Edición

No. 008 - 2020

Esta son las nuevas directrices de técnica normativa

Precisar las reglas de publicidad y participación ciudadana aplicables a los proyectos específicos de regulación elaborados por las entidades públicas regidas por las directrices generales de técnica normativa, contenidas en el Decreto 1081 del 2015, es el objetivo principal del Decreto 1273 del 18 de septiembre. La norma señala que los proyectos de decreto y resolución proyectados para la firma del presidente de la República se deben remitir a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, junto con la respectiva memoria justificativa. Sumado a ello, se prevé la obligación de publicar tales proyectos durante 15 días, para que los ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa, con opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. De otro lado, a más tardar el 31 de octubre de cada año, los ministerios y departamentos administrativos deben publicar, en su página web, el proyecto de agenda regulatoria para el año siguiente.

Decreto 1273, sep. 18/20.

Minjusticia regula firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada

Para garantizar la seguridad de la información, el Decreto 1287 reguló la firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada de actos, providencias, decisiones y demás documentos. Esta normativa también obedece a la necesidad de priorizar el trabajo en casa de las entidades públicas durante la emergencia sanitaria, y asegurar, en todo momento, la prestación de los servicios a su cargo. La documentación firmada de dicha forma deberá ser comunicada, a través de correo y sedes electrónicas y ventanillas únicas, entre otros medios digitales. Así mismo, deben aplicarse los procedimientos indicados por el Archivo General de la Nación en la organización, conservación e incorporación al expediente respectivo de los documentos de archivo producidos, clasificados según la tabla de retención documental correspondiente.

Decreto 1287, sep. 24/20.

Gobierno implementa subsidio para comprar vivienda nueva no VIS

Con el fin de incentivar el desarrollo del sector de la construcción y facilitar la compra de vivienda urbana nueva, se expidió el Decreto 1233 del 2020, que modifica el Decreto 1068 del 2015, en lo relacionado con la cobertura del programa FRECH NO VIS. La cobertura equivaldrá a máximo 42 salarios mínimos, al momento del desembolso del crédito de vivienda o de inicio del contrato de leasing habitacional, respecto a viviendas cuyo costo no supere los 500 salarios mínimos. Esos dineros se destinarán a cubrir el valor mensual de los intereses causados sobre el saldo del capital vigente no vencido y se abonará al componente de intereses corrientes de las primeras 84 cuotas o cánones mensuales.

Decreto 1233, sep. 14/20.

Colombia aprueba Convención sobre protección de derechos humanos de personas mayores

La Ley 2055 del pasado 10 de septiembre aprobó un nuevo instrumento interamericano dirigido a la promoción, protección y el pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. Este convenio pretende contribuir a la plena inclusión, integración y participación igualitaria de las personas mayores en la sociedad. Según la normativa, los Estados parte están obligados a prevenir, sancionar y erradicar prácticas que afectan especialmente a esta población, como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, negación de nutrición, infantilización y tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados. Otra exigencia es el fortalecimiento de las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

Ley 2055, sep. 10/20.

Modifican normas de estructuración de POT

A través del Decreto 1232 del 14 septiembre, se reguló el contenido de los planes de ordenamiento territorial (POT) y el procedimiento para su adopción o reforma. Con esta norma, el Ministerio de Vivienda pretende aclarar las definiciones en la materia, estructurar las etapas de construcción de esos planes y fortalecer la participación ciudadana en la elaboración de los mismos.

Decreto 1232, sep. 14/20.

Reglamentan traslado de aportes al fondo de contingencias judiciales

El Decreto 1266 del 2020 reglamenta el proceso que deberán efectuar las entidades estatales que constituyan una sección del Presupuesto General de la Nación en la valoración de sus contingencias judiciales, frente a todos los procesos judiciales que se adelanten en su contra, cuya notificación del auto admisorio se haya realizado desde el 1° de enero del 2019. Con base a la estimación del pasivo contingente judicial, las entidades deberán hacer un plan de aportes anuales al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. El desembolso de los recursos de este fondo requiere que la entidad remita la resolución ejecutoriada que reconoce la suma de dinero declarada en la sentencia judicial o en el auto que apruebe la conciliación judicial y los intereses a pagar, cuando corresponda, junto con la documentación que respalde la solicitud.

