de la entidad a liquidar.

5. El valor y forma de pago de los honorarios del apoderado de la entidad.

Con el propósito de garantizar la adecuada defensa de la Nación, el Liquidador de la entidad, continuará atendiendo, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto se efectúe la entrega de los inventarios, los procesos judiciales y demás reclamaciones en curso o los que se llegaren a iniciar dentro de dicho término. El Liquidador deberá entregar al Ministerio del Interior y de Justicia un informe mensual sobre el estado de los procesos y reclamaciones.

Artículo 37. Archivos. Los archivos de la entidad en liquidación se conservarán conforme a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 041 de 2002 del Archivo General de la Nación y las demás normas aplicables.

Será responsabilidad del Liquidador constituir, con recursos de la entidad, el fondo requerido para atender los gastos de conservación, guarda y depuración de los archivos. La destinación de recursos de la liquidación para estos efectos, se hará con prioridad sobre cualquier otro gasto o pago a cargo de la masa de la entidad en liquidación.

Los archivos, contratos y procesos que continúen vigentes a la terminación del proceso de liquidación serán entregados debidamente inventariados por el Liquidador a la entidad que se establezca como Gestor del Servicio, para lo cual suscribirán un acta que dé cuenta de dicha entrega.

Artículo 38. Contabilidad de la liquidación. Las políticas, normas y procedimientos contables aplicables al Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación serán establecidas por la Contaduría General de la Nación.

El Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación seguirá presentando información financiera, económica y social a la Contaduría General de la Nación, en la forma y términos establecidos por la misma para el efecto, hasta tanto culmine por completo dicho proceso.

Artículo39. Participación de Inravisión en los canales regionales. La participación que tenía Inravisión en los Canales Regionales pasará a la Nación - Ministerio de Comunicaciones.

Artículo 40. Recursos para el funcionamiento de la entidad en Liquidación. Los gastos de funcionamiento y operación de la entidad en Liquidación, con excepción del pasivo pensional, serán financiados con cargo a los recursos de la liquidación y en su defecto con recursos de la Nación.

Artículo 41. Recursos para el cumplimiento de los compromisos adquiridos antes de la liquidación de Inravisión. La Comisión Nacional de Televisión transferirá al Liquidador los recursos necesarios para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Inravisión con anterioridad a la liquidación, en particular los de carácter laboral.

Artículo 42. Transitorio. El Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación, continuará ejecutando las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2004, comprometidas por parte del Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión, antes de la expedición del presente decreto.

Artículo 43. Transitorio. El Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en

Liquidación deberá Garantizar la continuidad y cumplimiento de los contratos de producción y emisión a terceros hasta que sean subrogados a Radio Televisión

Nacional de Colombia, RTVC.

Artículo 44. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su promulgación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

El Presidente de la República

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

La Ministra de Comunicaciones,

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública

1.2 Hechos.

El artículo 75 Superior definió el espectro electromagnético como "un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado"; garantizó "la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley" y dispuso que "para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético".

Los artículos 76 y 77 ibídem establecieron que un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio tendría a su cargo la intervención estatal en el espectro utilizado para los servicios de televisión; el desarrollo y ejecución de los planes y programas del Estado en dicho servicio y la dirección de la política relacionada con la misma. Además, garantizaron la estabilidad y los derechos adquiridos de los trabajadores de INRAVISIÓN.

Las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 dispusieron que INRAVISIÓN sería el prestador público del servicio de televisión y serían clandestinos los servicios que la CNTV no hubiera autorizado o no le hubiera asignado frecuencias.

Para salvaguardar la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravisión, esta entidad y el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Comunicaciones, suscribieron con la Asociación Colombiana de televisión - ACOTV, sindicato de empresa, en representación de los trabajadores, una Convención Colectiva que aún se encuentra vigente en todas sus partes.

El parágrafo del artículo 35 de la Ley 182 de 1995 dispuso que una vez entre a desempeñar sus atribuciones la CNTV, INRAVISIÓN y las organizaciones de radio y televisión dejarán de ejercer funciones de intervención, dirección, regulación y control del servicio público de televisión y el objeto de INRAVISIÓN sería su operación. El artículo 62 ibídem le atribuyó la producción, realización y emisión de la televisión cultural y educativa y el artículo 16 de la Ley 335 de 1996 reiteró las disposiciones anteriores.

Según Documento CONPES 3314 del 25 de octubre de 2004, la Ley 335 de 1996 permitió la operación con cubrimiento nacional de los canales privados, cuyo ámbito era inicialmente zonal y en 1998 terminó el monopolio en la operación nacional del servicio de televisión cuando entraron los dos canales privados que luego de un año concentraron el 42% de la audiencia, así como la pauta publicitaria, situación que puso en desventaja a INRAVISIÓN, quien tenía una limitada capacidad para generar ingresos propios, un significativo porcentaje de activos improductivos, pasivos con altos costos financieros, una convención colectiva rígida y un costo satelital muy elevado, por lo que se recomendó su supresión y liquidación.

Esa recomendación fue acogida por Gobierno Nacional al promulgar el Decreto 3525 de 26 de octubre de 2004 que autorizó la creación de una entidad descentralizada indirecta del orden nacional cuyos socios serían INRAVISIÓN y ADPOSTAL, cuyo objeto será la programación, producción y operación de la red de radio y televisión pública.

El 28 de octubre el Gobierno Nacional profirió el Decreto 3550 de 2004 acusado, por medio del cual suprimió INRAVISIÓN.

El 9 de noviembre de 2004, mediante resolución No. 00698 la CNTV inaplicó por inconstitucionales algunas normas del Decreto 3550 de 2004.

1.3 Normas violadas.

Los demandantes citaron como violados el preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 6 7, 25, 53, 75, 76, 77, 93, 113 y 374 de la Constitución Política. Los artículos 1º (inciso primero); 3 (inciso primero); 4, 5 (literales a, f, h, k y m); 12 (literales a y f); 35 (inciso segundo) y 37-1 de la Ley 182 de 1995; el artículo 16 (incisos primero, tercero, cuarto, y parágrafo primero) de la ley 335 de 1996; el artículo 4, parágrafo 1, de la Ley 314 de 1996 y el artículo 32 (inciso cuarto del parágrafo) del Decreto Ley 254 de 2000.

1.4 Concepto de la violación.

El actor lo sustentó en los siguientes términos:

Primer cargo: El decreto demandado violó el Preámbulo de la Constitución porque únicamente se fundó en los problemas estructurales de carácter financiero descritos en el Documento CONPES 3314 de octubre 25 de 2004 y en el documento de política pública de la Contraloría Delegada para la infraestructura física y de Telecomunicaciones, que recomendaron su supresión.

La decisión de suprimir INRAVISIÓN tiene las siguientes consecuencias: conlleva la supresión de los empleos de sus servidores; traslado de obligaciones laborales a la CNTV; subroga los contratos de producción y emisión a terceros hasta cuando sean subrogados al nuevo operador público de Televisión creado para el efecto; no constituye una herramienta para fomentar la educación, la cultura, la participación Democrática, la construcción de ciudadanía, y la generación de identidad nacional, y ni para fortalecer la unidad de la Nación a partir de la promoción y reconocimiento de los valores nacionales, institucionales y democráticos.

Además, no se orienta a mejorar los parámetros de calidad y ampliar adecuadamente la cobertura del servicio de televisión puesto que obliga a RTVC a operar el servicio en las mismas condiciones que las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 previeron para INRAVISIÓN; genera gastos innecesarios; no ataca los factores que originaron la crisis de INRAVISIÓN; deja a los colombianos a merced de operadores privados a quienes no les resulta rentable promover programas de educación y cultura, y no garantiza la pluralidad de la información ni que los contenidos de su programación cobije a todas las audiencias.

El Decreto acusado no le garantiza a los servidores de INRAVISION el trabajo, la convivencia, la igualdad, y la participación en las decisiones que los afectan, aunque a través de ACOTV estuvieron dispuestos a negociar para salvar la entidad y asegurar que cumpliera su objeto, a pesar de que no recibía la transferencia pactada en el artículo 48 de la convención colectiva de trabajo.

Segundo cargo. El decreto acusado viola el artículo primero constitucional que instituye el principio de Estado social de derecho porque no garantiza condiciones materiales y espirituales que permitan vivir con dignidad ni la prevalencia de los derechos de las personas.

Reiteró que no resuelve la situación de escasa cobertura y calidad que padecía INRAVISIÓN y pone a los televidentes a merced de los operadores privados por razones anotadas en el cargo anterior, e impide que sus trabajadores puedan disfrutar de una vida plena y digna al privarlos de sus empleos y del ejercicio de sus profesiones y los obliga a desempeñar actividades llamadas al fracaso y aún a la mendicidad, perdiendo la Nación años de experiencia en la producción de televisión.

Tercer cargo: El decreto demandado viola el artículo segundo Superior porque no promueve la prosperidad general ni garantiza la efectividad de los principios, pues no contribuye a mejorar las finanzas de la Nación dado que el proceso de liquidación de INRAVISIÓN es más oneroso que su misma operación y genera erogaciones a cargo del presupuesto nacional y traumas en la emisión de la señal y afecta patrimonialmente a terceros, particulares y trabajadores.

La operación de RTVC bajo el mismo esquema legal de INRAVISIÓN le impide generar nuevos recursos para competir con los canales privados y aumentar la cobertura y eficiencia del servicio; aseguró que la CNTV, los usuarios del servicio, la prensa, los trabajadores de la cultura y los de INRAVISION no participaron en la decisión de suprimirla, pese a que los afecta, desconociendo principios de participación y democracia.

Cuarto cargo. El decreto demandado violó el artículo quinto Superior porque desconoció la estabilidad y derechos adquiridos de trabajadores y ex trabajadores de INRAVISIÓN así como de sus familias, y aunque a algunos les concedió el denominado "reten social", éste concluye con la liquidación por mandato de la Ley 790 de 2002 y luego quedarán desprotegidos porque la CNTV no puede pagar sus pensiones. Al impedir que esas familias obtengan ingresos, este decreto desconoce la primacía de la familia como escenario de protección de la infancia y del anciano.

Quinto cargo. El decreto demandado violó el artículo sexto Superior - de acuerdo con el cual los funcionarios del Estado en todas sus actuaciones sólo pueden hacer lo que les permite la Constitución y la Ley -, porque se fundó en una interpretación sesgada del parágrafo de artículo 77 constitucional y una supuesta inexistencia de desarrollo legal que desconocen las funciones del Congreso y de la CNTV, así como los derechos fundamentales y derechos adquiridos de los trabajadores de INRAVISION, amparados por la Carta Política y tratados internacionales suscritos por Colombia.

Sexto cargo. El decreto demandado violó el artículo 7 Superior porque pretende resolver un problema financiero, pero no promueve, como lo exige el Decreto 3550 de 1996, el respeto por la diversidad cultural y étnica, ni las instituciones culturales, (folclor, tradiciones, recuerdos históricos y creencias religiosa). Lo anterior porque la televisión privada promueve la visión de la nacionalidad de las mayorías que no es la de toda la nación.

Séptimo cargo. El acto demandado violó el artículo 25 Superior porque no mejora el servicio público de la televisión por las razones ya expuestas y tiene como único propósito lograr el retiro de los trabajadores de INRAVISION, violando las normas constitucionales que le otorgan al trabajo una especial protección por el lugar que ocupa en la realización de la dignidad humana, dado que no constituye una mercancía sino un valor y un medio de perfeccionamiento del ser humano.

Como la necesidad de prestar el servicio público de Televisión por parte del Estado persiste aún si desaparece INRAVISION, se debe crear un ordenamiento que permita la estabilidad institucional, el interés general y los derechos de los trabajadores.

Octavo cargo. El decreto acusado violó el artículo 53 Superior que prohíbe menguar los derechos adquiridos de los trabajadores, amparados en una convención colectiva. Para sustentar este cargo reiteró lo dicho en el cargo anterior.

Noveno cargo. Mediante el decreto demandado el Gobierno delegó una facultad que la Ley 182 de 1995 le otorgó a la CNTV para gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético mediante el otorgamiento de concesiones, la autorización para el uso de frecuencias y el montaje y operación de redes previa coordinación con el Ministerio de Comunicaciones (artículo 4) y dispuso que habría al menos un canal público operado por INRAVISIÓN-

Decimo cargo. El decreto demandado violó la autonomía de la CNTV prevista en el artículo 76 constitucional y en la Ley 182 de 1995 porque dispone subrogar en el nuevo ente que se crea para operar el servicio público de televisión los contratos y convenios suscritos por INRAVISIÓN con la CNTV y ordena que ésta asigne al nuevo gestor las frecuencias que INRAVISIÓN utilizaba para prestar el servicio de televisión. Mediante un acto del Gobierno Nacional no se pueden tomar determinaciones sobre frecuencias del resorte de la CNTV.

Cargo décimo primero. El artículo 4-5 del decreto demandado ordena que la CNTV transfiera al nuevo gestor de la televisión pública RTVC los recursos que requiera para cumplir con su objeto, violando el parágrafo del artículo 77 constitucional que garantiza la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravisión".

Lo anterior porque los artículos 16 de la Ley 182 de 1995 y 335 de 1996 dispusieron que la CNTV efectuaría transferencias únicamente a favor de INRAVISIÓN y no de otra entidad. El Gobierno desconoció que de acuerdo con la Constitución el diseño de la política pública en materia de televisión corresponde al legislador y que esa política se expresa en el diseño institucional.

