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100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010000723SENTENCIAPRIMERA1100103240002002038501200401/10/2004SENTENCIA__PRIMERA__1100103240002002038501__2004_01/10/2004100007232004SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE POR CARRETERA - Cosa juzgada respecto del parágrafo del artículo 72 del Decreto 171 de 2001 / COSA JUZGADA ERGA OMNES - Respecto del parágrafo del artículo 72 del Decreto 171 de 2001 / FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - No está sujeta a ningún límite temporal / ADJUDICACION DE RUTAS - Cosa juzgada Sea lo primero precisar que respecto del parágrafo del artículo 72; de la expresión "Su adjudicación no estará supeditada a la realización del proceso licitatorio contemplado para los nivel (sic) de servicio básico y de lujo" contenida en el literal c), numeral 2) del artículo 8º; y de los artículos 30 a 34 (Título IV, Capítulo iV), todos del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001, la Sala estará a lo resuelto en las sentencias de 7 de junio de 2002 y 27 de febrero de 2003, mediante las cuales se declaró su nulidad. Respecto del resto del articulado del Decreto 171 de 2001, los cargos del actor se contraen a que fueron expedidos por fuera de los límites temporales señalados en los artículos 11, parágrafo, y 89 de la Ley 336 de 1996, y a que desbordó la potestad reglamentaria, en la medida en que se refirió a aspectos no contemplados en la ley objeto de reglamentación, esto es, la Ley 336 de 1996, Estatuto Nacional de Transporte. Sobre el primer aspecto, tal como lo sostuvieron el apoderado de la entidad demandada y el representante del Ministerio Público ante esta Corporación, la Corte Constitucional, en sentencia C-066 de 1999, con ponencia de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Fabio Morón Díaz declaró inexequibles el parágrafo del artículo 11 y el artículo 89 de la Ley 336 de 1996, en cuanto impusieron un límite al ejercicio de la potestad reglamentaria, pues de la misma goza en forma permanente el Presidente de la República, por expresa disposición del artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política. En consecuencia, el cargo en estudio carece de prosperidad, ya que el legislador no puede imponerle al Ejecutivo cortapisas de índole temporal, cuando es la propia Constitución, norma de normas y, por lo tanto, prevalente sobre cualquiera otra, quien le otorgó sin límite en el tiempo la facultad de expedir los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de la leyes. FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Características; límites; desarrolla lo expreso y lo implícito; no es mera reproducción Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de que la potestad que tiene el Presidente de la República para desarrollar las leyes se caracteriza porque no se agota con su ejercicio inicial y porque, en términos generales, es potestativo de su titular definir cuáles son y con qué detalles las normas de la ley que requieren reglamentación o desarrollo. Los límites de esta facultad o potestad los señala la necesidad de cumplir debidamente el estatuto desarrollado, porque si los ordenamientos expedidos por el Congreso suministran todas las nociones indispensables para su ejecución, el órgano administrativo no tendría nada que agregar, y por lo tanto no habría oportunidad de ejercitarla. También ha sostenido esta Corporación que el reglamento debe desarrollar no sólo lo que hay expreso en la ley, sino lo que hay implícito en ella, de suerte que no se convierta en una mera reproducción de aquélla. Como quiera que el actor se limitó a aseverar que el Ejecutivo excedió la potestad reglamentaria, sin expresar concretamente cuáles fueron los excesos en que incurrió el Gobierno Nacional, carga que le correspondía, pues sabido es el carácter rogado de la jurisdicción contencioso administrativa, debe también esta Corporación desestimar el cargo analizado. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Bogotá, D.C., primero (1º) de octubre de dos mil cuatro (2004)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadRAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETAEDUARDO GARCÍA CHACÓNdeclaratoria de nulidad del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros Por Carretera".Identificadores10010000724true901Versión original10000724Identificadores

Fecha Providencia

01/10/2004

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Norma demandada:  declaratoria de nulidad del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros Por Carretera".

