Reconocimiento del Gobierno Propio y los mecanismos propios de resolución de conflictos de los pueblos étnicos en Colombia


"Las normas aquí incluidas no han sido derogadas expresamente y tampoco han sido declaradas inexequibles o nulas. Con todo, la determinación sobre la vigencia no depende solamente de este tipo de afectaciones jurídicas."

Leyes - Pueblos Indígenas

Tipo Número Año Tema Enlace
LEY 89 1890 Facultó a los Cabildos Indígenas para administrar lo relativo al gobierno económico de las parcialidades;adiconalmente, se hace referencia a la aplicación de justicia, cuando el artículo 5 señala: "Lasfaltas que cometieren los indígenas contra la moral, serán castigadas por el Gobernador delCabildo respectivo con penas correccionales que no excedan de uno o dos días de arresto". Ir a la Ley
CONSTITUCION POLITICA 1991 El art.246 de la Carta Política de 1991,reconocio el derecho a una jurisdicción propia de los pueblos indigenas para resolver conflictos al interior de sus colectividades de acuerdo con sus propios procedimientos, usos y costumbres. Ir a la Ley
LEY 21 1991 "Esta ley aprobo el Convenio 169 que señala que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, adicional a los derechos que en general han sido reconocidos a toda la población; lo cual significa que al aplicar la legislación interna, deberán tomarse en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario." Ir a la Ley
LEY 115 1994 "Por la cual se expide la Ley General de Educacion. Titulo III: modalidades de atencion educativa a poblaciones. Capitulo 3, educacion para grupos etnicos.ARTICULO 55. Definición de etnoeducación. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos". Ir a la Ley
LEY 270 1996 La ley Estatutaria de la Administración de Justicia), lreconoce en su en su artículo 12 que : "...Las autoridades de los territorios indígenas previstas en la ley ejercen sus funciones Jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito de su territorio y conforme a sus propias normas y procedimientos, los cuales no podrán ser contrarios a la Constitución y a las Leyes. Estas últimas establecerán las autoridades que ejercen el control de constitucionalidad y legalidad de los actos proferidos por las autoridades de los territorios indígenas..." Ir a la Ley
LEY 1381 2010 El objeto de esta Ley es garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas que se llamarán de aquí en adelante lenguas nativas. Se entiende por lenguas nativas las actualmente en uso habladas por los grupos étnicos del país, así: las de origen indoamericano, habladas por los pueblos indígenas, las lenguas criollas habladas por comunidades afrodescendientes y la lengua Romaní hablada por las comunidades del pueblo rom o gitano y la lengua hablada por la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  Ir a la Ley

Decretos - Pueblos Indígenas

Tipo Número Año Tema Enlace
DECRETO 1088 1993 Regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas.Regula la forma de conformación , sus estatutos. Ir al Decreto
DECRETO 1396 1996 Por medio del cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y se crea el programa especial de atención a los Pueblos Indígenas Ir al Decreto
DECRETO 1397 1996 por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas. Ir al Decreto
DECRETO 1320 1998 Reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. Ir al Decreto
DECRETO 982 1999 por el cual el Gobierno Nacional crea una Comisión para el desarrollo integral de la política indígena, se adoptan medidas para obtener los recursos necesarios. Ir al Decreto
DECRETO 4633 2011 Se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales alas víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Ir al Decreto
DECRETO 252 2020 por el cual se adiciona el Decreto 1088 de 1993 Ir al decreto


