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Feminicidio










"Las normas aquí incluidas no han sido derogadas expresamente y tampoco han sido declaradas inexequibles o nulas. Con todo, la determinación sobre la vigencia no depende solamente de este tipo de afectaciones jurídicas."

Leyes y Decretos sobre Feminicidio

Tipo Número de Norma Año Tema Epígrafe Enlace
Ley 51 (Art. 1o., como Antecedente) 1981 "Teniendo como punto de partida la violencia contra la mujer, se adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, suscrita en Nueva York el 19 de diciembre de 1979, la que en su art. 1° señala que (...) la expresión ""discriminación contra la mujer"" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer (...) de los derechos humanos y las libertades fundamentales (...)" Por medio de la cual se aprueba la ''Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer'', adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmado en Copenhague el 17 de julio de 1980. Ir a la Norma
Ley 248 (Art. 1o., como Antecedente) 1995 De manera similar a la disposición antes citada, en esta se establece que la violencia ejercida en contra de la mujer debe ser entendida como (...) cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 1984). Por la cual se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. Ir a la Norma
Ley 1257 (Art. 26, como Antecedente) 2008 Se incluye una circunstancia de agravación del homicidio (art. 104, numeral 1o del C.P.). Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Ir a la Norma
Ley 1761 2015 Tipifica el feminicidio como un delito autónomo, cuyo objetivo principal está encaminado a la sensibilización y erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer; o en su defecto, garantizar la investigación y la sanción de los responsables de las conductas violentas contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenirlas y erradicar dichas conductas y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana. Por medio de la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones.(Ley Rosa Elvira Cely) Ir a la Norma
Ley 599 2000 Por la cual se expide el Código Penal Ir a la Norma
Ley 906 2004 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal Ir a la Norma
Ley 1773 2016 Por medio del cual se crea el artículo 116A, se modifican los artículos 68A, 104, 113, 359 y 374 de la Ley 599 de 2000 y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Ir a la Norma


Jurisprudencia relativa al Feminicidio

Tipo Número Año Tema Epígrafe Magistrado Partes/motivo Enlace
Jurisprudencia C-539 2016 Declara la exequibilidad de la expresión ''por su condición de ser mujer'', contenida en el artículo 104A del Código Penal, adicionado por el artículo 2 la Ley 1761 de 2015; así como el literal a) y la expresión ''7'' contenida en el literal g) del at. 104B del Código Penal, adicionado por el art. 3 de la Ley 1761/15, en relación con los cargos analizados. Demanda de inconstitucionalidad contra los arts. 104A (parcial) y 104B, literales a) y g) (parcial) de la Ley 599 de 2000, adicionados por el artículo 2 y 3, literales a) y g) de la Ley 1761 de 2015, “por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Juan Pablo Acosta Navas, John Fredy Ríos Agudelo y Luis Felipe Villa García. Ir a la Sentencia
Jurisprudencia C-297 2016 Declara la exequibilidad del literal e) del artículo 2o (parcial) de la Ley 1761 de 2015, en el entendido de que la violencia a la que se refiere el literal es violencia de género como una circunstancia contextual para determinar el elemento subjetivo del tipo: la intención de matar por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género. Demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761 de 2015 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. GORIA STELLA ORTIZ DELGADO Actores: Juan Pablo Acosta Navas, John Fredy Ríos Agudelo y Luis Felipe Villa García. Ir a la Sentencia
Jurisprudencia SP 2190- 2015 2015 Casa parcialmente la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Medellín y declara que en el homicidio por el cual se condenó al procesado, además de la agravante 1ª del art. 104 del C.P., también concurrió la 11 de la misma disposición; manteniendo incólumes las restantes determinaciones adoptadas. Destaca aquí la Corte que no todo asesinato de una mujer puede catalogarse como feminicidio, sino que se requiere, para constituir esa conducta, que la violencia causada esté asociada a la discriminación y dominación de que ella es objeto. Ese elemento adicional: la discriminación y dominación de la mujer implícita en la violencia que provoca su muerte, debe probarse en el proceso penal para que pueda reprocharse al autor. En consecuencia, en ningún caso cabe deducirla de la simple circunstancia de ser el autor del delito un hombre y la víctima una mujer, sino que ha de fundarse en evidencias demostrativas de la situación de abuso de poder en que se encontraba la última. Patricia Salazar Cuellar. Procesado: Alexander de Jesús Ortiz Ramirez. Ir a la Sentencia
