Jornada máxima cobija al teletrabajo

La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la frase “el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la jornada laboral”, contenida en el parágrafo del artículo 6° de la Ley 1221 del 2008, porque condiciona el pago de valores suplementarios a la posibilidad de verificar el cumplimiento de dicha jornada, lo cual desconoce la dignidad humana y la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales. Según la corporación, el tope de la jornada máxima semanal aplica al teletrabajo y cualquier prestación del servicio por fuera de ese término debe ser objeto de reconocimiento y pago, ya que, en la práctica, la jornada laboral siempre es verificable. En todo caso, aunque declaró exequible el numeral 1° del artículo 6° de la misma ley, aclaró que este no habilita la imposición de cargas excesivas para los teletrabajadores. Sumado a ello, precisó que el teletrabajo es una figura distinta al trabajo en casa, adoptado durante la pandemia de covid-19.

Corte Constitucional, Comunicado 14, Sentencia C-103, abr. 21/21.

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Funcionarios de UTL no pueden participar en política

Al declarar la inexequibilidad de un aparte del inciso 3° del artículo 1° de la Ley 2029 del 2020, la Corte Constitucional indicó que los funcionarios públicos que laboran en las unidades de trabajo legislativo (UTL) no pueden participar en actividades y controversias políticas. De acuerdo con la Corte, el Congreso desconoció la reserva de ley estatutaria exigida por el artículo 127 de la Constitución, para regular la participación en política de los funcionarios. Justamente, la expedición de esa norma significó una extralimitación en las potestades interpretativas del Legislativo, por tanto, solo cuando se apruebe la ley estatutaria pertinente, los empleados estatales podrán ejercer tal derecho.

Corte Constitucional, Comunicado 16, Sentencia C-127, mayo 5/21.

Inexequible atribución de vulnerables a veteranos de guerra

Mediante Sentencia C-116 del 2021, se declaró inexequible la atribución de la condición de vulnerabilidad a todos los veteranos de guerra, establecida en el artículo 3° de la Ley 1979 del 2019. De acuerdo con el comunicado de prensa del fallo, las prerrogativas y calidades de aquellas personas impiden su consideración global como vulnerables. Ahora bien, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad del literal a) del artículo 2° y del 25 de esa norma, al determinar que los beneficios conferidos a ese grupo no se extienden a los retirados de la fuerza pública cuya responsabilidad haya sido declarada frente a graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Esto constituyó una omisión legislativa relativa, pues las disposiciones acusadas no previeron un régimen de excepciones en la materia. Igualmente, declaró la inexequibilidad de la obligación de los medios de comunicación y plataformas digitales referente a rendir homenaje a los veteranos, así como la asignada al Centro de Memoria Histórica, para honrar su memoria y crear un espacio físico que resaltara sus acciones, consagradas en los artículos 6° y 9° de tal normativa, respectivamente.

Corte Constitucional, Comunicado 15, Sentencia C-116, abr. 29/21.

Exención de IVA comprende a copas menstruales

Al revisar el artículo 188 de la Ley 1819 del 2016, que, en virtud de la Sentencia C-117 del 2018 incluyó las compresas y toallas higiénicas entre los bienes exentos del impuesto a las ventas (IVA), la Corte Constitucional encontró que esa norma vulnera los principios de igualdad material y equidad tributaria. Por esto, condicionó su exequibilidad y señaló que la exención tributaria comprende también a las copas menstruales y productos similares. La decisión se adoptó, entre otras razones, porque se grava con tarifa plena del IVA (19%) solo al grupo poblacional de las mujeres, en cuanto a estos productos que buscan suplir una necesidad biológica, y, adicionalmente, establece un tratamiento discriminatorio, de modo que afecta especialmente a las de escasos recursos económicos.

Corte Constitucional, Comunicado 14, Sentencia C-102, abr. 21/21.

Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en unión marital pueden reclamar alimentos

Con el fin de brindar igualdad a las mujeres, independientemente del vínculo natural o jurídico con el cual decidieron formar una familia, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad del numeral 4° del artículo 411 del Código Civil. Así, autorizó, en la finalización de las uniones maritales de hecho, el reconocimiento del derecho de alimentos a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ultrajes o trato cruel por parte de su pareja. Para el alto tribunal, el trato diferenciado respecto al matrimonio implica un enorme vacío en la sanción de ese tipo de violencia ejercida por los compañeros permanentes.

Corte Constitucional, Comunicado 15, Sentencia C-117, abr. 29/21.

Avalan concesión de nacionalidad colombiana a hijos de venezolanos

Fue declarado exequible el régimen especial que permite a hijos de venezolanos solicitantes de refugio o en situación migratoria regular o irregular adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento, si los primeros nacieron entre el 2015 y los dos años siguientes a la expedición de la Ley 1997 del 2019, en Colombia. En opinión de la Corte Constitucional, esta normativa es idónea, necesaria, conducente y proporcional destinada a facilitar el reconocimiento de una nacionalidad, en tanto evita el riesgo de que esas personas sean consideradas apátridas, y, además, es una medida transitoria y excepcional, encaminada a superar la grave crisis humanitaria que aqueja a dicha población. Así, el alto tribunal avaló la expresión “venezolanos”, contenida en el artículo 1° de dicha ley.

Corte Constitucional, Comunicado 15, Sentencia C-119, abr. 29/21.

Anulan apartes del protocolo de bioseguridad en cárceles

En el control automático de legalidad de la Resolución 843 del 2020, dictada por el Ministerio de Salud, que adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del nuevo coronavirus en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, el Consejo de Estado declaró la nulidad de diversos apartes de esta norma. Por un lado, la frase “las personas y lugares visitados, fecha, lugar, nombre de las personas o número de personas con las que se ha tenido contacto en los últimos 10 días”, incluida en el literal c) del numeral 3.4. del anexo técnico de la disposición, porque el acceso a esta información no tiene relación con el control epidemiológico y es excesivo respecto al derecho a la intimidad. También el literal c) del numeral 5.1. de dicho anexo, que autoriza el aislamiento de pacientes sospechosos de covid-19 junto con los que presentan infecciones respiratorias no diagnosticadas, por cuanto desconoce el deber de cuidado y garante de derechos a cargo del Estado colombiano frente a los privados de la libertad. De otra parte, la corporación condicionó la legalidad del numeral 3.7, relativo al “manejo de medidas sanitarias para las visitas a la PPL”, en el entendido que la restricción no puede entenderse como la eliminación o prohibición indefinida de visitas y ella no cobija a abogados, servidores públicos, ni colaboradores externos, quienes deben cumplir con las medidas de bioseguridad exigidas.

Consejo de Estado, Sentencia 11001031500020200234800, feb. 17/21.

Trabajo en casa ya es ley

Acaba de ser sancionada la Ley 2088 del 12 de mayo, que regula el trabajo en casa. Este es definido por la norma como la “habilitación al servidor público o trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral, o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones”. Es importante recalcar que la desconexión laboral beneficia a quienes trabajen en casa, es decir, estos tienen derecho a disfrutar de tiempos de descanso, permisos, vacaciones, feriados y licencias, mientras que del empleador debe abstenerse de dictar órdenes o realizar requerimientos fuera de la jornada, la cual se rige por el Código Sustantivo del trabajo y los reglamentos correspondientes. Además, los funcionarios públicos y trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos y reciban auxilio de transporte obtendrán este pago a título de conectividad digital. El Gobierno quedó encargado de determinar los instrumentos de habilitación de dicha modalidad a favor de los servidores públicos.

Ley 2088, mayo 12/21.

Reforman priorización en plan de vacunación contra covid-19

El Decreto 466 del pasado 8 de mayo modificó la segunda, tercera, cuarta y quinta etapa del plan de vacunación contra la covid-19 e incluyó, respectivamente, a personas entre 40 y 49 y 50 y 59 años; población con síndrome de Down, trastornos mentales y otras enfermedades, máximas autoridades sanitarias a nivel nacional, departamental, municipal y distrital; y el personal de las comisarías de familia y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de Migración Colombia, entre otros grupos.