Jurisprudencia - Pueblos Indígenas

Tipo Número Año Tema Enlace
Sentencia T-007 1995 Exigibilidad a través de la tutela de las obligaciones contenidas en un convenio celebrado entre el Estado y una comunidad social, cuando su incumplimiento implica la vulneración de derechos fundamentales. Acciones contractuales y acción de tutela, COMUNIDAD WAYUU Ir a la Sentencia
Sentencia C-139 1996 "La Corte Constitucional, en su análisis sobre los elementos centrales de la jurisdicción indígena, estableció los siguientes : La posibilidad de que existan autoridades judiciales propias. La potestad de éstos para establecer normas y procedimientos propios. La sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y la Ley. La competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. " Ir a la Sentencia
Sentencia T-496 1996 Desarrollo ampliamente la noción de fuero indigena indicando En la noción de fuero indígena se conjugan dos elementos: uno de carácter personal, con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad, y uno de carácter geográfico, que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas. La solución puede variar si la acción típica es cometida por miembros de pueblos indígenas dentro de su territorio, o si un indígena, de manera individual, incurre en ella afectando a quien no es miembro de su comunidad por fuera del ámbito geográfico del resguardo. En el primer caso, en virtud de consideraciones territoriales y personales, las autoridades indígenas son las llamadas a ejercer la función jurisdiccional; pero en el segundo, el juez puede enfrentar múltiples situaciones no solucionables razonablemente mediante una regla general de territorialidad Ir a la Sentencia
Sentencia T-525 1998 Accion de tutela por presunta violacion al derecho de propiedad colectiva del resguardo, asi mismo, determinar si dicha accion era la adecuada para proteger derechos de una colectividad.DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Ir a la Sentencia
Sentencia T-652 1998 Derecho a la integridad territorial y al dominio sobre el resguardo, y su relación con el derecho fundamental a la supervivencia del pueblo indígena, asi mismo, la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y la protección que debe el Estado a la identidad e integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas. Ir a la Sentencia
Sentencia T-934 1999 Principio de diversidad etnica, quedaron expuestos los criterios necesarios para determinar la jurisdicción que ha de aplicarse a una persona perteneciente a alguna de las comunidades a las cuales les fue reconocida una jurisdicción especial. Ir a la Sentencia
Sentencia T-048 2002 El accionante demanda el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a no ser desterrado, al trabajo, buen nombre y honra los que, a su decir, fueron quebrantados por el Cabildo indígena Los Angeles-Las vegas, debido a que fue expulsado de la comunidad, a causa de graves imputaciones sin una previa investigación de los hechos y sin haberle permitido ejercer su derecho de defensa. Y en razón de que la comunidad accionada insiste en negarle su derecho a la porción de tierra, que como integrante de la misma le corresponde recibir, para ganar su sustento. Ir a la Sentencia