SENTENCIA SP17776 2017 Se asume en esta ocasión por la Corte, el recurso de casación interpuesto por la Delegada de la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Quibdó, el 24 de noviembre de 2016, mediante la cual se confirmó la que decidió condenar a Julio César Córdoba Mosquera, como autor del delito de Feminicidio Agravado, pero modificando el monto de la pena de prisión impuesta, en el sentido de reducir el referido monto de la pena impuesta. Propuesto un único cargo, consistente en la violación directa de la ley sustancial, ante la falta de aplicación del artículo 5º de la Ley 1761/15; según el cual la persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del beneficio de que trata el art. 351 de la Ley 906 de 2004, lo que debe conducir a la confirmación de la pena de prisión fijada en la sentencia de primera instancia, de 468 meses y 22 días; por cuanto el acusado se allanó cargos luego de ser capturado en flagrancia. Luego, conforme a lo dispuesto en los arts. 57 de la Ley 1453/11 y 5º de la Ley 1761/15, la rebaja a la que tendría derecho es un medio del beneficio consagrado en el precitado art. 351. Señala en esta ocasión el órgano de cierre de la jurisdicción penal que el reparo elevado por la Fiscalía es fundado porque, efectivamente, en el proceso de re-dosificación de la pena privativa de la libertad que se había fijado en la sentencia apelada, el Tribunal excluyó la aplicación del precepto de la Ley 1761/15 que redujo la cantidad de descuento de pena que se concede al imputado que se allane a los cargos, cuando éstos se refieran al delito de feminicidio. Adujo la alta colegiatura que error es tan manifiesto que basta leer las mínimas consideraciones que se expusieron para fijar la pena de prisión en 437.5 meses, desatendiendo así el monto inicial de 468 meses y 22 días. Como se puede observar, la sentencia de segunda instancia decidió que el descuento final a aplicar a la pena individualizada -500 meses-, por concepto de la aceptación de culpabilidad en la audiencia de formulación de imputación, era de 62.5 meses, los cuales constituían la 1/4 de la mitad de la proporción máxima contemplada en el artículo 351 del C.P.P., según lo prescrito en el parágrafo del 301 ibídem, modificado por el art. 57 de la ley 1453/11, que resulta aplicable porque la captura de JULIO CÉSAR CÓRDOBA MOSQUERA se produjo en situación de flagrancia. Por lo anterior, el Tribunal fijó la pena de prisión en 437.5 meses. Es evidente, entonces, la violación directa de la ley sustancial debido a la omisión del artículo 5º de la Ley 1761/15 en la premisa jurídica que debe regular el proceso de dosificación de la pena a imponer al acusado. La Corte casa parcialmente la sentencia para fijar el término de la pena de prisión en la forma solicitada por el censor, mediante la aplicación de la precitada norma que impone una reducción a la cantidad premial establecida en el art. 351: la mitad de –hasta- la mitad o, en otras palabras, un descuento máximo del 25%, restableciendo la pena de prisión en 468 meses y 22 días inicialmente impuesta en primera instancia. FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS Procesado: Julio César Córdoba Mosquera Ir a la sentencia
SENTENCIA SP4135-2019 2019 La Corte No Casa la sentencia impugnada por el defensor del procesado, proferida el 19 de diciembre de 2017 por el Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la sentencia absolutoria emitida el 16 de marzo de 2017 por el Juzgado Doce Penal Municipal de Bogotá y en su lugar condenó al procesado por el delito de violencia intrafamiliar, por las razones expuestas por el demandante. Sin embargo, Casó parcialmente y de oficio el fallo impugnado, en orden a declarar que la condena procede por el delito de violencia intrafamiliar (art. 229 del Código Penal), sin la circunstancia de agravación prevista en el inciso 2º de dicha norma. Señaló aquí la alta Colegiatura que, en el delito de feminicidio, el objeto material en sentido estricto se trata de la vida de la mujer o la persona identificada como mujer; que éste es un tipo pluri-ofensivo que busca proteger diversos bienes jurídicos, a saber: la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad. Adujo que, por su importancia para el asunto, cabía resaltar los parámetros para comprender los elementos estructurales, así como el sentido y alcance del delito de feminicidio que pueden resultar útiles para dilucidar los presupuestos de la