Edición

No. 006 - 2020

Promulgan prisión perpetua revisable

Mediante el Acto Legislativo 1 del pasado 22 de julio, se modificó el artículo 34 de la Constitución, y así, se implantó la cadena perpetua excepcional, si un menor de edad es víctima de homicidio doloso, acceso carnal violento o sea puesto en incapacidad de resistir o es incapaz de resistir, pena que podrá ser revisada en un plazo mínimo de 25 años, con el fin de evaluar la resocialización del condenado. La reforma le asignó al Ejecutivo el término de un año, para que radique el proyecto de ley reglamentario de la materia. En el mismo lapso, se deberá formular la política pública integral de protección de niños y adolescentes, fundamentada, principalmente, en alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento sicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena, cuando los derechos de aquellos sean vulnerados.

Acto Legislativo 1, jul. 22/20.

Vía libre a región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca

Al modificar el artículo 325 de la Carta Política, en el Acto Legislativo 2 del 2020, el Congreso creó la región metropolitana Bogotá – Cundinamarca, como entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial. A través de esta figura, se pretende garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo. En ese contexto, el Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios de este departamento podrán asociarse a tal región, cuando compartan dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas.

Acto Legislativo 2, jul. 22/20.

Impulsan inserción laboral de jóvenes y adultos mayores

El Gobierno sancionó una serie de leyes que favorecen la inserción laboral de jóvenes y adultos mayores sin pensión. En primer lugar, la Ley 2039 estipuló que las prácticas, monitorías y participación en grupos de investigación debidamente certificados, entre otros, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre que su contenido se relacione con el programa cursado. Adicionalmente, en los concursos públicos de mérito, se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la misma línea, la Ley 2043 reconoce como experiencia profesional o relacionada, de manera obligatoria, las prácticas realizadas en el sector público o privado, como opción para adquirir el correspondiente título. De otro lado, la Ley 2040 indica que las empresas pueden obtener la deducción en la determinación del impuesto sobre la renta por contratación de adultos mayores no pensionados, y, en los procesos de contratación pública, si hay empate en la puntuación, se preferirá al proponente que demuestre la vinculación del mayor porcentaje de personas mayores.

Leyes 2039, 2040 y 2043, jul. 27/20.

Amnistía a deudores de multas de tránsito

El Congreso dispuso que, hasta el 31 de diciembre del 2020, los infractores que tengan pendiente el pago de multas, o estén pagando o hayan incumplido acuerdos de pago por infracciones a normas de tránsito, impuestas hasta el 31 de mayo pasado, podrán recibir un descuento del 50% del total de su deuda y del 100% de sus respectivos intereses, sin necesidad de asistir al curso pedagógico de tránsito. Según la Ley 2027, quienes se acojan a este beneficio tendrán plazo de hasta un año contado desde la fecha de suscripción del acuerdo pertinente. A partir de ahora, los ciudadanos podrán suscribir acuerdos de pago directamente con los organismos de tránsito. La norma no aplica a los conductores que, al momento de la infracción, estuvieran en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias sicoactivas.

Ley 2027, jul. 24/20.

Lista ley que fomenta ambiente libre de plomo

A fin de garantizar el desarrollo físico e intelectual y la salud de las personas, en especial de niños y adolescentes, en un ambiente libre de plomo, el pasado 27 de julio se sancionó la Ley 2041, que dispone lineamientos generales de prevención de contaminación, intoxicación y enfermedades derivadas de la exposición a ese metal. Esta norma ordena al Gobierno expedir la reglamentación técnica correspondiente a la prohibición del uso, fabricación, importación o comercialización de productos, como juguetes, tuberías, pinturas e insumos agropecuarios, cuando contengan plomo. En las practicas industriales, el empleador deberá realizar la evaluación de los límites máximos permisibles de concentraciones de plomo en ambientes laborales, añade.

Ley 2041, jul. 27/20.

Uso obligatorio de documentos tipos en contratación estatal

Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública deben atender, en su actividad contractual, los documentos tipo adoptados por la Agencia Compra Eficiente. Así lo ordena la Ley 2022, según la cual, entre ellos, se establecerán los requisitos habilitantes, técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como los que, previa justificación, representen buenas prácticas contractuales. Esta exigencia se implementará gradualmente, con el propósito de facilitar la incorporación de esos documentos en el sistema de compra pública.