Decreto 1266, sep. 17/20.

Nueva línea de Findeter para prevenir deserción en educación superior

Mediante una línea de redescuento en pesos con tasa compensada, desarrollada por Findeter, las instituciones de educación superior, públicas o privadas, que ofrezcan planes de incentivos, becas o descuentos a las matrículas podrán financiar total o parcialmente los rubros de estas operaciones, con el fin de prevenir la deserción de estudiantes durante la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19. El Decreto 1280 establece que la aprobación de las operaciones de redescuento se podrá otorgar por un monto de 200.000 millones de pesos, hasta el 30 de junio del 2021.

Decreto 1280, sep. 23/20.

Ejecutivo crea instancia de asesoría sobre vacunas contra COVID-19

El Gobierno creó la Instancia de Coordinación y Asesoría, que hará parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a la cual le corresponde analizar y recomendar estrategias encaminadas a acceder a vacunas seguras y eficaces contra el nuevo coronavirus y la COVID-19, para superar la emergencia sanitaria generada por la pandemia, atendiendo los principios de disponibilidad, universalidad, equidad, solidaridad y oportunidad del derecho fundamental a la salud. Así lo indicó el Decreto 1258 del pasado 15 de septiembre. Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado afirmó que los recursos del FOME sí pueden destinarse a financiar la investigación de dicha vacuna y al pago del anticipo solicitado por las farmacéuticas para garantizar la distribución oportuna de la misma.

Decreto 1258, sep. 15/20.

Ley ordena creación de centros de bienestar animal

Debido a la tenencia irresponsable de los animales domésticos de compañía, se sancionó la Ley 2054, que introduce modificaciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y genera nuevas obligaciones aplicables a municipios y distritos, de forma que estos financien, según sus capacidades, centros de bienestar animal y albergues para fauna, y promuevan los programas de adopción y esterilización. De igual modo, exige la inclusión en los POT de un área destinada a la construcción estos centros, los cuales deberán contar con asistencia veterinaria. Mientras estos lugares se constituyen, los entes territoriales deben apoyar las labores de los refugios o fundaciones de carácter privado, a través de aportes directos en especie. Finalmente, se reemplaza en la legislación nacional la expresión “perro o razas potencialmente peligrosas” por “perro o razas de manejo especial”.

Ley 2054, sep. 03/20.

Exequible decreto que implementa uso de tecnologías en actuaciones judiciales

A juicio de la Corte Constitucional, el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio 2020 se encuentra ajustado a la Carta Política. Esta norma determinó, con carácter transitorio, el uso prioritario de las tecnologías de la información y las comunicaciones en procesos judiciales, actuaciones adelantadas por autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, y procesos arbitrales, específicamente en la presentación de demandas, anexos y excepciones, realización de traslados, comunicaciones, notificaciones, emplazamientos y audiencias; la eliminación de la exigencia de formalidades presenciales en documentos, como presentaciones personales, autenticaciones adicionales o presentación en medios físicos; reglas específicas aplicables a las jurisdicciones administrativa, civil y laboral, y la posibilidad de que quienes requieran adelantar diligencias, pero carezcan de acceso a internet, lo hagan en las sedes de ciertas entidades públicas.

Corte Constitucional, Noticia, Expediente RE-333, sep. 24/20.

Constitucional autorización a entes territoriales para adecuar centros transitorios de detención

Se declaró exequible el Decreto Legislativo 804, que permitió la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención, a cargo de los entes territoriales, en el marco de estado de emergencia. En opinión de la Corte Constitucional, evitar la propagación del coronavirus y su enfermedad COVID-19 y garantizar condiciones mínimas de salud a las personas privadas de la libertad en tales lugares exige contar con espacios que faciliten el distanciamiento social mínimo. En ese sentido, la corporación explicó que la normativa aplicable a los trámites y permisos de licencias urbanísticas correspondientes contemplan términos muy extensos que agravan la situación de dicha población en la coyuntura.