circunstancia de agravación prevista en el inciso 2º del art. 229 del C.P., siendo ellos los siguientes: (i) además de la protección de la vida, con la consagración de este delito se pretende salvaguardar la igualdad y hacer efectiva la prohibición de discriminación; (ii) no todo acto de agresión en contra de una mujer puede catalogarse como violencia de género; y (iii) en estos casos, la investigación del contexto en el que ocurre la conducta resulta determinante para establecer si el sujeto atacó a su víctima por el hecho de ser mujer. Consideró la Sala que en el ordenamiento jurídico colombiano la aplicación de la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal está supeditada a la demostración de que la conducta constituye violencia de género, en la medida en que sea producto de la discriminación de las mujeres, del hecho de considerarlas inferiores, de su cosificación y, en general, cuando la conducta reproduce la referida pauta cultural que, con razón, pretende ser erradicada. Sostuvo que, en primer término, debe aclararse que el legislador no incluyó un elemento subjetivo específico para la concurrencia de esta circunstancia de agravación punitiva, como sí lo hizo al regular el delito de feminicidio. Sin embargo, no debe perderse de vista que el incremento punitivo allí dispuesto, considerable por demás, se justifica como mecanismo de protección de la igualdad, lo que, en este contexto, se traduce en hacer efectiva la prohibición de discriminación por la condición de mujer. Por estas razones, la Sala concluyó lo siguiente: (i) el legislador no consagró un elemento subjetivo especial para la aplicación de la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, como sí lo hizo para el delito de feminicidio; (ii) tal y como sucede con la consagración de este delito -104 A del Código Penal-, dicha causal de agravación constituye otra de las medidas orientadas a erradicar la discriminación y la violencia estructural ejercida sobre las mujeres; (iii) este incremento punitivo se justifica en la medida en que se verifique que el sujeto activo realizó la conducta en un contexto de discriminación, dominación o subyugación de la mujer, independientemente de la finalidad con la que haya actuado; (iv) de esta forma, se garantiza que el daño inherente a una pena mayor esté justificado por la protección de un determinado bien jurídico; y (v) ello se traduce en la obligación que tiene la Fiscalía de indagar por dicho contexto, no solo para establecer la viabilidad de una sanción mayor, sino, además, para verificar si se está en presencia de un caso de violencia de género, que debe ser visibilizado en orden a generar las transformaciones sociales que permitan erradicar este flagelo. PATRICIA SALAZAR CUELLAR Procesado: Javier Villate Zárate Ir a la sentencia
SENTENCIA SP1289-2021 2021 La Corte NO CASA la sentencia proferida el 06 de septiembre de 2018 por el Tribunal Superior de Mocoa JOHN EDUARDO PARDO NARVÁEZ, por el cargo formulado por el demandante. Por el contrario, CASA oficiosamente la sentencia proferida el 06 de septiembre de 2018 por el Tribunal Superior de Mocoa en contra de JOHN EDUARDO PARDO NARVÁEZ por las razones allí indicadas y declara la nulidad de lo actuado desde la audiencia de formulación de acusación, inclusive. Aborda aquí la Corte la entrada en vigencia del feminicidio como delito autónomo, como quiera que, en el caso concreto, el día 25 de junio de 2015, en vigencia de la modificación introducida por la Ley 1257 de 2008 al art. 104 del C.P., la Fiscalía formuló imputación a JOHN EDUARDO PARDO NARVÁEZ por el delito de homicidio agravado por la causal 11 del mencionado artículo. El 20 de agosto de 2015, al radicar el escrito de acusación y en su posterior verbalización en audiencia, la representante del ente acusador anunció que retiraba dicha causal de agravación por la expresa derogatoria que de ese numeral había dispuesto el art. 13 de la Ley 1761 del 06 de julio 2015. Bajo este panorama, no le era posible a la Fiscalía tipificar la conducta desplegada por PARDO NARVÁEZ en el punible de feminicidio previsto en el art. 104A del C.P., pues ese reato se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, y proceder en ese sentido violentaría el principio de legalidad, materialización del derecho fundamental del debido proceso, a través de sus dimensiones de «la reserva de ley, la irretroactividad de la ley penal, salvo favorabilidad y la tipicidad o taxatividad, mediante las cuales evita la arbitrariedad o la intromisión indebida por parte de las autoridades penales que asumen el conocimiento y juzgamiento de las conductas típicas» Sin embargo, señala el alto Tribunal, que lo que no le estaba permitido a la Fiscalía era retirar la