SENTENCIA 11001032400020040028601 de 2009

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010001305SENTENCIAPRIMERA11001032400020040028601200930/04/2009SENTENCIA__PRIMERA__11001032400020040028601__2009_30/04/2009100013052009CONTRATO DE TRANSPORTE - Concepto / CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA - R�gimen legal / CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA - Partes del contrato. Obligaciones / CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA - Incumplimiento de sus obligaciones afecta solo a las partes del contrato El C�digo de Comercio en su art�culo 981 ha definido as� el contrato de transporte: "El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y a entregar �stas al destinatario.�." Los art�culos 1008 y siguientes del C�digo de Comercio regulan espec�ficamente el contrato de transporte de carga. De la disposici�n acusada se desprende claramente que se trata del evento en el cual las partes contratantes del servicio de transporte de carga son: la empresa transportadora y el remitente quien puede o no ser tambi�n el destinatario (art�culo 1.008 del C.C.), pero el que realiza el transporte no es la empresa misma sino un tercero propietario o poseedor de un veh�culo quien ha sido vinculado o contratado por la empresa. La empresa de transporte es la que legalmente cuenta con el permiso concedido por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio p�blico de carga y es apenas razonable que debe contar con la capacidad de combinar recursos humanos, t�cnicos, financieros y de informaci�n indispensables para prestar el servicio con calidad y eficiencia; desde el punto de vista del contrato de transporte es quien tiene la obligaci�n o responsabilidad legal de llevar o conducir las mercanc�as al sitio de destino en la fecha acordada, para lo cual debe contar con los veh�culos necesarios para la prestaci�n de este servicio, sean propios o de terceros vinculados de manera permanente o temporal. Lo cierto entonces es el hecho de que quien ha celebrado el contrato de transporte es la empresa y por lo tanto es responsable de cumplir con las condiciones del contrato que celebr� con el remitente de la carga, de manera que el v�nculo contractual entre las dos partes o el incumplimiento de las cl�usulas contractuales por uno de �stos no puede afectarlos sino a ellos mismos. CONTRATO DE VINCULACION / TRANSPORTE DE CARGA - V�nculo entre empresa transportadora y transportador / EMPRESA TRANSPORTADORA Y TRANSPORTADOR - Obligaciones / TRANSPORTADOR - No tiene v�nculo contractual con remitente o destinatario de la carga. No asume consecuencias de incumplimiento de destinatario de la carga en recibir la mercanc�a Ahora bien, el poseedor o due�o del veh�culo que se ha vinculado a la empresa debe responder por el transporte de la carga y por su entrega en la fecha y en las condiciones que la empresa y el remitente han acordado, por lo tanto no tiene porqu� responder si el remitente o el destinatario de la carga no cumple con lo pactado en el contrato de servicio de transporte, en este caso con recibir la carga en la fecha estipulada. Lo anterior por cuanto el transportador tiene unas obligaciones con la empresa transportadora y su v�nculo contractual es con �sta y no con el remitente o con el destinatario de la carga. El art�culo 982 del C. de Co, se�ala precisamente que el transportador est� obligado a cumplir con el objeto del contrato dentro del t�rmino estipulado en el mismo. Entonces el incumplimiento del destinatario, que como ya se dijo puede ser el mismo remitente, en recibir la carga en la fecha acordada, afecta la relaci�n contractual que �ste tiene con la empresa transportadora quien debe responder al transportador por la mora en recibir. Como corolario de lo anterior se tiene que si el transportador cumpli� su contrato con la empresa transportadora, legalmente no tiene porqu� soportar el incumplimiento de otro contrato que no celebr�, porque su obligaci�n est� precisada en los t�rminos del contrato de vinculaci�n. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA - Es diferente del contrato de vinculaci�n celebrado entre empresa transportadora y propietario de veh�culo / CONTRATO DE VINCULACION / CONTRATO DE TRANSPORTE - Incumplimiento de un contrato no afecta el otro / TRANSPORTADOR - No tiene v�nculo con destinatario de mercanc�a / TRANSPORTADOR - Debe ser resarcido por incumplimiento del destinatario en recibir la mercanc�a. Inexistencia de sanci�n a empresa transportadora Como bien lo se�ala la parte demandada uno es el contrato de vinculaci�n celebrado entre una empresa transportadora y el propietario del veh�culo y otro el contrato de transporte de carga que celebran la empresa transportadora y el remitente de los bienes, pues estos contratos son independientes, sin que sea posible que las vicisitudes que se presenten en la ejecuci�n de uno de ellos afecten el contenido del otro. De lo anterior se concluye que el transportador como lo se�ala la norma acusada debe ser resarcido por la mora del destinatario en recibir la mercanc�a, lo cual se desprende de la naturaleza misma del contrato. En otras palabras, el propietario del veh�culo no es quien tiene contrato con el destinatario y en este sentido la empresa transportadora est� obligada a cumplir las obligaciones contra�das en virtud del contrato de vinculaci�n sin que pueda exonerarse de ellas por causas externas al mismo. Entonces no se trata, como lo se�alan el actor y el representante del ministerio p�blico, de una sanci�n o multa que se le hubiera impuesto a la empresa transportadora, sino de una obligaci�n contractual, tanto as� que la norma faculta a dicha empresa para repetir contra el remitente o destinatario de la mercanc�a transportada. MOTIVACION / ACTO ADMINISTRATIVO - Inadecuada motivaci�n no enerva legalidad de acto administrativo, ante existencia de normas legales que facultan al Presidente de la Rep�blica para reglamentar contrato de transporte / SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE - Reglamentaci�n por parte del Gobierno Nacional El hecho de que la disposici�n hubiera sido mal motivada en unas normas que hacen relaci�n a la escala de sanciones que se pueden establecer por violaci�n a las normas legales y reglamentarias (art�culos 997 del C.Co y 9 de la Ley 105 de 1993) no enerva la legalidad del decreto, tal equivocaci�n no tiene la entidad para anular tal actuaci�n, pues lo cierto es que, como ya se dijo anteriormente, �sta no impone sanci�n alguna, sino que se trata de una obligaci�n que nace de un contrato. Adem�s el acto acusado de igual manera fue motivado de conformidad con el art�culo 999 del C.Co., por el cual el Gobierno tiene la facultad para reglamentar las disposiciones relacionadas con el contrato de transporte cualquiera que sea el medio empleado para realizarlo y no se excedi� en el uso de la potestad reglamentaria. Concordante con lo anterior, el art�culo 1026 del c�digo de comercio le impone al transportador la obligaci�n de avisar al destinatario la llegada de la mercanc�a y el art�culo 1027 idem le obliga a responder por el retardo en la entrega. Entonces el acto acusado es la consecuencia l�gica de c�mo debe interpretarse y entenderse la actividad transportadora, uno de cuyos principios descansa en la prohibici�n del enriquecimiento sin causa como se advierte en el art�culo 981, inciso 3� seg�n el cual se debe impedir que una parte se enriquezca a costa de la otra. Por lo anterior, como bien lo argument� la entidad demandada, el Gobierno Nacional lo que hizo fue reglamentar las relaciones entre algunas de las partes intervinientes en la prestaci�n del servicio p�blico de transporte, como lo son las empresas transportadoras que prestan el servicio y los propietarios de los veh�culos cuando aquella no presta el servicio en veh�culos de su propiedad, lo cual da lugar al surgimiento de un contrato entre �stos por disposici�n expresa del art�culo 983 del C.Co. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON Bogot�, D.C., treinta (30) de abril de dos mil nueve (2009)