Corte Constitucional, Comunicado 38, Sentencia C-395, sep. 09/20.

Inhabilidad para condenados por delitos sexuales contra menores se limita a duración de pena accesoria

En el marco de la revisión de la Ley 1918 del 2018, sobre el régimen relativo a la inhabilidad para desempeñar cargos, oficios o profesiones relacionados directa y habitualmente con menores, imponible a los condenados por delitos sexuales cometidos contra aquellos, y la cual crea el registro de las mismas, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad del artículo 1°, al precisar que tal inhabilidad queda limitada a la duración de la pena accesoria que establezca el Código Penal. Sumado a ello, declaró inexequible el artículo 2° de la norma, que asignaba al ICBF la obligación de delimitar tales cargos, oficios o profesiones, al aclarar que esta facultad corresponde a las competencias de Congreso de la República.

Corte Constitucional, Boletín 143, sep. 16/20.

Visto bueno a régimen excepcional de insolvencia empresarial

Como ajustado a derecho fue considerado el Decreto Legislativo 772, el cual reguló el acceso y trámite expedito de los procedimientos de insolvencia, y creó un proceso de reorganización abreviada y otro de liquidación judicial simplificado a favor de deudores con activos hasta de 5.000 salarios mínimos. Sin embargo, la Corte condicionó la exequibilidad del parágrafo 1° del artículo 3°, para garantizar que todos los sujetos del concurso tengan facilidades tecnológicas y el apoyo de la secretaría del despacho en el diligenciamiento y radicación de la solicitud. Por otra parte, estableció la inexequibilidad de algunas expresiones del artículo 7°, y de los parágrafos 3° de los artículos 11 y 12. El primero de ellos se refería a la figura del interventor, mientras que las otras dos disposiciones permitían al Gobierno modificar el monto de los activos, con el fin de acceder a la reorganización abreviada y liquidación judicial voluntaria. Por último, se declaró inexequible el artículo 13, que regulaba el pago de los honorarios del liquidador en el proceso de liquidación judicial simplificado, decisión que conduce a aplicar la Ley 1116 del 2006 y su reglamentación.

Corte Constitucional, Comunicado 37, Sentencia C-378, sep. 02/20.

Corte extiende beneficio tributario sobre renta a sujetos no contribuyentes del IVA

Al estudiar el artículo 83 de la Ley 1943 del 2018 y el 95 de la Ley 2010 del 2019, los cuales permiten que el IVA pagado por la adquisición, construcción, formación e importación de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización, sea descontado del impuesto sobre la renta, la Corte determinó que las modificaciones introducidas por tales disposiciones son compatibles con la Carta Política. No obstante, el alto tribunal decidió que ese beneficio tributario también debe extenderse a aquellos sujetos que no son responsables del IVA, pues ambos grupos se encuentran en la misma situación frente al objeto particular de la norma.

Corte Constitucional, Comunicado 37, Sentencia C-379, sep. 02/20.

Denuncia de mujer víctima de violencia de género puede constituir prueba de referencia

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que la mujer víctima de violencia de género tiene derecho a no declarar en el proceso judicial. Sin embargo, si se establece que aquella no ejerce tal derecho libremente, sino debido al sometimiento derivado de la violencia sexual, física, sicológica o económica, sus declaraciones anteriores, incluida la denuncia, pueden ser incorporadas en el juicio oral, como pruebas de referencia. En el caso estudiado, se corroboró que la víctima de violencia y agresión sexual ejecutada por su compañero no lograba separarse de este, porque era el proveedor económico de su familia, temor que coartaba la capacidad de decisión de la mujer. En efecto, los testigos evidenciaron un patrón sistemático de maltrato y subyugación en la relación con el procesado, imposible de escindir de la violencia sexual e intrafamiliar. De otro lado, el fallo reiteró que existencia de una relación afectiva y la convivencia que la víctima mantiene con el agresor no pueden sustentar un consentimiento presunto en materia de relaciones sexuales.