Ley 2022, jul. 22/20.

Esta es la ley de saneamiento de propiedad de bienes con asentamientos ilegales

Acaba de ser sancionada la Ley 2044, destinada a sanear, de forma definitiva, la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en inmuebles baldíos urbanos, fiscales titulables y los que existan en predios de dominio legítimo de particulares, cuya ocupación o posesión sea mayor a 10 años, bajo ciertos requisitos. La norma también prevé la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales, para materializar el principio de equidad. Se destaca que la normativa no aplica a nuevos asentamientos.

Ley 2044, jul. 30/20.

Incorporan obligación de pago en plazos justos en ámbito comercial

Con el objeto de desarrollar el principio de buena fe contractual, la Ley 2024 incorporó el deber general de todos los comerciantes y quienes ejerzan operaciones mercantiles de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales en plazos justos, excepto en ciertos eventos. Durante el primer año de vigencia de la norma, el lapso máximo será de 60 días calendario, y, a partir del segundo año, 45 días. La adopción de los nuevos términos crea un deber adicional de ajustar los procedimientos y políticas de facturación. Igualmente, esta ley regula la indemnización por costos de cobro a favor del acreedor, cuando el contratante incurra en mora por vencimiento del plazo.

Ley 2024, jul. 23/20.

Legislador declara atención integral prioritaria de menores con cáncer

Lograr la protección efectiva del derecho fundamental a la salud de menores de 18 años con diagnóstico o presunción de cáncer es el objetivo principal de la Ley 2026. Esta normativa obliga a los actores del Sistema de Salud a garantizar la atención integral, prioritaria y continuada, que comprende presunción de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación, seguimiento y asistencia sicosocial y familiar. Así mismo, concede la prelación en el pago de la facturación y el mecanismo de giro directo a los prestadores de servicios de salud a tales niños y adolescentes. De hecho, otorga al Gobierno el plazo de un año, para desarrollar la estrategia de promoción y prevención contra el cáncer infantil.

Ley 2026, jul. 23/20.

Permiten pago anticipado de créditos cooperativos

A partir de la expedición de la Ley 2032, los consumidores de productos crediticios de las entidades del sector cooperativo podrán realizar el pago anticipado de las cuotas o saldos, en forma total o parcial, en toda operación de crédito en moneda nacional, sin incurrir en penalización o compensación por lucro cesante. Lo anterior también aplica a las operaciones de crédito en las que el productor o proveedor otorgue financiación directa. La disposición no cobija los créditos superiores a 880 salarios mínimos.

Ley 2032, jul. 27/20.

Asambleas y concejos pueden fijar tasa pro deporte y recreación

Conforme con las políticas y programas nacionales o territoriales, la Ley 2023 permite a las asambleas departamentales y concejos municipales y distritales crear una tasa pro deporte y recreación. Este tributo se genera por la suscripción de contratos y convenios entre toda persona natural o jurídica y la Administración central del departamento, municipio o distrito, sus establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, y sociales del Estado de la entidad territorial respectiva o sus descentralizadas, salvo excepciones.

Ley 2023, jul. 23/20.

Novedades reglamentarias en materia tributaria

Durante el mes de julio, el Ejecutivo expidió una serie de reformas al Decreto Único Tributario 1625 del 2016. El Decreto 963 del 2020 reglamentó la devolución automática de los saldos a favor determinados en declaraciones de impuestos sobre la renta y las ventas, a favor de los contribuyentes que cumplan los requisitos exigidos. El Decreto 1010 señaló el procedimiento de inclusión de los activos omitidos en las declaraciones de impuestos nacionales, cuando el contribuyente tiene el aprovechamiento económico, potencial o real, de tales activos, que corresponde al impuesto de normalización tributaria. Adicionalmente, se actualizaron los requisitos de acceso a las deducciones por contribuciones a educación de los empleados, en el Decreto 1013. También se indicaron los requisitos de procedencia de la exención de renta en la enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social o prioritario, mediante el Decreto 1066. Por último, el Decreto 1012 reguló el remate virtual, durante la celebración de la audiencia para la venta forzada de bienes, efectuado en el proceso de cobro coactivo adelantado por la DIAN.

