Edición

No. 003 - 2020

 
 

En crisis sanitaria, Minjusticia promueve virtualidad, suspensión de términos procesales y sustitución transitoria de pena de prisión

Ante la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, debido a la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió un paquete de normas tendientes a proteger el acceso efectivo a la justicia, el debido proceso y otros derechos fundamentales y garantías procesales. El Decreto 491 del 2020 reguló la continuidad, en medios virtuales, del arbitraje, conciliación y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y, estableció reglas aplicables a las conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación. También, se destaca el Decreto 564, que suspendió los términos de prescripción y caducidad de derechos, acciones, medios de control y presentación de demandas, al igual que los de inactividad para el desistimiento tácito y de duración del proceso. De igual forma, el Decreto 595 amplió la suspensión de términos del trámite de extradición, contemplados en la Ley 600 del 2000 y la Ley 906 del 2004. Por su parte, el Decreto 567 otorgó funciones jurisdiccionales a los procuradores de familia para conocer los procesos de adopción excluidos del levantamiento de la suspensión de términos judiciales, dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, y en los que aún no se ha admitido la demanda respectiva o los nuevos a tramitar, a través de medios digitales. Adicionalmente, el Decreto 545 suspendió el requisito de insinuación de donaciones a realizar ante notario, contenido en el inciso 1° del artículo 1458 del Código Civil. Finalmente, en el Decreto 546, se fijaron directrices relativas a la sustitución transitoria de la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por la prisión y detención domiciliaria en el lugar de residencia, aplicables a las personas privadas de la libertad en situación de mayor vulnerabilidad.

Decretos 491, 545, 546, 567 y 595, mar. 28 y abr. 13, 14, 15 y 25/20.

Ejecutivo amplía el aislamiento obligatorio

Con la finalidad de evitar el aumento del contagio del coronavirus COVID-19 y mantener el orden público en la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional extendió, hasta el 11 de mayo, el aislamiento preventivo obligatorio, la suspensión de vuelos aéreos domésticos y la prohibición de consumo de bebidas embriagantes en espacio público. El Decreto 593 del 24 de abril también robusteció el catálogo de excepciones a la limitación de la circulación de personas, lo que posibilitó la reactivación de algunos sectores económicos, como la manufactura y la construcción. Por otra parte, se prorrogó el servicio militar obligatorio de quienes actualmente se encuentran en servicio, hasta por tres meses, con el objetivo de que el personal no licenciado apoye activamente las labores de seguridad y convivencia durante la crisis.

Decretos 531, 541 y 593, abr. 11, 13 y 24/20.

Expiden disposiciones en beneficio de trabajadores y la generación de empleo

Algunas de las nuevas normas expedidas por el Gobierno contemplan incentivos económicos a favor de trabajadores y productores del campo mayores de 70 años, y empleados que hayan cotizado a las cajas de compensación familiar; subsidio de emergencia como mecanismo de protección al cesante; promoción de la conservación del empleo; autorización del retiro de cesantías para compensar la reducción de ingresos mensuales; destinación de recursos de las cotizaciones de riesgos laborales a la atención de la propagación de la COVID-19; fortalecimiento patrimonial del Fondo Nacional de Garantías, en aras de respaldar la emisión de nuevos créditos y financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que a personas naturales que dejaron de percibir ingresos por ser trabajadores independientes o desempleados, y mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación de las empresas perjudicadas por la crisis, pues estas son consideradas unidades de explotación económica y fuentes generadoras de empleo.

Decreto 486, 488, 492, 552, 553 y 560, mar. 27 y 28 y abr. 15/20.

Servicios públicos y conectividad, prioridad en la emergencia

Para garantizar el acceso a servicios públicos domiciliarios y esenciales durante la emergencia sanitaria, el Gobierno ha facilitado que las empresas de agua, acueducto y alcantarillado puedan diferir los pagos hasta 36 meses y definir incentivos tarifarios para el pago oportuno. Del mismo modo, el Ministerio de Vivienda permite a las entidades territoriales asignar subsidios o asumir total o parcialmente el valor de tales servicios, según su nivel de recursos y liquidez. Lo propio hace el Ministerio de Minas y Energía, respecto a los servicios de electricidad y gas combustible, al posibilitar el pago diferido o su asunción, el giro anticipado de subsidios y crear un aporte voluntario. Con el fin de otorgar liquidez a las empresas de servicios públicos domiciliarios, para implementar las medidas enunciadas, el Decreto 581 autoriza al Findeter a otorgar créditos directos y establecer las condiciones de operación de los mismos. Por otra parte, se define la exención del IVA a los servicios de conexión y acceso a voz e internet móviles, cuyo valor no supere $ 71.214. Finalmente, se agilizan los trámites de solicitudes para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Decretos 517, 528, 540, 580 y 581, abr. 4, 7, 13 y 15/20.