Sentencia T-552 2003 "Consideró que la jurisdicción indígena implica: – Un elemento humano, que consiste en la existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural. – Un elemento orgánico, esto es la existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades. – Un elemento normativo, conforme al cual la respectiva comunidad se rija por un sistema jurídico propio conformado a partir de las prácticas y usos tradicionales, tanto en materia sustantiva como procedimental. – Un ámbito geográfico, en cuanto la norma que establece la jurisdicción indígena remite al territorio, el cual, según la propia Constitución, en su artículo 329, deberá conformarse con sujeción a la ley y delimitarse por el gobierno con participación de las comunidades. – Un factor de congruencia, en la medida en que el orden jurídico tradicional de estas comunidades no puede resultar contrario a la Constitución ni a la ley" Ir a la Sentencia
Sentencia T-811 2004 Dentro de las consideraciones de la Corte, se encontro que el fuero indígena es el derecho del que gozan miembros de las comunidades indígenas, por el hecho de pertenecer a ellas, para ser juzgados por las autoridades indígenas, de acuerdo con sus normas y procedimientos, es decir por un juez diferente del que ordinariamente tiene la competencia para el efecto y cuya finalidad es el juzgamiento acorde con la organización y modo de vida la comunidad. Ir a la Sentencia
Sentencia T-921 2013 La diversidad cultural de los indígenas privados de la libertad debe protegerse independientemente de que se aplique en el caso concreto el fuero indígena, lo cual deberá ser tenido en cuenta desde la propia imposición de la medida de aseguramiento y deberá extenderse también a la condena. En este sentido, la figura constitucional del fuero indígena autoriza para que en unos casos una persona sea juzgada por la justicia ordinaria y en otros, por la indígena, pero en ningún momento permite que se desconozca la identidad cultural de una persona, quien independientemente del lugar de reclusión, debe poder conservar sus costumbres, pues de lo contrario, la resocialización occidental de los centros de reclusión operaría como un proceso de pérdida masiva de su cultura. Ir a la Sentencia
Sentencia C-463 2014 Autonomía jurisdiccional de pueblos indígenas para resolver conflictos por autoridades propias y según normas y procedimiento establecido por cada comunidad Ir a la Sentencia
Sentencia T-208 2015 Los indígenas tienen derecho a ser recluidos en espacios especiales, lo cual no quiere decir que deban ser recluidos en recintos exclusivos. Lo importante es que se encuentren ubicados en un pabellón donde se garantice en la mayor medida posible la conservación de sus usos y costumbres, y que se lleve a cabo un acompañamiento de las autoridades tradicionales de los resguardos o territorios a los que pertenecen.la facultad que tienen las autoridades indígenas para imponer penas privativas de la libertad y para definir las condiciones de modo, tiempo y lugar de su ejecución dependen de que en cada etapa se garantice la finalidad resocializadora de la pena. Ir a la Sentencia
Sentencia T-208 2019 Se explican los dos ejes de la justicia especial indigena, dada la protección constitucional de la diversidad étnica y cultural, la Corte ha explico que se analiza desde un enfoque colectuivo e individual : (a) un derecho colectivo de las comunidades indígenas, “y cuyo ejercicio corresponde a sus autoridades, para juzgar a sus miembros”, y, a su vez, (b) un derecho “individual de los miembros de los pueblos indígenas a gozar de un ‘fuero’”, en virtud del cual “se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo” Ir a la Sentencia