Demandante:  EDUARDO GARCÍA CHACÓN


SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE POR CARRETERA - Cosa juzgada respecto del parágrafo del artículo 72 del Decreto 171 de 2001 / COSA JUZGADA ERGA OMNES - Respecto del parágrafo del artículo 72 del Decreto 171 de 2001 / FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - No está sujeta a ningún límite temporal / ADJUDICACION DE RUTAS - Cosa juzgada

Sea lo primero precisar que respecto del parágrafo del artículo 72; de la expresión "Su adjudicación no estará supeditada a la realización del proceso licitatorio contemplado para los nivel (sic) de servicio básico y de lujo" contenida en el literal c), numeral 2) del artículo 8º; y de los artículos 30 a 34 (Título IV, Capítulo iV), todos del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001, la Sala estará a lo resuelto en las sentencias de 7 de junio de 2002 y 27 de febrero de 2003, mediante las cuales se declaró su nulidad. Respecto del resto del articulado del Decreto 171 de 2001, los cargos del actor se contraen a que fueron expedidos por fuera de los límites temporales señalados en los artículos 11, parágrafo, y 89 de la Ley 336 de 1996, y a que desbordó la potestad reglamentaria, en la medida en que se refirió a aspectos no contemplados en la ley objeto de reglamentación, esto es, la Ley 336 de 1996, Estatuto Nacional de Transporte. Sobre el primer aspecto, tal como lo sostuvieron el apoderado de la entidad demandada y el representante del Ministerio Público ante esta Corporación, la Corte Constitucional, en sentencia C-066 de 1999, con ponencia de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Fabio Morón Díaz declaró inexequibles el parágrafo del artículo 11 y el artículo 89 de la Ley 336 de 1996, en cuanto impusieron un límite al ejercicio de la potestad reglamentaria, pues de la misma goza en forma permanente el Presidente de la República, por expresa disposición del artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política. En consecuencia, el cargo en estudio carece de prosperidad, ya que el legislador no puede imponerle al Ejecutivo cortapisas de índole temporal, cuando es la propia Constitución, norma de normas y, por lo tanto, prevalente sobre cualquiera otra, quien le otorgó sin límite en el tiempo la facultad de expedir los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de la leyes.

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Características; límites; desarrolla lo expreso y lo implícito; no es mera reproducción

Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de que la potestad que tiene el Presidente de la República para desarrollar las leyes se caracteriza porque no se agota con su ejercicio inicial y porque, en términos generales, es potestativo de su titular definir cuáles son y con qué detalles las normas de la ley que requieren reglamentación o desarrollo. Los límites de esta facultad o potestad los señala la necesidad de cumplir debidamente el estatuto desarrollado, porque si los ordenamientos expedidos por el Congreso suministran todas las nociones indispensables para su ejecución, el órgano administrativo no tendría nada que agregar, y por lo tanto no habría oportunidad de ejercitarla. También ha sostenido esta Corporación que el reglamento debe desarrollar no sólo lo que hay expreso en la ley, sino lo que hay implícito en ella, de suerte que no se convierta en una mera reproducción de aquélla. Como quiera que el actor se limitó a aseverar que el Ejecutivo excedió la potestad reglamentaria, sin expresar concretamente cuáles fueron los excesos en que incurrió el Gobierno Nacional, carga que le correspondía, pues sabido es el carácter rogado de la jurisdicción contencioso administrativa, debe también esta Corporación desestimar el cargo analizado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., primero (1º) de octubre de dos mil cuatro (2004)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-0385-01

Actor: EDUARDO GARCÍA CHACÓN

Demandado: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Referencia: ACCION DE NULIDAD

I.DEMANDA

I.1. Pretensiones

EDUARDO GARCÍA CHACÓN, en su propio nombre y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros Por Carretera", expedido por el Gobierno Nacional.

I.2.Normas violadas y concepto de la violación

La actora cita como violados el parágrafo del artículo 11, y el artículo 89 de la Ley 336 de 1996, y estructura para el efecto los siguientes cargos:

La reglamentación que de los artículos 11 y 89 de la Ley 336 de 1996 ha hecho el Gobierno Nacional excedió la competencia temporal, en el entendido de que hubiera actuado bajo los dictados del artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política, o con suplantación del legislador al pretender dictar normas generales por vía de la aparente potestad reglamentaria de que trata el artículo 189, numeral 11, ibídem, así indebidamente el legislador le hubiera restringido en el tiempo el ejercicio de dicha facultad.

Mal puede inferirse que el Presidente actuó revestido de la facultad pro tempore de que trata el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, por cuanto tales facultades no las solicitó expresamente el Gobierno, ni la ley fue aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.

Además, es claro que el Presidente no invocó la condición de legislador extraordinario al expedir el acto que se demanda, ni los que fueron expedidos al amparo de la Ley 336 de 1996, pues de haber actuado en tal carácter, menos aún hubiera podido modificar e incluso derogar el primero de los Decretos (91 de 1998), por tratarse de un Decreto Ley sólo revisable por vía del Congreso.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-511 de 1992, expresó:

"El Presidente dentro del término legal, sólo puede ejercerlas por una sola vez, de modo que al expedir el correspondiente Decreto ley agota su cometido. El término de utilización de las facultades indica el período dentro del cual deben éstas ejercerse, y no el término durante el cual se asume ininterrumpidamente el status de legislador extraordinario...".