Norma demandada: �nulidad del art�culo 3� del Decreto 1910 del 21 de octubre de 1996, expedido por el Ministerio de Transporte por el cual se reglamenta parcialmente el contrato de transporte de carga y se dictan otras disposiciones, que responsabiliza u obliga a la empresa transportadora a pagar al propietario o poseedor del veh�culo en donde se lleva la carga por el hecho de que el destinatario oportunamente avisado del arribo de la carga se demore o se reh�se a recibirla

CONTRATODE TRANSPORTE - Concepto / CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA - R�gimen legal / CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA - Partes del contrato. Obligaciones / CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA - Incumplimiento de sus obligaciones afecta solo a las partes del contrato

El C�digo de Comercio en su art�culo 981 ha definido as� el contrato de transporte: "El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y a entregar �stas al destinatario.�." Los art�culos 1008 y siguientes del C�digo de Comercio regulan espec�ficamente el contrato de transporte de carga. De la disposici�n acusada se desprende claramente que se trata del evento en el cual las partes contratantes del servicio de transporte de carga son: la empresa transportadora y el remitente quien puede o no ser tambi�n el destinatario (art�culo 1.008 del C.C.), pero el que realiza el transporte no es la empresa misma sino un tercero propietario o poseedor de un veh�culo quien ha sido vinculado o contratado por la empresa. La empresa de transporte es la que legalmente cuenta con el permiso concedido por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio p�blico de carga y es apenas razonable que debe contar con la capacidad de combinar recursos humanos, t�cnicos, financieros y de informaci�n indispensables para prestar el servicio con calidad y eficiencia; desde el punto de vista del contrato de transporte es quien tiene la obligaci�n o responsabilidad legal de llevar o conducir las mercanc�as al sitio de destino en la fecha acordada, para lo cual debe contar con los veh�culos necesarios para la prestaci�n de este servicio, sean propios o de terceros vinculados de manera permanente o temporal. Lo cierto entonces es el hecho de que quien ha celebrado el contrato de transporte es la empresa y por lo tanto es responsable de cumplir con las condiciones del contrato que celebr� con el remitente de la carga, de manera que el v�nculo contractual entre las dos partes o el incumplimiento de las cl�usulas contractuales por uno de �stos no puede afectarlos sino a ellos mismos.

CONTRATO DE VINCULACION / TRANSPORTE DE CARGA - V�nculo entre empresa transportadora y transportador / EMPRESA TRANSPORTADORA Y TRANSPORTADOR - Obligaciones / TRANSPORTADOR - No tiene v�nculo contractual con remitente o destinatario de la carga. No asume consecuencias de incumplimiento de destinatario de la carga en recibir la mercanc�a

Ahora bien, el poseedor o due�o del veh�culo que se ha vinculado a la empresa debe responder por el transporte de la carga y por su entrega en la fecha y en las condiciones que la empresa y el remitente han acordado, por lo tanto no tiene porqu� responder si el remitente o el destinatario de la carga no cumple con lo pactado en el contrato de servicio de transporte, en este caso con recibir la carga en la fecha estipulada. Lo anterior por cuanto el transportador tiene unas obligaciones con la empresa transportadora y su v�nculo contractual es con �sta y no con el remitente o con el destinatario de la carga. El art�culo 982 del C. de Co, se�ala precisamente que el transportador est� obligado a cumplir con el objeto del contrato dentro del t�rmino estipulado en el mismo. Entonces el incumplimiento del destinatario, que como ya se dijo puede ser el mismo remitente, en recibir la carga en la fecha acordada, afecta la relaci�n contractual que �ste tiene con la empresa transportadora quien debe responder al transportador por la mora en recibir. Como corolario de lo anterior se tiene que si el transportador cumpli� su contrato con la empresa transportadora, legalmente no tiene porqu� soportar el incumplimiento de otro contrato que no celebr�, porque su obligaci�n est� precisada en los t�rminos del contrato de vinculaci�n.

CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA - Es diferente del contrato de vinculaci�n celebrado entre empresa transportadora y propietario de veh�culo / CONTRATO DE VINCULACION / CONTRATO DE TRANSPORTE - Incumplimiento de un contrato no afecta el otro / TRANSPORTADOR - No tiene v�nculo con destinatario de mercanc�a / TRANSPORTADOR - Debe ser resarcido por incumplimiento del destinatario en recibir la mercanc�a. Inexistencia de sanci�n a empresa transportadora

Como bien lo se�ala la parte demandada uno es el contrato de vinculaci�n celebrado entre una empresa transportadora y el propietario del veh�culo y otro el contrato de transporte de carga que celebran la empresa transportadora y el remitente de los bienes, pues estos contratos son independientes, sin que sea posible que las vicisitudes que se presenten en la ejecuci�n de uno de ellos afecten el contenido del otro. De lo anterior se concluye que el transportador como lo se�ala la norma acusada debe ser resarcido por la mora del destinatario en recibir la mercanc�a, lo cual se desprende de la naturaleza misma del contrato. En otras palabras, el propietario del veh�culo no es quien tiene contrato con el destinatario y en este sentido la empresa transportadora est� obligada a cumplir las obligaciones contra�das en virtud del contrato de vinculaci�n sin que pueda exonerarse de ellas por causas externas al mismo. Entonces no se trata, como lo se�alan el actor y el representante del ministerio p�blico, de una sanci�n o multa que se le hubiera impuesto a la empresa transportadora, sino de una obligaci�n contractual, tanto as� que la norma faculta a dicha empresa para repetir contra el remitente o destinatario de la mercanc�a transportada.

