Edición

No. 012 - 2021

Nueva Ley de Vivienda y Hábitat

Con la reciente sanción de la Ley 2079, se adoptó la nueva política pública de vivienda y hábitat. Uno de sus objetivos es disminuir el déficit habitacional en Colombia, mediante el aumento de subsidios, financiamiento a la demanda y promoción de la oferta y el suelo urbanizable. Algunos de los beneficiados con la disposición serán los docentes y directivos del sector oficial, quienes podrán cobijarse con la reducción en la tasa de interés del crédito, la flexibilización de los requisitos de la solicitud del mismo o subsidios familiares. En materia rural, tiene en cuenta las zonas de difícil acceso, de manera que se contempla el incremento de los montos de subsidio de inmueble nuevo, construcción en sitio propio, reforzamiento estructural y mejoramiento. La normativa también prevé estrategias de acceso a la vivienda para población joven, y beneficios diferenciales a favor de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. El Ejecutivo deberá reglamentar la norma en el plazo de un año.

Ley 2079, ene. 14/21

Lista regulación del emprendimiento y reactivación del sector cultura

Para impulsar el crecimiento y consolidación empresarial en Colombia, se dictó la denominada Ley de Emprendimiento (L. 2069/20). Esta pretende fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), a partir de la creación de tarifas diferenciadas del Invima y el impuesto de registro; simplificación de trámites; facilidades de acceso al mercado de compras públicas, la consecución de recursos, e instrumentos financieros, y la vinculación del sistema educativo en la materia. De hecho, la ley presenta un enfoque regional en su aplicación, de forma que se adecúe a las características y necesidades socioeconómicas de los territorios. Por otro lado, a través de la Ley 2070 de 2020, se procura reactivar y fortalecer el sector cultura y la economía creativa del país. Con esta disposición, se crea el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad, cuya finalidad es viabilizar técnica y financieramente los proyectos que se presenten en estas materias, con recursos del Presupuesto General de la Nación, entidades territoriales, donaciones, transferencias y auxilios, entre otros. Adicionalmente, se conforma un banco de iniciativas financiables y se establece el Registro Único Nacional de Agentes Culturales, como instrumento de inscripción, caracterización y actualización de la información de los gestores y creadores, para la ejecución de la política pública respectiva.

Leyes 2069 y 2070, dic. 31/20.

Legislativo adopta incentivos tributarios para reactivar turismo nacional

Fue sancionada la Ley 2068, que busca la reactivación económica del turismo, tras la afectación causada por la covid-19. Para tal fin, se establecen diversas medidas, como la reducción del IVA al 5% en los tiquetes aéreos, hasta el 31 de diciembre del 2022; la exención de ese mismo tributo para servicios de hotelería y turismo, durante el 2021; la disminución transitoria, al 0%, del impuesto al consumo; la ampliación de la tarifa especial del 9% en renta a la construcción de hoteles y parques temáticos y la remodelación de estos, y la destinación de lo recaudado por el impuesto al turismo a favor del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Vale la pena destacar que la norma incluye el principio de accesibilidad universal, encaminado a facilitar el disfrute de las actividades turísticas por todas las personas.

Ley 2068, dic. 31/20.

Ley de Víctimas rige hasta el 2031

La Ley de Víctimas (L. 1448/11) y sus decretos reglamentarios 4633, 4634 y 4635 acaban de ser prorrogados hasta el 10 de junio y 9 de diciembre del 2031, respectivamente, tal como lo dispuso la Ley 2078 del 8 de enero. Ahora bien, mediante el Decreto 1710, el Ministerio de Salud adoptó el mecanismo articulador del abordaje integral de las violencias contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, estrategia de coordinación interinstitucional para su atención, protección y acceso a la justicia, que incluye lineamientos de prevención, rutas respecto a grupos étnicos y el Sistema Integrado de Información de Violencias por Razones de Sexo y Género. Por otra parte, a través del Decreto 1818, el Ministerio del Interior fijó una nueva estrategia de lucha contra la trata de personas, la cual abarca acciones articuladas de prevención, asistencia y protección a las víctimas, de modo que se deroga el Decreto 1036 del 2016. Y, finalmente, en el Decreto 1824, el Ministerio de Agricultura determinó el procedimiento de clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano de los resguardos indígenas, previsto en el artículo 85 de la Ley 160 de 1994, pues ante la inexistencia de regulación, era necesario señalar las formalidades y diligencias a adelantar por parte de la autoridad competente, para resolver estos asuntos bajo el debido proceso y el respeto por la propiedad. En esta norma, se señalan las etapas procesales respectivas, se prevé la legitimación de las autoridades indígenas tradicionales para formular la solicitud y se reconoce el principio de libertad probatoria, donde la carga de la prueba frente a la acreditación del título reside en la comunidad solicitante.

Decretos 1710, 1818 y 1824 y Ley 2078, dic. 19 y 31/20 y ene. 8/21.

Conozca el calendario tributario y tarifas del registro mercantil del 2021

Mediante el Decreto 1680, se determinó el plazo de presentación de las declaraciones tributarias de este nuevo año y el pago de los impuestos sobre la renta, las ventas, al consumo, a la gasolina y al ACPM, y al patrimonio, el gravamen a los movimientos financieros, y la retención en la fuente, entre otras obligaciones. Entretanto, de acuerdo con el artículo 129 de la Ley 2063 del 2020, el Decreto 1756 señaló las tarifas especiales de los servicios de registro mercantil que regirán, aplicables a la renovación, cancelación y mutaciones de la matrícula; inscripción de actos, libros y documentos, y expedición de certificados. Este beneficio económico está dirigido a las Mipymes de todos los sectores, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos.

Decretos 1680 y 1756, dic. 17 y 23/20.