Decretos 963, 1010, 1011, 1012 y 1013, jul. 7°, 14 y 23/20.

Gobierno viabiliza sometimiento a la justicia de integrantes de GAO

Con el propósito de coordinar y viabilizar la ruta de sometimiento individual a la justicia de integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO), se expidió el Decreto 965, el cual fija competencias y desarrolla procedimientos de acceso a los beneficios correspondientes. Así, se brindan alternativas de retorno a la legalidad a los miembros de tales grupos que se presenten voluntariamente ante cualquier autoridad militar, policial, administrativa o judicial. Esta norma adiciona el Capítulo 8 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 del 2015.

Decreto 965, jul. 7/20.

Exequible suspensión de términos procesales

El Decreto Legislativo 564 del 2020, que suspendió los términos de prescripción y caducidad de derechos, acciones, medios de control y presentación de demandas, al igual que los de inactividad para el desistimiento tácito y de duración del proceso, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, al considerar que aquel busca desarrollar la tutela judicial efectiva, confiere certeza legal a los usuarios, funcionarios y empleados, y es necesario para evitar que los efectos de la crisis sanitaria se extiendan al servicio judicial. Sin embargo, estableció la inexequibilidad de un aparte del parágrafo del artículo 1°, sobre la no suspensión de términos en materia penal, específicamente, el término para solicitar la apertura del incidente de reparación integral y presentar las querellas, por desconocer los derechos de las víctimas, incluido el acceso a la administración de justicia.

Corte Constitucional, Comunicado 27, Sentencia C-213, jul. 1°/20.

Visto bueno a sustitución transitoria de prisión y detención preventiva

La Corte Constitucional declaró exequible la totalidad del Decreto Legislativo 546, relativo a la sustitución transitoria de la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por la prisión y detención domiciliaria en el lugar de residencia, aplicables a las personas en situación de mayor vulnerabilidad frente a la COVID-19. Sin embargo, la providencia condicionó algunas disposiciones, como el literal d) del artículo 2°, el cual no excluye otras formas de discapacidad que puedan resultar incompatibles con las medidas sanitarias y de distanciamiento social. En cuanto a los artículos 3° y 10, advirtió que, al vencer el término de la medida, las personas beneficiadas no podrán regresar al centro donde estaban originalmente privadas de la libertad, si en él se presenta un brote del nuevo coronavirus. Frente a los artículos 7° y 8°, aclaró que, cuando el solicitante está cobijado por la Ley 600 del 2000, la Fiscalía General o la Corte Suprema de Justicia es la competente para definir la aplicación del beneficio, y, los abogados pueden presentar las solicitudes directamente ante el juez competente, siempre que adjunten las cartillas biográficas entregadas por el Inpec y el certificado médico respectivo.

Corte Constitucional, Boletín 126, Sentencia C-255, jul. 22/20.

Por vicio formal, inexequible norma que permitió subsidiar servicios públicos

Debido a la ausencia de la firma de los ministros de Salud y Protección Social y de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 580 del 2020, que permitió a las entidades territoriales asignar subsidios o asumir total o parcialmente el costo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, según su nivel de recursos y liquidez. La corporación aseveró que la suscripción de los decretos legislativos por parte de todos los ministros es una condición indispensable de validez de estas normas, que garantiza el principio democrático en el estado de excepción, pues limita la facultad discrecional del Presidente.

Corte Constitucional, Boletín 127, Sentencia C-256, jul. 23/20.