MOTIVACION / ACTO ADMINISTRATIVO - Inadecuada motivaci�n no enerva legalidad de acto administrativo, ante existencia de normas legales que facultan al Presidente de la Rep�blica para reglamentar contrato de transporte / SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE - Reglamentaci�n por parte del Gobierno Nacional

El hecho de que la disposici�n hubiera sido mal motivada en unas normas que hacen relaci�n a la escala de sanciones que se pueden establecer por violaci�n a las normas legales y reglamentarias (art�culos 997 del C.Co y 9 de la Ley 105 de 1993) no enerva la legalidad del decreto, tal equivocaci�n no tiene la entidad para anular tal actuaci�n, pues lo cierto es que, como ya se dijo anteriormente, �sta no impone sanci�n alguna, sino que se trata de una obligaci�n que nace de un contrato. Adem�s el acto acusado de igual manera fue motivado de conformidad con el art�culo 999 del C.Co., por el cual el Gobierno tiene la facultad para reglamentar las disposiciones relacionadas con el contrato de transporte cualquiera que sea el medio empleado para realizarlo y no se excedi� en el uso de la potestad reglamentaria. Concordante con lo anterior, el art�culo 1026 del c�digo de comercio le impone al transportador la obligaci�n de avisar al destinatario la llegada de la mercanc�a y el art�culo 1027 idem le obliga a responder por el retardo en la entrega. Entonces el acto acusado es la consecuencia l�gica de c�mo debe interpretarse y entenderse la actividad transportadora, uno de cuyos principios descansa en la prohibici�n del enriquecimiento sin causa como se advierte en el art�culo 981, inciso 3� seg�n el cual se debe impedir que una parte se enriquezca a costa de la otra. Por lo anterior, como bien lo argument� la entidad demandada, el Gobierno Nacional lo que hizo fue reglamentar las relaciones entre algunas de las partes intervinientes en la prestaci�n del servicio p�blico de transporte, como lo son las empresas transportadoras que prestan el servicio y los propietarios de los veh�culos cuando aquella no presta el servicio en veh�culos de su propiedad, lo cual da lugar al surgimiento de un contrato entre �stos por disposici�n expresa del art�culo 983 del C.Co.

El se�or Oscar de Jes�s Gasca Berm�dez, en ejercicio de la acci�n de nulidad consagrada en el art�culo 84 del C.C.A., present� demanda ante esta Corporaci�n tendiente a obtener la siguiente declaraci�n:

1. La nulidad del art�culo 3� del Decreto 1910 del 21 de octubre de 1996, expedido por el Ministerio de Transporte por el cual se reglamenta parcialmente el contrato de transporte de carga y se dictan otras disposiciones, que responsabiliza u obliga a la empresa transportadora a pagar al propietario o poseedor del veh�culo en donde se lleva la carga por el hecho de que el destinatario oportunamente avisado del arribo de la carga se demore o se reh�se a recibirla.

Que la Constituci�n Pol�tica s�lo le asign� al Presidente de la Rep�blica la funci�n de ejercer la potestad reglamentaria para la cumplida ejecuci�n de las leyes y no para imponer condenas, multas y sanciones arbitrarias, sin que exista responsabilidad o se haya violado ninguna norma, como se estipul� en la disposici�n acusada por la cual a la empresa transportadora que ha actuado correctamente se le sanciona por la actuaci�n de un tercero que no est� dentro de su �mbito de injerencia, porque no est� bajo su dependencia.

Que esta norma no fue producto del desarrollo de los art�culos 997 y 999 del CCo. ni del art�culo 9 de la Ley 106 de 1993, como se esboza en el encabezado del citado decreto.

Manifiesta el actor que al expedir la disposici�n cuya declaraci�n de nulidad se solicita, el Gobierno Nacional infringi� las siguientes disposiciones:

1. Los art�culos 6, 29 y 189 numeral 11 de la Carta Fundamental, porque desconoce que los particulares s�lo son responsables ante las autoridades por infringir la Constituci�n Pol�tica y las leyes, que el debido proceso se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, que toda persona se presume inocente y que el Gobierno Nacional ejerce la potestad reglamentaria para la debida ejecuci�n de las leyes y no puede exceder esta facultad.

Que se viol� el art�culo 997 del C�digo de Comercio que dispone que el Gobierno establecer� la escala de sanciones por violaci�n de normas legales y reglamentarias, porque se impone una sanci�n sin que exista norma que se viole.

Que se viol� el art�culo 999 �dem que dispone que el Gobierno reglamentar� las disposiciones de este t�tulo, el cual no estipula como obligaci�n de la empresa transportadora pagar al propietario o poseedor del veh�culo por el hecho de que el destinatario oportunamente avisado del arribo de la carga se reh�se a recibirla.

Que se viol� el art�culo 9 de la Ley 105 de 1993 que dispone que se impondr� sanci�n por violaci�n de las normas reguladoras del transporte y en este caso no existe la norma que se viole.

El Ministerio de Transporte solicita no acceder a las pretensiones de la demanda. Se�ala que el Gobierno Nacional al expedir el art�culo acusado no viol� las disposiciones constitucionales y legales citadas por el actor.

Se�al� que el Decreto 1910 de 1996 fue expedido por el Gobierno Nacional dentro de la potestad reglamentaria cuyo marco legal en materia de transporte est� dado por los art�culos 65 de la Ley 336 de 1996 y por el art�culo 999 del C�digo de Comercio; que con el fin de materializar estas disposiciones se expidi� el decreto parcialmente acusado en el cual no se estableci� ninguna sanci�n en contra de las empresas transportadoras por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del destinatario del contrato de transporte, sino que, en ejercicio del mandato constitucional que le impone intervenir en el servicio p�blico esencial de transporte automotor, debe velar porque �ste sea prestado en condiciones de eficiencia, continuidad y acceso universal.

Manifest� que la Corte Constitucional en las sentencias C-066 de 1990 y C-043 de 1998, ha se�alado que el Ministerio de Transporte tiene facultad reguladora para la debida prestaci�n del servicio p�blico de transporte, facultad limitada a los estudios t�cnicos que comprueben que la medida no sea caprichosa, sino que debe sujetarse a los postulados que le fij� el legislador.

Adujo que la facultad de limitar la libertad econ�mica constituye una garant�a m�nima de car�cter permanente, que se justifica por la existencia de necesidades razonables y objetivas del bien com�n, pues de lo contrario se perjudica el servicio p�blico de transporte.

Explic� que uno es el contrato de vinculaci�n celebrado entre una empresa transportadora y el propietario del veh�culo y otro el contrato de transporte de carga que celebran la empresa transportadora y el remitente de los bienes.

Se�al� que el supuesto de hecho contenido en la norma demandada constituye un claro incumplimiento de las obligaciones contractuales del destinatario por el no recibo de las mercanc�as, circunstancia que en manera alguna puede afectar al propietario del veh�culo vinculado quien no puede asumir las consecuencias por mora en el recibo de las mercanc�as transportadas; que en este sentido la empresa transportadora, est� obligada a cumplir las obligaciones contra�das en virtud del contrato de vinculaci�n sin que se pueda exonerarse de ellas por causas externas al mismo.