Corte Interaméricana - Pueblos Indígenas

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Tiu Tojín Vs. Guatemala Aborda el caso de la desaparición forzada de María Tiu Tojín y su pequeña hija, la Corte tuvo por demostrado que los familiares de las víctimas desaparecidas enfrentaron obstáculos para acceder a la justicia, en razón a su pertenencia al pueblo indígena Maya. Indica que para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y que la investigación de los hechos se realizara con la debida diligencia, sin obstáculos y sin discriminación, el Estado debía “asegurar que aquellas puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin”. Asimismo, el Estado debía garantizar, en la medida de lo posible, que las víctimas no tuvieran que hacer “esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder a los centros de administración de justicia encargados de la investigación” Ir al documento
Rosendo Cantú y otra Vs. México En este caso se aborda el tema de las denuncias de hechos de violencia sexual la corte corroboro que cuando la víctima, quien no hablaba español con fluidez, acudió a denunciar la violación sexual que padeció, no se le proveyó la asistencia de un intérprete. Ello fue calificado por la Corte como un hecho que no respetó la identidad cultural de la víctima, y no resultó adecuado “para asegurar la calidad del contenido de la declaración ni para proteger debidamente la confidencialidad de la denuncia”. Ir al documento
Medidas cautelares en el Caso de la represa de Bello Monte (Brasil) "Medida cautelar de la CIDH a favor de los Pueblos amazónicos de la Cuenca del Río Xingú, cuya superviviencia se ve en peligro por la construcción de la Represa Hidroeléctrica Belo Monte, sobre tierras donde habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario.En este fallo se insiste en la necesidad de garantizar Consulta previa, libre e informada, y culturalmente adecuada en este tipo de proyectos. " Ir al documento
Caso de los Pueblos indigenas Kuna de Madungandi y Embera de Bayano y sus miembros Vs Panama El caso se refiere a la alegada responsabilidad internacional de Panamá, relacionada con: la supuesta violación continuada del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas Kuna de Madungandí (“Kuna”) y Emberá de Bayano (“Emberá”) y sus miembros, por el incumplimiento del pago de indemnizaciones relacionadas con el despojo e inundación de sus territorios ancestrales, como consecuencia de la construcción de la Represa Hidroeléctrica del Bayano entre los años 1972 y 1976; la falta de reconocimiento, titulación y demarcación de las tierras otorgadas (con respecto al pueblo Kuna durante un largo período de tiempo y con respecto al pueblo Emberá hasta el día de hoy); adicional la supuesta falta de protección efectiva del territorio y los recursos naturales de invasión y la tala ilegal del bosque por parte de terceros y el supuesto incumplimiento de Panamá de proveer un procedimiento adecuado y efectivo para el acceso a la propiedad colectiva territorial. Ir al documento
Caso del pueblo Saramaka vs Surinam La demanda de la Comision Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte las presuntas violaciones cometidas por el Estado contra los miembros del pueblo Saramaka - una supuesta comunidad tribal que vive en la región superior del Río Surinam. La Comisión alegó que el Estado no ha adoptado medidas efectivas para reconocer su derecho al uso y goce del territorio que han ocupado y usado tradicionalmente; que el Estado ha presuntamente violado el derecho a la protección judicial en perjuicio del pueblo Saramaka al no brindarles acceso efectivo a la justicia para la protección de sus derechos fundamentales, particularmente el derecho a poseer propiedad de acuerdo con sus tradiciones comunales, y que el Estado supuestamente no ha cumplido con su deber de adoptar disposiciones de derecho interno para asegurar y respetar estos derechos de los Saramakas. Ir al documento
Caso de la comunidad Mayagna (sumo) Awas Tingni vs Nicaragua La Comisión presentó este caso con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en razón de que Nicaragua no ha demarcado las tierras comunales de la Comunidad Awas Tingni, ni ha tomado medidas efectivas que aseguren los derechos de propiedad de dicha comunidad en sus tierras ancestrales y recursos naturales, asi mismola Comisión solicitó a la Corte que declarara que el Estado debe establecer un procedimiento jurídico que permita la pronta demarcación y el reconocimiento oficial de los derechos de propiedad de la Comunidad Mayagna. Finalmente la Comisión solicitó a la Corte que condene al Estado a pagar una indemnización compensatoria equitativa por los daños materiales y morales que la Comunidad ha sufrido, y al pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el Sistema Interamericano. Ir al documento
Caso Bamaca Velasquez vs Panama La Comisión manifestó que el objeto de la demanda era que la Corte decidiera si el Estado violó, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, las siguientes normas : Derecho a la vida, Derecho al reconocimiento de la personalidad juridica, a la Integridad personal, Derecho a la libertad personal entre otros. Ir al documento
Caso de la Comunidad Moiwana vs Suriname La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 25 (Protección Judicial), 8 (Garantías Judiciales) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención, en perjuicio de determinadas personas que habitaron la aldea de Moiwana, donde están identificadas las presuntas víctimas). Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos del presente caso incurridos tanto a nivel nacional como internacional. Los soldados supuestamente masacraron a más de 40 hombres, mujeres y niños, y arrasaron la comunidad Ir al documento


Leyes - Pueblos Gitanos o Rom

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Ley 21 de 1991 Esta ley aprobo el Convenio 169 que señala que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, adicional a los derechos que en general han sido reconocidos a toda la población; lo cual significa que al aplicar la legislación interna, deberán tomarse en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Ir a la ley
Ley 812 del 2003 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Ir a la ley
ley 1151 del 2007 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Ir a la ley
Ley 1381 de 2010 Por la cual se desarrollan los artículos 7, 8, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4, 5 y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la oit sobre Pueblos Indígenas y Tribales) y se dictan normas sobre reconocimiento;fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes Ir a la ley