Últimos cambios en materia de renta e IVA

El 3 de mayo pasado, fueron expedidos los Decreto 455 y 456, que reformaron algunas disposiciones del Estatuto Tributario. El primero de ellos, en el caso de la determinación del impuesto sobre la renta por el 2021, reglamentó lo referente al rendimiento mínimo anual de los préstamos otorgados entre sociedades y sus socios o accionistas, y, además, los componentes inflacionarios de los rendimientos financieros percibidos en el 2020 por personas naturales y sucesiones ilíquidas, no obligadas a llevar libros de contabilidad, al igual que los de los distribuidos por fondos de inversión, mutuos de inversión y de valores. Por otra parte, el Decreto 456 precisó las definiciones generales de servicios relacionados con la producción de obras de cine, televisión y audiovisuales de cualquier género, exentos del impuesto a las ventas (IVA), con derecho a devolución bimestral.

Ejecutivo modifica reglas sobre APP

La regulación aplicable a las asociaciones público privadas (APP) fue modificada por el Decreto 438 del pasado 28 de abril. Entre los cambios, se destacan los relativos al derecho a retribuciones en proyectos con unidades funcionales; desembolso de recursos públicos; valor del contrato en proyectos de iniciativa pública; condiciones de presentación de iniciativas privadas; etapa de prefactibilidad y factibilidad, y el Registro Único de APP. De ese modo, fue reformado el Decreto 1082 del 2015.

Presidencia explica criterios de constatación normativa del Acuerdo de Paz

Atendiendo el Decreto 1995 del 2016, la Circular presidencial 03 del 2021 explicó los criterios que los entes responsables deben considerar, para definir si la materia de un proyecto de decreto, ley o acto legislativo está vinculada directamente con los contenidos del Acuerdo Final de Paz, esto es, cuando existe conexidad objetiva, estricta y suficiente, bajo los parámetros de las sentencias C-699 del 2016 y C-160 del 2017. Sin embargo, se precisó que ese trámite de constatación no reemplaza lo dispuesto en la Directiva Presidencial 06 del 2018, referente a los plazos mínimos de radicación de los proyectos normativos ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Circular 03, abr. 13/21.

Oficinas jurídicas de entidades deben actualizar los DUR

Para fomentar el principio de seguridad jurídica, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República reiteró a las áreas jurídicas de los ministerios y departamentos administrativos el deber de mantener debidamente actualizados los decretos únicos reglamentarios (DUR) correspondientes a cada sector del Ejecutivo. En ese sentido, la Circular 02 del 2021 fijó las reglas pertinentes, de forma que los ciudadanos puedan consultar dichas normas fácilmente.

Circular 02, abr. 13/21.

 

Estas son las últimas demandas admitidas de inconstitucionalidad

Hace poco, se admitieron varias demandas de inconstitucionalidad contra normas referentes a diversas temáticas de interés nacional. Entre ellas, la imprescriptibilidad de la acción penal ante delitos sexuales contra menores (art. 1°, L. 2081/21); trámite administrativo de restablecimiento de derechos de niños y adolescentes (arts. 100 y 108, L. 1098/06); saneamiento de propiedad sobre predios ocupados por asentamientos humanos ilegales (arts. 1°, 8 y otros, L. 2044/20); reparación de perjuicios causados a un grupo (arts. 145 y 164, L. 1437/11); control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal (arts. 23 y 45, L. 2080/21); contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico (art. 130, L. 1955/19), y faltas leves en la jurisdicción penal militar (art. 78, L. 1862/17).

Corte Constitucional. Demandas D-14186, D-14189, D-14197, D-14206, D-14208, D-14216 y D-14230.

 
 

1° al 23 de junio: plazo para participar en depuración de DUR Agropecuario, Pesquero y Desarrollo rural, Planeación Nacional y Función Pública, en SUCOP

 
 
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