Que no puede considerarse que el valor que la empresa transportadora debe cancelar al propietario del veh�culo sea una sanci�n, pues la norma faculta a aquella para repetir contra el remitente o destinatario de la mercanc�a transportada.

Las partes reiteraran lo expuesto en la demanda y en la contestaci�n de �sta.

El Ministerio P�blico considera que la pretensi�n de la demanda est� llamada a prosperar y por lo tanto solicita que se declare la nulidad de la disposici�n acusada.

Estima que le asiste raz�n al actor en el hecho de que la disposici�n acusada viola el art�culo 189 numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica, en el sentido de que el ejecutivo excedi� la potestad reglamentaria al regular una sanci�n que no estaba prevista por el legislador.

Que la disposici�n acusada estableci� una multa a la empresa transportadora autorizada por la mora en el recibo oportuno de la mercanc�a, facultad que s�lo pod�a ejercer una vez el legislador hubiese expedido las sanciones, los sujetos de sanci�n y el respectivo procedimiento a seguir para garantizar el principio de legalidad de la sanci�n, el debido proceso y el derecho de defensa, en trat�ndose de la infracci�n de las normas de transporte. As� lo se�alan los art�culos 997 del C.Co. y 9� de la Ley 105 de 1993.

Que en consecuencia tambi�n se desconocen los art�culos 6 y 29 de la C.P. porque el ejecutivo se extralimit� al expedir la disposici�n acusada ya que las sanciones deben estar expresa y previamente establecidas en la ley y su funci�n se limita a realizar una graduaci�n de las mismas para su aplicaci�n seg�n la naturaleza de la infracci�n.

Que en este caso se est� penalizando con una sanci�n a la empresa transportadora por el hecho de un tercero y sin observar la plenitud de las normas propias de cada juicio porque si bien el ejecutivo con la disposici�n acusada gradu� una sanci�n, el legislador todav�a no la hab�a establecido, puesto que el r�gimen sancionatorio, as� como el procedimiento para su imposici�n y los sujetos est�n expresamente consagrados en la Ley 336 de 1996, que fue expedida con posterioridad a la entrada en vigencia de la disposici�n acusada.

Solicita el actor que se declare la nulidad del art�culo 3� del Decreto 1910 de 1996, por considerarlo violatorio de las disposiciones constitucionales y legales que le sirvieron de fundamento, por imponer una sanci�n a la empresa transportadora por el hecho de un tercero que se encuentra fuera de la �rbita de su competencia, con lo cual desconocen los art�culos 6, 29 y 189 numeral 11, los art�culos 997 y 999 del C.Co. y el art�culo 9 de la Ley 105 de 1993.

Por el cual se reglamenta parcialmente el contrato de transporte de carga y se dictan otras disposiciones.

El Ministro del Interior de la Rep�blica de Colombia, delegatario de funciones presidenciales mediante Decreto 1875 del 16 de octubre de 1996, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y en desarrollo de los art�culos 997 y 999 del C�digo de Comercio y el art�culo 9� de la ley 105 de 1993, y

Que por mandato constitucional y legal el Estado interviene en la industria del Transporte Automotor:

Que el transporte en todas sus modalidades es un servicio p�blico esencial, por lo cual le corresponde al Estado garantizar su efectiva prestaci�n;

Que el transporte es elemento b�sico de Unidad Nacional y de desarrollo en todo el territorio nacional;

Que la regularidad y la permanencia son dos de las condiciones esenciales de una actividad que pueda reputarse de servicio p�blico.

Que las empresas, propietarios, poseedores y conductores de veh�culos de servicio p�blico de carga est�n obligados a prestar dicho servicio en condiciones de oportunidad y calidad;

Que de conformidad con lo establecido por los art�culos 997 y 999 del C.Co., corresponde al Gobierno Nacional reglamentar los aspectos relacionados con el contrato de transporte terrestre de carga,

Art�culo 1: La empresa transportadora tiene la obligaci�n de dar aviso oportuno y detallado al destinatario, por un medio id�neo, sobre la llegada de la carga al lugar de destino.

Art�culo 2: El destinatario est� obligado a recibir la carga en un t�rmino no superior a las veinticuatro horas (24:00) siguientes al arribo del veh�culo al lugar de destino indicado por la empresa transportadora.

Cuando el arribo del transporte se produzca en d�a festivo, este t�rmino comenzar� a contarse a partir de la primera hora h�bil del d�a siguiente.

Art�culo 3�. Si el destinatario no recibe la mercanc�a dentro del t�rmino establecido por el art�culo anterior, habi�ndose dado el correspondiente aviso en forma oportuna, la empresa transportadora autorizada, pagar� al propietario o poseedor del veh�culo que realiz� el transporte una suma igual a tres (3) salarios m�nimos legales diarios vigentes, por cada hora de retardo. La empresa transportadora podr� repetir contra el destinatario.[1]

El Decreto 1910 del 20 de octubre de 1996 acusado parcialmente, est� motivado en la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica en desarrollo de los art�culos 997 y 999 del C.Co. y en el art�culo 9� de la Ley 105 de 1993; no pod�a estar motivado en la Ley 336 del 20 de diciembre de 1996 como lo se�ala el Ministerio de Transporte en la contestaci�n de la demanda, porque �sta fue expedida posteriormente.

ART�CULO 997 del C.Co. "REGLAMENTACI�N. (Art�culo subrogado por el art�culo 13 del decreto extraordinario 01 de 1990). El Gobierno reglamentar� el funcionamiento de las empresas de transporte, terminales, centros de informaci�n y distribuci�n de transporte, especialmente en cuanto a la seguridad de los pasajeros y la carga, la higiene y la seguridad de los veh�culos, naves, aeronaves, puertos, estaciones, bodegas y dem�s instalaciones y en cuanto a las tarifas, horarios, itinerarios y reglamentos de las empresas. As� mismo establecer� la escala de las sanciones por violaci�n de las normas legales y reglamentarias".

ART�CULO 999 del C.Co. "REGLAMENTACI�N Y APLICACI�N DE DISPOSICIONES. El Gobierno reglamentar� las disposiciones de este T�tulo, las que se aplicar�n al transporte cualquiera que sea el medio empleado para realizarlo, sin perjuicio de normas contenidas en disposiciones especiales".

ART�CULO 9� DE LA LEY 105 DE 1993. "SUJETO DE LAS SANCIONES. Las autoridades que determinen las disposiciones legales impondr�n sanciones por violaci�n a las normas reguladoras del transporte, seg�n las disposiciones especiales que rijan cada modo de transporte.

1. Los operadores del servicio p�blico de transporte y los de los servicios especiales

3.Suspensi�n de matr�culas, licencias, registros o permisos de operaci�n.