Decretos - Pueblos Gitanos o Rom

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Decreto 200 de 2003 Por el cual se determinan los objetivos y la estructura organica del ministerio del interior y de justicia y se dictan otras disposiciones . Art 16 Funnciones de la direccion de asuntos indigenas , minorias rom . Ir al decreto
Decreto 2957 de 2010 Expide un marco normativo para la protección integral de los derechos del grupo étnico Rom o Gitano. Las administraciones territoriales deben concertar con el grupo étnico Rom o Gitano las prioridades y metas en salud establecidas en el Plan Nacional de Salud Pública,  Ir al decreto
Decreto 4634 de 2011 Establece el marco normativo e institucional para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom, ofreciendo herramientas administrativas, judiciales y mecanismos de participación, para que el pueblo Rrom y sus miembros individualmente y colectivamente considerados sean restablecidos en sus derechos de conformidad con la dignidad humana, la Constitución Política Nacional, los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los principios internacionales a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Ir al decreto
Decreto 582 del 2011 Poel cual se adopta la politica publica distrital para el grupo etnico Rrom o Gitano en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones Ir al decreto
Decreto 1655 de 2015 Establece un marco normativo para la protección integral de los derechos del grupo étnico Rom o Gitano. Para garantizar el derecho de acceso y participación de la población Rom en el Sistema General de Seguridad Social Integral, el Ministerio de la Protección Social, en consulta con el grupo étnico Rom o Gitano, implementará las medidas administrativas y normativas necesarias. Se tiene en cuenta las condiciones de equidad e igualdad, el respeto por las características socioculturales, itinerancia y amplia movilidad geográfica de los patrigrupos familiares y Kumpañy y demás características que desarrollen el enfoque diferencial para este grupo étnico. (Artículo 2.5.2.1.1 al 2.5.2.1.21) Ir al decreto
Decreto 119 de 2020 "por el cual se adiciona una Subsección a la Sección 7 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en relación con el criterio de focalización para el acceso al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas a los hogares que pertenezcan al pueblo Rrom o Gitano en atención a su situación de vulnerabilidad." Ir al decreto


Jurisprudencia - Pueblos Gitanos o Rom

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C-370 de 2002 La Corte Constitucional menciona que las simetrías positivas frente a derechos consagrados para los pueblos indígenas pueden hacerse extensivos a otros grupos étnicos que cumplan con los siguientes requisitos: (1) que posean autoridades tradicionales reconocidas por el Estado colombiano, (2) que tengan un ámbito cultural propio donde viven sus miembros y, (3) que porten señales identitarias que los diferencien del resto de la población. Ir a la sentencia
C-395 de 2013 La Corte hace expreso el reconocimiento del pueblo romaní o gitano a nivel constitucional de grupo étnico y cultural de la Nación, y en la medida en que dicho colectivo constituye una realidad fáctica y jurídica que encuadra en la definición de pueblo tribal y, por tanto, merecedor de la misma protección constitucional y convencional (169 OIT) que el Estado brinda a las demás comunidades indígenas, negras, palenqueras y raizales, sin desconocer sus diferencias .Este Tribunal encuentro que el pueblo romaní cumple a cabalidad las exigencias para reconocer su existencia como cultura diversa en Colombia y en esa medida, en su calidad de sujeto a especial protección constitucional, adquiere y se hace merecedor, de los mismos beneficios que por la Constitución y los convenios de derechos humanos se consagran para las demás comunidades tribales, observando sus particularidades. Ir a la sentencia
C 359 del 2013 Demanda de inconstitucionalidad por omision legistativa e el que promueve el acceso de vivienda de interes social y ala vivienda de interes prioritario, configuracionor tratamientodescriminatorio en contra d ela comunidad Gitana o Rom Ir a la sentencia
C-753 del 2013 Demanda de inconstitucionalidad con el ar 19 parcial de la ley 1448 del 2011 por la cual se dicta medidas de atencion, asistencia y reparacion integral a las victimas del conflicto armado interno, y se dictan otras disposiciones Art 77 parcial del Decreto4634 del 2011por la cual se dictan medidas de asistencia, atencion, reparacion integral, restitucion de tierras a las victimas del pueblo Rom. Ir a la sentencia
T-026 de 2015 En la medida en que la comunidad Rom hace parte de los grupos étnicos cobijados por estos principios y que así se reitera en el Convenio 169 de la OIT al reconocerlo como pueblo tribal, sus instituciones –entre ellas aquellas que existen para dirimir conflictos, como lo es la KRISS– han de ser respetadas e incentivadas sin soportar discriminación alguna, y bajo la lógica de tener en cuenta sus particularidades, deberán gozar del mismo ámbito de acción que el resto de las culturas existentes en Colombia. Por lo anterior, se entiende que la KRISS está compuesta, entre otras, por autoridades tradicionales habilitadas para dirimir sus propias controversias y por la posibilidad de fijar y seguir sus normas y procedimientos para solventar sus conflictos internos (o también denominado KRISS ROMANÍ). En todo caso, como previamente se expuso, el ámbito de acción de este modo de heterocomposición se encuentra vinculado, en principio, a unos criterios de tipo subjetivo, objetivo e institucional, con miras a definir qué asuntos se someten a dicha forma de autogobierno. Ir a la sentencia