Esta es la reglamentación del pago en plazos justos

Una de las últimas normas expedidas en el sector comercio es el Decreto 1733, reglamentario de la Ley 2024 del 2020, sobre el pago de las obligaciones en plazos justos. La normativa aplica a los pagos en dinero de operaciones mercantiles, aunque define varias exclusiones, como los títulos valores, salvo las facturas de venta, y las indemnizaciones de daños. También determina que el cómputo del término para pagar iniciará con la entrega de las mercancías o la prestación efectiva del servicio, cuando la factura no sea recibida o no se requiera su expedición, y en plazos de 60 y 45 días calendario, en otros eventos. Sumado a ello, se precisa la procedencia de la indemnización por costos de cobro, y se prevé un reconocimiento a las empresas que atiendan las deudas en lapsos menores a los contemplados en la ley.

Decreto 1733, dic. 22/20.

Gobierno expide protocolo sobre el uso de la fuerza en protestas

Dando cumplimiento a la Sentencia STC7641-2020, proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, se expidió el Decreto 3 del 5 de enero, que contiene el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica. En él, se consagran directrices para la actuación de las autoridades de policía, en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público, en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas.

Decreto 3, ene. 5/21.

Decreto único reglamentario de regalías garantiza seguridad jurídica

Teniendo en cuenta la Ley 2056 del 2020, el Departamento Nacional de Planeación expidió el decreto único reglamentario del Sistema General de Regalías, el cual compila y racionaliza las normas de carácter reglamentario en la materia. De esta forma, el Ejecutivo cuenta con un instrumento jurídico único que garantiza el principio de seguridad jurídica. A su vez, con fines de simplificación y racionalización del ordenamiento interno y atendiendo los cambios tecnológicos, el Ministerio de Comercio expidió el Decreto 1794, que regula la aplicación de derechos antidumping, para evitar daños a la producción de los bienes nacionales. Así, el Decreto 1750 del 2015 quedó derogado. Por su parte, el Decreto 1745 del 2020 actualizó el Decreto 2555 del 2010, normativa aplicable en los ámbitos financiero, asegurador y del mercado de valores, de forma que este último atienda la evolución de los mercados y presente un contenido claro y de fácil comprensión.

Decretos 1745, 1794 y 1821, dic. 22, 30 y 31/20.

Minjusticia reactiva concursos para empleos públicos

Gracias al Decreto 1754, el Ministerio de Justicia permitió reactivar las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los procesos de selección destinados a proveer los empleos de carrera de los regímenes general, especial y específico, en el marco de la emergencia sanitaria, y bajo la aplicación de los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud. Se recalca que tales actuaciones fueron aplazadas por las restricciones adoptadas con ocasión de la pandemia.

Decreto 1754, dic. 22/20.

Facilitan uso de emergencia de medicamentos contra covid-19

El Ministerio de Salud fijó el trámite de la autorización sanitaria de uso de emergencia para medicamentos de síntesis química y biológicos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de la covid-19. Esto permite el uso temporal y condicionado de ese tipo de medicamentos que aún no cuentan con toda la información requerida para la obtención del registro sanitario, bajo una serie de reglas que protejan el derecho fundamental a la salud de los residentes en el país. A propósito, el Decreto 39 del 14 de enero extendió el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable hasta el próximo 28 de febrero. En cuanto al otorgamiento de subsidios en la crisis sanitaria, en el Decreto 1690, se armoniza la normativa que regula la ejecución de los programas Ingreso Solidario y de Protección Social al Adulto Mayor, junto con el esquema de compensación del impuesto sobre las ventas a favor de la población más vulnerable. El principal objetivo de la disposición es garantizar la efectiva y eficaz administración de dichos programas y los recursos a transferir a sus beneficiarios en situación de pobreza.

Decretos 1690, 1787 y 39, dic. 17 y 29/20 y ene. 14/21.

Corte Suprema reitera diferencia entre noviazgo y unión marital de hecho

A juicio de la Corte Suprema de Justicia, para constatar la existencia de la unión marital de hecho no basta con afirmar que existió comunidad de vida, pues esta se debe probar, a través de datos concretos, como la participación en celebraciones y proyectos en común. Al respecto, la corporación reiteró que, según la Ley 54 de 1990, dicha modalidad de unión se caracteriza por la solidaridad entre los consortes y la existencia de una comunidad de vida. Entonces, el noviazgo no se convierte en la cohabitación permanente, elemento de idoneidad de la familia de hecho, recalcó la providencia.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC5040-2020 (05001311001220100038601), dic. 14/20.

Testimonios prueban inasistencia alimentaria

Al resolver la impugnación de un fallo que condenó a una persona por la comisión del delito de inasistencia alimentaria, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia afirmó que la materialidad de ese ilícito, especialmente la falta de justa causa en el incumplimiento de la obligación filial, puede comprobarse a través de testimonios. El alto tribunal recordó que, en el sistema procesal penal de la Ley 906 del 2004, rige la sana crítica en la apreciación de las pruebas practicadas en juicio, porque, en virtud del principio de libertad probatoria, los hechos del caso se pueden acreditar por cualquiera de los medios establecidos.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia SP4093-2020 (58051), oct. 21/20.

Corte Constitucional admite primeras demandas en 2021

Durante el inicio del 2021, la Corte Constitucional ha admitido demandas de inconstitucionalidad dirigidas contra los artículos 406 y 409 de la Ley 1564 del 2012, relativos al proceso divisorio; 37A de la Ley 712 del 2001, sobre la medida cautelar en el procedimiento ordinario laboral, y 106 de la Ley 599 del 2000, que tipifica el homicidio por piedad.

Corte Constitucional. Demandas D-13828, D-14040 y D-14043.

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