agravante contenida en el art. 104-11 C.P., pues la intención del legislador no fue extraer del ordenamiento jurídico la protección otorgada a la mujer víctima de violencia estructural a causa del género, sino por el contrario reforzarla. La modificación en la base fáctica y de contera en la calificación jurídica para formular la acusación, efectuada con vulneración del principio de estricta tipicidad, converge con el inadecuado abordaje de un caso de violencia de género, en la medida que la Fiscalía desconoció los patrones de violencia estructural y subyugación que rodearon este caso y, con ese proceder propició una normalización de estas prácticas violatorias de derechos humanos. La inadecuada variación de la calificación jurídica en la acusación sirvió de base para que la Fiscalía y la defensa celebraran un pacto que generó una desbordada y desproporcionada rebaja de pena, con el reconocimiento de un obrar en estado de ira, que lejos está de aprestigiar a la administración de justicia y satisfacer los derechos de las víctimas. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER Procesado: Jhon Eduardo Pardo Narváez. Ir a la sentencia
SENTENCIA SP3354-2021 2021 CASÓ la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 20 de noviembre de 2018. En consecuencia, declaró la nulidad del trámite, desde la etapa probatoria de la audiencia de juicio oral, previo a los alegatos de las partes, para garantizar a JESÚS ALBERTO DE LA ROSA RICO, la oportunidad de renunciar a su derecho de guardar silencio con el fin de que el procesado pueda rendir su declaración. Conminó así mismo a los funcionarios judiciales que conocen el caso, a otorgarle prioridad al proceso, con el fin de garantizar una pronta y cumplida justicia a todas las partes e intervinientes del mismo. Ordenó finalmente a las autoridades judiciales (jueces y fiscales) y administrativas (Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Alcaldía y Gobernación de San Andrés), que desplegaran absolutamente todas las medidas de protección que consagra la ley para la especial protección que se debe brindar a la víctima, en el evento de que en algún momento le sea concedida la libertad. Sostuvo el máximo órgano de cierre de la jurisdicción penal, que en lo que atañe al enfoque de género, dicha Corporación ha abordado ese estudio en casos de violencia contra la mujer, indicando que la violencia de género es un concepto amplio que abarca una multitud de comportamientos alejados del tipo afectivo, en que predomina el sometimiento de la mujer a la voluntad del hombre. Adujo que en ese contexto, la Corte Constitucional ha identificado los siguientes deberes concretos de la administración de justicia: a) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; b) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; c) no tomar decisiones con base en estereotipos de género; d) evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; e) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; f) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; g) efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; h) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales e; i) analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres. Por su parte, esta Corporación ha entendido la importancia de aplicar el derecho a la igualdad e introducir un enfoque diferencial para disminuir situaciones de violencia frente a grupos desprotegidos y débiles, como lo ha admitido la Sala Civil de esta Corte, a efectos de «romper los patrones socio culturales de carácter machista en el ejercicio de los roles de hombre-mujer que, en principio son roles de desigualdad», propósito que tiene como presupuesto la desigualdad de la concreta relación que se juzga. Igualmente, la Sala ha dejado claro que enfatizar en los anteriores aspectos, no conlleva desconocer los derechos del acusado que componen el debido proceso; siendo que éste no es un postulado novedoso, pues sobre el mismo descansa, en buena medida, la exclusión de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, prevista en el artículo 29 de la Constitución Política pues el mismo ha sido reivindicado recientemente por esta Corporación, para concluir que la prevalencia de los derechos de los niños y los deberes de protección a cargo del Estado no pueden dar lugar a la violación de los derechos del procesado. Señaló que, en el presente asunto, y dada la declaratoria de nulidad que se advirtió, debe decirse que en el proceso se reconoció como víctima a Maybeth Patricia Ramírez Ditta, y el caso debe ser tratado como violencia de genero dadas las presuntas agresiones continuas que al parecer recibió por parte de su excompañero sentimental JESÚS ALBERTO DE LA ROSA RICO. Sin embargo, el hecho de que deba prestarse especial importancia a los aspectos que permiten analizar el caso bajo una perspectiva de género, no implica que la irregularidad denunciada y corroborada tenga que ignorarse, pues como se indicó en páginas anteriores, se impidió al acusado el ejercicio de su derecho de defensa material, desconociendo un precedente fijado por la Corte. HUGO QUINTERO BERNATE Procesado: Jesús Alberto De la Rosa Rico Ir a la sentencia