Incrementan medidas de emergencia en ámbito presupuestal, tributario y financiero

Entre las últimas normas de emergencia expedidas por el Presidente de la República en materia presupuestal, se recalcan las referentes al trámite de los proyectos de inversión pública a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías; adiciones al presupuesto general de la Nación y Fondo de Mitigación de Emergencias, al igual que autorizaciones amplias relacionadas con el cupo de endeudamiento de aquella; creación de una subcuenta en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública, a fin de procurar liquidez. En el ámbito tributario, se resalta la exención del gravamen a los movimientos financieros a los retiros que realicen las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial y, además, en la importación y venta de nuevos bienes e insumos médicos; disposiciones frente al impuesto sobre las ventas aplicables a donaciones de ciertos bienes corporales muebles; el procedimiento abreviado de devolución y compensación de saldos a favor de los contribuyentes de los impuestos sobre la renta y ventas; creación del impuesto solidario por COVID-19, para inversión social con destino a la clase media vulnerable y trabajadores informales, y medidas relativas al Fondo Agropecuario de Garantías, dirigidas a asegurar su funcionamiento permanente y la seguridad alimentaria. El Gobierno también autorizó una nueva operación a la Financiera de Desarrollo Territorial, de forma que se otorguen créditos directos a las empresas de servicios públicos domiciliarios y, así, se garantice su solvencia operativa.

Decretos 513, 519, 522, 523, 530, 535, 551, 552, 559, 562, 568, 571, 572, 573 y 581, abr. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15 y 16/20.

Implementan acciones que cobijan al sector salud

Con respecto a las últimas acciones ejecutadas por el Ejecutivo, es de subrayar la facultad asignada al Ministerio de Salud y Protección Social de flexibilizar requisitos normativos, para evitar el desabastecimiento de insumos médicos, junto con la exigencia de agilizar los procedimientos ante el Invima. De otro lado, cabe mencionar la adecuación de los servicios de los prestadores de salud a la coyuntura sanitaria; autorización del traslado de recursos a las ESE e IPS, privadas o mixtas, con el fin de lograr una mayor cobertura de atención; creación de garantías a los profesionales en la salud; inclusión de la COVID-19 entre las enfermedades laborales; implementación de protocolos de bioseguridad, y el aval para que la distribución y transferencia de recursos provenientes de juegos de suerte y azar novedosos se realice en el mes siguiente a su recaudo y no semestralmente.

Decretos 538, 539 y 576, abr. 12, 13 y 15/20.

Reglamentan alivios para arrendatarios y deudores de créditos de vivienda

El Ministerio de Vivienda suspendió, hasta el próximo 30 de junio, las acciones de desalojo destinadas a la restitución de inmuebles arrendados; aplazó el reajuste anual de cánones de arrendamiento y definió estipulaciones especiales respecto a su pago; prohibió el cobro de penalidades y multas, y prorrogó automáticamente los contratos que se vencen durante este periodo de emergencia. Igualmente, adoptó medidas frente al reajuste de las cuotas de administración de zonas comunes de la propiedad horizontal, la utilización del fondo de imprevistos y la realización virtual o aplazamiento de las asambleas de copropietarios. A su vez, el Decreto 493 avaló la concesión de periodos de gracia en capital e intereses en los créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés, pactados entre los beneficiarios y la respectiva entidad financiera, sin que esto sea causal de terminación anticipada de la cobertura.

Decretos 493 y 579, mar. 29 y abr. 15/20.

Gobierno modifica normativa de protección de pensionados

Con el fin de proteger los derechos de pensionados y beneficiarios del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión, durante la vigencia del estado de emergencia Sanitaria, el Gobierno aceptó que los documentos exigidos para el reconocimiento pensional se remitan en copia simple y vía electrónica. Tampoco se requiere presentar el certificado de invalidez, frente al pago de mesadas pensionales por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Así mismo, adoptó un mecanismo especial de pago de las pensiones reconocidas bajo la modalidad de retiro programado; disminuyó temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones; fijó directrices para garantizar las reservas que apalancan el pago de las anualidades vitalicias de los adultos mayores más vulnerables que reciben BEPS; suspendió la posibilidad de que los afiliados a dicho programa pierdan la condición de beneficiarios, cuando no se efectúe el pago oportuno del aporte; facilitó el pago de mesadas pensionales a mayores de 70 años, por medio de un tercero autorizado, sin que se requiera poder o autorización especial, y el de las mesadas pensionales y anualidades vitalicias correspondientes a BEPS, a través del abono en cuenta en entidades financieras.

Decretos 491, 558, 565 y 582, mar. 28 y abr. 15 y 16/20.

Aumentan control de precios y protección al consumidor

Con miras a lograr el bienestar de los consumidores más vulnerables y evitar que se impongan precios significativamente altos a los productos de primera necesidad, el Decreto 507 del 2020 asigna a los ministerios de Salud y Protección Social; Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura y Desarrollo Rural la fijación de listados de bienes básicos. El encargado del seguimiento estadístico de tales listas y su publicación es el DANE. Así mismo, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control en la materia, con apoyo de los gobernadores y alcaldes del país, quienes deberán reportar las eventuales variaciones atípicas en los precios.

Decreto 507, abr. 1°/20

Exoneran a estudiantes de presentar el examen de Estado

El calendario académico y los programas del sector educativo han sido modificados, debido a las decisiones del Gobierno, como la exención de presentar el examen de Estado, a favor de los estudiantes inscritos para el 15 de marzo pasado, y la supresión de este requisito de ingreso a los programas de pregrado de educación superior, lo cual podría extenderse a quienes se hayan inscrito para aplicar a la prueba el próximo 9 de agosto, si persisten las causas de la declaratoria del estado de excepción. Así mismo, se dispuso que el Programa de Alimentación Escolar sea brindado a los niños y adolescentes matriculados en las instituciones oficiales, de forma que el consumo se realice en casa, mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria.

Decretos 532 y 533, abr. 8/20.

Estos son los cambios referentes a logística y transporte

En el marco de las restricciones de movilidad y el aislamiento preventivo obligatorio, el Decreto 569 del 2020 contiene disposiciones relacionadas con el trasporte de pasajeros, carga y aéreo; exención del cobro de peajes; suspensión transitoria del cobro de cánones de arrendamiento y de infraestructura aeroportuaria, y ampliación del funcionamiento del Centro de Logística y Transporte. Adicionalmente, esa norma permite a los puertos de servicio privado atender las operaciones de carga encaminadas a lograr el abastecimiento de bienes de primera necesidad para las poblaciones ubicadas en la zona portuaria. Entretanto, el Decreto 575 prevé la financiación y sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo; modificaciones en los programas de reposición del parque automotor, y, en el caso de la reactivación del transporte aéreo, una vez se autorice su prestación doméstica e internacional, la reducción del impuesto de valor agregado para el transporte aéreo de pasajeros y la gasolina de aviación.

Decretos 569 y 575, abr. 15/20.

Fijan nuevas medidas a favor del turismo y la cultura

A través del Decreto 557 del 2020, se permitió destinar lo recaudado por el impuesto nacional del turismo, para contribuir a la subsistencia de los guías de turismo que cuenten con inscripción activa y vigente en el Registro Nacional de Turismo; se reguló el derecho de retracto, desistimiento y las circunstancias relacionadas con el reembolso de los paquetes turísticos durante la crisis, y se fijaron tarifas diferenciadas de expedición, modificación y renovación de los registros sanitarios del Invima, en beneficio de las micro y pequeñas empresas y algunas entidades sin ánimo de lucro. De otro lado, el Decreto 561 indicó que los recursos del impuesto nacional al consumo con destino a la cultura, no ejecutados ni comprometidos, deberán asignarse temporalmente a la subsistencia de los artistas y creadores que demuestren su estado de vulnerabilidad. Lo anterior se suma al ajuste transitorio de los porcentajes mínimos de programación de producción nacional y la posibilidad de destinar los recursos de fortalecimiento de los canales regionales a su funcionamiento.

Decretos 516, 557 y 561, abr. 4 y 15/20.

 
 

Derecho a lactar está garantizado en empresas pequeñas

Al declarar exequible la norma que obliga a entidades públicas y privadas a adecuar espacios para el funcionamiento de las Salas Amigas de la Familia Lactante en el entorno laboral (parágrafo del artículo 2° de la Ley 1823 del 2017), la Corte Constitucional encontró que aquella no establece un trato discriminatorio, al fijar un límite basado en el capital y el número de empleadas. Para la corporación, el derecho a lactar se garantiza, mediante la estrategia de tales Salas Amigas y las de lactancia, previstas en el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.

Corte Constitucional, Comunicado 16, Sentencia C-118, abr. 15/20.

Establecimiento de pliegos tipo en ciertos contratos respeta autonomía territorial

La facultad del Gobierno de estandarizar pliegos tipo de condiciones uniformes en procesos de contratación estatal de obra pública (selección, interventoría y consultoría de estudios, diseños e ingeniería) y en cualquier otro contrato o proceso de selección, cuando lo considere necesario, consagrada en el artículo 4° de la Ley 1882 del 2018, no vulnera el principio de autonomía territorial. La Corte Constitucional declaró exequible algunas expresiones de esa disposición y advirtió que dicha potestad solo se predica de los requisitos habilitantes y los criterios de escogencia, materias reservadas a la ley y no a la regulación de las entidades territoriales. Además, la posibilidad de estas últimas de gestionar sus propios intereses, en materia contractual, se refiere a la identificación de sus necesidades y la configuración de los elementos del contrato.

Corte Constitucional, Comunicado 16, Sentencia C-119, abr. 15/20.

Calificación de capacidad laboral y ocupacional por quien asume el pago del beneficio es razonable

El artículo 142 del Decreto Ley 19 del 2012, que permite a Colpensiones, ARL, compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte y EPS determinar, inicialmente, la pérdida de capacidad laboral y el el grado de invalidez, fue declarada exequible por la Corte Constitucional. En su opinión, la medida resulta razonable constitucionalmente, pues busca el fin legítimo de agilizar y hacer más eficiente el trámite, mediante el ejercicio de una facultad regulativa o competencial idónea para lograr el fin perseguido: evitar que los trámites a adelantar cuando las aseguradoras consideran que existe una pérdida de esas clases deban esperar el proceso administrativo ante las juntas regionales de calificación.

Corte Constitucional, Comunicado 16, Sentencia C-120, abr. 15/20.

Estatuto de TIC no tiene reserva de ley estatutaria

Frente a las dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 1978 del 2019, que, junto con la Ley 1341 del 2009, integra el régimen de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la Corte Constitucional estableció que tales normativas no están amparadas por la reserva de ley estatutaria, ya que ni su objeto ni su contenido está dirigido a regular derechos fundamentales, por tanto, no es posible afectar su núcleo esencial. Con base en estas razones, la corporación declaró exequibles dichas normas.

Corte Constitucional, Comunicado 17, Sentencia C-127, abr. 22/20.

 
 

A control de constitucionalidad, nuevos decretos legislativos

Ya están en la Corte Constitucional los últimos decretos legislativos expedidos por el Presidente de la República, en el estado de excepción, los cuales deberán ser estudiados por el alto tribunal en los próximos dos meses. En el caso del primero de los procesos de revisión, correspondiente al Decreto 417, declaratorio de la emergencia, el Procurador General cuenta con 10 días para rendir concepto, posteriormente, corren otros siete para la presentación del proyecto de fallo y, finalmente, restan 20 días en los que la Corte deberá adoptar la decisión correspondiente. Así, en mayo, se conocería el pronunciamiento de la corporación.

Corte Constitucional, Procesos RE-232 al 304.

Consejo de Estado adelanta control de legalidad de medidas de emergencia

Las medidas de carácter general expedidas en ejercicio de la función administrativa por las diferentes autoridades del orden nacional, bajo el estado de emergencia declarado por el Gobierno nacional, están sujetas a control inmediato de legalidad por parte del Consejo de Estado, según el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Hasta la fecha, en la página web de la corporación, se han registrado casi 300 actos, entre decretos, circulares, resoluciones y otros.

Consejo de Estado, Circular 004, mar. 23/20.

Corte Constitucional levanta parcialmente términos judiciales

En Sala Plena, la Corte Constitucional decidió levantar la suspensión los términos judiciales referentes a la admisión de demandas de inconstitucionalidad y la revisión de acciones de tutela que cumplan determinados criterios, como la urgencia de adoptar decisiones sobre protección de derechos fundamentales, la importancia nacional del caso, y la posibilidad de que el asunto pueda ser tramitado de forma compatible con las condiciones del aislamiento preventivo obligatorio.

Corte Constitucional, Auto 121, abr. 16/20.

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