4.Suspensi�n o cancelaci�n de la licencia de funcionamiento de la empresa transportadora.

La disposici�n acusada responsabiliza a la empresa transportadora autorizada que contrat� el servicio de veh�culo para el transporte de la carga, por la demora en el recibo de la mercanc�a por parte del destinatario.

El C�digo de Comercio en su art�culo 981 ha definido as� el contrato de transporte:

"El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y a entregar �stas al destinatario.

Los art�culos 1008 y siguientes del C�digo de Comercio regulan espec�ficamente el contrato de transporte de carga.

De la disposici�n acusada se desprende claramente que se trata del evento en el cual las partes contratantes del servicio de transporte de carga son: la empresa transportadora y el remitente quien puede o no ser tambi�n el destinatario (art�culo 1.008 del C.C.), pero el que realiza el transporte no es la empresa misma sino un tercero propietario o poseedor de un veh�culo quien ha sido vinculado o contratado por la empresa.

La empresa de transporte es la que legalmente cuenta con el permiso concedido por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio p�blico de carga y es apenas razonable que debe contar con la capacidad de combinar recursos humanos, t�cnicos, financieros y de informaci�n indispensables para prestar el servicio con calidad y eficiencia; desde el punto de vista del contrato de transporte es quien tiene la obligaci�n o responsabilidad legal de llevar o conducir las mercanc�as al sitio de destino en la fecha acordada, para lo cual debe contar con los veh�culos necesarios para la prestaci�n de este servicio, sean propios o de terceros vinculados de manera permanente o temporal.

Lo cierto entonces es el hecho de que quien ha celebrado el contrato de transporte es la empresa y por lo tanto es responsable de cumplir con las condiciones del contrato que celebr� con el remitente de la carga, de manera que el v�nculo contractual entre las dos partes o el incumplimiento de las cl�usulas contractuales por uno de �stos no puede afectarlos sino a ellos mismos.

" �. El Gobierno fijar� las caracter�sticas de las empresas de servicio p�blico y reglamentar� las condiciones de su creaci�n y funcionamiento. Las empresas de servicio p�blico someter�n sus reglamentos a la aprobaci�n oficial y, si no prestan el servicio en veh�culos de su propiedad, celebrar�n con los due�os de �stos el respectivo contrato de vinculaci�n, conforme a las normas reglamentarias del transporte"

Lo anterior por cuanto el transportador tiene unas obligaciones con la empresa transportadora y su v�nculo contractual es con �sta y no con el remitente o con el destinatario de la carga.

El art�culo 982 del C. de Co, se�ala precisamente que el transportador est� obligado a cumplir con el objeto del contrato dentro del t�rmino estipulado en el mismo.

Entonces el incumplimiento del destinatario, que como ya se dijo puede ser el mismo remitente, en recibir la carga en la fecha acordada, afecta la relaci�n contractual que �ste tiene con la empresa transportadora quien debe responder al transportador por la mora en recibir.

Como corolario de lo anterior se tiene que si el transportador cumpli� su contrato con la empresa transportadora, legalmente no tiene porqu� soportar el incumplimiento de otro contrato que no celebr�, porque su obligaci�n est� precisada en los t�rminos del contrato de vinculaci�n.

De lo anterior se concluye que el transportador como lo se�ala la norma acusada debe ser resarcido por la mora del destinatario en recibir la mercanc�a, lo cual se desprende de la naturaleza misma del contrato.

En otras palabras, el propietario del veh�culo no es quien tiene contrato con el destinatario y en este sentido la empresa transportadora est� obligada a cumplir las obligaciones contra�das en virtud del contrato de vinculaci�n sin que pueda exonerarse de ellas por causas externas al mismo.

Entonces no se trata, como lo se�alan el actor y el representante del ministerio p�blico, de una sanci�n o multa que se le hubiera impuesto a la empresa transportadora, sino de una obligaci�n contractual, tanto as� que la norma faculta a dicha empresa para repetir contra el remitente o destinatario de la mercanc�a transportada.

Adem�s el acto acusado de igual manera fue motivado de conformidad con el art�culo 999 del C.Co., por el cual el Gobierno tiene la facultad para reglamentar las disposiciones relacionadas con el contrato de transporte cualquiera que sea el medio empleado para realizarlo y no se excedi� en el uso de la potestad reglamentaria.

Concordante con lo anterior, el art�culo 1026 del c�digo de comercio le impone al transportador la obligaci�n de avisar al destinatario la llegada de la mercanc�a y el art�culo 1027 idem le obliga a responder por el retardo en la entrega.

Entonces el acto acusado es la consecuencia l�gica de c�mo debe interpretarse y entenderse la actividad transportadora, uno de cuyos principios descansa en la prohibici�n del enriquecimiento sin causa como se advierte en el art�culo 981, inciso 3� seg�n el cual se debe impedir que una parte se enriquezca a costa de la otra.

Por lo anterior, como bien lo argument� la entidad demandada, el Gobierno Nacional lo que hizo fue reglamentar las relaciones entre algunas de las partes intervinientes en la prestaci�n del servicio p�blico de transporte, como lo son las empresas transportadoras que prestan el servicio y los propietarios de los veh�culos cuando aquella no presta el servicio en veh�culos de su propiedad, lo cual da lugar al surgimiento de un contrato entre �stos por disposici�n expresa del art�culo 983 del C.Co.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Secci�n Primera, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue le�da, discutida y aprobada por la Sala en la sesi�n de la fecha.

CONTRATO DE VINCULACION - Naturaleza / CONTRATOS - Conjuntos o cadenas de contratos / CADENAS DE CONTRATOS - Heterog�neas y homog�neas / CONTRATO DE TRANSPORTE Y CONTRATO DE VINCULACION - Cadena homog�nea de contratos

En efecto, el contrato de vinculaci�n es de car�cter privado. Sin embargo, por estar afecto a la prestaci�n de un servicio p�blico esencial, trasciende el campo de lo privado a lo p�blico, y se da el fen�meno a favor de las partes d�biles en la relaci�n jur�dica contractual, que he descrito en mi obra Introducci�n al Derecho de los Negocios, como la "Administrativizaci�n del derecho comercial". No se puede perder de vista que el contrato de transporte no puede mirarse aisladamente, sino que es una realidad jur�dica la existencia de conjuntos o cadenas de contratos, que coinciden en un mismo objeto. Dentro de estas cadenas de contratos hay cadenas heterog�neas como es el caso, por ejemplo, de los contratos para los consumidores de vivienda de venta de materiales que se siguen de un contrato para la construcci�n de un inmueble, y despu�s uno de compraventa del inmueble; y cadenas homog�neas como en este caso ser�a el contrato de transporte y el contrato de vinculaci�n, que no solo se sirven rec�procamente de causa, porque si no hay contrato de transporte entre el remitente y el transportador, tampoco opera el contrato de vinculaci�n entre la empresa transportadora y el transportador de hecho; sino que son objeto de la reglamentaci�n y de la regulaci�n de la actividad como un todo inescindible.