SENTENCIA SP1167-2022 2022 El máximo tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria decidió darle trámite de recurso de impugnación especial a la demanda de casación presentada por el defensor del procesado contra la sentencia del 31 de octubre de 2019 proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, mediante la cual revocó la providencia absolutoria del 13 de marzo de 2017 emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Duitama, y en su lugar condenó al procesado por primera vez como determinador del delito de feminicidio agravado en la modalidad de tentativa. El órgano Colegiado CONFIRMÓ la sentencia impugnada. Refiere aquí la alta Corporación que tanto la Corte Constitucional como ésta Sala han determinado el alcance y los componentes del delito de feminicidio, dentro de los cuales se encuentran el elemento subjetivo del tipo de causar la muerte por la condición de ser mujer, las circunstancias de los literales a) al f) que corresponden a diversos escenarios de comisión de esta conducta punible y las formas de violencia contra la mujer. Sostiene que, en primer lugar, el delito de feminicidio consiste en causar la muerte por la condición de ser mujer; expresión que introduce un elemento subjetivo del tipo, el cual se fundamenta en la motivación que debe llevar al sujeto activo a privar de la vida a una mujer. Este elemento le otorga autonomía normativa al tipo de feminicidio y permite diferenciarlo particularmente del homicidio simple causado a una mujer. Así, el homicidio simple de una mujer no requiere motivación, mientras que el feminicidio sanciona la circunstancia de haber acabado con la vida de la víctima por su propia condición de mujer. En el feminicidio, este móvil que lleva al agente a terminar con la vida de la mujer comporta no sólo una vulneración al bien jurídico de la vida, sino también la lesión a la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Con este delito el legislador reprime y pretende desestimular la muerte de las mujeres con carácter discriminatorio, entendido como un acto de sujeción y dominación. Ahora bien, este elemento subjetivo del tipo, no debe entenderse de forma restringida, simplemente como un asesinato motivado por la misoginia, esto es, por el desprecio y odio hacia todas las mujeres. Pues, matar a una mujer por aversión hacia las mujeres, es el evento más obvio de un “homicidio de una mujer por razones de género”, dado que también se comete la conducta cuando la muerte de la mujer es consecuencia de la violencia en su contra en un contexto de dominación y su causa está asociada a su instrumentalización y discriminación. En segundo lugar, el tipo penal de feminicidio contiene un elemento alternativo consistente en “o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias”, las cuales corresponden a seis escenarios descritos en los literales a) al f) del artículo 104A que acompañan la comisión de esta conducta punible. Frente a estos escenarios, la Corte Constitucional ha señalado que son elementos contextuales que contribuyen a revelar o mostrar el elemento subjetivo del tipo penal; sin embargo, aseguró que no lo pueden reemplazar ni llevan a prescindir de su existencia. Además, el elemento subjetivo no se agota en las circunstancias expresadas en ellos, puesto que éste puede ser inferido de una gran cantidad de contextos que no corresponden con los enunciados en los literales del art. 104A. En consecuencia, el delito de feminicidio se comete cuando se causa la muerte de una mujer en razón a su condición dentro de esas u otras circunstancias, de las cuales el elemento subjetivo del tipo también pueda ser inferido. Finalmente, dijo el alto Tribunal que frente a la violencia contra la mujer enunciada en el literal a) del art. 104A del Código Penal por el cual fue condenado el procesado, la Corte Constitucional ha establecido que esta violencia es un problema estructural producto de prejuicios y estereotipos de género, asociados al lugar que la mujer ha cumplido en la sociedad a través del tiempo, pues la mujer era identificada por su supuesta debilidad y dependencia y por el desempeño del rol de madre, cuidadora y ama de casa. MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Procesado: Fernando Alberto Guerra Contreras. Ir a la sentencia