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP3274-2020 (50587), sep. 02/20.

Avalan más disposiciones tributarias y financieras en la emergencia

El máximo tribunal constitucional declaró la exequibilidad del Decreto Legislativo 668, que facilitó el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el marco de la emergencia, y el Decreto Legislativo 800, relacionado con el flujo de recursos al Sistema General de Seguridad Social en Salud y la necesidad de mantener la afiliación a quienes han perdido la capacidad de pago, norma que regirá durante la emergencia sanitaria o el término de vigencia que señale el Congreso. En la misma línea, se avalaron las disposiciones referentes al sector juegos de suerte y azar, emitidas en el Decreto Legislativo 808, frente al cual se aclaró que la exclusión del IVA contemplada solo aplicará hasta el 31 de diciembre del 2021. También se determinó la constitucionalidad del Decreto Legislativo 812, en donde se creó el Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias Monetarias. En cuanto al Decreto Legislativo 807, se declararon inexequibles los artículos 1° y 2°, y un aparte del artículo 9°, al no superar el juicio de finalidad y cesar la vigencia del procedimiento abreviado de devolución o compensación de saldos a favor de los responsables del impuesto sobre la renta e IVA.

Corte Constitucional, Comunicados 37 y 38, Sentencias C-380, C-381, C-382, C-383 y C-394, sep. 02, 03 y 09/20.

Creación de patrimonio autónomo para fortalecimiento empresarial de mujeres respeta la Carta Política

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Decreto Legislativo 810, donde se creó el patrimonio autónomo destinado al emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres. Según la corporación, la norma tiene en cuenta los impactos de la pandemia de COVID-19 en las mujeres, pues estas sienten, con mayor rigor, las consecuencias de las cuarentenas, especialmente el cierre de empresas y la suspensión de actividades en sectores económicos con altos riesgos, sumadas a las brechas sociales que impiden la igualdad real y efectiva, hechos que justifican la expedición de la disposición en la emergencia sanitaria.

Corte Constitucional, Comunicado 38, Sentencia C-396, sep. 09/20.

Niegan suspensión provisional de decreto sobre proyectos piloto de ‘fraking’

El pasado 4 de septiembre, la Sección Tercera del Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional del Decreto 328 del 2020, el cual establece parámetros para adelantar proyectos piloto de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales, mediante fracturamiento hidráulico fracking. La corporación aseveró que, en esta etapa procesal, no se encontró oposición directa entre el acto acusado y las normas superiores invocadas que justificara la aplicación de una cautela, en aplicación del principio de precaución. Respecto a la presunta vulneración de la consulta previa, sostuvo que aún no es posible concluir el desconocimiento de este derecho fundamental.

Consejo de Estado, Auto 11001032600020200004200 (65992), sep. 04/20.

Conozca las demandas recién admitidas en la Corte

En las últimas semanas, la Corte Constitucional admitió las demandas interpuestas contra diversas normas, entre ellas, el Código General del Proceso; frente a la disposición que impide recurrir el auto que inadmite la demanda de casación, y la restitución de inmueble arrendado; Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, respecto a la prohibición de realizar necesidades fisiológicas en el espacio público; Código Penal, sobre la tipificación del delito de aborto; Código Nacional de Tránsito, referente a los beneficios de pronto pago de las multas derivadas de la comisión de infracciones; Ley 1221 del 2008, acerca de las garantías laborales de los teletrabajadores, y Decreto 2106 del 2019, sobre los requisitos únicos de concesión del permiso o licencia ambiental.

Corte Constitucional, Demandas D-13849, D-13850, D-13856, D-13859, D-13866, D-13867, D-13796 y D-13831.

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