La facultad de suprimir entidades, prevista en el artículo 189 Superior, está limitada por el artículo 77 ibídem-.

Censuró el concepto del Consejo de Estado en que se apoyó el Gobierno para dictar el acto acusado, de acuerdo con el cual, la supresión de INRAVISIÓN se rige por las normas constitucionales y legales sobre la materia y que no existe desarrollo legal alguno que lo impida en atención a los derechos laborales de los trabajadores de INRAVISIÓN.

Este concepto es equivocado porque la falta de desarrollo legal no impide el pleno acatamiento de las garantías constitucionales y legales, sobre todo porque las leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 que asignaron a INRAVISIÓN la tarea de operar el servicio público de televisión desarrollan los artículos 75 a 77 Superiores, el último de los cuales establece en su parágrafo que "Se garantizarán y respetarán la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravisión".

Precisamente ese derecho ha sido reconocido en el artículo 8 de la Convención colectiva suscrita entre ACOTV e INRAVISIÓN, cuyo texto transcribió. Dicha convención no estableció ninguna tabla indemnizatoria; pero no por falta de conocimiento sino por una aplicación del parágrafo comentado que salvaguarda los derechos de los trabajadores de INRAVISIÓN.

Cargo décimo segundo. El acto acusado violó el artículo 93 constitucional que establece la plena vigencia del bloque de constitucionalidad, en consonancia con el artículo 94 ibídem de acuerdo con el cual la "enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos" y 214 ibídem en cuanto dispone que durante los estados de excepción "…No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. (…)" y 53 ibídem que establece que "Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores".

Como el Decreto 3550 del 28 de octubre de 2004 suprime INRAVISIÓN, ente que proporciona trabajo y estabilidad económica a sus servidores, violó el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales aprobado por la Ley 74 de 1968, de acuerdo con el cual "ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo, o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los Derechos y libertades contempladas en el pacto.

También violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica (Ley 24 de 1968) pues ninguna disposición de este pacto puede ser interpretada en el sentido de: a) Permitir a alguno de los Estados parte, grupo o persona suprimir el goce y el ejercicio de los Derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos. b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier Derecho o libertad reconocidos por las leyes de cualquiera de los Estados partes u otra convención en que sea parte uno de dichos Estados. C) Excluir otros Derechos y garantías que son inherentes al ser humano.

A la luz de las disposiciones anteriores las autoridades colombianas no podían menoscabar los derechos de los trabajadores de INRAVISIÓN, a menos que se estuviera en estados de excepción y esa no fue una motivación del acto demandado. El Consejo de Estado no tuvo en cuenta las normas anteriores al rendir concepto ante el Gobierno, relacionado con la eventual supresión de Inravisión.

Décimo tercer cargo. Violación del artículo 113 constitucional que establece que "Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines".

El Decreto acusado viola esta norma, que instituye el principio de separación de poderes porque fija políticas sobre el servicio público de televisión al modificar su estructura mediante la creación de entidades que corresponde al Congreso de la República. Ordena otorgar frecuencias al nuevo operador pese a que esa competencia es de la CNTV; y ordena a ésta reasignar recursos al nuevo gestor, y pagar el pasivo pensional y deudas adquiridas por INRAVISIÓN antes de la liquidación, violentado la autonomía de dicha Comisión.

Décima cuarta acusación. El Decreto demandado violó el artículo 374 constitucional que establece que "la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo", en ningún caso por el Gobierno Nacional quien efectivamente lo hizo al suprimir INRAVISIÓN pese a que no podía hacerlo pues el artículo 77 ibídem establece que "Se garantizarán y respetarán la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravisión". Al suprimir el objeto (INRAVISIÖN) dejó sin protección a los sujetos (sus servidores).

Décimo quinto cargo. El Decreto acusado violó la Ley 182 de 1995 por las siguientes razones:

Al suprimir INRAVISIÓN el decreto demandado modificó la estructura administrativa prevista por el Legislador en el artículo 1º inciso primero de la ley 182 de 1995. Solo el Congreso podía efectuar dicha supresión.

Los artículos 4 numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del decreto demandado que imponen actuaciones que son del resorte de la CNTV violan la autonomía que el artículo 3 inciso primero de la Ley 182 de 1995 le conceden a este órgano.

El decreto acusado viola los artículos 4 y 5 (literales a, f, h, k, m) de la Ley 182 porque desconoce la facultad de la CNTV para dirigir la política en materia de televisión pública.

El decreto acusado viola el artículo 12 literales a) y f) porque reduce las competencias de la CNTV y limita su autonomía al imponerle obligaciones que le impiden que invierta en el desarrollo de la televisión pública y en el mejoramiento de su cobertura y calidad-

Al crear un nuevo gestor de la televisión pública la norma demandada violó el artículo 35 inciso segundo y el artículo 37-1 de la Ley 182 de 1995 que atribuyeron esa función a INRAVISIÓN.

Cargo décimo sexto. Al disponer que la CNTV transfiera recursos al nuevo gestor de la televisión pública y al modificar las condiciones de contratos y convenios celebrados con INRAVISIÓN, el decreto demandado violó el artículo 16 de la Ley mencionada, incisos 1, 3, 4 y parágrafo primero que asignan las funciones de INRAVISIÓN, regulan la conformación de su patrimonio y el deber de la CNTV de transferir a INRAVISIÓN los recursos que requiera para el cumplimiento de su objeto en vista de las funciones que le atribuyó el Legislador. Normas éstas que no fueron desconocidas por la norma demandada.

Cargo décimo séptimo. Al señalar que la CNTV pagará el pasivo pensional de INRAVISIÓN, el decreto demandado violó el artículo 4 parágrafo 1º de la Ley 314 de 1996 que establece que el pago de las obligaciones pensionales que se adeuden a CAPRECOM deberá pagarse en el curso de diez años por parte de la entidad empleadora (INRAVISIÓN) o la Nación con aportes del presupuesto nacional.

Cargo décimo octavo. La norma demandada ubica a la CNTV en un segundo lugar de responsabilidad en el pago de las obligaciones pensionales y a la Nación en un tercer nivel de responsabilidad, lo cual genera el riesgo de que los ex trabajadores se queden sin pensiones en el caso de que la CNTV no alcance a cubrir dichos gastos y exime de responsabilidad a la Nación a quien correspondería esa carga por mandato del Artículo 32 (inciso 4 del parágrafo) del Decreto Ley 254 de 2000.

Con fundamento en los argumentos expuestos el actor solicitó la suspensión provisional del acto demandado (folios 1 a 58).

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El Instituto Nacional de Radio y Televisión -INRAVISION-, por medio de apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones aduciendo que el actor incurrió en grave defecto de técnica jurídica al formular acusaciones genéricas, sobre todo las referidas a la presunta violación de normas constitucionales pues no precisó cual de los artículos del decreto demandado pudo violarlas, ni cuál la relación entre normas acusadas y violadas lo cual dificulta el ejercicio de la defensa. Además, omitió desarrollar respecto de estas acusaciones el concepto de la violación y no aportó prueba de los hechos en que pretendió fundarlos.

Propone como excepción la de ineptitud sustantiva de la demanda, por no haber allegado copia del acto cuya nulidad impetra.

Explicó que, de acuerdo con el artículo 189-15 Superior, el Gobierno Nacional tiene competencia para suprimir entidades administrativas del orden nacional de acuerdo con los objetivos y criterios que señale el Legislador, los cuales está regulados efectivamente por el artículo 52 de la Ley 489 de 1989. En consecuencia, no es cierto que la competencia para suprimir INRAVISIÓN fuera del resorte exclusivo del Legislador.

Frente a la acusación de que los artículos 4 numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto demandado violaron el inciso primero del artículo 3º de la Ley 182 de 1995 porque desconocen la autonomía de la CNTV para subrogar contratos, otorgar frecuencias y financiar los proyectos de INRAVISIÓN y no al nuevo gestor, así como determinar la conveniencia de celebrar contratos de comodato, manifestó que dichas disposiciones tienen fundamento en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, de acuerdo con el cual en el acto de supresión se dispondrá de la subrogación de los derechos y obligaciones de los organismos o entidades suprimidas, y que dichas decisiones eran necesarias para garantizar la continuidad del servicio de televisión pública a cargo del Estado.

Agregó que al disponer que los recursos que la CNTV giraba a INRAVISIÓN sean transferidos al nuevo gestor, el acto acusado no determina la política televisiva pues por mandato legal dichos recursos deben girarse a INRAVISION, o a la entidad que haga sus veces.

En relación con la censura según la cual el Decreto Ley 254 de 2000 sólo se aplica a la liquidación de entidades públicas del orden nacional y no a la CNTV y por ello esta entidad no debe asumir el pasivo pensional de INRAVISIÓN, manifestó que el Gobierno Nacional únicamente tuvo en cuenta dicho decreto en aquellos aspectos que no habían sido regulados por otro tipo de disposiciones y que las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 deben aplicarse porque tienen carácter especial y establecen la obligación de efectuar las transferencias necesarias para que INRAVISION pudiera desarrollar su objeto, incluidas las reservas pensionales que deben ser trasladadas al FONCAP.

Respecto de la ilegalidad del artículo 41 del Decreto 3550 de 2004, según el cual la CNTV transferirá a la liquidadora los recursos necesarios para satisfacer los compromisos adquiridos por INRAVISION con anterioridad a la liquidación, en particular los de carácter laboral, constituye una natural y simple consecuencia de la supresión de INRAVISION, pues dichos compromisos deben ser asumidos por la CNTV para garantizar los derechos de los trabajadores, garantía ésta de rango constitucional.

Anotó que de acuerdo con el Decreto 254 de 2000 la Nación únicamente responde por el pago de las obligaciones pensionales cuando no alcanzan a ser cubiertas por las entidades no societarias que se someten a liquidación.

Finalmente, adujo que la legalidad del acto de creación de Radio Televisión de Colombia RTVC como nuevo gestor de la televisión pública no debe ser objeto de estudio en este proceso porque su nulidad no fue demandada (fs. 123 a 151).

- El Departamento Administrativo de la Función Pública contestó oportunamente la demanda y se opuso a las pretensiones aduciendo que el Gobierno Nacional tenía competencia para suprimir INRAVISIÓN y que las decisiones atacadas son consecuencia necesaria de la supresión del Instituto señalado y de la transferencia de sus funciones a un nuevo gestor de la televisión pública RADIO TELEVISIÓN DE COLOMBIA - RTVC, lo cual implicaba la necesidad de transferirle igualmente los derechos de INRAVISIÓN, entre los que se contaba el previsto en el artículo 62 de la Ley 182 de 1995, modificado por el artículo 16 de la Ley 335 de 1996, consistente en recibir las transferencias de la CNTV en cuantía suficiente para cumplir su objeto.

Apoyó sus argumentos en conceptos 1544 y 1566 de 2004 de la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Agregó que la decisión cuestionada es la expresión de una política estatal pero no una política de televisión del resorte de la CNTV.

Describió el Documento CONPES que sirvió de fundamento al Gobierno Nacional para proferir el acto demandado y manifestó que el mismo no había sido cuestionado por el actor, documento que puso de relieve la necesidad de darle continuidad a los servicios a cargo de INRAVISIÓN y AUDIOVISUALES mediante la operación de un nuevo gestor.

Advirtió que la autonomía de la Comisión Nacional de Televisión no es absoluta porque hace parte del Estado y su actuación está sujeta a la Ley; además, está llamada a coordinar su actuación con otras entidades estatales para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, entre ellas el Ministerio de Comunicaciones, quien también tiene algunas competencias sobre la materia (artículo 67 de la Ley 361 de 1997).

Aseveró que la CNTV no es la responsable de la estructura de la administración pública y por ello su autonomía no resulta violada cuando dicha estructura se modifica.

Manifestó que la mayor parte de las acusaciones se formularon en forma vaga e imprecisa, parten de consideraciones subjetivas y carecen de fundamento fáctico y jurídico.

Consideró que no debe prosperar el cargo de violación del artículo 75 Superior porque la disposición acusada que permite al nuevo operador del servicio la utilización del espectro es consecuencia de la supresión de INRAVISIÓN y de la necesidad de darle continuidad al servicio; y que no debe prosperar la acusación de violación del parágrafo del artículo 77 que garantiza los derechos de los trabajadores de INRAVISIÓN pues al ser suprimida esta entidad los recursos que recibía como transferencias de la CNTV se deben transferir al nuevo operador del servicio y utilizarse para asumir las obligaciones laborales y pensionales que estaban a cargo de la entidad suprimida.

La supresión de INRAVISIÓN y la consecuente supresión de empleos no violan los artículos 113 y 374 Superiores porque la estabilidad de los trabajadores, aunque en casos especiales deba ser protegido, no es absoluta ni hace parte del núcleo esencial del derecho al trabajo, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional (fs. 167 a 182).

El Ministerio de Comunicaciones defendió el acto demandado en los mismos términos que lo hizo el Departamento Administrativo de la Función Pública (fs. 189 a 215).