De otra parte, si lo que se procura es la cumplida ejecución de las leyes, es claro que el reglamento no puede ir en contra de la ley que reglamenta. En tal virtud, mal hizo el Gobierno Nacional en ejercer dicha potestad por fuera del plazo conferido por el legislador. Es decir, pasando por alto el tiempo prudencial otorgado para que se reglamentara tanto la habilitación como los modos de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.

La incompetencia del funcionario es considerada en nuestro sistema como un vicio muy grave, pues el funcionario solamente puede hacer lo que le diga la Constitución, la ley o el reglamento, conforme lo establecen los artículos 122 y 123 de la Carta Política, so pena de incurrir en extralimitación de funciones, abuso de autoridad o desviación de poder.

El legislador no puede limitar en el tiempo la potestad reglamentaria del Ejecutivo, pero si lo hace, el Gobierno debe respetar su voluntad o excepcionar su inconstitucionalidad, asumiendo plenamente la responsabilidad y consecuencias.

Con el Decreto 171 el legislador excedió las facultades reglamentarias a él conferidas tanto en el parágrafo único del artículo 11 como en el artículo 89 de la Ley 336 de 1996, pues en esencia dictó normas en vez de introducir formas, dada la ninguna referencia que el legislador hizo de los temas sometidos a reglamentación del Ejecutivo.

Aunque el legislador no tenía porque precisarle al Gobierno las materias de las que debía ocuparse en la reglamentación, simplemente porque la potestad la toma el Presidente de la Constitución en su condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa para asegurar su cumplida ejecución, al hacerlo debió tener el cuidado de dejar sobre las materias reglamentadas un referente normativo general y abstracto como para permitir su reglamentación y no suplantarlo, como ocurrió realmente, Aquí actuó el Presidente más como legislador extraordinario que como un ejecutor de leyes.

El Decreto 171 de 2001, más que constituir una reglamentación de las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, es un verdadero estatuto o reglamento para el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, con énfasis en la habilitación y modos de transporte, para el cual las leyes en mención no establecieron referentes normativos, lo que lleva a concluir que el Ejecutivo no solamente se ocupó de reglamentar lo que por sustracción de materia no se podía reglamentar, sino que desbordó la potestad a él conferida por mandato constitucional.

II.ACTUACION

Mediante proveído de 12 de noviembre de 2002 se admitió la demanda y se ordenó notificarla al Ministro de Transporte, quien mediante apoderado expresó que a través de la Ley 336 de 1996 se adoptó el Estatuto Nacional del Transporte, la cual en sus artículos 11, parágrafo, y 89, facultó al Gobierno Nacional para dictar las reglamentaciones y habilitaciones que correspondan a cada uno de los modos de transporte, estableciendo los términos de seis meses y un año, respectivamente, para dicho cometido.

En desarrollo de este mandato se dictó el Decreto 171 de 2001, y no obstante los términos señalados en la norma legal no puede predicarse su violación, por cuanto la Corte Constitucional al conocer de la demanda de inconstitucionalidad, entre otros, del parágrafo del artículo 11 de la Ley 336, en sentencia C-066 de 1999, sostuvo:

"Con respecto al parágrafo de la norma acabada de mencionar, encuentra la Corte que es inexequible, en razón de la limitación de carácter temporal en la que se incluye al Gobierno Nacional para el ejercicio de la potestad reglamentaria, pues, se reitera, ella corresponde al Presidente de la Republica como suprema autoridad administrativa conforme a lo dispuesto por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Nacional, quien la conserva durante todo el tiempo de la vigencia de la ley sobre la cual pueda recaer el reglamento para su cumplida ejecución, lo que significa que el legislador no puede someterla a ningún plazo, como lo hizo en el parágrafo que aquí se analiza".

En relación con el artículo 89, ibídem, la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad bajo el siguiente raciocinio jurídico:

"En cuanto al artículo 89 de la ley 336 de 1996, en el cual se ordena al Gobierno Nacional dictar 'en el término de un año contado desde la vigencia de esta ley, las reglamentaciones que corresponderán a cada uno de los modos de transporte', resulta contrario a la Constitución Nacional, pues como ya se dijo, la potestad reglamentaria que conforme al artículo 189 numeral 11 de la Carta, es atribución del Presidente de la República como suprema autoridad administrativa, permanece radicada en él durante todo el tiempo de vigencia de la ley que requiera su reglamentación para la cumplida ejecución de la misma, sin que pueda el legislador imponer ningún límite temporal para su ejercicio".