Leyes - Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

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Ley 16 de 1972 libertad de pensamiento y expresión racial Ir a la ley
Ley 22 de 1981 Aprueba la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2106 (XX) del 21 de diciembre de 1965, y abierta a la firma el 7 de marzo de 1966. Ir a la ley
Ley 21 de 1991 Esta ley aprobo el Convenio 169 que señala que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, adicional a los derechos que en general han sido reconocidos a toda la población; lo cual significa que al aplicar la legislación interna, deberán tomarse en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Ir a la ley
Ley 70 de 1993 Reconocimiento de los territorios colectivos para las comunidades negras Ir a la ley
Ley 99 de 1993 Integracion de comunidades Indigenas y Negras en la conformación, funcionamiento Y control del SINA Ir a la ley
Ley 115 de 1994 Titulo III, Capitulo 3, Educación para Grupos Etnicos Ir a la ley
Ley 467 de 1998 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminacion Racial. Adoptada en Nueva York Ir a la ley
Ley 599 de 2000 Artículo 101° Genocidio, Articulo 147° Actos de Discriminación Racial Ir a la ley
Ley 725 de 2001 conmemoración a la poblacion afrocolombiana de recuperar su memoria histórica. Ir a la ley
Artículo 6° y 7° Ley 742 de 2002 Genocidio y crimenes de Lesa humanidad, para grupos raciales Ir a la ley
Ley 1381 de 2010 Reconocimiento, proteccion y desarrollo de derechos linguisticos individuales y colectivos de los grupos etnicos con tradición lingüística propia. Ir a la ley
Ley 1407 de 2010 Aerticulo 147°, Actos de Discriminación Racial Ir a la ley
Ley 1448 de 2011 articulo205, Regulacion de derechos y garantías a las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indigenas Rrom y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ir a la ley
Ley 1482 de 2011 Penalización de actos de racismo o discriminación Ir a la ley


Decretos - Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

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Decreto 2249 de 1995 Por el cual se conforma la Comisión Pedagógica de Comunidades Negras de que trata el artículo 42 de la Ley 70 de 1993 Ir al decreto
Decreto 1332 de 1992 Creación de la Comisión Especial para comunidades Negras Ir al decreto
Decreto 804 de 1995 Atención educativa para grupos Etnicos Ir al decreto
Decreto 1627 de 1996 Créditos Educativos con ICETEX para comunidades negras de escasos recursos Ir al decreto
Decreto 1320 de 1998 Consulta previa para explotación de Recursos Naturales con comunidades indigenas y negras Ir al decreto
Decreto 2548 de 1999 Comisión de Protección de la identidad cultural del pueblo Raizal del Archipielago DE San Andrés, Providencia y Santa Catalina Ir al decreto
Decreto 1523 de 2003  Por el cual se reglamenta el procedimiento de elección del representante y suplente de las comunidades negras ante los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y se adoptan otras disposiciones Ir al decreto
Decreto 3770 de 2008 Por el cual se reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; se establecen los requisitos para el Registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas comunidades y se dictan otras disposiciones Ir al decreto