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante auto de de 3 de noviembre de 2005 se admitió la demanda y se negó la solicitud de suspensión provisional del acto acusado (fs. 80 a 84). Dicho auto se notificó a las partes por estado (f. 84 reverso); personalmente al Agente del Ministerio Público (f. 97), al funcionario delegado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público (f. 104) y al Liquidador de INRAVISIÓN (f. 107); por aviso al Ministro de Comunicaciones (f. 102) y al Director del Departamento Administrativo de la Función Pública (f. 102). El auto admisorio fue confirmado mediante providencia de 31 de agosto de 2006 que decidió el recurso de reposición interpuesto en su contra (f. 162 a 165). El proceso se fijó en lista por el término de ley (fs. 166 y 216); por auto de 30 de julio de 2007 se abrió a pruebas (f. 222) y por auto de 23 de septiembre de 2008 se corrió traslado a las partes y al Agente del Ministerio Público para que alegaran de conclusión (f. 448).

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de la oportunidad legal la parte demandante presentó alegato en el que reiteró los hechos y razones en que sustentó la demanda (fs. 456 a 466); el Departamento Administrativo de la Función Pública (fs. 452y 453) y Ministerio de Comunicaciones (fs. 454 y 455), por su parte, se remitieron a los hechos y razones en que fundaron la contestación.

IV. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:

INRAVISION fue creado en 1963 como establecimiento público adscrito al Ministerio de comunicaciones, transformado por la Ley 182 de 1985 en entidad asociativa de carácter especial y convertido por la Ley 182 de 1995 en sociedad entre entidades públicas sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado.

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 INRAVISION es una entidad descentralizada del orden nacional que hace parte de la estructura del sector descentralizado por servicios.

El Decreto demandado fue expedido por el Presidente de la República con fundamento enlos artículos 189-15 Superior,52 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto-ley 254 de 2000 que autorizan al Presidente de la República para suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de entidades y organismos administrativos del orden nacional cuando ocurran las circunstancias allí previstas, cuya configuración está demostrada por el documento CONPES 3314 de 25 de octubre de 2004 que recomendó la supresión de INRAVISIÓN dada la crítica situación financiera que lo hacía inviable, previo concepto del Consejo de Estado.

La subrogación de los derechos y obligaciones de INRAVISION en el ente creado para asumir las funciones de gestor del servicio de radio y televisión, derivadas de contratos y convenios en ejecución suscritos con la Comisión Nacional de Televisión para el cumplimiento de su objeto, es unaconsecuencia obligada de la supresión deINRAVISION y de la necesidad degarantizar la continuidad en la prestación de los servicios de radio y televisión a cargo del Estado.

Por su parte, el deber de la CNTV de transferir recursos al Fondo de Pensiones para cubrir el pasivo pensional de los trabajadores de INRAVISIÓN se funda en el inciso 4 del artículo 14 del Decreto 254 de 2000 - régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional -, de acuerdo con el cual cuando exista una entidad a la cual le corresponda financiar total o parcialmente los pasivos pensionales a cargo de la entidad en liquidación, dicha entidad deberá entregar los recursos correspondientes al FOPEP o al Fondo de Reservas de Bonos Pensionales, según corresponda, en la forma y oportunidad que señale el Gobierno Nacional en el decreto que ordene la liquidación; y en el inciso 2º del parágrafo del artículo 32 del Decreto-ley 254 de 2000 que dispone: "En caso de que los recursos de la liquidación de un establecimiento público o de una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional no societaria sean insuficientes, las obligaciones laborales estarán a cargo de la Nación o de la entidad pública del orden nacional que se designe en el decreto que ordene la supresión y liquidación de la entidad. Para tal efecto se deberá tomar en cuenta la entidad que debía financiar la constitución de las reservas pensionales", en concordancia con lo previsto en las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996, según los cuales la CNTV transferirá al Fondo de pensiones los recursos necesarios y en cantidad suficiente para cubrir el pasivo pensional de Inravisión, en los términos de las Leyes 314 de 1996 y 419 de 1997 (fs. 468 a 483).

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. La competencia:

El conocimiento de las acciones de inconstitucionalidad de los Decretos dictados por el Gobierno Nacional y la distribución de competencias entre la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo y sus Secciones.

En sentencia de 15 de enero de 2003, la Sección analizó la temática concerniente a la distribución de competencias entre la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo y las Secciones respectivas, en relación con las acciones por inconstitucionalidad promovidas por los ciudadanos contra los Decretos dictados por el Gobierno Nacional y consignó las consideraciones siguientes:

«El Consejo de Estado ejerce sus competencias jurisdiccionales por medio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ya sea en Sala Plena, ya a través de alguna de sus secciones. Tratándose de la decisión de acciones de nulidad por inconstitucionalidad, el artículo 97-7 del CCA (según fue modificado por el art. 33 de la Ley 446) distribuyó la competencia entre la Sala Plena y las Secciones, reservando a la Sala Plena las concernientes a decretos (i) de carácter general, (ii) cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con una norma constitucional, y (iii) que no obedezcan a función propiamente administrativa. Cuando el decreto acusado no reúna estas tres condiciones, el fallo corresponde a la Sección respectiva.

La Corte Constitucional, en sentencia C-560/99, declaró exequible el aparte del artículo 33 de la Ley 446 que señaló las características que debe reunir un decreto para estar deferido a la Sala Plena…»

Como el Decreto 3550 de 2004 fue expedido por el Presidente de la República con fundamento en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en ejercicio de la atribución prevista en al artículo 189-15 de la Constitución Política, que le corresponde ejercer como Suprema Autoridad Administrativa, el fallo corresponde a la respectiva Sección, en este caso, la Sección Primera.

5.2. Los problemas jurídicos planteados

Las acusaciones planteadas, en síntesis, se reducen a los siguientes cargos:

Cargos globales, atribuidos al acto de supresión de INRAVISIÓN

- Desconocimiento de la Constitución Política, pues la garantía del respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores de INRAVISIÓN y de estabilidad que les reconoció el artículo 77 Constitucional, impedía al ejecutivo suprimir INRAVISIÓN, y disponer su disolución y liquidación. Para ello, se precisaría de una reforma constitucional, en los términos del artículo 374 Superior.

- Violación del Pacto de Derechos Económicos y Sociales y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que integran el bloque de constitucionalidad, según lo dispuesto en los artículos 93 y 94 Superiores porque la supresión de INRAVISIÓN, entidad que proporciona trabajo y estabilidad económica a sus servidores, comporta afectación de las condiciones materiales y espirituales de los trabajadores y extrabajadores de la entidad, desconoce sus derechos adquiridos y la garantía de estabilidad que les fue reconocida constitucionalmente en el artículo 77 Superior; y va en contravía de la prosperidad general.

- Desconocimiento de la autonomía técnica, administrativa y presupuestal reconocida constitucionalmente a la CNTV, al disponerse que un nuevo ente opere el servicio público de televisión, y exigirle efectuar transferencias de funciones y recursos al nuevo gestor del servicio de televisión, siendo que la ley únicamente la habilita a efectuar tales transferencias a INRAVISIÓN.

Cargo específico: artículos 21 y 23

- Desconocimiento del régimen legal contenido en la Ley 314 de 1996 y en el Decreto Ley 254 de 2000, aplicable a la liquidación de entidades públicas, a cuyo tenor, la Nación está obligada a asumir el pasivo laboral de las entidades suprimidas, cuando su patrimonio resulta insuficiente.

Para dilucidar los cargos planteados, la Sala comenzará por hacer unas breves consideraciones en punto a (i) los fundamentos constitucionales del proceso de reestructuración de la administración pública; (ii) la tensión constitucional entre las necesidades de modernización de la gestión pública que generan procesos de reestructuración de las entidades estatales vs la intangibilidad de los derechos adquiridos de los trabajadores, a la luz de la interpretación sistemática y armónica de la Constitución Política y del ordenamiento legal, como condición sine qua non para el recto entendimiento y cabal comprensión de su significado y alcance; (iii) los derechos laborales de los servidores públicos: la exacta dimensión del derecho al trabajo, la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores y la garantía de estabilidad laboral; y, (iv) en lo pertinente, aludirá a las premisas conceptuales consignadas en la sentencia dictada por esta Sala en el expediente 2004-00411 en la que examinó los cargos que en esta ocasión vuelven a plantearse, concernientes al alcance de la autonomía constitucionalmente reconocida a la CNTV y la financiación del pasivo pensional de INRAVISIÓN.

Fundamentos constitucionales del proceso de reestructuración de la administración pública.

La jurisprudencia constitucional ha puesto de presente que el proceso de modernización del Estado colombiano es dinámico y permanente, pues día a día se impone mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades adelantadas por los entes públicos en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado (C.P., art.2o.)

Ello, por cuanto no puede perderse de vista que, como lo ha puesto de presente la jurisprudencia constitucional, la eficiencia y eficacia son perentoria exigencia de la actividad pública, por tratarse de principios rectores de la gestión pública en el Estado Social de Derecho. Así lo preceptúan varias disposiciones constitucionales, i.e., el artículo 2o, al prever como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución; el 209, el erigirlas en principio de obligatoria observancia para quienes ejercen la función administrativa; en el 365, como uno de los objetivos en la prestación de los servicios públicos; en los artículos 256 numeral 4o., 268 numeral 2o, 277 numeral 5o y 343, relativos al control de gestión y resultados; y a la eficiencia como principio rector de la gestión pública, aluden preceptos constitucionales como los contenidos en los artículos 48, 49, y 268, numerales 2 y 6, de la Constitución Política.

Los referidos procesos de modernización de la administración pública, han sido analizados en términos coincidentes por la Corte Constitucional y por esta Sala, entre otras, en sentencia de 25 de agosto de 2005, relacionada con la supresión de TELECOM, empresa industrial y comercial del Estado; de 27 de enero de 2011, radicación 2006-00400-00, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, relacionada con la supresión de ADPOSTAL, empresa industrial y comercial del Estado; de 16 de junio de 2011, radicación 2003-00329-01, C. P. MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ; relacionada con la supresión de TELETULUÁ, sociedad de economía mixta; de 18 de agosto de 2011, radicación 2003-00500-01, C. P. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO; relacionada con la supresión de TELETOLIMA S.A. ESP, empresa de servicios públicos oficial del orden nacional; de 22 de septiembre de 2011, C. P. MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, Radicación 2007-00233-00, relacionada con la supresión de INCORA., establecimiento público del orden nacional.

En dichos pronunciamientos se ha puesto de presente que el ejecutivo está habilitado constitucionalmente para suprimir empleos por múltiples circunstancias, entre las que se cuenta la supresión y liquidación de una entidad, siempre que ella apunte al mejoramiento administrativo en términos de calidad, idoneidad y eficiencia del servicio público; se base en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general, se oriente a la obtención de fines constitucionales relevantes y se respeten las garantías y derechos adquiridos por los trabajadores.[1]

En síntesis: la estructura de la administración pública no es intangible. La Carta de 1991, autoriza expresamente al órgano legislativo y al Gobierno, para reformar, acorde a los mandatos del texto fundamental las entidades que forman parte de la rama ejecutiva del poder público y una reestructuración en las funciones de una entidad conlleva necesariamente a la readecuación de la planta física y de personal. La reforma de las entidades y organismos, desde luego, deberá adelantarse con estricta observancia de los mandatos constitucionales, ajustarse a las funciones asignadas a los poderes públicos y respetar los derechos laborales de los servidores públicos (C.P., arts. 53 y 58).[2]

El proceso de reestructuración que, en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales, adopte el Legislador y/o el Ejecutivo, en una entidad dentro de los principios enunciados para su cabal funcionamiento, es conducente si en él se protegen los derechos de los trabajadores y si las actuaciones no exceden los límites legalmente establecidos para realizarlo ; esto significa, que el retiro de su personal debe ir acompañado de las garantías necesarias para que el trabajador no quede desprotegido en sus derechos y el proceso en sí no se convierta en un elemento generador de injusticia social.

La tensión entre las necesidades de modernización del Estado con miras a asegurar la eficacia en la acción estatal y la protección de los derechos de los trabajadores: la interpretación sistemática y armónica de la Constitución Política.

Como quedó expuesto, no se remite a duda que el Estado, para cumplir con sus fines, debe reajustar la estructura orgánica y funcional que le sirve de medio para obtenerlos. Por lo tanto, en lo que respecta a la administración pública, es apenas lógico que se produzca la correspondiente valoración del desempeño de las entidades que la conforman, a fin de evaluar su misión, estructura, funciones, resultados, etc, y adecuarlas a los objetivos demarcados constitucionalmente. Lo anterior se confirma con el carácter instrumental que tiene aquella frente a las políticas de gobierno, en lo relacionado con la ordenación y racionalización de la prestación de las funciones de responsabilidad del Ejecutivo, dentro de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad.

Los derechos laborales de los servidores públicos: la exacta dimensión del derecho al trabajo, la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores y la garantía de estabilidad laboral.

Ahora bien, en cuanto concierne a los derechos de los trabajadores, interesa destacar que el artículo 25 de la Constitución dispone que "el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado", y agrega que "toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas".

Por su parte, el artículo 53 del Ordenamiento Superior dispone que la ley no puede menoscabar los derechos de los trabajadores. Y, en el mismo sentido se orienta el artículo 58 ibídem, al señalar que "se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores". De modo que una vez se ha consumado la situación jurídica e individual, y constituido así el derecho concreto, los derechos laborales entran al patrimonio de la persona y son intangibles frente a la nueva legislación.