Es innecesario que decreto legislativo disponga sesiones no presenciales de órganos colegiados

La Corte Constitucional sostuvo que las disposiciones del Decreto 491, acerca de la atención y prestación de los servicios por la Administración pública durante la emergencia, se ajustan, en términos generales, al ordenamiento superior. En su opinión, el decreto contiene un conjunto de medidas idóneas dirigidas a contrarrestar la afectación del desarrollo normal de las actividades del Estado, debido a las restricciones sanitarias, directrices que no interrumpen su normal funcionamiento y, por el contrario, habilitan el uso de las tecnologías. No obstante, declaró inexequible el artículo 12, sobre reuniones no presenciales de órganos colegiados de las ramas del poder público, y estimó que hay ausencia de necesidad jurídica, porque existen normas de rango legal que permiten realizar sesiones corporativas en medios tecnológicos. Además, se violó la autonomía del Legislativo y los órganos autónomos, quienes son los llamados a definir la manera de reunirse en el estado de excepción. Se aclaró que la decisión tiene efectos futuros. De otro lado, el alto tribunal condicionó la exequibilidad de los artículos 4°, 5°, 8° y 10 y el parágrafo 2° del artículo 6°, y, estableció la inexequibilidad del parágrafo 1° del artículo 6° y el aparte “de los pensionados y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales -FOMAG”, consagrado en el inciso 2° del artículo 7°.

Corte Constitucional, Comunicado 29, Sentencia C-242/20, jul. 9/20.

Otras medidas de emergencia avaladas por la Corte

Como ajustados a la Carta Política fueron considerados por la Corte Constitucional, entre otros, los decretos legislativos relativos al turismo y registro sanitario para las micro y pequeñas empresas; servicios de telecomunicaciones; creación de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID-19; destinación de recursos a administradoras de riesgos laborales de carácter público; exenciones tributarias al gravamen a los movimientos financieros a favor de entidades sin ánimo de lucro; apoyo económico a población en proceso de reintegración y trabajadores y productores del campo; acciones en el sector salud, como la inclusión de la COVID-19 entre las enfermedades laborales; mecanismos de salvamento y recuperación de empresas perjudicadas por la crisis y sujetos de procesos de insolvencia y reorganización, y trasporte de pasajeros, carga y aéreo y exención del cobro de peajes. A juicio del alto tribunal, estas normas son necesarias y están dirigidas a evitar la extensión de los efectos de la pandemia.

Corte Constitucional, Comunicados 27, 28 y 30, Sentencias C-208, C-209, C-210, C-211, C-212, C-215, C-216, C-217, C-218, C-237, C-239, C-248 y C-252, jul. 1°, 2, 8 y 15/20.

Condicionan decreto que combate microtráfico en espacio público

Al revisar la legalidad del Decreto 1844 del 2018, reglamentario del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en lo referente a la prohibición del porte y consumo de estupefacientes en espacios públicos, la Sección Primera del Consejo de Estado condicionó la validez de esa norma, en el entendido que el porte, tenencia y posesión esté relacionado con la comercialización, distribución o afectación de los derechos de terceros o colectivos; los miembros de la Policía seguirán el proceso verbal inmediato correspondiente, cuando se requiera verificar que la dosis personal está siendo utilizada para fines distintos al consumo de quien la tiene en su poder, y, conforme lo señaló la Corte Constitucional, en la Sentencia C-253 del 2019, los comportamientos únicamente podrán ser corregidos por la Policía, si las autoridades competentes fijan, bajo los límites constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las cuales el acto de consumo afecta el orden público.

Consejo de Estado, Sentencia 110010324000201800387 y 11001032400020200039900, abr. 30/20.

Demandan nuevamente elección del Fiscal General

Ante el Consejo de Estado fue presentada una nueva demanda de nulidad contra la elección del Fiscal General de la Nación. En esta oportunidad, se controvierte si el periodo de ese alto funcionario debe ser constitucional o personal.

Consejo de Estado, Auto 11001032800020200005800, jul. 17/20.

Últimas admisiones de demandas de inconstitucionalidad

En el último mes, la Corte Constitucional admitió demandas contra normas referentes a los contratos de concesión minera, vigencia y derogatorias del Plan Nacional de Desarrollo; régimen sancionatorio del contrabando y el lavado de activos de la Ley 1762 del 2015; proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, previsto en el Código General del Proceso, y los concursos de méritos para el acceso a los empleos públicos, contemplados en la Ley 1960 del 2019.

Corte Constitucional, Demandas D-13682, D-13683, D-13709, D-13751, D-13759 y D-13784.

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