CONTRATOS - Conjuntos o cadenas de contratos / CADENAS DE CONTRATOS - Responsabilidad entre contratantes y terceros: alcance

La percepci�n de la existencia de los grupos de contratos condujo a la jurisprudencia europea, incluso a una redistribuci�n parcial entre la responsabilidad extracontractual y contractual entre contratantes y terceros, bas�ndose en diferentes mecanismos, en aras de la protecci�n de ciertas partes d�biles en los contratos (en el caso franc�s el due�o de una obra puede demandar extracontractualmente al subcontratista haciendo abstracci�n de dicho contrato, o en el caso de un arrendatario contra el arquitecto donde la acci�n extracontractual no se encuentra sometida a la prescripci�n prevista de diez a�os, o cuando el due�o de la obra act�a contra el subcontratista en el primer caso, no se ve en la obligaci�n de respetar las estipulaciones contractuales que lo vinculan al contratista principal - excepci�n a la fuerza obligatoria de los contratos-). El siguiente paso de dicha jurisprudencia, trat�ndose de grupos de contratos, fue la extensi�n del alcance de la responsabilidad contractual a otras personas que no aparecen verdaderamente como terceros y deben ser asimiladas m�s bien a las partes del contrato. Lo anterior, significa que estas personas, cuando sufren un da�o debido al incumplimiento de las obligaciones de una de las partes de un contrato, no podr�n recurrir a una responsabilidad extracontractual sino que deben basarse en las reglas que rigen la responsabilidad contractual de este deudor, as� no hubieren contratado con �l. Esto se explica por el v�nculo que existe entre dos o m�s contratos, cuando quien ha sufrido el da�o es parte de uno de estos contratos, pero no de aquel que impuso una obligaci�n al deudor que no la ejecuta o la ejecuta mal.

CONTRATO DE TRANSPORTE Y CONTRATO DE VINCULACION - Interdependencia de los contratos / CONTRATO DE TRANSPORTE Y CONTRATO DE VINCULACION - Redistribuci�n de responsabilidades entre las partes y terceros

Existe por ejemplo, un v�nculo econ�mico evidente entre el contrato de transporte y el contrato de vinculaci�n, debido a que el contratista principal (el remitente) encarga al transportador la ejecuci�n de sus propias obligaciones en virtud de un contrato principal que ha celebrado, habida cuenta de que no posee veh�culos o no posee los suficientes para cumplir a cabalidad con las caracter�sticas se�aladas por el Gobierno para la creaci�n y funcionamiento de las empresas de transporte. Si esta redistribuci�n de responsabilidades es posible a la luz de de la interdependencia de los contratos de transporte y de vinculaci�n, con mayor raz�n lo es que el Gobierno en ejercicio del control de calidad de bienes y servicios que se ofrecen a la comunidad, en la actividad del transporte como SERVICIO P�BLICO ESENCIAL, pueda imponer mediante el Decreto acusado, la obligaci�n a las empresas transportadoras de reconocer el valor del tiempo de espera del propietario del veh�culo, cuando el destinatario de la mercanc�a, por su culpa, no la recibe a tiempo. Debido a este v�nculo, la responsabilidad de la empresa transportadora, quien es parte del contrato principal de transporte, deber�a obedecer para prevenir abusos de la posici�n dominante y enriquecimientos sin causa frente al transportador de hecho (parte d�bil del contrato), tambi�n a las reglas que rigen su responsabilidad con el remitente o con el remitente-destinatario, haciendo abstracci�n de que este �ltimo, no haya formado parte del contrato de afiliaci�n. El v�nculo econ�mico entre los dos contratos deber�a seg�n esta tendencia de los grupos de contratos, reforzarse con un v�nculo de orden jur�dico entre las dos partes de cada contrato que no han celebrado entre ellas ning�n contrato (excepci�n al efecto relativo de los contratos) para la protecci�n del transportador de hecho, quien generalmente no tiene un poder econ�mico igual o similar al de la empresa transportadora. Este modelo que acabamos de exponer, admite ampliamente la existencia de responsabilidades entre un contratante y un tercero, que en el caso presente bien puede ser el propietario del veh�culo objeto del contrato de vinculaci�n, quien puede resultar indemnizado. Lo anterior, no obstante que no fue parte estrictamente del contrato principal, sino que es un vinculado econ�mico a un contrato que se sirve de causa rec�procamente con el contrato de transporte, que en este caso es donde se presento el incumplimiento, vale decir la mora para recibir por parte del destinatario, o del remitente- destinatario, en el caso de que ambos coincidan.

NOTA DE RELATORIA: Sentencia del Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Secci�n Cuarta, de fecha 23 de junio de 2000, proferida en el expediente n�m. 9779, con ponencia del Magistrado doctor Delio G�mez Leyva.

EMPRESA TRANSPORTADORA - Obligaci�n de reconocer el valor del tiempo de espera del propietario del veh�culo, cuando el destinatario de la mercanc�a, por su culpa, no la recibe a tiempo / PROPIETARIO DE VEHICULO - EMPRESA TRANSPORTADORA - Existencia de relaci�n de subordinaci�n / PROPIETARIO DE VEHICULO - Es parte d�bil en la relaci�n. Protecci�n del Gobierno Nacional ante esa situaci�n de subordinaci�n en el contrato de vinculaci�n

As� las cosas, la obligaci�n a las empresas transportadoras de reconocer el valor del tiempo de espera del propietario del veh�culo, cuando el destinatario de la mercanc�a, por su culpa, no la recibe a tiempo, se deriva de los t�rminos del propio contrato de transporte, y el Gobierno lo que est� previniendo con el articulo 3o del Decreto 1910 de 1996 es que los propietarios individuales de veh�culo afiliado o vinculado a la empresa transportadora, tengan un medio id�neo para reclamar lo que se les adeuda, ya que ser�a ins�lito que para cada caso tuvieran que acudir a la justicia ordinaria, para reclamar ante la empresa transportadora quien tiene la posici�n dominante, los perjuicios ocasionados con el retardo. Lo anterior, aunado al hecho de que la existencia de una subordinaci�n espec�fica y de un estado de indefensi�n de los propietarios de los veh�culos frente a la empresa, hacen que sea apenas l�gica la protecci�n gubernamental a favor de la parte d�bil del contrato de vinculaci�n, que no se puede traducir en el enriquecimiento sin causa de la compa��a y en un eventual abuso de su posici�n dominante. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la subordinaci�n como "la situaci�n en que se encuentra una persona, cuando tiene la obligaci�n jur�dica de acatar las �rdenes que le imparta un tercero, como consecuencia de pertenecer ambas partes a cierta estructura jer�rquica predeterminada por un contrato o una norma jur�dica. Vista la definici�n precedente puede decirse que se presenta en el presente caso una subordinaci�n jur�dica ostensible, pues por virtud de la normatividad vigente, el propietario del vehiculo en el contrato de vinculaci�n se encuentra sometido a una relaci�n jerarquizada frente a la empresa, ya que debe cumplir las �rdenes que pueda impartir la misma, porque la actividad diaria de prestaci�n del servicio no se la adelanta en condiciones de independencia y discrecionalidad.