Sobre la intangibilidad de los derechos adquiridos la Corte Constitucional ha expresado:

"Configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona. Ante la necesidad de mantener la seguridad jurídica y asegurar la protección del orden social, la Constitución prohibe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales. De este modo se construye el principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han quedado debidamente consolidadas, y que resultan intangibles e incólumes frente a aquélla, cuando ante una determinada situación de hecho se han operado o realizado plenamente los efectos jurídicos de las normas en ese momento vigentes"[14]. (Subrayado fuera de texto).

Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha puesto de presente que el principio de irretroactividad de la ley no opera respecto de las meras expectativas:

"La noción de derecho adquirido ha sido ampliamente discutida por la ciencia jurídica, a fin de distinguirla de las meras expectativas, pues mientras el primero no puede ser desconocido por las leyes ulteriores, por el contrario las segundas no gozan de esa protección. Esta distinción se relaciona entonces con la aplicación de la ley en el tiempo y la prohibición de la retroactividad, pues en principio una norma posterior no puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior, pero en cambio la ley puede modificar discrecionalmente las meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho. A su vez, esta prohibición de la retroactividad es consustancial a la idea misma del derecho en una sociedad democrática, pues la regulación social a través de normas jurídicas pretende dirigir la conducta de personas libres, por lo cual es necesario que los individuos conozcan previamente las normas para que puedan adecuar sus comportamientos a las mismas. Una aplicación retroactiva de una ley rompe entonces no sólo la confianza de las personas en el derecho, con lo cual se afecta la buena fe sino que, además, desconoce la libertad y autonomía de los destinatarios de las normas, con lo cual se vulnera su dignidad".[15] (Subrayado fuera de texto).

De otra parte, para dilucidar las acusaciones en estudio se debe definir si la Constitución garantiza la estabilidad absoluta en los cargos en entidades del Estado o si, por el contrario, permite la supresión de los mismos en algunos casos, como el de la supresión de entidades del estado.

Sobre el primero de los tópicos planteados, esto es, el relacionado con el derecho a permanecer vinculado al servicio de la administración, la jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente que no constituye parte del núcleo esencial del derecho al trabajo y por ello la administración puede prescindir de cargos públicos, aún los de carrera administrativa, con ocasión de la supresión de entidades públicas, entre otras circunstancias, siempre que se reúnan determinadas condiciones que la Corte ha explicado en varias sentencias, entre ellas la T-374/00 que se transcribe parcialmente:

"…Así mismo, cabe señalar que la supresión de un cargo de carrera administrativa se puede producir por múltiples circunstancias, por fusión o liquidación de la entidad pública respectiva, por reestructuración de la misma, por modificación de la planta de personal, por reclasificación de los empleos, por políticas de modernización del Estado con el fin de hacer más eficaz la prestación del servicio público, controlar el gasto público, etc. Objetivos que deben dirigirse exclusivamente a lograr el mejoramiento administrativo en términos de calidad, idoneidad y eficiencia del servicio público, basarse en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general, sin dejar de lado la protección de los derechos de los trabajadores.

(…) esta Corporación[3] ha dicho que la prerrogativa de permanecer en un cargo determinado eventualmente puede llegar a afectar un derecho fundamental, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso (…) Para el efecto de verificar la procedibilidad de la tutela, en cada caso es necesario determinar si el derecho vulnerado o atacado tiene la categoría de fundamental. Para tal fin es pertinente recordar las precisiones hechas por la Corte en Sentencia T- 799/98 MP Dr. Vladimiro Naranjo Mesa con respecto al derecho al trabajo y su núcleo esencial:

"(…) El núcleo esencial de los derechos fundamentales ha sido entendido como el reducto medular invulnerable que no puede ser puesto en peligro por autoridad o particular alguno. La Corte Constitucional lo define, a su vez - siguiendo al profesor Peter Haberle- como "…el ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyuntura o ideas políticas[4]". En principio, pues, es a este derecho medular al que va dirigida la protección de la acción de tutela."

Con el derecho fundamental al trabajo (art. 25 C.P.) sucede entonces, como con otros derechos de su clase, que las prerrogativas laborales que se derivan de su naturaleza no alcanzan el nivel de derechos fundamentales (…).

Sobre el particular, igualmente la Corte señaló con ponencia del Magistrado Naranjo Mesa, en Sentencia T-047/95 lo siguiente:

"Es cierto que el derecho al trabajo es fundamental, y, por tanto, su núcleo esencial es incondicional e inalterable. Pero lo anterior no significa que los aspectos contingentes y accidentales que giran en torno al derecho al trabajo, sean, per se, tutelables, como si fueran la parte esencial".

"Una derivación del derecho al trabajo podría convertirse en parte esencial del mismo derecho, cuando concurren, a lo menos, varios elementos, como son la conexidad necesaria con el núcleo esencial del derecho en un caso concreto, la inminencia de un perjuicio si se desconoce el hecho, merecimiento objetivo para acceder al oficio o para ejercerlo, la necesidad evidente de realizarlo como única oportunidad para el sujeto. Si se confunde el derecho fundamental con los derivados del mismo, se daría el caso de que todo lo que atañe a la vida en sociedad sería considerado como derecho fundamental, lo cual es insostenible".

"Así las cosas, debe entenderse que el derecho al trabajo no consiste en la pretensión incondicional de ejercer un oficio o cargo específico, en un lugar determinado por el arbitrio absoluto del sujeto, sino en la facultad, in genere, de desarrollar una labor remunerada en un espacio y tiempo indeterminados".

Luego, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no hacen parte del núcleo esencial del derecho al trabajo, la vocación de ocupar determinados puestos o cargos públicos, ni de estar vinculado el empleado a una entidad en particular. Estas circunstancias accidentales y mutantes surgidas durante la relación laboral, son accesorias al nódulo central del derecho y, por tanto, no hacen parte fundamental del mismo, ni son amparables, en principio, por vía de tutela.

(…) en la Sentencia de unificación de Jurisprudencia SU-250/98 (…) se sentó el siguiente criterio:

"Pues bien, la tutela no puede llegar hasta el extremo de ser el instrumento para garantizar el reintegro de todas las personas retiradas de un cargo; además, frente a la estabilidad existen variadas caracterizaciones: desde la estabilidad impropia (pago de indemnización) y la estabilidad "precaria" (caso de los empleados de libre nombramiento y remoción que pueden ser retirados en ejercicio de un alto grado de discrecionalidad), hasta la estabilidad absoluta (reintegro derivado de considerar nulo el despido), luego no siempre el derecho al trabajo se confunde con la estabilidad absoluta. (…)[3] Sentencia T-047/98 (…)[4]Sentencia No. T-002/92 (…)"

Los criterios anteriores fueron reiterados en Sentencia C-734/03, de la cual se transcriben los siguientes apartes:

"Así la Corporación ha precisado que el derecho a la estabilidad, no impide que la Administración, por razones de interés general ligadas a la propia eficacia y eficiencia de la función pública, pueda suprimir determinados cargos, por cuanto ello puede ser necesario para que el Estado cumpla sus cometidos. Por consiguiente, cuando existan motivos de interés general que justifiquen la supresión de cargos en una entidad pública, es legítimo que el Estado lo haga, sin que puedan oponérsele los derechos de carrera de los funcionarios ya que éstos deben ceder ante el interés general.[20]

En el mismo orden de ideas la Corte ha señalado que el derecho a la estabilidad puede ser restringido para garantizar la vigencia de bienes constitucionales como por ejemplo la igualdad de oportunidades y los derechos de participación política, respetando en este, como en todo ejercicio de la potestad de configuración normativa por el Legislador los principios de racionalidad y proporcionalidad.

Al respecto ha dicho la Corte:

"Por regla general, el derecho a permanecer ejerciendo un cargo o una función pública sólo puede restringirse cuando el servidor público compromete alguno de los principios que deben orientar su gestión, como el principio de eficiencia, de igualdad o de moralidad. Sin embargo, en casos excepcionales, el legislador puede establecer causales de retiro que tiendan a promover bienes o derechos constitucionales diversos y que, de otra manera, se verían injustamente limitados. Así ocurre, por ejemplo, cuando se establece una edad de retiro forzoso para favorecer la igualdad de oportunidades y los derechos de participación política. La restricción del derecho a la estabilidad, que opera por decisión del propio titular es, al menos, equivalente a la promoción de la igualdad que se genera al liberar una plaza pública, para que sea ocupada por un nuevo ciudadano. Este relevo, como quedó explicado, fomenta la igualdad de oportunidades y los derechos de participación política y, adicionalmente, constituye una forma eficaz de distribución del empleo público, con todas las consecuencias económicas y fiscales que ello implica. En suma, para la Corte si bien la disposición estudiada afecta el derecho al trabajo al imponer una nueva causal de retiro, esta no es desproporcionada, vale decir, se encuentra plenamente compensada por los beneficios constitucionales que genera"[21].

La Corte ha igualmente precisado que la estabilidad laboral no configura un derecho fundamental y, en principio, no forma parte del núcleo esencial del derecho al trabajo".

De acuerdo con los criterios expuestos, que esta Sala prohíja, la supresión de empleos a que da lugar la supresión y liquidación de una entidad administrativa no viola el derecho al trabajo, porque la permanencia en el servicio público, independientemente de la modalidad de la vinculación, no hace parte de su núcleo esencial.

Acusaciones globales contra el decreto acusado por violación de la Constitución Política, del Pacto de Derechos Económicos y Sociales y del Pacto de San José de Costa Rica

La Sala estudiará conjuntamente las acusaciones referidas a la violación de las siguientes normas constitucionales, dado que su fundamento fáctico es común: el Preámbulo, en cuanto declara que al Estado le corresponde perseguir el fortalecimiento de la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia y la igualdad; el artículo 1º que establece el principio de estado social de derecho y los valores de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas; el artículo 2 que establece como fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; el artículo 5 que reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad; el artículo 25 que establece que el trabajo en condiciones dignas y justas es un derecho que goza de la especial protección del Estado; el artículo 53 que obliga al Congreso a expedir el estatuto del trabajo, el cual deberá inspirarse en principios como la estabilidad en el empleo; dispone que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna y prohíbe que por ley, contratos, acuerdos y convenios de trabajo se menoscabe la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores; el artículo 77 que garantiza la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravisión; el artículo 93 que establece la plena vigencia del bloque de constitucionalidad, en consonancia con el artículo 94, de acuerdo con el cual la "enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos" y 214 en cuanto dispone que durante los estados de excepción "…No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. (…).

El actor también consideró violado el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales aprobado por la Ley 74 de 1968, de acuerdo con el cual "ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder Derecho alguno a un Estado, grupo, o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los Derechos y libertades contempladas en el Pacto. Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica (Ley 24 de 1968) pues ninguna disposición de este pacto puede ser interpretada en el sentido de: a) Permitir a alguno de los Estados parte, grupo o persona suprimir el goce y el ejercicio de los Derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos. b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad reconocidos por las leyes de cualquiera de los Estados partes u otra convención en que sea parte uno de dichos Estados. c) Excluir otros Derechos y garantías que son inherentes al ser humano.

Para sustentar las acusaciones de violación de las normas señaladas en los párrafos anteriores, el actor manifestó, en resumen, que el decreto demandado se fundó en las recomendaciones del Documento CONPES 3314 de octubre 25 de 2004 y en el documento de política pública de la Contraloría Delegada para la infraestructura física y de Telecomunicaciones, que señalaron que INRAVISION era financieramente inviable y por eso recomendó suprimirla y transferir sus funciones a un nuevo gestor de la radio y televisión públicas.

Agregó que la decisión de suprimir INRAVISIÓN conlleva la eliminación de empleos y el consecuente desconocimiento del derecho de sus titulares a la estabilidad y vulnera derechos adquiridos, con la necesaria afectación a la dignidad y a la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias, quienes se verían privadas de la remuneración que venían percibiendo. Para ilustrar el efecto de la pérdida de empleos el actor manifiesta que, como ha ocurrido con los ex trabajadores de entidades suprimidas, los de INRAVISIÓN podrían verse forzados a ejercer actividades informales destinadas al fracaso y aún a la indigencia. Por estas razones, se desconoce la primacía de la familia como escenario de protección del menor y del anciano.

Estudio y decisión de los cargos.

Lo primero que se debe advertir es que la eliminación de empleos de INRAVISIÓN como consecuencia de su supresión, es necesaria consecuencia del proceso de supresión y liquidación dispuesta por el decreto acusado.

En diversos fallos, entre ellos, el dictado por la Sección en noviembre 9 de 2004 (C.P, Camilo Arciniegas Andrade), con ocasión de la supresión y liquidación de TELECOM[3], la Sala ha dejado claramente definido que la supresión de una entidad conlleva, como consecuencia lógica y necesaria, la consiguiente facultad de suprimir los cargos o empleos de su planta de personal. Puesto que los razonamientos expuestos en la ocasión precedente, son enteramente aplicables a la censura dirigida contra el Decreto de supresión y liquidación de INRAVISIÓN, resulta pertinente reiterarlos. En dicha ocasión, la Sala dilucidó esta cuestión en los siguientes términos:

"... las atribuciones de reestructurar, fusionar o suprimir entidades…, llevan ínsita la facultad de supresión de cargos o empleos. De tal manera que si la voluntad del Constituyente fue que … el Gobierno Nacional suprimiera, fusionara o reestructurara, se entiende que para cumplir los fines allí previstos le facultó a la autoridad competente para suprimir los cargos o empleos…, sin perjuicio obviamente del resarcimiento del daño que le cause a su titular en aras del interés público".