En cuanto a que el ejecutivo desbordó la potestad reglamentaria, debe observarse que el actor no explicó en que consistió dicho desbordamiento, como tampoco dice cuáles fueron las normas que se crearon, además de que presenta un imprecisión conceptual en relación con lo que debe entenderse por facultad reglamentaria.

La doctrina ha coincidido en afirmar que el decreto reglamentario es la norma que tiene como finalidad darle viabilidad u operancia práctica a la ley, y que tiende a facilitar su aplicación; que la potestad reglamentaria es una actividad administrativa que deriva de una obligación señalada al ejecutivo de cumplir y hacer cumplir las leyes, aspecto este que debe cumplir el Presidente armonizando el contenido de los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Constitución, a efecto de cumplir con los fines del Estado.

La Constitución Política como la ley suelen ser abstractas, ausentes de pormenores y especificaciones, de suerte que para hacerlas aplicables en el tiempo, en el espacio y en el modo se requiere de un nuevo estatuto legal que señale esas circunstancias que la hagan realizable en el orden práctico.

Excepción:

Solicita que se declare probada la excepción de cosa juzgada constitucional, en consideración al pronunciamiento hecho por la Corte Constitucional en relación con las normas soporte de la demanda, en sentencia C-066 de 1999, exp. núm. D-2117, decisión que debe conllevar a que para un mismo principio jurídico opere la misma ratio juis, es decir, que acusado el Decreto 171 de 2001, reglamentario de la Ley 336 de 1996, sobre la base de los supuestos desbordamientos de las facultades reglamentarias por parte del ejecutivo al expedirlo, y producido el fallo al respecto, a las mismas razones jurídicas deberá adecuarse el Consejo de Estado en relación con las pretensiones de la demanda.

III.-CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación es partidario de que se denieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto la potestad reglamentaria en si misma considerada se ha concebido como una facultad constitucional atribuida al Presidente de la República para expedir normas (decretos, resoluciones, órdenes, etc.) que permitan el cumplimiento y correcta ejecución de la ley, y que no impliquen en modo alguno modificaciones, ampliaciones, restricciones o limitaciones del mandato sustantivo objeto de reglamentación en su contenido mismo.

La potestad reglamentaria es ilimitada en el tiempo y en la materia, en tanto los límites estás dados sólo por la norma reglamentada y la propia Constitución, a la vez que por la necesidad del reglamento en la correcta y cumplida aplicación de la misma de acuerdo con sus términos y concepción.

La potestad reglamentaria abarca en su desarrollo y comprende en su ejercicio no sólo lo que aparece expreso en la ley, sino también el contenido implícito que en ella exista y que en términos de lo razonable se relacione con la materia que regula y conduzca a su correcta ejecución y efectivo cumplimiento, mediante la explicitación de cuanto se halle implícito en su contenido.

De esta manera, el legislador no puede limitar esta facultad constitucional del Presidente de la República ni en su alcance, ni el tiempo, ni en la materia, como lo entendió la Corte Constitucional al declarar inexequibles los artículos 11, parágrafo, y 89 de la Ley 336 de 1996.

IV.-LA DECISION

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la controversia, previas las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero precisar que respecto del parágrafo del artículo 72; de la expresión "Su adjudicación no estará supeditada a la realización del proceso licitatorio contemplado para los nivel (sic) de servicio básico y de lujo" contenida en el literal c), numeral 2) del artículo 8º; y de los artículos 30 a 34 (Título IV, Capítulo iV), todos del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001, la Sala estará a lo resuelto en las sentencias de 7 de junio de 2002 y 27 de febrero de 2003, mediante las cuales se declaró su nulidad.

Respecto del resto del articulado del Decreto 171 de 2001, los cargos del actor se contraen a que fueron expedidos por fuera de los límites temporales señalados en los artículos 11, parágrafo, y 89 de la Ley 336 de 1996, y a que desbordó la potestad reglamentaria, en la medida en que se refirió a aspectos no contemplados en la ley objeto de reglamentación, esto es, la Ley 336 de 1996, Estatuto Nacional de Transporte.