Jurispredencia - Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

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Sentencia C-169 de 2001 Participación y democracia participativa, Proyecto de Ley No. 025 de 1999, Senado de la República y 217 de 1999 Camara de Representantes. Ir a la sentencia
Sentencia C-275 de 1979 Convención Internacional sobre eliminación formas de Discriminación Racial. Ir a la sentencia
Sentencia 11001-03-24-000-2013-00128-00-2017 Derecho a la participación, Consulta Previa a Comunidades Indigenas y Afrodescendientes. Ir a la sentencia
T-572 de 2017 la Corte accede al derecho a la igualdad y a la no discriminación racial en el entorno laboral Ir a la sentencia
T-1095 de 2005 la Corte Constitucional concedió la tutela a una mujer a quien se le había negado el acceso a una discoteca por motivos raciales, y reiteró que la identidad étnica o el origen racial se entienden como “criterios sospechosos” de diferenciación. Ir a la sentencia
T-375 de 2006 La Corte protegió el derecho a la igualdad y a la educación de una aspirante a ingresar al programa de medicina de una universidad, a la que le había sido negado el ingreso por su condición de afrodescendiente. En dicha decisión, la Corte recordó que en virtud del Convenio 169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad, existe un mandato claro de promoción del acceso a la educación de los miembros de las comunidades afrodescendientes, que no puede ser negado ni obstaculizado, por parte de las autoridades encargadas de la ejecución de programas que desarrollen los propósitos educativos enunciados. Ir a la sentencia
T-586 de 2007 concedió la tutela por violación al derecho a la igualdad y a la educación de una mujer afrocolombiana que aspiraba a ser beneficiaria de un cupo para minorías étnicas en la Universidad del Tolima, pero que le fue negado con el argumento de que en la ciudad de Ibagué no existían comunidades afrocolombianas Ir a la sentencia
Sentencia C-366 de 2011 Se demanda la inconstitucionalidad por omisión de la consulta a comunidades y grupos étnicos de la ley 1382 de 2010 que modifica la ley 685 de 2001 “Código de minas” por considerarla violatoria de los artículos 2º,7º, 40 y 330 de la Constitución, al igual que el artículo 6º del Convenio 169. La comunidad indígena y afrodescendiente debe contar con espacios de participación adecuados y suficientes para evitar que el poder político del que son titulares los órganos representativo erosione su identidad como grupo diferenciado. Ir a la sentencia
Sentencia C-253 de 2013 La Corte considera que no desconoce la Constitución, el haber incluido la expresión "comunidades negras" en las normas acusadas porque: (i) el contexto en el que se emplea la citada expresión no es excluyente ni pretende invisibilizar o denigrar a los afrocolombianos, sino por el contrario regular mecanismos de integración y acciones afirmativas; (ii) se trata de una expresión que el Legislador extrae de la propia Constitución y específicamente del artículo 55 transitorio; (iii) la expresión -"comunidades negras"- ha sido apropiada por muchos movimientos y numerosas organizaciones de afrocolombianos como un concepto autodenominatorio y autoidentificatori Ir a la sentencia
Sentencia T -576 de 2014 Los derechos étnicos, como la consulta previa, no se predican de individuos, sino de sujetos colectivos. Ninguna autoridad administrativa ni judicial puede imponerles a las comunidades negras un modelo específico de institución representativa. El Ministerio del Interior deberá convocar a todas las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país, sean rurales o urbanas, y con independencia de la forma organizativa que hayan adoptado, a participar en el proceso de consulta previa en el que se definirán las pautas para la integración del espacio nacional de consulta de las decisiones legislativas y administrativas de carácter general que puedan afectarlas directamente. Ir a la sentencia
Sentencia T-800 de 2014 Se estudio el caso de violación al derecho fundamental a la consulta previa por parte de la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo al tomar medidas administrativas con respecto a la utilización de tierras habitadas por la comunidad raizal de manera ancestral. En este fallo se concedio el amparo de los derechos fundamentales de la comunidad raizal de Providencia a la consulta previa y al debido proceso y conceder la protección solicitada por estos." Ir a la sentencia