Por lo demás, quedó precisado que la tensión existente entre la potestad que tiene el Estado para disminuir su planta de personal, y el derecho que tiene el trabajador a no ser removido de su cargo sino por justa causa, encuentra solución final y justa en la indemnización señalada que, sumada a la liquidación que por ley le corresponde, compensa la desaparición del cargo.

Ahora bien:

Es cierto que el parágrafo del artículo 77 Constitucional establece: "Se garantizarán y respetarán la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravisión". También lo es que el artículo 374 ibídem, preceptúa que "La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo".

El actor fundó las acusaciones señaladas en el argumento de que el parágrafo comentado garantizaba la permanencia de INRAVISIÓN como una entidad de creación constitucional que sólo podía ser suprimida mediante un procedimiento de reforma de la Carta Política que en ningún caso corresponde al Gobierno Nacional.

Esta acusación no prospera, en primer término, porque la garantía de los derechos laborales y pensionales de INRAVISIÓN, en los que hace énfasis el parágrafo del artículo 77, debe entenderse en los mismos términos de las garantías de los demás trabajadores del Estado que, como quedó establecido, no garantizan una estabilidad absoluta.

Dicha garantía, en modo alguno conlleva una derogación de las competencias que la Constitución Política confiere al Presidente de la República para suprimir entidades administrativas del orden nacional, contemplada en el numeral 15 del artículo 189 ibídem, con sujeción a la Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, y se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución", cuyo artículo 52 estableció:

"Artículo 52. De la supresión, disolución y liquidación de entidades u organismos administrativos nacionales. El Presidente de la República podrá suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de entidades y organismos administrativos del orden nacional previstos en el artículo 38 de la presente ley cuando:

1. Los objetivos señalados al organismo o entidad en el acto de creación hayan perdido su razón de ser.

2. Los objetivos y funciones a cargo de la entidad sean transferidos a otros organismos nacionales o a las entidades del orden territorial.

3. Las evaluaciones de la gestión administrativa, efectuadas por el Gobierno Nacional, aconsejen su supresión o la transferencia de funciones a otra entidad.

4. Así se concluya por la utilización de los indicadores de gestión y de eficiencia que emplean los organismos de control y los resultados por ellos obtenidos cada año luego de realizar el examen de eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos públicos, determinada la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los beneficiarios de su actividad o el examen de los resultados para establecer en qué medida se logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración en un período determinado.

5. Exista duplicidad de objetivos y/o de funciones esenciales con otra u otras entidades.

6. Siempre que como consecuencia de la descentralización(o desconcentración)* de un servicio la entidad pierda la respectiva competencia.

PAR. 1º-El acto que ordene la supresión, disolución y liquidación, dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de conformidad con las normas que rigen la materia, la situación de los servidores públicos.

PAR. 2º-Tratándose de entidades sometidas al régimen societario, la liquidación se regirá por las normas del Código de Comercio en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de la entidad cuya liquidación se realiza.

Las competencias mencionadas podían ejercerse frente a INRAVISIÓN dado que se trataba de una de las entidades administrativa del orden nacional que el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 describe en los siguientes términos:

Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:

1. Del Sector Central:

a) La Presidencia de la República;

b) La Vicepresidencia de la República;

c) Los Consejos Superiores de la administración;

d) Los ministerios y departamentos administrativos;

e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica.

2. Del Sector descentralizado por servicios:

a) Los establecimientos públicos;

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica;

d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios;

e) Los institutos científicos y tecnológicos;

f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;

g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Parágrafo 1o. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.

Parágrafo 2º. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES> Además de lo previsto en el literal c) del numeral 1o. del presente artículo, como organismos consultivos o coordinadores, para toda la administración o parte de ella, funcionarán con carácterpermanente o temporal y con representación de varias entidades estatales y, si fuere el caso, del sector privado, los que la ley determine. En el acto de constitución se indicará el Ministerio o Departamento Administrativo al cual quedaren adscritos tales organismos.

Por otra parte, la Constitución otorga a INRAVISIÓN la vocación de permanencia que los actores pretenden asignarle. Por el contrario, dicho Instituto estuvo siempre sujeto al ejercicio de la competencia constitucional del Gobierno nacional, para suprimirlo con sujeción a los principios y objetivos señalados en la ley, conforme lo preceptúa el artículo 189-15 de la Constitución Política.

El alcance de dicha competencia fue examinado en detalle en la sentencia dictada por la Sala en el expediente 2004, en que la Sala decidió la acción de nulidad interpuesta contra el Decreto 3550 de 2004 que en esta oportunidad examina, la cual se fundamentó en cargos análogos a los que son materia de análisis.

En dicho pronunciamiento, en síntesis, se sostuvo que INRAVISIÓN era una sociedad entre entidades públicas, organizada como empresa industrial y comercial del Estado que hacía parte de la administración pública, rama ejecutiva del poder público del orden nacional del sector descentralizado por servicios.

Así se desprende del artículo 62 de la ley 182 de 1995 del siguiente tenor:

"Artículo 62.-Cambio de Naturaleza Jurídica de Inravisión. A partir de la vigencia de la presente Ley, el Instituto Nacional de Radio y Televisión se transformará en una sociedad entre entidades públicas organizada como empresa industrial y comercial del Estado conformada por la Nación a través del Ministerio de Comunicaciones, Telecom y Colcultura. (…)".

El artículo 16 de la ley 335 de 1996 conservó la naturaleza jurídica de INRAVISIÓN al señalar:

"Artículo 16.- El artículo 62 de la Ley 182 de 1.995 quedará así:

El Instituto Nacional de Radio y Televisiónes una sociedad entre entidades públicas, organizada como empresa Industrial y comercial del Estado conformada por la Nación, a través del Ministerio de Comunicaciones, Telecom y COLCULTURA. Tendrá como objeto la operación del servicio público de la Radio Nacional y Televisión. Así mismo corresponde a Inravisión la determinación de la programación, producción, realización, transmisión, emisión y explotación de la Televisión Cultural y Educativa en los términos de la presente Ley. (…)".

Así, pues de los artículos 77 y 374 Constitucionales no se sigue que el Ejecutivo no pudiese ejercer respecto de INRAVISIÓN, la atribución prevista en al artículo 189-15 de la Constitución Política con fundamento en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, pues, se reitera, las disposiciones constitucionales deben interpretarse entendiendo la Constitución como un todo, es decir, a la luz del conjunto sistemático y armónico de todas las reglas, principios, derechos e instituciones que regula. Este criterio interpretativo se impone insoslayablemente, pues no de otro modo se revela el recto entendimiento de su significado y alcance.

Ya se advirtió que la intangibilidad de los derechos adquiridos no significa que las instituciones jurídicas o las entidades y regulaciones normativas deban permanecer inalteradas, pues ello conllevaría a la petrificación institucional, y haría imposible adaptarlas a la dinámica siempre cambiante que exige que las instituciones se ajusten a los requerimientos del devenir histórico nacional.

Los cambios de regímenes no conllevan per se el desconocimiento de derechos adquiridos, "pues nadie tiene derecho a una cierta y eterna reglamentación de sus derechos y obligaciones, ni aún en materia laboral en la cual la regla general, que participa de la definición general de este fenómeno jurídico, en principio hace aplicable la nueva ley a todo contrato en curso, aun si se tiene en cuenta aspectos pasados que aún no están consumados, y tiene por lo tanto efectos retrospectivos, de un lado, y pro futuro, del otro"[16].

En el presente caso es claro que el Gobierno Nacional respetó los derechos de los servidores de INRAVISIÓN que resultaron desvinculados en virtud de su supresión al disponer en los artículos 12 y siguientes del decreto demandado lo concerniente al pago de indemnizaciones.

En efecto:

Se advierte que el Capítulo III de dicho decreto contiene disposiciones según las cuales "el Liquidador, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que asuma sus funciones elaborará un programa de supresión de cargos, determinando el personal que por la naturaleza de las funciones desarrolladas debe acompañar el proceso de liquidación.

La supresión de los empleos y cargos dará lugar a la terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales y del vínculo legal y reglamentario de los empleados públicos, en los términos previstos en las normas vigentes. Al vencimiento del término de la liquidación quedarán automáticamente suprimidos los cargos existentes y terminarán los contratos de trabajo de acuerdo con el respectivo régimen legal aplicable" (artículo 11).

Se prevé igualmente el pago de indemnizaciones a los trabajadores oficiales a quienes se les termine el contrato de trabajo (artículo 12); el levantamiento del fuero sindical para efectos de aplicar las normas anteriores (artículo 16); y la prohibición de vincular nuevos servidores públicos (artículo 17).

Por lo demás, en el presente caso el actor no aportó ninguna prueba que acredite que la supresión de INRAVISIÓN y la consecuente supresión de cargos no se orientaran a la obtención de los objetivos señalados previamente o que se apartaran de los criterios que debe seguir la administración para conseguirlos.

Fuerza es, entonces concluir que los actores se equivocan cuando afirman que la supresión de INRAVISIÓN desconoce los derechos adquiridos de los trabajadores, pues está claro que en ejercicio de su competencia constitucional el ejecutivo, atendiendo a las condiciones económicas y sociales del momento, goza de habilitación constitucional para, entre otras, suprimir y fusionar entidades públicas, sin más límites que los que le imponga la misma Constitución, los derechos fundamentales de las personas[17] y legislador, al señalarle los criterios y objetivos que, a esos efectos, debe atender. Se repite, nadie tiene derecho a una eterna reglamentación de sus eventuales derechos y obligaciones.

Al suprimir INRAVISIÓN, el Presidente de la República ejerció la facultad conferida por el artículo 189, numeral 15 de la Constitución, con estricta sujeción a los criterios establecidos en los numerales 3º y 4º de la Ley 489 de 1998 que, según quedó visto, le permitían suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de entidades u organismos del orden nacional cuando las evaluaciones de la gestión administrativa aconsejasen la supresión o la transferencia de funciones a otra entidad, o cuando la conveniencia de esa decisión se establezca a través de los indicadores de gestión y de eficiencia que emplean los órganos de control.

Ciertamente, en los considerandos del Decreto 3500 se hizo constar que tras examinarse la viabilidad global de INRAVISIÓN, en los Documentos CONPES se concluyó que no era viable ni solvente. También se mencionó que en igual sentido se pronunció la Contraloría General de la República al evaluar la viabilidad financiera de INRAVISIÓN.

Como el Gobierno Nacional sí tenía competencia para decidir la supresión de INRAVISIÓN y al hacerlo no usurpó funciones del legislador, ni reformó la Constitución Política, las acusaciones en estudio no prosperan.

Otros cargos de violación de la Constitución Política.

- El demandante sostuvo que el acto acusado violó el preámbulo de la Constitución y los artículos 1, 2, 6 y 7 Superiores, entre otros, porque al disponer la supresión y liquidación de INRAVISION generó gastos innecesarios, no atacó los factores que originaron su crisis y dejó a los colombianos a merced de los operadores privados de televisión, a quienes no les resulta rentable promover programas de educación y cultura ni garantizan la pluralidad de la información y que los contenidos de su programación cobije a todas las audiencias. Generó traumas en la emisión de la señal y afectó patrimonialmente a terceros, particulares y trabajadores pues finalmente, el proceso de liquidación de INRAVISIÓN es más oneroso que su funcionamiento.

Además, al autorizar a Radio Televisión de Colombia - RTVC, como nuevo operador del servicio de radio y televisión pública en las mismas condiciones que las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 previeron para INRAVISIÓN, que el decreto demandado impide que se puedan mejorar los parámetros de calidad y cobertura del servicio.

El actor no aportó prueba alguna de los hechos en que se fundan las acusaciones anteriores y por eso no prosperarán.

Adujo el actor, adicionalmente, que el Gobierno Nacional no garantizó que la CNTV, los usuarios del servicio, la prensa, los trabajadores de la cultura y los de INRAVISION pudieran participar de la decisión de suprimirla pese a que dicha decisión los afectaba y los trabajadores, a través de ACOTV estuvieron dispuestos a negociar para salvar la entidad y asegurar que cumpliera su objeto.

Este cargo no prospera porque está formulado en forma vaga e imprecisa.

Si bien nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de las personas a participar en las decisiones de los asuntos que les conciernen, para que una acusación relacionada con su violación prospere es necesario que el actor explique y demuestre que legal o constitucionalmente estaba previsto un procedimiento o mecanismo de participación y que el Estado le impidió hacer uso de él.

En el presente caso el actor no explicó cuál era el mecanismo de participación que procedía en su caso y de qué manera el Estado pudo haberlo desconocido.

Señaló el actor, por otra parte, que el decreto acusado atenta contra las posibilidades de desarrollo de la televisión pública y por ello deja el servicio en manos de particulares que promueven una visión de la nacionalidad que puede corresponder a las mayorías, pero no a toda la nación y por ello viola normas Superiores que promueven el respeto por la diversidad cultural y étnica y por instituciones culturales como el folclor, las tradiciones, los recuerdos históricos y creencias religiosas. Además, carecen de interés por el desarrollo de una programación educativa y cultural que no genera lucro.