Sobre el primer aspecto, tal como lo sostuvieron el apoderado de la entidad demandada y el representante del Ministerio Público ante esta Corporación, la Corte Constitucional, en sentencia C-066 de 1999, con ponencia de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Fabio Morón Díaz declaró inexequibles el parágrafo del artículo 11 y el artículo 89 de la Ley 336 de 1996, en cuanto impusieron un límite al ejercicio de la potestad reglamentaria, pues de la misma goza en forma permanente el Presidente de la República, por expresa disposición del artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política.

En consecuencia, el cargo en estudio carece de prosperidad, ya que el legislador no puede imponerle al Ejecutivo cortapisas de índole temporal, cuando es la propia Constitución, norma de normas y, por lo tanto, prevalente sobre cualquiera otra, quien le otorgó sin límite en el tiempo la facultad de expedir los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de la leyes.

En cuanto a que el Decreto acusado va más allá de la ley que reglamenta, la Sala observa que en el Título I, Capítulo I, el Decreto acusado fija su objeto; en el II señala su ámbito de aplicación, reitera algunos conceptos definidos en la Ley 105 de 1993 y define otros; en el III clasifica la actividad transportadora según la forma de prestación y nivel del servicio; y en el IV señala la autoridad de transporte; en el Título II, Capítulo I, establece que las empresas legalmente constituidas interesadas en prestar el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera deberán solicitar y obtener habilitación para operar; en el II fija las condiciones y requisitos para obtener tal habilitación; en el III señala el trámite de la habilitación; y en el IV la vigencia de la habilitación; en el Título III los seguros que deben tomar las empresas de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera; en el Título iV, Capítulo I, el radio de acción del transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera; en el II, lo referente al acceso a la prestación del servicio; en el III el procedimiento para la adjudicación de rutas y horarios en los niveles de servicio básico y de lujo; en el IV el procedimiento para acceder a la prestación del servicio en el nivel preferencial de lujo (declarado nulo mediante sentencia de 25 de febrero de 2003); en el V señala los aspectos generales en la operación y en la prestación del servicio; en el VI trata lo relacionado con la capacidad transportadora; en el VII establece las condiciones de vinculación y desvinculación de equipos; y en el VIII se refiere a las tarjetas de operación; y, finalmente, en el Título V fija la obligatoriedad de los seguros, y el régimen de transición.

Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de que la potestad que tiene el Presidente de la República para desarrollar las leyes se caracteriza porque no se agota con su ejercicio inicial y porque, en términos generales, es potestativo de su titular definir cuáles son y con qué detalles las normas de la ley que requieren reglamentación o desarrollo. Los límites de esta facultad o potestad los señala la necesidad de cumplir debidamente el estatuto desarrollado, porque si los ordenamientos expedidos por el Congreso suministran todas las nociones indispensables para su ejecución, el órgano administrativo no tendría nada que agregar, y por lo tanto no habría oportunidad de ejercitarla.

También ha sostenido esta Corporación que el reglamento debe desarrollar no sólo lo que hay expreso en la ley, sino lo que hay implícito en ella, de suerte que no se convierta en una mera reproducción de aquélla.

Como quiera que el actor se limitó a aseverar que el Ejecutivo excedió la potestad reglamentaria, sin expresar concretamente cuáles fueron los excesos en que incurrió el Gobierno Nacional, carga que le correspondía, pues sabido es el carácter rogado de la jurisdicción contencioso administrativa, debe también esta Corporación desestimar el cargo analizado.

Finalmente, tampoco puede prosperar el cargo de violación del artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política, según el cual el Congreso podrá revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades para expedir decretos con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje, siempre y cuando tales facultades sean expresamente solicitadas por el Gobierno y sean aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara, por la simple y llana razón de que el Decreto acusado fue expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria a que se refiere el artículo 189, numeral 11, ibídem..

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

PRIMERO.- Respecto del parágrafo del artículo 72; de la expresión "Su adjudicación no estará supeditada a la realización del proceso licitatorio contemplado para los nivel (sic) de servicio básico y de lujo" contenida en el literal c), numeral 2) del artículo 8º; y de los artículos 30 a 34 (Título IV, Capítulo iV), todos del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001, ESTÉSE a lo resuelto en las sentencias de 7 de junio de 2002 y 27 de febrero de 2003, proferidas por esta Sección dentro de los procesos núms. 6973, actor, Pablo J. Cáceres Corrales, Consejero Ponente Dr. Camilo Arciniegas Andrade y 7134, actor, Fabio Augusto Cifuentes Reyes, Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, donde se declaró su nulidad.

SEGUNDO.- DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha primero (1º) de octubre de dos mil cuatro (2004).

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA I. NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA