Edición

No. 004 - 2020

 
 

Gobierno decreta nuevo estado de excepción

El 6 de mayo pasado, en el Decreto 637, se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, durante treinta (30) días calendario, término en el que el Ejecutivo nacional continuará ejerciendo las facultades del artículo 215 de la Constitución, lo que incluye la emisión de decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. La nueva declaratoria pretende mitigar los efectos económicos de la emergencia y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos perjudicados por ellos. A su vez, el Decreto 749 del 28 de mayo extendió el confinamiento hasta el 1° de julio y amplió las excepciones al mismo.

Decretos 637 y 749, mayo 6 y 28/20.

Crean auxilio a pago de nóminas

Gracias a la creación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), el Gobierno otorga un subsidio para pago de nómina en empresas constituidas antes del 1° de enero pasado y que hayan sufrido una reducción del 20% o más en sus ingresos, correspondiente al número de empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, multiplicado por hasta el 40% del valor del salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, el Decreto 677 modificó el PAEF, de forma que cobija también a las personas naturales inscritas en el registro mercantil, consorcios y uniones temporales, bajo condiciones particulares. Este programa opera en mayo, junio y julio del 2020, y sus beneficiarios solo podrán solicitar el aporte una vez cada mes, quienes deberán postularse ante la entidad financiera en la que tengan un producto de depósito.

Decretos 639 y 677, mayo 8 y 19/20.

Días sin IVA: 19 de junio y 3 y 19 de julio

Con el fin de contrarrestar las implicaciones económicas negativas generadas por la COVID-19, el Ejecutivo fijó la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) a determinados bienes muebles que se enajenen en Colombia, el 19 de junio y el 3 y 19 de julio siguientes. Los bienes cubiertos por la norma son el vestuario y sus complementos; electrodomésticos; elementos deportivos; juguetes y juegos; útiles escolares, y bienes e insumos para el sector agropecuario, en los montos definidos en cada caso. Por otro lado, la tarifa del impuesto al consumo en el expendio de comidas y bebidas se redujo al 0%, hasta el 31 de diciembre del 2020.

Decreto 682, mayo 21/20.

COVID-19: enfermedad laboral directa para personal de salud

La COVID-19 ya es una enfermedad laboral directa para los trabajadores de la salud, lo que incluye al personal administrativo, de apoyo, aseo y vigilancia. Como consecuencia, las administradoras de riesgos laborales deben asumir los costos derivados de las pruebas de tamizaje y diagnósticas realizadas a los trabajadores dependientes o independientes vinculados a través de contrato de prestación de servicios del sector. La dotación de los elementos de protección personal de los contratistas será proporcionada por el contratante.

Decreto 676, 19 mayo /20.

Establecen medidas contra deserción escolar

El Ministerio de Educación podrá realizar ajustes al calendario académico, encaminados a garantizar el derecho a la educación, la culminación del año escolar, el cuidado de la salud de la comunidad educativa y los derechos laborales de los directivos, docentes y personal administrativo de esos establecimientos. Esta facultad es desarrollada por el Decreto 662 del 2020, el cual también creó el Fondo Solidario para la Educación, dirigido a disminuir la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo. Los recursos de este fondo serán usados en el apalancamiento del Plan de Auxilios Educativos COVID-19 y concesión de líneas de crédito para pago de pensiones de jardines y colegios privados y de matrículas de jóvenes en condición de vulnerabilidad en instituciones públicas de educación superior y programas para el trabajo y desarrollo humano.

Decretos 660 y 662, mayo 13 y 14/20.

Ajustan gestión tributaria, financiera y presupuestal de entes territoriales

Ante las crecientes necesidades presupuestales de los entes territoriales, originadas por la crisis sanitaria, el Decreto 678 autoriza a gobernadores y alcaldes a reorientar rentas de destinación específica, para financiar gastos de funcionamiento, y efectuar adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones encaminadas a atender la ejecución de recursos en la emergencia. Además, permite a tales entidades y sus descentralizadas acceder a créditos de tesorería con instituciones financieras y contratar operaciones de crédito público, durante las vigencias fiscales 2020 y 2021, con el fin de compensar la caída de los ingresos corrientes, aliviar presiones de liquidez y lograr la reactivación económica. Por otra parte, el pago de las obligaciones tributarias se podrá diferir hasta en 12 cuotas mensuales, y la distribución de la sobretasa al ACPM será del 100% a favor de los departamentos y el Distrito Capital.

Decreto 678, mayo 20/20.

Ejecutivo amplía presentación de PDT

A través del Decreto 683 del 2020, se extendió el plazo de presentación, aprobación y modificación de los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT). Los que no fueron presentados oportunamente podrán someterse a la asamblea o concejo hasta el 15 de junio, y, los presentados hasta el 30 de abril pasado pueden ser reformados por gobernadores y alcaldes, hasta esa misma fecha. Este término adicional les permitirá a dichas corporaciones adecuar sus sesiones a las normas de orden público y subsanar los inconvenientes de conectividad presentados. Adicionalmente, esta normativa prevé que los Planes de Seguridad y Convivencia Ciudadana se aprueben el mes siguiente a la fecha de adopción del respectivo PDT.

Decreto 683, mayo 21/20.

Nuevas fechas de pago de renta y contraprestaciones

El Ejecutivo decretó la ampliación de plazos de cumplimiento de obligaciones referentes a diversos sectores económicos y prestadores de servicios. Entre esas medidas, se destaca el pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta y complementarios, en cabeza de micro, pequeñas y medianas empresas, que deberá realizarse entre el 9 de noviembre y el 7 de diciembre del 2020. Esto se suma al aplazamiento del pago de las contraprestaciones por parte de los operadores del servicio de televisión abierta de operación privada, y de obligaciones al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a cargo de los operadores de televisión y radio comunitaria y de interés público. De igual forma, se difirió, hasta el 2021, el pago correspondiente a los operadores de radiodifusión sonora comercial por habilitación o concesión de servicios de provisión de redes y telecomunicaciones. En cuanto a las actividades de comercio exterior y turismo, se extendió por seis meses el lapso de presentación del estudio de demostración en los programas de sistemas especiales de importación y exportación de materias primas, insumos de bienes de capital, repuestos y servicios. Finalmente, se favoreció al sector de la construcción, al aumentar automáticamente, durante nueve meses, la vigencia de las licencias urbanísticas que rigieran al 12 de marzo pasado.

Decretos 655, 658, 680, 686 y 691, mayo 13, 21 y 22/20.

Fijan tasa transitoria de interés moratorio para obligaciones tributarias

La tasa de interés moratorio aplicable al pago de obligaciones administradas por la DIAN y las relacionadas con el Sistema General de la Protección Social, objeto de verificación por la UGPP, que se paguen hasta el próximo 30 de noviembre, será la consagrada en el artículo 635 del Estatuto Tributario y liquidada en las condiciones descritas en el Decreto 688. Además, los contribuyentes en mora y que presenten sus declaraciones tributarias entre el 1° de abril y el 1° julio del 2020 pueden solicitar acuerdos de pago, mediante procedimiento abreviado. Finalmente, para facilitar el acceso de los responsables a la conciliación contencioso administrativa, terminación por mutuo acuerdo y la favorabilidad en etapa de cobro, las solicitudes en estas materias podrán ser presentadas ante las autoridades competentes hasta la primera fecha indicada.

Decreto 688, mayo 22/20.

Reglamentan Áreas de Desarrollo Naranja

Con el propósito de fortalecer las actividades culturales y creativas, el Decreto 697 definió los objetivos, caracterización espacial y sectorial, constitución e identificación de las Áreas de Desarrollo Naranja, que operarán como centros de actividad económica y creativa, para contribuir a la renovación, emprendimiento, empleo, turismo, recuperación del patrimonio cultural construido, conservación medioambiental y transferencia de conocimientos. Así mismo, la disposición reglamenta los incentivos tributarios a proyectos de economía creativa y determina las iniciativas que pueden aplicar, beneficios, desarrollo de la convocatoria y parámetros del contenido y evaluación en la selección. Finalmente, este decreto determina los destinatarios, cobertura, fiscalización y responsables de efectuar la deducción del impuesto sobre la renta por inversiones y donaciones a dichos proyectos, pero tales incentivos no aplican a proyectos cinematográficos nacionales.

Decreto 697, mayo 26/20.

 
 

Declaratoria del estado de emergencia es constitucional

El Decreto 417 del 17 de marzo pasado, que declaró el estado de emergencia sanitaria, ante la COVID-19, fue declarado exequible por la Corte Constitucional. En su opinión, la norma cumplió con los presupuestos formales y materiales exigidos por la Carta Política y la Ley 137 de 1994, pues era necesario adoptar medidas extraordinarias para conjurar los efectos de la crisis, incluyendo los económicos, y fortalecer el sector salud. Entonces, la expedición de las disposiciones legislativas se dirige a mejorar la situación de los contagiados de coronavirus y evitar una mayor propagación del mismo.

Corte Constitucional, Comunicado 21, Sentencia C-145, mayo 20/20.

Estos son los primeros resultados de control de decretos legislativos

Como resultado del control de constitucionalidad de los decretos legislativos que desarrollan el estado de emergencia, la Corte declaró exequible el Decreto 434, que extendió los plazos para renovar la matrícula y registros mercantiles y adelantar otros trámites en las cámaras de comercio, junto con la realización de reuniones ordinarias de asambleas y demás cuerpos colegiados, al sostener que su objetivo es proteger la salud de los trabajadores de tales entes, comerciantes y asistentes, y preservar el funcionamiento de las empresas. Igualmente, estimó que el Decreto 441, que determinó la reconexión inmediata del sistema de acueducto y alcantarillado y la inaplicación de incrementos tarifarios, resultaba inaplazable para garantizar el derecho al agua durante la crisis sanitaria, y, por tanto, constitucional. Por otra parte, afirmó que las disposiciones tendientes a mejorar la situación de los creadores y gestores culturales en materia de seguridad social y flexibilizar el pago de ciertas obligaciones tributarias aplicables al sector, en particular, al cinematográfico, incluidas en el Decreto 475, eran necesarias y coherentes con las motivaciones de la emergencia, por ende, también fue declarado exequible. En el caso del Decreto 476, el alto tribunal aseveró que la autorización al Ministerio de Salud e Invima para realizar trámites relacionados con la importación y fabricación local de medicamentos, productos y otros implementos destinados a prevenir, diagnosticar y tratar la covid-19 no respetó el juicio de necesidad jurídica, pues ello está regulado en resoluciones previas. Así, declaró la inexequibilidad diferida de los artículos 1° y 2° de dicha normativa, por tres meses.

Corte Constitucional, Boletines 65, 66, 67 y 68, mayo 27 y 28/20.

Corte reafirma impugnación de fallo condenatorio

Impugnar la sentencia condenatoria, incluso la dictada en única instancia, es un derecho de aplicación inmediata existente en el ordenamiento jurídico interno y el internacional vinculante para el Estado. Con ese argumento, la Corte Constitucional tuteló el debido proceso de Andrés Felipe Arias Leiva y ordenó a la Sala Penal de la Corte Suprema tramitar la solicitud de impugnación de la condena en única instancia proferida contra aquel. También advirtió que, antes de esa decisión penal, se configuró un estándar de protección de tal derecho en el Sistema Regional de Derechos Humanos, incorporado en Colombia en la Sentencia C-792 del 2014 y el Acto Legislativo 01 del 2018. Por último, la corporación reiteró nuevamente el exhorto al Congreso, para que regule integralmente el mecanismo que permita impugnar la condena.

Corte Constitucional, Comunicado 21, Sentencia SU-146, mayo 21/20.

Exequible reforma al régimen de control fiscal

La reciente reforma al régimen de control fiscal, efectuada en el Acto Legislativo 4 del 2019, cuyos artículos 1° y 2° fueron demandados parcialmente por vicio de sustitución, fue declarada exequible por la Corte Constitucional, al considerar que el nuevo sistema preventivo y concomitante no viola el principio de separación de poderes. Según el alto tribunal, la disposición establece límites, cautelas y prohibiciones a dicho control, el cual no implica coadministración; se realiza en tiempo real, a través de tecnologías de la información; tiene carácter excepcional y no vinculante, y su ejercicio y coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas.

Corte Constitucional, Comunicado 19, Sentencia C-140, mayo 6/20.

Inclusión de deudores de multas policivas en Boletín de Responsables Fiscales viola buen nombre

El reporte, en el Boletín de Responsables Fiscales, de multas por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, no pagadas en el mes siguiente a su liquidación y comunicación, vulnera el derecho al buen nombre. Al declarar la inexequibilidad del inciso 6° del parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 del 2016, la Corte Constitucional afirmó que, si bien el legislador puede modificar el contenido del boletín, para incluir a personas que no son responsables fiscales, ello impone readecuar este instrumento, de modo que no se induzca a errores sobre la conducta de las personas. La publicidad pretendida se logra adecuadamente con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, diseñado específicamente para tal fin en ese código, añadió la corporación.

Corte Constitucional, Comunicado 20, Sentencia C-142, mayo 13/20.

Presidente no debe asignar periodo fijo a superintendentes

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad parcial del artículo 1° del Decreto 1817 del 2015, referente al nombramiento y remoción de los superintendentes de Industria y Comercio, Financiero y de Sociedades. A su juicio, el Gobierno excedió el ejercicio de la potestad reglamentaria e invadió el ámbito de competencia del legislador, al establecer un periodo fijo para desempeñar ese cargo y exigir la motivación del acto de retiro.

Consejo de Estado, Sentencia 11001032400020150054200, mayo. 14/20.

 
 

A revisión, decretos del segundo estado de excepción

La Corte Constitucional ya inició la revisión del Decreto 637 del 2020, declaratorio del nuevo estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, así como de los decretos legislativos expedidos en desarrollo de la misma. Los procesos se encuentran en etapa inicial, donde la corporación asume su conocimiento, efectúa las comunicaciones a las entidades respectivas y decreta pruebas.

Corte Constitucional, RE-305 al RE-314.

Admitidas últimas demandas de inconstitucionalidad

Dado el levantamiento parcial de la suspensión de términos en los procesos ordinarios de constitucionalidad, se admitieron demandas relacionadas con normas sobre simplificación de trámites en materia de transformación digital, tarifa del impuesto al patrimonio, sistema específico de carrera en la DIAN, prescripción de la acción cambiaria, beneficios para los veteranos de la Fuerza Pública, pago de condenas con cargo a recursos de la seguridad social, sobretasa al consumo de energía, y sanciones para los condenados por corrupción, entre otros temas.

Corte Constitucional, D-13663, D-13667, D-13668, D-13679, D-13695, D-13697, D-13704 y D-13705.

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