Estas apreciaciones de carácter subjetivo carecen de todo sustento probatorio y por ello no prosperarán, máxime porque adolecen de imprecisiones como la de ignorar que las funciones que cumplía INRAVISIÓN, en materia de gestión de la televisión pública y la programación en materia educativa y cultural permanece bajo la responsabilidad del Estado y se garantiza su continuidad a través del nuevo gestor (ver artículo 4º del Decreto demandado).

Señalan las demandadas que el decreto acusado violó el inciso primero del artículo 1º de la Ley 182 de 1995 "por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones",[4] cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 1º. Naturaleza jurídica, técnica y cultural de la televisión. La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado,cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta Ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. (…)"

Para sustentar esta acusación manifestó que la decisión de suprimir INRAVISIÓN y crear un nuevo gestor modificó la estructura administrativa prevista por el legislador para la prestación del servicio público de televisión y que sólo el Congreso podía efectuar dicha supresión.

Este cargo no prospera porque si bien el Legislador estableció originalmente la estructura original de la administración para la prestación del servicio público de televisión en la Ley 182 de 1995, la funciones de crear y suprimir entidades administrativas del orden nacional no están reservadas exclusivamente al legislador pues el artículo 189-15 Superior le permite ejercerlas al Presidente de la República en los términos explicados ampliamente en el acápite referido al ejercicio de la facultad prevista en el numeral 15 del artículo 189 Superior, en concordancia con el artículo 52 de la Ley 489 de 1998.

Violación del inciso primero del artículo 3 de la Ley 182 de 1995, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 3. Naturaleza jurídica, denominación, domicilio y control político. El organismo al que se refieren los artículos 76 y 77 de la Constitución Política se denominará: Comisión Nacional de Televisión (CNTV). Dicha entidad es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica y con la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de las atribuciones que le asignan la Constitución, la ley y sus estatutos. (…)"

El actor manifestó que la norma transcrita fue violada por los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 4 del decreto demandado, cuyos textos son los siguientes:

"Artículo 4°. Garantía de la continuidad en la prestación del servicio público de radio y televisión. Con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de televisión y radio a su cargo el Estado deberá:

(…) 2. El Instituto Nacional de Radio y Televisión-Inravisión en Liquidación deberá subrogar en el nuevo Gestor del servicio de radio y televisión, los contratos y convenios en ejecución suscritos con la Comisión Nacional de Televisión para el cumplimiento de su objeto y en los casos en que hubiere lugar con los usuarios de los servicios de radio y televisión.

3. La Comisión Nacional de Televisión reasignará al nuevo Gestor las respectivas frecuencias que Inravisión utilizaba para la prestación de los servicios de televisión a su cargo, y el Ministerio de Comunicaciones reasignará las respectivas frecuencias que Inravisión utilizaba para la prestación del servicio de radio a su cargo.

4. La Comisión Nacional de Televisión reasignará y girará al nuevo Gestor, los recursos para financiar los diferentes proyectos de inversión presentados por Inravisión para su desarrollo y ejecución.

5. La Comisión Nacional de Televisión en cumplimiento de las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de televisión transferirá los recursos suficientes y necesarios para que el nuevo Gestor público de televisión pueda cumplir cabalmente su objeto.

6. Subrogar al nuevo Gestor del servicio de radio y televisión el contrato de comodato de uso de bienes celebrado entre la Comisión Nacional de Televisión e Inravisión, previo cumplimiento del requisito de ley (…)"

El actor afirmó que las actuaciones que las normas transcritas le imponen a la CNTV lesionan la autonomía que le reconoce el inciso primero del artículo 3º de la Ley 182 de 1995.

Para decidir si los numerales cuestionados violan la autonomía de la Comisión Nacional de Televisión conviene precisar, en primer lugar, que ella no tiene carácter absoluto y su sentido y alcance ha sido precisado por la Corte Constitucional en varias sentencias, entre ellas en la C-570/10 que se transcribe parcialmente:

(…) 6.1. (…) la función de intervención asignada a la CNTV se concreta en dos aspectos que se extraen del propio ordenamiento Superior: (i) la dirección de la política en materia de televisión; y (ii) la regulación de la prestación de ese servicio (...)

6.2. Autonomía de la CNTV. Límites y campo de aplicación

6.2.1. Como se desprende de la propia Constitución, uno de los principales atributos de la CNTV, es precisamente la autonomía administrativa, patrimonial y técnica que le ha sido reconocida. Dicha autonomía está orientada a proteger su independencia en el ejercicio de las funciones asignadas, de manera que las mismas se lleven a cabo en beneficio del bien común, libre del control e injerencia del Gobierno y de los grupos sociales, políticos o económicos que intervienen en la prestación y ejecución del servicio de televisión.

6.2.2. Según lo ha señalado esta Corporación, la autonomía se manifiesta en la no sujeción de la CNTV a las decisiones de autoridades estatales distintas al legislador, y en la facultad atribuida por la Constitución para regular el servicio de televisión. En ese sentido, la autonomía reconocida a la entidad rectora de la televisión, implica que ésta no pueda equipararse a una entidad descentralizada, de manera que, entre otros aspectos, se encuentra excluida del control administrativo que ejerce el Ejecutivo sobre sus entidades adscritas o vinculadas, lo que a su vez le permite cumplir de manera independiente su función constitucional y legal, sin ningún tipo de intromisiones e influencias del poder político[20].

(…) 6.2.3. (…) En todo caso, la autonomía reconocida a la CNTV, no excluye el deber de colaboración armónica, que bajo un sustento exclusivamente técnico, ésta debe tener con otros entes estatales que cumplen funciones relacionadas con las propias, en el propósito de alcanzar los fines del Estado en forma ordenada y eficiente.

(…) 6.2.4. Sobre el alcance de la autonomía reconocida por la Constitución a la CNTV, esta Corporación ha sostenido que la misma no es en todo caso absoluta, pues no le confiere "el carácter de órgano Superior del Estado ni le concede un ámbito ilimitado de competencias". Como cualquier entidad pública, y por el simple hecho de pertenecer a un Estado de derecho, dicho organismo está llamado a ejercer sus funciones dentro del marco previsto por la Constitución y la ley.

En efecto, los artículos 76 y 77 de la Carta, al tiempo que le otorgan a la CNTV autonomía para el cumplimiento de sus funciones, también subordinan el ejercicio de las mismas a la ley, atribuyéndole al legislador la competencia para regular el servicio de televisión, lo cual implica la facultad para definir el alcance de las funciones y para fijar los parámetros bajo los cuales debe operar dicha entidad.

(…) Recogiendo esta posición, en la Sentencia C-351 de 2004, este Tribunal afirmó:(…) debe recordarse que las funciones de intervención y dirección que le corresponde ejercer a la Comisión Nacional de Televisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76 y 77 Superiores,no constituyen una competencia desligada de la ley, asimilable a una atribución constitucional autónoma, que dicho organismo pueda ejercer sin ningún tipo de limitación.

6.2.5. Siguiendo la línea jurisprudencial en cita, la Corporación también ha hecho claridad, en el sentido de sostener que la autonomía reconocida a la CNTV, busca, entonces, protegerla contra posibles injerencias indebidas provenientes de otras autoridades o de grupos de interés, frente a las funciones atribuidas por la Carta y que ésta quiso que fueran cumplidas con total independencia e imparcialidad, sin que ello signifique un desprendimiento de la ley, en particular, frente a situaciones para las cuales el ordenamiento jurídico ha establecido reglas generales de obligatorio cumplimiento para todos los organismos del Estado[22]. El tema fue explicado por la Corte en la Sentencia C-532 de 2006, en los términos que se anotan:

"Por tanto, en la medida que la autonomía de la Comisión Nacional de Televisión no se predica respecto de la ley, "pues ésta es finalmente la encargada de definir el marco general de sus atribuciones", se ha de concluir que "toda actividad que válidamente realice la CNTV, debe haberle sido atribuida por la Constitución y la ley…de forma que, en el caso de su organización administrativa, no podrá reclamar para sí una facultad normativa desligada de la ley y no sujeta a los límites naturales de la función pública.

(…) 6.2.7. Debe reiterarse en este punto, tal y como lo ha hecho la Corte en anteriores oportunidades[27], que la autonomía reconocida a la CNTV frente a las demás autoridades de la administración, no excluye la posibilidad de que el organismo actúe en coordinación con otras autoridades públicas competentes en el desarrollo de políticas relacionadas con las telecomunicaciones. Coordinación que debe darse bajo un sustento exclusivamente técnico, y circunscrita exclusivamente a una labor de colaboración armónica y no de intromisión o de intervención.

Las normas acusadas no violan la autonomía de la CNTV porque no tratan sobre las funciones de intervención, dirección, regulación y control del servicio público de televisión a cargo de la CNTV, respecto de las cuales se predica su autonomía.

En lo que atañe a la subrogación ordenada en el numeral 2 del artículo 4º demandado, es una consecuencia necesaria de la supresión ordenada al amparo del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, "Por la cual …se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución", cuyo parágrafo 1º dispone expresamente que "el acto que ordene la supresión, disolución y liquidación, dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas".

Debe resaltarse además, que la subrogación cuestionada era necesaria para que la nueva gestora garantizara la continuidad en la prestación de los servicios que las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 le encomendaron originariamente a dicho Instituto para el cumplimiento de la política de fortalecimiento de la televisión pública.

Las órdenes de reasignar frecuencias utilizadas por INRAVISIÓN en el nuevo gestor para la prestación de los servicios de televisión a su cargo y de reasignar las respectivas frecuencias que Inravisión utilizaba para la prestación del servicio de radio a su cargo, contenidas en el numeral 3° del artículo 4° cuestionado, constituyen una aplicación del artículo 52 de la Ley 489 de 1989, de acuerdo con el cual, el acto que suprime una entidad administrativa del orden nacional dispondrá la subrogación de los derechos de las entidades suprimidas o disueltas, entre los cuales debe contarse el de utilizar las frecuencias que le había asignado previamente la CNTV.

El mismo criterio utilizado para decidir las acusaciones contra los numerales 2 y 3 del artículo 4º cuestionado sirve a los fines de negar prosperidad a los cargos de violación del numeral 4 del artículo 4 del Decreto demandado, de acuerdo con el cual, "La Comisión Nacional de Televisión reasignará y girará al nuevo gestor, los recursos para financiar los diferentes proyectos de inversión presentados por Inravisión para su desarrollo y ejecución"; del numeral 5 que dispuso que "la Comisión Nacional de Televisión en cumplimiento de las leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de televisión transferirá los recursos suficientes y necesarios para que el nuevo gestor público de televisión pueda cumplir cabalmente su objeto"; y del numeral 6 que dispuso "subrogar al nuevo gestor del servicio de radio y televisión el contrato de comodato de uso de bienes celebrado entre la Comisión Nacional de Televisión e Inravisión, previo cumplimiento del requisito de ley".

En efecto, por virtud de la facultad que el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 confiere para disponer la subrogación de los derechos de la entidad suprimida, el Gobierno Nacional podía disponer que la nueva Gestora del servicio de radio y televisión pública recibiera de la CNTV las transferencias a que INRAVISIÓN tenía derecho por mandato del artículo 16 de la Ley 335 de 1996, modificatorio del artículo 62 de la Ley 182 de 1995 del siguiente tenor literal:

"Artículo 16. El Artículo 62 de la Ley 182 de 1995 quedará así:

(…) El patrimonio de Inravisión estará constituido entre otros por aquél que en la actualidad le corresponde por los aportes del presupuesto nacionaly por las transferencias que le otorgue la Comisión Nacional de Televisión.

Dichas transferencias se harán de manera periódica cada cuarenta y cinco (45) días y en ningún caso podrán ser inferiores en pesos constantes a lo transferido en el período inmediatamente anterior.

En cuanto a los recursos provenientes de las tasas, tarifas y derechos producto de los contratos de concesión de espacios de televisión, así como los recursos que ella perciba por contratos y concesiones especiales previstos en esta ley, la Comisión Nacional de Televisióntransferirá a Inravisión la cantidad necesaria y suficiente para que dicho operador pueda cumplir y desarrollar cabalmente su objeto.

Trimestralmente la CNTV enviará a las honorables Comisiones Sextas de Senado y Cámara de Representantes una relación pormenorizada de las transferencias. Si las honorables Comisiones encontrasen que las transferencias materia de este artículo no fuesen suficientes, procederá a ejercer sobre la Comisión Nacional de Televisión el respectivo control político (…)".

En conclusión, el parágrafo del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 facultó al Gobierno Nacional para disponer la subrogación de los derechos de INRAVISIÓN, y como uno de sus derechos era el de recibir las transferencias comentadas, hizo uso legítimo de dicha facultad al disponer que se subrogara en ellos a la Sociedad Radio Televisión de Colombia, entidad creada para cumplir las funciones que estaban a cargo de INRAVISIÓN antes de su supresión; transferencias que, no sobra anotar, podían utilizarse para financiar los proyectos de inversión de INRAVISIÓN.

La subrogación a favor del nuevo gestor de los derechos derivados del contrato de comodato de uso de bienes celebrado entre la Comisión Nacional de Televisión e Inravisión, constituye una utilización más de la facultad conferida por el parágrafo del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 que se justifica en los mismos términos que la subrogación de derechos comentados previamente.

Violación de los artículos 4 y 5 (literales a, f, h, k, m) de la Ley 182 de 1995.

Los textos de las normas demandadas son los siguientes:

Artículo 4o. Objeto. Corresponde a la Comisión Nacional de Televisión ejercer, en representación del Estado la titularidad y reserva del servicio público de televisión, dirigir la política de televisión, desarrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en relación con el servicio público de televisión de acuerdo a lo que determine la ley; regular el servicio de televisión, e intervenir, gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético utilizado para la prestación de dicho servicio, con el fin de garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia en la prestación del servicio, y evitar las prácticas monopolísticas en su operación y explotación, en los términos de la Constitución y la ley.

Artículo 5o. Funciones. En desarrollo de su objeto corresponde a la Comisión Nacional de Televisión:

a. Dirigir, ejecutar y desarrollar la política general del servicio de televisión determinada en la ley y velar por su cumplimiento, para lo cual podrá realizar los actos que considere necesarios para preservar el espíritu de la ley;

(…) f. <Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Asignar a los operadores del servicio de televisión las frecuencias que deban utilizar, de conformidad con el título y el plan de uso de las frecuencias aplicables al servicio, e impartir permisos para el montaje o modificación de las redes respectivas y para sus operaciones de prueba y definitivas,previa coordinación con el Ministerio de Comunicaciones*;

h. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Formular los planes y programas sectoriales para el desarrollo de los servicios de televisión y para el ordenamiento y utilización de frecuencias,en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones*;

(…) k. Ejecutar los actos y contratos propios de su naturaleza y que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, para lo cual se sujetará a las normas previstas en el Código Contencioso Administrativo y en la Ley 80 de 1993, y en las normas que las sustituyan, complementen o adicionen;

(..) m. Diseñar estrategias educativas con el fin de que los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión regional las divulguen y promuevan en el servicio, a efecto de que la teleaudiencia familiar e infantil pueda desarrollar la creatividad, la imaginación y el espíritu crítico respecto de los mensajes transmitidos a través de la televisión; (…)"

Para sustentar esta acusación el actor se limitó a señalar que al trasladar las funciones de INRAVISIÓN a una nueva entidad; disponer que se le asignen frecuencias y se le transfieran sus activos, derechos, contratos y recursos; las normas demandadas desconocen las facultad que los artículos 4 y 5 atribuyen a la CNTV para materializar y dirigir la política pública de televisión.

Este cargo reitera los argumentos expuestos en los cargos anteriores, con los cuales pretende demostrar que el acto de supresión de INRAVISIÓN no podía disponer de sus derechos y obligaciones, los cuales fueron desvirtuados sobre la consideración de que el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 autoriza dicha decisión con el objeto de garantizar la continuidad del servicio público a cargo de la entidad suprimida.

Si se admitiera que el Gobierno Nacional debió esperar a que el legislador creara la nueva entidad que debiera encargarse de las funciones de INRAVISIÓN y que ésta deba someterse a la solicitud de asignación de frecuencias y demás requisitos necesarios para entrar a operar, se llegaría a la situación no querida por el Constituyente y el Legislador de que se paralizaría el servicio de televisión a cargo del Estado y se dejaría de cumplir la política pública que se persigue mediante la operación de INRAVISIÓN o de quien ocupe su lugar.

La política pública trazada por el Congreso de la República al señalar la naturaleza de INRAVISIÓN y atribuirle funciones en las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 demuestran que dichas políticas se orientaban a fortalecer el servicio de televisión pública como único medio para garantizar la competencia, el pluralismo informativo y la prestación eficiente y competitiva del servicio.

Así consta en la descripción de dichos antecedentes, contenida en el Concepto No. 1566 de 19 de agosto de 2004 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al que aludieron las partes en este proceso y se transcribe parcialmente a continuación:

" (…) La Ley 182 de 1995 (...) desmonopolizó el sector de la televisión y con respecto al Instituto Nacional de Radio y Televisión INRAVISIÓN ordenó profundas modificaciones, entre las cuales se citan las que son relevantes en esta consulta, así:

Se modificó la naturaleza jurídica y, por consiguiente, su régimen, al transformarlo de ente asociativo de segundo grado, con régimen de establecimiento público en "sociedad entre entidades públicas organizada como empresa industrial y comercial del Estado conformada por la Nación a través del Ministerio de Comunicaciones, Telecom y Colcultura" (art. 62).

b. El objeto de INRAVISIÓN se contrajo a "la operación del servicio público de radio y televisión y la producción, realización y emisión de la televisión cultural y educativa en los términos de la presente ley", como lo señala el inciso 2º del artículo 62.

Es importante destacar que uno de los objetivos del Estado colombiano al proponer la reestructuración de toda la actividad televisiva, era el de fortalecer la televisión pública. Son significativas las tesis contenidas en la exposición de motivos de esa ley que en sus apartes pertinentes dijo:

"Una política: el fortalecimiento de la televisión pública. El gobierno Nacional es consciente de que so pretexto de regular un servicio público, y más concretamente el servicio de televisión, no puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como los abusos de los controles oficiales o de las frecuencias radioeléctricas, entre otros. (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 13 No. 3).

(…) El fortalecimiento de la televisión pública hace referencia a un problema de libre competencia económica y de servicios entre la televisión estatal y los prestatarios u operadores privados de dicho medio de comunicación. El Gobierno tiene claro que siendo obligación del Estado evitar o controlar cualquier abuso que las personas empresarias hagan de su posición dominante en el mercado (art. 333 CP) no puede abrir la televisión a las reglas de éste sin disponer los recursos para Inravisión, Audiovisuales y los canales regionales. Una televisión estatal pobre y obsoleta en tecnología, es la avenida que con mayor rapidez conduce al monopolio privado en la información y el servicio. Por tal razón (…) se ha autorizado a la Junta de la Comisión a fijar las tarifas de los operadores privados y de los concesionarios contratistas del servicio, teniendo en cuenta que las mismas no sólo sufraguen los gastos de la Comisión sino que permitan efectuar transferencias a las entidades públicas mencionadas (…) así como los que resulten necesarios para el fortalecimiento de los operadores públicos, con el fin de cumplir las funciones tendientes a garantizar el pluralismo informativo, la competencia, la inexistencia de prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión y la prestación eficiente de dicho servicio …". (pág. 5)."

(…) En suma, el fortalecimiento de la televisión pública es también una cuestión de lo que se le ofrece a los televidentes". (Gaceta del Congreso No. 169, de 6 de octubre de 1.994, pág. 10).

En cuanto a la necesidad de adaptar la naturaleza jurídica y funciones de INRAVISIÓN al nuevo esquema de televisión, se expuso lo siguiente:

"La transición. El Gobierno Nacional al tiempo que desea una apertura y una ampliación de la oferta televisiva, quiere sin embargo una transición ordenada al nuevo esquema. Por eso propone en el Proyecto prorrogar, en los términos y condiciones de la Ley 14 de 1.991, con audiencia pública y con atribución de la Comisión en materia de tarifas, los contratos de concesión de espacios de televisión, de prestación del servicio por suscripción y los concernientes a programación regional, suscritos con Inravisión, el Ministerio de Comunicaciones y los canales Regionales.

Parte del problema también tiene que ver con el nuevo rol que han de asumir las entidades públicas. Es incuestionable que como consecuencia de lo establecido en los artículos 76 y 77 de la carta,la capacidad de regulación del servicio otrora asignada a Inravisión y a los Canales Regionales, se ha modificado. Por esto, en el Proyecto se propone suprimir el Consejo Nacional de Televisión, los Consejo Regionales, la Comisión Nacional para la Vigilancia de la televisión y las Comisiones Regionales (art. 48). Se propone también reestructurar las Juntas Administradoras de Inravisión y de los Canales Regionales (…) (Gaceta del Congreso Número 169, pág. 11).

c. Las funciones de intervención, dirección, regulación y control del servicio público de televisión, fueron trasladadas a la Comisión Nacional de Televisión, de manera tal que INRAVISIÓN, continuó "en relación con dicho servicio, solamente como operador del mismo". (art. 35).

d. Igualmente fueron trasladados a la Comisión Nacional de Televisión los recursos financieros más importantes de INRAVISIÓN como eran las tarifas, tasas y derechos que percibía de los concesionarios de espacios de televisión. En efecto, dentro del patrimonio de la CNTV, se incluyeron los recursos que tradicionalmente recibía INRAVISIÓN.

(…) Por su parte, el patrimonio de INRAVISIÓN quedó constituido por los aportes del presupuesto nacional, "por las transferencias que le otorgue la Comisión Nacional de Televisión y por las tasas, tarifas y derechos producto de los contratos de concesión de espacios de televisión". Este último rubro lo mantendría hasta la fecha en que se produjera la cesión de los contratos de concesión a la CNTV (…)"

La política pública señalada se mantuvo en la Ley 335 de 1996 que reformó la 182 de 1995 y respetó la naturaleza jurídica de INRAVISIÓN, sus funciones y el esquema de su financiación.

El demandante no demostró que las políticas públicas implementadas en las leyes comentadas - esto es, el fortalecimiento del servicio de televisión pública como medio para garantizar la competencia, el pluralismo informativo y la prestación eficiente y competitiva del servicio -, se hubieran modificado por el hecho de que las funciones de operar el servicio público de la Radio Nacional y Televisión y determinar la programación, producción, realización, transmisión y emisión de la Televisión Cultural y Educativa, que correspondían originariamente a INRAVISIÓN, se hubieran transferido a una nueva entidad.

Por el contrario, es evidente que al cumplir la nueva entidad las mismas funciones de la entidad suprimida y que al contar con los mismos recursos para su financiación, debía desarrollar la política pública dispuesta por el Legislador.

Conviene poner de relieve que las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 no instituyeron a INRAVISIÓN como un ente irremplazable y, por el contrario, previeron expresamente que en su lugar pudiera ser ocupado por otra entidad que cumpliera sus mismas funciones.

Para demostrarlo basta con señalar que el artículo 22 de la Ley 182 de 1995, modificado por el artículo 24 de la Ley 335 de 1996, al clasificar el servicio de televisión en función de su nivel de cubrimiento, estableció que la Comisión Nacional de Televisión definirá, y clasificará el servicio así: (…) 2. En razón de su nivel de cubrimiento territorial: a) Televisión nacional de operación pública. Se refiere a las señales de televisión operadas por Inravisión o el ente público pertinente, autorizadas para cubrir todo el territorio nacional. b) Televisión nacional de operación privada (…) c) Televisión regional (…) d) Televisión local (…)".

La previsión según la cual las señales en todo el territorio nacional pudieran ser operadas por INRAVISIÓN, o por el ente público pertinente, entraña un claro reconocimiento de que la primera entidad no era irremplazable y que sus funciones podían ser cumplidas por una entidad distinta por diversas razones, entre las cuales debe contarse la posibilidad de que INRAVISIÓN fuera suprimida por decisión del Gobierno nacional en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y sus funciones transferidas a una entidad distinta.

Violación de los literales a) y f) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 12. Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión:

a) Adoptar las medidas necesarias para desarrollar el objeto y las funciones constitucionales y legales de la entidad; (…)

f) Aprobar y revisar periódicamente el presupuesto anual de la Comisión Nacional de Televisión que le sea presentado por el Director."

El actor afirma que las normas acusadas, en cuanto imponen gastos a cargo de la CNTV desconocen la autonomía de la misma para decidir sobre sus recursos, prevista en la norma transcrita.

Este cargo no prospera por las mismas razones que negaron prosperidad a las acusaciones referidas a la presunta violación de la autonomía de la CNTV por el hecho de que ésta transfiriera al nuevo ente gestor de la televisión pública los recursos y transferencias que la Ley 182 de 1995 y 335 de 1996 habían creado a favor de INRAVISIÓN.

La creación de un nuevo gestor del servicio de televisión estatal viola el inciso segundo del artículo 35 de la Ley 182 de 1995 y del artículo 37-1 ibídem.

Estas normas habían atribuido a INRAVISIÓN las funciones que el decreto acusado le otorgó al nuevo gestor. Su texto es el siguiente:

"ARTÍCULO 35. OPERADORES DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN.

(…) Para los efectos de la presente ley son operadores del servicio público de televisión las siguientes personas: el Instituto Nacional de Radio y Televisión al que hace referencia la presente ley, las organizaciones regionales de televisión, actualmente constituidas y las que se constituyan en los términos de la presente Ley, las personas jurídicas autorizadas en virtud de contrato para cubrir las zonas que más adelante se describen, las organizaciones comunitarias y personas jurídicas titulares de licencias para cubrir el nivel local, y las personas autorizadas para prestar el servicio de televisión cerrada o por suscripción.

ARTÍCULO 37. RÉGIMEN DE PRESTACIÓN. En cada uno de los niveles territoriales antes señalados, el servicio público de televisión será prestado en libre y leal competencia, de conformidad con las siguientes reglas:

1. Nivel Nacional: Para garantizar que la competencia con los operadores zonales se desarrolle a partir del 1o. de enero de 1998, en condiciones de igualdad efectiva y real, y prevenir cualquier práctica monopolística en la prestación del servicio, así como para velar por la protección de la industria de televisión constituida al amparo de la legislación expedida hasta la vigencia de esta Ley, el Estado se reservará, hasta dicha fecha, la prestación del servicio público de televisión en el nivel nacional, el cual estará a cargo del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Este operará los canales nacionales que determine la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, de acuerdo con las posibilidades del espectro, las necesidades del servicio y la prestación eficiente y competitiva del mismo. "

Estas normas no se violan por las razones expuestas al tratar los cargos relacionados con la competencia del Gobierno Nacional para suprimir entidades administrativas del orden nacional y las facultades para transferir sus funciones a los nuevos entes creados para cumplirlas.