A�n cuando comparto la parte resolutiva del fallo, que deniega las pretensiones de la demanda contra el art�culo 3� del Decreto 1910 de 21 de octubre de 1996, que impone la obligaci�n a las empresas transportadoras de reconocer el valor del tiempo de espera del propietario del veh�culo, cuando el destinatario de la mercanc�a, por su culpa, no la recibe a tiempo, considero que dicho fallo debi� acometer un estudio m�s profundo sobre el contrato de vinculaci�n y es precisamente en relaci�n con este punto que radica mi aclaraci�n.

No se puede perder de vista que el contrato de transporte no puede mirarse aisladamente, sino que es una realidad jur�dica la existencia de conjuntos o cadenas de contratos, que coinciden en un mismo objeto. Dentro de estas cadenas de contratos hay cadenas heterog�neas como es el caso, por ejemplo, de los contratos para los consumidores de vivienda de venta de materiales que se siguen de un contrato para la construcci�n de un inmueble, y despu�s uno de compraventa del inmueble; y cadenas homog�neas como en este caso ser�a el contrato de transporte y el contrato de vinculaci�n, que no solo se sirven rec�procamente de causa, porque si no hay contrato de transporte entre el remitente y el transportador, tampoco opera el contrato de vinculaci�n entre la empresa transportadora y el transportador de hecho; sino que son objeto de la reglamentaci�n y de la regulaci�n de la actividad como un todo inescindible.

El siguiente paso de dicha jurisprudencia, trat�ndose de grupos de contratos, fue la extensi�n del alcance de la responsabilidad contractual a otras personas que no aparecen verdaderamente como terceros y deben ser asimiladas m�s bien a las partes del contrato. Lo anterior, significa que estas personas, cuando sufren un da�o debido al incumplimiento de las obligaciones de una de las partes de un contrato, no podr�n recurrir a una responsabilidad extracontractual sino que deben basarse en las reglas que rigen la responsabilidad contractual de este deudor, as� no hubieren contratado con �l. Esto se explica por el v�nculo que existe entre dos o m�s contratos, cuando quien ha sufrido el da�o es parte de uno de estos contratos, pero no de aquel que impuso una obligaci�n al deudor que no la ejecuta o la ejecuta mal.

Debido a este v�nculo, la responsabilidad de la empresa transportadora, quien es parte del contrato principal de transporte, deber�a obedecer para prevenir abusos de la posici�n dominante y enriquecimientos sin causa frente al transportador de hecho (parte d�bil del contrato), tambi�n a las reglas que rigen su responsabilidad con el remitente o con el remitente-destinatario, haciendo abstracci�n de que este �ltimo, no haya formado parte del contrato de afiliaci�n. El v�nculo econ�mico entre los dos contratos deber�a seg�n esta tendencia de los grupos de contratos, reforzarse con un v�nculo de orden jur�dico entre las dos partes de cada contrato que no han celebrado entre ellas ning�n contrato (excepci�n al efecto relativo de los contratos) para la protecci�n del transportador de hecho, quien generalmente no tiene un poder econ�mico igual o similar al de la empresa transportadora.

Este modelo que acabamos de exponer, admite ampliamente la existencia de responsabilidades entre un contratante y un tercero, que en el caso presente bien puede ser el propietario del veh�culo objeto del contrato de vinculaci�n, quien puede resultar indemnizado. Lo anterior, no obstante que no fue parte estrictamente del contrato principal, sino que es un vinculado econ�mico a un contrato que se sirve de causa rec�procamente con el contrato de transporte, que en este caso es donde se presento el incumplimiento, vale decir la mora para recibir por parte del destinatario, o del remitente- destinatario, en el caso de que ambos coincidan.

Lo anterior es aun m�s evidente, si tenemos en cuenta que el contrato de vinculaci�n es seg�n el Decreto 1557 de 1998, aquel mediante el cual el propietario o tenedor de un vehiculo lo sujeta a la prestaci�n del servicio p�blico de transporte a trav�s de una determinada empresa habilitada.

A este respecto el Consejo de Estado, en la Secci�n Cuarta de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia n�m. 9779 de 23 de junio de 2000, con ponencia del Magistrado doctor Delio G�mez Leyva, Actor Adaulfo Arias explic� que:

"el hecho que el transportador pueda encargar la conducci�n a un tercero, "pero bajo su responsabilidad", significa que quien finalmente se obliga, y por ende, finalmente responde, es el transportador autorizado y no el tercero, que ejecuta el hecho f�sico de la conducci�n por el hecho del encargo en los t�rminos en que lo autoriza el C�digo de Comercio. El encargado no remplaza en su calidad de parte al transportador autorizado que le confiere el encargo, aun cuando f�sicamente sea quien hace la conducci�n de las personas o las cosas, pues, se repite, una es la relaci�n contractual entre el transportador y el usuario y respecto de la cual el encargado es un tercero, y otra, la relaci�n entre el transportador y el que realiza la conducci�n del usuario bajo la responsabilidad de aquel, a pesar de que dicha relaci�n se derive tambi�n del contrato de transporte.

Por ultimo se aclar�, que el hecho de que haya encargo no significa que cese la responsabilidad de la empresa, y por ende, que siga conservando su condici�n de transportadora, y olvidando tambi�n que aun cuando f�sicamente es el encargado el que hace la conducci�n de las personas o las cosas, jur�dicamente se entiende que lo hace el encargante, toda vez que el encargado no act�a independientemente, sino por el contrario, bajo la responsabilidad de la empresa que le confiri� el encargo de conducir".

Lo anterior, aunado al hecho de que la existencia de una subordinaci�n espec�fica y de un estado de indefensi�n de los propietarios de los veh�culos frente a la empresa, hacen que sea apenas l�gica la protecci�n gubernamental a favor de la parte d�bil del contrato de vinculaci�n, que no se puede traducir en el enriquecimiento sin causa de la compa��a y en un eventual abuso de su posici�n dominante.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la subordinaci�n como "la situaci�n en que se encuentra una persona, cuando tiene la obligaci�n jur�dica de acatar las �rdenes que le imparta un tercero, como consecuencia de pertenecer ambas partes a cierta estructura jer�rquica predeterminada por un contrato o una norma jur�dica.