Violación del artículo 16 de la Ley 335 de 1996 (incisos primero, tercero, cuarto y parágrafo primero), cuyos textos son los siguientes:

"ARTÍCULO 16. Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El Artículo 62 de la Ley 182 de 1995 quedará así:

El Instituto Nacional de Radio y Televisión es una sociedad entre entidades públicas, organizada como empresa Industrial y Comercial del Estado conformada por la Nación, a través del Ministerio de Comunicaciones*, Telecom y Colcultura. Tendrá como objeto la operación del servicio público de la Radio Nacional y Televisión. Así mismo corresponde a Inravisión la determinación de la programación, producción, realización, transmisión, emisión y explotación de la Televisión Cultural y Educativa en los términos de la presente Ley.

(…) El patrimonio de Inravisión estará constituido entre otros por aquél que en la actualidad le corresponde por los aportes del presupuesto nacional y por las transferencias que le otorgue la Comisión Nacional de Televisión.

Dichas transferencias se harán de manera periódica cada cuarenta y cinco (45) días y en ningún caso podrán ser inferiores en pesos constantes a lo transferido en el período inmediatamente anterior.

(…) PARÁGRAFO 1o.<Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Inravisión será el responsable de determinar la programación del Canal de Interés Público o Señal Colombia."

El actor afirma que al disponer que la CNTV transfiera recursos al nuevo gestor de la televisión pública y al modificar las condiciones de contratos y convenios celebrados con INRAVISIÓN, el decreto demandado violó las normas transcritas, que asignan funciones a dicho Instituto, regulan la conformación de su patrimonio y el deber de la CNTV de transferirle los recursos que requiera para el cumplimiento de su objeto.

Esta acusación no prospera por las razones expuestas al decidir otros cargos; esto es, porque el Gobierno Nacional sí tenía facultades para suprimir INRAVISIÓN con fundamento en el numeral 15 del artículo 189 Superior y podía transferir sus funciones a un nuevo ente, al que podía igualmente transferir sus derechos y obligaciones a efectos de garantizar la continuidad del servicio a cargo de la entidad suprimida. Todo ello con fundamento en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998.

Los cuestionamientos a la legalidad del acto que autorizó la creación de RADIO TELEVISIÓN DE COLOMBIA, RTVC, y de los actos que efectivamente lo constituyeron, no serán objeto de estudio en este proceso porque dichos actos no fueron demandados.

Acusaciones referidas a la obligación de la CNTV de asumir el pago de las obligaciones pensionales a cargo de INRAVISIÓN (artículos 21 y 23)

El actor afirmó que no existe norma legal que atribuya las obligaciones señaladas a la CNTV.

Agregó que el decreto demandado, al señalar que la CNTV pagará el pasivo pensional de INRAVISIÓN, violó el artículo 4 parágrafo 1º de la Ley 314 de 1996 que establece que el pago de las obligaciones pensionales que se adeuden a CAPRECOM deberá pagarse en el curso de diez años por parte de la entidad empleadora (INRAVISIÓN) o la Nación, con aportes del presupuesto nacional.

Agregó que las normas demandadas ubican a la CNTV en un segundo lugar de responsabilidad en el pago de las obligaciones pensionales y a la Nación en un tercer nivel de responsabilidad, lo cual genera el riesgo de que los ex trabajadores se queden sin pensiones en el caso de que la CNTV no alcance a cubrir dichos gastos y exime de responsabilidad a la Nación a quien correspondería esa carga por mandato del Artículo 32 (inciso 4 del parágrafo) del Decreto Ley 254 de 2000.

El actor cuestiona sin duda los artículos 21 y 23 del decreto demandado que establecen la obligación de la CNTV de cubrir las obligaciones que en materia pensional INRAVISIÓN tenía con sus servidores.

La Sala tuvo oportunidad de analizar este cargo en la sentencia adoptada en la misma fecha en el Expediente No.1100010324000200400411-01, de la misma Ponente , al decidir la acción de nulidad instaurada por el ciudadano Jaime Niño Diez, cuyos cargos se sustentaron en argumentos coincidentes, a los que en el caso presente sirven de fundamento a las violaciones alegadas. Al estimar los cargos, la sentenciadora precisó:

"En el proceso de liquidación de INRAVISIÓN, lo concerniente al pago de las obligaciones laborales y pensionales debe regirse por el título II del Decreto Ley 254 de 2000, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 8. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que asuma funciones el liquidador, éste elaborará, y si es del caso, presentará a la Junta Liquidadora un programa de supresión de cargos, determinando el personal que por la naturaleza de las funciones desarrolladas debe acompañar el proceso de liquidación.

No obstante, al vencimiento del término de liquidación quedarán automáticamente suprimidos los cargos existentes y terminarán los contratos de trabajo de acuerdo con el respectivo régimen legal aplicable.

Artículo 9. Derechos adquiridos por los pensionados de las entidades cuya liquidación se ordene. Son derechos adquiridos por los pensionados, aquellos que hacen parte de su patrimonio por haber satisfecho los requisitos legales exigidos, aunque no se hubiese proferido el acto que declare su exigibilidad.

Artículo 10. Cálculo actuarial.Cuando una entidad del orden nacional, que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, entre en proceso de disolución y liquidación, deberá entregar el respectivo cálculo actuarial, el cual deberá estar elaborado teniendo en cuenta las instrucciones técnicas que para el efecto imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y requerirá para su validez, la aprobación del mismo.

Artículo 11. Reconocimiento de las pensiones. El reconocimiento de las pensiones que se encuentren a cargo del órgano cuya liquidación se determine, estará a cargo de la entidad que señale el decreto que ordene su liquidación, la cual podrá desempeñar la mencionada función directa o indirectamente mediante convenio, según se disponga en el mismo decreto.

Para tal efecto, el órgano en liquidación deberá entregar a la entidad que se determine, los documentos, archivos magnéticos con los equipos correspondientes y demás información laboral que sirvió de fundamento al cálculo actuarial y que será el soporte para la creación de la base de datos necesaria para la elaboración de la nómina de pensionados.

En todo caso, será responsabilidad de la entidad a la cual el decreto que ordene la liquidación asigne la función de reconocimiento, la elaboración de nóminas de pensionados y la ubicación oportuna de los recursos para su pago por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, FOPEP, de conformidad con los cronogramas previamente aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 12. Traslado del pago de pensiones. A partir del momento que señale el Gobierno Nacional, se trasladará al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, FOPEP, el pago de las pensiones que estén a cargo del órgano que se ordene disolver o liquidar.

Parágrafo. Mientras se surten los trámites pertinentes para que el FOPEP asuma este traslado, la entidad que tiene a su cargo el pago, deberá seguir cumpliendo con dicha obligación.

Artículo 13. Obligaciones que asume el fondo de pensiones públicas del nivel nacional. El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional asumirá los siguientes pagos:

a) El de las pensiones causadas y reconocidas;

b) El de las pensiones cuyos requisitos están satisfechos y se reconozcan con posterioridad a la fecha de disolución;

c) El de las pensiones de las personas que han cumplido tiempo de servicio pero no han llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión, cuando previo cumplimiento del requisito de la edad la pensión les sea reconocida, siempre y cuando no se encuentren afiliados a ninguna administradora de pensiones.

Parágrafo. Sólo se pagarán las obligaciones que figuren dentro del respectivo cálculo actuarial. Para que proceda el pago de otras obligaciones pensionales será necesario que los beneficiarios de las mismas acrediten su derecho a satisfacción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda por los errores u omisiones cometidos en el cálculo actuarial.

Artículo 14. Financiación de las pensiones. Los activos de los órganos cuya liquidación se ordene, que estén destinados al pago de sus pasivos pensionales, conservarán tal destino, no formarán parte de la masa de la liquidación y deberán ser entregados al FOPEP a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o al Fondo de Reservas de Bonos Pensionales, en la forma y oportunidad que lo determine el Gobierno Nacional.

Si dichos activos no fueren suficientes para financiar tales pasivos y en razón de la preferencia del primer grado que le corresponde a los pasivos laborales, en la liquidación se destinarán preferentemente otros activos de la entidad a tal fin, hasta completar el monto de aquellos pasivos.

Los activos que se entreguen para atender el pago de pasivos pensionales deberán ser, preferentemente, activos monetarios en la medida que lo permitan las condiciones de liquidación.

Cuando exista una entidad a la cual le corresponda financiar total o parcialmente los pasivos pensionales que estaban a cargo de la entidad en liquidación, dicha entidad deberá entregar los recursos correspondientes al FOPEP o al Fondo de Reservas de Bonos Pensionales, según corresponda, en la forma y oportunidad que señale el Gobierno Nacional en el decreto que ordene la liquidación.

Parágrafo. Los recursos destinados al pago de las pensiones que asuma el FOPEP, en desarrollo de lo previsto en el decreto que ordene la liquidación, serán manejados en una cuenta independiente de los demás recursos de dicho fondo. El saldo remanente, una vez pagadas las obligaciones pensionales correspondientes o asegurado su pago, se destinará a cancelar otras obligaciones del FOPEP.

Artículo 15. Emisión y pago de bonos pensionales. Los bonos pensionales que le corresponda emitir y pagar al órgano cuya liquidación se haya ordenado, serán emitidos y pagados por la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme a las normas que regulan la materia.

Artículo 16. Cuotas partes pensionales. En el decreto en el que se ordene la liquidación de un órgano que tenga pasivos pensionales, se indicará si es del caso, la entidad a la cual le corresponda adelantar el cobro y el pago de las cuotas partes pensionales.

En la medida en que la emisión de bonos pensionales le haya sido trasladada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, éste deberá realizar el cobro y pago de cuotas partes de bonos pensionales correspondientes al órgano que se haya ordenado suprimir y liquidar.

Artículo 17. Lo dispuesto en este Título se aplicará, incluso a las entidades estatales que tengan un régimen de liquidación previsto en normas especiales.

[…]"

Y más adelante, señaló:

"De conformidad con este marco normativo, la entidad a liquidarse, en este caso INRAVISION, deberá cubrir los pasivos laborales y pensionales inicialmente con sus bienes y en caso de que éstos no resulten suficientes para cubrirlos, deberán ser asumidos en este caso específico por la Nación. Una interpretación diferente en el sentido de que deben ser cubiertos por la CNTV no tiene asidero jurídico, máxime cuando esta entidad también ha sido liquidada y no podría responder por el pasivo laboral de INRAVISION, que no puede quedar expósito en desconocimiento de los derechos de sus trabajadores."

Y, en términos concluyentes, advirtió:

"Según quedó analizado, la financiación de las pensiones fue materia de los artículos 21 y 23 del Decreto acusado, cuya nulidad declarará la Sala, en cuanto condicionó su pago a las transferencias que, a esos efectos, haga la CNTV al FONCAP, pues, según quedó expuesto, la efectividad del derecho al goce de la pensión no puede quedar a cargo de una entidad, cuya existencia y duración, empece su rango constitucional, es un albur o situación contingente, como, lo corrobora el hecho de haber sido liquidada por el Acto Legislativo No. 02 de 2011.

A juicio de la Sala, compete al Estado-Nación, como organización geopolítica permanente, ser el garante intemporal de la efectividad de este derecho constitucional. No puede perderse de vista que el cumplimiento del deber constitucional de asegurar la efectividad de los derechos constitucionales, que impone a las autoridades el artículo 2º. de la Carta, cobra singular importancia en los procesos liquidatorios, respecto de los sujetos que, por las condiciones fácticas que los rodean, se encuentran en estado de indefensión, como es el caso de los trabajadores y pensionados."

Ahora bien: es sabido que en los eventos en que la Sala declara la nulidad de una determinada norma, el efecto que ello produce es su expulsión o desaparición del ordenamiento positivo y, en consecuencia, no puede ser objeto de nuevo pronunciamiento.

Por consiguiente, respecto de los artículos 21 y 23 del Decreto acusado, la Sala declarará probada de oficio la excepción de cosa juzgada y ordenará estarse a lo ya decidido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Primero: En cuanto a los artículos 21 y 23 del Decreto 3550 de 2004, DECLÁRASE probada la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, estése a lo resuelto en la sentencia dictada en la fecha en el Expediente No.1100010324000200400411-01, que declaró la nulidad de la referencia a "la Comisión Nacional de Televisión -CNTV", en el entendido de que la Nación es la titular de la obligación de financiar el pasivo pensional de INRAVISIÓN.

Segundo: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidenta

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA MORENO


[1] Ver la Sentencia C-479/92, M.P. Drs. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.

[2] Ver la Sentencia C-074/93, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón.

[3] Ref.: Expediente 7617 Actores: JOSÉ CIPRIANO LEÓN CASTAÑEDA, REYNALDO VIDAL JARA, MARTHA LUCÍA JIMENEZ ROJAS, JOSÉ WILLIAN MONTEALEGRE VÁSQUEZ, HERNÁN FRANCO, MANUEL GUILLERMO GARCÍA ESTUPIÑÁN Y JHON FREDY FIERRO GUTIÉRREZ.

[4] Diario Oficial No. 41.681 de 20 de enero de 1995