Vista la definici�n precedente puede decirse que se presenta en el presente caso una subordinaci�n jur�dica ostensible, pues por virtud de la normatividad vigente, el propietario del vehiculo en el contrato de vinculaci�n se encuentra sometido a una relaci�n jerarquizada frente a la empresa, ya que debe cumplir las �rdenes que pueda impartir la misma, porque la actividad diaria de prestaci�n del servicio no se la adelanta en condiciones de independencia y discrecionalidad.

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional entiende que el estado de indefensi�n se configura cuando la persona agraviada por la acci�n u omisi�n del particular, carece de medios f�sicos o jur�dicos para emprender su defensa, o cuando aquellos no son id�neos para obtener una protecci�n inmediata y efectiva. Seg�n la Corte tal estado se manifiesta:

"� cuando la persona ofendida por la acci�n u omisi�n del particular se encuentra inerme o desamparada, es decir sin medios f�sicos o jur�dicos de defensa o con medios y elementos insuficientes para resistir o repeler la vulneraci�n o amenaza de su derecho fundamental. El juez de tutela debe apreciar los hechos y circunstancias del caso a fin de establecer si se presenta la indefensi�n a que se refieren los numerales 4 y 9 del art�culo 42 del decreto 2591 de 1991, para que proceda la acci�n de tutela contra particulares" T-265/97 M.P Dr. Carlos Gaviria D�az)"

"De donde se ha concluido que el concepto de indefensi�n no es un predicado abstracto del cual puedan hacerse generalizaciones que se distancien de la realidad que ofrecen los hechos. Es por el contrario una "situaci�n relacional, intersubjetiva en la cual el demandante es uno de los extremos y el demandado es otro. El primero ha sido ofendido o amenazado por la acci�n del segundo. Adicionalmente, el demandado no tiene posibilidades ni de hecho ni de derecho para defenderse de esta agresi�n injusta". ( Sentencia T- 172 de 1997, M.P Carlos Gaviria D�az).

Teniendo en cuenta el claro mandato del articulo 78 de la Constituci�n Pol�tica, el Gobierno Nacional debe intervenir en el control de calidad de bienes y servicios que se ofrezcan a la comunidad, y en este caso, con mayor raz�n, si la actividad del transporte constituye un SERVICIO P�BLICO ESENCIAL, por lo que puede entonces tambi�n pronunciarse sobre cl�usulas abusivas que vulneren los equilibrios contractuales de dichos grupos de contratos, que se encuentran orientados hacia el mismo objeto y se sirven rec�procamente de la misma causa.

ACTO ADMINISTRATIVO - Falta de correspondencia material de la disposici�n acusada con las normas que se invocan como fundamento de la misma, implica su nulidad / OBLIGACIONES CIVILES - No tienen como fuente actos administrativos / ACTO ADMINISTRATIVO - Motivaci�n adecuada y competencia del funcionario como requisitos para su validez / CONTRATO ENTRE EMPRESA TRANSPORTADORA Y PROPIETARIO DE VEHICULO QUE SIRVE COMO MEDIO DE TRANSPORTE - Incompetencia del Gobierno Nacional para reglamentarlo

Al respecto estimo inexplicable e injustificable que la Sala hubiere advertido la falta de correspondencia material de la disposici�n acusada con las normas que se invocan como fundamento del Decreto 1910 de 1996, y no hubiera reconocido la violaci�n de las mismas por exceder su contenido, con lo cual incluso, excede el objeto de dicho decreto, pues tanto �ste como aquellas se refieren a la reglamentaci�n del contrato de transporte de carga, en especial a lo que tiene que ver con la imposici�n de sanciones al transportador. A lo anterior, se agrega que la norma enjuiciada establece o, mejor, crea una obligaci�n de car�cter civil entre dos sujetos de derecho privado, que adem�s se inserta en una relaci�n negocial igualmente privada y distinta del contrato de transporte, como incluso lo reconoce la Sala, cual es la del transportador y el propietario del automotor que sirve como medio de transporte, y se cae de su peso considerar que las obligaciones entre sujetos privados s�lo pueden surgir del acuerdo de voluntades, de la ley o de los actos propios, pues es sabido que s�lo �stas son las fuentes de las obligaciones. En efecto, la Sala expresamente acepta que "no se trata, como lo se�alan el actor y el representante del ministerio p�blico, de una sanci�n o multa que se le hubiera impuesto a la empresa transportadora, sino de una obligaci�n contractual, tanto as� que la norma faculta a dicha empresa para repetir contra el remitente o destinatario de la mercanc�a transportada." En ese orden acepta que la disposici�n estuvo "mal motivada en unas normas que hacen relaci�n a la escala de sanciones que se pueden establecer por violaci�n a las normas legales y reglamentarias (art�culos 997 del C.Co y 9 de la Ley 105 de 1993) pues lo cierto es que, como ya se dijo anteriormente, �sta no impone sanci�n alguna, sino que se trata de una obligaci�n que nace de un contrato", lo cual no es una simple "equivocaci�n" que "no tiene la entidad para anular tal actuaci�n" como lo califica la Sala, sino que constituye ni m�s ni menos un defecto respecto de uno de los elementos necesarios para el nacimiento y existencia, inclusive, de la norma reglamentaria examinada, esto es, el motivo o fundamentos de derecho, estrechamente relacionado con los requisitos de la correcta o adecuada motivaci�n del acto y la competencia para su adopci�n, necesarios para la validez de dicha norma administrativa. Lo que est� evidenciado aun por la misma Sala es una falsa motivaci�n y un exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria, que implica falta de competencia para adoptar la disposici�n administrativa enjuiciada, sin que la invocaci�n de los art�culos 999, 1926 y 1027, del C. de Co. evite que se configuren tales vicios, toda vez que �stos igualmente nada disponen sobre el contrato entre el transportador y el propietario del veh�culo, es decir, que tampoco guardan relaci�n con lo establecido en la norma administrativa en comento.

Con el debido y acostumbrado respeto manifiesto que no comparto la decisi�n mayoritaria de la Sala, mediante la cual neg� la nulidad del art�culo 3� del Decreto 1910 del 21 de octubre de 1996, expedido por el Ministerio de Transporte con el cual reglamenta parcialmente el contrato de transporte de carga y se dictan otras disposiciones, siendo que la Sala debi� declarar su nulidad por las siguientes consideraciones:

1.- Seg�n precis� la Sala, el texto de la disposici�n acusada es el que a continuaci�n se resalta en negrillas: